El sector conservador maniobra en el CGPJ para torpedear el cambio de modelo sin descartar el Tribunal Constitucional

Desde una mera declaración institucional de rechazo a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que proponen PSOE y Unidas Podemos hasta plantear un conflicto constitucional de atribuciones ante el tribunal de garantías son las posibilidades que los vocales conservadores pueden llegar a plantear en el próximo Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el presidente Carlos Lesmes ha fijado para la próxima semana después de que el sector próximo al PP solicitara esta convocatoria para valorar la polémica proposición de ley.

La iniciativa presentada hace sólo una semana por los dos partidos que sustentan el Gobierno de coalición ha generado más detractores que defensores, tanto en el mundo político como en el judicial. Aunque la opinión mayoritaria es que podría tratarse de una reforma inconstitucional y alejada de los estándares europeos, otros la ven como única solución ante el bloqueo que el PP mantiene desde hace casi dos años y que impide renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Siete vocales nombrados en 2013 a propuesta del partido conservador son los que han pedido a Lesmes ese Pleno extraordinario con la intención, según explican fuentes del CGPJ a infoLibre, de hacer una “reflexión” sobre la propuesta de reforma que modifica el procedimiento de elección de los vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial y, además, limita las acciones de este órgano cuando sus miembros se encuentren en funciones.

No hay que olvidar que en el actual CGPJ, que está en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, los vocales conservadores son mayoría, pues el órgano fue elegido en tiempos de la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero no han sido todos los considerados de este sector los que han propuesto la celebración del Pleno extraordinario, por lo que no está tan claro que de la convocatoria del próximo 28 de octubre vaya a salir algún acuerdo concreto.

Lo que sí han conseguido de momento los siete vocales es forzar el debate en el seno del organismo. Según fuentes del CGPJ consultadas por infoLibre, la intención es generar una discusión que podría llevar a diferentes propuestas, siempre en función de cómo se desarrollen las conversaciones. En cualquier caso, se llegue o no a alguna conclusión, el Pleno no será sino un reflejo una vez más de la división acerca de cómo el CGPJ puede o no responder a decisiones políticas.

Según las citadas fuentes, los vocales conservadores podrían plantear hasta tres posibilidades. En primer lugar, que el Pleno emita una declaración institucional que ponga de manifiesto el rechazo que la propuesta de reforma genera entre la mayoría de la judicatura, tal y como han dejado constancia las fuertes críticas llegadas sobre todo de las dos principales asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación Judicial Francisco de Vitoria–, ambas de corte conservador.

Un comunicado que no eluda la responsabilidad del PP

Esta sería la opción que podría concertar más apoyos. Aparte del sector conservador, hay vocales progresistas que no rechazarían un pronunciamiento sobre la propuesta de reforma de PSOE y Unidas Podemos siempre y cuando también se recordaran los antecedentes y el motivo por el que se ha registrado la proposición de ley: el bloqueo del PP, que se niega a pactar la renovación de los vocales del CGPJ con los socialistas mientras el partido morado esté en el Gobierno. En este sentido, reconocen que no les gusta especialmente la propuesta de los partidos del Gobierno de coalición, pero recuerdan que los conservadores no han dejado muchas más opciones al negarse a pactar un nuevo órgano que sustituya al actual ya caducado.

Aún quedan nueve días para el Pleno extraordinario, pero hoy por hoy hay vocales conservadores que también se plantean ir más allá de una mera declaración y no descartan proponer la elaboración de un informe que haga una valoración puramente jurídica de la proposición de ley. Informe que, en caso de hacerse, valorarían entregar al Poder Legislativo –el encargo de aprobar la renovación del CGPJ al fin y al cabo votando las propuestas de los partidos–, al Gobierno e incluso a la Comisión Europea. Se trataría de una valoración puramente jurídica que excedería sus competencias, ya que la propuesta no requiere de informe de los órganos consultivos al haber sido registrada como proposición y no como proyecto de ley.

La opción más radical sería plantear un conflicto constitucional de atribución, mecanismo que se activa cuando un órgano, en este caso el CGPJ, considera que otro, en este caso el Gobierno, adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas. El escrito se presenta ante el Tribunal Constitucional, que es el que resolvería el conflicto determinando a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarando nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones.

Cualquier opción que se presente, si es que los vocales proponentes del Pleno llevan a la reunión alguna propuesta concreta, se ha de debatir y votar, y sólo se puede dar por aprobada con mayoría absoluta, esto es, con el apoyo de al menos 11 vocales. La mayoría del órgano de gobierno de los jueces, 12 vocales –incluido Lesmes–, son conservadores, pero fuentes consultadas por infoLibre no están tan seguros de que este Pleno extraordinario haya concitado el aval de todos ellos.

De hecho, estas fuentes aseguran que el propio presidente Lesmes trató de que los siete vocales que solicitaron la reunión excepcional retiraran su petición. También explican que hay al menos un vocal conservador que ya se ha posicionado en contra de la celebración del Pleno. Los hay que opinan que el hecho de que Lesmes haya convocado el Pleno para dentro de nueve días y no de forma urgente como le pedían pueda servir para que dé tiempo a que se calmen las aguas y los vocales de uno u otro signo puedan acordar una declaración más consensuada.

Es la opción que plantean algunos vocales progresistas consultados por infoLibre, que opinan que una vez convocado el Pleno –al que estaba obligado Lesmes al haber al menos cinco vocales que lo reclamaban– el órgano de gobierno de los jueces sí debería hacer algún tipo de pronunciamiento ante la situación en la que se encuentra el Poder Judicial actualmente, haciendo una radiografía del bloqueo institucional, no sólo de la opinión que les merece la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos.

Su tarea no es hacer comunicados políticos

Sin embargo, hay otros que consideran que el CGPJ se extralimitaría en sus atribuciones constitucionales opinando sobre una propuesta planteada en otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, que, además, recuerdan que aún no se ha empezado ni a tramitar. Debe ser el Congreso el que decida si la proposición se admite a trámite, el que debata su contenido y el que vote finalmente si sale o no adelante.

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Para estas fuentes del lado progresista, el órgano de gobierno de los jueces no está para hacer comunicados políticos y entre sus tareas no está interferir en las iniciativas de los grupos parlamentarios, sean del tipo que sean.

Pero el CGPJ no sería el primer órgano del Poder Judicial que se pronunciaría contra la propuesta del PSOE y Unidas Podemos, en caso de que finalmente se aprobara una declaración así. Ya son tres las salas de gobierno de diferentes tribunales superiores de justicia las que han emitido sendos comunicados en los que manifiestan su “rechazo y preocupación”, pues consideran que una reforma de tal calado supondría una “merma en las garantías de independencia judicial”.

Tras los pronunciamientos de las dos asociaciones mayoritarias de jueces, han sido las salas de gobierno de los tribunales superiores de Madrid, Extremadura y Castilla y León las que han decidido hacer público su repudio y han exigido una reforma, pero para que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y magistrados.