Operación Púnica

La UCO concluye que Cifuentes participó en el amaño de contratos para un donante del PP pero el juez descarta investigarla

Cristina Cifuentes, este martes durante un encuentro con medios de comunicación.

Alicia Gutiérrez / Tono Calleja

Cristina Cifuentes no será investigada dentro del caso Púnica pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la incluye entre quienes participaron en el presunto amaño de dos contratos de la Asamblea de Madrid en favor de uno de los principales donantes de Fundescam, la oscura fundación que financió campañas de Esperanza Aguirre. Hasta 2008, Cifuentes fue vocal de Fundescam.

Ni el juez Eloy Velasco ni la Fiscalía Anticorrupción consideran que haya el menor indicio que vincule a Cifuentes –que goza de aforamiento– con la financiación ilegal del PP. Los contratos, uno de 2009 y otro de 2011 y ambos para la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid, beneficiaron a una empresa de Arturo Fernández, entonces presidente de la patronal madrileña Ceim. La Guardia Civil sostiene que tanto Cifuentes como los tres funcionarios involucrados en sendas adjudicaciones a través del llamado "comité de expertos" pudieron incurrir en un delito de prevaricación y otro de cohecho

Cifuentes reaccionó a la difusión del informe de la Guardia Civil asegurando que se trató de un proceso de adjudicación "transparente" otorgado por la Mesa de la Asamblea de Madrid con la intervención de todos los grupos políticos.

Su equipo defendió luego la idea de que, incluso si el funcionario que elaboró el informe de valoración del comité de expertos hubiera actuado incorrectamente, no hay elementos que permitan extender su responsabilidad a los demás miembros del comité. Nadie ha explicado hasta ahora qué función cumplía entonces en ese comité un cargo político, como era el caso de Cristina Cifuentes.

Fechado en marzo, el informe de la UCO y una posterior ampliación detallan cómo el comité de expertos de la Cámara madrileña, comité al que pertenecía Cifuentes al tiempo que presidía la mesa de contratación de esa institución pública, maniobró en beneficio de Fernández. En la licitación, hubo "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos [el de 2009 y el de 2011]  y decidir de antemano la adjudicación de los mismos". 

El informe de la UCO destaca que Cifuentes, que era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, simultaneó la presidencia de la mesa de contratación de esa institución con su pertenencia al comité de expertos encargado de valorar las ofertas para la gestión de la cafetería, "circunstancia contraria a la legalidad", recuerda la Guardia Civil. La UCO va más allá y se muestra tajante en cuanto al grado de participación en el presunto amaño que atribuye a la jefa del Ejecutivo madrileño: tanto ella como otra empleada de la Cámara que dieron su visto bueno a la baremación favorable a Arturo Fernández "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" de un dato que el informe explica con lujo de detalles: que a la empresa que rivalizaba con la del entonces dirigente patronal, Clece, se la había penalizado con un 0 en dos de los cinco criterios establecidos bajo la "falsa argumentación" de que no había presentado la documentación exigida en ambos apartados. Perteneciente al grupo de Florentino Pérez, Clece no recurrió la adjudicación a la empresa de Arturo Fernández.

La Guardia Civil relata en su informe los precedentes de Arturo Fernández en relación a la financiación del PP. En 2007, el año en que Aguirre afianzó la victoria obtenida cuatro años antes tras el tamayazo, el dueño de Cantoblanco donó 60.000 euros a Fundescam. La patronal CEIM aportó otros 100.000. Y una empresa de enseñanza en la que participaba Fernández –Gestión de Centros Educativos– ingresó otros 60.000. Total: 220.000 euros.

 

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