La nueva legislatura

Las tres comisiones contra la corrupción se atascan en el Congreso

Cientos de personas hacen cola para entrar en el Congreso en su jornada de puertas abiertas.

Las comisiones del Congreso de los Diputados que tienen relación con los escándalos de corrupción y la regeneración democrática están en modo de espera. Atascadas. Y, si los grupos no dan un empujón a estos trabajos en los próximas días, las tareas inicialmente previstas para estos órganos de la Cámara baja no empezarán a abordarse hasta el próximo año. Con el Partido Popular ya sin mayoría absoluta, los grupos de la oposición comparten que esta legislatura sí va a ser posible la rendición de cuentas en el Parlamento de los responsables políticos de los escándalos de corrupción que afectan a los conservadores. Una circunstancia que en la X Legislatura (2011-1015) el partido del Gobierno pudo esquivar gracias a su mayoría más que absoluta. Pero no sólo el PP. La idea es que el Congreso pueda servir para analizar los escándalos de corrupción que afectan a todos los partidos independientemente del color político, buscar soluciones y hacer propuestas para que sea difícil que estos casos se vuelvan a producir. Esta es la teoría.

En la práctica, los partidos admiten que están teniendo dificultades para avanzar en esta materia. A día de hoy, el Congreso tiene pendiente abordar o agilizar los trámites de tres cuestiones relacionadas con la corrupción. Se trata de hacer que eche a andar la comisión parlamentaria de calidad democrática y poner fecha a una comisión de investigación sobre la financiación del PP y otra sobre la gestión de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

¿Cómo está cada uno de estos asuntos? ¿Qué plazos se marcan los partidos? infoLibre hace un repaso detallado de cada una de estas tres cuestiones.

Comisión contra la corrupción

Su nombre completo es Comisión de calidad democrática, contra la corrupción y reformas institucionales y legales. Es de reciente creación. Se estrenó en  la breve XI Legislatura, la que duró entre enero y mayo de 2016. Pero no dio tiempo a que se avanzase nada y decayó con la convocatoria de las elecciones generales del 26 de junio. Ahora, con Rajoy ya investido presidente, este órgano no legislativo —cualquier iniciativa debería ser elevada a una comisión de mayor rango— tiene pendiente dar sus primeros pasos de la legislatura. Y, a tenor de lo que cuentan sus protagonistas, está costando.

Fue constituida el 28 de septiembre, según puede consultarse en el espacio que la página web del Congreso destina a detallar la actividad de esta comisión. "Creo que nuestro país todavía vive inmerso en una crisis que es doble, es económica y es institucional, y el fenómeno de la corrupción es responsable en gran medida de ambas cosas. Y considero que es especialmente perjudicial porque aleja a los ciudadanos de nuestras instituciones democráticas y les hace desconfiar especialmente de ellas", justificaba el diputado de Ciudadanos Toni Cantó, presidente de esta comisión, la existencia de la misma el día de su constitución. Transcurridos más de dos meses desde esta fecha, sus miembros no se han puesto de acuerdo todavía a la hora de fijar los temas que van a empezar a debatirse y un calendario de trabajo.

¿Qué ha ocurrido? Fuentes conocedoras de las reuniones que se han celebrado para que comiencen las sesiones y las comparecencias coinciden en señalar que el principal desacuerdo está en el orden que se da a los temas a tratar. En un primer momento la idea era crear dos subcomisiones en el seno de la comisión para ir trabajando de forma paralela. Ahora no se descarta que estas subcomisiones se queden en el aire y se marque un calendario de objetivos por temas.

Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular aseguran que en un principio había consenso para que la nueva comisión empezase a trabajar en materia de contratación pública, de protección de los denunciantes de los escándalos de corrupción y de la creación de una especie de observatorio contra este tipo de prácticas. Esto fue así hasta que el Consejo de Ministros del 25 de noviembre acordó remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, un asunto que no se había podido abordar antes porque lo impedía el hecho de que el Gobierno estuviese en funciones. Llegado este punto, los integrantes de la Mesa de esta comisión acordaron sacar este punto de los prioritarios a abordar y se empezaron a buscar alternativas.

Desde el PP señalan que Ciudadanos, con quienes tienen un pacto que desbloqueó que Rajoy fuera elegido presidente del Gobierno, estuvo de acuerdo en sustituir el debate sobre los contratos públicos por el de la financiación de los partidos políticos, un asunto con el que los conservadores también quieren que se retrate la formación liderada por Pablo Iglesias. El problema, añaden las mismas fuentes, es que el resto de grupos se opusieron. La mayor oposición, subrayan, llegó por parte del PSOE.

A ojos de los otros partidos es preferible dar prioridad al debate de la participación del Parlamento en los nombramientos de los miembros de determinados organismos públicos. Desde el PP se llegó a proponer como tema a tratar, también sin éxito, el de los aforamientos.

Fuentes de la dirección de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados consultadas por infoLibre señalan que la intención de Cantó, como presidente de la Comisión, es que el calendario de trabajo y los temas a tratar queden solucionados antes de que termine el año. En todo caso, si PP y Ciudadanos logran ponerse de acuerdo en los temas que han de tratarse en esta comisión, seguirían, no obstante en minoría respecto al resto de fuerzas.

En la formación naranja admiten que de todas las comisiones parlamentarias esta es la más compleja por el tema que trata. A priori, el PP sería el partido más afectado si se tiene en cuenta que casos que afectan a sus cargos o ex cargos públicos: Gürtel, Taula, la operación Púnica... Aunque el escándalo de los ERE de Andalucía también sitúa en el punto de mira al PSOE. Esta circunstancia ha despertado ciertas sospechas en algunos sectores de la oposición que apuntan a que PP y PSOE podrían acabar uniéndose para bloquear algunos de los posibles avances de esta novedosa comisión. En ambas formaciones lo niegan.

La comisión no ha comenzado a funcionar. Pero esto no es óbice para que se le vaya acumulando el trabajo. De momento cuenta ya con cuatro peticiones de comparecencia.

La primera, a cargo del Grupo Mixto, reclama que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explique "las prioridades del Gobierno para la presente Legislatura en materia de calidad democrática, lucha contra la corrupción y reformas institucionales".

La segunda tiene su autoría en el Grupo de Unidos Podemos y pretende que comparezca el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno [Jorge Moragas], "para informar, con carácter urgente, sobre los graves hechos puestos en su conocimiento a través de la carta de don José Faya José Fayadirigida a su Gabinete, con fecha 10/06/2015, en la que se informaba sobre el cobro de comisiones ilegales por parte de Gustavo de Aristegui y Pedro Gómez de la Serna (ambos cargos del PP)".

El Grupo Mixto también solicitó la comparecencia de "Florentino Pérez Rodríguez, presidente del Consejo de Administración de Dragados-ACS", "tras las graves acusaciones vertidas, en el transcurso del juicio contra la trama Gürtel, por el principal acusado, Francisco Correa, quien, ante el juez, ha afirmado haber participado con dicha empresa de un acuerdo o trato de favor, a todas luces ilegal, para la adjudicación de obra pública a éstas a cambio de dinero". Y la de "Juan Villar-Mir de Fuentes, presidente del Consejo de Administración de OHL", por motivos similares.

Comisión de investigación sobre la financiación del PP

Sin el apoyo de los 32 diputados de Ciudadanos, Mariano Rajoy habría tenido imposible lograr la abstención del PSOE en su investidura. De ahí que el gesto de la formación naranja llevase aparejado una serie de condiciones y exigencias para los conservadores. Se comenzó con negociar seis puntos que, a ojos de la formación de Albert Rivera, eran básicos antes de sentarse a hablar y de ahí saldría después el pacto de investidura con 150 puntos a cumplir a lo largo de la legislatura.

Uno de esos seis puntos que actuaron como puerta al pacto global era el siguiente: "Creación de una comisión parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular". Y tenía letra pequeña: "Estas condiciones se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la XII legislatura, a contar desde la fecha de investidura", podía leerse en el documento firmado por Juan Carlos Girauta por parte de Ciudadanos y Rafael Hernando por parte del PP.

¿Qué significa esto? Con el texto del pacto como base, antes del 29 de enero debe estar tramitada en el Congreso la creación de esa comisión parlamentaria sobre la financiación del partido de Rajoy. Un órgano en el que se pretende que uno de los protagonistas sea el presidente del Gobierno.

En Ciudadanos aseguran que el pacto se va a cumplir y que esta comisión de investigación va a echar a andar en tiempo y forma. De hecho subrayan que desde el Gobierno y desde el PP han sido muy insistentes en las últimas semanas en la vigencia del pacto. Pero en sectores del PP se había instalado en las últimas semanas la idea de que, sin elecciones de por medio, iba a ser posible aparcar la comisión de investigación de momento y que los partidos debatiesen "con calma" en la comisión contra la corrupción creada esta legislatura. 

No es ningún secreto que PP y Ciudadanos no atraviesan el mejor momento de su relación. La reacción de los conservadores a la muerte de Rita Barberá, poniendo en duda puntos del pacto con el partido naranja en lo relacionado con el tratamiento a los imputados, y las negociaciones sobre el techo de gasto y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el PSOE han generado no pocas fricciones. "¿No quería Rivera que también nos entendiésemos con el PSOE? ¿No decía que era lo mejor? Nosotros apreciamos y respetamos el pacto con Ciudadanos. Pero no engañamos a nadie si decimos que con Ciudadanos no sumamos. Que necesitamos al PSOE", señala un veterano parlamentario.

El reglamento del Congreso, en su artículo 52, establece que "el Pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público". Al ir en el pacto el PP no tendría, a priori, forma de dar la espalda a esa comisión de investigación que todavía no ha sido registrada por Ciudadanos. Otra cosa es que no les haga ninguna gracia como tampoco les gustó poner el listón de la dimisión de los cargos públicos en el momento de su imputación en un escándalo de corrupción.

El pasado agosto, cuando PP y Ciudadanos negociaban su pacto de investidura, el Grupo Parlamentario Socialista se adelantó al partido naranja y registró la creación de una comisión de investigación también relacionada con la financiación del PP.

Comisión de investigación sobre la gestión de Jorge Fernández Díaz

El pasado 27 de septiembre, el pleno del Congreso de los Diputados acordó, con el voto negativo del PP, la creación de una comisión de investigación "sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos".

La enfermedad del ya exministro del Interior mantiene frenada esta comisión de investigación. Hace poco más de una semana desde su entorno se informó que había sido sometido a una delicada intervención del hígado en la clínica Universitaria de Navarra.

La base de esta iniciativa parlamentaria fue una información, adelantada por Público, con audios como prueba documental, según la cual Jorge Fernández Díaz se reunió con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, para buscar casos de corrupción que afectasen a líderes independentistas. 

Días después de la votación en el Pleno, la Comisión de Interior del Congreso votó a favor de reprobar al ya exministro.

Cuando Fernández Díaz fue reprobado todavía conservaba su puesto de ministro en funciones. Fue tras asumir Rajoy la Presidencia del Gobierno con plenos poderes cuando decidió prescindir de él y ubicar en esta cartera al andaluz Juan Ignacio Zoido.

El 16 de noviembre, tras comprobar el PP el rechazo de los grupos a que Fernández Díaz presidiese una comisión parlamentaria tras haber sido reprobado por la Cámara, el exministro fue ubicado al frente de la Comisión de Peticiones, en la que no se requiere que el presidente sea votado.

 

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