Podemos ultima una ley para que los bancos paguen la subida de las hipotecas con los fondos de su rescate

Ione Belarra no va a anuncio por día, pero casi. La líder de Podemos y ministra de Derechos sociales quiere crear una ley para "proteger a las familias" de la subida de las hipotecas. ¿Cómo? Obligando a las entidades bancarias a que se hagan cargo del aumento de los tipos de interés. Belarra lo ha anunciado este miércoles en un mitin desde Tarragona, aunque fuentes del partido precisan que aún faltan cerrar algunos detalles del texto. "La banca tiene que empezar a devolver el rescate bancario que todavía nos deben, nutriendo ese fondo para que la gente que no puede pagar la hipoteca tenga un último resguardo, un lugar al que ir", ha señalado. De lo contrario, ha advertido la secretaria general de Podemos, habrá "una epidemia de impagos hipotecarios" que provocará "mucho dolor". La propuesta, a la que ha tenido acceso infoLibre, defiende la creación de un Fondo de Responsabilidad Social mediante aportaciones de todas las entidades financieras que desarrollen su actividad en España, unas cuotas que tendrían un "carácter compensatorio" para lograr "la devolución del rescate bancario de 2008” señalan.

Los morados temen que haya un "incremento masivo de los impagos de préstamos hipotecarios y créditos al consumo" con "terribles consecuencias sociales y económicas para el conjunto de la población" y por ese motivo pide que la ley entre en vigor antes de que se produzcan las revisiones anuales de las hipotecas variables en junio y que se financie con el rescate bancario. Según un reciente informe del Tribunal de Cuentas, los bancos españoles recibieron 71.833 millones de euros para sanear sus balances, dañados por su exposición al ladrillo. De esa cifra, 50.622 millones de euros fueron inyectados a través del Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria (FROB) y otros 21.273 millones de aportaciones de entidades de crédito privadas.

Aunque el rescate lo recibieron las cajas de ahorro, éstas pasaron después al poder de los bancos. El BBVA adquirió Catalunya Banc –a su vez resultado de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa– y Unnim –Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa–. Caixabank se quedó con Banco de Valencia y Banca Cívica –Cajasol, CajaCanarias, Caja Burgos y Caja Navarra–. Banco Sabadell hizo lo propio con la Caja de Ahorros del Mediterráneco (CAM), el Banco Gallego y Caixa Penedés. Bankia absorbió BMN –Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra–. Los morados proponen algunos mecanismos para paliar los efectos de las subidas hipotecarias.

Crear un Fondo de Responsabilidad Social del Sector Financiero

Desde la formación de Belarra explican que este fondo actuaría como un "seguro" para "proteger a la población" ante futuras crisis económicas y cuya finalidad sería "devolver el rescate a los bancos" derivado tras la crisis de 2008. Estas mismas fuentes aseguran que el fondo se crearía a "imagen y semejanza" de otros como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía Salarial .Tal y como lo plantean, este fondo estaría integrado por todas las entidades financieras que desarrollen su actividad en España y dirigido por una comisión gestora con una mayoría de representantes del sector público, compuesta por representantes de los ministerios de las materias correspondientes, así como por miembros del Banco de España y entidades del sector financiero. Su titularidad siempre sería pública aunque participaran agentes privados.

La propuesta deja en manos de la comisión gestora la fórmula del cálculo de dotación del dinero. Sin embargo, sí avanzan que se establecerían criterios como el tamaño del banco, de la cartera de clientes, riesgo crediticio y una previsión o estimación de posibles contingencias y externalidades negativas del sector financiero.

Limitar la responsabilidad del deudor hipotecario 

Unidas Podemos también plantea que se limite la responsabilidad del deudor hipotecario para “evitar que se condene a la población a deudas perpetuas que acarrean situaciones injustas y con riesgo de exclusión social”. En esa línea defienden que si un particular no puede pagar su préstamo, la deuda estaría saldada en el momento en que entregue la vivienda al acreedor o le fuera arrebatada tras un procedimiento judicial. Esto, que en la práctica ya se da con la dación en pago, supondría “obligar” a las entidades financieras a utilizar este mecanismo, que actualmente es voluntario.

Informar de las condiciones de las cesiones de crédito 

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Los morados también quieren que las entidades bancarias informen de las condiciones que hay detrás de las cesiones de crédito, entre las que están los préstamos hipotecarios. “Con esta ley, se obliga a las entidades a informar de las condiciones de la operación de cesión del crédito al deudor, con el fin de que este pueda ejercitar sus derechos de tanteo (tantear al banco para optar a pagar ese crédito e incluso liquidar), adquisición preferente (que tenga preferencia sobre cualquier tercero para adquirir ese préstamo) o retracto ( que, cuando no lo quiera pagar a la primera entidad y se venda a un tercero, el deudor pueda pagar el montante o el importe por el que se ha cedido el crédito con sus intereses al nuevo acreedor)”, explican.

Regular la cláusula Rebus sic stantibus

La cláusula Rebus sic stantibus, cuya traducción al castellano sería “estando así las cosas”, facilita que los contratos laborales o acuerdos privados puedan modificarse e incluso suspenderse, si se da un escenario imprevisible e inesperado como una crisis económica o sanitaria. Los morados proponen regularizar esta cláusula de tres maneras: extrajudicial, judicial de jurisdicción voluntaria o vía judicial ordinaria.

Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil “para proteger a los deudores”

El grupo parlamentario también propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil e introducir el “juicio de proporcionalidad” antes de iniciar una ejecución hipotecaria.  En ese caso, defienden la prohibición de una ejecución “en caso de que el banco haya incumplido el código de buenas prácticas o cualquier instrumento extrajudicial de solución de controversias” como una mediación. Además, también abogan por establecer “conciliaciones previas obligatorias” en estos casos.