El expresidente valenciano Carlos Mazón sigue acaparando los focos —políticos y mediáticos— meses después de dimitir, lo que incomoda enormemente a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, que está tratando por todos los medios de pasar página. Esto se debe, en gran medida, a la instrucción judicial liderada por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que sigue tratando de reconstruir minuto a minuto lo que sucedió el fatídico 29 de octubre de 2024, en el que 230 personas fallecieron. Tras multitud de interrogatorios, las respuestas no llegan ahora desde los despachos, sino de quienes acompañaban a Mazón a pocos metros de distancia.
Este lunes declararon los tres escoltas que acompañaron al expresident durante esa jornada y uno de ellos situó la llegada de Mazón a pie al Palau de la Generalitat entre las 19:45 y las 19:50, apenas unos minutos antes de la fase decisiva de la emergencia. Una hora que se contradice con la versión mantenida por la Generalitat durante meses, que indicaba que Mazón estuvo trabajando en su despacho tras el ágape con Vilaplana y pendiente en todo momento de la emergencia. El escolta relató que Mazón subió al despacho, bajó "poco tiempo" después y se marchó hacia el Cecopi alrededor de las 20:00, con llegada a l’Eliana en torno a las 20:30.
Los tres escoltas coincidieron en que el exjefe del Consell prescindió de ellos para acudir solo a la comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, una cita que, según los testigos, figuraba en la agenda desde el día anterior y no fue reconsiderada pese al deterioro de la situación meteorológica. Uno de los escoltas calificó como "raro" que Mazón pidiera que se retiraran antes de llegar al local, aunque matizó que "no era la primera vez" que esto sucedía. La jueza de Catarroja ha abierto diligencias para aclarar por qué el entonces president pidió a sus agentes que se retiraran, y para reconstruir con precisión la secuencia de llamadas, desplazamientos y tiempos.
El PPCV, incapaz de pasar página de Mazón
La consecuencia inmediata para el Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) es que el nombre de Mazón vuelve a marcar la agenda. Esto preocupa especialmente al equipo de Pérez Llorca, que también lidera el partido a nivel orgánico hasta la celebración de un congreso que Génova no tiene ninguna prisa por convocar. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Algo que también se refleja en las encuestas, algunas de las cuales dibujan un cuádruple empate entre PP, PSOE, Vox y Compromís. Todo ello ha reanimado la presión para que Mazón entregue su acta de diputado autonómico, pese a los intentos del expresident de pasar desapercibido desde el gallinero de Les Corts.
De puertas para fuera lo que se proyecta es bien distinto, ya que el propio Pérez Llorca defendió públicamente que "el acta de diputado no se la da el partido sino la soberanía popular" y aseguró que, cuando concluya la instrucción judicial, se adoptarán "las medidas oportunas" conforme a los estatutos. A ello se le suma que el PP decidió premiar a Mazón poco después de dimitir al elegirlo como nuevo presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes. Un cargo que comporta un plus de 634 euros al mes en su sueldo de diputado, aunque la comisión no se reúne desde 2020 y no tiene carácter legislativo.
Tampoco el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reclamado el acta aunque tuvo ocasión de hacerlo la pasada semana durante las más de tres horas y media que duró su comparecencia en la comisión de la dana en el Congreso. Desde la Cámara Baja defendió al expresident de la Generalitat por hacer "lo que debía hacer", en referencia a su dimisión. "Cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irse", señaló respecto a la decisión del valenciano. No contestó, sin embargo, sobre si debía también dejar su acta en Les Corts e insistió en que se quedó en su puesto tras la tragedia porque "alguien debía quedarse al mando". Fuentes de Génova evitan precisar si Mazón debe dimitir, pero aseguran que "nada hubiera cambiado" si hubiera estado antes en el Cecopi.
En paralelo, la presión pública no afloja. Las asociaciones de víctimas han dejado muy claro a Pérez Llorca que no les basta con que Mazón ya no esté al frente de la Generalitat y reclaman abiertamente que renuncie a su escaño mientras el PSPV pide que, si no entrega el acta, el PP lo expulse del grupo. El calendario parlamentario tampoco beneficia a los conservadores valencianos. La comisión de investigación de Les Corts citará a las asociaciones de víctimas los días 23 y 24 de febrero, casi 16 meses después de la tragedia, y volverán a solicitar que el expresidente deje su escaño. Se trata de una convocatoria que la oposición ha denunciado como tardía y que las propias asociaciones aseguran haber reclamado durante meses.
El exjefe de gabinete de Mazón niega haber dado órdenes a Pradas
Feijóo recurre al comodín de ETA y al accidente de Adamuz para justificar a Mazón en el Congreso
Hay, además, otras dos comisiones en marcha: la del Congreso y la del Senado. El último en comparecer en la de la Cámara Baja fue José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón y responsable de comunicación durante su etapa al frente del Consell. En esa comparecencia —su segunda vez en la comisión— negó que diera ninguna orden a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, la tarde de la dana y aseguró que sus mensajes únicamente eran sugerencias. Sin embargo, en los WhatsApps adjuntados a la causa, Cuenca le ordenó directamente que no confinaran a la población: "Salo, de confinar, nada", le trasladó en un momento.
Cuenca defendió con vehemencia al expresident de la Generalitat después de que Mazón le fichara como asesor en la oficina de apoyo como expresidente el pasado mes de diciembre, una prerrogativa prevista en el estatuto autonómico que permite a los exmandatarios disponer de despacho, conductor, seguridad y hasta dos asesores designados a dedo, con cargo a fondos públicos. Cuenca cuenta con una retribución de 57.592 euros brutos al año, según las tablas salariales vigentes de la Generalitat, lo que le ha garantizado su continuidad en un cargo de confianza financiado con dinero público.
"¿Por qué no quería que se confinara Valencia? ¿Por qué esa orden? Está encubriendo a Mazón. Tiene el sueldo de Nescafé para que Mazón no acabe en prisión. Se merecen compartir prisión", le espetó en un momento de la comparecencia la diputada de Compromís, Àgueda Micó. El asesor de Mazón, por su parte, justificó que su pretensión es que las decisiones tuvieran "cobertura legal" y "referendo jurídico", pero incidió que él nada sabía de Emergencias ni era quién para dar instrucciones. Pradas, sin embargo, dijo ante el tribunal que entendió aquellos mensajes como un intento de Presidencia de convencerla de que no tomara aquella decisión.
El expresidente valenciano Carlos Mazón sigue acaparando los focos —políticos y mediáticos— meses después de dimitir, lo que incomoda enormemente a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, que está tratando por todos los medios de pasar página. Esto se debe, en gran medida, a la instrucción judicial liderada por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que sigue tratando de reconstruir minuto a minuto lo que sucedió el fatídico 29 de octubre de 2024, en el que 230 personas fallecieron. Tras multitud de interrogatorios, las respuestas no llegan ahora desde los despachos, sino de quienes acompañaban a Mazón a pocos metros de distancia.