La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado la intervención de la Relatora de la ONU para la Independencia Judicial ante "la sucesión de irregularidades institucionales" y las "graves anomalías" detectadas en el procedimiento contra el fiscal general del Estado.
En un comunicado, la UPF ha explicado que ha remitido este viernes una comunicación formal a la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, para poner en su conocimiento "la sucesión de irregularidades institucionales" que se han producido en el procedimiento penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
"Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene", argumentan.
Hablan de "anomalías que comprometen la independencia judicial", generan una "aparente falta de imparcialidad" y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho.
En su comunicación, advierten a la Relatora de comportamientos públicos "impropios" durante el juicio y la deliberación, como intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad, un curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares, comentarios jocosos del presidente del tribunal sobre la sentencia antes de su adopción, o vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores.
"Todo ello, más allá de la intención personal de los magistrados, erosiona la confianza de cualquier observador razonable", advierte la UPF.
Y sobre la decisión del Tribunal Supremo de anunciar un fallo condenatorio sin motivación durante semanas, subrayan que ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican.
"Esta práctica afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones", indican.
En la comunicación, describen los hechos que consideran incompatibles con los estándares internacionales de independencia judicial, como la acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados, ya que los mismos magistrados participaron en la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave, y finalmente, el enjuiciamiento.
Consideran que este solapamiento "compromete la apariencia de imparcialidad" que exigen los principios básicos de la ONU sobre independencia de la judicatura.
También denuncian medidas "extremadamente invasivas". En concreto, la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado que incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas.
Y lamentan que parte de la información incautada fue posteriormente filtrada a la prensa sin investigación judicial alguna sobre el origen de esas filtraciones.
Así, solicitan a la Relatora Especial que analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial, que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales y que considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso.
Aseguran que su intención "no es desacreditar a la justicia española, sino protegerla" porque un Poder Judicial fuerte "es aquel capaz de recibir críticas institucionales, corregir desviaciones y reforzar su legitimidad".
Y explican que han decidido acudir a las Naciones Unidas porque los hechos observados "no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial" y la Relatora tiene el mandato de supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques a la independencia de fiscales y jueces.
"Acudir a este mecanismo internacional no es un gesto político: es un mecanismo de protección institucional, amparado en los tratados de derechos humanos suscritos por España", afirman.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado la intervención de la Relatora de la ONU para la Independencia Judicial ante "la sucesión de irregularidades institucionales" y las "graves anomalías" detectadas en el procedimiento contra el fiscal general del Estado.