Poder Judicial

Un vocal del CGPJ envía a un juzgado un documento con los nombres de 20 jueces expedientados

Un vocal del CGPJ envía a un juzgado un documento con los nombres de 20 jueces expedientados

La ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitió en junio de 2013 a los vocales de este órgano compaginar su cargo con la actividad profesional previa que ejercían. Es el caso de Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil y director del área jurídica del Colegio de Registradores. Fue nombrado vocal en diciembre de 2013 a propuesta del PP. Forma parte de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, la que expedienta y sanciona a los jueces. Al mismo tiempo, defiende ante esos mismos jueces a los registradores que son denunciados por sus calificaciones o inscripciones.

El pasado mes de noviembre, Guilarte remitió al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño un escrito para pedir la suspensión y aplazamiento de un juicio, en el que defendía a la registradora mercantil de La Rioja, Celia Meneses Martínez Bernal. La fecha de la vista coincidía con la de una reunión de la Comisión Disciplinaria del CGPJ. El documento enviado reproduce los acuerdos alcanzados por la citada comisión el 20 de noviembre de 2014, e incluye los 21 nombres de otros tantos jueces y magistrados a quienes se había abierto o archivado expedientes disciplinarios o a quienes se sancionaba. También consigna el motivo por el que se les había incoado el procedimiento o por el que se les multaba.

Deber de sigilo y máxima precaución con la protección de datos

Los vocales del CGPJ, al igual que los empleados de la Administración de Justicia, están obligados por ley a “mantener sigilo de los asuntos que conozcan por razón de sus cargos o funciones y no hacer uso indebido de la información obtenida, así como guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión está prohibida legalmente”. Lo estipula el artículo 497 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, están obligados a guardar “discreción” sobre los expedientes que manejan y a la “máxima precaución en la observancia de la Ley de Protección de Datos”, según fuentes jurídicas.

Los acuerdos de la Comisión Disciplinaria se publican en la página web del CGPJ pero con los nombres de los jueces tachados, así como la localización de los juzgados donde ejercen. Vicente Guilarte no guardó la misma precaución con los papeles que mandó al juzgado de Logroño.

El escrito detalla la apertura de expedientes por falta graves o muy graves –normalmente por retraso injustificado, desconsideración o abuso de autoridad– a nueve jueces, el archivo de otros cinco, una sanción de un año para otro y dos recursos, entre otras resoluciones. Curiosamente, el último punto del orden del día corresponde a una solicitud cursada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para recabar información sobre el sistema de notificación a los jueces sancionados, a raíz de la filtración a la prensa local de la sanción impuesta a un juez. La petición se retiró.

Demanda ante el CGPJ

El abogado que demandó a la registradora riojana consideró que, en este caso, Vicente Guilarte no había mantenido el sigilo debido y presentó una denuncia ante el CGPJ. Pero no sólo por la posible vulneración de la confidencialidad, sino también porque consideraba que el vocal se estaba prevaliendo de su condición para influir en la decisión del juez.

El artículo 580 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dicta que los vocales del CGPJ no pueden “invocar o hacer uso de su condición de tales en el ejercicio de su profesión”. Otras fuentes jurídicas consultadas advierten, en efecto, de la “presión” que puede suponer para un juez de Primera Instancia tener enfrente como abogado de una de las partes a un vocal del CGPJ, y no uno cualquiera sino precisamente uno de los encargados de sancionar la conducta y el rendimiento de los jueces.

Como resultado de la denuncia, el gabinete técnico del CGPJ emitió el 22 de diciembre un informe que exime a Vicente Guiliarte de toda responsabilidad. Así, niega que aducir una convocatoria de la Comisión Disciplinaria para pedir la suspensión de un juicio sea “invocar su condición de vocal” en los términos del artículo 508 antes citado. “Lo que la norma prohíbe es hacer valer la condición de vocal para fines interesados, obtener ventaja personal o beneficio o eludir el cumplimiento de obligaciones”, explica el informe.

Tampoco cree el gabinete técnico que Guilarte haya vulnerado su deber de sigilo. Por el contrario, interpreta que el escrito enviado al juzgado de Logroño es una “documentación necesaria, equivalente a otras como la certificación del secretario de la Comisión, que se utiliza como medio probatorio para acreditar la certeza de lo aducido”. A juicio de los técnicos del CGPJ, ese documento es de los que se pueden enviar “a un tercero sin necesidad de consentimiento de los interesados, por cuanto tiene por destinatario a los jueces o tribunales en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas en el proceso”. Por tanto, concluye el informe, el hecho de que los datos incluidos en el documento sean divulgados, “no es imputable” al vocal.

El informe del gabinete fue refrendado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 13 de enero, según explican fuentes del propio organismo.

Defensor del hermano de Mariano Rajoy

Vicente Guilarte es letrado del Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad desde 2003. En 2009 se le puso al frente del departamento jurídico. Su misión en este tiempo ha sido defender a los registradores en los tribunales cuando son demandados por sus actuaciones. Entre sus defendidos cabe citar a Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno y registrador como él, que fue expedientado por la Dirección General de los Registros y el Notariado en 2008 por “extralimitarse en sus funciones”. Por ese motivo se le impuso una multa de 12.000 euros.

Enrique Rajoy demandó después a la Dirección General y ganó tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como en la Audiencia Nacional. El hermano del presidente agradeció a Guilarte en una carta enviada a la intranet del Colegio de Registradores su “impagable apoyo”. Entonces Enrique Rajoy era registrador de la Propiedad en Alcalá de Henares. Ahora lo es en Cáceres.

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