Menos protección ambiental, más coches y primacía del español: Vox marca al PP sus condiciones

La consigna de la dirección de Vox es evitar las líneas rojas. Los de Santiago Abascal venderán caros los votos de sus concejales y diputados, pero quieren facilitar las negociaciones. El objetivo es que sea el PP el que se retrate si se resiste a compartir gobiernos en ayuntamientos y comunidades autónomas.

Esa es la única razón por la que la formación de extrema derecha no ha planteado todavía condiciones concretas a la espera de la apertura de unas negociaciones que Alberto Núñez Feijóo quiere demorar lo más posible. Génova, no obstante, ya sabe lo que quieren sus futuros socios: lo mismo que consiguieron en Castilla y León. Es decir, la presidencia de los parlamentos, una vicepresidencia en cada gobierno autonómico y una parte del ejecutivo que sea proporcional a lo que aportan a la mayoría de derechas que se ha impuesto en Aragón, la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Murcia y Extremadura.

En algunos territorios, sin embargo, ya empiezan a aflorar las prioridades que Vox va a poner encima de la mesa cuando el PP se convenza de que los de Abascal no le van a regalar su apoyo. 

Alejandro Nolasco, el cabeza de cartel de Vox por Aragón, tiene entre sus grandes objetivos derogar la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social, aprobada por unanimidad (incluido el PP) hace cinco años. Y poner fin a la ley de Memoria Democrática de 2018, esta sí rechazada en su día por el partido de Alberto Núñez Feijóo.

La extrema derecha quiere además derogar la Ley de Lenguas que sirve de marco a la utilización del aragonés y el catalán de Aragón en las zonas de la comunidad en las que son de uso común. y suprimir organismos que le resultan incómodos como el Instituto Aragonés de la Mujer y el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer.

Trasvases

La gran controversia entre PP y Vox en Aragón, sin embargo, puede estallar a cuenta de los trasvases. “El agua tiene que llegar al último rincón de España como sea, con interconexión de cuencas, con pantanos, con trasvases, con desaladoras, como sea. Lo que no puede ser es que el agua se tire al mar en el Ebro”, proclamó Santiago Abascal durante la campaña despreciando la sequía que sufre la comunidad: los embalses de la cuenca del Ebro están a menos del 50% de su capacidad y las cosechas están en serio peligro.

Carlos Mazón (PP) ya se siente presidente en la Comunitat Valenciana y quiere serlo sin acuerdos con Vox. Pero el máximo responsable de la extrema derecha en este territorio, Carlos Flores, condenado hace dos décadas por violencia machista, no está de acuerdo.

Y aunque de momento no ha hecho públicas sus propuestas de mínimos para entrar en un gobierno de coalición, siguiendo así la consigna marcada por Santiago Abascal, su programa plantea acabar entre otras cosas con la exigencia de conocer el valenciano para prestar servicio en la administración o la educación pública y con cualquier partida presupuestaria que se traduzca en ayudas a los inmigrantes. También quiere derogar, por supuesto, la ley trans autonómica. El canal público de televisión À Punt se ha convertido en un objetivo para Vox: en plena campaña Vox anunció su intención de cerrarlo.  

Clausurar la televisión pública autonómica también es una petición de Vox en Illes Balears. En el archipiélago dan por hecho que su candidato, Jorge Campos, pedirá para su partido la Conselleria de Educació con el objetivo de desterrar el catalán de la enseñanza. Los ultras baleares se han propuesto además desregular las normas que tratan de poner coto a los desarrollos urbanísticos en las islas.

El Mar Menor

En la Región de Murcia, Vox ya ha puesto encima de la mesa que o el PP acepta derogar la Ley de Protección del Mar Menor o Fernando López Miras (PP) no será presidente y habrá que repetir las elecciones. Su portavoz, José Ángel Antelo, ha sido tajante en ese punto; es una “ley comunista”, dice, incompatible con los intereses de los agricultores de la región.

El número uno de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo, está a la espera de que la candidata del PP, María Guardiola, acepte lo inevitable: sólo podrá gobernar con el permiso de la extrema derecha, así que huye abiertamente de la expresión “líneas rojas”. De momento, ni de sus declaraciones ni de su programa se pueden deducir serias discrepancias con un PP que planea reducir impuestos y rebajar la protección del medio ambiente.

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Los problemas pueden llegar de otro lado: la violencia machista, aborto, derechos de las personas LGTBI e inmigración. 

En València, la futura alcaldesa María José Catalá (PP) tendrá que lidiar con las exigencias de Vox para sacar adelante presupuestos y medidas de todo tipo. El cabeza de lista de los ultras, Juan Manuel Bádenas, es de los que aún no ha planteado propuestas de mínimos. Quiere reducir impuestos, liberalizar los pisos turísticos y despenalizar el uso del vehículo privado.

Las recetas se repiten en Sevilla, donde la cabeza de lista de Vox, Cristina Peláez, es clave para diseñar las políticas que va a aplicar el PP en la ciudad. Sus prioridades son dos: ahogar lo que llama políticas “ideológicas” (todo lo que tiene que ver con cambio climático, lucha contra la violencia machista o derechos LGTBi) y bajar impuestos.