La gestión de la dana

La huida hacia adelante de PP y Vox tras el contundente auto de la dana: respaldo a Mazón y ataques a Sánchez

Carlos Mazón, durante el acto donde se ha anunciado que la Copa del Rey se celebrará en sus próximas dos ediciones en el Roig Arena de València.

El último auto de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la catástrofe que acabó con 228 vidas –tres personas siguen desaparecidas– el pasado 29 de octubre no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad y las negligencias del Consell de Carlos Mazón en lo ocurrido. La magistrada concluye que la gestión de la riada correspondía a la Generalitat al tener el "mando único de la emergencia", que la dana no fue un "fenómeno meteorológico imprevisto" ya que organismos como la Aemet llevaban días advirtiéndolo, que no se produjo el tantas veces aducido "apagón informativo" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que el mensaje masivo a los móviles, que se envió a las 20.11 horas, fue "tardío y erróneo".

Unas conclusiones que suponen un mazazo para la estrategia de la Generalitat, con Mazón a la cabeza, que ha tratado de imponer una versión en la que él era una "víctima" y un "daño colateral" del Gobierno de Pedro Sánchez. La versión del jefe del Consell, apoyada por sus consellers, pero también por su partido a nivel nacional y por Vox, ha buscado culpabilizar desde el primer momento al Ejecutivo central por la supuesta "falta de información". Página a página, la magistrada desmonta esos argumentos y cita a declarar en calidad de investigados a la exconsellera de Interior Salomé Pradas, la directora del dispositivo de Emergencia, y al que fue su número dos, el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Pese a la contundencia del auto, tanto la Generalitat como el PP han mantenido su relato. La vicepresidenta valenciana y portavoz del Consell, Susana Camarero, no ha querido entrar a valorar el contenido y tampoco la imputación de Pradas y Argüeso —pese a la insistencia de los periodistas— e incluso ha minimizado su importancia, incidiendo en que "no es una sentencia" y que el procedimiento judicial está en una fase "inicial". Así, ha pedido "prudencia" ante unas conclusiones que "no son firmes". Un argumento emulado por el propio Mazón, que sí ha dicho tener una "opinión" sobre el auto, pero ha preferido no exponerla públicamente. "La Generalitat actuó con la mayor diligencia en todo momento", afirmaba a primera hora del martes.

La defensa de Camarero ha consistido en un ataque al Gobierno central manteniendo la tesis del supuesto apagón informativo "reconocido por todo el mundo", según la vicepresidenta valenciana, pero desmentido por la jueza. "Me reafirmo. El Gobierno central, con sus agencias a la cabeza, fallaron en la prevención, en la previsión, y en la información", dijo en la rueda de prensa tras el Consell. Sobre la ausencia de imputaciones de los técnicos de Emergencias y de la Confederación Hidrográfica del Júcar incidió en que hay asociaciones que, previsiblemente, recurrirán esa decisión, aunque la magistrada ya desestimó una querella interpuesta por la asociación Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

Es la misma tesis que abonó este martes la número dos del PP nacional, Cuca Camarra. "La complejidad de lo que ocurrió y la responsabilidad de ese entorno a por qué no se habían hecho algunas obras o algunas otras cuestiones pues, evidentemente, también deberán de dilucidarse", dijo en una entrevista en La mirada crítica, en la que se mostró "convencida" de que "hay muchos temas" sobre los que hay "diligencias por hacer". Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, comparó la imputación de Pradas y Argüeso con la citación del juez Peinado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como testigo.

Génova mantiene a Mazón y asegura que el auto "no le afecta"

La respuesta oficial de la dirección del PP ante la situación que atraviesa el presidente de la Generalitat Valenciana no ha cambiado, según expuso el lugarteniente de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, Miguel Tellado. "Es el presidente de la Generalitat y está volcado en la recuperación", fue su respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el apoyo de Génova a Mazón, que sigue manteniendo públicamente aunque sin mucho entusiasmo y con muchas reservas en privado. "Nada cambia”, zanjó el portavoz del PP de manera escueta.

Es más, Tellado defendió que "el auto judicial deja a Mazón en la misma posición en la que estaba porque no le afecta" pese a que la titular del Juzgado número 3 de Catarroja no puede citar al presidente valenciano a declarar, al estar aforado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Aunque la jueza Nuria Ruiz no puede dirigir su investigación contra él al no ser competente, sí considera que, dados los datos que obran en su conocimiento, se pueden atribuir hechos punibles al president.

En su último auto, la instructora abrió la puerta a que Mazón compareciera voluntariamente en su juzgado –algo a lo que tiene derecho para conocer unas actuaciones que posteriormente le pueden afectar–, pero aclaró que no lo haría como testigo sino acompañado de un abogado. Mazón cerró rápidamente la puerta a esta posibilidad este martes. "Ni los servicios jurídicos, ni la Generalitat, ni nadie, incluido yo mismo, nos hemos planteado la personación como persona física", aseguró a su llegada al Palau de la Generalitat antes del Pleno del Consell. Génova, por su parte, avala la decisión de que no comparezca voluntariamente.

Vox cuestiona abiertamente a la jueza: "No necesita dictar autos día sí, día también"

Al apoyo del PP a Mazón se le suma el de Vox, que incluso ha cuestionado de manera más explícita que el propio PP el último auto de la jueza. Su portavoz en les Corts Valencianes, José María Llanos, argumentó este martes que en la actual fase del proceso, la magistrada "tiene que hacer diligencias, providencias y no necesita dictar autos día sí, día también":  "En la instrucción no se tienen que tomar esas decisiones", añadió, sin querer concretar a qué decisiones se refería. Al síndic ultraderechista no le parece que tenga "ningún sentido" que en "una fase de instrucción se dicten autos tomando decisiones que solo corresponden al juez sentenciador".

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Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, subrayó este martes que, "cuando dimita Sánchez" por la gestión de la dana, entonces "que dimita Mazón". La formación podría forzar su dimisión en Les Corts, pero por el momento no quieren participar en ninguna operación para relevar del mando al actual jefe del Consell. Los ultraderechistas consideran que cuanto peor le vaya al PP con Mazón mejor les irá a ellos, como así se refleja en las encuestas internas de los conservadores.

En estos casi dos años al frente de la Generalitat, la sintonía de Mazón con la extrema derecha ha sido total, hasta el punto de que fue el presidente autonómico que primero alcanzó un acuerdo con Vox tras las elecciones autonómicas de 2023. Un rápido movimiento que se interpretó en Génova como un error porque, a su juicio, contribuyó al dar alas a la campaña de Pedro Sánchez en las generales. Aunque la dirección nacional del Partido Popular dio libertad a sus barones autonómicos para pactar con los ultras, creen que las cesiones a los de Abascal perjudicaron las expectativas de Feijóo.

Tras la ruptura de los gobiernos autonómicos forzada por Santiago Abascal pasado verano, ambas formaciones han seguido votando de manera conjunta y coordinada en les Corts y, actualmente, negocian los Presupuestos —sin fecha prevista, por el momento— pese a la orden del líder de Vox de no aprobar las cuentas públicas de ningún territorio hasta que el líder nacional del PP no se oponga de manera pública a los acuerdos entre su familia política y la de los socialistas en Bruselas.

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