Memoria histórica

Víctimas secuestradas, monjes rebeldes y Primo de Rivera presidiendo el Valle: asignaturas pendientes del Gobierno un año después de la salida del dictador

Luis Alfonso de Borbón, Francis Franco y Jaime Martínez-Bordiú.

Cuarenta y tres años y once meses. Eso fue lo que costó a España acabar con la anomalía democrática que suponía tener a todo un dictador controlando la capital desde el faraónico mausoleo que ordenó levantar en la década de los cincuenta en plena sierra madrileña. El periplo fue largo e intenso. Hasta la Iglesia Católica y el Tribunal Supremo se vieron obligados a pronunciarse ante la negativa de la familia a que se levantase una losa que llevaba décadas soportando sobre sus hombros la democracia española. Pero al final, el Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó a Moncloa con esta exhumación como epicentro de su política memorialista, lo hizo. A mediodía del 24 de octubre de 2019, los restos de Francisco Franco salieron en helicóptero del Valle de los Caídos. Fue una victoria cargada de simbolismo en pleno auge de la extrema derecha española. Sin embargo, un año después, el Ejecutivo aún tiene mucho trabajo por hacer en ese enorme complejo monumental levantado en Cuelgamuros para “perpetuar la memoria de los caídos” en lo que el régimen dictatorial calificó de “Gloriosa Cruzada”.

La exhumación del caudillo, reclamada de forma incansable por las víctimas y los colectivos memorialistas, tan sólo es una pieza del enorme rompecabezas que debe montar el Estado si pretende acabar realmente con el tufo a franquismo que todavía desprende el Valle de los Caídos. “Por el momento, se ha hecho la exhumación simbólica. Sin embargo, todavía faltan las reales”, señala al otro lado del teléfono el abogado memorialista Eduardo Ranz. Es la primera tarea pendiente que tanto el letrado como Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ponen sobre la mesa cuando se les pregunta por el futuro de Cuelgamuros. Ambos se refieren a los restos de miles de personas que todavía, a día de hoy, se encuentran apilados en los columbarios de las ocho criptas de la Basílica. “Están, además, tirados, acumulados de manera espantosa. Es una vergüenza nacional”, apunta Sánchez. Es algo de lo que ya se alertó en un informe que Patrimonio Nacional hizo en 2010, en el que se ponía de un “amontonamiento de restos” y un descontrol absoluto.

El portavoz de la ARMH recuerda que el Valle de los Caídos es “la mayor fosa común de España”. Desde 1959 y hasta el final de la dictadura, allí fueron inhumadas algo más de 33.500 personas –sólo están identificadas 21.423, según los datos del Ministerio de Justicia–, la mayoría procedentes de Madrid, Tarragona, Teruel y Zaragoza. Buena parte de ellas fueron trasladadas al mausoleo sin conocimiento de los familiares. Se abrían fosas, se llenaban cajas y se ponía rumbo a la sierra madrileña. Allí se encuentran, desde 1959 y sin permiso de la familia, los restos óseos de Rafael Abril Avo, asesinado por las fuerzas franquistas un par de meses después del golpe de Estado. Y también hay una “alta probabilidad” de que sea el lugar donde reposan los de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, cuya exhumación autorizó en mayo de 2016 el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial reconociendo el derecho de Purificación Lapeña, nieta y sobrina de ambos, a darles “digna sepultura”. “Cuatro años y medio después, con un Gobierno del PP y otro del PSOE, todavía no se nos ha permitido”, explica molesto Ranz a este diario.

En noviembre de 2011, la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, entendía que a los familiares les asistía un “derecho moral” a recuperar a sus seres queridos. También la nueva Ley de Memoria Democrática, que todavía tiene que tramitarse en el Congreso, dispone que “se atenderán las reclamaciones y peticiones de exhumación”. “Nada de decisiones en un despacho. Se consulta a las familias y se hace”, exige Sánchez. El portavoz de la ARMH es consciente de que seguramente no sea posible identificar a todas las personas allí inhumadas. Por eso, plantea la construcción de un cementerio civil, “como el de Arlington”, para todas las víctimas. Eso sí, aclara, fuera del complejo monumental. “No se dan allí las condiciones para hacer algo realmente digno. Entre otras cosas, porque Cuelgamuros tiene un significado difícil de revertir”, considera Sánchez, quien recuerda que, para ello, el Estado dispone de “muchas propiedades” en las que se podría levantar este lugar de recuerdo a quienes perecieron en la Guerra Civil.

La “víctima” que ahora preside Cuelgamuros

El segundo escollo que queda pendiente un año después de la exhumación del dictador es el que tiene que ver con el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, quien permanece enterrado desde el 29 de marzo de 1959 –dos días antes de la inauguración oficial del complejo monumental– en la nave principal de la Basílica, a los pies del altar mayor. Un lugar preeminente al que llegó desde el mismísimo monasterio de San Lorenzo del Escorial y del que todavía no ha salido a pesar de que ser una de las recomendaciones que en 2011 hizo aquel comité de sabios. Desde que Franco fue exhumado, él es quien preside ahora mismo Cuelgamuros. El Ejecutivo es consciente de que esta es otra de las asignaturas aún pendientes. Por eso, ha incluido en su anteproyecto de Ley de Memoria Democrática una frase que da sostén jurídico a las futuras actuaciones sobre la tumba que cada 20 de noviembre acuden a visitar decenas de falangistas. “Se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”, recoge el texto.

Momento en el que la familia Franco saca de la Basílica del Valle el ataúd con los restos del dictador.

Eso sí, nada indica que sus restos vayan a tener que salir de Cuelgamuros. Tanto la norma en tramitación parlamentaria como la Ley de Memoria Histórica de 2007 fija que en el complejo monumental podrán yacer los de las “personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil”. Si bien en el caso de Franco esto no se cumplía, en el del líder de la Falange la situación es distinta. Primo de Rivera fue fusilado en la prisión de Alicante en noviembre de 1936, una vez comenzada la contienda. “Es una víctima y podrá estar en este lugar de alguna manera, obviamente discreta”, avisó la vicepresidenta del Gobierno pocos días después de la exhumación del dictador. Algo que, sin embargo, no aceptan de las víctimas. “Si se quiere hacer algo decente, tiene que salir del Valle de los Caídos. No tiene sentido que se intente arreglar el asunto dejándolo en la parte de atrás cuando la Falange fue el brazo armado del franquismo en esos años de terror. No se le puede atribuir el papel de víctima”, sostiene el portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Los monjes rebeldesrebeldes

Sánchez también pone el foco en la salida de los monjes, algo a lo que se oponen firmemente desde la Conferencia Episcopal. “Seguramente este será otro de los temas sobre los que se negociará durante el viaje de Pedro Sánchez al Vaticano este sábado”, desliza. Actualmente, y aunque parezca sorprendente, Cuelgamuros se rige por una armadura jurídica tejida durante el franquismo: un decreto de agosto de 1957, un convenio de mayo de 1958 y un reglamento de 1959. Un conjunto de normas que contemplan el establecimiento y mantenimiento en el complejo monumental de una Abadía Benedictina encargada de “mantener el culto” o “dirigir y adiestrar una escolanía”, entre otras cuestiones. Los primeros veinte monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos desembarcaron en el Valle de los Caídos ocho meses antes de su inauguración inicial. Y seis décadas después, aún siguen allí instalados a pesar de que algunas de las declaraciones y posicionamientos de sus líderes han puesto varias veces en cuestión su carácter exclusivamente religioso.

En 2008, por ejemplo, el que fuera abad, Anselmo Álvarez, no tuvo ningún problema en desmentir en un documental de la televisión sueca que el complejo se hubiera levantado con trabajo esclavo: “No puede decirse sin falsedad evidente que (…) fuera un campo de concentración ni de explotación de trabajo esclavo de presos políticos”. Pero de todos los religiosos al frente de la abadía, el más rebelde ha sido el prior administrador actual, Santiago Cantera Montenegro. Quien ocupara en la década de los noventa en dos ocasiones los puestos de cierre de las listas de Falange Española Independiente, no dudó en oponerse con firmeza primero a la búsqueda de los hermanos Lapeña y más tarde a la exhumación del dictador. De hecho, la Abadía Benedictina, al igual que la familia, la Fundación Nacional Francisco Franco o la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, fue una de las partes que trató de dilatar en el tiempo al máximo posible el procedimiento de exhumación llevando el caso ante el Supremo.

La salida de los monjes también está en la agenda cortoplacista del Ejecutivo de coalición, que ya en febrero del año pasado decidió congelar la ayuda de 340.000 que percibía anualmente la Abadía al entender que “no se estaba cumpliendo razonablemente con lo que significaba anualmente la justificación de esas subvenciones”. Durante la rueda de prensa en la que se presentó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, la vicepresidenta aseguró que los monjes deberán salir “automáticamente” del lugar al considerar que su presencia resulta “incompatible” con los “fines” en los que se prevé que pase a estar el Valle de los Caídos. Porque la intención es levantar un nuevo régimen jurídico para Cuelgamuros, algo a lo que ya se instaba al Ejecutivo en la Ley Reguladora de Patrimonio Nacional de 1982 pero que ningún Gobierno desde entonces –ni los de Felipe González ni tampoco los de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy– ha tenido a bien hacer.

Una resignificación “difícil”

El objetivo principal de todos estos cambios es enfatizar “su resignificación como lugar de memoria democrática”. “Irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periódico histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”, recoge el anteproyecto. Sin embargo, desde la ARMH no creen que esto sea posible. “Es muy difícil. Primero, se plantea como un lugar de concordia y reconciliación, una interpretación que no compartimos. No fue concebido para eso”, explica Sánchez. En concreto, el complejo monumental fue pensado desde el principio como un lugar para perpetuar la memoria de los vencedores. “La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la memoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por sencillos monumentos”, recogía el decreto de 1 de abril de 1940, un año después del fin de la Guerra Civil.

“El sitio, al igual que la enorme cruz, tiene una carga simbólica terrible”, dice Sánchez. “¿Y no podría resignificarse como se hizo en Alemania con los campos de concentración?”, se le pregunta. “En Alemania, no se han convertido en un lugar de reconciliación entre nazis y antinazis. Todos tienen un carácter marcadamente antinazi. Por tanto, no es posible esa equiparación. Otra cosa sería que a Cuelgamuros se le imprimiera un marcado carácter antifranquista sostenido sobre tres ejes: el trabajo esclavo, el papel de la Iglesia Católica y los desaparecidos y secuestrados”, responde. Mientras tanto, cuatro décadas después de la muerte del dictador, se empiezan a dar los primeros pasos para ir vaciándolo de contenido. El simbólico, se dio hace un año. El resto, todavía están pendientes.

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