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Violencia género

Pulseras contra maltratadores: diez años de luces y sombras en su gestión y funcionamiento

Concentración contra la violencia machista.

Nacieron con la Ley contra la Violencia de Género, pero no comenzaron a ser una realidad hasta cinco años después, en 2009. Entonces, se convirtieron en un artilugio pionero en la lucha contra la violencia machista. Las pulseras contra maltratadores cumplen su primera década en funcionamiento, con más de 1.200 dispositivos en activo y tras un camino de luces y sombras en su gestión.

A lo largo de diez años de vida se han instalado un total de 6.769 pulseras y se han desinstalado 5.521, según las estadísticas oficiales. En la actualidad, son un total de 1.248 los dispositivos telemáticos que vigilan a los inculpados o condenados por violencia de género. 

Tal y como dicta la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el sistema telemático "permite verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos por violencia de género en los que la autoridad judicial acuerde su utilización". El Ministerio de Sanidad es el responsable de contratar la prestación del servicio con una empresa privada para las labores de monitorización, operación e instalación de los dispositivos, desarrolladas por el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa). El espacio, que funciona las 24 horas del día durante todo el año, mantiene relación con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas de Seguridad.

El sistema contra los maltratadores funciona a través de tres elementos: dos dispositivos de localización GPS –para el agresor y la víctima– y un brazalete con señal de radiofrecuencia que porta el maltratador. El dispositivo que lleva la víctima recibe una señal de alarma siempre que el inculpado o condenado se encuentra a una distancia de 500 metros y además la mujer puede dar la voz de alerta en caso de producirse una posible agresión.

Las cifras y el paso de los años obligan al balance. Miguel Lorente estaba al frente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género cuando el instrumento echó a andar. En conversación con infoLibre, Lorente recuerda que planteó la idea como "consecuencia de la constatación de que había casos de mujeres con orden de protección siendo asesinadas". La orden de protección, observa, es al fin y al cabo un "papel que indica a un hombre que no se acerque" a su víctima. Pero a los "criminales morales, aquellos que matan para defender su imagen, su posición, su reconocimiento o su prestigio, no les influye casi nada la repercusión de su acto desde un punto de vista penal".

De hecho no hay más que examinar la conducta de los feminicidas para confirmar esta premisa. La gran mayoría se entrega voluntariamente –dos de cada cuatro, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, la otra parte "se suicida porque asume las consecuencias de sus actos pero no quiere responder" –el 33,3% lo ha intentado y el 20% lo ha hecho, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género– y un porcentaje mínimo genera problemas para las autoridades.

Ante tal coyuntura, Lorente y su equipo creyeron necesaria la búsqueda de un mecanismo que se completara con la valoración de riesgo, "una situación intermedia entre la prisión preventiva y una simple medida de alejamiento". Se trata de un instrumento, rememora el exdelegado, que "permitía mantener el libre movimiento y garantizar el cumplimiento del alejamiento". Fue, presume, "una gran innovación conceptual, porque abordaba ese espacio sin cubrir en un delito en el que tiende a minimizarse el riesgo". Lorente subraya que, en aquel momento, España se convirtió en país de referencia para territorios como Francia, Alemania o países de América Latina.

Protección y disuasión

Desde su puesta en marcha, asiente el exdelegado, "lo primero que se comprobó es que tiene un efecto disuasorio". Cuando un agresor se sabe controlado, deja de acercarse a la mujer, afirma. De hecho, muchos de ellos "lo primero que hacían era probar el sistema, como una especie de reto, hasta que veían que funcionaba".

Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación Themis Mujeres Juristas, suaviza los elogios. "Es un sistema de seguridad que es complementario de otros y que por sí solo no supone una protección total de las víctimas", dice. No obstante, matiza, sí ofrece seguridad y sí puede ser disuasorio para los maltratadores.

Coincide Lorente al resaltar que, "sin ser un elemento que garantice el riesgo cero, es verdad que es un factor de protección que tiene que seguir mejorando tecnológicamente".

Necesidad de mejora

Las mejoras de las que habla el exdelegado son una reclamación tradicional. Lorente recalca que "a veces se dispara la alarma por circunstancias de proximidad que no se corresponden", un extremo que también denuncian algunas trabajadoras del centro Cometa.

Un informe de UGT hecho público en noviembre del pasado año ya ponía de manifiesto las deficiencias del servicio, que ha sido "prestado de manera ininterrumpida por Telefónica mediante la concatenación de contratos producto de las licitaciones". El interés de las empresas en concurrir a estos procesos, de hecho, ha ido menguando con el tiempo. Desde el año 2016, el sindicato ha denunciado que la tecnología 2G de los dispositivos "estaba generando cantidades ingentes de falsas alarmas y que el servicio mismo peligraba ante la inadecuación de los dispositivos" ya obsoletos.

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El pasado año el servicio fue, por primera vez, actualizado mediante la implantación de tecnologías más avanzadas. La actualización vino precedida de toda una serie de denuncias por parte de las empleadas y después de que el concurso para la adjudicación del servicio quedara desierto hasta en dos ocasiones. En julio de 2018, finalmente, la gestión de la herramienta fue concedida a una unión temporal de empresas (UTE) entre dos ramas de Telefónica, única firma que se presentó a la licitación.

Otra de las desventajas, relata Lorente, tiene que ver con "la falta de uso". El exdelegado confiesa no entender que, "habiendo mujeres que han sido asesinadas", no se empleen todas las pulseras disponibles. Al final, relfexiona, "esa minimización del riesgo, pensar que no va a ser tan grave, se traduce en la propia respuesta profesional".

Lo mismo opina Gonzalo, quien escarba entre las razones del desuso. El problema es que "los jueces no tienden a acordar su interposición". Y eso ocurre, en términos generales, debido a "la falta de sensibilidad por parte de los jueces y la falta de comprensión del pánico que viven las mujeres". También la jurista recuerda que "con las mejoras técnicas que se deben efectuar", las pulseras constituyen un "medio previsto en la Ley Integral que, aun no siendo 100% eficaz, suma".

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