Tres investigaciones para esclarecer las muertes en Melilla: IU eleva el caso a la Defensora del Pueblo de la UE

Migrantes apilados y engrilletados junto a una verja en Nador. Es la imagen que dejó la muerte de 23 personas frente a la valla de Melilla, una cifra que las ONG elevan hasta 37. La primera reacción del presidente español, Pedro Sánchez, fue agradecer a Marruecos la actuación de sus fuerzas de seguridad contra los migrantes y responsabilizó de las muertes a las mafias que trafican con seres humanos. Unas declaraciones que causaron estupor e indignación entre los grupos que trabajan por los derechos humanos en la zona. 

En los días posteriores Sánchez se vio obligado a matizar sus declaraciones y, en diversas entrevistas, aseguró que se sentía conmovido por las imágenes, a la vez que evitaba pedir explicaciones a Marruecos. El problema, siguió manteniendo, son “las mafias que trafican con seres humanos y que provocan situaciones trágicas”. En respuesta a lo sucedido, la parte socialista del Ejecutivo derivó cualquier tipo de investigación a las pesquisas de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo. 

La Fiscalía española anunció que llevaría a cabo una investigación penal en base a “la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación”. También lo hizo el Defensor del Pueblo, el organismo capitaneado por Ángel Gabilondo, que inició una actuación de oficio tras la queja de nueve ONG. Sin embargo, algunos expertos consultados por infoLibre reconocían recientemente la complejidad de que alguien pague por lo sucedido, más allá de las explicaciones políticas. 

Para Unidas Podemos, el socio minoritario del Ejecutivo, ambas investigaciones son insuficientes. Los morados anunciaron la pasada semana su intención de promover la creación de una comisión de investigación en el Congreso destinada a esclarecer los hechos de la mano de EH Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Pero necesitaría el sí del Partido Popular para salir adelante.

La petición, que incluye la comparecencia del ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, también lleva la firma de Junts, la CUP y el BNG, señala al Gobierno como “responsable” de lo ocurrido en Nador porque consideran que es "consecuencia" de las políticas migratorias de la Unión Europea y del nuevo acuerdo entre los Gobiernos de España y Marruecos, el mismo que hizo variar la posición española sobre el Sáhara Occidental.

Rego: "Estas muertes son consecuencia de las políticas europeas"

En este contexto Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida y miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), ha pedido a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O`Reilly, que abra una investigación para esclarecer si se violó el derecho a la petición de asilo y se produjeron devoluciones en caliente. Se trata de la primera denuncia formal a nivel europeo, después de que la semana pasada más de medio centenar de diputados, incluida Rego, enviaran una carta a la Comisión Europea para pedir una investigación.

"Nosotros lo llevamos a la Defensora del Pueblo porque en este asunto hay un problema de fondo que tiene que ver con las políticas migratorias de la Unión Europea, es en ese marco en el que se da esta tragedia", explica Rego en conversación con infoLibre, que hace hincapié en que lo ocurrido en la frontera de Melilla no es más que la expresión de esa políticas migratorias europeas.

Las respuestas de la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Nabila Massrali, y de la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, no han sido demasiado contundentes. Pese a que la primera sí que manifestó que había que esclarecer los hechos, evitó pedir una investigación independiente a Rabat o censurar que las autoridades marroquíes trataran de enterrar el tema. Por su parte, Johansson ha comparecido este lunes en Estrasburgo y ha tachado de "inaceptable" lo ocurrido y ha reclamado una investigación, aunque ha negado que esta vez se trate de un intento de Marruecos de presionar a la Unión Europea.

"Desde la Comisión y el Consejo Europeo, sólo hemos escuchado apoyos a las actuaciones de la Guardia marroquí, a las fuerzas del orden españolas y no se ha hecho ni una sola referencia a una posible violación de los derechos humanos", lamenta la eurodiputada de IU. "La comisaria de Interior ha echado balones fuera en la Eurocámara. Es una estrategia en la que son expertos", añade.

Las devoluciones en caliente

Lo cierto es que nuestro país lleva años pagando a Marruecos para impedir la llegada de inmigrantes africanos. En mayo de 2021, justo antes de que Marruecos permitiese la llegada masiva de migrantes a Ceuta para presionar a España en relación con el Sáhara, el Gobierno de Pedro Sánchez acababa de aprobar ayudas directas destinadas a controlar las fronteras, desarticular mafias y evitar la inmigración ilegal en las costas españolas y en Ceuta y Melilla.

“Los acuerdos UE-Marruecos para la vigilancia de fronteras, en lo que numerosas organizaciones han venido a llamar como la ‘externalización de fronteras de la UE’, desarrollan una importante financiación por parte de la Unión Europea a las autoridades marroquíes. Según información de la propia Comisión Europea, Marruecos sería el segundo país que más fondos europeos recibe para la gestión migratoria”, detalla la europarlamentaria de IU. 

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El organismo que capitanea la irlandesa Emily O’Reilly tiene como objetivo investigar las reclamaciones relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la Unión Europea. Las reclamaciones pueden proceder de cualquier ciudadano de la UE o de residentes, empresas y organizaciones con domicilio en un Estado miembro. Rego recuerda que, en anteriores ocasiones, como Defensora del Pueblo, O'Reilly ha abierto procedimientos de investigación ante casos similares, como sucedió recientemente en Croacia, y le demanda que siga el mismo criterio.

Al igual que sucede en el caso español, la función principal de este organismo es la de emitir resoluciones, aunque también puede realizar advertencias, recomendaciones y recordatorios a funcionarios y autoridades. "Lo que realiza una serie de recomendaciones a la Comisión Europa y sus dictámenes tienen peso en Bruselas", asegura Rego. "Lo que nosotros queremos es presionar a través de ella, porque  hay que poner lo que ha sucedido en Melilla en el contexto de la política migratoria europea y los problemas que se dan en España también suceden en otras fronteras".

Al igual que Rego, los colectivos pro derechos humanos llevan años sosteniendo las devoluciones en caliente vulneran tanto el artículo 4 del Protocolo nº4 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos –prohibición de las "expulsiones colectivas de extranjeros"– como del artículo 13 del CEDH, que reconoce que toda persona tiene derecho "a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales". Es decir, al ser rechazados directamente en frontera no se les permite recurrir esa devolución. Sin embargo, las sentencias de organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Constitucional complican esta vía.