La guerra del taxi contra las VTC

Los taxistas ganan en Cataluña y pierden en Madrid: el nuevo mapa de las VTC

Taxistas de Madrid votan en la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas si deciden desconvocar o no la huelga indefinida.

Los taxistas madrileños abandonan la huelga. Dieciséis días no han sido suficientes para conseguir un acuerdo con la Comunidad. Las reuniones, a las que siguieron las propuestas de uno y otro lado, no fueron fructíferas y este lunes el presidente regional, Ángel Garrido, rompió las negociaciones. "Tras varios borradores mareando, rompieron los papeles y dijeron que no van a regular", critica Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, en conversación con infoLibre. Tras ese revés, los taxistas, reunidos desde las 10.00 horas de este martes en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, votaron en referéndum desconvocar el paro. El 53,9% de los trabajadores se manifestó a favor de terminar con la huelga, con un total de 7.843 votos emitidos en un solo día.

La protesta, no obstante, continúa. "El sector sigue movilizado y va a seguir habiendo manifestaciones", asegura Fernández. Y es que, tal y como dijo el presidente de la organización, Julio Sanz, han perdido "una batalla", pero no "la guerra".

 

Imagen de una urna empleada en el referéndum celebrado por los taxistas. | EFE

Han sido 16 días de protestas continuas, de cortes de carreteras y hasta de huelgas de hambre. Pero de poco han servido. La Comunidad de Madrid, que al comienzo de la huelga sí se mostró dispuesta a negociar, se ha enrocado y ha abandonado las conversaciones, dejando a los taxistas sin el interlocutor necesario para hacer efectivas sus demandas en relación con la regulación de las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber y Cabify.

La precontratación ha sido el principal escollo, por lo que además continúa siendo la reivindicación prioritaria para los taxistas. Comenzaron solicitando seis horas. ¿Qué significa? Que entre que un usuario solicita a través de una aplicación móvil un servicio de Uber o Cabify hasta que puede disfrutarlo pase, como mínimo, ese tiempo. Pero el Gobierno regional no estaba dispuesto, así que el 30 de enero hicieron una nueva propuesta: rebajaron la solicitud de precontratación a una hora y añadieron la exigencia de que las VTC tuvieran que realizar trayectos de un mínimo de 5 kilómetros tras los cuales debían volver, de forma obligatoria, a su base. 

Garrido no dudó en tachar el borrador de "inaceptable". Su contraoferta consistió en lanzar un nuevo reglamento del sector del taxi, algo que, según denuncia Fernández, se iba a hacer en el año 2016. "Ahora nos han propuesto liberalizar el sector, y eso es indigno", critica Fernández. Por eso, aunque no continúe la huelga, sí lo hará la lucha. Al menos, hasta que consigan una regulación como la que se aprobó en Cataluña el pasado 29 de enero.

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Pasaron cinco días entre que los taxistas barceloneses decidieron desconvocar la huelga y el Govern aprobó su decreto de regulación para las licencias VTC. El sector decidió abandonar el paro seis días después de haberlo iniciado. Fueron, al igual que en Madrid, seis días de tensión en las calles. Los cortes de carreteras y las protestas extendidas a lo largo y ancho de toda la ciudad fueron la tónica general. Todo, porque no estaban de acuerdo con la primera propuesta que les había hecho el Govern. 

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, presentó un borrador de propuesta en el que se incluyó una precontratación de 15 minutos. Pero el problema era el mismo que en Madrid. Para los taxistas era muy insuficiente. Ellos querían, por lo menos, una hora. 

El Ejecutivo no cedió aunque, no obstante, incluyó la posibilidad de que el Área Metropolitana de Barcelona, dependiente del Ayuntamiento de Ada Colau, sí lo hiciera. La alcaldesa, de hecho, se mostró dispuesta a elaborar un reglamento que contemple la precontratación de una hora demandada por los taxistas. Por eso desconvocaron la huelga. 

Pero la regulación aprobada no termina ahí. La Generalitat aprobó también la prohibición de la geolocalización previa y la imposibilidad de que los conductores de vehículos con licencia VTC transiten por las calles de Barcelona para captar nuevos clientes. Unas medidas que provocaron, por otro lado, que Uber y Cabify anunciaran que abandonaban, definitivamente, la ciudad de Barcelona.  

Pero las consecuencias no fueron solo esas. Otras dos empresas con licencias VTC, Moove Cars y Vector Ronda, anunciaron ese mismo día que presentarían expedientes de regulación de empleo (ERE) y expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Según desveló infoLibre, Moove Cars es una de las compañías VTC en España controladas por Stonepeak Plum 4 Ltd, una sociedad del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

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Cataluña ha sido la pionera pero, tras ella, el resto de comunidades autónomas tendrán que elaborar un reglamento para regular las VTC. Deben hacerlo desde que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó, en septiembre del año pasado, un real decreto por el que pasaba la competencia de la concesión de las licencias a los Gobiernos regionales. "Tienen cuatro años para hacerlo. Si no aprueban la normativa, las autorizaciones dejarán de tener validez", explica Fernández. 

De momento, el Govern ha sido el único que ha hecho los deberes, aunque hay otras comunidades que empiezan a iniciar las conversaciones con los sectores implicados para llevar a cabo la regulación. Según asegura Fernández, en Euskadi, en Aragón y en la Comunitat Valenciana las negociaciones ya han comenzado, mientras que en Baleares el reglamento está "casi aprobado".

La precontratación, la línea roja que provocó el conflicto en Madrid y Barcelona, continúa siendo el escollo a salvar en el resto de autonomías. Y en Euskadi y Baleares las conversaciones han arrancado negociando una hora mínima.En el País Vasco, no obstante, van más allá: los conductores de los vehículos con licencia VTC deberán llevar consigo la documentación que acredite que, efectivamente, el servicio se ha ofrecido una hora después de haber sido contratado. Además, tampoco tendrán permitido circular por las calles de las ciudades en busca de nuevos clientes.

En Aragón, por su parte, una comunidad en la que operan 163 licencias de vehículos con conductor, no se ha hablado de la contratación previa, aunque los taxistas y el Gobierno ya se han sentado a negociar. Lo hicieron este lunes, cuando los representantes del sector aseguraron que su "temor" es que empiecen a operar en las principales ciudades de la comunidad plataformas como Uber y Cabify sin que exista una regulación específica. "Estamos viendo la manera en la que se puede regular el sector, aquí todavía estamos a tiempo, en Aragón aún no se han implantado plataformas como Uber y Cabify, algo que sí que ha ocurrido en Madrid y Barcelona", dijo en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, Mariano Morón. 

  Valencia apuesta por una "solución a la catalana"

En Valencia se está optando por una "solución a la catalana", asegura Fernández. Es decir, el Gobierno planteará una contratación previa de un mínimo de 15 minutos que podrá ser ampliada por los ayuntamientos. "No es lo mismo Benidorm que València; las necesidades de transporte son diferentes", dijo este martes la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador. Pero la normativa irá más allá. Se planteará que los vehículos tengan que tener menos de diez años de antigüedad y que, en el caso de ser sustituidos, se haga por coches menos contaminantes y más ecológicos.

Estos puntos básicos, según informó la Generalitat, persiguen "marcar unas reglas del juego que permitan la convivencia entre los dos sectores para que no se perjudique a los usuarios", informó Europa Press. La intención, de este modo, es que "la ciudadanía reciba el mejor servicio posible y la forma de desplazamiento que cada uno elija no se vea afectada por ningún conflicto", argumentó Salvador.

Además de estas autonomías, el Ayuntamiento de Sevilla, tras una reunión con los taxistas celebrada la pasada semana, acordó solicitar a la Junta que, en la regulación que deberá aprobar, se incluya una precontratación de entre 30 y 60 minutos y que, además, se obligue a los vehículos VTC a regresar a su base después de cada servicio. Pero la normativa andaluza todavía no ha comenzado a andar. Lo que habrá que ver a partir de ahora es si, tras las sucesivas propuestas, los taxistas convocarán paros similares a los llevados a cabo en Madrid y Cataluña. 

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