Reforma eléctrica

Tres reformas de la electricidad (aún) fuera de la mesa de Ribera: empresa pública, auditoría a las eléctricas y sistema de precios estable

La ministra y vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una sesión de control en el Senado.

Este jueves, el Gobierno bajará el IVA a la electricidad del 21% al 10%. A todos los consumidores domésticos siempre que el precio del mercado se mantenga alto; y a los más vulnerables, hasta final de año como mínimo. La mayoría de expertos consideran que, más allá de que lo consideren o no una respuesta acertada, la fiscalidad es la única herramienta que tiene a mano el Ministerio para la Transición Ecológica para bajar el precio de la factura. A largo plazo, no es ni la más adecuada ni la más justa. El Ejecutivo trabaja en medidas estructurales que explicamos aquí: dos anteproyectos para hacer que las energéticas paguen el coste completo de la revolución renovable y para que nucleares e hidroeléctricas dejen de estar sobrerretribuidas, así como otros cambios en el sistema marginalista para evitar que el encarecimiento del gas natural dispare el recibo. 

Sin embargo, estas semanas se han puesto sobre la mesa otras opciones para, siempre a largo plazo y tras un estudiado proceso, acabar con el sablazo para siempre. Provienen de distintos sectores y, por ahora, no están siendo consideradas por Transición Ecológica, el Ministerio que tiene plena competencia sobre el asunto. Las tres tienen sus ventajas, sus dificultades y sus imposibilidades, según los especialistas en el funcionamiento del mercado eléctrico. 

Una empresa pública de energía

Unidas Podemos, partido de Gobierno, lleva semanas insistiendo en la necesidad de crear una empresa pública de energía para ofrecer precios asequibles a los consumidores e incentivar el desarrollo y la implantación de energías renovables, entre otros objetivos. Los expertos consultados, tanto los que han accedido a aparecer con su nombre en este reportaje como los que no, lo consideran una medida poco útil e ineficiente. Pero reclaman: hay que detallar qué tipo de compañía estatal se quiere, cuál sería el método y dónde se ubicaría dentro del sistema. 

Así se puede leer en el programa electoral de Unidas Podemos para las últimas generales. "Esta empresa desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico y hará posible que cumplamos los objetivos fijados. Dada la importancia de estos fines, también se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética". Lo que está proponiendo la formación morada es una empresa que sea generadora (propietaria de centrales o parques eléctricos) y comercializadora a la vez, al estilo de las grandes: Iberdrola, Endesa o Naturgy (aunque no pueden ser, exactamente, la misma compañía). "Muchas veces se pone como una especie de panacea", cuando no lo es, critica Diego Rodríguez, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especialista en el mercado eléctrico. 

Si se crea una empresa pública de energía desde cero, lo único que podría hacer sería instalar renovables. Sería una gota en un océano eólico y fotovoltaico. "En España hay decenas de miles de plantas de energías renovables. Que haya una compañía pública no quita ni pone nada en el mercado. ¿Que van a poner un parque de generación de 1000 megavatios? Eso no es nada en el conjunto del sistema", asegura el economista. Otra opción, asegura, sería nacionalizar una gran eléctrica ya existente, ya sea mediante un acuerdo de compra o una expropiación. En ambos casos, hace falta mucho dinero. Los ingentes beneficios que generaría la actividad podrían repercutir en lo público en vez de en los bolsillos de los empresarios. ¿Merece la pena el esfuerzo, en vez de modificar las reglas para que sean justas con los que menos tienen? "Es ineficiente", sentencia Rodríguez. 

Otra opción sería una comercializadora pública. Ya existen, de hecho, en el ámbito local, derivadas de las antiguas distribuidoras con el sistema anterior. "Si es pública, podrías ofrecer un mejor precio a determinados consumidores. Tendrás que subírselo a otros o generar pérdidas", asegura el profesor de la UCM. De nuevo, un bono social amplio y ambicioso sirve para lo mismo sin tanto lío. "Ese mantra de que la empresa pública va a solucionar... por mucho repetirlo, no se va a convertir en verdad". 

Sin embargo, en un contexto muy concreto, los analistas consultados aseguran que una empresa estatal podría tener sentido. Cuando se acaben las concesiones de las centrales hidroeléctricas, una empresa pública podría quitarlas de las manos de las grandes compañías para que el Estado se lleve los beneficios de una tecnología amortizada y fácil de gestionar. "Yo siempre he sido contrario", asegura el analista Jorge Morales de Labra, pero para esta labor sí que está a favor. "Otra alternativa es impedir que entren en el concurso las eléctricas que tengan ya capacidad de hidroeléctrica, limitando la concentración en ese mercado", sugiere. 

Una auditoría a las eléctricas

Como sabemos, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que pagan tanto los consumidores vulnerables, sujetos al bono social, como todos aquellos que lo prefieren, depende de los vaivenes del mercado. Las eléctricas ponen en la subasta diaria el precio acorde a lo que les cuesta generar la electricidad más un beneficio razonable. ¿Y si no les cuesta tanto y están inflando el recibo? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigila y castiga comportamientos irregulares, como paradas de centrales para hacer que el gas, la tecnología más cara, marque lo que cobran todos los demás. Pero no puede fiscalizar los precios, considera Rodríguez. ¿La razón? Simple, quizá dolorosa para algunos: es un bien esencial prácticamente privatizado. "Imagina que el Estado va a preguntarle a un quiosco por qué cobra a ese precio los chicles. El quiosquero diría: ¿usted quién es para pedirme mis costes? Yo no tengo por qué darle mis costes". 

"A mí me parece fundamental", disiente Morales de Labra. Pero cree que la auditoría tiene que ir de la mano con otra reforma que estudia el Ejecutivo: la salida de nucleares e hidroeléctricas del sistema marginalista, pactando un precio con ellas. Rodríguez está de acuerdo: en el momento en el que se pacta lo que van a recibir, hay una intervención que requiere un control. Porque ya no es libre mercado.

"Todos sabemos que las hidroeléctricas ganan dinero por un tubo", asegura un especialista del sector cercano a la administración pública del mercado. Pero, reflexiona, ¿para qué te sirve saber lo que ganan? "En generación da igual lo que audites", asegura: hace falta cambiar las normas de juego. 

Un precio más estable para el pequeño consumidor

Las grandes empresas eléctricas no se iban a quedar calladas ante esta crisis energética. Han sido numerosas las intervenciones públicas de compañías como Iberdrola o Endesa, tanto en on como en off. La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha asegurado este miércoles que, para suavizar las subidas y bajadas del mercado para el consumidor sujeto al PVPC, hay que volver al sistema parecido al que estaba vigente en España antes de 2013: una sola subasta, trimestral o anual, para fijar lo que se paga en ese recibo. O un cálculo basado en las predicciones a futuro, apuntan "fuentes del sector" que han enviado a los medios su punto de vista a lo largo de estos días. 

Los analistas consultados se mueven entre la sorpresa y la indignación ante esta propuesta. "Es una barbaridad", asegura una experta vinculada al Gobierno. "No tiene sentido", apunta otra fuente. "Estoy radicalmente en contra. Es contrario a la legislación europea y no sería viable. La experiencia que tuvimos con eso, de 2009 a 2013, originó unos mayores beneficios de empresas calculados en 1300 millones de euros. Generó más manipulación y más coste", ataca Morales de Labra. 

En esencia: lo que proponen las eléctricas es que, como el PVPC cambia cada día, hay que fijar un precio más a largo plazo para evitar la montaña rusa. Fuentes de las compañías calculan que, ahora mismo, cada español pagaría un 32% menos. Pero esas mismas fuentes olvidan calcular cuánto pagaríamos de más ese sistema durante los meses en los que las renovables funcionan a todo trapo y cae en picado el precio: por ejemplo, durante febrero, marzo, abril y parte de mayo de 2021. Y, espera el Gobierno, a partir de septiembre. Si durante marzo de este año hubiéramos utilizado este modelo, habríamos pagado más.

"El sistema de 2009 a 2013 fue bastante conflictivo", recuerda Rodríguez. De hecho, fue la clave de la manipulación de mercado que, según la CNMC, cometió Iberdrola, y que se está juzgando en la Audiencia Nacional. Justo cuando se iba a celebrar la subasta para fijar el precio para el pequeño consumidor, la generadora paralizó sus presas para subir el precio. Reflexiona el experto: lo que venden las energéticas, tanto con estas proposiciones como con sus tarifas del mercado libre, es tranquilidad. Una factura sin sobresaltos. Pero lo aprovechan para, por lo general, elevar el recibo y ganar más, porque saben que, de media, perciben menos dinero con la tarifa regulada. 

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