El separatismo violento gallego, “amenaza potencial a muy largo plazo”: la visión militar 13 días antes del 23-F

Entre la documentación desclasificada en torno al Golpe de Estado del 23-F, además de informes policiales sobre las reacciones políticas, sindicales y estudiantiles en Galicia, figura un informe del Ministerio de Defensa “sobre la amenaza interior”, fechado el 10 de febrero, dos semanas antes del golpe, en el que se tienen en cuenta “las hipótesis de acciones involutivas” con respaldo militar.

En ese informe se analizan también otras amenazas, entre las que aparece “el separatismo en Galicia”. El documento lo minimiza y señala, sobre la posibilidad de un separatismo violento, que “puede constituir una amenaza potencial a muy largo plazo”.

El Informe semestral sobre la amenaza interior, del Centro Superior de Información de la Defensa, con fecha de 10 de febrero de 1981, destaca el origen “esencialmente interno” de las principales amenazas para España. Entre ellas señala como la más probable el terrorismo, seguida de “brotes más o menos generalizados de desobediencia civil separatista” y añade que “en tercer lugar deben considerarse las hipótesis de acciones involutivas, bien por medio de maniobras políticas extraconstitucionales con respaldo militar, o por acciones armadas de entidad limitada”.

En su desarrollo, el documento analiza la situación política y sindical, la “amenaza revolucionaria” y diversos separatismos, con especial atención al terrorismo de ETA. Las 21 páginas del documento dedican medio folio a analizar “el separatismo en Galicia”, del que afirma que “al igual que en Cataluña, el separatismo violento gallego encuentra por el momento poco eco, aunque puede constituir una amenaza potencial a muy largo plazo”. Sería en 1987 cuando el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive iniciaría su actividad violenta.

Al margen de ese pronóstico sobre el separatismo violento, el informe militar de dos semanas antes del 23-F señala que “el espectro separatista gallego” estaba formado, “principalmente”, por cuatro entidades. La primera citada es el Bloque Nacional Popular Galego (BN-PG), del que afirma que “su apoyo electoral ronda el 3% del censo electoral de la región”. La segunda organización es el Partido Obreiro Galego, “integrado en Esquerda Galega, cuyo respaldo popular no está cuantificado por no haber participado hasta el momento en elecciones pero que, a tenor de su apoyo en la calle, parece mínimo”.

Frente a esas consideraciones del informe militar, unos meses después, en las primeras elecciones gallegas del 20 de octubre de 1981, la coalición de BN-PG y PSG obtuvo el 6,2% de los votos y 3 diputados, encabezados por Bautista Álvarez, que no llegaron a tomar posesión por su negativa a jurar lealtad a la Constitución. Por su parte, Esquerda Galega obtuvo el 3,4% de los votos y un escaño, ocupado por Camilo Nogueira.

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El informe también cita como formaciones menores al Partido Galego do Proletariado, partido que presenta como “partidario de la lucha armada” y que “mantiene relaciones con ETA”. Y, de pasada, a la Irmandade Galega, con “escasa militancia”.

El informe considera que “a medio plazo, solo en Vascongadas y Cataluña podrían originarse hechos o actitudes separatistas susceptibles de provocar una decisión del Gobierno en relación con algún tipo de intervención de las Fuerzas Armadas”.

El documento comienza señalando que las principales amenazas para el Estado eran internas, “lo cual no impide que determinados grupos cuenten con apoyos exteriores ni que sus actividades favorezcan de modo más o menos indirecto los intereses de otras potencias, en particular los del bloque soviético”. Y concluye advirtiendo de la posibilidad de interrelación entre esas amenazas y señalando la “mutua influencia entre posibilidades involutivas y posibilidades revolucionarias, viéndose cada una de ellas estimulada por el crecimiento de la otra”.