Tribunales

La recalificación del Calderón llega al Constitucional

Representantes de Señales de Humo, Ecologistas en Acción y Podemos tras presentar el Grupo Parlamentario el recurso de inconstitucionalidad.

Un total de 54 diputados de Podemos y sus confluencias en el Congreso de los Diputados han presentado este lunes en el Tribunal Constitucional un recurso contra la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid aprobada el pasado 10 de diciembre con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos y que pretendía desbloquear las operaciones urbanísticas Calderón-Mahou y Chamartín.

Según un comunicado de prensa, los parlamentarios de la formación liderada por Pablo Iglesias "se han convertido en el puente que Ecologistas en Acción, la Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial, la asociación Señales de Humo y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) necesitaban para llegar al Tribunal Constitucional", ya que la Constitución española no permite a los colectivos sociales interponer recursos de inconstitucionalidad, pero sí a los diputados del Congreso.

infoLibre se ha puesto en contacto con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que no hará declaraciones al respecto ya que está estudiando y trabajando el contenido del recurso de inconstitucionalidad.

Separación de poderes

En concreto, el recurso, el primero del Grupo Parlamentario de Podemos y sus confluencias en el Congreso, se interpone contra la disposición adicional de la ley 4/2015, de 18 de diciembre, que ataca la separación de poderes. En concreto, esta nueva norma que en su preámbulo sostiene que desde hace ocho años "la Comunidad de Madrid se encuentra a la deriva dentro de un mar de sentencias judiciales y paralizaciones de planeamientos de desarrollo que impiden la evolución de nuestras ciudades, privando de la oportuna actividad económica y oferta de empleo tan necesaria en la actualidad".

Este "caos", apunta la ley aprobada por Ciudadanos y por el PP, tiene su origen en la prohibición de edificar con una altura superior a tres plantas más ático. "La realidad es que esta modificación restrictiva y en nada liberal, ha generado un caos urbanístico según la opinión de todos los expertos, favoreciendo ciudades expansivas, por todo el territorio de nuestra Comunidad".

La redacción de la norma provocó, según el preámbulo de la ley, que los planeamientos fueran paralizados y anulados "de forma sistemática por el Poder Judicial, convirtiendo a los jueces en los verdaderos agentes urbanizadores del territorio".

"Imponer a Poder Judicial"

Y por eso, Podemos considera que la ley que ha recurrido tiene como "único sentido imponer al poder judicial una única interpretación posible de otra norma anterior", apunta el recurso de inconstitucionalidad, que recuerda que fue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que paralizó la denominada Operación Calderón-Mahou por ser contraria a la Ley del Suelo vigente.

"El poder legislativo no puede influir en la toma de decisiones por parte de los órganos del poder judicial ni alterar el contenido de sus resoluciones", explica Podemos, que concreta que asegura que la nueva ley "invade las competencias propias de los órganos de la justicia ordinaria, pretendiendo alterar el contenido de sus decisiones".

De esta forma, el recurso de inconstitucionalidad de Podemos no ataca la eliminación de la prohibición de las tres alturas, sino que lo hace contra la disposición adicional, que según esta formación política "viene a intentar revertir" los fallos judiciales que hasta el momento han paralizado la operación urbanística Calderón-Mahou.

Operación Calderón

Según Podemos, estas leyes tienen validez "para casos determinados con anterioridad a su entrada en vigor" y que pretenden "dejar sin efecto decisiones judiciales firmes". La Operación Calderón ha permanecido paralizada por los tribunales hasta que el Tribunal Supremo ordenó hace varios meses reiniciar el proceso judicial.

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Enrique Villalobos, que acompañó a los diputados hasta la sede del Constitucional en Madrid, ha recordado que la nueva ley derogaba el artículo que limita a tres alturas más un ático las edificaciones que se construyan en los nuevos desarrollos de la región. "Este artículo es precisamente el que ha utilizado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para anular los dos macroproyectos urbanísticos más importantes de la ciudad de Madrid: Mahou-Calderón y Chamartín o la prolongación del Paseo de la Castellana".

Estas dos operaciones suponen la construcción de más de 20.000 viviendas, rascacielos, centros comerciales, hoteles de lujo y oficinas. "Esta ley no tiene sentido más allá de lograr un rápido desbloqueo judicial de estos dos proyectos”, ha afirmado Villalobos.

María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, la organización que ha logrado la paralización cautelar de la operación Mahou-Calderón, aludió a la disposición adicional de la ley, porque podría vulnerar el principio de la separación de poderes". "Esta disposición está redactada claramente para neutralizar al TSJM en los procesos judiciales abiertos", ha lamentado Nieto.

60.000 firmas en contra

El portavoz de la Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial, Antonio Ardura, ha hecho hincapié en la oposición vecinal existente en Arganzuela contra la operación Mahou-Calderón: “Hemos recogido 60.000 firmas en contra. No necesitamos rascacielos con viviendas de lujo, queremos dotaciones y equipamientos que mejoren nuestra calidad de vida". Esta macroperación”, ha continuado Ardura, "no solo no resuelve estas carencias, sino que las agrava, al traer más habitantes a una zona con equipamientos deficientes, especialmente educativos, culturales y asistenciales".

El presidente de la asociación Señales de Humo, José Luis Sánchez, ha recordado que fue esta organización la que interpuso el primer recurso contra la operación Mahou-Calderón "y el despilfarro olímpico. Pretenden cambiar la regla en mitad del partido; alarma esta situación de indefensión e inseguridad jurídica. El entramado empresarial que se esconde tras estas operaciones ha recurrido a todos los subterfugios para sacar adelante un proyecto que perjudica al Atlético, a su afición y a la ciudad", ha completado Sánchez.

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