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Los registradores crean una nueva asociación para luchar contra la reforma de Rajoy y Gallardón

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La reforma de los registros impulsada por el Ministerio de Justicia ha puesto en pie de guerra a los registradores de la propiedad y mercantiles. Tras una asamblea en Zaragoza, la tercera que ha celebrado este cuerpo desde 1934 y que rechazó casi por unanimidad el proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón, además de unas elecciones anticipadas que cambiaron la dirección del Colegio Oficial, hasta entonces favorable a la reforma, hoy se crea en Madrid una nueva asociación de registradores para seguir combatiendo una ley que, según sus miembros, acabará con “uno de los mejores sistemas registrales del mundo”.

Más de un centenar de registradores, todos ellos contrarios a la reforma de Ruiz-Gallardón, integran ya la Asociación Francisco de Cárdenas. Presidida por el registrador de Algeciras Fernando Martínez Martínez, tiene como objetivo principal “reforzar y defender la independencia de los registradores frente a los intentos del Gobierno de someterlos a la estructura jerárquica de la Administración Pública”, explica uno de sus fundadores.

Entre otros cambios, la reforma supone el traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles –ahora está encomendada a jueces y funcionarios de Justicia–, así como la creación de una plataforma tecnológica común que permitirá la homogeneización de los sistemas informáticos de todos los registros y la coordinación del Registro de la Propiedad con el catastro.

Además, el Gobierno se ha comprometido a que todos los trámites civiles, más de tres millones al año, que los ciudadanos lleven a cabo sigan siendo gratuitos con el nuevo sistema. Serán los registradores mercantiles, con los aranceles que cobran a sus usuarios, quienes sufraguen esa nueva actividad que se les ha encomendado. También deberán pagar el coste de la nueva plataforma electrónica.

Arancel, garantía de independencia

Tanto el Colegio de Registradores –que engloba a los de la Propiedad y a los mercantiles– como la Asociación Profesional de Registradores se oponen frontalmente a este nuevo sistema de gestión. No son los únicos. El proyecto de Ruiz-Gallardón ha levantado también las protestas de jueces, secretarios judiciales, colegios de abogados y funcionarios de Justicia. Unos porque adivinan detrás de este movimiento una privatización del Registro Civil y, al tiempo, temen por cientos de puestos de trabajo interinos, los funcionarios que ahora se encargan de estos trámites y que dependen de los juzgados. Los registradores, por su parte, oponen que no pueden asumir el ingente trabajo adicional que va a suponer el Registro Civil ni hacerlo de forma gratuita. A su juicio, en el arancel que cobran a los usuarios de sus servicios radica también su independencia de la Administración. Y resaltan que los trámites civiles no van a ser gratuitos, sino que los van a pagar los usuarios de los registros mercantiles.

Los registradores son funcionarios –acceden al puesto por oposición–, pero no cobran de los Presupuestos del Estado como el resto de los empleados públicos, sino que viven de los aranceles. Además, el resto de los trabajadores de sus oficinas son empleados laborales que ellos contratan y a los que pagan de los ingresos obtenidos con su actividad.

Ante el rechazo de los registradores de la propiedad, Justicia optó finalmente por encomendar la gestión del Registro Civil sólo a los mercantiles. Los primeros son un millar, los segundos, poco más de una centena. Ése ha sido un nuevo motivo de enfrentamiento entre el Colegio de Registradores y el ministerio. De forma que en el decreto ómnibus que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de julio, el Gobierno crea una nueva “corporación de derecho público” –los colegios profesionales lo son– integrada por los registradores mercantiles al cargo del Registro Civil. Los registradores que rechazan la reforma aseguran que el Ejecutivo pretende crear un colegio “paralelo” al actual. Esa nueva corporación será la encargada de pagar el sistema informático integrado que compartirán todos los registros y que, sin embargo, licitará la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa.

La asociación que nace hoy pretende, frente a la postura “más institucional” del Colegio, actuar con “mayor contundencia” contra la reforma de los registros. Los registradores han sumado unas 150 firmas para apoyar las alegaciones que ya han formulado contra el próximo decreto que prepara el Gobierno y que enviarán al Consejo de Estado. Pero, además, presentarán todas las impugnaciones judiciales precisas, tanto ante el Tribunal Supremo como ante el Constitucional, para intentar parar la reforma. Lo mismo prometen hacer con el concurso para adjudicar el programa informático común.

Agria batalla interna

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En cualquier caso, las fuentes de los registradores consultadas por infoLibre niegan que haya peligro de escisión entre ellos. A pesar de la agria batalla interna que mantienen el grupo de los que apoyan el proyecto de Ruiz-Gallardón y quienes lo rechazan. Los primeros se agrupan en torno a otra asociación, Arbo (Asociación de Registradores Bienvenido Oliver), de la que se dieron de baja a partir de 2012 destacados miembros del colectivo como Beatriz Corredor –exministra socialista de Vivienda–, Fernando P. Méndez –exdecano del Colegio–, Nicolás Nogueroles –secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral– o el propio Fernando Martínez, ahora presidente de la nueva Asociación Francisco de Cárdenas. Arbo acusa al actual decano del Colegio, Gonzalo Aguilera, de sostener una “táctica suicida” enfrentándose al Gobierno.

Según los opositores a la reforma, el grupo en torno a Arbo es sólo minoritario entre los registradores. Se trata, dicen, de profesionales vinculados a la Dirección General de los Registros y del Notariado, cuyo titular es otro registrador –de Zaragoza–, Joaquín José Rodríguez, al igual que su segundo, Francisco Javier Vallejo –registrador de Avilés–. También incluyen en el mismo sector a Javier Angulo, jefe de Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad y registrador de Lleida.

Este último aparece citado, junto a Joaquín José Rodríguez, en la denuncia que CCOO ha presentado ante la Fiscalía General del Estado por intervenir en “actividades, negociaciones y asesoramientos” que la ley considera vedadas a funcionarios públicos. Según explica el sindicato, Angulo era administrador de Futuver Rumanía, filial de Futuver Consulting, con la que Justicia contrató, a través del Colegio de Registradores, un programa informático para el proyecto gestionado por el primero. CCOO también ha denunciado ante el fiscal al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro Ruiz-Gallardón, por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma de los registros, pese a ser registrador y hermano de dos registradores el primero, y suegro y cuñado de otros dos el segundo.

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