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Elecciones 26-J

Rajoy afronta otra campaña con la corrupción en el centro del debate

Los escándalos de corrupción irrumpen de nuevo en la campaña de Rajoy

A poco más de un mes para las elecciones generales del 26 de junio, los escándalos de corrupción vuelven a sobresaltar al Partido Popular. Ahora, como ha ocurrido en las semanas anteriores, el foco no está en Madrid –caso Púnica– o en la Comunidad Valenciana –caso Imelsa–. En esta ocasión, la novedad judicial toca de una forma más directa al presidente del PP porque atañe a la financiación del partido y al pago de las obras realizadas en su sede nacional, en Madrid. En público, el PP subraya que el hecho de que el juez les reclame una fianza de 1,2 millones de euros no puede interpretarse como una "multa" o "condena", sino "una garantía" con carácter subsidiario en base a unas informaciones, las de los papeles de Bárcenas, a las que el partido no da credibilidad. Pero en privado, los dirigentes consultados por infoLibre consideran que la noticia del posible embargo si no se deposita esa fianza no es nada "ejemplarizante" y admiten que es "un obstáculo importante" para el PP y su candidato en un momento en el que celebran actos electorales prácticamente a diario.

El argumentario oficial apunta a que el escándalo de los papeles de Bárcenas los papeles de Bárcenasno es nuevo. Y efectivamente no lo es: se remonta a principios de 2013. Pero independientemente de la ubicación temporal del origen de este caso, las fuentes consultas por este periódico admiten que les complica el discurso.

"Por mucho que lo expliquemos, la idea que queda ahora, hasta que se celebre el juicio oral, es que se relaciona al PP con pagos en B o maniobras para no pagar impuestos", señala un dirigente regional. Y eso, sentencia la misma fuente, va a ser aprovechado por los partidos de la oposición "para vincular a Mariano Rajoy con estos escándalos de corrupción".

Munición para la oposición

En un momento en el que el equipo de campaña de Rajoy estudia la conveniencia de que el candidato participe en debates electorales y en cuántos de ellos, pocos en el PP creen que vaya a poder esquivar ese tema. "No sé si es inédito. Pero me cuesta recordar un caso similar de un partido al que, en mitad de una campaña, se le pida 1,2 millones de euros de fianza", admite un parlamentario miembro de la Diputación Permanente del Congreso. "Es difícil decir que este caso estaba amortizado y que no tenía recorrido cuando hemos llegado a este punto", valora.

Mientras llega el juicio oral, la postura de la dirección nacional del PP va a ser la de insistir en que este proceso, por el que ahora tienen que depositar esos 1,2 millones de euros como garantía, "tiene una base débil". Porque descansa en las acusaciones de una persona en la que el partido hace años que perdió la confianza: el extesorero Luis Bárcenas

En el comunicado emitido por la formación conservadora tras conocerse la petición del juez José de la Mata, el PP subraya que este procedimiento parte de lo que dice el exresponsable de las finanzas del partido "en unos supuestos apuntes manuscritos de cuya veracidad no hay más prueba que la credibilidad que quiera concederse a esa persona". Además, destaca que "hay que recordar que obran en las actuaciones informes que desmienten absolutamente la veracidad, solvencia y consistencia de esos apuntes".

Sobre la asunción de responsabilidades, el partido insiste en que eso tocará cuando llegue el juicio oral y recuerda que no es el PP el que está acusado y que sólo responderá si existe delito y si los autores del mismo carecen de bienes suficientes. La cifra, que el PP asegura que depositará, responde a 220.167 euros por dinero negro no declarado en el impuesto de sociedades de 2008, y 1.024.987 por el mismo concepto correspondiente a la empresa de arquitectura Unifica, que hizo las obras en la sede del partido.

¿Responsabilidad política?

El PP se declara extrañado PP "por el hecho de que se le exija garantizar por entero las posibles responsabilidades cuando no se conoce si los directamente afectados por este auto son insolventes para responder a las mismas".

Este lunes, en rueda de prensa, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, esquivó las preguntas que iban encaminadas a conocer si el partido consideraba que la actual cúpula, Rajoy en última instancia, tenía que asumir responsabilidades políticas. Todo, sobre la base de que de los años investigados por el juez [1990-2008], los cuatro últimos se corresponden con el primer mandato de Rajoy como presidente de la formación.

Blindar a Rajoy

La petición de la fianza, sumada al hecho de que parte de la investigación se centre en una etapa con el PP ya presidido por Rajoy, perjudica la estrategia de los conservadores de blindar a su candidato a la Moncloa. Por mucho que en los últimos meses PSOE y Ciudadanos –sobre todo el partido de Albert Rivera– hayan insistido en que no podían sentarse a negociar con Mariano Rajoy con el argumento de que es incompatible con la regeneración, las presiones no han surtido efecto.

Ante la nueva convocatoria electoral, la dirección nacional del PP confiaba en que sus rivales políticos, al ver los resultados –subrayan que van a mejorar los del 20-D– no iban a atreverse a reclamar un paso atrás de Rajoy. "Si es el que mejor resultados obtiene, antes de pedir su cabeza los demás deberían entregar la suya", dice un miembro de su equipo. Con las novedades judiciales de este martes, el presidente del Gobierno en funciones queda algo más desprotegido.

¿Cuál va a ser la estrategia en las próximas semanas? En la dirección del partido aseguran que van a seguir con su agenda para vender las propuestas del programa electoral y que responderán a todo avance judicial o escándalo "con la máxima contundencia", pero también sin precipitarse. "Tolerancia cero. Pero no somos jueces y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que dejar que la Justicia actúe y en base a eso tomar decisiones", señala un miembro del Comité Ejecutivo Nacional en conversación con este diario. Al hilo de esto, el PP presume de ser el partido de España que más ha hecho por la regeneración y para evitar comportamientos que ahora están en el punto de mira de los tribunales. 

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La primera aparición pública de Rajoy después de que se conociese que su partido tiene que depositar 1,2 millones en señal de fianza será este martes en el parque del Retiro de Madrid, donde presentará a los números uno de su candidatura. El jefe de los conservadores elige Madrid, circunscripción cuya lista encabeza, un territorio en el que la corrupción ha sacudido al partido de forma más fuerte. El PP de Madrid funciona a través de una gestora en manos de Cristina CifuentesCristina Cifuentes, presidenta regional. La expresidenta regional Esperanza Aguirre dimitió cuando su situación ya no era sostenible a medida que se demostraba que, con ella al frente de la formación, la Púnica había campado a sus anchas. Su exnúmero dos en el partido, Francisco Granados, ahora encarcelado, era uno de los cabecillas de la trama. Y, paralelamente, el hombre que la sucedió en el Gobierno regional, Ignacio González, también está siendo objeto de una investigación por el caso del ático de Estepona. 

Pero la marcha de Aguirre no ha borrado la sombra de este escándalo. Ahora, su sucesora hace malabares para salvar su pacto con Ciudadanos mientras cruza los dedos para que su equipo de Gobierno y su Grupo Parlamentario no resulte salpicado. De momento, uno de sus hombres fuertes, el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, aparece en el sumario como presunto perceptor de comisiones. En el PP de Madrid no descartan que se produzcan novedades de este caso en las próximas semanas habida cuenta de que una de las piezas abiertas por Eloy Velasco está secreta. Se refiere a la supuesta contabilidad B del PP regional, tal y como consta en la agenda morada requisada en la casa de Granados, una información adelantada por infoLibre.

La situación del PP en la Comunidad Valenciana y, concretamente, la situación en la que quede Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, es otro de los asuntos que preocupa a Rajoy y su partido. Sectores del PP culpan a su jefe de filas de la permanencia de Barberá en el Senado.

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