Sánchez aumenta la presión sobre Torra y trata de controlar la situación en la calle sin adoptar medidas excepcionales

El Gobierno insiste en separar la violencia en las calles de las ciudades catalanas, que afronta exclusivamente por medios policiales como “un problema de orden público”, de las manifestaciones pacíficas contra la sentencia del ‘procés’. Y, sin descartar ningún escenario, mantiene intacta su estrategia de afrontar la situación desde la “moderación”, ajustando en cada momento las medidas a la situación actual.

El propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, ratificó esta posición en una comparecencia ante la prensa después de acudir a la sesión extraordinaria del Consejo Europeo celebrada en Bruselas para ratificar el nuevo acuerdo de salida del Reino Unido de la Union Europea. Sánchez subrayó la importancia de que las acciones del Gobierno tengan “legitimidad social” y este es el momento de “la moderación”. En su opinión, “la ponderación de las medidas contribuye a calmar los ánimos, a reconducir las situaciones y eso es lo que va a hacer el Gobierno de España”.

Lo cual no significa que no vayan a insistir en perseguir los actos de violencia. Tanto Sánchez como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, convertido en portavoz del comité que coordina las actuaciones de la Policía y de los Mossos, así como las investigaciones, volvieron a subrayar que “no habrá impunidad”.

“Los culpables de actos violentos serán identificados y conducidos ante la justicia para que reciban la sanción que les corresponde”, subrayó Sánchez. “No va a haber ningún espacio para la impunidad ante los graves hechos violentos que hemos visto en los últimos días en distintas ciudades de Cataluña”, reiteró.

"Vamos a aplicar el Código Penal"

“Quienes vulneran las libertades democráticas se están encontrando y se encontrarán con el ejercicio proporcionado pero contundente de la ley, expresado a través de las fuerzas de Seguridad de Estado”, subrayó Marlaska al filo de las nueve de la noche, cuando los violentos se enfrentaban a la policía en la Vía Laietana de Barcelona. “A estos grupos minoritarios les quiero enviar este mensaje: vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda contundencia. Y a todo el independentismo que actúa fuera de la ley, también. Les recuerdo que, ante los delitos de atentado contra la autoridad, el Código Penal prevé penas que pueden llegar hasta seis años de prisión”.

En paralelo a la acción policial, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la causa secreta sobre la presunta actividad terrorista de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), abrió una nueva línea de investigación, esta vez sobre la plataforma Tsunami Democràtic, también por delito de terrorismo, y ordenó el cierre de sus páginas webs y perfiles en redes sociales, que reaparecieron poco después replicadas en otros dominios.

El Gobierno sigue elogiando la colaboración con la policía autonómica catalana y, por eso mismo, descarta tomar medidas excepcionales para hacer frente a los disturbios, como le siguen pidiendo los partidos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, cada vez con más intensidad.

No obstante, sí mantiene la vigilancia sobre las instituciones catalanas, que en los últimos días le llevó a pedir al Tribunal Constitucional el envío de sendos requerimientos al Parlament y al Govern para recordarle su obligación de no tramitar ni aprobar ninguna resolución contraria a la unidad de España o a la monarquía.

En esa línea, el Consejo de Ministros dio este viernes una nueva vuelta de tuerca al Govern presidido por Quim Torra y a su estrategia de internacionalización del conflicto al solicitar al TC la anulación, por inconstitucional, del Plan de Acción Exterior aprobado por la Generalitat el pasado mes de junio y que el Ejecutivo catalán se negó a modificar después de que el Gobierno español se lo solicitase por vía oficial el pasado mes de agosto.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, explicó que el plan excede las competencias de la Generalitat y menoscaba las del Estado, especialmente si se interpreta en el “contexto” de un proceso independentista “que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España”.

Tras consultar al Consejo de Estado y recibir un informe favorable, el Ejecutivo ha decidido presentar un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional en el que solicita la inmediata suspensión del plan. No obstante, ello no supone el cierre de las oficinas de la Generalitat en el extranjero.

Es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) varias de estas delegaciones. Las primeras fueron por motivos formales, pero en el caso de las tres últimas anunciadas por la Generalitat —Túnez, Argentina y México— el argumento es que, a la luz de experiencias previas, estas oficinas no pretenden la “legítima proyección exterior” de Cataluña, sino “un fin inconstitucional como es la creación de una ‘estructura de Estado’ al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista”.

La Generalitat, como todos los Gobiernos autonómicos, debe comunicar de antemano al Gobierno central la apertura de sus oficinas en otros países, y el Gobierno central elaborar un informe que cuenta con participación de Hacienda, de Política Territorial y de Exteriores, que es quien valora si estas oficinas se adecúan a los principios de unidad de acción exterior que prevé la ley.

Todas las delegaciones aprobadas por Torra han recibido informe negativo, pero eso no ha logrado frenar su apertura, informa Europa Press. Exteriores pidió, a posteriori, la paralización cautelar de las de Londres, Berlín y Ginebra —el TSJC lo desestimó por considerar que debía haber pedido el cierre cautelar en el momento de presentar el recurso—.

El Gobierno sostiene ante el Constitucional que la Generalitat ha actuado contra las competencias exclusivas del Estado en materia de relaciones internacionales y que “ha vulnerado el principio de lealtad constitucional”. El plan, según la ministra portavoz, omite toda referencia al Estado como competente en relaciones internacionales y a la función de coordinación que realiza el Gobierno. No menciona otros organismos y “sujetos” de la acción exterior, ni la normativa española que se aplica y existe, subrayó Celaá, una “falta de rigor” en los términos que se emplean.

El Gobierno puso en todo momento el foco sobre los grupos violentos y los distinguió de los manifestantes, que este viernes multiplicaron su presencia en Barcelona coincidiendo con una huelga general convocada para culminar una semana de movilizaciones contra la sentencia del ‘procés’.

La “fortaleza” de la democracia

De hecho, Sánchez aprovechó la normalidad con la que transcurrió la protesta pacífica para subrayar que “el ejercicio del derecho de manifestación es la expresión y la prueba viva de la fortaleza” de la democracia. “Quienes la ponen en duda pueden comprobar que en España son respetadas todas las libertades, todos los derechos y todas las opiniones, y nadie es sancionado por sus ideas, solo por sus acciones cuando estas son, precisamente, contrarias a la legalidad democrática”.

En torno a 525.000 personas, según la Guardia Urbana, participaron en la movilización para reivindicar la independencia de Cataluña y rechazar la sentencia del Supremo. Es una cifra inferior a la que el mismo cuerpo policial, que depende del Ayuntamiento de Barcelona, ha facilitado en los últimos años con ocasión de la Diada del 11 de septiembre (600.000 hace un mes, un millón en 2018 y 1,8 millones en 2014, que sigue siendo el cénit de las protestas independentistas).

La manifestación sirvió de remate a la huelga general de este viernes y de punto de confluencia de las cinco autodenominadas marchas por la libertad que desde el miércoles han recorrido 100 kilómetros a pie para expresar su protesta contra la sentencia.

En un ambiento festivo y familiar, los participantes han entonado canciones como L'estaca, Bella Ciao y han cantado Libertad con aplausos al unísono e “Independència”, “Las calles siempre serán nuestras”, “Prensa española, manipuladora” y “Unidad”, en referencia a las discrepancias dentro del independentismo.

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En el momento de los discursos, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, pidió a los partidos independentistas que declaren la independencia si el Estado no concede una amnistía a los presos soberanistas y permite la autodeterminación.

Mientras se desarrollaba la manifestación pacífica, en la Vía Laietana comenzaron los disturbios, cuando grupos de radicales se sumaron a una manifestación de estudiantes para intentar llegar a la Jefatura de la Policía Nacional ubicada en esta calle.

Los agentes antidisturbios han respondido a las agresiones de los violentos lanzado gas lacrimógeno y pelotas de goma. Los manifestantes, que se congregaban allí desde las 13.00 horas, ante la Jefatura quemaron contenedores, para hacer una barricada e impedir el paso de furgonetas policiales y arrojaron multitud de objetos contundentes —incluidas piedras, bolas de acero y petardos— a la policía.