Las propuestas de la “coalición progresista”

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, dedicó buena parte de su discurso de investidura a explicar, con cierto grado de detalle, el programa común de la “coalición progresista” formada por el PSOE y Unidas Podemos y con el que se propone gobernar España los próximos cuatro años.

Sánchez enumeró diez apartados del programa de gobierno que se dispone a poner en práctica. Son los siguientes:

  1. Consolidación del crecimiento y la creación de empleo digno

– Derogación de la reforma laboral de 2012. Y avanzar, junto a los agentes sociales, en la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

– A través del diálogo social, simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo y reforzar la causalidad en los despidos, eliminar los cambios que facilitan el despido por absentismo laboral justificado, recuperar derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, revisar los contratos formativos y aprobar y desarrollar el Estatuto del Becario.

– Continuar con el programa de retorno de personas emigradas y los planes de lucha por el empleo digno, la creación de empleo entre los jóvenes y la lucha contra el paro de larga duración.

– Lucha contra el fraude laboral, mejora de la eficiencia y coordinación de las políticas activas de empleo y simplificación del sistema de protección por desempleo.

– Alcanzar al final de la legislatura un SMI que represente el 60% del salario medio en nuestro país.

– Plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura.

– Incentivación de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, mejorando la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de Seguridad Social.

– Plan Nacional de Emprendimiento Social.

– Plan Estratégico de Formación Profesional, incorporando a las empresas con fórmulas flexibles y creando consorcios con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa. Refuerzo de la formación del profesorado, además de su movilidad y vinculación a los sectores productivos. Incorporación de 80 nuevas titulaciones y cursos de especialización, asociados sobre todo a la digitalización de nuestra economía. Actualización de los contenidos de los 172 títulos ya existentes para que en todos ellos se incorpore un nuevo módulo de digitalización aplicada a cada sector productivo. Reforma del Catálogo de Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones a las necesidades laborales de nuestra economía.

– Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público para mejorar los sistemas de acceso a la Función Pública, la agilización de los procesos, la carrera profesional, la evaluación del desempeño y la clasificación profesional. Revisión del contrato de interinidad en las Administraciones para evitar su uso abusivo. Perspectiva de género en las instituciones de la Administración General del Estado para eliminar cualquier tipo de discriminación.

– Equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil a lo largo de la legislatura.

  2. Justicia fiscal y equilibrio presupuestario

– Cumplimiento de nuestros compromisos en materia de responsabilidad fiscal con Europa.

– Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude fiscal y una estrategia nacional que incluya reforzar los medios, actualizar la lista de paraísos fiscales y potenciar la prevención mediante la lista de morosos de la Agencia Tributaria. Prohibición de las amnistías fiscales.

– Límites rigurosos a los pagos en efectivo, prohibición del software de doble uso, impulso a la unidad de control de grandes patrimonios y mayor control sobre las SICAV.

– Elevación del tipo efectivo para las grandes corporaciones y reducción para las PYMEs.

– Revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales.

– Congelación de la presión fiscal sobre las clases medias. Incremento de los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales.

– Promoveremos la fiscalidad digital, tal y como demandan las recomendaciones de la Unión Europea. Impulso a la tasa Tobin.

– Desincentivación fiscal de comportamientos nocivos para el medioambiente. Promoción a nivel europeo del establecimiento de mecanismos de compensación de CO2 en frontera para las importaciones.

  3. Industria, Pymes, autónomos y sector primario en el marco de la Revolución Tecnológica

– Fomento del Ecosistema Español de Innovación dentro de la Estrategia España Nación Emprendedora.

– Potenciación del CDTI como principal agente dinamizador de la innovación en España. Apoyo a la transformación digital de las PYMEs a través de la aprobación de un Marco Estratégico PYMEs 2030.

– Aumento de la inversión pública en I+D+i civil por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado, avanzando hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada.

– Facilitación de la contratación de personal en los centros de investigación públicos, aumento de las becas predoctorales y los contratos postdoctorales y mejora de las condiciones del personal investigador predoctoral, equiparando derechos y apostando por la estabilización profesional.

– Desarrollo de la Ley de Ciencia de 2011, con el refuerzo de la transferencia de conocimientos y simplificación del trabajo de los investigadores en los organismos públicos. Aumento de recursos y óptica plurianual para aprovechar mejor el talento y la continuidad del personal.

– Plan de modernización del comercio minorista que impulse la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías.

– Impulso al Plan de Acción para la Internacionalización económica 2020-2021, que modernizará los instrumentos de apoyo financiero e introducirá también la sostenibilidad como elemento transversal.

– Mejora de la cobertura y cuotas más justas para los trabajadores autónomos. Equiparación gradual de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. Sistema de cotización por ingresos reales, con mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.

– Plan de Desarrollo Industrial para mejorar la competitividad y crear empleo de calidad.

– Movilización de recursos del Estado para garantizar la continuidad de aquellas empresas que sean una fuente fundamental de empleo en sus comarcas y luchar contra las deslocalizaciones industriales.

– Estrategia de Turismo Sostenible 2030.

– Defensa de una Política Agraria Común (PAC) suficientemente dotada, que sea capaz de garantizar esa triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales españolas durante todo el periodo financiero 2021-2027. E impulso de una pesca y acuicultura sostenibles, basada en el conocimiento, la innovación y la investigación científica.

– Medidas encaminadas a completar el despliegue de infraestructuras digitales con la nueva tecnología móvil 5G.

– Creación de un bono social de acceso a internet para colectivos vulnerables. Impulso de la Ley de Derechos Digitales y creación de una Estrategia Española de Inteligencia Artificial.

– Extensión de la Carpeta Ciudadana, en la que cualquier ciudadano o ciudadana podrá acceder a los trámites y todos sus expedientes en relación con la Administración General del Estado.

  4. Lucha contra la emergencia climática

– Ley de Cambio Climático y Transición Energética con el objetivo de alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040.

– Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Reforma del mercado eléctrico con el propósito de reducir la factura energética.

– Creación del Instituto de Transición Justa, evolución del Instituto de las Cuencas Mineras. Planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido, de manera que se aseguren nuevas oportunidades de empleo en las comarcas afectadas.

– Estrategia de Economía Circular con el objetivo de alcanzar el “residuo cero” en el horizonte de 2050. Ley de Plásticos de un solo uso. Medidas de eficiencia para sectores clave: construcción, agroalimentación, turismo, envases, embalajes, textil, fabricación eléctrica y electrónica.

– Regulación y fomento del autoconsumo energético, simplificando los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin sobrecostes.

– Reforma del bono social eléctrico, creando un bono general que incluirá también un bono gasista. Prohibición de los cortes de suministros básicos cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de los titulares.

– Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público. Ayudas económicas para el vehículo eléctrico e impulso de un Plan de cercanías 2019-2025.

– Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua, consagrando, entre otras cuestiones, el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil.

– Ampliación de la red de espacios protegidos, dotando de financiación adecuada las políticas de defensa de la biodiversidad y la gestión de los espacios naturales.

– Ley de Bienestar Animal, una exigencia cada vez más clamorosa en nuestra sociedad.

  5. El reto demográfico

– Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven.

– Consolidaremos un Estado del Bienestar inclusivo en las zonas rurales. Extensión del conjunto de los servicios públicos del bienestar a toda la ciudadanía al margen de su tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de su población.

– Medidas transversales y de apoyo a proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo en los municipios rurales en riesgo demográfico. Desarrollo de cobertura de más de 30 Megas y de 3 Gigas para el 100% de la ciudadanía a un precio asequible.

– Todas las poblaciones, sea cual sea su tamaño, contarán con servicio de transporte que comunique con la cabecera de la comarca.

– Acceso a la atención sanitaria a domicilio cuando no exista un centro local de salud.

– Seguridad en nuestros pueblos con la recuperación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Creación de oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente para acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso.

  6. Cultura y deporte

– Desarrollo del Estatuto del Artista.

– Creación de una Oficina de Derechos de Autoría pública, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, para optimizar la gestión de los derechos y velar por la protección de la propiedad intelectual.

– Pacto por la Lectura que revitalice al sector del libro.

– RTVE plural, independiente, pública, transparente y de calidad, que esté orientada al fomento y difusión de la cultura española.

– Regulación de las profesiones del deporte con un plan de formación y empleo para los deportistas retirados.

– Ley del Deporte que buscará, entre otras cosas, apoyar especialmente el deporte femenino. También el deporte de base y el universitario.

– Plan de Acción sobre Igualdad en el ámbito cultural para dar visibilidad a las autoras, artistas y creadoras invisibilizadas, eliminando la brecha de género.

  7. Igualdad

– Ley que ampare la igualdad retributiva estableciendo medidas que favorezcan la transparencia salarial.

– Impulso a la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.

– Acuerdo Social por la racionalización de los horarios.

– Inspecciones laborales, incremento del régimen sancionador y creación de una oficina estatal de lucha contra la discriminación.

– Desactivación de lo que se denomina tasa rosa: el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una “versión femenina”.

– Regulación en el Código Penal del consentimiento sexual para que solo sí sea sí.

– Desarrollo de todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

– Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía. Suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena, o se hayan dictado medidas cautelares, por delitos graves de violencia de género o cometidos en su presencia.

– Ley Integral contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual.

– Protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía.

– Lucha contra a las agencias que ofrecen estos servicios de gestación subrogada a sabiendas de que están prohibidos en nuestro país.

– Garantía de los derechos sexuales y reproductivos para asegurar una maternidad libremente decidida, garantizando los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres a través del Sistema Nacional de Salud.

  8. Derechos sociales y la regeneración democrática

– Ley Básica que derogue la vigente LOMCE y garantice la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo.

– Planes específicos contra el fracaso escolar, el abandono temprano o el acoso y la violencia en los centros educativos. Gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria.

– La asignatura de religión tendrá carácter voluntario, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.

– Incremento de los recursos públicos destinados a educación y becas hasta situarnos en un 5% del PIB en 2025.

– Universalización del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años a través de la red pública y en condiciones de equidad.

– Pacto por la Universidad para garantizar la suficiencia de recursos. Simplificación de los procedimientos de acreditación de nuevos títulos académicos y nueva política de becas y tasas universitarias.

– Eliminación progresiva de los copagos sanitarios. Empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

– Introducción de forma progresiva la atención a la salud bucodental de la población en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Blindaje de nuestro modelo público con una apuesta clara por la gestión pública directa.

– Inversión sanitaria equiparable a la de la media de los estados de la zona euro durante esta legislatura hasta el 7% del PIB en 2023.

– Acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

– Implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria, el desarrollo de un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura sanitaria o la revisión de la Estrategia de Salud Mental.

– Mejora de las condiciones del personal, garantizando el cumplimiento de los acuerdos vigentes y a promover un programa de retorno de profesionales que hoy trabajan fuera de nuestro país.

– Blindaje constitucional del sistema público de servicios sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar.

– Reducción de listas de espera en el Sistema de Atención a la Dependencia. Mejora de las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia.

– Estrategia frente a la Soledad no Deseada.

– Nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.

– Actualizaremos por ley las pensiones conforme al IPC y aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

– Reducción de la brecha de género en las pensiones y ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.

– Reforma y reorganización del sistema de Seguridad Social en el marco del diálogo social. Tenemos que propiciar un aumento estructural de los ingresos y limitar los gastos impropios del sistema.

– Aumento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y más adelante aplicaremos una garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos para acabar implantando un Ingreso Mínimo Vital que rescate de la pobreza a los sectores más vulnerables.

– Impulso de ayudas para comedor y material escolar y ayudas para la conciliación y racionalización de horarios.

– Ley para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a todas las formas de violencia.

– Medidas normativas claras que protejan a quienes más necesitan del apoyo del Estado en materia de vivienda, especialmente en alquiler.

– Establecimiento de un techo para los alquileres en zonas de mercado tensionado.

– Medidas de realojo inmediato en situaciones de vulnerabilidad y fomentaremos el alquiler social para las personas que hayan sufrido un proceso de ejecución hipotecaria y no tengan alternativa habitacional.

– Mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad.

– Aplicación de obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda. Reforma del régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS.

– Plan estatal de rehabilitación de viviendas que incluya financiación específica para las destinadas al alquiler y tenga en la eficiencia energética uno de sus elementos centrales.

– Regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea y a introducir medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar.

– Plan Nacional contra la Corrupción, reforzando los medios operativos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estudiando la introducción de nuevas figuras penales. Ley integral contra la corrupción y un Estatuto del denunciante.

– Regulación de los lobbies. Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Lucha contra los “cárteles” en la contratación pública.

– Pacto de Estado para la Modernización de la Justicia.

– Reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción, que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política.

  9. Nuevos derechos y memoria democrática

– Ley de Regulación de la Eutanasia.

– Medidas de apoyo a la adopción por parte de familias LGTBI y de reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas.

– Actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio.

– Impulso de las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes. Retirada de la simbología franquista de los lugares públicos y anulación de las condecoraciones derivadas de acciones represivas ejercidas durante la dictadura.

– Auditoría de los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, empezando por la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público.

– Nueva Ley de Seguridad Ciudadana que derogue a la ley Mordaza.

– Eliminación del voto rogado.

– Estrategia nacional de lucha contra la desinformación.

– Plan de Ciberseguridad y creación de un foro nacional de ciberseguridad, para el desarrollo tecnológico y la investigación.

– Recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.

– Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI.

– Ley Trans para fomentar la integración sociolaboral de las personas transexuales y su plena participación en la vida política, social y cultural.

  10. Reforzamiento de la cohesión territorial

– Mejora de los mecanismos de colaboración institucional con todas las comunidades autónomas.

– Creación de una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña dentro del marco constitucional.

– Cumplimiento de las transferencias pendientes del actual Estatuto Vasco, y colaboración en la renovación del mismo que quiera hacer el Parlamento vasco, siempre dentro de nuestro marco constitucional.

– Clarificación del reparto competencial entre Estado y poder autonómico.

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– Constitución formal de las Conferencias de Presidentes con carácter anual.

– Reforma de la financiación autonómica.

– Defensa en Europa de un Salario Mínimo Europeo, un Seguro de Desempleo y la consolidación efectiva del Pilar Social de la Unión.