La UE es incapaz de frenar el creciente comercio ilegal de residuos en Europa

En la ciudad polaca de Wschowa, no lejos de la frontera alemana, el negocio de extracción de arena de un empresario llamó la atención de las autoridades después de que los vecinos se quejaran del fuerte olor proveniente de aquellos terrenos. Los documentos judiciales demuestran que Zbigniew T. no hizo su fortuna vendiendo arena, sino enterrando miles de toneladas de residuos ilegales procedentes de Alemania y Polonia occidental. Los pozos de arena y grava que explotaba su empresa tenían varios cientos de metros de profundidad y, según la Fiscalía, se llenaron con casi medio millón de metros cúbicos de residuos, suficientes para llenar unos 5.000 camiones grandes.

"Hay plásticos (fragmentos de película de diversos tamaños), fragmentos de envases de queso, tapones, envases vacíos de cosméticos", declaró un inspector medioambiental que tomó una muestra del vertedero subterráneo. Entre los residuos había facturas de transporte de una empresa de Alemania que demostraban que enviaba a Polonia plástico mezclado con escombros con el código 170504, correspondiente a “suelo y tierra”.

El caso en el que están implicados Zbigniew T. y otras 22 personas, entre ellas un inspector de medio ambiente que presuntamente cooperó con la banda, sigue su curso. Pero es uno de los pocos que llegan a los tribunales.

Con el aumento de la producción de residuos plásticos –los europeos produjeron una media de casi 35 kilos cada uno en 2020, un 23% más que en 2010­– y el cierre de las rutas internacionales de eliminación de basura, la delincuencia relacionada con los residuos en Europa es un problema creciente. Los Estados de la Unión Europea (UE) carecen de recursos para perseguir a los delincuentes, mientras que los sistemas y la recogida de datos a escala comunitaria son a menudo ineficaces.

Problemas crecientes

El precio que pagan por tonelada de residuos ilegales quienes quieren deshacerse de ellos en Europa occidental oscila entre 30 y 50 euros en Polonia. Esta cantidad es mucho más pequeña que los 300 euros por tonelada que llega a valer la utilización de rutas legítimas de reciclaje en Alemania. Depositar los residuos en un vertedero en el Reino Unido puede costar 113 euros por tonelada, más del doble que en Polonia, Rumanía, Bulgaria o Croacia, donde abundan los vertederos ilegales. Italia y el Reino Unido se han visto obligados recientemente a retirar la basura encontrada en vertederos ilegales en Polonia, mientras que la empresa alemana implicada en el caso de Zbigniew T. no ha tenido que hacer frente a tales exigencias.

Entre 2017 y 2018, Europa del Este se convirtió en un punto caliente de vertido ilegal de residuos, en muchos casos literalmente. Solo en 2018 ardieron más de 130 vertederos en Polonia. Hasta la fecha, en toda Polonia, menos de 10 personas han sido condenadas por incendios provocados.

"Todo empezó en 2018, cuando China cerró su mercado. Otros países, como Malasia, Filipinas, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Túnez, Turquía, Marruecos y Egipto se vieron de repente presionados para aceptar más residuos", explica Piotr Barczak, experto en economía circular de la Asociación Residuos Cero de Polonia.

Públicamente, las autoridades polacas presumen de que cada año se realizan cientos de inspecciones de traslados de residuos. Pero sólo una mínima parte llega a los tribunales. Los inspectores de medio ambiente de Varsovia o los de Lisboa o Atenas tienen clara la razón: a los fiscales no les gustan los asuntos de residuos. Los casos son arduos, los recursos limitados y las condenas bajas. Las penas máximas de prisión en Europa rara vez superan los cinco años. La máxima en España es de dos años. Una excepción es Eslovenia, que tiene una de las legislaciones más duras: el contrabando y el vertido ilegal de residuos se castigan con hasta 12 años de cárcel.

Legislación incoherente en Bruselas

La incapacidad de Europa para atajar el comercio ilegal de residuos se debe en parte a la incoherencia de la legislación acordada en Bruselas. Helmut Maurer, antiguo experto de la Dirección de Economía Circular de la Comisión Europea que trabajó durante décadas en temas de residuos, sostiene que "la legislación europea sobre delitos medioambientales es muy indulgente con los infractores, a los que considera 'agentes económicos'. Los delitos contra el medio ambiente se consideran menores. En la mayoría de los casos, los procedimientos contra ellos no prosperan en los tribunales porque la ley dificulta la prueba de los delitos".

Piotr Barczak está de acuerdo: "Lo peor es que hay penas pequeñas para estos delitos de residuos. Ahora el Ministerio polaco promete 10 años de cárcel por transporte ilegal de residuos”. En todo caso, considera que “las penas no disuadirán a los delincuentes de actuar".

El escaso impacto de la legislación se describe en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea, que ofrece una evaluación negativa de la eficacia del actual Reglamento sobre traslados de residuos:

Escasez de personal

Muchos países carecen de personal suficiente para realizar inspecciones y, cuando éstas se llevan a cabo, suelen centrarse en las drogas o el alcohol, según un experto en traslados de residuos de IMPEL, red de inspectores nacionales de medio ambiente de Europa dirigida por voluntarios.

Sólo 22 personas trabajan en el departamento de traslados transfronterizos de residuos de Polonia. El Ministerio de Transición Ecológica y Retos Demográficos (MITECO) de España tiene seis empleados dedicados a estas cuestiones. En Noruega, la Dirección de Medio Ambiente tiene cuatro empleados que trabajan en los certificados de exportación de residuos y 30 como inspectores, encargados de supervisar nueve leyes con un total de 22 reglamentos. Dieciocho empleados se encargan de supervisar los traslados de residuos de Francia.

La Inspección General de Portugal abarca los delitos medioambientales, pero también el control de la agricultura, la gestión marítima y la ordenación del territorio, consecuencia de una revisión de la Comisión Europea (junto con el FMI y el BCE) del rescate financiero del país tras la crisis de deuda de 2011 que llevó a fusionar varios organismos de inspección. Ahora solo 30 inspectores trabajan en temas medioambientales. Los salarios también son bajos en comparación con otros funcionarios. En Portugal, los altos funcionarios ganan menos de 3 800 euros al mes. El mismo problema existe en Polonia, donde los inspectores se marchan a buscar trabajos mejor pagados en el sector privado.

"La escasez de personal es un problema general y extendido. No tenemos personal suficiente para realizar más inspecciones cuantitativas y cualitativas", lamenta el funcionario de IMPEL.

Acciones fragmentadas

Las inspecciones cualitativas son más difíciles porque la mayor parte del comercio de residuos se basa en documentos en papel. No existe una única base de datos electrónica de residuos para Europa y algunos Estados siguen sin publicar sus registros de permisos de gestión de residuos.

A menudo varias instituciones se encargan de controlar los traslados de residuos al mismo tiempo: inspectores de medio ambiente, policía, funcionarios de Hacienda y autoridades aduaneras y de transporte. Un informe de Interpol de 2020 advertía de que "debido a las limitaciones en las competencias de investigación, las investigaciones sobre delitos relacionados con los residuos pueden estar dispersas entre distintas autoridades".

La comunicación entre los Estados de la UE en materia de residuos no es fácil, pues no existe un sistema común que permita cruzar los datos de varios países. El Reino Unido utiliza un sistema llamado IWS Online para controlar los traslados de residuos, mientras que el MITECO español –al igual que Portugal o Polonia– tiene un sistema vinculado a las aduanas. "La falta de trazabilidad internacional dificulta los esfuerzos por identificar el origen, el destinatario y otras pistas de investigación", añade el informe de Interpol.

Para mejorar esta situación, la UE ha creado IMSOC, un sistema de gestión de la información procedente de las inspecciones oficiales. Ya contiene bases de datos sobre alimentos y piensos inseguros y sobre enfermedades animales. Sin embargo, la introducción del sistema IMSOC para el control de residuos va despacio. Su uso no es obligatorio, pero lo será tras la introducción del nuevo Reglamento de la UE sobre traslados de residuos.

¿Podrá Europa alcanzar a los delincuentes?

La Comisión Europea afirma que "los sistemas de control/inspección divergentes y la falta de criterios de inspección armonizados, en particular la frecuencia y la calidad de las inspecciones, socavan la aplicación uniforme del Reglamento" comunitario, indicando que "una de las principales razones de la persistencia de los traslados ilegales de residuos es la falta de aplicación uniforme de la ley en toda la UE".

Desde 2016, la Unión Europea ha financiado al menos tres proyectos para combatir el traslado ilegal de residuos. En gran medida, son una colección de kits de herramientas de capacitación, información normativa y tendencias actuales sobre residuos ilegales. Sin embargo, SWEAP –Proyecto de Acciones de Cumplimiento de Traslado de Residuos por sus siglas en inglés– podría proporcionar a los inspectores un valioso apoyo digital, ya que planea lanzar una herramienta de seguimiento de residuos basada en GPS.

"Hasta ahora hemos elaborado un manual para las autoridades sobre cómo utilizar los rastreadores, y para algunos países hemos encargado y entregado rastreadores", afirma un portavoz. "Todavía no se han empleado, así que de momento no tenemos resultados".

El nuevo Reglamento sobre traslado de residuos está sobre la mesa legislativa desde diciembre de 2022. Podría entrar en vigor a principios de 2025, con sanciones más fuertes y medidas para abordar las diferencias de interpretación y aplicación en toda Europa.

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Para los inspectores de medio ambiente sobre el terreno en Polonia, sin embargo, localizar operaciones ilegales de residuos sigue siendo un reto. "A veces nos llama la policía medioambiental", comenta un inspector. "Pero somos un órgano administrativo, llevamos a cabo procedimientos administrativos, no investigaciones penales. Lo primero que nos suelen decir los abogados de las empresas inspeccionadas es que no tenemos base legal para acudir a la inspección. Si se demuestra que abusamos de nuestros poderes, todos nuestros hallazgos carecen de validez. La normativa es débil".

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Editor: Chris Matthews