Wikileaks

La Policía analiza material informático de un exmilitar español investigado por espiar a Assange

Captura de pantalla de imágenes grabadas por la empresa UC Global, durante el tiempo que pasó Assange asilado en la Embajada de Ecuador en Londres
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Entre 2012 y 2019, Julian Assange, fundador de Wikileaks y considerado por Estados Unidos como enemigo número uno, permaneció bajo asilo de la Embajada de Ecuador en Londres. Allí se recluyó, con permiso del Gobierno de Rafael Correa, después de que Suecia y las autoridades norteamericanas pidieran su entrega, en el primer caso por presuntos delitos sexuales y en el segundo, por hasta 17 cargos de espionaje por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal de Internet. Durante al menos tres de esos siete años de encierro, el activista y los contactos que mantuvo tanto en sus relaciones personales como con sus abogados fueron espiados por la empresa que se hizo cargo de la seguridad de la legación diplomática y que resultó ser española. 

Esta es la cara B del caso Assange y que corresponde investigar a la Audiencia Nacional por tratarse de presuntos delitos cometidos por un español en el extranjero. De momento, están imputados tanto el propietario de la empresa de seguridad Undercover Global S.L. (UC Global) –con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz)–, el exmilitar David Morales, como el que fuera su jefe de operaciones Michelle Wallemacq y la compañía en sí como persona jurídica. El Juzgado de Instrucción número 5, dirigido hasta hace unas semanas por el magistrado José de la Mata y del que tomará las riendas próximamente Santiago Pedraz, les atribuye delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, cohecho y blanqueo de capitales.

Según De la Mata, "entre los años 2015 y mediados de 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a una empresa española, con sede social en Puerto Real (Cádiz) y oficinas en Jerez de la Frontera (Cádiz), denominada UC Global", empresa que era "administrada y dirigida por David Morales, gerente y máxima autoridad de esta", quien aprovechando la prestación de este servicio, utilizó diversos dispositivos de grabación de audio y vídeo, para grabar reuniones que Assange mantenía con distintas personas, entre ellas asesores y letrados, "así como para transferir a terceros la información obtenida". También habría inspeccionado y copiado documentos y dispositivos que los visitantes entregaban en el control de seguridad de la entrada. A través de estos medios, dice el juez, se habrían captado reuniones que Assange mantenía con sus abogados, políticos, periodistas, amigos personales, así como visitas médicas, incluso "los micrófonos habrían llegado a captar igualmente reuniones de los agentes diplomáticos ecuatorianos".

El contenido de esta investigación se adjuntó a la causa de extradición abierta en Reino Unido contra Assange, quien fue entregado por el Gobierno de Ecuador tras la salida de Rafael Correa y está reclamado por Estados Unidos por 17 cargos de espionaje y uno de pirateo por los que podría ser condenado hasta a 175 años de cárcel. El primer paso dado por la Justicia británica ha sido favorable al activista: la jueza de distrito ha denegado la entrega por razones de salud, aunque las autoridades norteamericanas aún pueden recurrir ante instancias superiores.

Un detallado informe que presentó la defensa de Assange en la Audiencia Nacional, que coordina el exjuez Baltasar Garzón, detallaba prácticas de espionaje que van desde la colocación de micrófonos y cámaras, copiar teléfonos móviles y documentos de identidad de las visitas que recibía, hasta perfiles de políticos, médicos y abogados con los que el fundador de Wikileaks mantuvo contacto. Esta información fue elaborada a partir de documentos que estaban en posesión de UC Global y que fueron entregados por uno de los extrabajadores de la empresa.

"En los ordenadores y servidores de UC Global se hallaba, inexplicablemente, un ingente volumen de material consistente en vídeos, audios, perfiles de personas, documentos personales de visitas, capturas de dispositivos electrónicos, cartas personales y demás información del señor Assange, sus abogados, médicos y demás visitas", explica el informe, que apunta que "es inexplicable que la empresa de seguridad de la misión diplomática ecuatoriana en Londres, cuyo objetivo era simplemente proveer una elemental seguridad perimetral, haya obtenido tamaño volumen de información".

Correa y Varoufakis, espiados

De este presunto espionaje a Assange se habrían visto perjudicadas un buen número de personalidades, incluido su abogado Baltasar Garzón, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el excónsul del país latinoamericano en Londres Fidel Narváez o incluso el exministro griego Yanis Varoufakis. Todos ellos le visitaron durante su estancia en la legación diplomática en Londres y por ello ya han declarado como testigos ante el juez, además de periodistas y amigos del activista, así como su pareja, la abogada Stella Morris. Estas comparecencias se han ido sucediendo en los últimos meses, según fuentes jurídicas, a través de videoconferencia debido a la situación de la pandemia de coronavirus y a que la mayoría viven fuera de España, por lo que se han solicitado desde la Audiencia Nacional numerosas comisiones rogatorias a otros países.

Assange, con el exministro griego Yanis Varoufakis, en la Embajada de Ecuador en Londres

Es Estados Unidos el que no está prestando ninguna colaboración en esta causa, según denuncian abogados de Assange. Tal y como han explicado a infoLibre fuentes de la defensa, el magistrado José de la Mata libró dos comisiones rogatorias –una para pedir información sobre las IP de los servidores norteamericanos donde se iba recogiendo la actividad del espionaje y otra para interrogar a supuestos implicados en la trama–, pero las autoridades han contestado solicitando más documentación o pidiendo la identidad de los testigos protegidos, extrabajadores de UC Global que han facilitado gran parte de las pruebas sobre las que se basa la instrucción.

Esta causa se abrió en el otoño de 2019 a raíz de una querella presentada por la defensa de Assange contra Morales, quien se encuentra en libertad con medidas cautelares, y UC Global, y aparte del espionaje en sí, la Audiencia Nacional investiga si el dueño de la compañía de seguridad facilitó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos el seguimiento de reuniones de Assange con sus abogados y colaboradores, así como audios y vídeos de las numerosas visitas que recibió durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres.

Esta es la teoría que sostiene la defensa del fundador de Wikileaks, que cree que Morales habría estado entregando toda esa información a los servicios secretos norteamericanos, principalmente a través de la cooperación de la empresa Las Vegas Sands –en cuyos hoteles se habría alojado cuando viajaba a ese país– y su personal de seguridad. Esta es una de las limitaciones que está encontrando el juez De la Mata, pues pidió a Estados Unidos poder tomar declaración a Sheldon Adelson, jefe de seguridad de la compañía, pero la solicitud no ha sido atendida de momento, ya que las autoridades norteamericanas alegan que necesitan más información sobre la causa para tramitar la propuesta.

Según el informe, los empleados de UC Global fotografiaban los dispositivos móviles de los visitantes a la Embajada de Ecuador y en ocasiones hasta abrían o desmontaban los aparatos para copiar sus números de tarjeta SIM o los IMEI –código que identifica cada teléfono–, datos que luego se volcaban en las bases de datos de la empresa. En esa base de datos de la empresa jerezana también se encontraron "multitud de repositorios de documentos de identidad de particulares escaneados", junto a listas detalladas de personas o incluso sellos de viajes o visados, "todo lo cual se encuentra ubicado en una carpeta titulada '8 PASAPORTES LONDRES'", explica el documento entregado al juez.

Además de esta lista de pasaportes, la defensa también aportó otras en las que se destacan personas que la empresa de Morales consideraba importantes en el marco del control al que habrían sometido a Assange, al que apodaba 'el huésped'. Tenía datos de los médicos que le visitaban, los abogados que le asesoraban o los políticos con los que se entrevistaba, añadiendo sus nacionalidades y otros datos de interés. Hasta realizó "seguimientos personales" y fotografías a Baltasar Garzón, una de ellas cuando fue a recibir al aeropuerto de Barajas al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. El informe también llama la atención sobre la cantidad de material relativo a Iván Orosa, exasesor principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, además de numeroso personal diplomático del país sudamericano, y también se ha encontrado información sobre el congresista estadounidense Dana Rohrabacher, a cuyo teléfono también accedió UC Global cuando visitó la Embajada de Ecuador.

Micrófono en el extintor y análisis de ADN de las heces de un bebé

En la legación diplomática en Londres se colocaron micrófonos de muy diferentes tipos y en lugares como la base de PVC del extintor de la sala de reuniones, así como cámaras que en un principio no captaban sonido pero que fueron sustituidas por unas más sofisticadas que también grababan audio en forma encubierta. Buena parte de ese material se adquirió a 'Espiamos.com', tal y como acreditan las comunicaciones de trabajadores con esta compañía.

Pero el presunto espionaje no se quedaba ahí. Según el informe de la defensa, también se tomaron huellas dactilares del propio Assange, que UC Global habría extraído de un vaso, e incluso se extrajeron muestras de heces del pañal de un bebé para hacer una prueba de ADN y tratar de acreditar si se trataba del hijo del fundador de Wikileaks.

Tal y como dijo Baltasar Garzón después de declarar como testigo en la Audiencia Nacional, esta trama "es algo escandaloso que podemos decir que sólo ocurre en las películas de espías, pero esto no es una película porque está en juego la vida de una persona, que es periodista, que todo lo que se ha hecho es en persecución de un periodista por revelar hechos gravísimos de crímenes contra la humanidad y de procesos de corrupción". Un espionaje que, según apuntó, "se ha nutrido y se ha servido presuntamente de la empresa de seguridad, que a través de su responsable máximo reportaba con regularidad minuciosa y pormenorizadamente lo que hacía el equipo de defensa" del activista.

Toda la información con la que se realizó este informe fue aportada por extrabajadores de UC Global, responsables de informática considerados como testigos protegidos en la causa, pero también ha sido confirmada por los que denominaba la compañía como "operadores de seguridad", quienes han relatado al juez que desde la dirección se les encargaba descargar los contenidos de los micrófonos o de las cámaras así como informar de las visitas que iba a recibir Assange y otros datos, según las fuentes jurídicas consultadas. Al sumario de la causa se ha incorporado todo el material incautado a David Morales en las entradas y registros efectuados en la empresa y que están analizando los investigadores.

Para defenderse de las sospechas en su contra, Morales declaró también en la Audiencia Nacional: afirmó que fue el propio Gobierno ecuatoriano el que le solicitó implantar métodos de escucha al estar preocupado porque el fundador de Wikileaks se reunía con "delincuentes", y negó haber vendido información a Estados Unidos, asegurando que los viajes a ese país fueron para contactar con otros clientes de su empresa, pues UC Global ha prestado servicios para los gobiernos mexicano y colombiano, entre otros, y también tiene clientes norteamericanos, según fuentes jurídicas presentes en la declaración. También acusó a Assange de ser él quien colocaba métodos de vigilancia y de tratar de entorpecer su extradición, denegada este lunes por la Justicia británica.

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