Educación

Los sindicatos creen insuficiente la reforma educativa del Gobierno aunque la valoran como primer paso

Imagen de archivo de una manifestación en defensa de la educación pública.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha abierto el plazo de consulta pública para concretar la modificación de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) que prepara el Gobierno. El ministerio liderado por Isabel Celaá detalla en nueve puntos los objetivos de la norma, que prevé "eliminar los aspectos más cuestionados" de la ley vigente, pero no derogarla. Sindicatos de profesores, estudiantes y profesores, sin embargo, consideran que la reforma, aunque positiva, olvida cuestiones clave.

El Ministerio de Educación entiende que la corrección de los problemas detectados "podría llevarse a cabo realizando una nueva ley completa, pero la necesidad de dar seguridad jurídica a los centros y al alumnado y posibilitar una efectiva ordenación educativa con una cierta rapidez obliga a la modificación de la norma actual vigente". En dicha reforma, el ministerio propone nueve líneas generales, entre las que se encuentra el apoyo a la coeducación, la regulación de una estructura del currículo "al servicio de una educación inclusiva" o el establecimiento de la asignatura de Religión sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media.

También apuesta por diseñar un sistema que "atienda a los diferentes intereses, aptitudes y capacidades del alumnado, garantizando la equidad y la calidad educativa", así como recuperar el carácter formativo continuo, colegiado e integrador de la evaluación o "llevar a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y las comunidades autónomas respetuosa con el marco constitucional".

Respecto a los centros, el documento habla de vincular su autonomía al fomento de planes estratégicos y prevé, asimismo, de mejorar el sistema de admisión con políticas activas, "con el fin de que diversos colectivos se vean reflejados en los criterios de baremación y eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros". Finalmente, el ministerio promete hacer real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.

Reforma de mínimos

Los sindicatos especializados creen que la propuesta confeccionada por el Gobierno peca de ambigua. Maribel Loranca, responsable de Servicios Públicos en UGT, comienza por criticar el escaso peso de los representantes de los trabajadores en el proceso de gestación de la futura reforma. La sindicalista reclama una negociación sólida con los sindicatos. "No estamos dispuestos a que nuestra aportación sea mandar folios de propuestas por correo electrónico", asevera. "Quiero pensar que el ministerio está hablando con distintas organizaciones y espero que más pronto que tarde se reúna con los sindicatos", reitera.

También Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) coincide en afear los cauces seguidos por el Ministerio de Educación. "Si tanto creen en la participación y es uno de sus objetivos, la consulta pública no es la mejor vía para organizaciones como Ceapa", denuncia. Por el momento, la confederación ha pedido una reunión urgente al secretario de Estado y a la ministra "para que expliquen cómo va a ser el proceso".

Respecto al contenido que se somete ahora a consulta pública, Loranca reconoce que "el documento es tan general" que una valoración resultaría precipitada, pero admite que algunas de las medidas anunciadas coinciden con las exigencias de UGT. El problema, añade, es la falta de concreción. "Algunas parecen querer recuperar lo dictado por la LOE", como ocurre con la medida relativa a la asignatura de Religión o, aunque "no lo citen muy claramente", todo lo relacionado con "las redes de la concertada y la pública, cuando habla del papel de los poderes públicos para programar la oferta".

Leticia Cardenal coincide en que se trata de los ejes básicos que como confederación venían reivindicando. "Es importantísimo devolver participación a las familias, potestad a los consejos escolares, que realmente tengan peso", dice. En cuanto a la asignatura de Religión, también apuesta por eliminarla del horario lectivo, que no evalúe y que la contrapartida "sea algo potente". Entiende, no obstante, que lo sugerido por el Gobierno es positivo como punto de partida. Sí faltaría, añade, cuestiones importantes como "el tema de las reválidas o un desarrollo de la participación mucho más amplio".

Medidas ausentes

Loranca repara en medidas ausentes que cree clave y cita "cuestiones como los itinerarios, la recuperación de la plantilla o atender a la diversidad", asuntos de "imprescindible acometido". Respecto a la Religión, aunque la sindicalista no lo sitúa como prioridad, también matiza que el objetivo de UGT es dejarla fuera del currículo. Sigue siendo "una preocupación el abandono escolar temprano", para lo que es necesario "un conjunto de medidas" que pasen por la "mayor inversión educativa o el apoyo a la educación compensatoria". También, agrega, es importante atender a la "muy amplia tasa de precariedad en el empleo", por lo que sería necesario "repensar el modelo".

En esta última cuestión se detiene también Francisco García, responsable de Enseñanza de CCOO. El sindicalista lamenta que la propuesta del Gobierno no incluya al profesorado. Se hace necesario, dice, un estatuto del profesorado que contemple "la formación inicial, el sistema de ingreso en la función docente y el modelo de desarrollo de la carrera profesional". Este matiz resulta, a juicio del sindicalista, clave: "Cualquier reforma educativa estará abocada al fracaso si no se tiene en cuenta al profesorado, que también ha sido golpeado con los recortes". Isabel Celaá anunció el martes una reforma integral de la profesión docente a través de un paquete de medidas que incluye asuntos como la evaluación voluntaria.

El sindicato de profesores ANPE, por su parte, cree necesaria una "reforma profunda del sistema educativo". Así lo señala Nicolás Fernández, presidente de la organización, en declaraciones a este diario. La que propone el PSOE, dice, "es una reforma muy parcial, tibia, insuficiente". Si bien Fernández reconoce estar de acuerdo en la mayoría de los puntos, también advierte matices. "Estamos a favor de la coeducación, aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que la educación segregada no es discriminatoria", recuerda el presidente de la organización, quien también defiende "una asignatura de Religión de oferta obligatoria y de elección voluntaria para las familias", y apuesta "por la educación pública, pero sin confrontar con otras".

No obstante, también relata alguno de los cambios a su juicio urgentes, como la cuestión de los itinerarios, "que se han ido abordando en los últimos años pero sin cambiar el modelo estructural". Exige, asimismo, abordar la "vertebración del sistema educativo" y aunque dice estar de acuerdo con mantener el sistema de competencias, exige "fijar objetivos básicos y un diseño curricular estatal". También sugiere revisar las evaluaciones. "Aun predominando la continua, al finalizar cada tramo educativo hay que hacer evaluaciones, no necesariamente reválidas, no tienen que tener efectos académicos pero sí diagnósticos", juzga.

Fernández menciona, además, el modelo de dirección y la situación del profesorado. En primer lugar recuerda que "se le quitaron competencias al consejo escolar para dárselas a la administración y volver al criterio de la LOE no resuelve el problema de fondo". En cuanto a los docentes, el presidente de ANPE estima que "de poco vale cualquier reforma si no se aborda la situación del profesorado, que está regulada con criterios del siglo pasado". Urge, continúa, "ir a un sistema de diseño de una ley de la profesión docente que cambie la formación inicial, los requisitos del acceso, el diseño de la profesión y determine una carrera profesional". Lo demás, añade, "son debates distractores".

Para CCOO, "lo que hace falta es pasar de las musas al teatro" y determinar "qué procedimiento se va a seguir para que esté en vigor el 1 de septiembre de 2019 con la entrada del nuevo curso". En ese sentido, García afirma que "podría ser razonable si el Ejecutivo garantizara" su puesta en marcha. De lo contrario, lamenta, "tendremos un Gobierno del PSOE con una reforma educativa del PP". Fuentes del Ministerio de Educación y FP explican a infoLibre que "la previsión es llevar la reforma de la ley al Consejo de Ministros antes de Navidad" y posteriormente "dependerá de la tramitación parlamentaria".

Primer paso hacia una nueva ley

La propuesta desarrollada por el Ministerio del Gobierno, ¿es suficiente como primer paso o la situación requiere de una nueva norma? Las opiniones están divididas. Loranca aprecia que los pasos avanzados por el Gobierno socialista están dados "con buena intención" y admite que "siendo realistas, es lo más que puede hacer". También Cardenal se muestra más laxa, y aunque admite que "un pacto general por la educación de todos los partidos políticos con la ciudadanía sería lo ideal", también sostiene que "por algo hay que empezar". "Con el tiempo que le queda al Gobierno mejor dejar cerradas algunas cosas", opina.

García, por su parte, reconoce que "si de lo que se trata es de acudir urgentemente a tapar hemorragias" la reforma es correcta. "Entiendo que estas medidas se hacen con carácter de urgencia para revertir los aspectos de la Lomce que más habían atacado a la equidad e igualdad de oportunidades", reflexiona en conversación con este diario, pero "lo que necesitamos es una nueva ley educativa", matiza.

Fernández sí apuesta firmemente por un nuevo escenario. La educación "requiere un cambio profundo y precedido de un pacto para darle estabilidad", porque "volver otra vez a los postulados de la LOE sólo servirá para derogar los aspectos más controvertidos" pero no para propiciar un cambio.

En cuanto al alumnado, es probablemente el actor que de forma más rotunda llama a la derogación de la Lomce y la articulación de una norma nueva. Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes, valora positivamente los cambios que prevé realizar el Gobierno, pero coincide en juzgarlos "totalmente insuficientes". Es necesaria la derogación de la Lomce y la reversión de los recortes, compromisos, dice la activista, que los socialistas reiteraron antes de su entrada en el Gobierno.

"Nos preocupa el cambio completo en el lenguaje del Gobierno respecto a cuando estaba en la oposición", confiesa García, quien tacha de "excusas formales" los argumentos del Ejecutivo para no derogar la ley educativa. Las cuestiones que plantea, añade, no sólo son mínimas, sino que parten de la movilización ciudadana. "Son cuestiones que nos las hemos ganado a pulso a través de la movilización de la marea verde y responden a la presión general que hemos generado", insiste.

La situación de la educación, añade, "sigue siendo de emergencia absoluta" y el Gobierno "supuestamente iba a cambiar esto, pero seguimos con los mismos problemas", por lo que la activista pide "hechos concretos, ya que hoy por hoy no ha habido ningún cambio fundamental" que haya transformado la situación material de "tantísimas familias". García está convencida de que "si hay voluntad política, por su puesto que se pueden hacer cambios y contarían con el apoyo social masivo".

García subraya su apoyo a "todas las medidas progresistas" pero rechaza dar "un cheque en blanco" al equipo de Pedro Sánchez. Por ello cree necesaria, como paso definitivo, la derogación de la Lomce "sin volver a la anterior y quedarnos ahí". El recorrido a seguir consiste, a juicio del Sindicato de Estudiantes, en la elaboración de un plan de emergencia que disponga recursos económicos, materiales y humanos "para invertir todos esos recursos que se han robado a la educación pública". La activista puntualiza que "no da igual el Gobierno que haya" pero añade que "si no se cumple con lo que han sido las demandas del movimiento estudiantil y educativo, se tendrá que volver a tomar el camino de la movilización".

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