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Ley Costas

Posada dice al juez que Greenpeace alteró el funcionamiento del Congreso

Un activista de Greenpeace muestra una pancarta en protesta por la nueva Ley de Costas en el tejado del Congreso, ayer jueves, 9 de mayo.

INFOLIBRE

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha comunicado a la Audiencia Nacional que los activistas de Greenpeace que el pasado jueves, 9 de mayo, se encaramaron al techo de la fachada del Palacio no alteraron el desarrollo del pleno, pero sí el funcionamiento de la Cámara, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Activistas de Greenpeace se encaraman al techo del Congreso para protestar contra la Ley de Costas

El juez Javier Gómez Bermúdez resolvió dejar en libertad a los ocho activistas de Greenpeace detenidos, a los que se atribuía la comisión de un delito contra altos organismos de la nación, tras llevar a cabo su protesta en contra de la nueva Ley de Costas. Eso sí, impuso a los arrestados comparecencias mensuales en la sede judicial más cercana a sus domicilios.

Además, remitió un oficio al presidente de la Cámara baja, cursado a través del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, para que le informase sobre si se alteró el normal funcionamiento del Congreso, demanda a la que Posada respondió este martes con dos informes –uno elaborado por los servicios jurídicos y otro por la Comisaría de la Cámara–. Aunque el presidente del Congreso no quiso entonces desvelar el contenido de ambos informes, a la espera de que el juez los viese antes, fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que los activistas de la mencionada ONG medioambiental no perturbaron el desarrollo de la sesión plenaria, pero sí el funcionamiento ordinario del Congreso.

El mismo día del incidente el propio Posada admitió que "un fallo de seguridad" fue lo que permitió la acción de los activistas de Greenpeace y entonces avanzó que se abriría una investigación interna para "saber qué ha ocurrido y que no vuelva a ocurrir". Ahora bien, también se afanó en diferenciar este tipo de acciones, que calificó de "pacíficas", de otras que incluyen "insultos y ataques a los diputados y al sistema democrático" y que "acaban en violencia", en alusión a los asedios al Parlamento de septiembre (el 25-S) y abril (25-A).

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