Privatización de la sanidad

La privatización de la sanidad avanza de forma acelerada en La Rioja, Baleares y Madrid

Foto de archivo de un quirófano de un hospital de Castilla-La Mancha.

La Rioja, Baleares y Madrid son las comunidades en las que más ha aumentado la contratación de empresas privadas para la provisión de servicios que se ofrecen en la sanidad pública entre los años 2002 y 2011. Esta es una de las principales conclusiones que arroja un informe elaborado por la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), un organismo puesto en marcha en 2010 por las principales empresas de la sanidad privada junto a algunas compañías suministradoras. Además, el documento muestra que, en mayor o menor medida, todas las comunidades cuentan con la sanidad privada para la prestación de sus servicios públicos de salud y aporta el dato significativo de que el 42% de los centros hospitalarios privados tiene algún tipo de concierto con las administraciones públicas.

La observación de los términos evolutivos deja entrever la voluntad de las administraciones riojanas por apostar por la sanidad privatizada. El gasto en contratación público-privada registró en esa comunidad un incremento muy relevante en el periodo 2002-2011, con una tasa media de crecimiento anual del 20,3%, la mayor de todo el país. No obstante, en términos absolutos, La Rioja es la autonomía que menor importe destina a la contratación con el sector privado, algo que es comprensible al tratarse de la autonomía menos poblada (alrededor de 320.000 habitantes). No obstante, en 2011 destinó el 7,3% del dinero que invirtió en sanidad a la colaboración con empresas privadas, fueron 34 millones de euros. En los mismos términos por detrás de La Rioja se sitúa Baleares, donde la tasa de crecimiento anual del gasto en conciertos, convenios o concesiones con empresas privadas fue del 16,2% entre 2002 y 2011. 

La Comunidad de Madrid, considerada el laboratorio donde el PP ha ensayado las políticas privatizadoras de la sanidad que luego ha ido exportando al resto del país, es la tercera que ha experimentado un crecimiento progresivo mayor de la colaboración público-privada en la última década con una tasa media anual del 13,7%. Una evolución superior al 10% en los contratos de colaboración con la sanidad privada entre los años 2002 y 2011 han experimentado también Navarra (+11,80%), Comunidad Valenciana (10,90%) y Castilla-La Mancha (10,30%), donde en ese tiempo las Cortes tenían una mayoría socialista. Murcia (+9,30%), Asturias (+8,30%), Aragón (+8%), País Vasco (+7,5%), Canarias (+7,10%), Cantabria (+6,80%) y Castilla y León (6,30%) ocupan los puestos de la tabla con incrementos en la tasa de colaboración con empresas de la sanidad privada que están entre el 5 y el 10%. 

Cerrando la tabla está Cataluña, que entre 2002 y 2011 vio aumentar sólo un 2,10% el número de contratos firmados con compañías privadas para la provisión de servicios en el sistema público. Sin embargo, su caso es particular porque es también la autonomía que más parte de su presupuesto sanitario dedica a acuerdos con empresas privadas, un 24,1%. Estas cifras demuestran que en Cataluña –que pagó en 2011 un total de 2.450,1 millones de euros a empresas privadas para que se encargaran de gestionar determinados ámbitos del sistema sanitario– la privatización de servicios está ya muy afianzada y hay, por tanto, un menor margen de crecimiento. Por delante de Cataluña, la autonomía en la que menos ha avanzado la externalización de servicios en la última década es Extremadura, donde los convenios con entidades privadas aumentaron un 2,3%. Le siguen Andalucía, donde se incrementaron un 4,40%; y Galicia, donde aumentaron un 4,90%. 

Gasto sanitario 

Otro indicador relevante para calibrar el avance de la sanidad privatizada es el porcentaje del gasto sanitario que cada autonomía dedica a subcontratar servicios con el sector privado. Esta práctica se lleva a cabo a través de conciertos, por los que se acuerda la prestación de servicios empleando medios ajenos a la administración sanitaria y que suelen hacerse para aligerar las listas de espera; convenios, que suponen la integración del establecimiento privado en la red pública; y concesiones, por las que se acuerdan que el sector privado gestione un servicio a cambio de una cantidad de dinero público y la administración pública se desentiende. 

Cataluña es la comunidad que más dinero dedica a llegar a acuerdos con empresas privadas. Dedica casi uno de cada cuatro euros de su presupuesto sanitario a establecer conciertos con centros privados para prestaciones específicas y convenios singulares con 31 hospitales privados que en su mayoría están en mano de fundaciones o patronatos. Cataluña, señala el informe, tiene una larga tradición de colaboración público-privada. Cuenta con un modelo mixto que integra recursos públicos y privados en un sólo sistema, denominado Siscat (sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña). El Servicio de Salut de Cataluña (CatSalut) establece convenios con los hospitales privados integrados en el Siscat. 

Canarias, por su parte, es la segunda comunidad que más parte de su presupuesto sanitario dedica a llevar a cabo a acuerdos con empresas. En 2011 fue un 10,3% de su presupuesto. Le Siguen Baleares (8,8%), Madrid (8,5%), Navarra (7,6%), La Rioja (7,3%), Murcia (7,2%), Asturias (7,2%), País Vasco (7%), Castilla-La Mancha (6,7%), Comunidad Valenciana (6,6%), Galicia (5,6%) o Castilla y León (5,1%). Por debajo del 5% está Andalucía, que dedica contratar con el sector privado –principalmente servicios de diagnóstico por imagen, hemodiálisis y terapias respiratorias, según el informe–. Además, la Consejería de Salud andaluza mantiene conciertos con 17 centros hospitalarios y convenios singulares con dos compañías, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y el grupo José Manuel Pascual Pacual, S.A. que involucran varios hospitales para la prestación de una amplia cartera de servicios, lo que supone un elevado volumen de contratación. 

Por detrás de Andalucía están Cantabria, que dedica el 4,5% de su gasto sanitario a la colaboración con privadas y Extremadura, que destina el 4,3%. Por su parte, Aragón es la autonomía que menos porcentaje de su presupuesto sanitario dedica a subcontratar servicios fuera de la red pública. En esta comunidad los principales servicios contratados consisten en actividad quirúrgica y radiografías. 

Madrid, Cataluña y Galicia son las comunidades con la sanidad más privatizada

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