Las preguntas sobre la monarquía que veta el Congreso: del patrimonio de la Corona a los pagos a Bárbara Rey

Este mismo miércoles, tras hacerse públicas grabaciones en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein asegura que Juan Carlos I la usó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero y que se valió también de su primo Álvaro de Orleans Borbón para esconder dinero en una cuenta suiza, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, anunció que iba a registrar varias preguntas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno diera explicaciones cuanto antes sobre esta cuestión. 

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el también portavoz adjunto de Unidos Podemos, aseguró que su objetivo es "esclarecer la realidad", si bien admitió que "no es nada fácil en este país". Y así es. De forma recurrente, la Mesa del Congreso, que es el órgano de gobierno de la Cámara, ha ido vetando la tramitación de preguntas parlamentarias sobre aspectos relacionados con la Casa del Rey. Habitualmente, el argumento que justifica el rechazo es que la figura del monarca es inviolable según la Constitución o que se trata de consultas "no sometidas al control parlamentario de la Cámara". En el caso del rey emérito ya no es inviolable por los hechos cometidos tras su abdicación, aunque sí está aforado ante el Supremo.

Por ejemplo, hace apenas tres meses, el pasado abril, no pasaron la censura de la Mesa cinco de las diez preguntas formuladas por el propio Garzón y el diputado andaluz de IU Ángel Bustamante en torno a la Corona y a cómo se administran y reparten los recursos que el Estado pone su disposición. En las iniciativas vetadas, los parlamentarios instaban al Gobierno a que respondiera sobre si no es una "contradicción" que el Tribunal de Cuentas no fiscalice a la Casa Real o sobre si iba a exigir a la Corona que detallara el patrimonio y las rentas de sus integrantes.

Los parlamentarios de Izquierda Unida completaban la batería de iniciativas vetadas preguntando sobre la herencia que el rey Juan Carlos recibió de su padre, Juan de Borbón, y que, según una información publicada por el diario El Mundo, podría seguir en una cuenta en Suiza. En concreto, interpelaban al Gobierno sobre si iba a "exigir responsabilidades" al monarca emérito por esa cuenta que su padre le dejó en herencia a él y a sus dos hermanas por valor de 728 millones de euros.

La Mesa del Congreso sí accedió a tramitar otras cuestiones como cuáles son los motivos que explican que el CIS dejara en 2015 de realizar encuestas sobre la monarquía o sobre si el Ejecutivo se plantea convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre qué modelo de jefatura de Estado prefiere. También fueron aceptadas cuestiones relativas a la opinión del Gobierno sobre si la monarquía es compatible con el principio constitucional de igualdad. En todo caso, estas cuestiones todavía no han sido contestadas. Tras el cambio de Gobierno, la formación está indagando si tiene que reformularlas o le basta con pedir amparo a la Mesa para que las resuelva. 

En todo caso, esta no es la primera vez que el órgano de gobierno de la Cámara opta por no admitir a trámite preguntas relacionadas con el patrimonio de la Corona. En esta misma legislatura, en abril de 2017, IU preguntó al Gobierno cómo se administran y reparten los recursos que el Estado pone a disposición de la Casa del Rey. Según la formación que lidera Garzón, la falta de explicaciones sobre el uso de recursos públicos por parte de la Casa Real contrasta con la "transparencia" que se exige al conjunto de responsables públicos y cargos electos.

De Bárbara Rey... al 23-F

El año pasado IU también intentó, sin éxito, que el Gobierno diera alguna explicación sobre informaciones publicadas según las cuales agentes del Cesid (actual Centro Nacional de Inteligencia, CNI) depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para la vedetteBárbara Rey con el objetivo de que no ofreciese detalles de la relación que había mantenido con el rey Juan Carlos I desde la Transición. 

Las preguntas, formuladas por el diputado Ricardo Sixto, fueron rechazadas bajo el argumento de que los temas que afectan a fondos reservados deben ser tratados "a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados". La Mesa también recordó al diputado la previsión del artículo 56.3 de la Constitución, que impide que el monarca sea sometido a ningún proceso judicial. Con similares argumentos fueron vetadas otras cuestiones del diputado de En Comú Podem Joan Mena sobre el mismo tema.

En legislaturas anteriores, la Mesa del Congreso también declinó que el Gobierno aclarara cuál fue el verdadero papel de Juan Carlos I en el golpe de Estado del 23-F después de que el semanario alemán Der Spiegel publicara que el embajador de ese país en España en 1981, Lothar Lahn, había descrito en un informe de ese año que el rey había mostrado "comprensión" hacia los golpistas del 23-F. 

El debate sobre los privilegios de la monarquía dificulta el pacto entre PSOE y Podemos

Ver más

Lo hizo en respuesta a una preguntas formuladas en enero de 2012 por el entonces diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, que pidió al Gobierno que hiciera una valoración sobre el contenido de ese informe, le preguntó si pensaba solicitar a EEUU una copia de toda la documentación en su poder en relación a ese acontecimiento y si tenía intención de desclasificar todos los documentos relacionados con la intentona golpista. También reclamó conocer la ubicación de todas las grabaciones de las conversaciones telefónicas que tuvieron lugar el 23-F y el siguiente día. 

Ese mismo año el órgano de gobierno de la Cámara había rechazado otra serie de preguntas formuladas por IU y ERC a través de las cuales ambas formaciones pretendían obtener detalles de las condiciones en las que se llevó a cabo la cacería de lujo en Botsuana en la que participó Juan Carlos I en abril de ese año, cuando los mercados acosaban a España y planeaba la posibilidad del rescate. El viaje al país africano se hizo público porque el rey emérito se tuvo que trasladar de urgencia a Madrid tras la fractura de su cadera derecha. En aquel viaje estaba precisamente acompañado por Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Pues bien, diputados de las citadas formaciones pidieron información al Gobierno sobre quién pagó la cacería, cuánto supuso el coste total del viaje, quién corrió con los gastos del personal que acompaño el monarca, o qué papel juega Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, supuestamente nombrada consejera estratégica de España. El Congreso rechazó tramitar estas cuestiones por tratarse de "una cuestión privada".