Sánchez condiciona su apuesta por el diálogo a que el independentismo renuncie a la ruptura

Hasta este sábado, la última vez que Pedro Sánchez había hablado en público había sido en la noche del domingo 1 de octubre. Entonces se limitó a leer una declaración sin preguntas en la que elevó el tono de las críticas contra el Gobierno de Mariano Rajoy por no haber sido capaz de impedir la votación independentista y, al mismo tiempo, haber utilizado fuerza desproporcionada para cerrar colegios electorales. Y, sobre todo, para exigirle que abandonara la inacción en la que se instaló hace seis años e hiciera una oferta de diálogo inmediata y sin condiciones al president catalán, Carlos Puigdemont, que permitiera reconducir el problema a una mesa de negociaciones.

Las mismas críticas y la misma exigencia se las trasladó en persona al día siguiente en La Moncloa, en una reunión que se prolongó por espacio de hora y media. Mariano Rajoy no respondió expresamente a la petición pero si indirectamente: el presidente y su Gobierno llevan toda la semana defendiendo que no hay nada que hablar con Puigdemont mientras no regrese a la legalidad y renuncie a cualquier vía unilateral.

En ese contexto, Sánchez añadió el martes un ingrediente más con el que buscaba aliviar la presión que sufre el PSC al ordenar a la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, que pusiese en marcha una reprobación parlamentaria contra la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, responsable de la estrategia política y operativa del Gobierno para impedir el referéndum.

Los socialistas catalanes vivieron el 1-O atrapados entre la defensa de la legalidad y el rechazo a la utilización de la fuerza pública contra los ciudadanos que intentaban votar. Para la mayoría de sus alcaldes y para la dirección de Miquel Iceta, convertidos de hecho en el principal y casi único frente institucional de oposición al independentismo (PP y Cs no manejan poder efectivo y En Comú Podem defiende el derecho a decidir de forma pactada), está siendo muy complicado defender el respaldo que el PSOE ha venido prestando a la decisiones del Gobierno del PP. Después de que las cargas policiales diesen a los independentistas acceso a la opinión pública internacional, necesitaban un gesto de distancia con Rajoy y Sánchez se lo dio en forma de reprobación a la número dos del Gobierno.

  Ningún dirigente territorial ha criticado en público la estrategia oficial y todos han defendido diálogo y legalidad

Esa decisión, sin embargo, desató inmediatamente las iras de la vieja guardia de un partido en el que siguen teniendo gran influencia dirigentes políticos contrarios a las tesis territoriales de Sánchez, como son Susana Díaz (Andalucía), Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) o Javier Lambán (Aragón). Sin embargo, ninguno de ellos criticó al secretario general, que hace apenas seis meses reconquistó el liderazgo del partido con el respaldo nada menos que del 50% de los militantes. Los pronunciamientos contra Sánchez fueron periféricos y hundían sus raíces más en el pasado que en el presente del partido: José María Barreda, expresidente castellano manchego y diputado en el Congreso; Alfonso Guerra, ex número dos del PSOE en la época de Felipe González; el expresidente madrileño Joaquín Leguina y los antiguos dirigentes y cargos públicos como Julián García Vargas, José Rodríguez de la Borbolla, Javier Rojo, Juan José Laborda o Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Más allá de esas voces disidentes, que reclaman un cierre de filas sin matices con el Gobierno de Mariano Rajoy, nadie tomó la palabra para replicar al secretario general. Más bien al contrario: en sus mensajes públicos, y aunque en privado tengan otra opinión, todos apostaron por el diálogo y la defensa de la legalidad de los que Sánchez ha hecho bandera. Susana Díaz defendió “ayudar y colaborar en la restitución y el respeto a la Constitución y la convivencia”, pero también comprometió su apoyo a la “solución política que se tiene que llevar a cabo”. “Voy a colaborar en cuanto sea necesario y así lo saben el presidente del Gobierno, el secretario general del PSOE y todas las fuerzas políticas”, precisó el lunes, el mismo día en el que el PSOE andaluz, por boca de su secretario de Organización, Juan Cornejo, proclamaba estar “al 100%”, con Sánchez. Lo que toca es “buscar puentes, negociar y lograr acuerdos”. “Sin ley no hay democracia”, declaró, pero hay que abrir un “nuevo escenario y una nueva etapa de entendimiento para la resolución de los problemas políticos”.

En esa tesis se han movido, al menos públicamente, otros dirigentes críticos con la defensa de la plurinacionalidad de España, como el aragonés Javier Lambán, que el lunes también secundó “urgir y exigir” a Rajoy que inicie una negociación cuanto antes con Cataluña “para encontrar una solución política al problema”. O García Page, más tibio, pero que aún así este viernes reivindicaba el diálogo dentro de la Constitución.

Moción aparte merece el secretario general valenciano, Ximo Pu¡g, con el que Sánchez ha conseguido restañar heridas (fue uno de los dirigentes que se alineó en las primarias de mayo a favor de Susana Díaz) y empezar a tejer cierta complicidad en materia territorial que ya se hizo perfectamente visible el acto que los dos compartieron este sábado en València.

  Sánchez no teme una rebelión de los críticos aunque es consciente de que no le van a dar tregua 

Fuentes de su entorno han confirmado a infoLibre que Pedro Sánchez está convencido de que sus adversarios internos, los que salieron derrotados hace seis meses, esperan una oportunidad para poner palos en las ruedas del proyecto político que apenas acaba de empezar a desarrollar en el PSOE. Y sabe que la crisis catalana tiene el potencial de ofrecerles una ocasión muy buena para crearle dificultades. Pese a ello, las mismas fuentes afirman que no se muestra preocupado por el frente interno, consciente como es del capital político que depositaron en él la mayoría de los militantes socialistas, un respaldo todavía demasiado reciente como para ser puesto en duda por sus adversarios.

Con todo, la intentona secesionista ha puesto a la dirección socialista entre la espada de los partidos que defienden el derecho a decidir de Cataluña con un referéndum pactado (esta es la tesis que defienden los independentistas pero también Unidos Podemos) y la pared de los que han hecho bandera del inmovilismo y desde hace años se niegan a modernizar el orden territorial español (el PP y Ciudadanos).

En medio, y de común acuerdo con el PSC, que es el partido que sufre sobre el terreno la presión política de los partidarios de la ruptura, Sánchez defiende, al mismo tiempo, diálogo político y respeto de la legalidad. Y aunque el secretario general no ha modificado ese discurso (lo repitió este sábado en València, en su primera intervención pública —también sin preguntas— en una semana), su equipo lo ha modulado en los últimos días y ahora enfatiza que, para que haya diálogo, primero Puigdemont debe volver a la legalidad.

Un cambio que ha coincidido con la perspectiva de que el independentismo proclame la independencia de la Cataluña en el pleno del Parlament convocado para el próximo martes, una circunstancia que ha agravado la tensión. Y con un mensaje del rey Felipe VI en el que el jefe del Estado no hizo mención alguna, ni siquiera de forma retórica, a la necesidad de resolver este problema mediante el diálogo, algo que no ha sentado nada bien en la dirección del PSOE aunque, con alguna excepción, sus miembros eviten decirlo públicamente.

El mismo martes del debate en el Parlament los socialistas tiene intención de celebrar una reunión de su Ejecutiva Federal y, en función de los acontecimientos, Sánchez ya ha anticipado su disposición a convocar tanto el Comité Federal como el Consejo Territorial del partido, dos órganos en los que tienen presencia los barones autonómicos pero que ahora, después de las primarias, ya no son mayoritariamente hostiles al secretario general, como ocurría hace un año.

  El secregario general siempre ha defendido el respeto a la legalidad, además del diálogo

Las voces que han criticado la posición de Sánchez sobre Cataluña obvian que el secretario general nunca ha defendido ceder a la demanda unilateral del independentismo. El líder socialista propone, y defenderá con toda probabilidad ante los órganos de representación del partido, la legalidad constitucional y el apoyo del PSOE al Gobierno para respaldar el Estado de derecho. Una tesis que, en opinión de la dirección socialista, no contradice la necesidad de buscar una solución política al encaje territorial de Cataluña, tal y como defiende el PSC.

Mientras el independentismo define qué va a hacer y los barones del PSOE velan armas, tendrá lugar en el Congreso el debate previo a la previsible reprobación de la vicepresidenta. En esa sesión parlamentaria, los socialistas pretenden echar en cara al Gobierno los errores cometidos durante los últimos años y, especialmente, los que dieron lugar a la utilización de la violencia para impedir el acceso a las urnas en un puñado de colegios sin ni siquiera lograr el objetivo de hacer imposible la votación suspendida por el Tribunal Constitucional, tal y como se había comprometido a hacer.

Sánchez sabe que esa estrategia molesta a la vieja guardia, a una parte de sus adversarios internos y a gran parte de la prensa, incluidos actores tan significativos como el grupo Prisa, pero la defiende para intentar evitar que el perfil de su partido, cuyas tesis territoriales son muy distintas de las del PP, se confunda con el del Gobierno. En su hoja de ruta, para el líder del PSOE es esencial mantener lo más nítidas que sea posible las diferencias con Podemos, a los que considera entregados a la estrategia del independentismo, y con Rajoy, al que señala como responsable de los errores que han alimentado un problema que hunde sus raíces en la anulación del Estatuto de Autonomía de Cataluña dictada por el Tribunal Constitucional a instancias precisamente del PP.