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Igualdad

PSOE y Unidas Podemos libran una nueva batalla por las leyes de igualdad con la prostitución como telón de fondo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
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Resulta cuanto menos llamativo que el área de igualdad se haya convertido en el campo de batalla del Gobierno. Pero así está siendo: primero como consecuencia de las diferencias entre los dos socios respecto a la autodeterminación de género, y ahora con el debate sobre la prostitución como objeto de disenso. El Ministerio de Igualdad anunció el pasado jueves 18 de marzo el inicio de los trabajos de cara a una ley integral contra la trata. Apenas tres días después, Carmen Calvo llamaba en un acto de partido a consolidar una legislación no sólo contra la trata, sino también contra la prostitución.

Al cierre de 2019, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias escenificaban una imagen histórica: la firma de un acuerdo de coalición para gobernar. Entre sus páginas, los líderes del Partido Socialista y Unidas Podemos suscribían compromisos clave en materia de igualdad. Una de esas promesas apuntaba directamente a la puesta en marcha de una legislación contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. El documento clama por erradicarla y promete "favorecer la dignidad de las mujeres, garantizar alternativas y terminar con las redes y las mafias que se lucran con la esclavitud".

El acuerdo apelaba exclusivamente a la trata y sólo incorporaba la palabra prostitución para recordar que el nuestro "es uno de los países de tránsito y destino de muchas de estas mujeres y niñas que son obligadas a ejercer la prostitución". En enero del año siguiente, sin embargo, fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien introdujo una puntualización importante en su discurso de investidura. No habló únicamente de terminar con la trata, sino que también pronunció las palabras "erradicar la prostitución".

Esa pretensión la ha recuperado ahora Carmen Calvo. La vicepresidenta primera apuntó este domingo a la relación indisoluble entre trata y prostitución, entendidos como dos fenómenos que se retroalimentan. "Hay trata porque hay prostitución, si no hay prostitución no hay trata", decía la también secretaria de Igualdad del PSOE. Este mismo jueves, la vicepresidenta primera insistió en que su partido lleva trabajando ocho meses, junto a las comunidades donde gobierna y otras donde no, en un proyecto normativo que "está terminado" y que según fuentes del partido busca "ayudar a las mujeres a salir de la prostitución", haciendo uso de los fondos europeos de recuperación. Las autonomías "necesitan una legislación nacional y el PSOE está dispuesto", completó la vicepresidenta primera. Tanto fuentes de la formación como del ala socialista del Gobierno recalcan que las palabras de Calvo se enmarcan en una reflexión sobre "la necesaria unidad de todas las fuerzas políticas para acordar una legislación nacional".

Esa ley es sobre la que trabaja el Ministerio de Igualdad. Fuentes de la cartera, por su parte, precisan que la norma está en una fase preliminar y que es el propio ministerio, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, quien trabaja sobre ella. Es su competencia, dicen las mismas voces, y es un mandato del acuerdo de coalición. En su programa electoral, la formación morada apostaba además por una legislación contra la trata que desde una perspectiva de género abordase también la explotación laboral, por lo que en la nueva legislación integral habría espacio para casos como el de las temporeras en los asentamientos onubenses o el de las trabajadoras domésticas. Un extremo irrenunciable para los morados que, del mismo modo que la derogación de la Ley de Extranjería, podría generar fricciones con los socialistas.

La nueva contienda entre los dos socios emerge sin que se hayan resuelto las diferencias en torno a la Ley Trans. El Ministerio de Igualdad maneja desde principios de febrero un borrador sobre esta norma, preparada para ir al Consejo de Ministros. El PSOE, sin embargo, se encuentra en un proceso de revisión del texto para concederle seguridad jurídica. Los principales desencuentros surgen en la autodeterminación de género –los socialistas rechazan que las personas trans accedan al cambio registral sin ningún requisito– y en la rectificación registral sin condiciones para los menores de dieciséis y diecisiete años. En esas fechas, con el borrador de la ley a punto, las relaciones se tensionaron con un nuevo movimiento de los socialistas: el registro de su Ley de Igualdad de Trato –ley Zerolo– sin sus compañeros morados. Un desencuentro que apuntaló la sensación de lucha de poder por las políticas de igualdad entre los dos socios.

"Somos abolicionistas"

Preguntados sobre la preparación de una legislación específica contra la trata sin incluir el fenómeno de la prostitución, fuentes socialistas del Gobierno simplemente recuerdan que su partido es abiertamente abolicionista. Es decir, el objetivo último de sus representantes políticos pasa por terminar con lo que entienden como una forma de explotación y una expresión más de la violencia contra las mujeres. Este extremo es uno de los consensos del 39 Congreso Federal del PSOE. "La prostitución, de la que nos hemos declarado abolicionistas, es uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las mujeres", dice la resolución.

Ya en la carrera hacia el 8M, Día Internacional de la Mujer, el partido se volcó de hecho en el problema de la prostitución. Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, protagonizó varios actos en los que ponía de manifiesto la necesidad de "avanzar hacia la abolición de la prostitución". En 2018 el partido incluso trabajó sobre un borrador de ley integral que nunca llegó a ver la luz, pero que ya avanzaba su carácter abolicionista y la urgencia de castigar a los clientes.

En cuanto a Podemos, lo cierto es que el debate en torno a la prostitución anida en la formación de un modo similar al que lo hace en el seno del movimiento feminista. Con su entrada en el Ministerio de Igualdad, Irene Montero dejó clara su postura: el horizonte pasa por la abolición. El departamento es también abolicionista, pero entre sus filas conviven distintas posturas, por lo que se trata de un tema no sólo profundamente delicado –en tanto que apela a condiciones de vida de cientos de miles de mujeres–, sino que además resulta especialmente agrio debido a las posiciones diversas. Fruto del debate, el departamento ha optado por una suerte de tercera vía: el abolicionismo entendido como la protección de las mujeres y la persecución del proxenetismo. No comparten el abolicionismo como sinónimo de punitivismo o refuerzo de las sanciones, ni tampoco apuestan por la regularización del denominado trabajo sexual –aunque no descartan reunirse con las prostitutas en el futuro–. Se sitúan en un punto intermedio que entienden es mayoritariamente compartido por la sociedad.

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Sin embargo, los morados han sido objeto de duras críticas en distintos frentes. Por un lado, sectores partidarios de la abolición exigen valentía al departamento de Irene Montero y legislar para terminar con la prostitución. Quienes por el contrario se dicen proderechos censuran que el área de Igualdad criminaliza a las trabajadoras sexuales. Lo dicen apelando al contenido de la Ley de Libertad Sexual, la futura norma ya conocida como ley del sólo sí es sí, todavía en trámite y con la previsión de aprobarse en los próximos meses.

El borrador de la ley incluye dos puntos relativos a la prostitución. El primero tiene que ver con la modificación del artículo 187.2 del Código Penal, de manera que quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma" deberá afrontar una pena de prisión de dos a cuatro años. En todo caso, matiza la ley, se entenderá que "hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación". El segundo elemento está relacionado con la incorporación del artículo 187 bis en el Código Penal. Este precepto introduce la pena de prisión de uno a tres años para todo aquel que "con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento" a favorecer la "explotación de la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento".

Según su última memoria, el propio Ministerio Fiscal reconoce una "crisis del sistema" a la hora de perseguir los delitos de proxenetismo, especialmente por la "imposibilidad de acreditar las situaciones abusivas a las que está sometida una víctima que admite y reconoce que voluntariamente había accedido al ejercicio de la prostitución bajo la dependencia de un tercero". La misma Fiscalía recoge una reflexión del fiscal delegado de Málaga en la que señala que "si se quiere sancionar a todo proxeneta" bastaría con que el legislador "así lo estableciera, sin ambages ni matices, mediante la sanción al que se lucre de la prostitución de un tercero".

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