Los pactos firmados esta semana entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Extremadura y Aragón abren la puerta a la desregulación de las normas que protegen el patrimonio natural de estas comunidades autónomas. Los dos acuerdos recogen numerosas medidas de implantación inmediata que priorizan el interés de la agroindustria, los centros de datos, los cazadores o las grandes eléctricas sobre el interés general.

El primer punto del acuerdo de Gobierno de Extremadura consiste en alargar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una medida que no es de competencia regional, sino nacional. El pacto propone también eliminar por completo la ecotasa autonómica que paga la instalación, librando a Iberdrola, Endesa y Naturgy del pago de más de 80 millones de euros al año.

En 2025, el Gobierno extremeño del PP ya anunció, de hecho, la reducción progresiva del 50% en ese pago, pero ahora será finalmente retirado en su totalidad de aquí a 2029. Tanto en Aragón como en Extremadura, la coalición se compromete también a facilitar la construcción de líneas eléctricas, que a menudo chocan durante su desarrollo con las normativas de protección de espacios naturales.

Otro punto polémico del pacto extremeño, que también recoge el acuerdo aragonés, es la intención de desregular leyes rurales básicas de protección ambiental relacionadas con la caza, la pesca o los espacios naturales protegidos (como las ZEPA), bajo el pretexto de "flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario" y el "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", pese a que esta fue impulsada por el PP Europeo en 2020.

En Extremadura, esta desregulación se resume, por ejemplo, en su compromiso de aplicar siempre que sea "legalmente posible" el principio de la declaración responsable, que abre la puerta a la construcción o alteración del espacio sin justificar previamente su impacto en el medioambiente, presuponiendo que el ciudadano actuará siempre con la buena voluntad. En esta Comunidad, de hecho, Vox tendrá también a partir de ahora la Consejería de Desregulación.

Paco Iturbe, portavoz de Ecologistas en Acción de Aragón, opina que esta nueva coalición, en la que la extrema derecha gana peso, es el siguiente paso a lo que ya se había vivido hasta ahora. "Es sintomático que en Aragón Vox haya pedido la Consejería de Medioambiente, porque su intención siempre ha sido desmontar esta área. Lo preocupante es que el PP ha integrado estas ideas y ahora van un paso más allá", señala.

En la región del Ebro, los conservadores aspiran, por ejemplo, a redoblar su apuesta por los centros de datos, pese a los estudios que advierten del excesivo consumo de agua y luz en un momento en que las redes eléctricas tienen serios problemas para hacerse cargo de nuevas demandas y la sequía es una de las mayores amenazas de España en un futuro cercano. Sobre la política hídrica, los dos pactos de Gobierno son una apuesta total por el incremento del regadío cuando los expertos advierten que España va camino de una reducción drástica de las precipitaciones.

Un caso paradigmático de las ambiciones de PP y Vox en el regadío, una promesa habitual para ganar el voto rural, se da en Extremadura, donde aseguran que llevarán por fin el riego a la Tierra de Barros (Badajoz), "tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes", se lee en el acuerdo. 

Joan Corominas, presidente de la Asociación Nueva Cultura del Agua y experto en regadío, ha estudiado a fondo este proyecto, que lleva más de 20 años en un cajón, y opina que ese compromiso se va a incumplir, y tanto PP como Vox lo saben.

"La realidad es que ni PP ni PSOE han podido sacar adelante este regadío, y todos hablan de Barros con la boca pequeña porque saben que no tiene futuro", opina el ingeniero agrónomo. Principalmente, el proyecto nace muerto porque el 75% del agua que supuestamente alimentaría ese regadío parte del embalse de Alangue, "que en los últimos años no ha pasado del 20% de capacidad", afirma.

En todo caso, Corminas añade que, incluso si hubiese agua, la infraestructura no ayudaría a la agricultura familiar, sino a las grandes empresas agrícolas, que son las que más acceso tienen al agua y mejor optimizan su uso. "En Andalucía, el 80% de los agricultores tienen el 20% del agua de riego, y el 20% tiene el 80%. Las grandes fincas son las que ganan en estos casos", comenta.

En Aragón, el problema que describe el experto se repite con otra de las propuestas del nuevo Gobierno. Aunque no detalla cómo, PP y Vox se comprometen a revisar de nuevo la Ley de Agricultura Familiar, una normativa que ya fue reescrita en 2023 por el PP precisamente para deshacer la protección del pequeño ganadero en beneficio de la industria intensiva del cerdo. Entonces se eliminó, entre otros, un artículo que limitaba las explotaciones a un máximo de 720 unidades de ganado mayor, facilitando la ampliación y el impacto ambiental de las granjas.

"El pasado Gobierno de PP y Vox derogó la anterior ley de agricultura familiar, y eso que ya se quedaba corta a la hora de proteger al pequeño ganadero. Ahora, con la entrada de Vox, todo esto no solo se va a acelerar, sino que lo van a convertir en su bandera", valora Iturbe, de Ecologistas.

El activista recuerda también que la expansión ganadera en Aragón ya ha dejado a decenas de pueblos sin agua potable porque sus acuíferos están contaminados por purines. Según un informe reciente de Greenpeace sobre contaminación de agua potable, entre el abuso de fertilizantes en la agricultura y los excrementos de los animales de granja, en 2024 hubo más de 3.000 municipios en España que superaron concentraciones de nitratos en agua por encima de lo recomendado por la ciencia. Docenas de ellos estaban en Aragón, como Azuara (Zaragoza), Ariño (Teruel) o Chimillas (Huesca), donde los niveles de nitratos superaron en algún momento del año los 50 mg/l, el límite legal.

En Aragón, Vox ya tuvo durante un breve periodo un consejero de Agricultura, Ángel Samper, entre 2024 y 2025, cuando fue cesado contra su voluntad tras la ruptura nacional de PP y Vox por su desacuerdo sobre la acogida de menores migrantes. Donde más poder llegó a acumular en este sector fue en Castilla y León, donde estuvo al mando de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024, y a la que también renunció por las desavenencias entre las cúpulas de los dos partidos.

En Extremadura, Vox mantuvo además, de manera breve, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde fue responsable de algunas áreas agrícolas, como caza o incendios, y por donde el partido ultra pasó de manera atropellada entre 2023 y 2024. La primera consejera de Vox en esa cartera, Camino Limia, no llegó a los tres meses en el cargo, mientras que su sucesor, Ignacio Higuero, rompió con el partido nueve meses después de ascender, en julio de 2024, y un año después dimitió por mentir en su currículum.

Estas experiencias, además de ser políticamente accidentadas, dejaron episodios traumáticos para algunos profesionales del sector primario, como la crisis de la tuberculosis bovina de 2023 en Castilla y León. El consejero agrario Gerardo Dueñas contradijo el histórico consenso del mundo ganadero y prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, medida que además era ilegal y ponía en peligro a las vacas sanas de otras regiones. Cuando la promesa fracasó, la intentona se tradujo en disturbios, un detenido, y abrió una brecha política en el sector primario. 

A nivel administrativo, tampoco parece que haya habido un cambio notable en la vida de los agricultores en las comunidades gobernadas por los conservadores. En la actual crisis derivada de la guerra de Irán, el principal apoyo al sector ha llegado del descuento del Gobierno central sobre el gasóleo B (el agrícola) y de una ayuda del Ministerio de Agricultura de casi 900 millones de euros a la compra de fertilizantes.

País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana han activado además ayudas extra de 1.000 millones de euros (la primera) y 400 millones (las otras dos), mientras que Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, cuatro bastiones de la derecha con un fuerte peso agrario, todavía no han activado ayudas complementarias.

Un análisis de infoLibre publicado en febrero sobre las ayudas autonómicas al campo para apoyar la contratación de seguros agrarios también mostró que comunidades en las que Vox ha participado en el Gobierno autonómico tampoco han tenido una especial atención sobre sus profesionales. Castilla y León, Extremadura y Aragón se encuentran en la mitad inferior de la tabla que compara la participación autonómica sobre el total subvencionado en todas las regiones españolas.

El director de la Agencia Internacional de la Energía volvió a insistir este martes en que el mundo afronta "la mayor crisis energética de su historia". Pese al escenario extremo que dibuja el mayor portavoz global en esta materia, los hogares y empresas occidentales tienen acceso sin problema a la gasolina, el gas y la electricidad, aunque a un precio notablemente mayor que hace dos meses. Donde realmente se está viviendo ya la escasez es en Asia. Allí, decenas de millones de habitantes ya viven bajo un intenso racionamiento de energía que, a nivel global, ya supera con creces al de la gran crisis económica de 2008.

Desde comienzos de marzo se han multiplicado en Bangladesh y en Corea del Sur las colas interminables de coches y motos para repostar en gasolineras, mientras que en Pakistán se han producido en abril cortes parciales de luz, con fábricas que llegan a estar apagadas durante ocho horas al día por la escasez de gas natural, necesario para producir luz.

El Gobierno de Filipinas declaró en marzo la emergencia nacional energética durante un año, y numerosas aerolíneas regionales han reducido su actividad por el coste del queroseno. En total, siete países asiáticos han impuesto ya el teletrabajo obligatorio, cinco están racionando la venta de combustible y varios de ellos tienen edificios públicos cerrados para ahorrar energía.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, en inglés), en su informe de abril publicado la semana pasada, ya puso cifras al cierre de Ormuz: pronostica que la demanda global de petróleo caerá en 1,5 millones de barriles diarios en abril, un recorte del 1,5% frente al mes anterior. A lo largo de todo el año se espera una reducción del consumo de 100.000 barriles diarios, que puede parecer pequeña, pero es que un mes antes la IEA calculaba un incremento total de la demanda de 700.000 barriles diarios en 2026.

Los cálculos de expertos de empresas privadas van muchísimo más allá. Un análisis del banco JPMorgan estimaba esta semana que el recorte global de la demanda de petróleo ha sido en abril de 4,3 millones de barriles diarios de crudo, prácticamente tres veces más de lo que calcula la IEA y una cantidad absolutamente astronómica. "Para ponerlo en contexto, en el pico de la crisis económica de 2009, la demanda global se redujo en 2,5 millones de barriles", añaden los analistas del banco estadounidense.

Por regiones, la IEA, un órgano dependiente de la OCDE, asume que la mayor parte del recorte vendrá de los países de Oriente Medio, pero no porque la población no tenga acceso al combustible, sino porque la aviación está prácticamente congelada en Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait debido al conflicto, y el tráfico aéreo se ha desplomado en Emiratos Árabes y Qatar. En el sudeste asiático no deberían escasear por ahora la gasolina ni el diésel de manera generalizada, pero sí el gas natural licuado y el GLP (el gas utilizado para cocinar), que llegan en enormes cantidades desde el Golfo.

El informe de JPMorgan también ubica en Oriente Medio el mayor recorte de consumo energético, seguido de Asia, y matiza que ya se observa una brecha entre países ricos de esa región, que pueden comprar combustibles más caros, como Japón, frente a otros que quedan "desbordados por los precios". Este banco sitúa las siguientes víctimas en África, donde también dependen de materias primas del Golfo. Entre Oriente Medio, Asia y África suman el 87% de la caída de la demanda global de crudo de abril de 4,3 millones de barriles.

Aun así, esa bajada tan brutal del consumo ni siquiera es capaz, según el informe de JPMorgan, de compensar la caída de la producción global de petróleo: sigue habiendo un desajuste de 2,3 millones de barriles diarios entre oferta y demanda. "Esto es demasiado para ser absorbido por países emergentes. Europa y Estados Unidos tendrán que participar [de ese recorte]", valoran los expertos.

Es por ello que esta entidad vaticina que los precios de la energía seguirán subiendo en Occidente, ya que con el coste actual de la gasolina, el gas o la electricidad, los países ricos siguen consumiendo sin prácticamente recortes de demanda. A esto hay que sumar que 16 países europeos subvencionan ya los combustibles debido a la crisis, entre ellos España, una manera de apoyar a la población, pero que mantiene la demanda artificialmente alta, engordando el problema del abastecimiento, según los expertos.

La industria asiática ha colapsado por varios frentes debido a la subida de costes de la energía y las materias primas. La prensa regional recoge, por ejemplo, un desabastecimiento de guantes de goma en hospitales por el encarecimiento de la nafta, un derivado del petróleo necesario para fabricar plásticos. El déficit de nafta afecta, de hecho, a toda clase de cadenas de producción: desde ropa a bolsas de plástico, pasando por la industria del maquillaje o la producción de microchips.

La primera línea del racionamiento recae sobre Asia porque sus países son extremadamente dependientes de los combustibles que salen del estrecho de Ormuz, ahora prácticamente cerrado. India, el país más poblado del mundo, importa históricamente el 90% de su crudo, y más del 40% de esa cifra llegaba hasta ahora de Oriente Medio. También llegaba de esta región el 98% del petróleo que necesita Filipinas, el 61% de Corea del Sur o el 60% de Tailandia.

Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional advierte de que estas naciones no solo dependen enormemente del crudo de Arabia Saudí, Kuwait o Irán, sino que sus economías necesitan quemar mucho más combustible que Occidente para mantenerse en funcionamiento porque apenas tienen energías renovables. La Unión Europea destina poco más del 2% de su PIB a importar gas natural y petróleo, mientras que Asia destina aproximadamente el 4%. En Singapur, Tailandia y Corea del Sur esa dependencia alcanza entre el 6% y el 8% del PIB total.

"Asia es el principal comprador del petróleo y del gas que se transportan a través del estrecho de Ormuz y esto supone un shock directo sobre las refinerías, las plantas eléctricas y las fábricas", escriben Andrea Pescatori y Krishna Srinivasan, colaboradores del FMI. "Las interrupciones en el suministro de fertilizantes, productos petroquímicos, helio o azufre aumentan además el riesgo de que se produzcan perturbaciones más generalizadas en la cadena de suministro si el conflicto persiste", añaden.

Naciones Unidas publicó la semana pasada que la guerra en Irán va a vapulear las economías de Asia y del Pacífico, que perderán entre 100.000 y 300.000 millones de dólares, principalmente por el encarecimiento de la energía. El organismo estima también que 8,8 millones de personas entrarán en el umbral de la pobreza en la región. Como en el análisis del FMI, la ONU enfatiza que la región es extremadamente dependiente del petróleo y calcula que 33 de los 36 países estudiados en Asia y Pacífico son "altamente vulnerables" a la inflación de los combustibles.

Cada día que pasa parece más claro que la crisis energética no será pasajera, sino que afectará al bolsillo de los hogares durante muchos meses más. El impacto en las gasolineras es evidente y la luz se ha encarecido respecto a febrero, pero el gas natural todavía se mantiene contenido porque la demanda en primavera es escasa. Sin embargo, ACER, la organización de reguladores europeos de energía, ha advertido este jueves que en otoño e invierno el recibo del gas subirá con fuerza y, por lo tanto, también el de la electricidad.

La razón es que la Unión Europea debe recargar una cantidad ingente de gas en sus inventarios en los próximos siete meses en mitad de lo que la Agencia Internacional de la Energía considera la mayor crisis energética de la historia. En este momento, el nivel medio de los almacenes de gas en Europa es del 31% y, en teoría, hay que alcanzar el 90% antes del 1 de diciembre, aunque ese objetivo es flexible.

ACER, un grupo del que forma parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha advertido este jueves que cumplir con esa meta será este año más caro y más difícil. Principalmente porque la competencia por el gas será mayor en todo el mundo ante la pérdida del gas catarí por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde el año pasado cruzó el 7% del gas natural licuado que llegó a Europa por barco (el conocido como GNL), así como el 20% del GNL global.

"Recargar los almacenes hasta su capacidad máxima será más costoso y complicado en un mercado del GNL en competencia. Los precios a plazo de principios de abril de 2026 indican que esas importaciones de GNL llegarán a un coste algo superior al de años anteriores", afirman los reguladores en su último informe de monitorización del gas, publicado este jueves.

En concreto, calculan que el coste de la recarga podría aumentar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en el invierno de 2026 si los precios del gas de referencia europeo (el conocido como TTF) se estabilizaran en 50 euros/MWh. En este momento el mercado de futuros del gas marca un precio de 44 euros/MWh para la segunda mitad del año, aunque ese valor cambia cada día con las nuevas noticias que llegan desde el Golfo. Antes de la guerra, el TTF cotizaba en esos meses a unos 31 euros/MWh, pero ha subido un 39% en menos de dos meses. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista de Energía en Europa en el Instituto de la Economía Energética y el Análisis Financiero (IEEFA), opina que esta crisis es un enorme toque de atención para Bruselas, que tras la crisis energética de 2022, provocada por el corte de la mayor parte del suministro de gas ruso, decidió buscar nuevos vendedores de gas en el resto del mundo. "Creyeron que la solución era diversificar las compras de gas, pero depender de otros nos ha vuelto a hacer vulnerables. Hay que apostar por la electrificación y las energías renovables", opina la experta.

Otra de las razones que apuntan al encarecimiento del gas este año, según ACER, es que en 2026 los almacenamientos de gas han llegado raquíticos a la primavera, en su nivel más bajo en nueve años, porque el invierno ha sido especialmente frío.

Los reguladores calculan que para cumplir con ese 90% de llenado en invierno hay que mantener "elevada" la entrada de gas por tubería y las compras de GNL tienen que ser un 13% superiores al año pasado. Todo esto, en un escenario de extrema competitividad global por el combustible debido al cierre de Ormuz.

Un tercer factor que complicará la logística, aunque menos importante que los anteriores, es que desde que comenzó la guerra, el gas en Asia tiene un importante sobreprecio sobre el valor del TTF europeo, de entre 5 y 10 euros MW/hora –un premium histórico–, porque en esa región la desesperación por el combustible es mayor. Esta situación podría llevar a que los metaneros "se vean más atraídos por Asia este verano", dificultando todavía más el aprovisionamiento europeo, según el informe de ACER.

España está en principio mucho mejor preparada que otros países de Europa porque sus tres almacenes subterráneos de gas natural están por encima del 60% de capacidad, aunque esto no garantiza que en la península el gas sea más barato que en Países Bajos o Grecia porque el combustible que se almacena en estos depósitos pertenece a compañías privadas que pueden revenderlo a terceros países si esa práctica es más rentable que destinarlo al consumo interno. 

El encarecimiento del gas natural para el consumidor español se puede notar de dos maneras. Si el hogar tiene una tarifa libre, esa subida puede llegar cuando se actualice el precio según lo establecido en el contrato, que suele ser de 12 meses. Incluso puede que ya se haya encarecido en las últimas cuatro semanas. En el caso de la tarifa regulada (conocida como TUR de gas), cuyo precio se actualiza trimestralmente, la fecha clave es el 1 de octubre. Entonces sufrirá el gran repunte porque en ese momento su cálculo incorpora un sobrecoste llamado gas estacional, un concepto que se añade durante los meses de frío.

Esta inflación también afecta al precio de la luz, y de manera mucho más rápida porque las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas) trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. El sistema de fijación de precios diario mediante subasta limita que en primavera haya un fuerte repunte en la luz, pues las renovables marcan el precio en la mayor parte de las horas, pero durante la noche sí que se nota esa subida. Como en el caso del gas, ese cambio es solo para los clientes con contrato regulado, porque el precio de las tarifas libres depende exclusivamente de lo pactado con la comercializadora.

La Comisión Europea es consciente de la tormenta que se está formando alrededor del precio del gas natural de cara al invierno y este miércoles presentó su paquete AccelerateEU, que impulsa la coordinación de la gestión del gas natural y del combustible de aviones durante los próximos meses. 

Para evitar una ola de compras desesperadas de gas que suban todavía más su precio, la Comisión Europea también instó este miércoles a los países a que aprovechen que la normativa que obliga a rellenar sus almacenes de gas en un 90% antes de diciembre tiene un margen de flexibilidad del 10%, de manera que es suficiente con llenar inventarios al 80% para esa fecha. Bruselas está negociando además flexibilizar otro 5% más, rebajando el objetivo hasta el 75% para el 1 de diciembre. La idea es evitar que unos países pisen a otros comprando más gas del que puedan necesitar. 

Otra de las aristas que aborda el informe de ACER es que Estados Unidos ha disparado sus exportaciones de gas natural a Europa por vía marítima, principalmente para sustituir la desaparición de buena parte del gas ruso que llegaba por tubería. En el invierno 2025-2026, dejó de operar definitivamente el gasoducto ruso que atravesaba Ucrania, y en este periodo Estados Unidos incrementó sus ventas de GNL en un "impresionante" 45%, según los reguladores, alcanzando el 30% del total de importaciones de gas europeas y dos tercios del GNL. 

Rusia, en todo caso, volvió a vender grandes cantidades de gas a Europa este invierno, siendo el tercer proveedor, con el 15% de las importaciones totales de GNL, solo por detrás de EEUU. También sigue activo uno de los gasoductos Europa-Rusia, el TurkStream, que llega a Turquía y de ahí se ramifica para surtir principalmente a Hungría, Eslovaquia y Serbia. En total, Rusia supuso el 14% de las importaciones totales de gas en la UE esta temporada, equivalentes a 10.000 millones de euros anuales.

En sus previsiones para el invierno 2026-2027, ACER subraya que Europa necesita mantener en "niveles altos" las entradas de gas por tubería para poder cubrir su demanda en los meses de frío, y debe importar incluso más GNL que en 2025, lo que se traduce en que el gas ruso será impepinable este año, pese a que los países miembros están en pleno proceso de ruptura con el combustible de Moscú. El 1 de enero de 2027, según ratificó la Unión Europea el pasado 26 de enero, se prohibirá comprar GNL ruso, y el 1 de noviembre de 2027 habrá que poner fin a todos los contratos a largo plazo de gas importado por tuberías, de manera que el invierno siguiente supondrá de nuevo un desafío energético.

En 2021, la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, anunció un plan de cero emisiones para 2040, con un gran anuncio a toda página en The New York Times. La empresa, que contaminaba más que países como Italia y casi tanto como Francia, acabó en los tribunales por "marketing falso y engañoso" y sus directivos terminaron diciendo que ese eslógan era simplemente "una aspiración", pero nunca fue un compromiso legal.

Este es solo uno de los casos que recoge una investigación internacional sobre greenwashing, el nombre que recibe la práctica empresarial que consiste en hacer promesas ambientales sin fundamento o lanzar mensajes ecologistas para ganarse al público basándose en afirmaciones dudosas o falsas. El estudio, publicado este miércoles en la revista PLOS Climate, analiza 1.233 afirmaciones ambientales de compañías ganaderas y lácteas, y concluye que el 98% cumplen con las condiciones del greenwashing.

Se califican así porque se consideran promesas inverificables, que no están acompañadas de estudios científicos, que se basan en falsas soluciones o que son insignificantes en comparación con el volumen total de emisiones de las compañías. El 38% de esos reclamos (467) consisten en compromisos a futuro imposibles de corroborar, como "garantizar la recuperación de 600.000 millones de litros de agua en regiones con escasez hídrica para 2030", que era una de las promesas analizadas por los autores.

La lista está formada por todas las afirmaciones verdes realizadas por las 33 mayores empresas del mundo en lácteos y carne entre 2021 y 2024, y Danone y Nestlé están en el puesto uno y dos de las compañías que más afirmaciones han hecho con greenwashing. Aunque estas empresas son industriales –compran la leche y otros productos a los ganaderos–, las emisiones de los animales forman parte de su cadena de valor y son su responsabilidad. 

De la lista de empresas analizada, la francesa Danone es la que más compromisos ambientales ha adquirido en sus informes públicos y páginas web (106), pero prácticamente todos se catalogan como greenwashing, según este estudio. La siguiente es la suiza Nestlé, seguida de CP Group (Tailandia), Danish Crown (Dinamarca) y Hormel Foods (EEUU).

"Las empresas cárnicas y lácteas hacen muchas promesas y aportan muy pocas pruebas que las respalden. Al igual que la industria de los combustibles fósiles, que ha utilizado el greenwashing durante las últimas décadas para retrasar la adopción de medidas climáticas significativas, la industria cárnica y láctea podría estar engañando a los consumidores y a los inversores", escriben los autores, liderados por Maya Bach, del departamento de Ciencia y Política Ambiental de la Universidad de Miami.

La investigación se ha centrado en el sector de producción de alimentos porque representa el 16,5% de los gases de efecto invernadero, siendo uno de los más agresivos con el planeta, principalmente debido a las emisiones de metano de los rumiantes, de los gases de efecto invernadero provocados por el estiércol, por las emisiones de óxido nitroso derivadas de los fertilizantes y por la tala derivada de la producción de piensos.

Marina San Martín Calvo, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Burgos, opina que estos resultados son importantes en países como España, donde la ganadería láctea y cárnica tiene un peso muy importante. "Estos datos evidencian una brecha significativa entre el discurso corporativo y la evidencia real. Sería recomendable exigir mayor transparencia y evidencia científica en las afirmaciones climáticas porque contribuirían a una transición más creíble y efectiva hacia sistemas alimentarios realmente sostenibles”, dice en un comentario publicado en la agencia Science Media Centre.

Una de las fórmulas de greenwashing más repetidas en este sector –a la que recurren 17 de las 33 empresas analizadas– es la promesa del net zero, las cero emisiones netas de CO2, generalmente para 2050. Este mensaje se encuadra dentro del llamado future-washing, basado en publicar compromisos para las próximas décadas de ayudar al planeta pero con ninguna intencionalidad real de cumplirlos.

Un informe de Foodrise, una ONG europea, se pregunta cómo Danone cumplirá su compromiso net zero en 2050 si en ningún plan de negocio recoge reducir la cabaña ganadera de la que se provee, la principal fuente de contaminación. Por ahora, la compañía francesa solo dice que para hacerlo introducirá prácticas de agricultura ecológica, soja libre de deforestación y estiércol gestionado de manera eficiente de aquí a 2030, medidas insuficientes para lograr su meta de 2050.

Tras analizar los 1.233 mensajes verdes de estas compañías, solo tres de ellos (de las empresas Fonterra, California Dairies y Perdue) estaban amparados en estudios científicos, y dos de ellos ligados a "revistas científicas estrechamente alineadas con la industria agrícolas". Solo el 29% (356 promesas) se apoyaba en algún tipo de evidencia, mientras que "más de dos tercios de las afirmaciones medioambientales carecían de pruebas, lo que dificultó evaluar su credibilidad", según los autores. 

Aunque más de 300 mensajes analizados estuvieran apoyados en información, no significa que fueran legítimos ya que la inmensa mayoría de ellos no superaron la prueba de greenwashing, basada en un test de Noémi Nemes, de la Universidad de Viena, y otros autores, creado en 2022. Solo 20 de los enunciados verdes analizados estaban libres de indicadores greenwashing, aunque el estudio aclara que no consistían en promesas, sino en argumentos genéricos, como que "en Estados Unidos, entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen nunca llegan a consumirse", uno de los mensajes que han superado el examen.

Los autores recogen en el estudio algunos de los eslóganes vacíos que se han encontrado, donde se publicitan acciones limpias que representan una parte ínfima de las emisiones de estas compañías. Como la británica ABP Group, que publicó que iba a iniciar un proyecto para "buscar maneras de implantar un modelo de producción sostenible" de carne en una granja de 100 hectáreas, sin aclarar qué medidas iba a implementar. O como el gigante francés Lactalis, que publicitó el cambio de una caldera de una de sus plantas.

"En lugar de buscar un cambio transformador, muchas empresas parecen dar prioridad a pequeñas mejoras en la eficiencia y promocionan ampliamente iniciativas a pequeña escala o piloto que apenas repercuten en la huella medioambiental global de la ganadería", se lee en el estudio.

Los investigadores también dan a entender que esta corriente de publicidad verde ha desatado en el último lustro una carrera empresarial por lanzar mensajes aparentemente ecologistas. En septiembre de 2020 solo cuatro de las 35 mayores cárnicas y lácteas del mundo tenían compromisos cero emisiones, y hoy son 17.

Las aerolíneas europeas lanzaron un llamamiento inédito la semana pasada, cuando advirtieron que en cuestión de tres semanas tendrían que iniciar un racionamiento de combustible. La Agencia Internacional de la Energía fue un paso más allá y dijo que quedan unas seis semanas de queroseno en los inventarios de la Unión, pero la Comisión Europea salió después a calmar las aguas y garantizó que no hay por ahora riesgo de desabastecimiento. Según los expertos, efectivamente hay combustible suficiente y no deberían producirse cancelaciones de vuelos en el próximo trimestre, salvo quizás en Francia y Reino Unido. También pronostican subidas importantes en el coste de los billetes de verano.

La guerra de Irán ha estrangulado el tráfico de todos los tipos de carburantes, pero el queroseno es extremadamente vulnerable, mucho más que el diésel y muchísimo más que la gasolina. En concreto, el 43% del queroseno que consume la UE y Reino Unido proviene del estrecho de Ormuz –principalmente de Kuwait–, mientras que en el caso del diésel es el 23%. En cuanto a la gasolina, Europa produce incluso más de la que consume internamente. Estas diferencias se aprecian en las curvas de precios. El queroseno se ha encarecido más de un 100% respecto a finales de febrero en la Unión Europea, alcanzando un récord histórico, mientras que el diésel ha subido un 65% y la gasolina 37%.

Aunque algunas declaraciones del sector desataron el pánico la semana pasada, la Comisión respondió el viernes que "no hay indicios de una escasez generalizada de combustible que pudiera provocar cancelaciones masivas de vuelos", aunque sí están "obviamente" preocupados por la situación. Según publican diferentes medios, Bruselas se prepara para vigilar de cerca las reservas nacionales de queroseno e incluso obligará a los estados a compartir los barriles para que no haya desequilibrios.

"Estamos moviéndonos hacia una crisis de suministro que empezará por el combustible de avión. Y nos aproximamos rápidamente", dijo este domingo el comisario de Energía, Dan Jørgensen, al Financial Times.

Según un informe de Kpler, una consultora europea especializada en tráfico de combustibles, al que ha accedido infoLibre, quedan meses antes de que haya un desabastecimiento real de queroseno en el continente, aunque subrayan que la situación es mucho más tensa que con el diésel. Estiman que si en marzo había reservas equivalentes a 52 días de consumo de queroseno en los Veintisiete (77 millones de barriles), ahora hay para unos 45 días, y en julio habrá para 28 días (49 millones de barriles), debido a que la caída de la importación obliga a quemar los inventarios.

Los analistas explican que en sus cálculos hasta verano no se entraría en el nivel mínimo operativo, el umbral crítico de abastecimiento, que sería de 33 millones de barriles de queroseno, de manera que "no se requerirá ningún ajuste de la demanda a escala continental en Europa, suponiendo que el conflicto se desescale pronto". Ese escenario supone que el estrecho del Golfo se desbloquee de aquí al mes de julio.

Donde sí pronostican que habrá escasez de queroseno será en Reino Unido, y posteriormente en Francia. La posibilidad de desabastecimiento en este segundo país podría ser lo que lleve a la Comisión Europea a activar esa redistribución, aunque antes tendrá que proponerla formalmente y acordarla con los ministros de los Estados miembros. 

Según los analistas de Kpler, tanto Reino Unido como Francia tienen una mayor dependencia del queroseno de Oriente Próximo y tienen menores provisiones. Afirman que Reino Unido ya debería empezar a reducir consumo en abril, y Francia en junio, y vaticinan que julio será el peor mes, recortando ese mes 60.000 y 40.000 barriles cada uno, respectivamente.

Los expertos esperan también una subida del precio de los billetes de avión en toda Europa este verano. Numerosas aerolíneas del continente han comunicado que están funcionando a pérdidas estos días porque el queroseno ha duplicado su coste, incluso aunque todas ellas tengan coberturas frente al encarecimiento del carburante en el mercado. Además, según Kpler, ese blindaje parcial que tienen las compañías vencerá a lo largo del segundo trimestre, y de cara al verano se expondrán de manera completa a los precios astronómicos.

"La convergencia de la erosión de la cobertura de existencias por el lado de la oferta y el vencimiento de la protección de cobertura por el lado de la demanda hace que junio y julio sean el periodo de máxima tensión para los mercados europeos de combustible de aviación", se lee en el informe. También avisan de que si el comercio global de queroseno no se recupera antes de septiembre, los inventarios europeos caerán por debajo del mínimo técnico, obligando a un "racionamiento directo de la demanda".

Varias aerolíneas empiezan a recortar rutas

Aunque ya se anticipaban problemas en el sector aéreo, las declaraciones de la última semana desataron el pánico en el sector. La división europea del Consorcio Internacional de Aeropuertos (ACI) mandó una carta a la Comisión asegurando que en tres semanas "la escasez generalizada de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE" si no se recupera el estrecho de Ormuz. A ese mensaje dramático respondió la Comisión Europea asegurando que no existe riesgo a corto plazo.

El coste del queroseno es una variable primordial para las aerolíneas porque el combustible supone de media alrededor del 25% de sus costes de operación, en función de la compañía, del lugar del mundo donde trabaje y de su estrategia de aprovisionamiento, y un encarecimiento del crudo puede meter rápidamente a una empresa en números rojos.

Lufthansa, la gigante alemana, retiró este sábado 27 aviones de circulación "para evitar que las actuales pérdidas de la compañía sean todavía mayores". La aerolínea detalló en un comunicado que pierde dinero incluso teniendo el 80% de su queroseno asegurado frente a los cambios bruscos de precio. La holandesa KLM también recortará desde mayo unos 80 vuelos desde y hacia Ámsterdam, menos del 1% de todo su tráfico europeo, aunque subrayó que "no hay escasez de queroseno". La noruega SAS cancelará unos 1.000 vuelos en abril.

Sin importaciones de China ni India

A la crisis petrolera derivada de la guerra en Irán, se suma un desplome de las llegadas de queroseno desde la India y China, dos importantes proveedores de la Unión Europea. En el caso de India, la Unión Europea prohibió el 22 de enero la entrada de productos refinados a partir de petróleo ruso, ampliamente utilizado en las refinerías indias, mientras que China vetó a mediados de marzo la exportación de cualquier tipo de combustible de manera temporal para priorizar su abastecimiento interno.

Estados Unidos inició este lunes el que probablemente es el bloqueo naval más agresivo de su historia reciente, y eso que es un país que ha recurrido a esta arma comercial a menudo. La decisión la ha tomado en solitario, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU y pone en riesgo el comercio y la economía global, tres condiciones que hasta ahora no se habían dado unidas, ni siquiera en los bloqueos pasados de Cuba o Irak. Sobre la legalidad de esta actuación, se enmarca en un terreno ambiguo, según los expertos, mientras que el bloqueo opuesto, impuesto por Irán desde el 28 de febrero, viola claramente las leyes del mar.

La normativa marítima está abierta a la interpretación, especialmente en periodo de guerra, lo que dificulta calificar de "ilegal" un bloqueo marítimo. En esencia, el estrecho de Ormuz, como otros estrechos como el de Gibraltar, deben permanecer abiertos siempre al paso de navíos, incluso en caso de conflicto armado en la región, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ni Irán ni Estados Unidos han ratificado ese tratado, aunque en general se adhieren a él y lo respetan. Esa convención tampoco permite en ningún caso a navíos militares asaltar barcos civiles, salvo casos de piratería, trata de esclavos o barcos con falsa bandera.

Sin embargo, en caso de guerra, las normas de Naciones Unidas pierden peso y entran en juego manuales como el de San Remo (1994) y el de Newport (2023), dos guías no vinculantes sobre derecho marítimo en situaciones de conflicto. Este último contempla la posibilidad de bloqueos comerciales sobre un enemigo, pero garantizando siempre la navegación de barcos neutrales de países que no formen parte del enfrentamiento.

Como Irán ha mantenido un veto permanente a barcos de todas las banderas, excepto a sus aliados, quedaría fuera de toda legalidad. Si bien es cierto, desde este viernes, Teherán ha abierto de nuevo –al menos en teoría– el tránsito en Ormuz mientras se mantenga el alto el fuego en Líbano por parte de Israel. Estados Unidos, por su parte, rechazó poco después abrir el tráfico marítimo a barcos iraníes.

En una entrevista con infoLibre, Markus W. Gehring, profesor de derecho internacional en la Universidad de Cambridge, califica la operación de la Casa Blanca como "una zona gris jurídica". Esta ambigüedad radica en que teóricamente Estados Unidos solo bloquea los buques con origen o destino en Irán que porten armas, hierro, acero y aluminio, bajo la amenaza de abordaje, pero sí permite el tránsito de buques de otros países del Golfo. En principio, la Armada también permite la navegación a embarcaciones con ayuda humanitaria a Irán, como obliga San Remo, siendo antes inspeccionados.

Sin embargo, el experto matiza que la declaración original del presidente Donald Trump es que iba a prohibir cualquier paso por Ormuz, bajo lo que parecía ser un sistema de hundir sin preguntar, igual que aplicó sobre las supuestas narcolanchas de centroamérica. Este choque de mensajes ha expulsado de la región a navieras de todo el mundo que no quieren arriesgarse a sufrir ataques de uno u otro bando, lo que ha derivado de facto en un bloqueo también a otros países de la región. Si antes de la guerra pasaban de media unos 135 barcos por Ormuz, esta semana han pasado unos seis cada día.

"El bloqueo de la Administración Trump, tal y como está configurado actualmente, se encuentra en una zona gris jurídica. El planteamiento inicial del presidente Trump habría cerrado el estrecho por completo, lo que habría sido claramente ilegal", responde Gehring.

A esto se suma un segundo problema, la legalidad fundamental del conflicto. Según explica el investigador, si el origen de la guerra es ilegal –como se ha debatido abiertamente debido a una ausencia de justificación acreditada y sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU–, EEUU no tiene en esencia ningún derecho a establecer un bloqueo marítimo sobre Irán. De hecho, esta semana, un centenar de juristas estadounidenses declararon que los ataques violan la Carta de Naciones Unidas porque no se basan en la legítima defensa.

"Incluso con el planteamiento más restrictivo del Comando Central de Estados Unidos [un bloqueo que permita el paso de ayuda humanitaria], persiste el problema subyacente del jus ad bellum [las razones legítimas para iniciar una guerra]: (...) por lo tanto, el análisis de los criterios formales (declaración, eficacia, imparcialidad, ausencia de propósito de inanición sobre la población) no puede justificar la acción si la guerra es en sí misma ilegal", añade el profesor.

Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano especializado en Defensa, también considera que la legalidad de un bloqueo radica en que sea proporcionado y exclusivamente sobre un enemigo, no sobre todos los barcos que transitan el estrecho. "Si los ataques son indiscriminados sobre cualquier barco, los dos países estarían fuera de la legalidad. En cualquier caso, lo que hace Irán es mucho peor porque pone en riesgo toda la navegación y encima quiere cobrar un peaje. Sobre EEUU, mientras no amenace la navegación neutral, podría interpretarse que está actuando bajo la normativa de la guerra", señala.

Markus W. Gehring opina que hay una importante diferencia entre el bloqueo actual de Estados Unidos y los que realizó en el pasado: el daño sobre la economía global. Sin embargo, no es el primero que está fuera de la ley, según su opinión. "La actual Administración ha ordenado ya tres en un solo año contra Venezuela, Cuba e Irán. Todos ellos son ilegales, ya que no están amparados por la legítima defensa ni por una resolución del Consejo de Seguridad", valora. 

La diferencia es que, en este caso, el bloqueo estadounidense pone en riesgo el tránsito internacional de gas natural, productos químicos y petróleo. "Las operaciones en Venezuela y Cuba del año pasado son ilegales según el derecho internacional, pero no comprometían un punto clave del comercio global ni amenazaban el comercio neutral", añade.

El experto también recuerda que el último presidente de Estados Unidos en realizar un bloqueo naval antes de Trump fue George H.W. Bush en 1990 y 1991 en Irak, pero ese sí fue amparado por Naciones Unidas. Otro ejemplo que destaca fue el de Cuba en 1962 bajo la presidencia de John F. Kennedy, quien evitó usar la palabra "bloqueo" –empleó "cuarentena"– "para eludir la calificación jurídica de acto de guerra", como no ha tenido problema en hacer Trump.

El bloqueo iraní que lleva más de un mes vigente se implantó sobre el estrecho de Ormuz, donde la República Islámica tiene una gran facilidad para controlar el paso de buques por su forma de embudo (en su lugar más estrecho no llega a 40 kilómetros). Sin embargo, el bloqueo de la Armada estadounidense se ubica mucho más al este, en la costa de Omán y rozando las aguas abiertas del Mar Arábigo, donde el estrecho mide unos 200 kilómetros de ancho.

La compañía de monitorización de buques Kpler dijo este viernes que tres petroleros iraníes (el Deep Sea, el Diona y el Sonia I) habían cruzado Ormuz este miércoles, cuando Estados Unidos ya tenía en marcha un "bloqueo completo" del tránsito en la región, pero matizan que los tres barcos amarraron poco después en Chabahar, en el sur de Irán, sin llegar a pasar la línea donde oficialmente se ubica la marina de EEUU.

Soledad Gallego (56 años, Albacete) fundó hace ahora tres años la división española y mediterránea de ClientEarth, una organización de abogados sin ánimo de lucro que defiende el medioambiente en juzgados en todo el planeta. Si el activismo ambiental se remonta al siglo pasado, la defensa de la naturaleza desde el punto de vista jurídico ha sido durante las últimas dos décadas una travesía en el desierto para unos pocos abogados que decidieron "elegir el otro lado", como lo llama Gallego. 

Al salir de la facultad decidió que nunca trabajaría para una empresa privada que contaminara porque ya eran demasiados los que tiraban por ese camino, así que trabajó durante 20 años en diferentes ONG, principalmente en SEO/BirdLife, hasta unirse finalmente a ClientEarth en 2019. Tras haber participado en casos con magistrados y fiscales de todo el país, tiene claro que hay un déficit de formación ambiental en la judicatura.

En la prensa hay casos todos los días de contaminación de suelos, robo de agua, vertidos tóxicos… y muchos de estos casos llevan años produciéndose. ¿Hay impunidad en España con los delitos ambientales?

Yo no creo que haya impunidad, aunque sí hay que estar muy vigilantes. Por una parte debemos debatir sobre si la sociedad civil puede acceder a la justicia para defender el medio ambiente. Y por otra, es muy importante que los jueces y los tribunales estén especializados en un área que es cada vez más compleja, y que cuenten con los medios y expertos adecuados.

En España nuestro derecho ambiental deriva del derecho europeo, que es uno de los más avanzados que hay en el planeta. Tenemos las directivas de aves, de hábitats, de restauración de la naturaleza, la directiva marco del agua… Todas ellas están traspuestas a la normativa española, y están muy bien, pero al final siempre tenemos un problema de aplicación y cumplimiento efectivo de la ley.

¿Cuáles son las barreras más evidentes que se encuentran?

Una barrera son los procedimientos judiciales, que son muy largos. Otra, que no se aplican medidas cautelares, y si los proyectos que son muy dañinos para la naturaleza no se paran desde el principio, por mucho que ganes el juicio, como en el caso de la urbanización de Valdecañas, el daño ya está hecho. O bien no hay acceso a abogados especializados. O los costes son excesivos, porque no olvidemos que mucha gente implicada en estos casos es voluntaria y está poniendo su dinero personal para pelear por el bien colectivo. 

¿Por qué se decidió por el derecho ambiental?

Cuando estudié Derecho, el derecho ambiental ni existía, pese a que estaba presente en todo lo que nos rodeaba. En cualquier contrato de obra pública, por ejemplo. Vi que había muchos abogados trabajando en proyectos que dañaban el medioambiente, pero que había muy pocos en el otro lado para protegerlo, así que empecé trabajando en ONG y puntualmente con algún gobierno, pero me prometí no trabajar con ninguna empresa que contaminara o dañara el medio ambiente.

¿Y cómo está la profesión hoy en día?

Cada vez hay más abogados que siguen esta línea. Muchos de los que llegan a ClientEarth trabajan en despachos corporativos típicos, pero deciden que quieren trabajar de otra manera. Es una decisión personal y es cierto que económicamente se gana más en el sector privado, pero la parte vocacional es tan importante que compensa.

Usted ha trabajado con ONG y ahora colabora con ellas, ¿cuál es la relación entre activistas y abogados?

El derecho ambiental empodera a las ONG, nos necesitamos mutuamente. Ellas conocen los problemas sobre el terreno y saben lanzar el mensaje social, pero es importante que haya expertos jurídicos para llevar a cabo las campañas. Proteger el medioambiente tiene que ser también un trabajo profesional, con los medios adecuados, porque lo que tenemos enfrente es un desafío enorme. Hay mucho trabajo voluntario que es importante, pero nosotros creemos que tiene que estar profesionalizado.

¿Cómo ve a la nueva generación de juristas? ¿Hay interés por el medioambiente?

El derecho ambiental está ahora muy al día en las facultades. Hay universidades con ramas específicas e incluso un Centro de Estudios de Derecho Ambiental en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, una referencia en este mundo. Es cierto que cuando no saben bien a dónde dirigirse, empiezan en el sector privado y luego saltan aquí, pero ya vemos abogados y abogadas jóvenes que quieren dedicarse a ello directamente porque están muy concienciados.

¿Y cómo ve los estamentos más altos? ¿Los jueces y fiscales de España están bien formados en medioambiente?

Hay jueces y fiscales que están especializados porque han ido llevando bastantes temas relacionados con agua o con contaminación. Por ejemplo, trabajamos en un caso de Galicia, el embalse de As Conchas, donde los jueces ligaron perfectamente la contaminación con la vulneración de los derechos humanos. Sobre todo es importante que conozcan el derecho europeo porque normalmente los incumplimientos son de la normativa europea. 

Luego hay otros jueces a los que les cuesta más adaptarse o que desconocen más la materia, porque es realmente compleja. Pero también es cierto que nosotros lo que intentamos siempre es abrir nuevas líneas jurídicas, que haya debate. Porque a lo mejor la primera vez no funciona, pero el juez va tomando contacto con la información, con el sistema legal, con las normas… y poco a poco va aprendiendo más del tema, hasta que llega a tomar decisiones más fundamentadas. Lo que es muy importante, igual que pasa en otros países, es que los jueces se formen y se especialicen con algún tipo de curso.

¿Y los fiscales? Al final son ellos los que tienen que levantar la liebre en muchos casos.

La Fiscalía entra en los casos penales. En los administrativos no intervienen de manera general, solo en algunos relacionados con la ley de responsabilidad medioambiental. Hay fiscales especializados en medioambiente, como Antonio Vercher, que acaba de fallecer, e hizo un trabajo pionero como primer fiscal coordinador de sala de Medioambiente y Urbanismo. Y luego en cada Tribunal Superior de Justicia hay un fiscal también especializado. Lo que pasa es que hacen falta más porque hay tantos casos, tanto trabajo… Y es esencial que cuenten con los medios y apoyo de expertos que necesiten.

¿Han trabajado en algún caso reciente donde hayan visto todos estos problemas?

Nos han dado la razón en un caso de Galicia, en el embalse de As Conchas, donde había vecinos viviendo junto a un agua contaminada; no podían ya casi ni respirar, y estaba a punto de derivar en un problema de salud pública. Alegamos vulneración de derecho fundamental a la vida, que es una norma fundamental en España, pero para demostrarlo hemos necesitado a investigadores del CSIC, a abogados de España y de otros países… Ha sido un trabajo enorme.

Parece increíble que haga falta movilizar tantos recursos para un incumplimiento tan obvio. Cuántos casos como este quedarán sin resolver porque no cuentan con equipos así.

Pues sí, lo bueno es que como la sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, puede usarse como precedente para casos similares en otros sitios. Como no podemos llegar a todos los sitios, al menos intentamos también trabajar para legislar y evitar que ocurran en el futuro, como en las negociaciones de Bruselas sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza o el Reglamento de Deforestación Importada.

¿Y cómo es el derecho ambiental desde el otro lado? ¿Las empresas tienen buenos abogados para encontrar agujeros legales?

Bueno, por supuesto. Para defender los intereses de una empresa o un sector en medioambiente hace falta gente especializada, y hay lobbies muy fuertes en Bruselas y en los países, tanto para elaborar la legislación como para aplicarla. Al final, como abogado llega un momento en el que tú decides si quieres defender los intereses privados de una empresa o de un sector, los intereses colectivos. Y probablemente también sean muy buenos abogados ambientales. Dependiendo de para quién trabajes estás en un lado o en el otro.

Cuando trabajó en litigios ambientales europeos, ¿vio una diferencia entre las capacidades de los juristas españoles y los de otros países? ¿Hay una mejor preparación en lugares como Bruselas?

Sí, hay países como China que tienen jueces y fiscales especializados en medioambiente y les forman para ello. Y ocurre también en otros países. Eso hace falta en España, aunque aquí tenemos también cosas buenas. Por ejemplo, en derecho de aguas, aquí puedes recurrir un Plan Hidrológico de cuenca y muchas otras normativas relacionadas con la Directiva Marco del Agua, y eso no se puede hacer en Polonia o en Alemania. Otra cosa es cuando llegas al tribunal con términos como “caudal ecológico”,"conectividad de ríos”... que son auténticas tesis doctorales que hay que explicar al juez.

El regulador del sector eléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha publicado este viernes una lista de seis compañías eléctricas que van a ser investigadas por su posible implicación en el apagón del 28 de abril del año pasado. Los funcionarios consideran que estas empresas presuntamente fallaron a la hora de cumplir sus obligaciones de controlar y estabilizar la red eléctrica, y la suma de esos errores contribuyó a que aquella mañana se produjese un cero eléctrico en España y Portugal que duró 16 horas.

Las energéticas señaladas son, ordenadas por número de procedimientos incoados: Iberdrola (7), Endesa (7), Naturgy (5), Red Eléctrica (1), Repsol (1) y Bahía Bizkaia Electricidad (1). Dos de los expedientes atribuidos a Endesa e Iberdrola corresponden a una investigación específica sobre las centrales nuclear de Ascó y Vandellós II, en Tarragona.

De esta manera, el regulador pone el ojo sobre las principales compañías energéticas del país, siendo Iberdrola la mayor comercializadora de España, seguida de Endesa, Naturgy y Repsol. En el caso de Red Eléctrica (REE) se trata del operador del sistema.

Salvo Red Eléctrica, a todas las empresas se las acusa "presuntamente" de saltarse el artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico, mientras que al operador se le investiga por incumplir presuntamente el artículo 64.25. La infracción del artículo 65.8 se considera "grave" según esa normativa, mientras que la 64.25 se tipifica como "muy grave".

Según esa normativa, una infracción muy grave se pena con multas de entre 6.000.000 y 60.000.000 euros, mientras que una grave se penaliza con entre 600.000 y 6.000.000 de euros. En ambos casos, la ley recoge también la posibilidad de "inhabilitación de actividades del sector eléctrico", "suspensión de las autorizaciones" o "pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones" durante un periodo de hasta un año (en el caso de infracciones graves) o tres años (muy graves),

"La CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas", ha publicado el regulador, aunque añade que "los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial". Tampoco garantiza que estas investigaciones resulten en una acusación concreta a estas compañías.

El artículo 65.8, que presuntamente se han saltado cinco de las seis señaladas, es una versión atenuada de otros tres artículos "muy graves" de la ley del sector eléctrico, que se resumen en que las empresas desconectaron sus instalaciones o no cumplieron con los criterios técnicos necesarios. Cuando esos fallos "no concurran las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente" pasarán de juzgarse como "muy graves" a "graves", de manera que se sobreentiende que la CNMC no considera que estas compañías, por sí mismas, pusieron en riesgo la garantía del abastecimiento eléctrico aquel día.

En el caso del artículo 64.25, que presuntamente incumplió Red Eléctrica, supone a su vez fallar en cuatro puntos del artículo 30 de esa ley, la que recoge las obligaciones del operador del sistema. Esos cuatro apartados, resumidos, explican que REE debe "programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica (...) de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad", así como "proporcionar a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada".

Tanto la investigación oficial del Ministerio de Transición Ecológica como la llevada a cabo por los expertos independientes europeos concluyeron que docenas de instalaciones eléctricas de generación dejaron de operar correctamente en los instantes previos al apagón. Primero, dos plantas del suroeste de España fallaron, dando lugar a fuertes oscilaciones de frecuencia y tensión en la red. El operador de la red, Red Eléctrica, puso entonces en marcha diversas medidas para paliar esos desajustes, que a su vez provocaron un incremento de la tensión progresivo que terminó tirando la red.

Pero no fueron las únicas. A medida que subió la tensión, se comenzaron a desconectar por seguridad plantas solares y eólicas de todo el país, pero lo hicieron cuando los niveles de esta se situaban todavía por debajo de lo que la normativa obliga a soportar. Esta situación  agravó el problema aún más porque se generó un efecto dominó: aumentó aún más la tensión y provocó que otras plantas se desconectasen.

En concreto, la red de transporte tiene una tensión media de 400 kV, pero todos los que se conectan a ella deben soportar picos de hasta 435 kV. Según el estudio de los investigadores europeos, publicado en marzo, de las 19 subestaciones eléctricas –los nudos a los que se conectan los generadores de una zona– que se estudiaron, solo seis se apagaron dentro del rango legal, nueve incumplieron y del resto no se hallaron datos concluyentes.

Las plantas renovables no son las únicas que fallaron ese día. Las plantas térmicas –principalmente las centrales de gas natural– tenían la obligación de controlar la tensión de la red, pero "algunas" de ellas, según el informe europeo, fallaron a la hora de hacerlo, incumpliendo los procesos de operación de Red Eléctrica y contribuyendo al apagón. Esas instalaciones reciben una remuneración millonaria por ese trabajo, que en 2025 ascendió a 1.200 millones de euros–.

La lista de eléctricas investigadas por la CNMC se ha publicado en la tarde del viernes, si bien el regulador ya anunció por la mañana que iniciaba estas investigaciones. La razón para no publicar hasta las 18:00 horas es que debían esperar a que cerrase el Ibex-35, donde cotizan algunas de estas compañías. Una medida tomada para evitar un impacto directo en su valor bursátil.

Las subidas del precio del petróleo en los mercados internacionales se traducen inmediatamente en un encarecimiento del combustible en las gasolineras, y la respuesta del sector petrolero es siempre la misma: si sube la materia prima, no hay más remedio que trasladar esa escalada al surtidor. Sin embargo, la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania fue un momento dorado para las grandes energéticas, y lo será también la III Guerra del Golfo.

Los primeros datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) apuntan a que los márgenes de refino –la diferencia entre lo que cuesta comprar un barril y los ingresos por vender el combustible en la gasolinera– se dispararon en el mes de marzo hasta casi un récord en 15 años y se triplicaron respecto a febrero.

En concreto, por cada barril de combustible procesado en el mundo, el refinador ganó de media el mes pasado 21,82 dólares, un 220% más que en febrero y un 168% más que la media de 2025. Con datos de los últimos 15 años, solo en junio de 2022 –en plena crisis por la guerra de Ucrania– las refinerías ingresaron más dinero por barril tratado. Esto significa que las petroleras que tienen su negocio integrado –producción, refino y venta– están incrementando el precio del combustible final muy por encima de lo que sería una subida natural por el encarecimiento del crudo.

"Los márgenes de refino repuntaron de forma generalizada en marzo", valora la agencia en su informe publicado este martes. "Sobre el papel, los márgenes medios mensuales en el noroeste de Europa alcanzaron máximos históricos, superando los niveles registrados en 2022 tras la invasión de Ucrania", añaden los técnicos. Aunque la IEA destaca los márgenes de las compañías noreuropeas, las del sur de Europa o las asiáticas también inflaron sus márgenes en marzo.

Si bien es cierto, el estudio también matiza que sus cálculos podrían "sobreestimar la rentabilidad que la mayoría de refinerías podría alcanzar" porque los precios del mercado de futuros (el conocido como petróleo Brent o WTI) están en este momento por debajo de lo que realmente cuesta el crudo en el mercado al contado.

El refinado de petróleo es el gran negocio dentro del sector del crudo porque supone transformar la materia prima en docenas de productos más complejos, como diésel, gasolina y queroseno, y las pocas empresas que tienen capacidad para realizar esta transformación dentro de Europa pueden hacerse de oro en momentos en los que hay escasez de combustibles.

En marzo, los petroestados del Golfo no tuvieron apenas capacidad para exportar petróleo y productos refinados por el cierre del Estrecho de Ormuz, y las compañías con refinerías en Europa tuvieron un gran margen para incrementar los precios ante la escasez de suministro internacional. En España hay ocho refinerías activas de Repsol (cinco), Moeve (dos) y BP (una), y solo Alemania e Italia tienen un número mayor dentro de la Unión Europea. 

La IEA no tiene acceso a cuál es el margen de refino concreto de cada compañía, pero mensualmente elabora una estimación de lo que podrían estar ganando las refinerías de cada región del planeta en función del tipo de crudo que procesen y de la complejidad de cada una de ellas. Según esa tabla, las del Mediterráneo, entre las que se incluyen las españolas, tuvieron en marzo un margen de beneficio entre 10,53 euros y 18,69 euros, entre tres y siete veces más que el mes anterior. En otras zonas del planeta se registraron en marzo márgenes completamente astronómicos, como los 42 dólares por barril de beneficio para los refinadores del sur de Asia.

Enrique Parra, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá y exprofesional del mundo del petróleo, explica que los cálculos de la IEA no se pueden tomar a rajatabla, pero que son una aproximación de lo que podrían estar ganando algunas de estas compañías. "En las refinerías españolas podrían estar procesando siete crudos diferentes a la vez, por lo que esas cifras son una simplificación. Lo que ganan en Cartagena o en Castellón solo lo saben ellos, pero está claro que están ganando mucho más que en meses anteriores", valora.

El experto también matiza que en España las petroleras han realizado costosas inversiones en la última década para poder procesar crudos de todos los tipos –más y menos densos, y más y menos ácidos–, lo que les permite comprar petróleo de todas las regiones y procesar los tipos más rentables (los dulces y ligeros), y esa versatilidad permite a las energéticas españolas maximizar ingresos en momentos de escasez de suministro, como la crisis actual. El profesor añade además que ese margen no es un beneficio íntegro para las empresas, sino que hay que restar a esas cifras el coste de mantener la planta y los trabajadores. 

Para saber qué compañías han apretado más esos márgenes para aprovechar la coyuntura habrá que esperar a que las petroleras presenten sus cuentas de resultados del primer trimestre, que llegarán en las próximas dos semanas. La agencia Reuters adelantó este martes que la británica BP incrementó su margen de refino hasta los 16,9 dólares por barril en el primer trimestre, frente a los 15,2 dólares de los tres meses anteriores, un 11% más. La subida es mucho más comedida de lo calculado por la IEA porque es una media del trimestre, y en 2026, hasta la crisis del Estrecho de Ormuz, había una tendencia de caída en picado de los márgenes en el negocio de refinado.

El combustible de aviones, el queroseno, es la prueba de que el coste del combustible sube mucho más allá de lo que lo hace el coste del crudo. Se ha encarecido mucho más rápido que el resto de carburantes –como la gasolina o el diésel– pese a que se fabrica a partir de la misma materia prima y con un proceso similar. El problema es que, como la demanda del queroseno es menos elástica –la gente está dispuesta a viajar en avión aunque el billete sea algo más caro–, el precio de este combustible se ha más que duplicado en comparación con el mes de febrero, mientras que la gasolina en Europa se ha encarecido un 36% desde la primera semana de marzo (sin contar impuestos).

En Francia, el Gobierno se plantea poner en marcha una normativa temporal para limitar la subida del precio de los combustibles para evitar que las petroleras tengan márgenes de beneficio superiores a los de enero y febrero, mientras que la Comisión Europea plantea un impuesto extraordinario para los conocidos como beneficios caídos del cielo.

Cientos de ganaderos dedicados a la leche denuncian desde hace dos semanas una bajada brutal de los precios a los que les compran el producto las grandes marcas de leche. Un porcentaje importante del sector, que algunos cifran en alrededor del 40% de los profesionales, tenían que negociar en marzo un nuevo precio al que vender durante el siguiente trimestre, y se encontraron con propuestas hasta un 20% inferiores respecto al periodo anterior. El sector primario denuncia que no puede rechazar las malas ofertas porque la alternativa es tirar la leche, mientras que la industria contesta que han tenido que ajustar precios porque en España se estaba pagando el litro muy por encima del resto de Europa.

Según Charo Arredondo, responsable de lácteos en la organización agraria COAG, el golpe ha sido sobrevenido porque, en algunos casos, la propuesta ha llegado con menos de una semana de margen antes del vencimiento del contrato de marzo. Sabían que el mercado europeo llevaba meses de precios a la baja y que terminarían llegando a España, pero que no esperaban recibir ofertas que rebajaban entre 5 y 10 céntimos el acuerdo anterior con solo unos días para aceptarlas o rechazarlas.

"No tenemos alternativa porque el producto es perecedero. Un grupo de productores de aquí de Cantabria se negó a ceder, y terminaron haciéndolo a las 23.55 horas del 31 de marzo porque habrían tenido que deshacerse de la producción. Y la industria no cedió en ningún momento porque sabían que tenían todo el poder para negociar", dice la portavoz, que también es ganadera. Sobre el precio de la leche en el supermercado, Arredondo explica que no han notado cambios en las últimas semanas, ni hacia arriba ni hacia abajo, pese a que ahora ellos venden más barato.

Entre las marcas citadas por los profesionales afectados están todas las grandes que se pueden encontrar en el supermercado: Central Lechera Asturiana, Pascual, Lactalis (RAM, Lauki, Puleva) o Celta, entre otras. Estas empresas compran la materia prima a pequeños, medianos y grandes ganaderos, a veces agrupados en cooperativas, y después de tratarla y envasarla con su marca, la ofrecen a las grandes superficies, que también realizan una enorme presión hacia los eslabones inferiores de la cadena para mantener el precio a raya (con el litro de leche siempre a entre 0,90 euros y 1,30 euros) y no espantar al consumidor. 

En la base de esa pirámide, el producto se vende a aproximadamente 0,50 euros el litro de leche, con unos céntimos arriba o abajo en función de la producción interna y del mercado internacional. En este caso, en el mes de febrero –el último dato del Ministerio de Agricultura y antes de las nuevas ofertas que han desatado la polémica– la leche se pagó al ganadero de media a 0,54 céntimos/litro en España. 

Los recortes en las ofertas de abril varían por comunidad autónoma y por marca, pero van desde los 2 o 3 céntimos/litro en País Vasco hasta los 7 céntimos, o incluso 10 céntimos, en Galicia, según José Ramón González, responsable de Ganadería en la organización agrícola UPA. De las grandes regiones productoras españolas, Asturias es en la que más justas habrían sido esas negociaciones, añade González. Estos datos de precios no son oficiales porque no quedan registrados en ningún sitio –debido a que son acuerdos privados entre empresas y particulares– pero es una horquilla que coincide con la que maneja COAG. Esas bajadas suponen reducir de un mes a otro entre un 5% y un 20% los ingresos de un ganadero de leche. 

La industria lechera contesta que esta situación tenía que llegar tarde o temprano porque desde el verano pasado hay un exceso de leche en todo el mundo que ha hundido los precios del litro. Grandes productores como Alemania, Francia o Países Bajos recortaron el precio de la leche pagada al productor entre un 8% y un 29% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, según datos de la Comisión Europea, mientras que España lo incrementó un 8%, la mayor subida de toda la Unión Europea. Además del mayor incremento, España también tenía en febrero la leche más cara en origen del continente: 8 céntimos por encima de la media de la UE.

Luis Calabozo,director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), explica que esa diferencia de precios radica principalmente en el sistema español de negociación de ventas. Mientras que en el centro de Europa es común cerrar un precio nuevo de la leche cada mes, en España suelen ser trimestral, semestral o anual, de manera que, hasta ahora, no se había trasladado esa caída al mercado. Y ahora se repercute toda de sopetón.

"El diferencial de precios ha protegido al ganadero español desde septiembre", valora Calabozo, "pero es imposible seguir manteniendo esos precios porque supondría perder mercado exportador. De hecho, a la larga terminaría afectando al ganadero porque la falta de interés en nuestros productos podría llevarle a tirar la leche", continúa el portavoz de la industria.

La explicación que da a esa bajada brusca del precio de la leche en origen está en el mercado internacional. El año pasado hubo una superproducción de leche en Europa, con 2,5 millones de toneladas extra sobre un año normal, que se sumaron a una bajada de la demanda de leche en los hogares. Estos dos sucesos ocurrieron tras cuatro años de subidas ininterrumpidas en el precio de la leche, en un récord muy superior a picos anteriores, de manera que, a mediados del año pasado, se produjo una corrección de su precio a lo largo de todo el continente. 

José Ramón González, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), insiste en que ellos estarían dispuestos a negociar una bajada progresiva en los acuerdos de venta a la industria, pero que esta imposición es inadmisible, y potencialmente ilegal. La ley de la Cadena Alimentaria prohíbe que ningún eslabón de la producción venda a pérdidas, y este desplome de los precios pone a algunos ganaderos al límite de esa norma. "Podríamos negociar una pequeña bajada, pero no tan sorpresiva y abusiva, poniendo a los ganaderos por debajo de coste. Eso es ilegal y lo hemos denunciado al Tribunal de Defensa de la Competencia y a la AICA", afirma.

La AICA es la Agencia de Información y Control Alimentarios, la que se encarga de investigar que se respetan los precios justos en la cadena alimentaria, un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene siempre un ojo puesto sobre el sector lácteo, acostumbrado a los abusos. El año pasado, fue, de hecho, la segunda rama más estudiada de las que tiene bajo competencia, con más de 1.300 controles, y ya ha avisado de que en 2026 reforzará la vigilancia todavía más tras las quejas de los ganaderos.

Ambas partes del conflicto se sentaron esta semana con el Ministerio de Agricultura, a raíz de la polémica con los contratos lácteos, pero el Gobierno se mantiene, por ahora, al margen mientras no haya evidencias de contratos abusivos por debajo de precio de producción. "En cuanto a la negociación, es un tema entre partes donde el ministerio no puede entrar", valoran fuentes de este organismo a infoLibre.

La presión sobre las cadenas de suministro por la guerra de Irán empieza a notarse en los alimentos. La cesta semanal que elabora el Ministerio de Agricultura, formada por más de un centenar de productos, se encareció en las cuatro primeras semanas de guerra un 10,3%, especialmente en hortalizas, cerdo y frutas.

Es cierto que algunos productos han subido su precio por otros motivos, como la cadena de borrascas de febrero o la gripe porcina, porque el mercado agrícola está expuesto a todo tipo de injerencias, pero a ellos se suma ahora el impacto de la guerra. En ningún momento del año pasado llegó a registrarse un repunte tan abrupto del coste de los productos agrícolas en tan poco tiempo.

Los últimos datos de Agricultura disponibles corresponden a la semana 13 del año, la que termina el 29 de marzo. Si se comparan con los precios medios de la semana 9, en la que estalló el conflicto, la mayoría de ramas agrícolas y ganaderos se encarecieron en los mercados mayoristas. Por ejemplo, las verduras subieron un 33,2%, el porcino un 17,9%, los lácteos un 8,9% y las frutas un 6,9%. 

Algunos repuntes están claramente ligados a eventos puntuales, como el foco de gripe porcina que estalló en noviembre. Aquella crisis –todavía sin resolver– provocó un desplome de los precios durante la Navidad que fue seguido por un despegue brusco en febrero y marzo, cuando comenzó a estabilizarse el sector. Solo en el mes de marzo las diferentes variantes de cerdo se encarecieron de media un 17,9% en las lonjas.

Sobre el efecto de la guerra en Irán, es difícil de saber por ahora hasta qué punto impacta en los precios mayoristas porque los agricultores insisten en que no tienen poder de negociación para imponer subidas a sus clientes, los intermediarios o las grandes cadenas de supermercados.

A esto se suma que muchos productos agrícolas suben y bajan su precio constantemente en función de la demanda y la producción global, y están sometidos a cientos de variables, como la sequía de los campos de trigo en Estados Unidos o la congestión del tráfico marítimo en el Sudeste asiático, explica Pablo Resco, responsable de Estrategia Agroalimentaria en Plataforma Tierra.

"Puede haber una sensación alcista por la guerra, aunque es pronto para saberlo porque el mercado es muy complejo", resume el experto. "El precio del cerdo responde más a la crisis de la peste, mientras que el del aceite depende mucho de la demanda interna y las exportaciones. Mientras que si hablamos de guerra tendríamos que pensar en problemas concretos, como que en Estados Unidos están pensando en sustituir el cultivo de maíz por soja, que no necesita fertilizantes, o si hay un atasco en las salidas de buques que transportan materias primas", añade.

Otro efecto local en España es el del tren de borrascas de enero y febrero, que afectó gravemente a Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia, y dañaron decenas de miles de hectáreas de cítricos, hortalizas y frutos rojos, lo que se traduce directamente en subidas en los mercados de abastos. Donde más se nota es en la mandarina, el limón, la zanahoria, la patata o el brócoli, que subieron entre un 18% y un 300% en marzo.

Cuando se pregunta a los agricultores, no creen que todavía haya una subida de alimentos debido a la guerra. Su mensaje es que –para su disgusto– no han podido trasladar la inflación a sus productos porque no tienen capacidad para renegociar con los intermediarios o los grandes supermercados una subida de precio, pese a que ellos, según afirman, han sufrido una subida de entre el 25% y el 35% en el precio del combustible y de los fertilizantes.

"Lamentablemente no podemos hacer nada mientras tenemos una subida transversal de costes. Somos el primer eslabón de la cadena y no tenemos capacidad para traspasar esos costes", subraya Cristóbal Cano, secretario general de la organización agraria UPA.

Andrés Góngora, responsable de producción agrícola de otra gran organización, COAG, no descarta que el cliente final sí que esté sufriendo esa subida en la cesta de la compra. "No podemos saberlo porque no hacemos un control exhaustivo de precios, pero avisamos para que el Gobierno vigile los márgenes porque podría haber casos de especulación", insiste.

El alto el fuego alcanzado en la madrugada del miércoles entre Irán y Estados Unidos hundió inmediatamente el precio del petróleo y el gas con la expectativa de que se recupere el tráfico de materias primas a través del famoso Estrecho de Ormuz, pero 24 horas después el comercio de energía sigue prácticamente congelado. Los transportistas no confían por ahora en la seguridad de la región mientras Irán avisa que todo aquel que quiera cruzar deberá pedir permiso al Ejército iraní. A esta situación se suma que la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, publicó que el paso está de nuevo cerrado por los intensos bombardeos de Israel sobre el Líbano.

Los registros de metaneros, petroleros y navíos mercantes mostraron este miércoles un incremento de la actividad alrededor de ese estrecho de apenas 50 kilómetros, pero solo cuatro barcos lo cruzaron por completo en las horas siguientes al acuerdo. Los dos primeros fueron el Daytona Beach, de Liberia, a las 8.59 horas del miércoles (hora española), y el carguero griego NJ Earth, a las 10.44 horas.

La cifra no muestra un incremento del tráfico frente a los peores días de conflicto, puesto que desde que comenzó la guerra han atravesado ese tramo 124 cargueros, con una media de 3,36 al día, según datos de Tanker Trackers, una compañía de seguimiento de barcos. De hecho, es la cifra más baja de lo que va de mes de abril. Otra empresa similar, Marine Traffic, también calcula que hay casi 500 portadores de combustible amarrados en el Golfo Pérsico esperando a que se abra el estrecho: 426 petroleros, 34 buques con GLP y 19 metaneros.

El sector marítimo permanece expectante todavía, por mucho que el secretario de Guerra de EEUU dijese el miércoles que Ormuz "está abierto" y que su ejército está supervisando la región. Al escaso flujo de barcos se suman declaraciones poco motivadoras como la del secretario general de la Organización Mundial del Comercio, Arsenio Domínguez, que dijo horas después de dictarse el alto el fuego que estaba trabajando en "mecanismos apropiados" para garantizar el movimiento con diferentes naciones. Una coalición de países de la OCDE, entre ellos Alemania y Japón, dijeron también el miércoles que ayudarán a esa seguridad.

Las primeras reacciones de este miércoles de las grandes compañías transportistas fueron comedidas. El gigante Maersk publicó que por ahora no piensan cruzar el estrecho hasta que no haya más garantías. "En este momento adoptamos una postura prudente y no vamos a realizar ningún cambio en servicios concretos", difundió la naviera.

La realidad es que dos días después del alto el fuego de dos semanas no está claro qué condiciones hay para poder cruzar ese estrecho ni cuál es el acuerdo real que tienen Estados Unidos e Irán. En la madrugada del miércoles, el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi dijo que durante los siguientes 14 días habría un paso "seguro" pero siempre "en coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas". Por otra parte están los diez puntos de Irán sobre los que Trump ha accedido negociar, y donde en teoría está incluido que la república controle un peaje de dos millones de dólares por cada navío que atraviese ese paso.

Sobre este asunto, este miércoles el presidente Donald Trump dejó caer además a la prensa que plantea crear una joint-venture –un acuerdo empresarial– con Irán para dividirse los beneficios de ese peaje. El Financial Times también publicó que Irán pretende además cobrar un peaje de 1 dólar por cada barril de crudo que cruce Ormuz y que se podría pagar mediante criptomonedas, lo que en la práctica equivale a alrededor de un peaje del 1% por barril, según su precio actual. 

Según los analistas de Kpler, una empresa dedicada a analizar el tránsito de materias primas, este peaje iraní –tanto si se cobra por barco como por barril– es por ahora un mecanismo extremadamente arriesgado porque técnicamente el país está sancionado por Estados Unidos, y cualquier compañía que pague por ese tránsito sería técnicamente perseguida por el Tesoro estadounidense.

Como posible solución, los expertos de Kpler creen que Omán podría ser el recolector de ese dinero, en forma de pagos directos o de criptomonedas, y que este país transfiera después el dinero a Irán. El sistema no es perfecto pero podría funcionar si Washington hace la vista gorda. De todas formas, el compromiso alcanzado entre las dos potencias incluye retirar todas las sanciones primarias y secundarias que ahora sufre Irán.

Tampoco invitan al optimismo los numerosos bombardeos realizados por ambas partes en las 24 horas siguientes al alto el fuego. Irán llevó a cabo decenas de ataques con drones sobre los países del Golfo este miércoles, destacando sobre el resto el bombardeos del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, que permite al petroestado desviar el crudo hacia el Mar Rojo y esquivar el bloqueo de Ormuz. Mientras que Irán sufrió un ataque sobre su refinería de Lavan solo horas después de anunciarse la supuesta paz. Al mismo tiempo, Israel bombardeó el Líbano –un aliado de Irán– en lo que la prensa local describió como el mayor ataque desde que comenzó el conflicto, con más de 100 bombardeos en solo 10 minutos, incluidos ataques sobre la capital del país.

En todo caso, el precio de los combustibles ha caído drásticamente este miércoles en los mercados ante la previsión de que Ormuz vuelva a operar en los próximos días. El petróleo Brent se ha abaratado alrededor del 13% y el gas natural en Europa (el TTF) lo ha hecho un 15%, aunque su precio es notablemente superior a antes del conflicto.

Janiv Shah, analista de Rystad Energy, una consultora de energía, advirtió este miércoles que paradójicamente el alto el fuego podría mantener elevados los precios del crudo si las compañías prefieren esperar a que la guerra termine definitivamente dentro de 14 días, confiando en que ese sea el desenlace. "Las refinerías deberían aprovechar esta oportunidad para reanudar las compras. Sin embargo, el propio período de transición podría suponer el siguiente reto. Si las refinerías retrasan sus compras a la espera de nuevas caídas de los precios mientras los flujos físicos siguen siendo limitados, la escasez de productos podría agravarse incluso en un contexto de distensión", valora el experto en una nota.

El hambre por llegar a la Luna, despertada en los últimos días a raíz de la misión Artemis II, no es más que un paso previo para viajar más allá, con la vista puesta en Marte. La razón es que el satélite sería la parada perfecta para poder volar después los más de 200 millones de kilómetros que separan la Tierra del planeta rojo. Aunque iniciar la misión desde la Luna solo recorte una fracción de la distancia del recorrido, la expedición necesitaría diez veces menos combustible, reduciendo drásticamente el espacio y el peso de la nave, así como el precio del periplo.

Según calcula Eloy Peña, profesor de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Alicante y colaborador del programa Artemis de la NASA, para salir del sistema Tierra-Luna desde la Tierra hace falta una velocidad de 11,2 km/s, mientras que hacerlo desde la Luna solo requiere 2,9 km/s debido a que hay que superar una menor fuerza gravitatoria.

Si se extrapola esa fuerza a un motor cohete típico actual, esto se traduce en que viajar directamente desde la Tierra requiere diez veces más de combustible de propulsión que si se para en el astro a repostar, señala el investigador. "La razón principal de despegar desde la Luna es abaratar costes. Es mucho, muchísimo más barato hacer el recorrido Tierra-Luna-Marte que ir directamente desde la Tierra", opina Peña.

En todo caso, para que este sistema sea realmente operativo, habría que llevar el combustible desde la Tierra y almacenarlo en la Luna. O idealmente, producirlo allí. Y es aquí donde empiezan los problemas. Según los investigadores consultados, lo único que sería relativamente viable es fabricar en la Luna un propulsor exclusivamente a base de hidrógeno (H) y oxígeno (O), que son los elementos principales que componen el combustible estándar que se utiliza ahora, pero habría que descartar el uso de variantes sintéticas más complejas porque requieren una industria avanzada que es inviable desarrollar en el astro.

Si el objetivo es construir una gasolinera lunar, tendría que estar impepinablemente ubicada en el extremo sur de la Luna, según los expertos, dentro de su polo sur. La razón es que es el único lugar del satélite en el que hay reservas de agua en forma de hielo debido a que la curvatura del astro limita la cantidad de luz que llega a esa región. El interior de los cráteres más profundos que hay en esa zona jamás ha sido iluminado y la temperatura allí es incluso inferior a los -200ºC. Diversas mediciones han confirmado que allí habría hielo.

Si ese hielo se recoge, se limpia –está mezclado con polvo y rocas, no son casquetes polares como los que se pueden encontrar en la Tierra– y se procesa, se puede obtener hidrógeno y oxígeno para producir combustible espacial a gran escala. Según Ignasi Casanova, profesor de Tecnologías Energéticas de la Universidad Politécnica de Cataluña y exinvestigador del Johnson Space Center de la NASA, el problema está en que no se conoce con exactitud la concentración de hielo que hay en esos lugares. "Hay estimaciones diversas, que van desde unos pocos gramos por tonelada de tierra, hasta varios kilos. Y extraerlo de manera pura trabajando a -150ºC y a 300.000 kilómetros de la Tierra no será fácil", valora.

Desde hace años se ha fantaseado también con la idea de construir minas en la Luna, pero Casanova insiste en que sería una pésima idea. Primero, porque uno de los incentivos para hacerlo es directamente mentira: la presencia de tierras raras. "Eso es rotundamente falso, un mito que se originó en la época de las misiones Apolo. Si alguien promete traer tierras raras, miente. Solo sirve para convencer a la opinión pública de invertir en ello prometiendo el oro", insiste. 

Según explica el investigador, esta confusión proviene de que en la Luna se han encontrado las conocidas como rocas KREEP, compuestas por potasio (K), tierras raras (REE, en inglés) y fósforo (P), pero la concentración de las tierras raras en ellas es "miles de veces inferior" a lo necesario para poder explotarse, por lo que no sería económicamente viable.

Casanova también advierte de que esta fiebre minera de la Luna es extremadamente peligrosa porque podría generar un grave problema ambiental en el astro que comprometería la presencia humana en el futuro. La casi inexistente gravedad provoca que, si se levanta polvo en la Luna, este se mantiene durante años flotando, y esos granos altamente abrasivos pueden inhabilitar telescopios o paneles solares, por ejemplo. Según recuerda el experto, se calcula que el polvo levantado por los retrocohetes de las misiones Apolo que alunizaron en las décadas de 1960 y 1970 levantaron un polvo que se quedará levitando durante 200 años.

Mauro Spagnuolo, geólogo planetario de la Universidad de Buenos Aires, explica que en la superficie lunar también hay otros elementos que se valoran minar, principalmente el helio-3 y el regolito.

El helio-3 es un elemento volátil producido en el Sol que ha sido arrastrado por vientos solares durante miles de millones de años hasta la Luna y que ha quedado almacenado en las zonas más frías del astro, como los cráteres del polo sur. El helio-3 tiene propiedades únicas que permitirían utilizarlo para generar inmensas cantidades de energía en reactores de fusión –uno de los sueños de la humanidad– y es extremadamente raro encontrarlo en la Tierra, mientras que en la Luna se calcula que hay más de un millón de toneladas.

Ese helio-3 se almacena a su vez en el regolito, que es sencillamente el material que compone el suelo de la Luna, tanto el polvo como las rocas, y está compuesto de todo tipo de minerales, rocas, vidrios y metales, mezclados tras millones de impactos de asteroides. En este caso, su valor no reside en los elementos que forman esa tierra, sino en que puede usarse para fabricar cemento lunar sin tener que enviar toneladas de arena desde la Tierra. "La idea es mezclarlo con algún aglutinante para fabricar ladrillos, cemento, o bien una mezcla que pueda ser usada en impresoras de casas", señala el geólogo en referencia a unas máquinas automáticas que levanten viviendas.

Aunque los dos asuntos están ampliamente estudiados, no forman parte todavía de la hoja de ruta oficial de la NASA. Este organismo presentó en marzo su nuevo programa espacial a desarrollar durante la presidencia de Donald Trump (hasta enero de 2029) con un calendario extremadamente apretado que incluye diferentes expediciones Artemis que concluirían con Artemis V, un viaje tripulado para aterrizar en la Luna a finales de 2028. También dibujó los siguientes pasos a realizar en el futuro, sin fechas definidas, con el objetivo de alunizar cada seis meses y desarrollar tecnología de aterrizaje reutilizable para impulsar finalmente los viajes comerciales asequibles a la Luna.

Paralelamente, en esa presentación, la NASA anunció la suspensión del programa Gateway, cuya finalidad era montar una estación espacial permanente en la órbita lunar que sirviese para facilitar los aterrizajes en la Luna de las naves. El centro prefiere ahora "centrar sus esfuerzos en la infraestructura de superficie que permita operaciones sostenidas", publicó el mes pasado la agencia estadounidense, confirmando su intención de focalizarse en la construcción de una base lunar.

En todo caso, llegar a tener una gasolinera lunar es un proyecto a larguísimo plazo porque ni el escenario más futurista de los planes de la NASA recoge la construcción de esta infraestructura. El apartado del asentamiento lunar que está presente en la hoja de ruta de la agencia estadounidense tiene tres fases. La fase uno de la base lunar incluye la construcción de tecnología básica de aterrizaje, comunicaciones y generación de energía. La segunda, levantar estaciones "semi-habitables" y llevar vehículos de transporte lunar. Y la tercera, comenzar a llevar infraestructura pesada para mejorar la vida de los científicos y su transporte.

Entre las 00:44 h. y las 01:25 h. (hora española) del martes, los cuatro astronautas de la operación Artemis II vieron con sus propios ojos la cara oculta de la Luna. Observaron zonas que nunca antes había visto otro humano, aunque en realidad hace medio siglo que 24 personas (ahora son 28) ya vieron un paisaje similar. Los nuevos visitantes también sacaron fotografías y filmaron en alta resolución, y generaron contenido para las redes sociales de la NASA, pero esa información tampoco es científicamente relevante porque la superficie y la orografía de esa cara B se conocen prácticamente al 100%. En realidad, los hallazgos realmente importantes de la misión fueron precisamente los que no se vieron: cómo se comportaron los astronautas durante los 41 minutos que duró la soledad absoluta.

Durante el periodo de tiempo en que la nave sobrevoló la cara oculta, quedó desconectada del sistema GPS y comenzó lo que Eloy Peña llama navegación óptica, algo similar a viajar en un barco en mitad de la noche sin radio ni internet –salvo porque este barco vale 4.100 millones de dólares–. "Durante esos 40 minutos la nave no tiene ayuda de navegación para corregir su trayectoria. Los astronautas tienen que ubicarse y mantener el rumbo sin la Tierra como punto de referencia y sin GPS, poniendo a prueba los sistemas autónomos como el seguimiento de estrellas o comparando el suelo lunar observable con los mapas ya existentes", explica a infoLibre este profesor de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Alicante.

Peña conoce de primera mano el funcionamiento de la misión porque en 2022 fue becario de la NASA para el proyecto Artemis IV (que se espera para 2028) y en 2025 trabajó de nuevo con este equipo valorando posibles rutas lunares que podrían realizar los astronautas el día que aterricen en el astro. Afirma que aprender y perfeccionar la navegación óptica es indispensable para futuros viajes a espacio exterior más lejano, especialmente para la colonización de Marte, el gran sueño de la carrera espacial, porque allí el retraso en la señal con la Tierra es de 20 minutos. 

José María Madiedo, doctor en Física y experto en impactos de meteoritos sobre la Luna, también subraya la importancia de ese aprendizaje: "Desde el punto de vista científico, la misión no tiene gran importancia. Pero sí será interesante estudiar cómo se comportan psicológicamente los astronautas en total aislamiento para futuras misiones". 

Además de la navegación autónoma, la misión Artemis II permitirá apuntalar los sistemas de comunicación y de soporte vital, entre otros, y aprender de los errores, como el fallo del váter que obligó a retrasar el despegue y que ha continuado días después.

Como aportación más amplia a la ciencia espacial, Eloy Peña destaca también que de esa breve visita a la cara oculta de la Luna saldrán fotografías más fidedignas que las disponibles hoy en día, aunque de peor resolución.

La razón es que la última vez que un humano estuvo en ese lugar fue en 1972, y ahora los astronautas viajan con cámaras de última generación –tres Nikon con teleobjetivos de 400 milímetros– que, combinadas con la precisión de la vista humana, sacarán un color más preciso y ajustado a la realidad que las que ofrecen los satélites. "Realmente, ya contamos con fotografías excepcionalmente precisas de la superficie de la cara oculta tomadas a solo 50 kilómetros de altura por la sonda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter). Mientras que ahora los astronautas pasan a 7.000 kilómetros. En términos de detalle no van a aportar nada nuevo, pero sí es cierto que la LRO no es muy fidedigno en color, mientras que las cámaras que llevan ahora tienen un gran rango dinámico", aclara el profesor.

El investigador también resta importancia al hecho de que los astronautas vean en esta ocasión una zona más amplia de esa mitad de la Luna que en expediciones del siglo pasado, porque es una afirmación trampa. En las misiones Apolo los tripulantes sobrevolaron la cara oculta a una altura menor, de forma que no vieron un área tan grande de terreno, pero sí pudieron observarlo desde más cerca.

Eloy Peña también coincide con expertos consultados en que, aunque estos conocimientos tienen valor, el viaje de esta semana no supondrá por ahora grandes avances en la carrera espacial, sino que es solo un paso previo para que Artemis IV pueda eventualmente llegar a la Luna. "Artemis II es una prueba para desarrollar una base permanente a largo plazo, pero no tiene objetivos científicos destacables. Es la consecuencia de llevar más de 50 años sin llevar humanos a la Luna, que el conocimiento que se obtuvo entonces se ha degradado y hay que volver a construirlo", resume.

De hecho, la última gran misión que realmente tuvo un impacto en el estudio del astro la llevó a cabo China, el principal rival de la NASA. En 2024, pisó la superficie la sonda Chang'e-6 en la cara oculta de la Luna, y recogió casi dos toneladas de roca que sirvieron para despejar algunas de las incógnitas sobre el hemisferio no visible: principalmente, por qué es tan diferente desde el punto de vista orográfico de la cara visible. Fueron las primeras y últimas muestras recogidas hasta ahora de esa región lunar.

La cara oculta de la Luna ha tenido siempre un aura de misterio porque su desconocimiento acompaña a los humanos a lo largo de toda su vida, ya que la coordinación perfecta entre la rotación de la Tierra y de la Luna impide ver la superficie opuesta. La primera vez que se observó fue en 1959, cuando la Unión Soviética tomó la primera fotografía de la otra mitad de la esfera.

Aquella imagen ya mostró lo que la ciencia ha tardado décadas en comprender: que la cara oculta, también llamada en inglés el lado oscuro (dark side), es curiosamente más clara que la parte visible. Mientras que la parte más cercana a la Tierra está plagada de manchas oscuras, producidas por la explosión de antiguos volcanes, la oculta tiene un color grisáceo claro en prácticamente toda su superficie, debido a su escasa actividad volcánica. La cara visible también está más pulida porque sus cráteres se rellenaron de lava, mientras que la otra permanece más virgen.

Íñigo Colesp, experto en Ciencias de la Luna, colaboró en 2024 con la misión china de recolección de rocas, aunque su campo de estudio era los gases radiactivos de la superficie de la cara oculta, e insiste en que todavía hoy esa región suscita numerosas preguntas a los científicos. "La cara oculta es diferente a la que podemos ver. Más rugosa, llena de cráteres y con una composición de metales diferente. Esa diferencia es conocida como la dicotomía lunar", comenta el investigador, que ahora trabaja para la Agencia Nuclear Francesa.

El estudio de los suelos capturados por la sonda Chang'e-6 arrojó luz sobre el origen de esas diferencias entre los dos hemisferios lunares, según José María Madiedo, ya que demostró que no se formaron al mismo tiempo. "La cara oculta se enfrió mucho antes y la corteza se hizo más gruesa, mientras que la visible tardó más en formarse por la irradiación de calor terrestre. La diferencia de grosores facilitó que la lava saliese por la cara visible y rellenase los cráteres", destaca.

La exposición a la contaminación ambiental, principalmente el ruido, los gases del tráfico y los metales pesados, está directamente relacionada con la salud mental. Afecta principalmente al número de casos de depresión, pero de manera más sutil también incrementa la esquizofrenia o incluso la tasa de suicidios. Los elementos de mayor riesgo son los gases y micropartículas que flotan en el aire de la ciudad, el ruido de los coches y de los aviones, y algunos elementos tóxicos como el plomo y los pesticidas, según un estudio publicado a principios de marzo por la Agencia Europea de Medioambiente.

Para llegar a esa conclusión, los autores han analizado más de 350 investigaciones previas sobre el impacto de todo tipo de contaminantes urbanos sobre la salud mental, y los han clasificado de más a menos dañinos. En general, en los casos en los que se ha encontrado una relación, ese agente externo provoca una reacción de estrés oxidativo en el organismo que provoca inflamación en el cerebro, y esta puede derivar en diferentes enfermedades neurológicas. La agencia europea recuerda también que las enfermedades mentales son la octava causa de muerte en el continente.

En el caso de la polución atmosférica, provocada principalmente por el tráfico de los coches, hay una "evidencia moderada" de que las micropartículas de hasta 10 micras de diámetro (PM2,5 y PM10), el dióxido de nitrógeno (NO2), el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de azufre (SO2) provocan depresión tras una exposición a corto y largo plazo, y algunas de ellas también se relacionan de manera menos clara con la ansiedad y la esquizofrenia. En el caso del suicidio, encuentran una relación baja entre este fenómeno y la inhalación de PM2,5, de NO2, de ozono (O3) y de SO2, siempre tras exposiciones fuertes y con una reacción a corto plazo, en los siguientes días al pico de contaminación.

"Todas las revisiones sistemáticas que investigan los efectos de la contaminación del aire en la depresión o los síntomas depresivos muestran una asociación estadísticamente significativa entre la exposición a largo plazo a una mala calidad del aire y una mayor prevalencia o riesgo de depresión de nueva aparición y episodios agudos de alta contaminación durante los cuales se exacerban los síntomas depresivos", subraya el estudio.

Entre las docenas de investigaciones que han analizado, una de ellos está firmada por Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III, que lleva dos décadas estudiando el impacto de los contaminantes ambientales en la salud pública. En 2024, Díaz publicó sobre cómo el humo de los incendios y el polvo del Sáhara afectan a los ingresos hospitalarios por enfermedades mentales, y concluyó que en ambos eventos estaban directamente relacionados. "En el caso de los incendios, hay una asociación probablemente por la toxicidad que tienen esas partículas. Mientras que en los días de polvo del Sáhara, la relación tiene que ver más con el aumento de las temperaturas, que va ligado a estos episodios de polvaredas", explica el investigador a infoLibre.

Pero lo que más preocupa a Julio Díaz es el impacto del ruido sobre las enfermedades mentales, otro de los campos que ha estudiado la Agencia Europea de Medioambiente. En 2020, Díaz estudió el daño del ruido sobre el cerebro en la Comunidad de Madrid , y encontró una relación incluso más preocupante que la de la polución atmosférica. "De las variables ambientales que estudiamos, el ruido es la que más ingresos hospitalarios produjo. Esto demuestra que hay que prestarle mucha más atención", 

El reciente estudio de la agencia europea observa también una relación similar. Según los autores, la exposición crónica a niveles bajos de ruido activa una respuesta al estrés en el organismo y también provoca trastornos del sueño, dos problemas que a largo plazo pueden generar inflamación y estrés oxidativo en el cerebro y desencadenar enfermedades mentales y cambios en el comportamiento.

Concretamente, los investigadores europeos concluyen que el ruido del tráfico en calles y carreteras se relaciona de manera moderada con la depresión en adultos y con problemas de comportamiento en niños y adolescentes, y de manera menos clara parece que afecta a la ansiedad en adultos.

Por ejemplo, citan un estudio que sugiere que por cada aumento de 10 decibelios (dB) en el nivel de ruido al que está expuesta una persona, existe un pequeño aumento en el riesgo de depresión (3%) y ansiedad (2%), aunque la calidad de los datos de esa investigación no es óptima, añaden. Otro análisis de 2023 halló un aumento del 4% en las tasas de suicidio por cada aumento de 10 dB en el ruido del tráfico rodado junto al domicilio de cada persona.

Cuando se habla de contaminación ambiental, a menudo se obvia el impacto de productos químicos presentes en el aire, el agua o los alimentos, y pero en esta ocasión también han formado parte del trabajo de la Agencia Europea de Medioambiente. En teoría, estos agentes están fuertemente controlados y restringidos dentro de la Unión Europea, pero hay numerosos casos de fugas industriales y mineras por todo el continente. Estas sustancias provocan un daño celular directo y otros problemas que derivan, de nuevo, en un estrés oxidativo que puede terminar en neuroinflamación.

Es el caso de los metales pesados –como el plomo (Pb), el cadmio (Cd), el mercurio (Hg) o el estaño (Sn)–, el llamado humo de segunda mano –el humo de los cigarrillos o el exhalado por los fumadores– y los disruptores endocrinos –químicos como el bisfenol A– o los pesticidas.

Según el estudio, el humo de segunda mano y el plomo tienen una relación moderada con la esquizofrenia, y esos dos elementos junto con los pesticidas, afectan también a la depresión en adultos. Mientras que el bisfenol A, en contacto durante el embarazo, provoca depresión y ansiedad en el futuro sobre esos niños y adolescentes.

El corte del Estrecho de Ormuz, en Irán, suma ya cinco semanas. Apenas una veintena de buques mercantes han cruzado desde entonces este paso marítimo, un punto estratégico para la salida de materias primas desde los países del Golfo hacia el resto del planeta. Aunque el cese de las exportaciones de gas natural y el crudo ha recibido toda la atención, los fertilizantes son otro de los productos clave que atraviesan este punto, lo que ha provocado una subida de alrededor del 30% en su precio.

España depende de manera limitada de los fertilizantes de esta región y los agricultores tienen reservas para esta temporada, pero el sector advierte de que con el paso de los meses –cuando comiencen los futuros aprovisionamientos– el sector primario tendrá que asumir ese sobrecoste y posiblemente trasladarlo a los mercados. El Ministerio de Agricultura ya ha activado un plan de ayudas de 877 millones de euros y ha pedido esta semana a Bruselas un programa para asegurar el abastecimiento de abonos sintéticos durante los próximos meses.

A corto plazo, el maíz es el único cultivo que preocupa, ya que la siembra se realiza entre abril y mayo, según explica Javier Fatás, responsable de fertilizantes de la organización agrícola COAG. "Este año habrá probablemente rendimientos peores en cereal. Habrá gente que se replantee si cultivar el maíz porque la crisis ha pillado en un momento en el que algunos ya tenían sus pedidos de fertilizantes cerrados a buen precio, mientras que otros estaban pendientes de ello, y si quieren recibirlo tendrán que pagar un 30% más", valora el portavoz.

Aunque el abastecimiento de fertilizantes está garantizado a corto y medio plazo en Europa, el cierre de Ormuz sí ha golpeado el mercado interior. Alrededor de un tercio de los fertilizantes que consume el planeta atraviesan ese estrecho y de la noche a la mañana han desaparecido del mercado. La mayoría se vendían a India, Tailandia, Australia o Corea del Sur, pero como el mercado es global, cualquier escasez local de productos químicos afecta al resto del mundo. En concreto, el año pasado atravesó Ormuz el 47% del sulfuro global, el 35% de la urea y el 24% del amoniaco, según la consultora S&P Global.

Todos esos productos son imprescindibles para producir fertilizantes. La urea se puede usar como abono por sí misma, pero también es la base de los fertilizantes nitrogenados, los más comunes en el mundo agrícola. Los abonos nitrogenados complejos, que necesitan también fosfatos, son los más usados en España, pero para obtener estos fosfatos es necesario tratar la roca fosfórica con ácido sulfúrico, escribe Pablo Resco, experto en materias primas de Plataforma Tierra.

En resumen, para obtener fertilizantes son necesarios multitud de minerales y químicos que dependen del fin de la guerra en Irán, por mucho que haya otros grandes vendedores en el mundo, como Argelia, Rusia, Egipto, Marruecos o China. Paloma Pérez, secretaria general de Anffe, la patronal española de fertilizantes, subraya que esta crisis debe servir para proteger todavía más la producción nacional de abonos y considerarlo un sector estratégico. "Depender de terceros países nos hace más vulnerables al suministro exterior. Algunos países están ya limitando sus exportaciones por la guerra, como Rusia, con las de nitrato amónico", señala.

La portavoz de la industria también añade que España –y otros países europeos– han llegado a esta crisis con un gran excedente de fertilizantes en sus almacenes, lo que disminuye el riesgo de escasez. Esto se debe a que la guerra ha coincidido con la entrada en vigor de una nueva normativa europea, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, en inglés), un impuesto fronterizo sobre la entrada de fertilizantes extranjeros altamente contaminantes que ha comenzado a operar en 2026. De hecho, en diciembre de 2025, la UE importó un 140% más de abonos nitrogenados que un año antes para aprovechar los precios más bajos.

Al problema de suministro global de fertilizantes se suma la escasez global de gas natural, un componente indispensable en la producción de abonos. Esta crisis también deriva del cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasaba cada día el 20% del gas natural licuado (el que viaja por barco) que consume el mundo, hasta que fue cerrado.

Este combustible es necesario en dos partes de la cadena de producción. Primero, porque para producir amoniaco (la base de la urea) es necesario mezclar el gas natural con nitrógeno mediante el proceso químico Haber-Bosch. Y segundo, porque ese proceso necesita grandes cantidades de calor, que también se obtiene quemando gas natural.

El precio del gas natural se ha encarecido desde que comenzó la guerra un 80% en Europa, hasta los 55 euros/MWh. La urea de Egipto, la que compra España, se ha encarecido un 50%, hasta 720 dólares/tonelada. Mientras que el amoniaco cotiza a unos 600 dólares/tonelada, un 24% más que antes de la crisis. Todo esto, según Javier Fatás, ha llevado a que la tonelada de fertilizante nitrogenado que compra el agricultor medio español haya pasado de 400 euros a 500 euros, o incluso a 580 euros.

No obstante, el Ministerio de Agricultura ha activado ya una serie de ayudas para el campo que deberían aminorar el golpe e impedir una subida de los alimentos. Concretamente, una rebaja de 20 céntimos para el gasóleo agrícola –que se suma a la rebaja del IVA del combustible del 21% al 10%, para todos los consumidores–, así como una subvención para profesionales de 22 euros por hectárea cultivada en secano y 53 euros para regadío.

"Aunque no van dirigidas concretamente a fertilizantes, son la forma correcta de hacerlo", opina Fatás. "Aunque no compensan toda la subida de costes, son ayudas indispensables con un impacto rápido", valora el portavoz de COAG.

Esta semana comienza el primer viaje tripulado que se acercará a la Luna en más de medio siglo. Está liderado por Estados Unidos, a través de la NASA, y tiene lugar apenas un año después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La agencia espacial estadounidense aspira a que este hito, como otros del pasado, pueda unir a la humanidad en tiempos de polarización y guerra, e inspire a una nueva generación de jóvenes a mirar al espacio. Al mismo tiempo, Trump ha sido el primero en politizar la misión, modificando su famoso eslogan a "Make space great again" y presionando a la NASA para acelerar el programa para lograr que su país ponga un pie en el satélite en 2028, antes de que acabe su mandato.

Rafael Vázquez, director de la Cátedra de Vigilancia Espacial de la Universidad de Sevilla, explica que las seis misiones en las que Estados Unidos pisó la Luna (entre 1969 y 1972) sirvieron para construir un imaginario sobre la profesión del astronauta y el estudio del espacio, pero sobre todo para propiciar el entendimiento científico más allá de la política. "Fue un hito muy importante porque puso fin a la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS. A partir de entonces, comenzó la colaboración, en lugar de la competencia, porque los científicos estamos al margen de las luchas de poder", señala el experto.

Además de la Guerra Fría, esos años se caracterizaron por la enorme tensión política que sufría Estados Unidos, como sucede hoy. En 1968, un año antes de que Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisasen la Luna, el país estaba sumido en una guerra racial y se repetían las protestas contra la guerra de Vietnam. También tuvieron lugar los asesinatos del activista Martin Luther King y del senador Robert F. Kennedy, hermano del también asesinado John F. Kennedy. Para algunos, el Apollo 11 fue "un momento de unión para Estados Unidos en una década marcada por la discordia social, la violencia racial y las protestas contra la guerra".

Esta semana, el periódico The New York Times se preguntaba si la misión Artemisa II tendrá el mismo efecto que las Apolo, disipando la extrema polarización política que vive el país bajo la presidencia de Trump. La violencia racial ha regresado con las redadas del ICE, la policía aduanera, y en apenas un año ha enviado su ejército a más de una decena de países, ha capturado a Nicolás Maduro, se ha enemistado con la Unión Europea y ha provocado el cierre del Estrecho de Ormuz, llevando al mundo a la tercera crisis del petróleo. 

Sin embargo, parece que la NASA y los tripulantes de la misión confían en que el mundo haga un parón estos días. "Espero que logremos un gran impacto y podamos unir al mundo, aunque sea por un minuto", comentó en enero al Times Reid Wiseman, comandante del viaje. "He estado pensando en cómo podríamos ayudar al mundo tal y como está hoy, ¿qué podríamos hacer para ayudar mejor a nuestros amigos en el planeta Tierra? Y llegué a la conclusión de que simplemente tenemos que llevar a cabo esta misión", dijo también.

Sin embargo, Trump no ha disimulado que esta misión no trata sobre unión, sino sobre volver a ser los primeros en ganar la nueva carrera lunar, esta vez contra China, la segunda gran potencia espacial. Su objetivo, en realidad, es asentarse más adelante en Marte antes que sus competidores, un sueño del presidente estadounidense desde su primer mandato, y tener el monopolio de sus recursos naturales. En su discurso inaugural de su segundo mandato, Trump prometió llevar a Estados Unidos "hacia su destino manifiesto, las estrellas, enviando a astronautas estadounidenses a plantar la bandera estadounidense en Marte".

Jorge Hernández Bernal, científico planetario en la Universidad de la Sorbona, opina que este viaje tiene un componente propagandístico de Estados Unidos, y que aunque él mismo siempre se ha sentido eclipsado por los logros espaciales de los años 60 y 70, ahora mismo tienes sentimientos encontrados. "Crecí pensando en si podría ver esto en directo con mis propios ojos, pero hay que ser conscientes de a dónde ha llevado Trump al mundo en los últimos meses. Es muy importante mantener una visión crítica", valora Hernández, aficionado también a la Etica Espacial, una disciplina académica que aborda los problemas éticos del sector.

También es paradójico que este viaje histórico se realice bajo la presidencia de Trump, la misma persona que sometió el año pasado a la NASA a una crisis histórica. En mayo del año pasado propuso un fuerte recorte del 24% en el presupuesto de la agencia, una decisión que llevó a la salida de casi una quinta parte de los empleados de la NASA, alrededor de 3.000 personas. En enero de 2026 el recorte fue rechazado por el Congreso, pero el daño ya estaba hecho.

Paralelamente, la NASA ha estado sumida en una lucha de poder desde que Trump llegó a la presidencia en enero de 2025, con dos directores interinos, y el que finalmente se ha impuesto, Jared Isaacman, un milmillonario que por primera vez en la historia de la agencia no es un astronauta de carrera. El empresario ha declarado en varias ocasiones que su objetivo no es pisar la Luna, sino establecerse allí e intentar sacar un beneficio "científico y económico" al satélite, una visión compartida por Trump.

La misión de esta semana –que no tocará tierra en la Luna, ni se adentrará siquiera en su órbita– durará 10 días y es el inicio de una campaña a largo plazo, con el objetivo final de aterrizar en ella en 2028. En 2027 tendrá lugar en teoría un nuevo vuelo para pulir técnicamente la operación y un año después está previsto el viaje definitivo que desplegaría tres helicópteros para tocar tierra, empleando para ello la primera nave espacial de propulsión nuclear desde la década de 1960.

Está por ver que esto ocurra, puesto que Trump trató de cerrar el año pasado los proyectos espaciales de propulsión nuclear cuando propuso los fuertes recortes presupuestarios a la NASA, y en diciembre terminaron algunas de las investigaciones de esta división. Rafael Vázquez subraya que este proceso de prueba y error, con numerosos viajes previos a la misión final, es habitual en el sector. "Habrá que ver si finalmente es viable aterrizar, pero la fórmula es la de siempre. No olvidemos que Apolo fue así. Primero sobrevuelas, luego pruebas a separar y reencontrar el módulo lunar, y después terminas con el alunizaje", explica.

Sobre la posibilidad de llegar a Marte, el investigador de la Universidad de Sevilla es mucho más escéptico. "Siempre se dice que llegar a Marte es cuestión de una década, pero la década siempre se retrasa. Es una inversión inmensa y no tienes la capacidad de ensayo y error porque son meses de ida y meses de vuelta, además de que instalar humanos allí añade problemas de seguridad biológica y sanitaria muy complicados", afirma.

La crisis energética derivada de la guerra de Irán ha llegado en un momento crítico para el sector gasista europeo. Antes del 1 de enero de 2027, los países de la Unión deben cortar por completo sus importaciones de Rusia de todo tipo de combustibles. Como parte de ese compromiso, antes del 1 de marzo todos los gobiernos debían enviar un informe a la Comisión Europea sobre cómo se desharán del gas y el petróleo ruso. Al menos 19 países ya han enviado el suyo, pero España no aclara si está en esa lista.

infoLibre ha preguntado en numerosas ocasiones por este documento, que será clave para la seguridad energética del país durante los próximos años, pero no ha obtenido respuesta. Fuentes de la Comisión Europea dijeron recientemente a este diario que 19 países ya han mandado el suyo, pero sin aclarar el nombre de esos Estados.

España y el resto de socios se comprometieron a elaborar este plan en el que tienen que especificar cómo planean sustituir esa entrada de gas, buscando nuevos socios o comprando más a los aliados actuales. El año pasado, el 13% del gas natural que importó la Unión Europea procedió de Rusia, y en España representó el 11,4% del total, según datos de Enagás. Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2026 esa dependencia ha crecido drásticamente, hasta el 17%, según fuentes del sector basadas en datos de empresas de flujo de metaneros.

El Golfo Pérsico, la región que podría sustituir ese vacío, está ahora en guerra de manera indefinida, de manera que las opciones se reducen. Catar es el segundo mayor exportador de gas del mundo y su planta de Ras Laffan –ahora cerrada por la guerra, y semidestruida– representa el 20% del gas licuado (GNL, el que viaja por barco) que se consume en el mundo.

Esta disrupción es, además, a muy largo plazo. Por una parte, las instalaciones destruidas en Ras Laffan tardarán entre cinco y siete años en repararse, mientras que las naves que no han sido directamente bombardeadas podrían tardar meses en estar operativas. A esto se suma que Catar tiene numerosos proyectos en desarrollo para ampliar aún más sus exportaciones, pero se han paralizado por el conflicto. Este país ya ha anunciado que su nueva planta North Field East, que iba a empezar a operar en el tercer trimestre de 2026, sumando 24.000 millones de metros cúbicos de gas (24 bcm, en la jerga del sector) al mercado global cada año, se pospone al menos hasta 2027.

En medio de este caos, las potencias europeas deben dejar por escrito a quién van a comprar su gas el año que viene. España solo importa de Catar el 2% de su GNL, pero sumado al agujero que dejará Rusia y a que el mercado internacional del gas sufre ahora una competencia internacional enorme por la guerra, no será fácil buscar nuevos vendedores.

En los últimos días, según publicó Bloomberg, el Gobierno español y Naturgy han tenido conversaciones con Argelia, un histórico proveedor de gas, para que aumente sus exportaciones a la península. El gasoducto que une los dos países cruzando el Mediterráneo tiene margen para aumentar su caudal un 14%, hasta los 32 millones de metros cúbicos diarios, aunque siempre está la posibilidad de traer más todavía mediante metaneros.

En el resto del mundo, otros grandes productores de combustibles tienen planeado aumentar también su producción de gas este año, según pronostica Oxford Energy. En 2025 la capacidad mundial de exportación de gas por barco fue de 593 bcm de metros cúbicos de GNL, y en 2026 se estima que se sumarán otros 53 bcm más, principalmente por parte de Estados Unidos, Canadá y Australia, que abrirán nuevas plantas o ampliarán las ya existentes.Según ese análisis, Europa será la región del planeta que más aumentará sus compras de GNL, seguida de China y el Sudeste Asiático.

La otra opción es romper la promesa de los 27 países y posponer el fin del gas ruso, como ya han propuesto algunos países. Estados Unidos ha levantado temporalmente las sanciones al Kremlin para que las compañías rusas puedan vender su petróleo y balancear la ausencia del Golfo. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue el primero en reclamar que Europa haga lo mismo con el gas natural.

El pasado domingo le siguió el primer ministro belga, Bart de Wever, que pidió "normalizar las relaciones con Rusia y recuperar el acceso a energía barata". Sin embargo, tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía, rechazaron tajantemente la idea.

Según ha confirmado la Comisión Europea a infoLibre, son ya 19 países los que han remitido sus planes para abandonar el gas ruso en los próximos nueve meses, y cuatro lo han enviado para deshacerse del petróleo. España no importa crudo ruso desde mayo de 2022 ni productos refinados desde diciembre de ese año, por lo que solo debe enviar el documento correspondiente al gas natural.

El informe que debe remitir cada país es por ahora confidencial porque contiene datos sensibles de las empresas que comercian con Rusia, pero la Comisión publicará en abierto un resumen de la información recopilada un mes después a haber recibido todos los reportes. 

En concreto, estos planes incluyen los datos básicos de importaciones directas o indirectas desde Rusia, el calendario de eliminación, las opciones alternativas y medidas alternativas que puedan ayudar, como la electrificación o el uso de biogás. Asimismo, los Estados tendrán que calcular si las medidas encarecerán la factura del gas, aunque la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, adelantó en diciembre en una entrevista en infoLibre que en el trabajo previo que han realizado garantizan que no habrá repercusión en los precios de la energía.

"Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podía ocurrir, y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen", dijo la ministra en esa conversación.

Argelia ha sido durante las últimas dos décadas el principal proveedor de gas natural de España, y el Gobierno aspira a que esta relación se estreche para capear la crisis energética. Sin embargo, parece que no va a poder garantizarse un suministro mucho mayor del actual porque la tubería que une los dos países ya funciona prácticamente al 100% de su capacidad. Una segunda opción es incrementar las compras de gas licuado por barco (conocido como GNL), pero Argelia tiene la mayor parte comprometido con otros compradores. A esto se suma que Italia, que ha perdido su suministro de Catar, busca desesperadamente comprar más combustible al país norteafricano.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visitó esta semana el país norteafricano en un encuentro que llevaba meses programado, pero que ha ganado un enorme protagonismo por la crisis energética derivada de la guerra en el Golfo. Tras reunirse con el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, y con el ministro de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, Albares dijo este jueves que “Argelia es un suministrador de gas fiable y constante con el que tenemos una larga tradición de suministros que queremos profundizar y renovar”.

De la reunión salió el compromiso de llevar a pleno rendimiento la tubería Medgaz, que conecta ambos países a través del Mediterráneo y que tiene capacidad para mover 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año (o 10 bcm, en la jerga del sector), una cuarta parte de las importaciones anuales de gas de España. En realidad, el gasoducto lleva operando prácticamente al 100% de su capacidad desde enero de 2026, un ritmo no visto en la última década y un 10% superior al año pasado.

Por mucho que el Medgaz funcione a pleno rendimiento, España necesita mucho más combustible en los próximos nueve meses. El mercado global de gas licuado acaba de perder el 20% de su suministro diario por el cierre del Estrecho de Ormuz. A esto se suma que el 31 de diciembre de este año, todos los países europeos deben dejar de importar gas ruso. España importó el año pasado de Rusia el 11,4% de su gas, y de Catar, el 3%.

Ese déficit difícilmente se compensará con nuevas importaciones de Argelia. Con la conexión Medgaz ya a pleno rendimiento, la única solución está en los barcos metaneros, un negocio que Argelia explota, pero donde hay poco margen de crecimiento. Fuentes del Ministerio de Exteriores señalan, de hecho, que esta vía comercial no ha estado sobre la mesa en la visita del ministro Albares.

El año pasado España importó por barco 1,9 bcm de gas natural de Argelia, según datos de Kpler, una empresa de seguimiento de metaneros, lo que equivale al 20% de lo que España recibió por tubería de ese país. El problema es que las compras de GNL dependen de acuerdos que hay que negociar continuamente en un mercado abierto y global (el conocido como mercado spot), de manera que cualquier país dispuesto a pagar más por ese combustible se puede hacer con el cargamento. A esto se suma que Argelia ya tiene acuerdos a largo plazo para vender GNL a Turquía, Francia e Italia. Según Gonzalo Escribano, experto en Energía del Real Instituto Elcano, de los 14,5 bcm de GNL que Argelia vendió en 2024, solo 4,5 bcm fueron en spot.

Los expertos tampoco creen que Argelia vaya a incrementar su producción de gas natural a corto plazo, porque es un país que históricamente ha tenido muchos problemas para mejorar su infraestructura gasista, pese a ser una potencia energética global. "El gas argelino lleva muchos años siendo una decepción. No creemos que los flujos de gas argelino vayan a aumentar de forma significativa a corto plazo", opina Andreas Schroeder, director de Análisis Energético de ICIS, una consultora energética.

Alun Davis, investigador principal de gas en Europa de la consultora S&P, también ve otras piedras en el camino. Primero, que la demanda de gas de su propia población está creciendo rápidamente y se ha comido el escueto incremento de producción que ha logrado tener desde 2020, por lo que cada vez tiene más dificultades para exportar. Segundo, que en este momento los precios del GNL en el mercado spot de Asia son más elevados que en Europa, de manera que ahora tiene un incentivo mayor para vender su gas a Asia antes que a España.

A estos problemas se suma la enorme presión y competencia que ejerce Italia. Este país importó el año pasado el 32% de su gas licuado desde Catar, un país que no va a poder exportar GNL en varios meses por los bombardeos de Irán. De hecho, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este miércoles Argelia con el mismo objetivo que Albares.

Italia lleva cuatro años mejor posicionada que España para adquirir gas argelino tras la fuerte disputa diplomática que se produjo entre Argel y Madrid alrededor del Sáhara Occidental. El conflicto ha quedado enterrado esta semana gracias a la visita del ministro español de Exteriores, pero el daño sobre el sector energético se mantiene. Aquel choque supuso el cierre del gasoducto Argelia-Marruecos-España, una segunda conexión entre la Península Ibérica y Argelia que tenía una capacidad de exportación similar a Medgaz.

Tras esa ruptura, parte de los envíos cancelados se redirigieron hacia Italia, que cuenta con una tubería con Argelia (TransMed) cuatro veces mayor que la española, capaz de enviar anualmente 39 bcm de gas natural. A través de ese gasoducto se enviaron el año pasado 20,2 bcm de gas, según Energy Intelligence, de manera que Italia podría incrementar un 100% esas importaciones sin recurrir a barcos metaneros.

Alun Davis opina que esa ventaja es crucial en la carrera entre España e Italia por el gas argelino. "Dado que Italia es, en esencia, el único mercado con capacidad de importación disponible a través del gasoducto desde Argelia, y que los precios del mercado italiano suelen ser más altos que los españoles, cabría esperar que Italia se beneficiara de cualquier posible aumento de las exportaciones que Argelia pudiera generar", valora el experto.

Schroeder, analista de ICIS, advierte también de que aunque Italia y España sean socios, no se puede esperar que los dos países vayan a cooperar en estas conversaciones. "Italia se enfrenta a una escasez de gas porque es el país europeo más dependiente de Catar. Tendrá que asegurarse de garantizar los volúmenes de suministro a corto plazo y su prioridad no será ayudar a sus vecinos ni a otros países de la UE en momentos de crisis", opina.

No obstante, la agencia Bloomberg asegura que la visita de Meloni tuvo un resultado limitado. Sonatrach, la compañía gasista nacional de Argelia, comunicó a Italia que si quiere comprar más GNL tendrá que hacerlo en el mercado spot, pagando el sobreprecio que tiene ese combustible sobre el que se vende en contratos a largo plazo. 

El sector del porcino español, el más potente de la Unión Europea, comienza a convivir con la peste porcina africana (PPA). El foco original, detectado hace exactamente cuatro meses, se ha extendido a una zona mucho mayor y cada semana se detectan nuevos positivos entre los jabalíes silvestres, pero el virus continúa alejado de las granjas y no hay contagios en cerdos, lo que permite mantener el 80% del volumen de exportaciones que había antes de la crisis.

Para considerar a un país libre de la PPA y volver a acceder al 100% de los mercados internacionales deben pasar 12 meses desde la detección del último positivo, pero por ahora no ha empezado a correr ese calendario. El último reporte del Ministerio de Agricultura, del 19 de marzo, registraba cinco contagios nuevos frente al informe de la semana anterior, con un total de 232 positivos divididos en 40 focos. Y ninguna prueba apunta a un cambio de tendencia.

El titular de ese ministerio, Luis Planas, ha subrayado esta semana que aún así el sector está protegido porque la peste porcina no ha entrado en ninguna explotación, y que la mejor prueba de que el control del virus ha funcionado es que el 82% de los certificados –cada uno de los más de 400 productos que se venden procedentes del cerdo– se siguen exportando, así como el 80% del volumen total de productos. "Un país que no diese garantías no estaría ni en el 40%", comentó el ministro en una entrevista en TV3 este martes.

Lo único que ha cambiado desde el estallido de la crisis es el precio del cerdo. En las primeras semanas el coste del animal se desplomó ante la previsión de una sobreoferta –por la caída de las exportaciones–, pero el precio del cerdo vivo ha remontado sin parar en las últimas seis semanas, hasta los 1,25 euros por kilo, alrededor de un 20% más que a cierre de 2025. Y ya está muy cerca de los 1,30 euros que costaba antes de la crisis.

Esta subida no significa que el sector esté sumido en el optimismo por la situación epidemiológica, sino que es una respuesta natural del mercado tras el desplome de precios en diciembre y enero, según Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida, la lonja porcina de referencia. "La subida de marzo es habitual porque en enero hay exceso de oferta de cerdo y el precio baja, para después volver a subir. En España y en Europa. Y este año se suma que en España teníamos unos precios excesivamente bajos", valora el portavoz. "De momento seguirán subiendo hasta Semana Santa, y después es incierto", añade.

Pablo Resco, experto en mercados agrarios de Plataforma Tierra, describe cómo el porcino español se mantiene en una calma tensa: los precios comienzan a asentarse y parece que las exportaciones no peligran, pero todo depende de que la PPA continúe sin saltar a un cerdo de granja. En este momento ya se han registrado casos en jabalíes silvestres en diez municipios y hay 45 explotaciones ganaderas bajo vigilancia intensa.

"El sector está preocupado, pero no estamos en el pánico del primer momento. Se ha logrado estabilizar la zona afectada y no estamos en el peor escenario", valora Resco.

La crisis ha golpeado además en un momento dorado, con un récord de producción porcina en 2025 de 5,27 millones de toneladas de producto, aunque eso hace todavía más vulnerable al sector, porque acumula un stock mayor de carne mientras la lista de compradores se ha reducido.

Una decena de países han prohibido de manera prácticamente total las importaciones de cerdo español, con Japón, México y Filipinas como los más grandes. Otros 11 tienen limitaciones parciales (entre ellos Brasil y Argentina). La buena noticia es que toda la Unión Europea y China, los dos grandes socios de la ganadería porcina española, permiten la entrada de cerdo de fuera de la provincia de Barcelona. Otros grandes compradores como Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos también tienen la puerta abierta al producto ibérico, así como otro medio centenar de países.

Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC), por su parte, señala que esta crisis porcina ha sacado a la luz otros problemas del sector. "Es un buen momento para plantearnos un debate sobre el futuro del cerdo en España", valora. Por ejemplo, si el modelo de sobreproducción es viable a largo plazo. "Creo que el crecimiento que hemos tenido en el sector no volverá a repetirse", añade. Los motivos son varios: China cada vez importa menos cerdo, el impacto ambiental de las granjas intensivas es enorme y criar a millones de cerdos genera una gran dependencia de importaciones de cereales y soja para alimentarlos. 

Varios expertos recuerdan también estos días que la crisis de la peste porcina en Alemania, que sufre desde hace cinco años, ha llevado a pique a la ganadería de cerdo de este país. La producción total ha caído en una cuarta parte desde 2020 y unas 5.000 explotaciones han cerrado.

El ministro Luis Planas también subrayó el martes que España ya está en la fase dos de la respuesta frente a la PPA –la primera fue la de controlar geográficamente el virus–, que consiste en la caza masiva de jabalíes, un animal que es capaz de extender el virus a docenas de kilómetros a la redonda. En los primeros meses del brote, el Gobierno prefirió optar por otras respuestas de control, pero a medida que el área de riesgo ha multiplicado su tamaño –abarca ya 33 municipios, para el riesgo bajo–, hace falta una respuesta más dura.

El ministerio se posiciona así con las demandas que hizo el sector porcino desde el primer minuto de la crisis, que reclamó abatir a todos los jabalíes en un área de 20 kilómetros, una medida que fue rechazada por grupos conservacionistas, como Greenpeace, que valoraron que esa vía era un error porque esos animales "son el mensajero y la víctima de la peste porcina africana, no el culpable de que haya aparecido".