Una residencia con más de 50 muertes por covid-19 fue sancionada hace seis meses por desatención y otras faltas "graves"

La Comunidad de Madrid impuso en septiembre una multa de 30.000 euros por cinco infracciones graves a una residencia de ancianos que el 2 de abril reconoció que los fallecidos por el covid-19 sumaban ya 50 aunque, a día de hoy, los familiares elevan la cifra a 89. Se trata de Vitalia Leganés, propiedad de uno de los grandes grupos privados que operan en el sector, una de las 13 intervenidas en Madrid y contra la que pesa una de las más de 20 denuncias recibidas por la Fiscalía madrileña tras la escalada de muertes en geriátricos. Aunque las fuentes consultadas en el Gobierno regional no desvelaron en qué hechos concretos se sustentó la imposición de aquella multa ni qué pasos se han dado para comprobar si las deficiencias fueron corregidas, sí detallaron los preceptos legales cuyo incumplimiento consideró probado la Consejería de Políticas Sociales. Y entre ellos figuran el que expresamente se refiere a no facilitar a los residentes "la debida atención sanitaria y/o farmacéutica" y el que considera también grave "no tener el establecimiento y el equipamiento en las condiciones debidas de mantenimiento, higiene, confort o salubridad".

Los cinco preceptos vulnerados constan en el artículo que la ley autonómica sobre centros y servicios de acción social dedica a desgranar las "infracciones graves". Y son esos cinco (el artículo 28.b, el 28.c, el 28.d, el 28.j y el 28.k) los que explican la multa impuesta el 30 de septiembre. La sanción quedó reducida a 18.000 euros porque, según la Consejería que dirige Alberto Reyero, la empresa admitió su responsabilidad, lo que equivalió a una reducción del 40%. Aquel fue el punto que puso fin a una reclamación masiva planteada en mayo de 2018 por familiares de los residentes, cuyo escrito trazaba un relato amargo y pormenorizado sobre las condiciones de vida dentro de la residencia.

Parte de esos hechos originaron la sanción. Pero otra parte –la relativa a una supuesta falta de personal– no prosperó. Según el colectivo que agrupa al entorno familiar de los usuarios de Vitalia Leganés, aquel texto de reclamación fue rubricado por 190 personas, de las que 165 eran parientes y 25, residentes en Vitalia Leganés. infoLibre no ha podido acceder al listado de firmantes. Pero, ahora y agrupados en un "comité de familiares", aguardan la respuesta de la Fiscalía de Madrid a la denuncia que en su nombre formuló el 25 de marzo la asociación Defensor del Paciente.

Vitalia niega tajante la autenticidad de los datos que maneja el citado comité aunque las fuentes con que logró contactar este periódico se abstienen de actualizar los números que la empresa confirmó el 2 de abril. "La cifra de fallecidos a día de hoy en Vitalia Leganés no llega a 89", se limita a asegurar el interlocutor de este periódico. Y ofrece un dato sobre fechas: "Hasta el 15 de marzo no se nos comunica por el Severo Ochoa que hay un residente al que se le ha diagnosticado el covid-19". 

"Lo tenemos por escrito"

Pero las fuentes pulsadas en Vitalia no se detienen ahí. Y lanzan una afirmación de calado: "A partir de ese día [el 15 de marzo, cuando el hospital clave de Leganés diagnosticó el primer caso de residente contagiado] enviamos un correo diario al Severo Ochoa, a Servicios Sociales y a Sanidad [de la Comunidad de Madrid] para transmitir y recabar información todos los días. Hasta el 30 de marzo teníamos una situación normal, con 8-9 fallecidos por mes sobre 260 residentes, que es una cifra normal dado que una parte de ellos están en cuidados paliativos. El 18 de marzo fue el último día que nos permitieron derivar a hospitales un solo paciente, y eso lo tenemos por escrito. Hasta el 2 o el 3 de abril no nos dejaron derivar a muchos residentes a ningún hospital". La fuente acude al siguiente ejemplo para ilustrar la gravedad de lo que narra: "Hasta hubo un dia en que la directora general de Atención al Mayor nos mandó cuatro ambulancias pero una hora más tarde estaban de vuelta en la residencia porque ningún hospital los aceptó a los pacientes. El argumento era que no tenían plaza. Escribíamos al Severo Ochoa, nuestros médicos llamaban desesperados a todos los hospitales. Hay un correo que dice: oye, que se me murieron ayer siete".

"La impotencia –agrega como colofón– es muy grave y muy grande cuando tenemos esos datos y se falsean porque hemos intentado hasta derivar a usuarios a hospitales privados y lo hemos hecho cuando hemos encontrado plazas". "La empresa –y ese es el leit motiv que repite la fuente a lo largo de la conversación– cumple escrupulosamente la normativa vigente y la está cumpliendo también desde el principio de la pandemia: se han creado zonas de aislamiento y se ha clasificado a los residentes en los cuatro grupos que establece la orden de sanidad". 

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Al hablar de datos falseados, Vitalia se refiere a lo que los familiares de residentes en el centro de Leganés ya sostenían en la reclamación planteada ante la Comunidad de Madrid en 2018 y que reiteraron en otra cursada. En resumen, el descuido y la desatención como patrones de comportamiento. En su denuncia ante la Fiscalía añaden un elemento difícil de imaginar antes de la pandemia: la supuesta desinformación, además de la ausencia de medidas de protección para los trabajadores de la residencia, o acusaciones como esta: que"con 90 de saturación no están poniendo oxígeno, que no les mandan al hospital Severo Ochoa cuando se ponen malitos, quizás si los hubiesen llevado para intubarlos alguno podía haberse salvado".

Las fuentes consultadas en Vitalia niegan de forma tajante que en algún momento, y siempre con los medios disponibles, no hayan hecho todo lo posible por la salud de los usuarios. Ahora bien, ni siquiera acceden a aportar datos sobre qué ocurrió para que la Comunidad de Madrid, reacia a sancionar a los gestores o propietarios de residencias concertadas, le impusiera a Vitalia Leganés una multa por cinco infracciones graves. Ante la insistencia de este periódico sobre este punto, las fuentes se limitaron a formular una pregunta: “¿Qué tiene que ver lo que ocurriera en 2018 con la pandemia? Si a ti te multan por ir a 160 kilómetros significa eso que siempre conduces a 160?”. Vitalia Leganés –agrega el interlocutor de este periódico– fue objeto de una inversión formidable en 2019 para mejorar servicios y lograr incluso que "si los familiares quieren comer a diario con los residentes puedan hacerlo y comprobar que estamos dando un buen menú". Ni la fuente puso números a esa inversión ni accedió a dar ninguna explicación adicional.

La confirmación de que la Consejería de Políticas Sociales impuso la sanción a Vitalia Leganés en septiembre de 2019 mediante la resolución 4416/2019 tras un expediente iniciado en 2018 plantea un interrogante que el equipo de Alberto Reyero no ha accedido a explicar: si pasó algo que modificara la línea seguida hasta entonces. Algo además del cambio en la cúpula del departamento, que tras el pacto de Gobierno con Ciudadanos pasó de estar en manos del PP a quedar bajo el mando de Reyero, diputado de la formación naranja y experto en dependencia. El interrogante se abre paso porque la respuesta que en agosto de 2018 dio la Dirección General de Atención al Mayor dejaba en agua de borrajas la queja masiva de los familiares. Por razones que este periódico no ha logrado averiguar, el expediente siguió otro rumbo y el último día de septiembre de 2019 recayó una sanción sobre Vitalia Leganés.