Memoria histórica

La supervivencia económica de la memoria histórica: de la venta de libros a la ayuda de un sindicato noruego

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Hitórica recibe un premio estadounidense

Naciones Unidas es consciente del olvido institucional al que está sometida la memoria histórica en España. El desprecio hacia los casi 115.000 desaparecidos, cuyos restos todavía permanecen ocultos bajo tierra en fosas comunes, y sus familias, es una de las asignaturas pendientes que la ONU lleva recriminando al Ejecutivo de Rajoy durante toda la última legislatura. De entre todas las exigencias que el organismo internacional ha puesto sobre la mesa en esta materia, han hecho especial hincapié en la ausencia de financiación para el desarrollo de todas las actividades destinadas a reparar a las víctimas. Unas partidas económicas, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno del PP ha fulminado por completo.

Ya lo avisó el presidente en funciones, Mariano Rajoy, en febrero de 2008, cuando era aspirante a ocupar La Moncloa: “Yo eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro público a esos efectos”. Y tardó un año en cumplir su promesa electoral cuando llegó a la Presidencia. Si bien en 2011 se destinó una partida de 6,2 millones, en 2012 se redujo esta cantidad un 60%, hasta los 2,5 millones, y desde el año 2013 las ayudas han desaparecido por completo. Un camino contra el que cargó el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en julio de 2014: "Proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente", pidió al Ejecutivo de turno.

Un año después, lo volvió a exigir el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través de un informe en el que mostraba su preocupación “por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas” que “se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares”. Pero el Gobierno encabezado por Mariano Rajoy volvió a hacer oídos sordos a las críticas internacionales y cerró los Presupuestos para 2016 sin otorgar un solo céntimo a la memoria histórica. Una falta de financiación que ha paralizado y ralentizado proyectos de búsqueda y exhumación y ha dejado a las asociaciones heridas de muerte, sobreviviendo de la venta de libros y de las ayudas económicas que reciben desde otros países.

Socios y venta de camisetas

La Federación Estatal de Foros por la Memoria (FEFFM), compuesto por un total de 16 asociaciones de diferente ámbito e implantación territorial, es una de las agrupaciones más potentes en España. Sin embargo, "se encuentra en una situación económica muy ajustada", tal y como explica a infoLibre su presidente, Arturo Peinado, algo que les obliga a "ajustar mucho a la hora de hacer cualquier tipo de gasto". Una falta de ingresos que les ha empujado a paralizar diferentes proyectos: "Ahora mismo estábamos con un documental sobre una exhumación que hicimos en Toledo, pero no tenemos dinero para contratar a alguien que nos monte el vídeo".

Por ello, con unas ayudas institucionales inexistentes, la agrupación tiene diferentes vías de ingreso. "En primer lugar, cada foro federado aporta el 25% de los ingresos que ha obtenido por cuotas de los socios a la Federación Estatal", detalla Peinado. Unos pagos que varían en función de la asociación: "En el de Madrid, por ejemplo, el importe para asociarte es de 60 euros, mientras que en otros más pequeños, como el de Málaga o Toledo, oscilan entre los 25 y los 30", completa el presidente. Además del dinero que aportan los asociados, los ingresos se completan con la venta de material producido por el FEFFM, como por ejemplo una docena de libros editados o camisetas, así como por el alquiler de algunas exposiciones, por las que pedían entre 500 y 600 euros "dependiendo del tiempo".

Peinado cuantifica los ingresos en 2015 entre los 1.500 y los 2.000 euros "como mucho", de los que luego hay que descontar entre 500 y 1.000 euros por el alquiler del local, que comparten con una formación política, y por los gastos de funcionamiento de la Federación: desplazamientos, comida, alojamientos... "Aquí nadie ha cobrado nada", explica a este diario Peinado, que detalla que todos los arqueólogos y personas que han dirigido las quince exhumaciones que han hecho desde la agrupación lo hacen "voluntariamente", regalando el tiempo libre de sus vacaciones: "La gente que estamos dentro de esta historia es por principios y definición", concluye.

El apoyo de un sindicato noruego

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), por su parte, también sobrevive a través de las aportaciones de los cerca de 1.000 socios que pagan una cuota mínima anual de 36 euros. "Otra gente paga un poco más por voluntad propia", aclara Emilio Silva, su presidente, que añade: "No queremos subvenciones. Este trabajo lo tiene que hacer el Estado como hace cualquier país que afronta un pasado con desaparecidos".

Sin embargo, el mayor colchón económico procede de fuera de España. Por un lado, la ARMH recibió en mayo de 2015 el premio Alba Puffin bajo la categoría de Activismo en la Defensa de los Derechos Humanos. El galardón, otorgado anualmente por los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln y patrocinado por la Fundación Puffin, supuso para la asociación unos ingresos extra de 100.000 dólares (89.700 euros) que le vinieron como anillo al dedo. Una cantidad a la que hay que sumar las donaciones del sindicato noruego de electricistas ELOGIT por un total de 12.000 euros para 2014 y 20.000 para 2016. "Es un sindicato que no recibe un solo céntimo del Estado y que financia diferentes proyectos", concreta Silva.

Los gastos de la ARMH son mínimos. "Tenemos a cuatro o cinco personas que cobran el salario mínimo interprofesional y que atienden correos, elaboran los informes, limpian huesos, escanean, investigan...". Junto a los desplazamientos y la manutención del equipo que lleva a cabo la exhumación, es el único gasto que tiene actualmente la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. "Somos una organicación muy rica en capital humano", señala Silva, al tiempo que explica que él, como presidente, "jamás" ha cobrado. El laboratorio que tienen en Ponferrada ha sido cedido por la Universidad de León. Las pruebas de ADN corren a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que destaca en la materia a nivel mundial.

Además, en la veintena de fosas sobre las que están trabajando cuentan con voluntarios y estudiantes en prácticas, a través de un convenio con la Universidad Complutense de Madrid. "En quince años nos han ayudado unos 700 voluntarios de 20 nacionalidades diferentes", afirma Silva. Incluso a la hora de recopilar material fotográfico en las excavaciones: "Una persona prejubilada se dedica a ir a todos los proyectos y tomar fotografías. Es un tipo entregado, que coge su coche y se desplaza donde haga falta", completa el presidente de la ARMH.

'Merchandising' y 'crowdfunding'

Pero dentro de estos colectivos memorialistas también hay niveles. Las pequeñas asociaciones son las que están sufriendo con mayor intensidad la sequía económica a la que se han visto sometidas durante estos últimos cuatro años. Por ello, cuando se les plantea el tema del reportaje sueltan una carcajada. "Cero euros de ingresos. Y cuando te digo cero, es cero patatero", explica Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), que añade que en la Comunidad Valenciana llevan ya bastante tiempo "acostumbrados" a funcionar a "ingresos y costes cero". Así, recuerda con nostalgia la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando las ayudas estatales rondaron entre los 4 millones de 2008 y los 6,25 millones de 2011: "Han sido los únicos ingresos que hemos tenido", dice.

"Casi todas las actividades que hemos hecho han descansado en esas ayudas económicas", apunta. Por eso, la eliminación de los fondos provocó la paralización de algunos procesos. "La exhumación de Borriol, por ejemplo, quedó en stand by por la falta de dinero. La documentación estaba ya hecha, la familia tenía esperanzas...", explica. Sin embargo, tiraron de ingenio y consiguieron los fondos necesarios: "Dimos con la solución de aplicar el crowdfunding a la exhumación. Ahí descubrimos que la solidaridad por Internet funciona", relata. Necesitaban conseguir 7.000 euros en tres meses, pero la sorpresa para Alonso fue mayúscula al ver que en solo 12 días acumularon 9.000 euros. La experiencia de Borriol se convirtió en la primera excavación financiada a través del micromecenazgo.

"Las peticiones que tenemos están ahí. Nos estamos dedicando ahora a plantar un tenderete en los actos que nos dejan en el que vendemos merchandising merchandisingrepublicano y otros objetos que hacemos nosotros mismos", añade Alonso. Así, euro a euro, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ahorra para la siguiente exhumación, que se realizará en Benifaió (Valencia). Aunque el ritmo de recaudación es muy lento, el GRMH cuenta con la ventaja de tener gastos mínimos: "gasolina y otros pequeños desembolsos" que, por supuesto, corren de sus propios bolsillos. Una cantidad de dinero que, si bien puede parecer insignificante, supone un sacrificio en una asociación en la que la mayor parte de sus miembros están desempleados. "Somos todos voluntarios y, además, tenemos una característica en común: todos en paro", señala Alonso. 

Venta de papeletas

Desde Galicia, en concreto desde Vigo, atiende a infoLibre Telmo Comesaña, presidente de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, una pequeña organización, que actualmente se encuentra por debajo de los 100 socios, en la que la media de edad es bastante elevada. Como todas, sobrevive de las ayudas de los afiliados, que pagan una cuota anual de 24 euros, aunque reconocen que algunos abonan un poco más y otros un poco menos, en función de las posibilidades: "Si sólo puede aportar 10 euros, no pasa nada", explica Comesaña, que añade que siempre han sido una organización "modesta" que nunca se planteó "contar con mucho dinero".

El presidente es contundente al hablar de las intituciones. "Buscamos prescindir por completo del poder", señala, argumento que utiliza para explicar los motivos por los que no quieren pedir una sola ayuda económica o material para el desempeño de sus funciones. Es por eso por lo que no tienen local y prefieren trabajar desde casa, para no solicitarlo al Ayuntamiento de Vigo: "Además, nos ahorramos el berenjenal de tener que pagar luz, agua, alquiler u otros gastos", afirma el gallego, que con 82 años todavía sigue luchando por recuperar la memoria de todas las víctimas del franquismo.

La Asociación Viguesa pola Memória Histórica do 36 saltó a la palestra por su lucha contra la Cruz do Castro, una construcción de 12 metros de altura erigida por la Falange en 1959 y que quieren derribar cuanto antes. Los demandantes ganaron el primer asalto en septiembre de 2014, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la ciudad gallega ordenó al consistorio retirar "de forma inmediata" el monumento. Sin embargo, el Ayuntamiento de Vigo, gobernado por el alcalde socialista Abel Caballero, recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), que se pronunció en febrero de 2015 dando la razón al consistorio

La falta de fondos para llevar el proceso al Tribunal Constitucional hizo que la asociación estuviese a punto de arrojar la toalla. Sin embargo, tiraron de ingenio y recurrieron a la colecta ciudadana, poniendo en circulación bonos de ayuda de 2,5 y 10 euros. Consiguieron los 3.000 euros necesarios para continuar con el proceso, aunque finalmente el TC ni tan siquiera lo admitió a trámite. "Hasta lo del Constitucional, el abogado nos lo hizo gratuitamente, al igual que el historiador que se encargó del peritaje de la Cruz do Castro", señala Comesaña, cuyo suave hilo de voz se torna iracundo cada vez que habla del monumento. "Hay cierto halo de simpatía a nuestro alrededor. Ellos saben cómo vivimos y lo que hacemos", concluye.

El Gobierno lleva desde 2011 sin actualizar el portal oficial de memoria histórica

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