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Crisis del coronavirus

Tras el test a los hospitales, el examen a la escuela: el sistema educativo encara un aluvión de desafíos desgastado por la crisis

Imagen de un aula vacía como consecuencia del coronavirus.

La educación en España no ha dejado ni un instante de estar en el epicentro de la pandemia. Pero, mientras el sistema sanitario ha librado la batalla en primera línea, el educativo lo ha hecho a distancia, en un experimento obligado de educación telemática. Ahora, toca pensar en la vuelta al aula. Los informes y expertos consultados, desde los sociólogos hasta los pedagogos, coinciden en que hay motivos para la alerta, tanto por el estado del sistema como por las obligaciones que se le acumulan. El diagnóstico es coincidente: un sistema ya dañado por la pasada crisis afronta un desafío inédito y de dimensiones históricas, partiendo de una posición de debilidad, teniendo que contener la brecha social agravada por el confinamiento al mismo tiempo que cumplir exigencias sanitarias en un contexto de presión. Correr y a la vez atarse los zapatos.

¿Es posible? infoLibre analiza, con ayuda de investigadores del campo educativo, la situación y perspectivas de la educación.

Acumulación de tareas

La escuela está atrapada "entre el imperativo de la salud y el de la educación", usando palabras de Mariano Fernández, catedrático de Sociología, en un artículo en The Conversation. A toda prisa, cada uno de los 17 sistemas tiene que adaptarse a enseñar bajo la amenaza del virus, dando más peso a la tecnología y al aprendizaje a distancia, reorganizando espacios y horarios, con recursos limitados, readaptando los currículos para recuperar lo perdido sin dejar de avanzar, todo ello mientras el país se adentra en una nueva crisis económica que afectará a millones de familias y a las cuentas públicas. Ese es el panorama. Y un factor más del que alerta Jesús Rogero, sociólogo de la educación: el creciente hartazgo de los docentes.

Rogero y José Miguel Martín han escrito un artículo que completa el listado de tareas pendientes de la escuela: frenar la segregación, incorporar prácticas de éxito contrastado, preparar unidades de apoyo psicológico, reforzar la atención al alumnado vulnerable, suministrar materiales, garantizar la comida diaria... El catedrático de Sociología Xavier Bonal ha añadido otra: la "evaluación de la pérdida" de aprendizaje. Ocurre como con la lucha con el virus, ha recalcado Bonal: hacen falta datos para atinar con la solución. Por si esto fuera poco, la escuela debe desempeñar el inevitable papel de apoyo a una conciliación que se hace cada día más difícil. Deberes y más deberes.

"Habrá que añadir recursos humanos con fórmulas adecuadas a la urgencia y la transitoriedad (esperemos) de la situación: docentes temporales, en prácticas, cuidadores, voluntarios", señala Fernández en su artículo. En otro, publicado en su blog, añade: "La combinación de presencialidad y virtualidad no podrá ser de talla única. Habrá que conjugar en forma diversa y variable la máxima presencia de los más vulnerables, la mínima de los más arropados por su medio y la mixta en sede para todos".

Su visión es un baño de realismo para quienes se instalan en la queja a la espera de una planificación que lo aclare todo. No, la institución escolar es resistente a los designios de despacho. Hay poco margen para convertir en realidad el idealismo teórico. Lo que ocurra, ocurrirá porque los docentes –y las familias y alumnos– se arremanguen, sorteando trabas burocráticas y normativistas. El autor lo ve así, con un ejemplo: quien espere una solución mágica para guardar el metro y medio de seguridad indicado por el Ministerio de Educación, que espere sentado. "No hay fórmulas para todos, pero moviendo algunos muebles (que por eso se llaman así, aun si están atornillados al suelo), incluso tirando algunas paredes si hace falta (la mayoría son de escayola), con inteligencia y con ganas de colaborar, se pueden hacer muchas cosas".

Organizaciones como la Fundació Bofill ya han advertido de que la magnitud de los retos exige un plan más allá de la salida inmediata del paso y piden un trienio 2020-2023 de especial esfuerzo en la equidad, que debería empezar con un "verano enriquecido" en el que se impliquen escuelas, ayuntamientos, centros deportivos, bibliotecas, campamentos de verano. En una línea similar hace su propuesta Save the Children.

Un sector en convulsión

Los colegios e institutos fueron de lo primero que se cerró. El retraso en su reapertura ha ocasionado impaciencia y críticas. Era elocuente el contraste de la carrera por reabrir al turismo y la pausa en las aulas. La ministra, Isabel Celaá, respondió a esas críticas tras la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación: "Abrir un colegio es infinitamente más complejo que abrir un comercio". De esa reunión salió un acuerdo general, al que se adhirieron 15 de las 17 comunidades, todas menos Madrid por considerar imposible la distancia entre alumnos y Euskadi por el celo sobre sus competencias. El ministerio y las comunidades han acordado dar prioridad a la educación presencial, que será la regla general. Es decir, no se diseña un modelo mixto, como en las universidades, aunque sí se pone énfasis en un reforzamiento de la competencia digital. La idea es que el curso 2020-2021 se parezca al curso 2019-2020 –hasta la pandemia–, pero evitando contagios. Todo el acuerdo está entre paréntesis, porque habrá que ver cómo evoluciona la pandemia. Pero la directriz es que los centros garanticen las condiciones para que los alumnos guarden una distancia de un metro y medio. El acuerdo incluye propósitos sanitarios, tecnológicos, curriculares, de transporte... Ahora a las comunidades, competentes en educación, les toca aterrizarlo todo en forma de protocolos y normas. Y a los centros, cumplir y hacer cumplir. ¿De qué manera?, le preguntaron a la ministra sobre las distancias de seguridad. "Optimizando los espacios".

Sindicatos, asociaciones de docentes y de padres han expresado su escepticismo, preocupación o incluso rechazo. ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué plazos? CCOO ha acusado al Ministerio de Educación de ceder a las presiones de las comunidades para "retomar la actividad lectiva a coste cero". El sindicato de docentes ANPE ha sido más contundente: el metro y medio es "imposible" en Madrid. Las autonomías ve insuficiente el fondo de 2.000 millones para educación y protestan por su reparto. Y las asociaciones católicas mantienen su campaña para que Celaá abandone su proyecto de tumbar la Lomce y aprobar una nueva norma, a lo que la ministra se niega. Ese es el escenario educativo, con sectores claramente enfrentados y sin consenso –aunque sí una posible mayoría– en torno a la ley. Rogero cree que la gestión de la crisis, con tardanza en la respuesta, descoordinación y acusaciones cruzadas continuas, pone de relieve un "problema de diseño de Estado".

La herida del confinamiento

La escuela llega con una herida más. Se ha perdido un tercio del curso. El confinamiento ha sido productivo para la sociología educativa, que ha alertado sobre el crecimiento de la brecha de desigualdad. La capacidad de las familias para ayudar a sus hijos y el acceso a recursos, que ya son decisivos cuando hay clases, se han hecho más determinantes. "Se ha producido una crisis de aprendizaje generalizada, pero que afecta de modo distinto y con un impacto desigual [...] En una tercera parte de los casos, la pérdida de aprendizaje podría haber sido severa. Los docentes consideran que hasta un 30% del alumnado no ha podido seguir el modelo de educación a distancia", señala una investigación a partir del testimonio de 5.900 familias y 3.700 docentes.

El sociólogo Xavier Bonal, a través de una encuesta a casi 36.000 familias, fue de los primeros en constatar cómo la brecha castiga a los alumnos más desfavorecidos de partida. Estudios de Save the Children y la Fundación Cotec han apuntado en la misma dirección. La brecha no es sólo social, también territorial. "En Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla hay todavía cerca de un 10% de alumnos que no dispone de ningún ordenador en su casa", señala el estudio.

Un sistema dañado

"Los efectos de la suspensión de clases se van a notar mucho más en las familias más vulnerables, y a su vez en los centros con mayor concentración de familias vulnerables, donde cada alumno necesitaría una atención más personalizada. Hay muchas familias que se han desconectado de la dinámica escolar. Las pérdidas del alumnado más vulnerable, que está perdiendo un tiempo precioso, pueden ser irreparables", señala Jesús Rogero, que recalca que numerosos estudios han puesto ya de relieve que el verano –incluso en condiciones normales– contribuye a abrir la brecha entre alumnos.

Además, Rogero pone el énfasis en un hecho: al igual que ocurre con el sistema sanitario, la situación del educativo ya era más que delicada antes de la crisis. "Yo entiendo el hartazgo y el cabreo del profesorado ante unas necesidades mucho mayores, con los recursos mermados y una responsabilidad sanitaria añadida. Los mimbres son los que había, no son otros. El sistema está dañado", añade. Coincide José Ignacio Rivas, catedrático de Didáctica y Organización Educativa, que describe un "sistema al límite", castigado por los recortes. "El diseño del profesorado se hace para cumplir con las necesidades estrictas. No hay capacidad de reacción. Cuando un profesor se pone enfermo, tiembla todo el claustro", indica gráficamente. A esto se suma la "rigidez" del currículo, la normativa y las inercias. La cultura del sometimiento al libro de texto se impone, señala. A nivel teórico e intelectual, hay interesantes movimientos renovadores, pero la práctica sigue siendo muy normativista, indica. Y subraya la "elevada movilidad del profesorado". "Sin estabilidad no es posible un proyecto educativo serio", asegura. ANPE ha expresado su queja: tras años con los centros demandando autonomía y recibiendo como respuesta más burocracia, es ahora, a las malas, cuando se les pide autonomía. 

Recortes

Los datos de los recortes están ahí. La serie del Ministerio de Educación permite ver una evolución desde 1992 hasta 2018 con datos homogéneos. En 2018, el gasto público total en educación ascendió a más de 50.000 millones. No es el máximo histórico. El dato sigue un 5,72% por debajo de los cerca de 54.000 millones de 2009, y un 1,75% por debajo de los 51.700 millones de 2008, diez años antes.un 5,72% por debajo de los cerca de 54.000 millones de 2009 Es un esquema similar a lo ocurrido con la sanidad. Aún no se restañado la herida de los recortes.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha hecho un balance de los datos españoles en comparación con el resto de países de la OCDE que muestra zonas oscuras. España gasta el 3,1% de su PIB en primaria y secundaria, cuatro décimas menos que la media OCDE (3,5%). El gasto total por alumno en instituciones educativas (públicas, concertadas y privadas) fue en España, en 2016, de 8.427 euros, menos que la OCDE (9.330 euros) y al de la UE (9.517). España gastó en 2016 un 4,3% de su PIB en instituciones educativas, por debajo de la OCDE (5%) y UE (4,5%).

Hay que mirar los datos con perspectiva autonómica. Es otro de los rasgos del sistema español: la desigualdad territorial. El informe sobre diferencias regionales de la Fundación BBVA, coordinado por el catedrático de Análisis Económico y director de investigación del el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Francisco Pérez, muestra fuertes variaciones en el gasto público en educación es entre comunidades, con diferencias de 2.824 euros anuales por alumno en el País Vasco que en Madrid (un 63%).

Segregación

El recorte de gasto público, junto con el auge de la concertación, está en la base de otro fenómeno creciente: la segregación, es decir, la agrupación homogénea de los alumnos por clases sociales. Madrid es ya el segundo territorio de la OCDE con mayor segregación, sólo superado por Chile, según un informe de Save the Children. Un estudio de Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido señalaba ya en diciembre de 2017 que el sistema español era el sexto más segregador de Europa, al nivel de Eslovenia, Bulgaria o República Checa. Dentro de España, ya despuntaba Madrid, con índices de segregación que sólo supera Hungría en la UE. La segregación promedio se sitúa entre 0,32 o 0,38, según el índice. Eso significa que entre el 30% y el 40% de los estudiantes deberían cambiar de centro para que no hubiera segregación. El estudio Mézclate conmigo, de abril de 2019, señala que Madrid es la comunidad que más ha visto subir el fenómeno, con una variación porcentual del índice de 35,7% en el periodo 2009-2015. Ese es el panorama en el que se insertará la escuela de la desescalada. 

Los alumnos de entornos difíciles se concentran en la pública. La enseñanza privada, contando la privada y la concertada, atiende sobre todo a alumnos que cuentan con entornos socioeconómicos más favorables (el 65% de su alumnado) y participa poco en la formación de los alumnos cuyos entornos son desfavorables para la educación (8%). En cambio, esta última tipología de alumnos representa un tercio del alumnado de los centros públicos, porcentaje que alcanza el 50% en Extremadura, Canarias y Andalucía, señala el informe de la Fundación de la BBVA y el IVIE antes citado.

Abandono escolar

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La segregación no es el único reto pendiente. España es el país con mayor tasa de abandono escolar de la UE, según los datos de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que advierte de que el 17,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años no siguieron formándose tras acabar secundaria en 2019. La tasa ha ido reduciéndose: en 2006, la cifra ascendía hasta el 30,3%. Pese a ello, España aún no ha llegado a la meta educativa que le marcó la UE este 2020, que pretendía reducir el abandono escolar hasta el 15%. Tras España, Malta es el segundo país comunitario con más abandono escolar (16,7%), seguida de Rumanía (15,3%) y Bulgaria (13,9%). Un total de 17 Estados miembros ya han alcanzado los objetivos para 2020.

La segregación y el abandono están conectados con las oportunidades de obtener trabajos y salarios dignos. En España, las personas con nivel formativo de educación terciaria –bachillerato, universidad– ganan un 57% más que las que han finalizado la segunda etapa de secundaria, y estas un 24% más que las que han completado la primera etapa de secundaria o un nivel inferior. Son brechas de origen social. Se supone que la institución educativa tiene que corregirlas. Sin ese filtro, la brecha se ha agrandado. Los colegios e institutos tienen ahora la tarea de recuperar el terreno perdido, mientras de reojo vigilan al virus.

Quizás en septiembre el aplauso sea para los docentes.

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