Exclusiva: el 'informe Villarejo' secreto

La Policía ya conocía en 2011 cinco presuntos casos de corrupción ligados a González

Ignacio González conversa con Aguirre en una imagen de 2013.

Tono Calleja / Manuel Rico

El comisario de la Policía José Manuel Villarejo redactó, el 11 de julio de 2011, un informe de cinco páginas en el que vincula el ático de lujo adquirido por Ignacio González con un soborno pagado a cambio del mayor pelotazo de la Gürtel, afirma que se está utilizando el Canal de Isabel II para “realizar suculentos pagos” a medios de comunicación, detalla prácticas corruptas en la agencia pública ICM descubiertas años después en el caso Púnica, indica que Enrique Cerezo entregaba presuntamente "sobres con dinero en efectivo" a González y relata una investigación judicial que se sobreseyó "de manera muy irregular" y que también afectaba al número dos de Esperanza Aguirre. infoLibre ha tenido acceso a dicho informe policial, que esta misma semana ha vuelto a ser aportado por Villarejo en una denuncia presentada ante la Policía por amenazas, "por si en los archivos de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) se hubiera extraviado y no constara".

El comisario sostiene en su denuncia que, tras releer el mencionado informe policial, ha podido comprobar que en el mismo ya constaban datos "que ahora son de actualidad y que la UCO está sacando a la luz, gracias al magnífico trabajo realizado por nuestros compañeros de la Guardia Civil y que hace casi cinco años ya se conocían, aunque de manera lamentable, sorprendentemente no se investigaron en su día". Además, propone remitir el documento policial de 2011 a la jueza de Estepona que investiga si González adquirió el ático gracias a un soborno. El político madrileño y su mujer, Lourdes Cavero, figuran como investigados (imputados) en el caso.

En la nota policial de 2011 se detallan cinco tramas o casos de presunta corrupción vinculados a Ignacio González, al PP de Madrid o al Gobierno que presidía Esperanza Aguirre. La mayoría no fueron investigados por la Policía, que desde el 30 de diciembre de 2011 dirige Ignacio Cosidó. En los más de cuatro años transcurridos desde entonces se han puesto en marcha operaciones contra la corrupción –lideradas por la Guardia Civil– que demuestran que algunas de las informaciones contenidas en aquel informe Villarejo eran ciertas. Otras siguen pendientes de investigación. 

infoLibre detalla a continuación el contenido del informe que el comisario José Manuel Villarejo redactó en julio de 2011.

1. El ático y la comisión de Arganda

El informe policial empieza describiendo el pelotazo urbanístico que se produjo en el municipio madrileño de Arganda del Rey. En concreto, informa sobre el supuesto pago de dos millones de euros a González en relación con la adjudicación en Arganda de fincas municipales a la empresa Martinsa, del empresario Fernando Martín, imputado en Gürtel

El entonces instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, acusó a Fernando Martín de pagar 25 millones de euros de comisión, considerado el mayor pelotazo de la trama, que beneficiaron al presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa. Ignacio González siempre ha negado el cobro de comisiones.

Según un testigo de Gürtel, gracias a una decisión de la Comunidad de Madrid, Martinsa obtuvo un aumento del beneficio en su promoción de Arganda del Rey de 199 millones de euros, por lo que los ingresos brutos superaron los 500 millones de euros. Fernando Martín también ha negado cualquier irregularidad.

El ático de lujo de Estepona que ocupa desde 2008 Ignacio González, aunque hasta diciembre de 2012 lo hizo en régimen de alquiler, ya que la propietaria era formalmente la sociedad offshore Coast Investors, habría sido el pago en especie de la comisión ilegal, según apunta el comisario Villarejo en su informe. Al frente de Coast Investors está el fiduciario Rudy Valner, vinculado a varias empresas del empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

La nota policial, inédita hasta el momento, indica que Francisco Correa "habría sobornado al [exalcalde de Arganda] Ginés López, y al [exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid] Benjamín Martín Vasco, siendo Ignacio González quién habría salido mejor parado, al percibir dos millones de euros".

"Según las fuentes contactadas, las comisiones fueron generosas en función a las plusvalías conseguidas. El alcalde Ginés López cobró algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y quien casualmente dirigió la comisión de investigación de los espías", prosigue la nota policial, que recuerda que en anteriores informes se reflejó la posible relación entre dos pagos de más de un total de 25 millones de Martinsa a Correa.

"Uno de dichos pagos corresponde al suelo de Arganda del Rey y el otro, aún sin concretar, podría tener relación con cierta operación muy irregular, realizada en Colmenar de Oreja, en su día investigada judicialmente", apunta el documento elaborado por el comisario Villarejo, que lleva décadas dedicándose a asuntos de inteligencia.

De acuerdo con el documento policial de 2011, la cúpula del Partido Popular tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades de Arganda del Rey, que según se supo después denunció el entonces tesorero del PP –Álvaro Lapuerta– a Esperanza Aguirre en el despacho de Mariano Rajoy: "Las irregularidades se conocieron en la dirección nacional del PP por denuncias, entre otros, de constructores que también se presentaron a los concursos de adjudicación y detectaron las trampas. El presidente de esta formación política, Mariano Rajoy, se limitó a mantener una reunión de trámite en la calle Génova, con la presidenta del PP-Madrid, Esperanza Aguirre", se lee en el informe.

La nota policial sostiene que cuando el exalcalde de Arganda del Rey Ginés López fue llamado para que diera explicaciones, contestó que dicha adjudicación, al igual que otras similares, se había hecho porque Ignacio González dio instrucciones "concretas y precisas sobre cómo gestionar el suelo municipal".

"Según fuentes internas del propio PP (testimonios por ahora no recogidos en fase judicial), Aguirre dio garantías de todos los implicados y apenas unos días más tarde, en diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa se realizó tal y como la había pactado Correa, sin que las fingidas gestiones de la dirección nacional del PP, para aparentemente evitar la operación, cambiaran para nada el resultado", resalta el documento. La propia Aguirre tuvo que reconocer ante el juez de Gürtel que llamó al exalcalde de Arganda, quien defendió la legalidad de la operación urbanística.

Viaje a Colombia

El supuesto pago de dos millones de euros, indica la nota policial, coincidió con el viaje que Ignacio González hizo a Colombia, del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2008, "acompañado entre otros de José Manuel Serra Peris, consejero de Martinsa. Sus movimientos fueron grabados con cámara oculta por detectives, dando lugar al llamado 'caso espionaje de Madrid', en su momento investigado por la Comisaría General de Policía Judicial".

En dicho sumario, prosigue el informe policial, estaban imputados varios detectives privados que intervinieron en el seguimiento, "y que en todo momento se han negado a facilitar los datos de quienes les contrataron, no obstante fuentes de sus defensas han señalado que no tiene justificación alguna tal imputación, salvo que se trate de presionar a sus defendidos a que entreguen todos los datos recabados en dicho viaje e insinuando que el contratador final de los servicios de espionaje a Ignacio González había sido la constructora OHL".

Precisamente, el nombre de la constructora OHL ha aparecido recientemente en relación a la supuesta agenda morada de Francisco Granados en el que supuestamente se refleja la financiación irregular del PP madrileño.

A continuación el documento policial explica que en el viaje de González a Colombia también participaron, además del consejero de Martinsa Serra Peris, "Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, y por entonces gerente de la empresa pública Canal de Isabel II; Edmundo R. Sobrino, que era presidente en esa fecha de Canal Extensia, filial del Canal, abogado, experto en urbanismo y consejero de Extensia; y Enrique Sánchez, dueño de la empresa de seguridad Segurisa".

El informe explica que, tal y como demuestran las imágenes grabadas en Colombia, "Ignacio González y sus acompañantes fueron a un inmueble ubicado en la calle de Las Bóvedas, en Cartagena de Indias, accedieron al edificio cargando unas bolsas blancas y apenas transcurridos diez minutos salieron de nuevo, pero ya sin los citadas bolsas". Parte de los detalles de este viaje fueron adelantados, en abril de 2009, por la Cadena Ser.

El comisario señala que las informaciones obtenidas por los agentes policiales "señalan, sin duda, que tal viaje era para ultimar los detalles del soborno que Ignacio GonzálezIgnacio González recibiría por la operación de Arganda, y que parte era en efectivo y la cantidad más alta, mediante la entrega del ático". Estas informaciones, añade Villarejo, se deben "verificar".

El comisario cita "otras fuentes lugareñas" de Colombia, que indican que una de las personas que aparece en el mencionado vídeo que filmaron los detectives "sería un sujeto colombiano, presidente de una sociedad de dicho país y que guardaría parentesco familiar con un narcotraficante que se entregó a la DEA [Departamento Antidroga] en EEUU y obtuvo importantes acuerdos a cambio de colaborar, informando de una importante red de blanqueo de dinero".

Y en este sentido, el comisario llama la atención sobre el siguiente hecho: "El intento de borrar del registro del Hotel Sofitel de Santa Clara (Colombia), datos desde el 28 de agosto al 2 de septiembre de 2008, fechas en las que, coincidiendo con Ignacio González, se hospedaron dos españoles llamados Laureano R. R. y Marcos José F. M., ambos relacionados con Gilberto R. H., responsable del peligroso cártel de Cali. Ambos sujetos, sometidos a control permanente por todas las agencias antidrogas, en especial la DEA, según consta en las pesquisas realizadas por la UDEF en relación con dicho viaje".

No obstante, el informe policial reconoce que "no puede acreditarse fehacientemente que dichos españoles viajaran junto con Ignacio González, que se alojó en la lujosa suite número 423", aunque considera "una curiosa coincidencia el hospedarse justo en las mismas fechas en dicho hotel, entrando el mismo día y marchándose cuando el político también lo hizo".

Según las fuentes del comisario Villarejo, a la vuelta del viaje a Colombia, "se entregó a Ignacio González el ático objeto de las gestiones ordenadas, estableciéndose por tanto una lógica relación entre viaje, manejo de bolsas sin conocerse su contenido y posesión del inmueble".

2. los pagos del Canal

"Todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que es el Canal [de Isabel II] la herramienta para los cobros y pagos de difícil justificación, así como el sistema de enriquecimiento ilícito de ciertos dirigentes de la Comunidad de Madrid, que se quedarían con parte del dinero recaudado para financiar al PP, mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública".

Así de categórico comienza la nota policial el segundo de sus epígrafes, denominado "Canal Extensia". Varios años después, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga el pago de importantes cantidades en negro por empresas concesionarias del Canal de Isabel II al informático de la red Púnica, Alejandro de Pedro.

Villarejo analiza la filial Canal Extensia, cuyo presidente era Edmundo R. Sobrino, que participó en el viaje a Colombia: "El Canal, sin razón empresarial lógica, extendió su infraestructura económica en América Latina, adquiriendo el 75% de Canal Extensia, de la que es propietaria junto con la firma valenciana Tecvasa (consorcio de firmas valencianas y la Caja de Ahorros del Mediterráneo), que posee el 25% restante. Toda una estructura con vocación offshore, controlada por sociedades públicas, todas ellas vinculadas al mismo partido político, sin razón aparente de existir, salvo el de manejar importantes sumas de dinero en un continente muy alejado y con claras dificultades de control".

Por eso, el comisario asegura que convendría indagar sobre la atípica estructura exterior del Canal: "Todas y cada una de las fuentes del entorno del PP contactadas señalan que es la herramienta perfecta de corrupción, que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid Comunidad de Madridutilizan hasta el día de hoy con total impunidad".

"A través del Canal", prosigue el informe de Villarejo de 2011, "se realizan suculentos pagos para asegurar fidelidades a medios de comunicación, mediante la adjudicación de publicidad institucional, sin control alguno ni justificación, ni licitaciones, ni mediante ningún sistema de auditoría, la cual debiera existir, al tratarse de dinero público, dilapidado sin control".

El agente policial detalla a continuación el modus operandi utilizado supuestamente para comprar a medios y periodistas: "Mediante abultadas facturas, la mayoría de las veces por servicios inexistentes, se controlaría a agencias de publicidad, para generar noticias falsas positivas para ensalzar la labor de los políticos y/o se corrompería a tertulianos y periodistas que mediante pagos, parte en efectivo, modularían la opinión pública, ensalzando a sus benefactores y criticando a los adversarios, todo ello con dinero del contribuyente".

Villarejo identifica a tres conocidos periodistas y un periódico digital. infoLibre ha podido contactar con dos de estos informadores, quienes han negado cualquier vinculación con el Canal de Isabel II. Ambos aseguran que no han percibido ninguna cantidad de la empresa pública del agua madrileña.

3. EL CASO DE icm Y LA 'PÚNICA'

El tercer epígrafe del detallado informe del comisario Villarejo se dedica a otra de las empresas que se habrían utilizado por el PP para estos pagos irregulares: la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), cuyo expresidente José Martínez Nicolás, fue detenido en el marco de la Operación PúnicaOperación Púnica al participar en el pago en negro al informático de la red corrupta, Alejandro de Pedro. Este empresario, que contaba con varias periódicos que los investigadores han calificado de zombis, trataban de relegar las noticias negativas de los cargos del PP madrileño. Especialmente las noticias vinculadas al ático de González.

"Otra firma con similar función seria ICM, de la que se espera recibir más información en breve. Al igual que opera el Canal, adjudicarían contratos millonarios mediante aparentes licitaciones previamente pactadas con los adjudicatarios, elaborando facturas falsas, engordando contratos y/o liberando fondos en efectivo, parte del cual iría a la caja B del partido político controlador, y parte se quedaría en manos de quienes estarían manejando dichas operaciones", describe Villarejo en 2011, en lo que al ser leído ahora parece una clara anticipación de lo desvelado por la Guardia Civil en la Púnica. El autor del informe policial considera "de sumo interés, que una vez comprobadas la informaciones que se están recibiendo y judicializadas las mismas, por parte de la UDEF, se investigue muy en profundidad las actividades de una y otra empresa pública", en relación al Canal e ICM.

Villarejo propone entonces "judicializar una información patrimonial, tanto de Ildefonso de Miguel como de Cándido Cerón", quienes en 2008 eran los responsables del Canal de Isabel II y de la empresa de informática, respectivamente.

En relación al primero, Ildefonso de Miguel, el comisario explica: "Aunque ya no dirige el Canal, las fuentes contactadas han dicho que abandonó dicha entidad, presionado por Ignacio González, por el riesgo que les provocaba la impunidad con que De Miguel estaba incrementando su patrimonio de forma desmesurada, adquiriendo sin control, incluso bodegas de vino e inmuebles de muy alto nivel, bien a su nombre y/o a nombre de familiares muy directos y/o firmas que ellos mismos estaban constituyendo, tanto dentro como fuera de España".

infoLibre se ha puesto en contacto con Ildefonso de Miguel para conocer su versión de los hechos. De Miguel aseguró no tener nada que ver con el asunto del viaje a Colombia. "Está en el juzgado y yo lo que hice fue denunciar el tema, y no creo que tenga nada que ver. En el viaje alguien hizo una cosa que desconozco, porque era un viaje profesional y se han dicho tantas barbaridades [...] como que había bolsas blancas como si fuera droga". Preguntado por su actuación en el Canal, De Miguel aseguró que no cometió "ninguna irregularidad", negó haber adquirido patrimonio de forma ilícita y amenazó con querellarse si se publicaban los datos contenidos en el informe.

"En el caso de ICM, se debería centrar la atención en Cándido Cerón, militar que al parecer está en la reserva, muy vinculado a firmas como Indra y por ende al CNI, que estaría recibiendo importantes sumas de dinero en efectivo, por el pago de sobornos de los adjudicatarios de proyectos, relacionados con la infraestructura informática de la Comunidad de Madrid", especifica el agente Villarejo en el informe. Cándido Cerón está procesado por gastar 80.000 euros con su tarjeta black de Caja Madrid, entidad financiera de la que fue consejero. Este periódico intentó, sin éxito, contactar con él.

Precisamente, el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad (ICM) en 2007, Cándido Cerón, licitó por 2,5 millones de euros un informe sobre la implantación del sistema informático de la Ciudad de la Justicia que ganó Avanzit, empresa de la que fue alto cargo entre 2001 y 2005. Meses después, Cerón firmó otro contrato con Avanzit por 1,2 millones. Estos contratos fueron objeto de una comparecencia del propio Cerón en la comisión de investigación contra la corrupción de la Asamblea de Madrid.

El informe de Villarejo explica, asimismo, que Cerón se habría "blindado" ante cualquier acción contra su persona, "ofreciendo programas informáticos que permitirían controlar, no sólo los sorteos que de forma aparentemente aleatoria adjudicarían los sumarios a los jueces que les deberían corresponder por sorteo, sino de manera remota, controlarían los ordenadores de todos los jueces de la Comunidad de Madrid, a los que previamente se habría dotado de los oportunos programas espías a modo de troyanos".

4. LAS RELACIONES CON ENRIQUE CEREZO

El cuarto apartado del informe del comisario Villarejo vincula al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, con Ignacio González. Y se remonta a 2005, cuando la Comunidad de Madrid adjudicó las televisiones digitales locales, "en un proceso controlado en todo momento por Ignacio González".

Uno de los empresarios que recibió la licencia fue "el productor y amigo personal de Ignacio González, Enrique Cerezo", explica la nota policial, que destaca que los siete medios de comunicación, incluida la empresa de Cerezo, crearon en diciembre de 2005 la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social era la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada una de ellas suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain".

Esta firma se había constituido justo un mes antes y su administrador único era Fernando Ruano, "cuñado del ya referido Ildefonso de Miguel, al que todas las fuentes señalan como fiduciario de Ignacio González y gestionador, junto a otro testaferro de Cerezo, de un entramado de sociedades offshore ubicado en varios estados de EEUU, así como Panamá y otros países del entorno". De Miguel no ha querido responder a las preguntas por escrito de este diario en relación con esta asunto.

La empresa creada, Teledifusión Madrid, "contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Esta firma había sido fundada en 2003 precisamente por Ildefonso de Miguel quien, cuando pasó a trabajar con Ignacio González, dejó la firma en manos de su cuñado Fernando Ruano, con lo que el círculo volvió a cerrarse".

Las informaciones sobre las empresas Secuenzia Pixels, Centanor Spain y Teledifusión Madrid habían sido publicadas en abril de 2007 por la revista Tiempo.

El informe de Villarejo continúa citando fuentes cercanas al propio Cerezo para asegurar lo siguiente: "Que, con periodicidad mensual, Ignacio González le ha venido visitando a su despacho y éste [Cerezo], le ha entregado personalmente sobres con dinero en efectivo, aunque no han podido determinar la cantidad que contenían. Dato aún pendiente de confirmar".

infoLibre también ha preguntado a De Miguel por el caso de Teledifusión Madrid. Su repuesta fue la siguiente: "Yo cuando entré en la Comunidad de Madrid vendí la participación y eso lo he dicho repetidas veces". Preguntado sobre si la empresa la había vendido a su cuñado, Fernando Ruano, De Miguel no aportó más datos al respecto.

5. EL Caso de Colmenar de Oreja

El último asunto que aborda el documento policial alude al municipio de Colmenar de Oreja, en el sur de la Comunidad de Madrid. "Ya en 2009, el Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid, inició una causa, cuya referencia policial consta como diligencias número 6480/09. Se trató de la investigación sobre un asunto que surgió en Colmenar de Oreja entre mayo-junio de 2007, donde la alcaldesa fue al parecer condicionada por Ignacio González a que favoreciera una recalificación a Martinsa, llevando las negociaciones por parte de la constructora un tal Juan Carlos Martín Rodríguez".

El nombre de Juan Carlos Martín saltó a los medios en marzo de 2009: el diario Público desveló que era el profesor de pádel de González y que aprovechaba sus contactos políticos para negociar contratos públicos.

El comisario explica en su informe que se conoció la existencia "de unos pagos por un alto importe, calculado mediante la repercusión por metro construido conseguido con la recalificación. Según consta en la causa, los pagos se hacían a colaboradores de Ignacio González, que recibía en bolsas de plástico el dinero en efectivo, la mayoría de las veces en el Hotel Eurobuilding y también a la alcaldesa, que al saberse investigada, abandonó precipitadamente la política, no sin antes aumentar de forma significativa su patrimonio".

"Entre el entramado societario destacaba una firma llamada Preston Child y como conseguidores de Ignacio González entre otros un tal Á. C., realizando movimientos de capitales a través del Barclays Bank y otras entidades. En su momento, colaboradores informaron que parte del efectivo que conseguían, se guardaba en cajas de seguridad del BSCH, a nombre de diversos colaboradores de Ignacio González y que periódicamente se reunían para repartir cuando estas estaban llenas".

"A pesar de existir intervenciones telefónicas y declaraciones de testigos protegidos, que de manera rotunda implicaban a Ignacio González en el cobro de comisiones, el sumario se sobreseyó de manera muy irregular el 5/5/10, por un juez sustituto, a quien de una manera cuanto menos atípica, el decano adjudicó dicho sumario". Una fuente judicial que Villarejo califica como "fiable", asegura que el juez sustituto se excusó ante sus colegas alegando que su continuidad dependía de la Comunidad de Madrid: "Cerró todo, por las presiones que recibía, ya que, de manera imperiosa, necesitaba que le renovaran su relación laboral en los juzgados".

Tal y como publicó El País el 26 de agosto de 2012, Martinsa-Fadesa adjudicó la sectorización de esta promoción a la empresa Plarquin Consultores, ligada al exdirector general de Urbanismo Enrique Porto. Y esta firma también participó en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con el exalcalde imputado Ginés López a la cabeza, de unas fincas por las que el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, pudo percibir hasta 25 millones de euros.

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