El presidente del TC se arriesga a una cascada de recusaciones por su militancia en el PP

Francisco Pérez de los Cobos cumplirá este viernes tan sólo un mes como presidente del Tribunal Constitucional (TC), y ya tiene sobre sus espaldas la sombra de la "parcialidad". Ayer, la noticia de El País de que pagó cuotas como militante del PP desencadenó una batería de críticas y de petición de explicaciones de todos los grupos de la oposición. Unos le pidieron comparecer en el Congreso, otros reclamaron cuentas al Gobierno, otros exigieron su dimisión... Lo que se anticipa a estas alturas es que a Pérez de los Cobos se le abre un escenario de posibles recusaciones. IU y ERC lo dan por descontado, la Junta de Andalucía –que tiene en el TC 21 recursos de inconstitucionalidad– estudiará si cabe su recusación en caso de que no se inhiba. El PSOE irá viendo qué pasos dar, pero por lo pronto exige su comparecencia en el Congreso por haber "ocultado" su afiliación al PP, aunque el PSC considera que su recusación es "evidente". Si las amenazas se materializan, se pondrán en el disparadero las leyes señeras del Gobierno de Mariano Rajoy, caso de la reforma laboral. No obstante, los conservadores, los únicos que ayer salieron a defender al presidente, disponen de una mayoría de 7 vocales a 5 en el TC.

Hasta parte del sector judicial se opone a la continuidad de Pérez de los Cobos.Tres de las cuatro asociaciones judiciales (Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) pidieron directamente su renuncia, ya que tendría que abstenerse constantemente en varias cuestiones, lo que podría alterar el funcionamiento de la institución. 

La información publicada empujó a Pérez de los Cobos a convocar de urgencia el pleno del tribunal para dar explicaciones sobre este asunto a sus compañeros. En el encuentro, admitió que sí, que pagó cuotas como militante al PP entre los años 2008 y 2011, aunque a partir de ese año dejó de hacerlo, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. Postulado por el PP, Pérez de los Cobos tomó posesión como magistrado del Alto Tribunal el 12 de enero de 2011, después de pasar el examen de idoneidad en el Senado, la Cámara que formalmente propuso su nombramiento. Y el pasado 19 se convirtió en presidente. Él mismo dijo en el pleno que todavía tenía carné del PP cuando se convirtió en miembro del TC. Este diario demandó a la institución que precisara en qué fecha se dio de baja como militante. Fuentes oficiales afirmaron "desconocer el dato exacto". "No sabemos la fecha, o si sigue siendo militante o no", alegaron. En todo caso, ninguno de los 11 magistrados solicitó su dimisión ni emitió queja alguna. 

La Constitución, la ley y la jurisprudencia

Al finalizar la reunión, el Alto Tribunal emitió un comunicado. En él, subraya que la Constitución y la Ley Orgánica del TC "no establecen para los magistrados del TC incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales". En su nota, sostuvo que el TC es una "institución del Estado" y "no forma parte del Poder Judicial". La diferenciación no es baladí, porque el artículo 127 de la Carta Magna estipula que ni jueces, ni magistrados ni fiscales pueden "pertenecer a partidos políticos o sindicatos". Sin embargo, el artículo 159.4, se dice que la condición de magistrado del TC es incompatible, entre otras cosas, "con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato". Una redacción calcada a la del artículo 19.1 de la Ley Orgánica del TC. El comunicado añadió que hay jurisprudencia del tribunal que lo avala (el auto 226/1988). 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) fue la que, desde el principio, fue más lejos. Alfred Bosch, el portavoz del partido en el Congreso, adelantó que ya está preparando la recusación de Pérez de los Cobos por un asunto que les afecta directamente: el repetido "veto" del PP a su incorporación a la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara baja. ERC ya pidió amparo al Alto Tribunal en 2012 y este se lo denegó el pasado abril. "Este magistrado no tiene autoridad para juzgar nada, ninguna causa en la que el Gobierno tenga un interés destacado", señaló, informa Europa Press. Sobre si debería apartarse de las discusiones sobre la declaración de soberanía, Bosch dijo que debe ser el Parlament el que se pronuncie. 

Fuentes de ERC añadieron a infoLibre, no obstante, que también se preparará una "recusación en genérico", en el que se recurra su mismo nombramiento, ya que los servicios jurídicos del partido vieron que la interpretación hecha por el TC estaba confeccionada "muy a la medida", para defender a Pérez de los Cobos. "La Constitución habla de que los magistrados no pueden tener carné de partido, y aunque el TC no forma parte del Poder Judicial, sus miembros sí son magistrados", insistieron.

"No es ético, ni estético, ni legítimo"

Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), prevé una "cadena de recusaciones" contra el presidente, con lo que ello comporta de "deslegitimación" del TC. "Cualquier cosa que resuelva se va a tomar a pitorreo, como una Cámara más de gobierno del PP. Pérez de los Cobos va a contaminar todas las decisiones, está viciado de origen. Por eso es prioritario pedir su dimisión como magistrado", protestaba, en declaraciones a este periódico. El diputado recordó que no cabe la "recusación global", sino que debe requerirse en cada caso.

Izquierda Plural recurrió con el PSOE leyes como la reforma laboral o la no revalorización de las pensiones. "Allá donde el PP haya tenido una posición llamativa y marcada, cabrá la recusación. Y en la reforma laboral, entiendo que hay un cierto automatismo, ya que se le atribuye la autoría intelectual de la norma y ha redactado papeles para la fundación FAES". No depende sólo de IU la recusación, ya que el peso de esos recursos los lleva el partido mayoritario de la oposición, el PSOE. "Y de momento, no hemos hablado con ellos", dijo Llamazares. 

"Puede ser legal, pero desde luego no es ético, ni estético, ni legítimo que una persona que ha sido militante del PP sea magistrado del TC. El tribunal puede decir lo que quiera, pero como la mujer del César, no sólo tiene que serlo, sino parecerlo. Es una exigencia del órgano constitucional. Pero el PP quiere el control absolutísimo de la Justicia", se quejó. Izquierda Plural y el Grupo Mixto registraron ayer mismo la petición de comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitud que se debatirá en la Diputación Permanente del próximo 24 de julio, la misma que discutirá si Mariano Rajoy acude al pleno por el caso Bárcenas. 

En esa Diputación también se decidirá sobre otra demanda, la del PSOE, que quiere que vaya Pérez de los Cobos al Congreso a explicarse. Los socialistas denuncian que el magistrado "ocultó un dato no menor" en la Comisión de Nombramientos de la Cámara alta, pues no dijo allí que era militante del PP. "Pedimos su comparecencia no para fiscalizar su labor –declaró Julio Villarrubia, portavoz de Justicia en el Congreso–, sino por una ocultación que pone en jaque su independencia. En función de las explicaciones que dé, iremos avanzando nuestra posición". En Ferraz, aunque no descartan nada, pero piden no ir tan aprisa. "Vamos por pasos", aseguró una dirigente cercana a Alfredo Pérez Rubalcaba. En el equipo del secretario general aducían que este es un asunto "delicado" que requiere calibrar bien cada movimiento. El partido, como IU, duda de que sea "legal" que un militante pueda ser vocal del TC, pero tiene claro que no lo es "moral y éticamente", según sentenció la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez. 

En el PSC, el juicio fue mucho más duro. Lo expresó el portavoz del partido, Jaume Collboni:  "Desde el punto de vista político es obvio que ser presidente del TC es incompatible con cualquier filiación política. En consecuencia, nosotros pensamos que, si se confirma el hecho, su recusación es evidente".

CiU y PNV demandan aclaraciones urgentes

La Junta de Andalucía, cogobernada por PSOE e IU, tiene contabilizados 21 recursos de inconstitucionalidad. Diego Valderas, vicepresidente  y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, exigió a Pérez de los Cobos que se inhiba en todos los asuntos relacionados con la comunidad. El el Ejecutivo autonómico ven "difícil" a priori recusar al presidente por la defensa que de él hizo ayer el TC. Pero no van a quedarse de brazos cruzados.

Valderas, según afirmó a este diario, llevará al próximo Consejo de Gobierno la propuesta de que los servicios jurídicos de la Junta analicen qué canales jurídicos caben, sobre todo si el magistrado no se inhibe. "Hay que tener todos los elementos jurídicos claros y a partir de ahí actuar –prosiguió el vicepresidente, de IU–. Porque él está contaminado. Más allá de la incompatibilidad legal, hay una incompatibilidad política, ya que a los miembros del TC se les presume la imparcialidad. Si no se inhibe, nos deja en una cierta indefensión, y en el TC hay asuntos capitales como el decreto ley antidesahucios o la subasta de medicamentos, recurridos por el Gobierno de Mariano Rajoy". 

CiU y PNV coincidieron en pedir explicaciones urgentes a Pérez de los Cobos. "Un presidente de una alta magistratura no puede tener sobre sí la sospecha de que, siendo magistrado, todavía pertenecía a un determinado partido. Que lo haya hecho en el pasado no tiene que escandalizar a nadie, pero que lo haya hecho mientras ha sido miembro de ese tribunal, sí debería escandalizar y provocar algo más que explicaciones", subrayó el convergente Josep Antoni Duran i Lleida desde Bilbao. Allí compareció con Andoni Ortuzar, presidente de los nacionalistas vascos, quien reclamó "una aclaración lo más rápido y contundentemente posible". Para el PNV, pensar en eventuales recusaciones es todavía pronto, según manifestó a infoLibre el diputado Emilio Olabarria. "Pero en temas catalanes, ya ha expresado su opinión contraria al nacionalismo... Y en temas en los que esté contaminado, debería ser objeto de recusación", avisó. 

Críticas también de UPyD. "Si fuera cierto que el presidente del TC era a la vez militante del PP, esto sería extraordinariamente grave, pero no sería, por otra parte, nada extraño, sino la consecuencia de que el Constitucional lleva muchos años colonizado por el PP y el PSOE, sobre todo", opinó Carlos Martínez Gorriarán, portavoz adjunto del grupo. La líder de la formación, Rosa Díez, registró una pregunta oral en comisión al Ejecutivo: "¿Cree el Gobierno que la afiliación a un partido político del presidente del TC es compatible con la separación de poderes exigida a tan alta magistratura del Estado?".

Pérdida de "credibilidad" y "deterioro de la imagen" del TC

Todas las asociaciones judiciales, menos la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se mostraron ayer a favor de que Pérez de los Cobos dimita. "Sería bueno para la imparcialidad" del Constitucional, dijo Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), porque "lo que hace es provocar una pérdida de credibilidad, de independencia", que se suma al "deterioro progresivo de la imagen de neutralidad" al que ayudan nombramientos como el del polémico Enrique López por el Ejecutivo, el pasado junio. "Es demencial" e "inadmisible", y está "contaminado de origen", apuntaló Ángel Dolado, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI). Este magistrado advirtió a Europa Press de que si no se va, el TC "va a entrar en un juego de recusaciones y abstenciones sobre los recursos que hay en trámite" que va a infligir "un daño increíble" a la institución. "La dinámica del día a día va a ser nefasta, horrorosa", abundó. 

En la misma línea, José Luis González Armengol, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), apuntó que no es aconsejable que el TC esté presidido por una persona "que ha tenido una vinculación formal con su partido, sea del signo que sea", y es un "claro indicio de la politización del órgano". Y añadió: la labor del jefe de la institución debe estar guiada "por el criterio de imparcialidad objetiva y subjetiva". Para la APM, en cambio, lo relevante es si a través de sus resoluciones, todas las dictadas en sus más de dos años de mandato, rezuman alguna "actuación partidista". El portavoz del colectivo judicial, Antonio Piña, subrayó a Efe que Pérez de los Cobos ha mostrado en este tiempo "independencia, por encima de cualquier interés".

PP: López Guerra llevaba "carné del PSOE en la boca"

Pérez de los Cobos confiesa que fue militante del PP entre 2008 y 2011

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A todo el bloque de oposición contestó el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Insistió en que la ley permite a los magistrados del TC ser militantes de un partido. "En este país, al ritmo que vamos, parece que va a acabar siendo punible ser, creer, pertenecer o haber votado alguna vez al PP", criticó. 

Fuentes del PP se defendieron de las críticas exhibiendo el caso de Luis López Guerra, vicepresidente del TC entre 1992 y 1995 y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001. los conservadores recalcaron que López Guerra ocupó cargos de responsabilidad en ambas instituciones "llevando el carné del PSOE en la boca", informa Europa Press. El actual miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue elegido en 2003 diputado socialista en la Asamblea de Madrid y nombrado secretario de Estado de Justicia bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2007).