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La nueva legislatura

PSOE y ERC avanzan hacia una “vía política” que encauce el conflicto catalán y se citan para una tercera reunión

PSOE y Esquerra no han dado detalles —el hermetismo sigue siendo total— pero del comunicado pactado distribuido por separado el martes poco después de las ocho de la tarde se deduce que las negociaciones avanzan en la dirección de “dar una salida al bloqueo institucional”. Hasta el punto de que ambas partes se han emplazado a mantener una tercera reunión el próximo martes.

La nota —el hecho de que ambas partes hayan asumido el mismo texto ya supone un cambio en relación con la cita anterior— asegura que en este segundo encuentro “se han reafirmado en que hay un conflicto político” que deben resolver “políticamente”. “En este sentido hemos avanzado en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento”.

El encuentro ha servido también para “avanzar” en “temas concretos en los que se ha podido constatar” que PSOE y Esquerra mantienen “una sensibilidad social compartida en lo que respecta a la recuperación de derechos civiles, laborales y sociales”.

El comunicado es deliberadamente breve y ambiguo, pero la referencia a “los instrumentos necesarios” para el “encauzamiento” del “conflicto” a través de una “vía política” sugiere que el debate sobre el formato de las futuras negociaciones, que Esquerra quiere situar entre el Gobierno y el Govern, de “igual a igual”, y que el PSOE prefiere mantener dentro de la comisión bilateral entre ambas administraciones, sigue en el centro de la discusión.

Lo que parece cada vez más evidente es que no queda margen para llegar a un acuerdo a tiempo de que Sánchez sea investido antes de navidad. Este lunes el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ya había dicho en Madrid que su partido no tiene prisa. “A nosotros el tiempo no nos preocupa, sino los contenidos”.

Los republicanos hablan de “semanas” cuando se refieren a la duración de las negociaciones, lo que aleja la posibilidad de que fragüe un acuerdo exprés que permita a Sánchez superar la investidura en diciembre.

El calendario no ayuda. Para que el presidente en funciones sea reelegido antes de esa fecha la investidura debería celebrarse en la semana del 16 al 22 de diciembre. Esos días no gustan nada a Esquerra porque el jueves 19 será cuando el Tribunal de Justicia de la Union Europea (TUE) decida sobre la inmunidad de su líder, Oriol Junqueras, y los republicanos creen en la posibilidad de que el fallo obligue a ponerle en libertad.

El abogado general del TUE Maciej Szpunar concluyó en un dictamen no vinculante hace dos semanas que Junqueras debería ser reconocido como eurodiputado porque su escaño depende únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditado al posterior cumplimiento de formalidad alguna para recoger el acta.

Este dictamen ha hecho albergar muchas esperanzas en ERC de poder lograr la inmunidad de Junqueras, que cumple pena de prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos, junto con otros exconsejeros del Gobierno del huido Carles Puigdemont.

Por si eso fuera poco, ERC afronta dos días después, el sábado 21, su 28º Congreso, en el que volverá a debatir su estrategia para conseguir la independencia y hasta qué punto aparca la posibilidad de impulsar otro referéndum que conduzca a una nueva declaración unilateral de soberanía.

Retraso en la investidura

Fuentes del Gobierno de Sánchez y del PSOE citadas por Europa Press aseguran que el presidente ya ha asumido que la investidura se retrasará.

En la segunda reunión han participado las mismas personas que en la primera: Marta Vilalta, vicesecretaria adjunta de Esquerra, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el diputado autonómico republicano Josep María Jové, numero dos de Junqueras cuando el líder de ERC ocupaba la vicepresidencia del Govern e imputado posteriormente en relación con el referéndum del 1 de octubre de 2017.

En representación del PSOE volvieron a acudir la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y el diputado autonómico del PSC Salvador Illa.

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press aseguran que el diálogo está más avanzado de lo que ha trascendido hasta ahora y con él, ambas partes han tratado de establecer una mínima confianza. No obstante reconocen que aún no ha comenzado el intercambio de documentos. De hecho, continúan trabajando para establecer las bases de la negociación.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, se reunirá este miércoles con su homóloga de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La cita estaba prevista para el miércoles pero tuvo que suspenderse después de que la dirigentes socialista sufriese un esguince durante la sesión contituyente del Congreso.

Tras la reunión de la semana pasada entre Esquerra y el PSOE ambas formaciones emitieron sendos comunicados en los que coincidían en la voluntad de "diálogo" pero reconocían haber constatado las diferencias que les separan. Entonces los independentistas catalanes subrayaron que se mantenían en el 'no' a Sánchez para la investidura.

Esquerra demanda un acuerdo que incluya un marco de negociación entre el Govern y el Gobierno, que ambas partes puedan plantear los temas que deseen, un calendario de reuniones y un compromiso de que cualquier acuerdo al que se llegue sea sometido en última instancia a referéndum. Condiciones todas ellas que, con otro enunciado, el Gobierno de Sánchez se mostraba hace un año dispuesto a asumir.

Desde hace semanas la derecha política y mediática presionan para que Sánchez renuncie a formar gobierno con Unidas Podemos y no acuerde la apertura de ningún diálogo con los independentistas catalanes. Del otro lado, Junts y la CUP tratan de poner en evidencia a Esquerra en el campo independentista subrayando que ningún acuerdo será aceptable si no incluye un reconocimiento expreso del derecho de autodeterminación.

Los soberanistas sí unieron fuerzas con PSOE y Unidas Podemos este martes en la Cámara Baja para tratar de imponer un cordón sanitario a Vox e impedir su presencia en la Mesa del Congreso, un objetivo que finalmente no pudieron conseguir.

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