Privatizaciones
El PP en León enseña el camino a Botella: gasta la mitad tras devolver la limpieza a manos públicas
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, aseguró el pasado miércoles en rueda de prensa que no se plantea que el servicio de limpieza viaria vuelva a ser gestionado por el Ayuntamiento porque, a su juicio, el modelo actual de concesiones a empresas externas es el "adecuado" para la ciudad. Pero hay compañeros de partido de Botella que no comparten esta visión. Es el caso del Ayuntamiento de León, que con una población de 131.680 personas y gobernado igualmente por el PP, devolvió a manos públicas en febrero de este año el servicio de limpieza y recogida de basuras.
Fuentes del Gobierno de la ciudad leonesa han asegurado a infoLibre que la remunicipalización del servicio vino provocada por la enorme deuda que tenía el consistorio –casi cuatro veces sus ingresos anuales, según afirman– cuando el PP llegó al poder en 2011. Para reducir los gastos, el nuevo regidor, Emilio Gutiérrez, aprovechó que el contrato con la empresa concesionaria había expirado para que el servicio volviese a la gestión directa del Ayuntamiento. “No hay otro camino que la remunicipalización" de ciertos sectores, manifiestan fuentes del equipo municipal, que califican al alcalde leonés como "un hombre que cree en lo público".
El Ayuntamiento de León privatizó el servicio de basura y limpieza en 1992, cuando era alcalde Juan Morano (PP). La adjudicataria fue la empresa Urbaser, que en estas dos décadas ha cobrado más de 270 millones de euros.
Importante ahorro económico
Los resultados económicos de esta iniciativa de devolver el servicio de limpieza a manos públicas no han podido ser mejores, ya que los gastos se han reducido casi a la mitad: en 2012 se gastaron 22 millones de euros, mientras que este año el coste ha sido de 11,5 millones. La corporación, que mantenía una deuda de 80 millones de euros con la empresa adjudicataria, asumió los contratos de los trabajadores de la compañía que se ocupaba del servicio, así como parte de su maquinaria. No obstante, esto conllevó una bajada general de los sueldos de los trabajadores de aproximadamente un 23%, si bien el acuerdo fue aprobado por unanimidad por todos los sindicatos.
Xosepe Vega, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de León (FSC León), asegura en este sentido que los salarios de algunos trabajadores eran "desmesurados" –según afirma, un barrendero podía llegar a cobrar hasta 2.500 euros– y que la decisión se aprobó para facilitar la reducción de gastos al Ayuntamiento y así evitar en la medida de lo posible el despido de trabajadores municipales. Vega, de esta forma, celebra que la limpieza viaria y la recogida de basuras hayan vuelto a manos públicas, ya que esta era una reivindicación clásica del sindicato.
El concejal de Limpieza de León, Julio Cayón, alaba asimismo la disposición de los trabajadores a la hora de "entender" la mala situación económica del Ayuntamiento y rebajarse los salarios para "equiparar" sus sueldos con el del resto de trabajadores municipales. En cuanto a la antigua concesión, Cayón tacha de "desmesurado" su coste y asegura que "resultaba mucho más positivo para los ciudadanos municipalizar el servicio", una decisión que califica de "valiente".
Cuestionado por si se plantea seguir esta misma política en otros servicios privatizados, el concejal no ofrece datos concretos, aunque es tajante al afirmar que estudiarán volver a la gestión directa en ciertos sectores si esto ahorra dinero al Ayuntamiento. Xosepe Vega, por su parte, asegura que se encuentran negociando la remunicipalización de los servicios de cuidado de jardines, así como la adquisición por parte de la corporación municipal de una empresa dedicada a la limpieza de colegios y cuyo capital actualmente es mitad público, mitad privado.
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En Madrid, por el contrario, el modelo que se utiliza desde hace años es el de privatizar la gestión de los servicios de limpieza viaria. Los trabajadores de este sector sostienen desde hace once días una huelga para protestar contra el ERE que tenían previsto ejecutar las empresas concesionarias. Su intención inicial era despedir a 1.134 trabajadores, que en su última oferta a los sindicatos –rechazada por estos– se han visto reducidos a 292 operarios menos y brutales rebajas salariales para el resto. La alcaldesa, Ana Botella se ha opuesto en todo momento a municipalizar estos servicios, como le ha pedido el portavoz del PSM en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky.
Tras las críticas de todos los grupos de la oposición, que reclamaban que la regidora actuase para desbloquear el conflicto, Botella ha decidido que sea la empresa pública Tragsa –que también está sufriendo un ERE– quien se encargue de forma provisional de la limpieza de las calles de Madrid, ya que asegura que los servicios mínimos pactados no se están cumpliendo. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Diego Sanjuanbenito, ha presentado ante el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla una denuncia por este presunto incumplimiento.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, efectivamente, Tragsa intervendrá porque el régimen jurídico de esta sociedad la habilita para "garantizar los servicios mínimos cuando no se están cumpliendo". Sáenz de Santamaría, sin embargo, condicionó la entrada en escena de esta compañía a dos circunstancias: "el incumplimiento de los servicios mínimos, como parece que se produce, y que se de una situación que pueda conducir a una emergencia de riesgo para la salud". Sindicatos y organizaciones ecologistas, sin embargo, rechazan que esta segunda condición se cumpla.
