La portada de mañana
Ver
Las macrorresidencias suman el 38% de las plazas de mayores, un modelo que se demostró letal en el covid

Caso Benalmádena

El presidente del comedor de Benalmádena, acusado de no justificar 250.000 euros, denuncia al Ayuntamiento

El presidente del comedor de Benalmádena denuncia a la alcaldesa y el interventor

El escándalo del comedor social de Benalmádena crece. Tras conocerse el informe provisional del interventor del Ayuntamiento, que denunció que la asociación que gestiona el comedor social de la localidad malagueña no había justificado 250.000 euros de los 324.000 recibidos en subvenciones desde 2011, ahora ha sido el presidente de la propia asociación, José Lara, quien ha denunciado tanto a la alcaldesa como al interventor por dos supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

La asociación ha criticado en un comunicado la "información injuriosa que se está trasladando a la opinión pública a través de los medios de comunicación" y ha desmentido, contra la opinión del interventor, que exista "cantidad alguna sin justificar".

El proyecto del comedor social depende del teniente de alcalde, Francisco Salido, de Unión Centro Benalmádena (UCB). Su cuñado es el secretario de la asociación del comedor social y su hermano se encarga de las compras de comida. Tres concejales de UCB apoyaron la moción de censura que convirtió en alcaldesa a Paloma García (PP).

El Ayuntamiento, ya ha respondido asegurando que no piensa "consentir ningún tipo de presión o ejercicio de intimidación" y se compromete a "defender el dinero de los contribuyentes y velar por las familias más necesitadas". En un comunicado, ha apoyado explícitamente la labor del interventor. Asimismo, el consistorio ha adelantado que, en caso de que se confirme que existen facturas sin justificar, "iniciará todos los procedimientos legales existentes para recuperar dichos fondos".

Por su parte, el Partido X –que apoyó a la concejal Encarnación Cortés en la investigación de las supuestas irregularidades en el comedor– denuncia que los implicados, "en lugar de dar las explicaciones pertinentes y tratar de aclarar algo, siguen haciendo lo mismo de siempre", algo que a su juicio se resume en "amenazas de denuncias a diestro y siniestro abusando de su posición y su dinero como si eso siguiera funcionando para frenar a una ciudadanía que ya no les tiene miedo".

"Ahora sabemos que es simplemente otra acción desesperada que acelera la descomposición de su gobierno caciquil, que no sirve ni como lavado de cara y que muy probablemente no llegue a nada dado que los hechos que describe la nota de prensa emitida por la asociación responsable del comedor social no constituyen ilícito penal alguno", señala la formación, que explica que "ni hay prevaricación –porque no hay resolución administrativa ni propuesta de resolución– ni malversación –porque no se está dando al dinero público un destino distinto al fijado legalmente–".

"Un informe provisional plagado de errores"

La Asociación Comedor Social ha criticado este jueves duramente el informe provisional del interventor y la actuación del Ayuntamiento, del que el comedor ha recibido 3.000 euros semanales hasta el 27 de junio pasado, cuando según la propia organización el consistorio cortó cautelarmente la subvención. La asociación afirma que la decisión se basa "en un informe provisional plagado de errores" y apunta directamente al interventor como el responsable de que se suspendiesen las transferencias.

"Para suspender el abono de la subvención semanal, que se viene pagando desde enero de 2012, el director de Bienestar Social debe dirigir una petición en tal sentido al concejal de Hacienda, al tesorero y al interventor, [...] y tal comunicación o petición no se realizó en ningún momento", señala la asociación, que denuncia que esa suspensión se llevó a cabo "sin acuerdo alguno expreso y oficial". "Es más, en ese informe provisional del interventor, al final del mismo, como conclusión 'se sugiere que se suspenda el pago en tanto se justifica el destino de la subvención', y la pregunta de esta parte es ¿cómo se puede sugerir que se suspenda algo que parece ser que él mismo, el Interventor, suspendió hace mes y medio?", remacha el comunicado.

Los gestores del comedor social también critican que el informe provisional del interventor carece de "número de expediente, lo cual es incomprensible y nunca visto en cualquier procedimiento administrativo o de cualquier índole", así como que la investigación se inició "por una simple notificación de la Alcaldía al interventor, cuando las bases de ejecución del Presupuesto Municipal [...] establecen un procedimiento específico”.

El consistorio se defiende

Sin embargo, el Ayuntamiento ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado, a tenor de la fiscalización, que "cumple los requisitos legales que establece la normativa en este tipo de actuaciones". "La fiscalización de una asociación como el comedor social tiene como único objeto el garantizar que dichas familias no sufran ningún perjuicio y constatar que el dinero de los contribuyentes de Benalmádena se utilice, cumpliendo escrupulosamente con la legalidad vigente, para prestar un servicio solidario de ayuda a los vecinos que en la actualidad sufren una situación de precariedad económica", señala.

La alcaldesa de Benalmádena, Paloma García, ha rechazado a través de su gabinete de prensa realizar declaraciones a este diario y ha argumentado que prefiere esperar a que se publique el informe definitivo del interventor para no interferir en el proceso.

Benalmádena reclama a la asociación que gestiona el comedor social 262.567 euros sin justificar

Benalmádena reclama a la asociación que gestiona el comedor social 262.567 euros sin justificar

La retirada de la documentación

Quien sí ha hablado para infoLibre ha sido Antonio Pérez Relinque, tesorero de la Asociación Comedor Social, quien ha asegurado que el interventor tiene "toda la documentación" que justifica los 250.000 euros de gastos.

Preguntado por el motivo por el cual el primer teniente de alcalde, Francisco Salido, y varios responsables de la asociación retiraron irregularmente documentación que había solicitado el interventor, Pérez Relinque reconoce que no se siguieron los cauces legales, pero se defiende afirmando que el responsable de analizar las cuentas tampoco respetó la legalidad para realizar su petición, sino que lo hizo "verbalmente". "A mi me la pidió verbalmente, no oficialmente, el jefe de asuntos sociales para el interventor, y yo con la fe más buena del mundo pedí que me dieran todas las facturas, la copia y el original". ¿El fin? "Traérlas metidas en sus carpetas", una explicación similar a la que ofreció Salido, que aseguró que retiró la documentación para presentarla "bien foliada".

Más sobre este tema
stats