El PP culpa al TC y a la Fiscalía de no actuar el 9-N

En el Partido Popular han pasado de asegurar que la consulta no se iba a celebrar a culpar al Tribunal Constitucional (TC) y a la Fiscalía de inacción. Dirigentes del partido consultados por este periódico sostienen que esta última tiene que actuar "cuanto antes" contra Artur Mas. Paralelamente, los conservadores temen la reacción del ala más dura de su electorado.

Las críticas puertas adentro del PP sobre la actuación de la Fiscalía con la sentencia del Tribunal Constitucional, que suspendió la consulta alternativa del 9-N, fueron la tónica dominante del mismo día de la consulta y del día después. Las fuentes consultadas por infoLibre mantienen que se han dado los elementos necesarios para que el Ministerio Público actuase. Esta tesis está más extendida en Cataluña, donde la líder regional de los conservadores, Alicia Sánchez-Camacho, fio toda la etapa proconsulta a una idea fuerza: la de que el 9-N no se iba a votar.

Fuentes de la dirección regional del Partido Popular de Cataluña (PPC) se preguntaban este lunes qué más pruebas necesita la Fiscalía después de que el propio Artur Mas, poco después de votar el 9-N, "en un acto chulesco" reconociese ser el responsable. 

Más allá fue el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Pedro Gómez de la Serna, que, en declaraciones a Europa Press, sostuvo que el propio TC podría haber actuado para que se cumpliera su decisión sobre la suspensión de la consulta. A su juicio, "podía haberlo hecho perfectamente".

El diputado Gómez de la Serna explicó que hay una disposición del propio TC que le faculta para hacer cumplir sus decisiones. En ese sentido, indició que, por ejemplo, a 48 horas de la consulta, el Alto Tribunal podía haber hecho pública una resolución advirtiendo de que los funcionarios podían incurrir en delito de prevaricación y desobediencia si colaboraban con el 9-N.

"Al margen de la ley"

Conscientes de este malestar, desde la dirección nacional se distribuyó horas después del 9-N un argumentario en el que se mencionaba que "la Fiscalía valora si existen responsabilidades penales y, de ser así, ejercer las acciones legales correspondientes". "El simulacro de consulta se ha hecho al margen de cualquier marco legal y con el dinero de todos los catalanes", añadía.

También los mensajes que se lanzaron en público desde Génova, sede nacional del partido, iban en esta dirección. En la de calmar a un sector de la formación y del electorado que considera que el Gobierno de Mariano Rajoy ha pecado de inacción permitiendo que se votara. En declaraciones a los medios de comunicación, María Dolores de Cospedal señaló que el partido entiende que "este procedimiento se ha llevado al margen de la legalidad y que el Gobierno, precisamente por eso, actuará en consecuencia”. 

“Hemos visto un proceso que se sitúa al margen de la legalidad, sin interventores, sin una Junta Electoral, sin ningún procedimiento de control de cualquier sistema de emisión de opinión de un país civilizado [...] Veíamos cómo los propios partidos independentistas, que han promovido este proceso, presidían las mesas, que no hay control alguno, que las mesas pueden estar abiertas hasta 15 días”, describió la mano derecha Rajoy en el partido.

Pons: "Al primero que tiene que llamar el fiscal es a Mas"

Por su parte, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP y portavoz en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, señaló en una entrevista a Los Desayunos de TVE que el domingo "se utilizaron fondos públicos y recursos públicos para una manifestación política. Y eso es claramente un delito y la Fiscalía tiene que perseguir a quienes han cometido ese delito". Y añadió: "Obviamente, va a haber muchos funcionarios que van a tener que responder ante la justicia por las órdenes que recibieron de sus jefes”.

“Ya que Artur Mas dijo públicamente que era el primer responsable, el fiscal, el primero al que va a tener que llamar o enviar una carta, es a Artur Mas pidiéndole explicaciones sobre el uso de datos personales, sobre uso de recursos públicos y sobre uso de material que no debe ser politizado para una manifestación de una sintonía política determinada", zanjó Pons poniendo la pelota en el tejado de la Fiscalía.

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La reacción del ala dura

Los conservadores temen la reacción del sector más duro de su electorado y de los dirigentes vinculadas al ala dura. Un temor que, en algún caso, ya se ha consumado. Uno de los ejemplos es de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, vinculada al aznarismo. Si el mismo domingo la parlamentaria conservadora criticó la actuación del Gobierno desde su perfil de la red social Twitter, el lunes, la plataforma Libres e Iguales, de la que es portavoz, emitió un comunicado en el que sostenía que la "dejación" de Rajoy en este asunto "le descalifica para seguir cumpliendo su mandato constitucional".

El presidente del Gobierno no sólo va tener que hacer frente a estas tensiones internas. Partidos como UPyD y Vox ya han anunciado que estudian querellarse contra el Gobierno por permitir la consulta. En un momento muy delicado de popularidad y en caída libre en las encuestas a los conservadores les preocupan nuevas fugas de voto.