Igualdad

El PSOE enfría en el Gobierno la Ley Trans de Irene Montero y advierte de que el "filtro del TC" podría tumbarla

La ministra de Igualdad, Irene Montero, es felicitada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en su toma de posesión en enero de 2020.

El sector socialista del Gobierno enfría los plazos que el Ministerio de Igualdad se marca para que el texto de la Ley Trans sea una realidad. Si el departamento de Irene Montero (Unidas Podemos) se fija como meta para la llegada al Consejo de Ministros la primera quincena del mes de febrero, en la otra parte del Ejecutivo todas las señales que emiten llevan a la conclusión de que el texto no está para nada preparado para dejar de ser un borrador. "Empezamos ahora a trabajar", avisan. Fuentes de Igualdad, en cambio, no contemplan la posibilidad de aplazarlo. "Quedan días de sobra. Somos capaces de trabajar y poner toda la maquinaria en marcha para llegar a acuerdos cuando es necesario", aseguran. Para cumplir el plazo que manejan, la Ley Trans —junto a la Ley de Igualdad LGTBI— tendría que llegar al Consejo de Ministros el próximo martes, 9 de febrero.

Fuentes gubernamentales consultadas por infoLibre insisten en que el documento que se ha conocido estos días sólo refleja la visión del partido morado y no ocultan que mantienen "diferencias". "Estamos en el inicio del trabajo y en algunas posiciones el Partido Socialista está lejos de Unidas Podemos", subrayan. Pero la versión es diferente desde el ala morada del Ejecutivo. Fuentes del Igualdad prefieren hablar de "matices", más que de "diferencias", fácilmente resolubles en el marco de la negociación con la vicepresidencia primera —al frente de la cual se sitúa Carmen Calvo (PSOE)— que, dicen, ya se está produciendo. Y a la que le quedan "meses y meses", independientemente del aterrizaje de ambas normas en la mesa del próximo Consejo de Ministros.

En la Moncloa rechazan entrar en la letra pequeña de esas discrepancias. Y, además de frenar el calendario que manejan en el Ministerio de Igualdad, advierten de que esto no es sólo cosa de un departamento gubernamental, sino que implica a más áreas. "Los ministerios de Justicia y Sanidad no han emitido todavía informes", esgrimen.

Entre otras cuestiones, el borrador apuesta por la despatologización de estas personas y por permitir la rectificación del sexo registral a partir de los 16 años con el único requisito de la "declaración expresa". Fuentes de Igualdad eluden responder a la pregunta de si estas cuestiones son compartidas por el sector socialista del Gobierno de coalición y rechazan explicar cuáles son esos "matices" —según sus propias palabras— o "diferencias" —según las de los socialistas— que podrían ralentizar la tramitación de la Ley Trans. Desde el departamento de Montero se limitan a recordar que el PSOE "siempre ha estado de acuerdo con la defensa de los derechos LGTBI", algo que ha demostrado situando a España "a la vanguardia" del desarrollo normativo dedicado al colectivo. 

"Se trata de que el resultado sea una ley con calidad normativa y seguridad jurídica", resumen desde la vicepresidencia primera del Gobierno. Las negociadoras de esta ley son Irene Montero y Carmen Calvo, ministra de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes. En la Moncloa aseguran que Calvo conoció el borrador hace un par de semanas y que, hasta la fecha, ha habido dos reuniones entre ambos departamentos para el estudio de esta iniciativa.

Cuando en el PSOE hablan de "calidad normativa y seguridad jurídica" mantienen que su intención, como en otras leyes del pasado relacionadas con la igualdad, el la de que pase "el filtro del Tribunal Constitucional". Las citadas fuentes recuerdan cómo "la derecha" ha presentado recursos y cómo los textos han salido triunfantes del TC precisamente por el minucioso trabajo jurídico. "El PSOE lleva 42 años interpretando bien la Constitución", esgrimen.

En todo caso, fue una sentencia del Tribunal Constitucional de hace dos años la que reconoció el derecho de los menores trans "con suficiente madurez" a solicitar el cambio registral.

Desde Igualdad, por su parte, aseguran que cuentan con la "tranquilidad" de que el texto de la Ley Trans beba de la ponencia que en 2019 proponía una modificación de la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Aquella ponencia, apoyada por todos los grupos parlamentarios, trataba particularmente ese aspecto, la rectificación registral de los menores trans, además de contemplar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en el país. De acuerdo a dicho texto, "toda persona de nacionalidad española, mayor de dieciséis años y con capacidad legal suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo".

De este modo, hasta los dieciséis años podrán efectuar la solicitud para el cambio de nombre bajo la tutela de sus progenitores. A partir de esa edad, los menores podrán solicitar la modificación por sí mismos. Todo aquello relativo a la infancia quedará regulado a través de la Ley de Protección a la Infancia y beberá de tratados internacionales, además de esa sentencia emitida por el Constitucional hace dos años. 

La de la Ley Trans es la enésima discrepancia interna en el seno del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Desde ambos sectores se intenta quitar importancia a las diferencias apuntando a que este es el proceder normal de ejecutivos de este tipo y que lo importante es el resultado. "Todos debemos remar para que esto sea una noticia positiva y de avance de los derechos de nuestro país", señalan fuentes socialistas. 

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