La victoria de Meirás: dos décadas de una larga batalla política y ciudadana

La sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Pazo de Meirás es un bien público, pero también que la familia Franco tendrá que ser indemnizada tras disfrutar de él durante décadas, pone punto final a una batalla social y política de muchos años. A punto de cumplirse el 90 aniversario de la entrega de las Torres al dictador, la justicia determina que el inmueble pertenece al Estado, una resolución esperada en los últimos años pero que parecía una quimera no hace tanto.

Quizá no en la Transición, cuando las esperanzas de cambio hacían suponer que la reversión a lo público de los bienes expoliados por el franquismo acabaría llegando tarde o temprano. No era tan fácil tras 40 años de dictadura y de un relato demasiado asentado. En A Coruña y su comarca, movimientos vecinales llevaron a cabo las primeras movilizaciones por la "devolución" del Pazo de Meirás, como la caravana de coches en marzo de 1982.

De los obstáculos de "Moncho" al BIC con el bipartito en la Xunta

Ya en 1983, por iniciativa de Esquerda Galega, se debatió en el Concello da Coruña una propuesta que instaba a que el Estado y la Xunta iniciaran las gestiones para que los Franco devolvieran las Torres. La UCD se abstuvo y Coalición Democrática, en la que se incluía Alianza Popular (AP), votó en contra.

En aquella AP militaba Ramón Rodríguez Ares, Moncho, alcalde de Sada entre 1979 y 2007 (salvo unos meses en 2003), figura clave para entender las dificultades que entrañaba la batalla por Meirás. Declarado franquista, durante su etapa como regidor —primero por AP, después por el PP y luego en un partido independiente— defendió abiertamente la propiedad del Pazo para la familia Franco, de la que presumía de ser amigo. Incluso en el juicio por la devolución insistió en que el inmueble había sido "siempre una propiedad privada".

El cambio en la alcaldía sadense fue clave. En 2003, y tras casi tres décadas de Rodríguez Ares en el poder, Abel López Soto (BNG) es investido alcalde y empieza a plantear la necesidad de dar pasos para la recuperación del Pazo, aunque una polémica moción de censura con el apoyo de un tránsfuga devuelve al polémico exregidor al poder.

Pero la vía ya estaba abierta. Al mismo tiempo, en 2004, se crea la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) da Coruña, entidad clave en toda la batalla, que recupera la reivindicación del Pazo y celebra en noviembre de 2005 la primera Marcha a Meirás, reclamando la "devolución" del inmueble, una movilización que se repetiría durante varios años y a la que se añadirían otras.

En las siguientes elecciones, en 2007, el Bloque es la fuerza más votada, López Soto regresa a la alcaldía y el Gobierno local se ve en la "obligación de hacer algo para recuperar el Pazo", como declararía el exregidor. En un primer paso, optó por la vía del Ben de Interese Cultural (BIC) a través de la Lei de Patrimonio Cultural, aprovechando también la postura favorable del ejecutivo de coalición entre PSdeG y BNG que gobernaba la Xunta.

Era, indicaba entonces López Soto, un intento por "abrir simbólicamente a la gente" Meirás, un primer paso para un objetivo final, el de la devolución, que no contó con el apoyo del PP de Núñez Feijóo, entonces en la oposición. La petición del Concello de Sada, en el verano de 2007, acabó por confirmarse en los últimos días de 2008, cuando la Xunta declaró el Pazo BIC y después de que la familia Franco negara la entrada a técnicos de Patrimonio hasta que tuvo que intervenir el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG).

Presumiendo en las revistas, cobrando de la Xunta y elogiando al dictador

Desde entonces, el Pazo —del que la familia Franco presumía en las revistas del corazón a menudo durante sus estancias de verano— tendría que ser abierto al público al menos cuatro días al mes y ser cuidado y preservado por los propietarios, además de recibir autorización de Patrimonio en el caso de cualquier intervención.

Los herederos del dictador obstaculizaban cada año las visitas y la oposición señalaba a la Xunta —ya con Feijóo de presidente— tras saberse de la aportación económica que otorgaba a la familia Franco para la seguridad del inmueble en el marco del convenio que la eximía de abrir el Pazo cuando se alojase en él. Durante años, hacer visitas al Pazo era misión casi imposible... Ya en 2017, la polémica en torno a las Torres aumentó al conocerse que quien gestionaba estas visitas era la Fundación Francisco Franco (FFF), ahora en proceso de ilegalización y a la que la justicia acaba de negar su intento de detenerlo.

La FFF, lejos de negarlo, presume de hacer apología franquista y de que utiliza el Pazo de Meirás para ensalzar "la grandeza" del dictador. Bastaba con acudir a alguna de esas visitas guiadas (incluso con eurodiputados) para comprobar que miembros de este colectivo defendían la dictadura abiertamente. Al mismo tiempo, la movilización no se detiene y miembros del BNG ocupan simbólicamente las Torres, una imagen que se volvió icónica al colgarse pancartas contra el franquismo en un inmueble propiedad de los Franco.

De la investigación clave de Babío y Pérez Lorenzo a la demanda del Estado

Entonces, la Deputación, por iniciativa de la vicepresidencia que ocupaba Goretti Sanmartín, decide impulsar la Xunta Pro Devolución con el apoyo de ayuntamientos, investigadores y asociaciones memorialistas. La iniciativa bosqueja el armazón legal que puede permitir recuperar el histórico inmueble y elabora el primer informe jurídico que habilita una vía para la devolución. Un documento fundamental que propicia todo lo que vendría después, mientras los Franco insistían en la "provocación" que muchas administraciones y grupos de memoriales señalaban, llegando incluso a poner las Torres a la venta. 

Pero nada se explica sin la investigación que desde hacía años venían realizando Carlos Babío, actual presidente de la CRMH da Coruña, y el historiador Manuel Pérez Lorenzo, que desembocó en el libro, editado por la Fundación Galiza Sempre, Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio.

Esta investigación, la mayor sobre la fraudulenta adquisición que del inmueble hizo la familia Franco, fue la clave del posterior proceso judicial contra los herederos del dictador, aportando la tesis fundamental: que la transmisión del Pazo al general fascista se hizo a través de un contrato simulado en 1941 para evitar que pasara a formar parte del patrimonio estatal y cuando ya llevaba tres años siendo utilizado por el dictador, a quien le había sido donado en 1938. Así pues, las Torres habían sido vendidas dos veces y la última de ellas a través de un acuerdo "fraudulento", cuando el inmueble ya era residencia del jefe del Estado tras un acuerdo anterior. Además, desgranaba la falacia de las donaciones voluntarias y la violencia y represión que marcaban aquella época.

Con esta documentación añadida al informe histórico-jurídico encargado por la Deputación da Coruña, que ya llevaba tiempo instando a Patrimonio Nacional y al Gobierno de España a que reclamaran la devolución del Pazo, con la negativa constante desde el PP, finalmente —ya con el PSOE en La Moncloa— el Ejecutivo central decide presentar la demanda. Antes, el hallazgo de un documento clave, que llevaba décadas en A Coruña sin ser encontrado, dio el impulso definitivo a una reclamación que pasaba ya a la vía judicial. Demostraba el acuerdo "fraudulento" y la compraventa "simulada" del inmueble tres años después de que fuera cedido al dictador.

Al mismo tiempo, una comisión de expertos del Parlamento de Galicia lleva a cabo también sus investigaciones y concluye que la mejor opción para recuperar el Pazo es que el Estado presente una acción reivindicatoria, a través de una demanda civil, en la que se argumente que el inmueble fue usado como espacio institucional durante más de 30 años y que debe formar parte de la propia Administración.

Pero esta proposición abría la puerta a indemnizar a los Franco, detalle que acabó siendo la clave para que ahora les sea reconocida esa compensación económica. Habrían usado las Torres "de buena fe". Eso, unido a la dejadez del Estado durante la etapa democrática posterior a la muerte de Franco, facilitó las cosas para los herederos del general fascista.

El Supremo ratifica que el Pazo de Meirás es público, pero también que el Estado debe indemnizar a los Franco

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La mayoría de administraciones apuestan por la recuperación del Pazo, con el Concello de Sada –y Benito Portela como alcalde– insistiendo también sin descanso. Las movilizaciones pidiendo la devolución continúan y, finalmente, la demanda se presenta en julio de 2019, centrada en las tesis ya desarrolladas en las citadas investigaciones. Los Franco, lejos de recular, presumen de su propiedad y advierten de que el Pazo "va a seguir siendo" suyo.

Una histórica sentencia ahora ratificada por el Supremo

La Xunta, que llegó a pagar 50.000 euros a los Franco por las visitas, secunda la demanda para expulsarlos, junto al Estado, la Deputación y los Concellos de Sada y de A Coruña. La justicia, en septiembre de 2020 y en una histórica sentencia del Xulgado de Primeira Instancia número 1 da Coruña, declara que el Pazo es propiedad del Estado y ordena a los Franco devolverlo. Un acto histórico plasma la devolución tantas veces reclamada. Meses después, la Audiencia Provincial ratifica la propiedad pública pero ordena indemnizar a la familia del dictador por permitirle retenerlo durante décadas.

Aunque el Gobierno de España prefería dejar la cosa así, las críticas y la presión de las entidades de la memoria histórica hacen que acabe recurriendo para no tener que pagar a los Franco por el Pazo de Meirás, señalado ya como Lugar de Memoria Democrática. El Supremo, un lustro después, confirma el último de los dictámenes y pone fin a una lucha de muchos años intensificada, especialmente, en las dos últimas décadas. Una batalla que terminó con una victoria social, política y de la memoria después de que los herederos de un dictador mantuvieran la propiedad de un inmueble histórico durante 42 años de democracia. "El Pazo es del pueblo". Por fin.