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Puerta giratoria: ex altos cargos de la Administración sanitaria han pasado a estar en nómina de las farmacéuticas

Marea blanca del pasado fin de semana en Madrid, que mostró su apoyo a los enfermos de hepatitis C.

En el sector de los medicamentos también hay puertas giratorias. Este término –acuñado por el revolving door inglés– define el paso del sector público al privado, la transición que hacen directivos de la Administración que, tras cesar de sus cargos, pasan a trabajar para empresas privadas vinculadas al sector en el que operaban hasta entonces. Y el mercado del medicamento no es ajeno a esta práctica. Según un recuento realizado por infoLibre, al menos ocho personas vinculadas a la Administración pública sanitaria en los ámbitos estatal y autonómico han pasado en los últimos años, con etapas intermedias o no, a estar en nómina de grandes empresas farmacéuticas. 

La casuística, no obstante, es variada. De los ocho casos analizados por este periódico, en cuatro hubo un paso directo de un sector a otro. En los restantes, los profesionales implicados dejaron pasar dos o tres años para incorporarse a la industria farmacéutica. Es importante destacar que no se trata, en ninguno de estos ejemplos, de prácticas que quebranten las legislaciones vigentes sobre conflicto de intereses, pues estas personas pidieron a la autoridad pertinente en cada uno de los casos que acreditara que había compatibilidad. Y así se certificó en todas las ocasiones, según explican a este diario los propios afectados. 

No obstante, el asunto sí genera un cierto debate. Y este tipo de trasvases sí son a menudo cuestionados desde el punto de vista ético. O estético. Especialmente teniendo en cuenta el alto grado de opacidad con el que suelen actuar las administraciones públicas españolas. En el aspecto de la legalidad insiste Regina Múzquiz, licenciada en Farmacia y funcionaria de carrera que pasó de ocupar el puesto de directora general de Relaciones Institucionales y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad (2000-2002) –bajo las órdenes de Celia Villalobos (PP)– a directora de Relaciones Institucionales de la farmacéutica Aventis (actual Sanofi España). Los cuatro años anteriores (1996-2000) había ocupado una subdirección general en este mismo departamento, liderado entonces por José Manuel Romay Beccaría (PP). 

Cuando le llegó la oferta para pasar a la empresa privada –explica a este diario– pidió la certificación oportuna al Ministerio de Administraciones Públicas, que le expidió un documento que rubricaba que tenía total compatibilidad. "En esos seis años de mi vida profesional no tuve que tomar ninguna decisión relativa a ningún laboratorio, ni a ningún procedimiento relacionado con la industria farmacéutica. Me dediqué a coordinar el trabajo con las comunidades autónomas. Esta es la clave. La ley puede gustar o no, pero es la que hay", señala. No obstante –admite– como le pareció que "podía ser legal pero poco estético" acudir a hacer gestiones al ministerio del que acababa de salir tras ser alto cargo, asegura que "prácticamente" no pasó por allí en los dos primeros años en esa compañía, en los que se dedicó a poner en marcha la Fundación Aventis. 

La actual legislación estatal sobre conflictos de intereses, de 2006, determina que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Se considera que existe relación directa cuando el alto cargo o sus superiores a propuesta de él hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades o cuando hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades. Por el contrario, no se considera que haya incompatibilidad cuando la actividad que vaya a desempeñar el profesional en cuestión en la empresa privada lo sea en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado, ni pueda adoptar decisiones que afecten a éste.

del cargo público a la fundación 

Una explicación similar a la de Múzquiz da Federico Plaza, que pasó en marzo de 2003 de ser viceconsejero de Ordenación Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid a director general de la fundación Abbott, dependiente de los laboratorios farmacéuticos del mismo nombre. Mantuvo ese cargo hasta 2005, cuando pasó a compaginarlo con el de director de Asuntos Corporativos de la misma compañía. Actualmente trabaja en Roche Farma, el quinto laboratorio por volumen de ventas en España.

Una portavoz de Roche señala a infoLibre que Plaza no incurrió en incompatibilidad alguna en su paso directo desde la viceconsejería a  la fundación Abbott porque en el desempeño de su cargo no había tenido ningún tipo de relación con expedientes relacionados con la actividad privada que comenzó a emprender, tal y como recoge la ley de la Comunidad de Madrid. Asimismo, destaca el hecho de que Plaza desempeñara su actividad en una entidad sin ánimo de lucro como es una fundación. En esa misma fundación Abbott participa en la actualidad como asesora la diputada del PSC y exconsejera de Salud de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli. Tal y como se recoge su ficha en el Parlament, Geli no percibe por esa labor un salario, pero sí unas dietas no cuantificadas. 

Tampoco tuvo problemas para encontrar un sitio en la empresa privada Isabel Barreiro, la que fue hasta marzo de 2010 jefa de gabinete del entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Según publicó El Economista, Barreiro fichó en septiembre de ese mismo año por el laboratorio británico GlaxoSmithKline (GSK) como directora autonómica de asuntos sanitarios.No tuvo que esperar a que pasaran los dos años que prevé la legislación madrileña sobre incompatibilidades porque esta norma sólo afecta a "los titulares de cualquier puesto de trabajo que implique funciones directivas (...) cuyo nombramiento se efectúe mediante Decreto del Gobierno" y el suyo era un cargo de libre designación.

Otro caso de paso directo de un cargo de responsabilidad en la Administración a un laboratorio privado es el del médico Jaime del Barrio. Según cuenta en su página web personal, tras ser consejero de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria (1995-2003) recibió "una propuesta irrenunciable desde la multinacional Roche", liderar el nuevo proyecto del Instituto Roche, al que se incorporó en 2003 una vez que ya había cesado como consejero y había vuelto su plaza de médico en el hospital de Valdecilla, puesto que compatibilizaba con el de diputado regional en el Parlamento de Cantabria. Tras la oferta de Roche, relata él mismo a este diario, pidió la excedencia de lo primero y dimitió de lo segundo.

Para incorporarse al laboratorio, asegura, pidió la compatibilidad correspondiente, que fue aceptada. "En mis años como consejero nunca tuve relación de ningún tipo con Roche. Recuerdo que en aquella época la asistencia sanitaria la ejercía el Insalud desde Madrid y los consejeros no interveníamos; asumí estas competencias en el último año de mi mandato, pero bastante tenía yo con lo que había llegado como para ponerme a hablar con farmacéuticas", asevera. Así que, como asegura que su función al frente al Instituto Roche –centrado en la difusión del conocimiento de los avances en medicina genómica y no en la cuestión comercial– "nada tendría que ver con el aspecto comercial de la firma" ni entre sus cometidos "entraba esta relación", empezó su andadura en la firma. 

Pero hay más casos. Como, por ejemplo, los de los exdirectores generales de Farmacia Regina Revilla (1991-1994) y Fernando García Alonso (2003-2004). Revilla recaló en 1996 en el laboratorio Merck tras pasar los dos años anteriores por el cargo de secretaria de Alimentación del Ministerio de Agricultura (1994-1996) con Luis María Atienza Serna (PSOE), como ministro. García Alonso, en una respuesta por escrito a este diario, asegura que "cumplió la legalidad vigente" y que no hubo en su caso conflicto de intereses, pues tras nueve meses en el cargo de director general de Farmacia (2003-2004), estuvo tres años sin trabajar en sector privado. Antes había sido director de la Agencia Española de Medicamentos entre 2002 y 2003 cuando Ana Pastor (PP) era ministra de Sanidad. 

También se mantuvo por un tiempo (dos años, en este caso) fuera del sector privado Juan José Polledo, que fue entre 1991 y 2000 director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad con gobiernos de PP y PSOE. En 2002 se incorporó a la farmacéutica Wyeth, que fue comprada por Pfizer en 2011. "Este es un tema del que hablo con normalidad, sin mala conciencia, pues cumplí la legalidad", señala a este periódico Polledo, que es licenciado en Derecho y Veterinaria y que antes de entrar en política había sido profesor ayudante en la Universidad de Oviedo. 

Pero el asunto de la puerta giratoria llega incluso al corazón de las farmacéuticas, su patronal, Farmaindustria. Según se recoge en la página web oficial, Humberto Arnés –su director desde 2001– asumió desde 1983 a 2001 diversos cargos directivos en la Administración española, primero como subdirector general de Industrias Farmacéuticas, luego como director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industria (CDTI) y, por último, como director general del Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias (IFR). infoLibre se puso en contacto con Farmaindustria para preguntar si su trayectoria previa pudo generar un conflicto de intereses al incorporarse a esta patronal, pero la organización declinó participar en este reportaje. 

más Transparencia para evitar sospechas

Con los casos encima de la mesa, llega la hora del análisis. Colectivos como la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública (FADSP) cuestionan este tipo de transiciones por entender que plantean problemas en el sentido de que, a la hora de tomar decisiones, el cargo público pueda primar los intereses del sector privado en el que posiblemente va a acabar trabajando o que haya un flujo de información privilegiada que acabe por favorecer a la industria. Por eso, explica su portavoz, el médico Marciano Sánchez Bayle, este colectivo aboga por que exista una "total independencia" entre ambos campos y que se aumente a diez años el período de incompatibilidad para pasar de uno a otro si se trata de sectores estrechamente relacionados.

Una opinión muy diferente tienen los profesionales que ha pasado de un sector a otro. Regina Múzquiz –que tras ser alto cargo en Sanidad ahora está en PharmaMar– ve "recomendable" este trasvase pues, a su juicio, "existe un terrible divorcio entre la forma de trabajar y la mentalidad entre el sector público y el privado". "Cuando hay que sentarse a hablar, los idiomas de ambos son diferentes. Es muy difícil traducir del uno al otro y del otro al uno", subraya. Y rescata el ejemplo de los costosos medicamentos de última generación que son capaces de curar definitivamente determinados genotipos de la hepatitis C. "Uno no entiende que se ponga en cuestión su derecho a tener el máximo beneficio y el otro que le exijan una financiación a esos niveles", señala. 

"En otros países el cambio, incluso entre diferentes sectores es un valor en alza, en el nuestro se sigue penalizando, aunque espero que cambie por el bien de futuras generaciones", dice Jaime del Barrio. Él estima "muy positiva" la transición público-privado "siempre y cuando se haga con transparencia". "Queremos a los mejores en lo público –siempre he defendido un sistema sanitario y social público– pero sin reconocer de ninguna manera sus méritos. Y no me refiero únicamente al tema económico, que también, sino al parón de desarrollo profesional, la penalización curricular profesional y académica, las 'sospechas' de lo que se haga después, el estigma social... es una incongruencia", señala. 

Juan José Polledo –después de pasar por Sanidad ahora está en Pfizer– cree que es importante ir al fondo del asunto. "Los profesionales tienen que trabajar donde tienen cosas que aportar, con las restricciones previas que se necesiten y que se pueden cambiar si así lo deciden los ciudadanos de forma soberana", señala. Según su parecer, la sombra de sospecha que generan este tipo de transiciones público-privado tiene que ver con "la creencia radicalmente errónea de que el profesional que ha estado en la Administración a la privada lo único que le puede aportar son influencias". 

El profesor Juan Oliva, economista y presidente de la junta directiva de la Asociación de Economía de la Salud, cree que, en estos casos, la trayectoria profesional "sí es importante". "No es lo mismo un profesional asentado y reconocido que pasa del ámbito público al privado, a una persona que, tras ocupar un cargo político por una cuestión de afinidad, pasa al sector privado en el que no había tenido experiencia ante de su cargo político. Lo último puede que sea legal, pero chirría desde el punto de vista ético", señala.

Jaime del Barrio insiste en esta idea. "Habría que distinguir el paso desde un puesto de responsabilidad política a un cargo de representación en el sector privado, con poca responsabilidad e importantes emolumentos, de aquellos que accedemos a un puesto de trabajo a través de un proceso de selección exigente en competencia con otros candidatos, como ha sido mi caso en los dos últimos grandes cambios", señala. Y añade: "Si alguien con trayectoria profesional previa, tras su paso por puestos de responsabilidad en lo público es requerido profesionalmente, ¿por qué no? ¡Ojala a lo público se entrase también por trayectoria profesional previa y no simplemente por estar cercano al 'aparato'!"

No obstante, explica Oliva, ese recelo con el que parte de la ciudadanía mira este tipo de trasvases no tendría lugar si la Administración fuera más transparente y hubiera comités éticos de control que valoraran los posibles conflictos de interés de personas que van a ocupar un alto cargo sanitario o de personas que lo han ocupado en los cinco años previos. La declaración de los potenciales conflictos de interés de estas personas debería transmitirse a esos comités, que tendrían que informar directamente al Observatorio del SNS o a una Agencia de Evaluación de Servicios Sanitarios y Políticas de Salud y sus informes deberían ser públicos.

"Cuanto más oscuros sean los procedimientos y menos explicaciones se den sobre las decisiones que se llevan a cabo en el ámbito público, más alarmado puede sentirse el ciudadano", asevera. Y rescata en este punto algunas de las propuestas que la Asociación de Economía de la Salud rubricó en el documento Sistema Nacional de Salud. Diagnóstico y propuestas de avanceEste colectivo propone, además de la creación de los citados comités, que los puestos directivos del SNS se contraten "mediante un sistema meritocrático donde la convocatoria de dichos puestos sea pública y abierta, así como la valoración del currículo profesional de los candidatos y la decisión final justificada" y que se exija una declaración de conflictos de intereses de todos los cargos sanitarios de libre designación, que incluya la declaración de las actividades profesionales realizadas en los cinco años previos.

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