Un grupo internacional de científicos de prestigio ha publicado este viernes un análisis que confirma el papel inequívoco que ha tenido el cambio climático en el mayor incendio de la historia de España, que supera las 70.000 hectáreas quemadas al sumar los tres focos. En concreto, estiman que el calentamiento global hizo un 42% más intensas las condiciones atmosféricas extremas de los días en los que duró el fuego. También hizo que sea ahora 20 veces más probable que suceda frente a la era preindustrial.

Este estudio relámpago ha sido realizado por World Weather Attribution (WWA), una coalición de expertos en clima y cambio climático que lleva años realizando análisis similares en grandes catástrofes globales. Estas primeras conclusiones, a falta de investigaciones en profundidad, pretenden dar argumentos para rebatir los discursos negacionistas que suelen multiplicarse en desastres climáticos, como ha ocurrido en la última semana en medios de comunicación o redes sociales.

"Lo que estamos viendo en Francia y España no es solo mala suerte, es una señal clara de que los efectos del calentamiento antropogénico son cada vez más graves", valora en el informe Clair Barnes, investigadora de fenómenos meteorológicos extremos del Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres. "Hemos visto en repetidas ocasiones cómo el cambio climático aumenta las condiciones de calor, sequía e inflamabilidad, que favorecen enormemente los incendios forestales. Lo que hace único a este caso es que aún estamos al principio de la temporada", añade. Barnes es una de los 13 autores del estudio, entre los que figuran dos investigadores españoles.

Para calcular la relación entre el calentamiento del planeta y los fuegos de la última semana, los expertos han analizado las condiciones de precipitación, evaporación, temperatura, humedad y viento de las zonas afectadas durante la última semana, valores que forman el llamado Índice de severidad diaria de incendios (DSR, por sus siglas en inglés), una fórmula que refleja la dificultad para extinguir un incendio una vez que se ha iniciado.

El DSR que condicionó el incendio de Ávila, Madrid y Toledo fue un 42% más intenso que en un escenario simulado sin cambio climático, y ahora es 20 veces más probable que se registren valores de ese nivel frente a un mundo sin cambio climático.

En el mismo informe han estudiado las características del incendio de Burdeos, en el sur de Francia, que también ha sido el peor de la historia del país y ha dejado unos 250.000 evacuados. En esa región, según WWA, las probabilidades de que se den condiciones extremas como las de estos días son ahora dos veces más altas que en un escenario sin cambio climático. El DSR que afectó a la catástrofe del sur de Francia fue 46% más intenso que en un mundo sin calentamiento antropogénico. Tanto las estimaciones para Francia como para España son conservadoras, añaden los investigadores.

Bomberos y expertos en incendios forestales ya advirtieron hace semanas de que las lluvias del último invierno, que fue un 175% más húmedo de lo normal en la península, habían preparado el terreno para una temporada de fuegos sin precedentes si el calor secaba esa vegetación. Desde que se declarase la primera ola de calor el 21 de junio, España ya ha sufrido 17 días bajo ese nivel de alerta, prácticamente uno de cada dos.

Los profesionales de extinción también avisaron poco después de declararse la emergencia nacional que este fuego cumplía con las condiciones para convertirse en un monstruo, la famosa regla 30-30-30: menos de un 30% de humedad relativa, temperaturas de más de 30 ºC y vientos superiores a 30 kilómetros por hora. Desde WWA recuerdan que estudios anteriores ya han demostrado que el cambio climático está asociado con temperaturas más extremas y mayor sequía, dos de las tres condiciones.

Otro de los asuntos que abordan en el informe es la inmensa cantidad de humo que han vertido a la atmósfera los incendios de Francia y España, uno de los perjuicios que suele pasar desapercibido en este tipo de crisis. Por ejemplo, en Burdeos llegaron a medirse concentraciones horarias de partículas PM2,5 (con un diámetro inferior a 2,5 micras) de 341 µg/m3, el doble del máximo recomendado y unas 20 veces por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud considera una exposición aceptable de media en un periodo de 24 horas.

"Estos extensos incendios forestales y los consiguientes picos de contaminación atmosférica afectan a una población ya duramente golpeada por varias semanas de olas de calor. Esta sucesión de riesgos climáticos que se agravan entre sí durante el verano de 2026 debería servir para abrirnos los ojos ante los próximos retos de adaptación y motivar una acción climática ambiciosa", opina en el estudio Augustin Collette, del Instituto Nacional Francés de Medio Ambiente y Riesgos Industriales.

La línea 551 llevaba este miércoles, dirección Pantano de San Juan, a una quincena de personas que regresaban a sus casas tras un desalojo de casi una semana. Los vecinos se reencontraron y compartieron anécdotas de los últimos días, emocionados por volver por fin a su pueblo. Pero el autobús enmudeció al atravesar Navas del Rey, la frontera donde quedó atrapado el frente oriental del mayor incendio de la historia de España. Después llegó la carretera de los pantanos, por donde no pasaban desde la semana pasada, cuando todavía era un denso pinar, del que solo quedan esqueletos de árboles. Y así durante los siguientes 50 kilómetros. 

Pelayos de la Presa es el primer pueblo después de cruzar el valle y allí ha ardido más del 70% del término municipal. El núcleo urbano está intacto, pero las urbanizaciones de las afueras, que estaban metidas en el bosque, están muy afectadas, y al menos 20 casas han ardido y son irrecuperables. Afortunadamente, la mayoría de las viviendas solo han perdido su jardín. En la zona que más se ha quemdo, la que está colindante con el pantano, hay daños a partes iguales a segundas residencias de fin de semana y a viviendas de gente que ha crecido allí.

Agustín Muñoz, de 74 años y nacido en Cádiz, se mudó a Pelayos en 1992 y ha visto arder la montaña muchas veces, pero no esperaba que el fuego llegara literalmente a la puerta de su casa. Salió a toda prisa desalojado la semana pasada y volvió este miércoles a su domicilio para echar un vistazo, aunque por ahora no se va a quedar por la mala calidad del aire. En su caso, el interior de la vivienda ha resistido, pero el patio, que acababa de reformar, es todo ceniza. “¿Nos imaginábamos que pasaría? No… Bueno, sí. No te imaginas que se va a quemar tu casa, pero era evidente que el monte estaba seco y sin cuidar", afirma.

El desconfinamiento mantenía este miércoles los nervios a flor de piel en el centro del pueblo, con muchos vecinos enfadados por la sensación de abandono que sufren cuando el incendio ya se ha ido. Viviendas sin luz, personas mayores que no pueden sacar escombros de su parcela y, sobre todo, rencor de algunos hacia los servicios de emergencia por haberles obligado a salir con lo puesto el jueves, dejando atrás a sus mascotas o sus vehículos.

Carmen, de 57 años, es una de las que todavía no ha recuperado la electricidad porque el cuadro de luz reventó por el fuego, y confiesa que no sabe cómo va a seguir adelante. Tiene una casa adosada de la que se ha quemado todo el exterior y una finca que estaba en proceso de convertir en una casa rural, y allí ha ardido todo el material de construcción que guardaba al aire libre. Aunque intentaron desalojarlos, ella fue de los que se negó a irse para estar con sus gatos, y optó por atrincherarse en casa durante los peores momentos. "Es un dolor muy profundo, primero mental y ahora también físico. No puedo comer porque vomito de la ansiedad; me duele todo el cuerpo", relata.

Tanto Carmen como muchos de los que se han mudado allí, lo han hecho por la riqueza natural que rodea el embalse. Ella lo hizo porque sufrió un accidente en el pasado y encontró en este lugar un sitio donde descansar y recuperarse cerca de Madrid, pero la zona es también conocida por atraer miles de visitantes de la capital durante los fines de semana de verano. Ahora, se preguntan si toda esa economía basada en el turismo se recuperará en uno o varios años, y si se tomarán hasta entonces medidas para apoyar a las familias que vivían de ello.

El restaurante El Mirador de Pelayos, que este fin de semana debería haber estado lleno hasta la bandera, también ha sucumbido parcialmente al fuego, y su ventanal que antes apuntaba a un valle verde, ahora enmarca un monte gris. Una parte de su terraza está totalmente calcinada y la comida congelada que tenían para varias semanas se ha perdido. No es el único negocio que ha ardido. Allí cerca, Jasmine espera a que la grúa se lleve los únicos tres vehículos que han sobrevivido, de 10 que tenían, de una empresa de construcción. Y pegados al embalse, varios parkings de barcos de recreo han quedado reducidos a polvo.

Otro de los asuntos que más se escuchaban este miércoles en el pueblo era el drama de las arizónicas, que han sido realmente la cerilla que se ha llevado por delante casi todos los jardines calcinados. Llama la atención, en un paseo por Pelayos, que solo un porcentaje de las casas ha ardido, y aunque parece cuestión de azar, todo el mundo coincide en que no ha sido cuestión de suerte, sino de qué plantas tenía cada uno en su jardín. 

Moisés Ramos, que ha vivido prácticamente toda su vida en Navas del Rey, se mudó en diciembre a una urbanización de Pelayos colindante con San Martín de Valdeiglesias, y este miércoles, tras volver a casa, daba gracias por haber podado en invierno todos los setos de arizónica de su parcela que dejaron los anteriores propietarios, que más que setos eran ya árboles porque habían superado la altura de su casa. 

Un vistazo a su jardín confirma que, de haber estado ahí, la vivienda no se habría salvado. "Sé que lo que hice no estaba permitido, pero es que sabía que llegado el día esto nos salvaría, y nos ha salvado" señala este vecino.

Los incendios en España sacan del cajón cada año el bulo de que "ya no se puede hacer nada en el campo". Es un mantra que repiten cada verano políticos de primera línea y tertulianos en los medios de comunicación, y que luego resuena en las redes sociales, como el famoso mito de que ya no se pueden coger piñas o ramas, podar arbustos o recoger madera por culpa de los conservacionistas. Sin embargo, las leyes de montes autonómicas son ahora más permisivas que hace dos décadas.

En la actualidad, las comunidades permiten, con carácter general, realizar distintos aprovechamientos forestales en fincas privadas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no hace falta pedir ningún permiso para pastorear en un coto privado, para recolectar piñas abiertas y piñas cerradas (hasta cinco kilos), para podar matorral (inferior a 1,5 metros de altura y de especies no protegidas) ni para recoger ramas caídas, frutos o plantas aromáticas (hasta 5 kilos y no amenazadas). Esto se aplica a la mayor parte del suelo rústico madrileño porque el 65,4% de la superficie forestal es privada, cifra que asciende al 72% en toda España.

Estas exenciones no han existido siempre, sino que se incorporaron a finales de 2022. La Ley de Montes original de la Comunidad de Madrid, de 1995, no recogía hasta hace cuatro años esta posibilidad, sino que cualquier aprovechamiento forestal en una propiedad privada debía contar con el visto bueno de la Consejería de Medioambiente. Sin un proyecto de ordenación, un plan técnico aprobado por la Comunidad o una autorización específica, en teoría no se podía tocar nada.

Esta relajación de la normativa también se aplicó a la madera. La ley de 2022 flexibilizó la tala para fines domésticos (hasta 10 metros cúbicos), aunque las intervenciones de mayor tamaño sí necesitan, como hace dos décadas, un plan aprobado por la Consejería.

Daniel Otero, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid, recalca que los pequeños trabajos forestales a escala doméstica están ampliamente permitidos, pero que es a escala "industrial" cuando la gestión se complica porque hay que respetar fechas, cantidades, métodos y zonas establecidas. Pero a cambio, aporta seguridad jurídica a esos trabajos y garantiza su viabilidad a futuro. 

"¿Es esto sencillo? Evidentemente, en muchas ocasiones, el trámite burocrático es complicado o engorroso, por lo que debe ser obligación de la Administración que sea lo más sencillo y ágil. Y a la vez, que sea percibido como una garantía de que las cosas se hacen bien y de manera sostenible y equilibrada", valora el profesional

La flexibilización de los requisitos para los aprovechamientos forestales no es exclusiva de Madrid, sino que vino impulsada por una reforma de la Ley de Montes nacional de 2015, durante el Gobierno del PP, que luego se ha trasladado a todas las comunidades autónomas. Desde entonces, la norma se ha reformado en tres ocasiones, pero no se han tocado los puntos relativos a los aprovechamientos forestales, de manera que ni el Gobierno actual, ni el Pacto Verde Europeo ni las políticas ecologistas, a quienes se suele señalar como culpables, han intercedido en la capacidad de la España rural para trabajar sus fincas.

Castilla y León y Galicia, las dos principales víctimas de los incendios forestales en España, también han suavizado su regulación en los últimos años. La primera aprobó un decreto el año pasado dedicado a aprovechamientos forestales debido a que "más de la mitad de la superficie forestal de Castilla y León es de propiedad particular y presenta una baja tasa de aprovechamiento". Como Madrid, permite recoger piñas, podar ramas (que no estén protegidas), el pastoreo o aprovechar los matorrales bajos, entre otras medidas.

Galicia, por su parte, aprobó en 2020 una nueva regulación sobre el aprovechamiento de madera, leña, corcho y otros elementos forestales. En general, hace falta un plan de gestión aprobado por la Xunta para talar árboles en la región o un permiso explícito si se carece de este, pero desde hace seis años ya se permite la corta de madera doméstica sin supervisión, que solo necesita una declaración responsable.

Andalucía ha sido la última en modernizar su Ley de Montes, actualizando en marzo de 2026 la que estaba vigente desde 1992. Como el resto, incorpora los cambios que trajo la normativa nacional de 2015, pero de manera más restrictiva que en Madrid o Castilla y León, ya que toda gestión en un monte privado exige una declaración responsable, incluso la recogida de piñas, y si se trata de una intervención profunda, de un plan de gestión validado por la Consejería.

Asaja, la mayor organización de España de agricultores y ganaderos, reconoció que la ley andaluza "reduce la burocracia" y supone una "simplificación en aprovechamientos forestales (...) reduciendo la necesidad de autorizaciones complejas", de manera que el campo andaluz valora positivamente esa simplificación administrativa.

Los expertos recuerdan que una cosa es que la ley atribuya a los propietarios la responsabilidad de gestionar sus parcelas, pero si no se subvenciona o incentiva ese trabajo, es inviable que se lleve a cabo. Al fin y al cabo, aunque el ciudadano sea responsable de cuidar su finca, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre prevención de incendios, y estos aprovechamientos cada vez tienen más de gestión del fuego que de economía rural.

Amelia Urla, de la Confederación de Forestalistas de País Vasco, cree que, en todo caso, el debate público no debe girar en torno a qué puede hacer o no un particular, sino en cómo trabajar a gran escala. "El debate no debería centrarse en actuaciones puntuales como recoger piñas o podar arbustos, sino en cómo favorecer una gestión forestal activa, favoreciendo que los montes estén gestionados, tengan actividad económica y cuenten con propietarios que puedan invertir en su gestión y conservación. Para ello es necesario impulsar políticas que incentiven la gestión forestal mediante líneas de ayuda e incentivos fiscales", valora.

Un informe de Plataforma Tierra, publicado este mes, revela, entre otras cosas, que la rentabilidad de este trabajo es mínima y muchas veces incluso negativa, por lo que no interesa dedicar tiempo a ello. En ese trabajo conjunto de diferentes expertos, Daniel Rodríguez, de la Asociación Forestal de Galicia, calcula la rentabilidad de los aprovechamientos forestales mediante diferentes maquinarias y especies arbóreas de Galicia, y solo el 12% de los casos que ha estimado ofrecen una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 3%, mientras que en más del 40% de las simulaciones está por debajo del 0%, haciendo la tarea directamente inviable económicamente.

"Dado el interés medioambiental de las masas de frondosas autóctonas y la escasa rentabilidad que arrojan los resultados, parece oportuno proponer políticas públicas de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de este tipo de bosques", concluye el experto.

Los 13 municipios desalojados por el momento en el incendio récord de la Comunidad de Madrid forman parte de la lista de la Zona de Alto Riesgo (ZAR) de Incendio del Gobierno regional. Esa etiqueta obliga al ayuntamiento a tener en regla desde hace seis años un plan de actuación frente a incendios forestales que incluye trabajar las zonas vulnerables al fuego, construir fajas perimetrales y garantizar que los vecinos se ocupen de sus fincas, pero solo ocho de ellos lo tienen aprobado. Incluso en aquellos en los que está vigente, su control es inabarcable y esa una de las causas de que los daños materiales sean tan cuantiosos en catástrofes como esta. Por ahora se han confirmado más de 40 casas destruidas en Madrid y unas 300 dañadas.

Los bomberos consultados confirman rotundamente que una parcela cuidada que cuente con medidas de protección básicas tiene muchas, muchísimas más posibilidades de sobrevivir a un fuego que una semiabandonada o decorada con elementos de riesgo. "Las que están bien mantenidas, en general, resisten. Se les puede quemar algo del jardín o la caseta de aperos, pero aguantan. Mientras que las que están abandonadas tienen más papeletas para arder. Hay mucha diferencia entre unas y otras", afirma Carlos Martín, bombero forestal de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) que ha trabajado en el incendio madrileño.

La zona que rodea el embalse de San Juan está repleta de casas adosadas diseminadas por el monte. Urbanizaciones de casas de recreo o de retiro incrustadas en el bosque, o pequeños municipios que antes tenían a las afueras campos de cultivo, que hacían de cortafuegos para incendios, pero que ahora se han repoblado con árboles y pasto. Este es el escenario perfecto para que el fuego corra sin frenos y se meta en las viviendas, según relatan los profesionales.

Esta zona ya se ha quemado innumerables veces en las últimas dos décadas –en 2025 ardieron 2.500 hectáreas en Las Navas del Marqués y Navaluenga, municipios de Ávila colindantes a Madrid– y el Gobierno regional no es ajeno a este problema. El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) de 2017 incluyó toda esta área como una ZAR de incendios, y eso acarrea numerosas obligaciones para alcaldes y vecinos.

Si la comunidad autónoma es la responsable de las labores de prevención en el suelo rústico, como la construcción de cortafuegos o la diversificación de vegetación, en suelo urbano son los ayuntamientos los que están a cargo de estas labores. Más aún dentro de una ZAR.

Para empezar, todos los municipios ZAR deben tener un Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales, y se recomienda también para el resto. Este incluye organizar la respuesta de emergencias, las rutas de evacuación, informar a la población del riesgo, y sobre todo, dibujar un mapa de zonas vulnerables al fuego que necesiten tareas de prevención, entre ellas, establecer perímetros antiincendios. En total hay 59 municipios madrileños considerados ZAR, y estaban obligados a tener estos planes antes de noviembre de 2020. 

Según el informe de 2026 de la Comunidad de Madrid, los 13 municipios desalojados tienen sus planes redactados, pero solo ocho lo han aprobado en el pleno municipal: Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda. Faltan, sin embargo, Navas del Rey, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno y Zarzalejo.

La ley autonómica también obliga a los municipios ZAR a controlar las urbanizaciones que no estén pegadas a su núcleo urbano, que son las que más peligro corren. Por una parte, estas deben tener un plan de autoprotección, firmado por la junta de la urbanización, que incorpore las rutas de salida y que garantice que los vecinos se autoorganicen hasta que lleguen los medios de emergencias. Y, además, tienen que construir un perímetro de 30 metros libre de vegetación seca y con la masa arbórea podada que rodee la urbanización. A nivel individual, los vecinos que tengan parcelas no edificadas deben mantenerlas cuidadas.

La norma deja claro que, en el caso de que urbanizaciones que no cumplan con estos requisitos o no tengan planes de respuesta, el alcalde actuará de oficio como responsable subsidiario, mediante "ejecución forzosa", pasando después el coste a los vecinos. Esta normativa para urbanizaciones debía estar ejecutada en los municipios ZAR de la Comunidad de Madrid antes del 31 de octubre de 2021.

Guillem Canaleta, experto en prevención de incendios de la Fundación Pau Costa, ha trabajado en diferentes municipios rurales de España y la Unión Europea ayudando a los vecinos a autoorganizarse para afrontar incendios, y asegura que la diferencia entre estar y no estar preparado es abismal. "Si tienes una comunidad organizada sabes qué vecino está inmovilizado en la cama, conoces cómo evacuar rápidamente y sabes qué hacer cuando tienes que confinarte por un fuego. Esto debe trabajarse previamente, no improvisarse el día de la catástrofe", subraya.

Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, explica que este tipo de requisitos es habitual en todas las comunidades autónomas españolas, pero que el nivel de cumplimiento es mínimo o inexistente.

En el caso de Galicia, la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, de 2007, obliga a que cualquier edificio que esté a menos de 50 metros de un bosque tenga en ese tramo un tratamiento preventivo, pagado y cuidado por el propietario de la finca. Entre otros requisitos, ahí no puede haber eucaliptos, acacias o pinos, y el matorral debe estar desbrozado antes del 31 de mayo. "Pero claro, el número de hectáreas a controlar es brutal", apunta Picos.

El experto añade que cuando te acercas a estudiar la realidad es cuando te das cuenta de que es evidente que no se puede cumplir. Por ejemplo, si una casa se construye en el límite de la parcela, puede ocurrir que sea el propietario de la parcela contigua –la que separa el suelo urbano del rústico– el que tenga que realizar las tareas de silvicultura y gastarse el dinero para que su vecino pueda tener su casa a las puertas del bosque. Y, evidentemente, ese no está dispuesto a hacerlo.

"Por eso, yo lo que propongo es que nos centremos en que estas normativas de bosques y de emergencias se incorporen a las leyes urbanísticas. Para que no se permitan nuevas urbanizaciones que no tengan medidas estrictas de prevención de incendios", añade.

Esta idea está ya implementada, por ejemplo, en el INFOCAM madrileño. En teoría todas las nuevas edificaciones, ya sean viviendas individuales, urbanizaciones, fábricas u otras construcciones que estén aisladas de un núcleo urbano y se ubiquen colindantes al monte –y no necesariamente en una zona ZAR–, deben contar obligatoriamente con una faja perimetral de 30 metros, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.

"A todos nos gusta vivir en plena naturaleza, pero si el bosque te entra por la ventana tienes un problema", resume para infoLibre otro bombero de León que estuvo la semana pasada en el fuego de La Mierla, en Guadalajara. Además de que los fuegos en estas urbanizaciones disparan los daños y amenazan vidas, roban todo el tiempo de los efectivos y los distraen de la catástrofe principal. "Los incendios urbanos son un sumidero de recursos porque nuestra prioridad siempre van a ser vidas y viviendas. Retiras a los medios de otros lugares que son clave para apagar el incendio para proteger estas casas", añade.

Los expertos venían advirtiendo desde primavera que este sería un verano difícil. Mucha vegetación por las lluvias y una previsión de calor extremo se sumarían a los problemas endémicos de falta de trabajos de prevención y a la despoblación rural. El resultado, a falta de unos días para que termine el mes de julio, es que 2026 tiene ya todas las papeletas para terminar siendo uno de los peores años desde que se comenzó a medir con datos fiables, en la década de 1960. 

Tomando las estadísticas del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), que consisten en aproximaciones realizadas por el programa Copernicus europeo de imágenes de satélite, han ardido en lo que va de año 168.879 hectáreas en España, la segunda mayor cifra a estas alturas desde julio de 1994, cuando una fortísima sequía provocó que el fuego arrasase más de 300.000 hectáreas en los primeros siete meses del año, una cifra que rompió la estadística y nunca más se ha estado ni siquiera cerca de alcanzarla.

El tercer puesto lo ocuparía 2012, cuando ardieron 150.000 hectáreas antes de agosto. El verano pasado también se registró una cifra astronómica, pero más concentrada en agosto, que dejó el mayor número de hectáreas quemadas del siglo XXI.

A falta de datos definitivos, todo apunta a que este verano marcará un antes y un después en la gestión del fuego, aunque esa frase ya se ha repetido innumerables veces dentro del colectivo antiincendios, y el ansiado Pacto de Estado contra Incendios Forestales, o el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática, que englobaría el primero y que es la apuesta del Gobierno actual, sigue en un cajón desde el año pasado porque necesita para ello al PP y a Vox. "O se cierra un pacto nacional de desarrollo rural o esto va a seguir así, y va a ir a mucho más", resume a infoLibre Raúl Quílez, doctor en Incendios Forestales por la Universidad de León.

Han sido muchos los fuegos que en teoría iban a acelerar esasmedidas de adaptación al fuego. Ahora es el incendio unificado de Ávila y Madrid que ha llegado hasta las puertas de la capital, pero el año pasado fue el de las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y en 2022 fueron los de la Sierra de la Culebra, que tardaron mes y medio en apagarse.

Las tareas de prevención, competencia de las comunidades autónomas, son mínimas y hasta el año pasado eran miles de bomberos forestales los que se quedaban sin trabajo en invierno porque su consejería prefería no invertir en trabajos forestales durante la temporada baja. Desde la entrada en vigor del estatuto del bombero forestal eso ha empezado a cambiar –por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha contratado esta temporada a los bomberos de Tragsa durante los doce meses, y Castilla y León está en ello–, pero el trabajo que hay por delante tardará años en completarse. En los últimos sesenta años España ha ganado 3,4 millones de hectáreas arboladas, una superficie superior a la de Cataluña.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, explica a este medio que la desaparición de zonas de cultivo ha provocado "un crecimiento forestal increíble" que permite que un fuego en las profundidades de un bosque se expanda fácilmente hasta las puertas de los núcleos urbanos. "Hemos llegado a un punto en el que el cometido de los bomberos es salvar viviendas. También es culpa de haber metido urbanizaciones dentro del bosque sin tomar medidas de prevención", valora.

El calor sofocante del verano evidentemente también juega un papel, secando todo ese potencial combustible y dejándolo listo para arder, sobre todo durante las olas de calor. Desde el 21 de junio hasta este jueves, cuando se declaró el incendio del suroeste de Madrid, ha habido nada menos que 12 días de ola de calor, más de un tercio del total. A gran escala, los últimos 11 años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia; y los últimos tres han sido también los más calurosos. Es decir, que se repite una pauta de empeoramiento.

Raúl Quílez también percibe que el patrón de vientos ha cambiado en la península durante los últimos veranos y ahora se registran semanas y semanas sin cesar de ventanas de aire que entran desde el suroeste con viento muy seco y constante que aviva las llamas. "El incendio de Burgohondo (Ávila) o el de La Mierla (Guadalajara) son un ejemplo. Son fuegos que comienzan en el sur y avanzan sin límite hacia el norte".

El incendio forestal que todavía arde entre Ávila y Madrid es la suma de todos estos factores llevados al extremo. El pasado invierno llovió en esa zona entre un 150% y un 175% más que en la media de los últimos 30 años y en junio la anomalía de temperatura allí fue de entre 2,5 y 4,5 ºC por encima de ese histórico, convirtiendo el monte en un polvorín.

El viernes ya se declaró el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y a cierre del sábado los tres fuegos unificados suman 45.000 hectáreas quemadas. La cercanía a los núcleos urbanos ha provocado además un desalojo de 88.000 personas e incluso el centro de mando tuvo que ser desplazado este sábado de urgencia de Cenicientos a Navalcarnero por el cambio de dirección del viento, que amenazó el campamento.

Carlos Martín, bombero forestal de las BRIF, las brigadas del Ministerio de Transición Ecológica, lleva desde el viernes trabajando en este fuego y describe una situación desoladora. "Nunca he visto nada parecido y llevo siendo bombero desde 2005", describe a infoLibre. Lo que más le llamó la atención, protegiendo una urbanización en Pelayos de la Presa (Madrid), es que el fuego urbano normalmente genera focos dispersos, pero aquí se encontró un incendio de bosque. "Ardía de manera continua. Nos enfrentamos a un frente de llama en mitad de unos chalets", describe.

No es la primera vez que esta zona se quema, ha habido muchas advertencias en el pasado de que se trata de un punto negro que requiere un intenso trabajo de prevención de incendios que nunca ha llegado. Por ejemplo, Almorox ardió en 2013, Cadalso de los Vidrios en 2019, Zarzalejo en 2020 y Navas del Marqués y Navaluenga en 2025.

El Consejero de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, salió este miércoles en rueda de prensa para sacar pecho del potente cuerpo de bomberos que tiene a su cargo. Preguntado por el enfado de una parte del dispositivo, que lo acusa de incumplir la ley básica de bomberos forestales, dijo que estaba todo bajo control y que la región capital estaba preparada como ninguna otra de Europa. Tanto, que podía asumir incendios limítrofes de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

"El operativo no se está resintiendo. Tenemos más de 560 efectivos diarios, la mayor concentración de medios terrestres y aéreos por hectárea de Europa y estamos pudiendo responder en Madrid y en otras comunidades autónomas", fueron sus palabras. Dos días después, Isabel Díaz Ayuso pidió por primera vez en España la declaración nacional de emergencia por el fuego.

Una parte del cuerpo de bomberos regional, que en total supera los 2.000 efectivos, no podía creerse las palabras del consejero. La falta de prevención durante el invierno, un déficit de más de 200 bomberos y un cóctel perfecto de calor y combustible demostraban a comienzos de mes que solo hacía falta una combinación de incendios simultáneos para generar una catástrofe, y así se lo han hecho saber al consejero en varias ocasiones durante las últimas semanas.

El desenlace ha sido el que ya se considera el mayor incendio de la historia de Madrid, que al cierre del viernes dejaba más de 63.000 personas afectadas, al menos cinco municipios desalojados y cuatro confinados, y más de 12.000 hectáreas calcinadas. Casi todos en el suroeste de la región, en los alrededores del popular pantano de San Juan, aunque a última hora llegó a desalojarse un camping de El Escorial.

"Sale a decir que tiene el cuerpo más completo de Europa, que se hace cargo de los incendios de otras comunidades, y 48 horas después pide la declaración de nivel 3. ¿Esto cómo se come?", se pregunta en conversación con infoLibre José Manuel Alonso, uno de los portavoces de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF). "Para mí es quitarse del medio para que otro se coma el marrón", opina este profesional.

La declaración de nivel máximo de emergencia, justificó Isabel Díaz Ayuso en la red social X, fue la presencia simultánea de varios incendios y la necesidad de recibir apoyo del Gobierno central a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) –los bomberos que dependen de Defensa y del Ministerio de Transición Ecológica, respectivamente– y de equipos de socios europeos. Sin embargo, elevar la categoría de riesgo no incrementa la ayuda, solo cambia la gestión del mando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y pone a cargo de la dirección operativa a la UME. Sobre el problema de la simultaneidad, Castilla y León llegó a soportar más de 20 incendios al mismo tiempo en los peores días de agosto de 2025 sin activar el nivel tres.

Los bomberos también subrayan que Madrid no llega todo lo preparada que puede a la temporada de riesgo extremo ni se ha molestado en cerrar sus disputas con el cuerpo de extinción, hasta el punto de que este verano hay unos 230 efectivos menos que el año pasado.

Por una parte, los bomberos de primera línea que forman parte del personal laboral de la comunidad, 60 personas, no se han activado en lo que va de verano porque están en disputa con el consejero y este no los ha llamado aún a la acción. Dentro de este colectivo, hay además 64 plazas sin cubrir en comparación con el verano de 2025. También hay que sumar que otra pata del operativo, los bomberos forestales subcontratados a la empresa pública Tragsa, tiene 110 miembros menos esta temporada. La suma de ausencias representa alrededor del 10% de todo el cuerpo de extinción madrileño.

No obstante, habrá un refuerzo extra este fin de semana. Los 60 bomberos que están en tira y afloja con el consejero han decidido este viernes incorporarse a la extinción tras conversar con la Delegación del Gobierno central en Madrid. "No nos ha movilizado la Comunidad ni tenemos órdenes de despliegue, pero queremos contribuir. Iremos con nuestros propios coches a las bases porque no nos facilitan vehículos", explica Alfonso Ferrero, uno de sus portavoces.

La situación de este grupo es particular. En verano de 2024 paralizaron una huelga para negociar con Novillo una mejora de sus condiciones, que estaban fuera de la ley, pero, según explican, el consejero rompió esta primavera, dos años después, las conversaciones. Sobre la mesa estaba, por ejemplo, reconocer la categoría profesional de estos bomberos, que en sus contratos están clasificados como conductores de taxi o técnicos de mantenimiento, aunque ejercen como bomberos forestales, o cobrar un suplemento por peligrosidad o penosidad.

Los 60 efectivos respondieron negándose a acudir a los parques de bomberos y se mudaron a la sede de Las Rozas para trabajar desde allí, el que figura teóricamente como su lugar de trabajo. En respuesta, la Comunidad de Madrid se ha negado desde entonces a facilitarles vehículos y llamarlos a los incendios, y la Consejería se niega a retomar las negociaciones hasta que no vuelvan a sus retenes.

"Les pido responsabilidad y lealtad, que abandonen la huelga y realicen el servicio", dijo Novillo el miércoles. Alfonso Ferrero confía en que sumarse al despliegue este fin de semana sirva para desatascar el problema durante el resto del verano. "Esperemos que dé resultado, que al menos traigan una propuesta de acuerdo en la próxima reunión", afirma a este medio.

Sin embargo, la tensión escaló dramáticamente en la tarde del viernes, cuando la Comunidad publicó en X que "estudiará todas las vías administrativas y jurídicas contra la actuación de un reducido grupo de bomberos forestales, que han podido comprometer la actuación de los dispositivos de emergencia", en referencia a estos 60 bomberos. Según su versión, en su día rechazaron "mejoras económicas" que rechazaron y ahora incumplen su contrato al establecerse en el centro de Las Rozas.

Ayuso también ha llegado al verano sin cerrar un acuerdo con los bomberos de Tragsa, un cuerpo de alrededor de medio millar de empleados externalizados, pero donde la Comunidad de Madrid tiene la última palabra, ya que es quien contrata a la empresa pública para cubrir este servicio esencial. En este caso, las conversaciones van por mejor camino y su huelga no está activa en este momento, pero continúan trabajando con el mismo convenio colectivo de 2008.

"Está absolutamente desfasado y no se ajusta a ley. Está fuera del Estatuto de los trabajadores, del estatuto de bomberos forestales de 2024", resume para infoLibre José Manuel Alonso, uno de los que ha liderado la lucha de los bomberos de Tragsa durante la última década. Entre otros problemas, cobran un sueldo que roza el salario mínimo jugándose la vida, y no tienen complementos extra a final de mes por peligrosidad y otros riesgos, como obliga el estatuto. Tampoco se les reconocen las enfermedades profesionales, como en el resto de España, porque la Seguridad Social no ha aprobado todavía el catálogo de enfermedades profesionales de esta profesión, como se pactó también en 2024.

La brutal ola de calor que recorrió Europa a finales de junio pilló desprevenidos a millones de ciudadanos y dejó, según las estimaciones oficiales, más de 20.000 fallecidos en el continente, principalmente en Francia, España, Bélgica y Alemania. La cifra es comparable a las peores semanas de la pandemia de la covid-19, y algunos creen que esta crisis –a la que se suman los incendios, la sequía o las tormentas extremas de otoño– merece ser tratada como una emergencia de primer orden y exige la celebración de una cumbre europea del calor.

Tres días antes de que comenzase esa ola que dejó récords por todo el continente, se reunió el Consejo Europeo, formado por los líderes de los 27 países. Se debatió de Ucrania, de Oriente Próximo, de energía asequible y de los presupuestos comunitarios, pero ni una palabra sobre el calor. En las siguientes dos semanas, sin embargo, la prensa europea no habló de otra cosa que de millones de personas intentando buscar refugio del sol, del colapso de los colegios y los hospitales y de los ahogamientos en ríos no preparados para el baño.

El Partido Verde europeo, formado principalmente por eurodiputados alemanes y franceses, considera que este episodio fue un aviso rojo para que la Unión Europea actúe en bloque, empezando por la organización de una cumbre de emergencia del Consejo Europeo. "Dada la magnitud, el peligro y la urgencia de la situación, insistimos en que el Consejo Europeo convoque una Cumbre sobre el Calor", señala Vula Tetsi, copresidenta del Partido de los Verdes Europeos.

"La Unión Europea no está haciendo lo necesario y hemos llegado a un punto en el que en países como España no se puede salir a la calle durante dos tercios del día", afirma a infoLibre. "Organizamos cumbres continuamente. Por Ucrania, para aprobar nuevos paquetes de sanciones… y nosotros estamos a favor de la flexibilización fiscal para reforzar la defensa, pero también hay que flexibilizar el presupuesto para adaptación al cambio climático y para la transición energética justa", añade.

La propuesta parte de la experiencia de los últimos veranos y de la evidencia científica de que esto solo irá a más. Europa es el continente que más rápido se calienta y eso significa que tendrá que prepararse mejor y más rápido que otras zonas. Según el servicio climático de la Comisión Europea, la temperatura media del planeta ha aumentado de media hasta ahora 1,4 ºC en comparación con los niveles preindustriales (1850-1900), pero en Europa ya ha subido 2,5 ºC.

Una de las razones es que la región sufre más olas de calor que otros puntos del planeta debido a los cambios en los patrones meteorológicos derivados del cambio climático, pero hay más. El deshielo de montañas y glaciares europeos por la subida de las temperaturas reduce el efecto albedo, el reflejo de la luz en la Tierra por la reverberación de la nieve. Otro motivo es que la reducción de la contaminación del aire por el endurecimiento de las normas europeas, especialmente de aerosoles, permite que más radiación alcance el continente. Y el último es que el extremo norte del continente roza con el Ártico, la única zona del planeta que se calienta incluso más rápido que Europa debido al deshielo masivo.

Javi López, eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, considera que sí es momento de cerrar un "consenso" alrededor de la emergencia climática, y coincide en que "el primer paso es llevarlo como un punto a la agenda del Consejo Europeo" para que discutan urgentemente presidentes y primeros ministros. "El Consejo Europeo fija las prioridades políticas de la Unión Europea y es la máxima autoridad política. Lo que no llega ahí no existe como prioridad real", valora López.

Un impacto cercano a las peores semanas de la covid-19

El desencadenante de esta propuesta de los Verdes fue la excepcional ola de calor de finales de junio y las sucesivas, menos agresivas, del mes de julio. Según el Euromomo, el monitor de mortalidad de la Unión Europa, entre el 15 de junio y el 12 de julio se produjo una mortalidad extraordinaria de 21.455 personas.

Los datos de Eurostat sobre víctimas de la pandemia, revelan que lo ocurrido hace cuatro semanas es comparable a semanas muy duras de la pandemia, una crisis que provocó una respuesta inmediata y sin límites desde Bruselas. Por ejemplo, en marzo de 2020, el primer estallido del virus, fallecieron 52.774 personas en la Unión Europea, más del doble que durante la ola de calor de junio. Si bien el episodio de altas temperaturas afectó a muchos menos países y duró menos de dos semanas.

La necesidad de un plan de choque europeo, añaden los expertos, tendría que ir más allá de las olas de calor porque la crisis climática ha llevado también los incendios a una nueva dimensión. El año pasado ardieron más de un millón de hectáreas en Europa, y la mitad se quemaron en España. La tragedia de Los Gallardos (Almería), en la que murieron al menos 13 personas a comienzos de julio, o el reciente megaincendio de Guadalajara son otra prueba más de que incluso países acostumbrados a las llamas tienen dificultades para enfrentarse a lo que está por llegar.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, fue director durante la década pasada de FireLinks, un proyecto europeo que reunió a más de 30 países para intercambiar conocimiento sobre incendios, y subraya que es imperativo que los líderes europeos aúnen fuerzas en este momento. "Los países del norte de Europa nos están pidiendo ayuda para prevenir grandes incendios porque ya se enfrentan a condiciones climáticas mediterráneas. Si hacemos cumbres para comprar armas, cómo no vamos a hacer una cumbre sobre el calor", resume.

El uso nocturno de aire acondicionado y ventiladores ya se refleja en las estadísticas de demanda eléctrica del país, especialmente en las semanas de calor asfixiante. Según cifras de Red Eléctrica (REE), la demanda de luz durante las madrugadas ha crecido drásticamente en el último mes, y eso ha provocado un encarecimiento de la energía hasta alcanzar un máximo en cuatro años en el tramo situado entre las 00.00 y las 06.00 horas durante junio y julio.

Aunque el calor empezó a apretar a finales de mayo, las cifras parecen mostrar que los españoles esperaron a encender el aire acondicionado durante la noche hasta mediados de junio, y desde entonces el consumo no ha parado de crecer, tocando techo durante esta semana, cuando la península afronta su tercera ola de calor.

Solo teniendo en cuenta las horas comprendidas entre medianoche y las seis de la mañana, en la última semana (entre el 15 y el 21 de julio), la demanda media de electricidad cada hora fue de 27.593 MW, un 6,6% más que durante las madrugadas de la semana equivalente de junio y un 26% más que en las horas similares del mes de mayo.

El incremento del uso del aire acondicionado es lógico a medida que las temperaturas mínimas de la noche baten récords año tras año. Cada vez se registran más noches tropicales –en las que el momento más fresco de la madrugada no baja de los 20 ºC– y más noches tórridas –con mínimas siempre superiores a 25 ºC–. Según la Agencia Estatal de Meteorología, desde 1961 las mínimas han ascendido de media en España 2 ºC, y ya se producen hitos impensables hace unos años como la racha que vivió Almería a finales de junio de más de tres días seguidos con termómetros que no bajaron en ningún momento de 30 ºC.

Coincidiendo con este crecimiento del consumo, el recibo durante las madrugadas de este verano ha escalado sin parar desde comienzos de junio hasta alcanzar un máximo desde 2022. En la última semana, el precio medio de la luz entre las 00.00 y las 06.00 horas ha marcado de media 162,19 €/MWh cada hora en el mercado mayorista, al que luego hay que sumar peajes, cargos, otros costes e impuestos. Esa cifra es un 38,4% superior a la de la semana equivalente de junio y un 110% más que en mayo. Solo en 2022 la energía fue más cara de madrugada debido a que la guerra de Ucrania llevó el gas natural y la luz a unos precios nunca vistos.

Una de las razones de este encarecimiento es la subida del consumo de energía. El sistema eléctrico europeo está diseñado de tal forma que a más demanda –y en ausencia de energías renovables–, la electricidad es más cara, ya que hay que encender centrales de gas natural menos eficientes y más costosas, trasladando ese coste a la luz. Sin embargo, no es la única razón, porque en los últimos días también se ha vuelto a encarecer el gas por el recrudecimiento de la guerra en Irán y porque la producción de energía renovable cae en verano.

"Estamos entre las madrugadas más caras del histórico por el uso del aire acondicionado, pero también porque el precio del gas ha regresado a los niveles de marzo, justo después del inicio del conflicto, y porque la generación de energía eólica es un 28% menor estos días que en la media del año", señala Danny Salazar, director de la compañía energética Hello Watt. 

Aunque los días de ola de calor son los más duros de llevar, los datos de REE demuestran que cientos de miles de hogares encienden la refrigeración para dormir durante todo el verano a partir de mediados de junio.

Un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se ha dedicado precisamente a calcular cuál es el nivel de calor que provoca en España un pico de consumo de aire acondicionado. No exclusivamente durante la noche, sino en general. Averiguar esta cifra es relevante porque permite prever con varios días de antelación un crecimiento importante del consumo energético en el país de cara a programar de manera óptima la generación y la demanda de energía y abaratar los costes del sistema.

Según Miguel Ángel Navas, investigador de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del ISCIII, el punto de inflexión no se produce en las olas de calor, sino 4,4 ºC por debajo de ese umbral –que varía en función de cada territorio– porque nadie espera a que los termómetros se disparen para poner a pleno rendimiento el aire acondicionado. O lo que es lo mismo, el límite de confort térmico de los españoles está 4,4 ºC por debajo del nivel de ola de calor. Estos datos corresponden a un estudio que todavía no ha sido publicado y que se encuentra en revisión.

El análisis también confirma que, con cifras de los últimos dos años, la demanda eléctrica sube de manera destacada en el país durante los días declarados como ola de calor. "En España, durante los veranos de 2023 a 2025, el consumo medio por contrato y día durante estos fenómenos aumentó un 23,6% respecto al resto de días del verano. Y el coste estimado de la factura aumentó todavía más, un 30,3%", afirma Navas.

La tercera ola de calor del verano comienza este martes y llevará de nuevo a millones de españoles a vivir en condiciones sofocantes, poniendo incluso en riesgo su salud. El aire acondicionado, una herramienta que salva miles de vidas cada año en España, solo está presente en la mitad de los hogares del país, según el INE, sobre todo entre los de altos ingresos, mientras que las familias vulnerables sufren un cóctel especialmente severo de altas temperaturas, viviendas antiguas y mal aisladas, y la presencia de niños o de personas mayores, más expuestos que el resto.

Las organizaciones que se dedican a acompañar y a ayudar a familias de bajos ingresos coinciden en que los casos que suelen atender en verano evidencian que el calor es un problema de salud pública en España. Charo Romero, de la Fundación Ecodes, trabaja en el programa Ni un hogar sin energía, donde atendieron a más de 18.000 familias el año pasado, y asegura que algunas de las casas que han visitado son inhabitables estos días. "Son viviendas en las que no se puede estar. Recuerdo una en el barrio de Delicias, en Zaragoza, donde vive una madre con un bebé y una niña. Temíamos que la pequeña llegase a deshidratarse por vivir ahí".

Aunque España sea uno de los epicentros del calor en Europa, el aire acondicionado es considerado un electrodoméstico de confort y buena parte de la población no tiene o reduce al mínimo su uso. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021 solo el 49,6% de los hogares (9,3 millones) tenía en su casa uno o más aparatos. Es cierto que, en muchas comunidades autónomas, hasta hace unos pocos años no era necesario, pero la renta es sin duda un factor determinante. Según ese mismo estudio, solo el 40% de las familias que ingresan menos de 1.000 euros netos tiene refrigeración, lo cual no significa que la usen. A partir de 3.000 euros de ingresos, la presencia de aire acondicionado asciende ya al 61% de los casos. 

El trabajo de la Fundación Ecodes permite mirar en detalle cómo afrontan las olas de calor los hogares vulnerables. Como afirma Romero, no solo no tienen aire acondicionado, sino que sufren una "tormenta perfecta" de precariedad energética. De las 18.202 familias atendidas en 2025, el 81% no tenían su contrato de la luz optimizado –tenían contratada más potencia de la necesaria–, el 74% de quienes cumplían los requisitos para acceder al bono social eléctrico no disfrutaban de él y el 75% vivían de alquiler.

"Con unos ingresos medios de 943 euros mensuales entre las familias que atendíamos, la frase más repetida era: “O hago la compra o pago la factura de la luz”. Por lo que evidentemente no ponían el aire acondicionado. Además, tenían muchas veces contratadas las tarifas más caras y utilizaban electrodomésticos obsoletos que inflaban el consumo", resume Romero.

Estas familias son las que más sufrirán esta semana temperaturas que superarán los 40 ºC en España, y puntualmente entre 42 ºC y 44 ºC en el sureste peninsular, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología, con el pico de calor previsto para el jueves. El MoMo, el servicio de monitorización de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III, calcula que ya se han registrado en el país, desde el 1 de mayo, 2.496 muertes atribuibles al calor, casi las mismas que en todo el verano de 2025, cuando todavía quedan casi dos meses y medio para que termine el recuento del periodo estival.

El Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) publicó a comienzos de julio un estudio sobre la desigualdad en el acceso a la climatización en la provincia de Barcelona, donde denuncian que las rentas altas, además de acceder al aire acondicionado, disfrutan de viviendas más preparadas y de más zonas verdes, de manera que los ayuntamientos también han incrementado esta brecha de salud pública. 

Rubén Martínez, uno de los autores, define así lo que sería un ejemplo claro de víctima de la falta de climatización: "Podría ser una persona mayor que vive en La Florida (L'Hospitalet de Llobregat), en un último piso, que incluso no tiene ni ascensor, sin compañía de nadie y que no puede pagar el aire acondicionado. Esta persona no es consciente del peligro que corre en una ola de calor", resume el experto.

Martínez también recuerda un dato clave sobre aire acondicionado y salud. Según un estudio publicado en Environment International, el aumento de la presencia de refrigeración en los hogares redujo un 28,6% las muertes por calor y un 31,5% las muertes por calor extremo entre finales de los años ochenta y principios de la década de 2010 en España.

Las temperaturas astronómicas que se han alcanzado en los últimos veranos han multiplicado la presencia de organizaciones que trabajan para ayudar a estas familias, como el grupo ABD de pobreza energética, que surgió en 2012 para garantizar el confort doméstico durante el invierno, pero que ahora también trabaja en periodo estival.

Mònica Plana, directora de Inclusión y Pobreza y experta justicia energética de esta asociación, afirma que su principal trabajo consiste en asesorar a la hora de contratar una buena tarifa, solicitar el bono social, y buscar maneras de refrescar la casa en los casos en los que el aire acondicionado sea inviable, pero que el hecho de que la gran mayoría de las familias vivan de alquiler es un muro insuperable.

"La solución prioritaria es evitar que entre sol en casa mediante toldos o mejorar el aislamiento de la vivienda, porque si la casa se pone a más de 30 ºC, no haces nada con un ventilador. Pero todo esto depende del dueño de la casa, y si no está por la labor, tenemos un problema", reconoce Plana.

La guerra contra los cruceros se ha multiplicado en los últimos años en los puertos mediterráneos por la fortísima presión turística a la que someten a las ciudades costeras, llevando al límite los servicios públicos, encareciendo la hostelería y degradando la naturaleza. Un nuevo estudio denuncia además que estos navíos disfrutan de un agujero fiscal y los viajeros dejan sobre la economía local una fracción de los impuestos que pagarían si se hospedaran en la ciudad.

Según la organización Transport & Environment, un centro de estudios europeo que promueve el transporte limpio, un camarote con un precio de 100 euros la noche está sometido la mitad de impuestos que una habitación de hotel, y uno de lujo llega a pagar un 3% sobre el coste total de la factura, devolviendo a la población local una parte ínfima del impacto que producen. Esto ocurre porque estos alojamientos flotantes están exentos de la mayoría de impuestos (entre ellos, el IVA) por su condición de transporte marítimo, mientras que la tarifa de hotel incluye un 10% de IVA, además de otros tributos.

En general, calculan los expertos, una noche de hotel estándar en España está gravada con el 21% de impuestos, mientras que un crucero paga el 13%. En países del entorno la brecha es incluso algo mayor porque en Francia y en Italia los hoteles están gravados con el 24% y el 25% del total del precio de la noche –sumando IVA y otros impuestos– y los cruceros con el 9% y el 15%, respectivamente.Todos estos porcentajes corresponden a la comparación de un camarote y una habitación de 100 euros.

Este agujero fiscal no sorprende a quienes se han dedicado a estudiar el impacto de estas ciudades flotantes en la sociedad y la economía de las zonas turísticas, como la organización catalana Alba Sud, que ha seguido el rastro de estas compañías por todo el mundo. "Las grandes propietarias de cruceros están registradas en paraísos fiscales para eludir las normativas laborales internacionales y la fiscalidad", opina Carla Vizcara, investigadora de este centro. Por ejemplo, la famosa naviera Royal Caribbean tiene su sede fiscal en Liberia, mientras que Carnival Corporation y Norwegian Cruise están en Bermudas.

Para empezar, los cruceros están exentos de IVA porque se consideran un navío de pasajeros, de manera que están regulados por la normativa de transporte marítimo.

Pero también están libres de impuestos sobre el combustible que utilizan, se benefician de exenciones fiscales sobre beneficios y no pagan impuestos locales como el IBI, que sí abonan los hoteles. Sobre sus emisiones, Europa está en proceso desde 2024 de implementar un sistema de créditos ETS para barcos que les obliga a pagar por cada tonelada de CO2 emitida, pero en este momento no cubre ni una tercera parte de los costes ambientales derivados de la polución que emiten, según calcula T&E.

Es cierto que en algunos lugares estos ferrys están sometidos a una tasa turística fija por cada noche que hace el crucero en la ciudad de destino, pero en muchas ciudades de paso todavía no se ha implementado, o es una cantidad irrisoria en comparación con el impacto de este turismo. Por ejemplo, en las Islas Baleares supone dos euros por persona y día, lo mismo que en Lisboa, mientras que en Ámsterdam asciende a 15 euros. En Barcelona se acaba de aprobar una tasa especial de 24 euros diarios para barcos que pasen menos de 12 horas amarrados.

Como la gran parte de los impuestos que pagan los turistas son fijos, como las tasas locales para los visitantes, los cruceros de lujo son los que abonan menos impuestos porcentualmente. Por un camarote de 500 euros la noche, se paga de media un 3% de impuestos. "Esta cifra pone de manifiesto que los turistas más adinerados, que pueden permitirse unas vacaciones de lujo en el mar, aportan una cantidad desproporcionadamente baja a las finanzas públicas", concluye el informe.

Al mismo tiempo que hacen una aportación mínima, su impacto ambiental e incluso sanitario es muy fuerte sobre los destinos de paso. El mismo estudio de T&E calcula que entre gases de efecto invernadero y contaminantes del aire dañinos para la salud, externalizan cada año en España un coste de entre 374 millones y 617 millones de euros. Y asciende a entre 794 y 1.300 millones si se suma Francia e Italia. Las consecuencias son costosas porque no solo emiten dióxido de carbono; también óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y micropartículas variadas de polvo, dañando la salud de los vecinos en grandes áreas. 

Carla Vizcara hace hincapié también en el impacto social de los "megacruceros" que amarran el puerto de Barcelona, donde tiene la sede su organización. Por esta ciudad hicieron escala el año pasado cuatro millones de pasajeros que llegaron en 895 cruceros. "Son un enorme volumen de personas que saturan el centro de la ciudad y toman autobuses en una ruta muy estipulada, afectando también al transporte público. Llegan, hacen un consumo muy rápido de la ciudad y dejan un beneficio económico limitado", afirma.

Bosco Serrano, uno de los autores del estudio de T&E, propone que para compensar este agujero fiscal, se retire la exención de IVA para los cruceros y se elimine la exención para estos barcos del impuesto sobre el combustible. Asimismo, reclaman una tasa general de 15 euros por persona y noche que se hospede en estos hoteles flotantes en España, Francia e Italia, una medida que recaudaría 335 millones de euros al año entre los tres países.

"Nosotros proponemos una tasa de 15 euros por cada puerto en el que paren. Y aun así no sería ni mucho menos suficiente para contrarrestar la huella ambiental de los cruceros. En España seguiría habiendo una brecha de 356 millones de euros entre los ingresos que generarían y los daños que provocan", mantiene Serrano. Para un pasajero, ese pequeño impuesto sería insignificante a la hora de decantarse por sus vacaciones, según los investigadores, en comparación con los costosos servicios que ya abonan en el barco, como los packs de Wi-Fi de alta velocidad, que suelen rondar los 20 euros diarios.

No hay duda de que lo que ocurrió en Los Gallardos (Almería) este jueves fue fruto de una combinación mortífera de meteorología con orografía. Calor y rachas muy fuertes de viento, combinados con poca humedad y vegetación abundante y seca ubicada en una zona de barrancos. El resultado de ese cóctel fue un incendio rápido, muy rápido, que cogió desprevenidos a docenas de vecinos, causando al menos 12 fallecidos. A estas condiciones, que no podían evitarse, se sumó un cuerpo de bomberos forestales lastrado por la falta de personal y de inversión de la Junta de Andalucía.

Sobre las condiciones físicas del incendio, Emilio del Pino, uno de los bomberos que trabajó durante toda la noche del jueves entre las llamas, describe un escenario extremo. "El fuego corría como nunca he visto en 34 años como bombero", asegura este profesional, que trabaja en una brigada de refuerzo y se desplaza a incendios de toda Andalucía. A esta voracidad se sumó que la zona está llena de ramblas con desniveles y recovecos, el típico escenario en el que las llamas saltan con facilidad, los helicópteros antiincendios tienen muchas dificultades para actuar y la maquinaria pesada, como los bulldozer, no pueden intervenir.

Del Pino también destaca la abundancia de cortijos desperdigados por el campo y la presencia de pequeñas urbanizaciones donde la población queda atrapada con facilidad. "Creo que pilló desprevenido a mucha gente. Nuestro trabajo durante la tarde del jueves fue, de hecho, proteger estas casas y aldeas", explica el forestal.

Todos los esfuerzos se centran ahora en controlar el incendio y encontrar a la veintena de desaparecidos. En general, dentro del cuerpo prefieren esperar para exigir responsabilidades por la catástrofe, pero algunos de estos bomberos no pueden dejar pasar que el INFOCA –el dispositivo antiincendios de la Junta de Andalucía– no estaba ni mucho menos preparado para esta temporada de incendios.

Todos los profesionales consultados coinciden en que los retenes –los grupos en los que se divide el cuerpo de intervención terrestre–, que deberían tener siete miembros, están trabajando con tres, cuatro o cinco personas. 

"Los compañeros que han estado en primera línea de Los Gallardos coinciden en que falta personal", afirma Jesús Gil, bombero forestal destinado en Almería y miembro del sindicato CGT. Según explica, si un retén debe tener un conductor de camión, que no siempre puede actuar, y un jefe de grupo que coordina, sufrir un déficit de dos o tres efectivos por la falta de inversión del Gobierno autonómico significa dejar al retén prácticamente sin manos. "Tenemos el INFOCA desmantelado", resume Gil.

También denuncia esta falta de personal el veterano Emilio del Pino, sindicalista de UGT. "Hay retenes que llegan a tener tres componentes de siete, y esos son directamente inoperativos y tienen que unirse a otras unidades. Todavía falta bastante personal", valora. El cuerpo debía estar al 100% el 1 de junio, cuando comienza la época de alto peligro de incendios del plan andaluz. 

La postura oficial de UGT Bomberos Forestales en Andalucía es que "la gestión del incendio ha sido adecuada y que la actuación está siendo sumamente rigurosa y profesional", pero que el cuerpo está incompleto y hacen falta refuerzos para hacer frente a incendios simultáneos en diferentes provincias. "Tendremos la oportunidad de abordar cualquier posible error más adelante", concluyen.

En este caso, el fuego de Almería ha coincidido con otro destacado en Benahavís (Málaga) y tres más pequeños en Sevilla, Córdoba y Huelva. "Venimos denunciando durante un tiempo la importancia de que el dispositivo INFOCA esté completamente operativo, cosa que actualmente no ocurre", subrayan desde el sindicato.

La denuncia de precariedad, que se repite en muchas otras comunidades autónomas, no es exclusiva de la provincia de Almería, sino que es extensible a toda la comunidad y viene de años atrás. Alejandro Yáñez, bombero de las brigadas helitransportadas del INFOCA, no ha acudido a Los Gallardos porque estaba esta semana en el fuego de Benahavís, pero también apunta a los mismo problemas en esa zona.

En Andalucía hay tres brigadas helitransportadas en total, cada una integrada por 11 efectivos, y esta semana cumplen el requisito. "Pero si me llegas a llamar hace mes y medio, cuando nosotros ya estábamos activados al 100%, teníamos un helicóptero con dos personas, otro con cinco y el mío con ocho", asegura Yáñez.

"Al final, todo suma. Hay tragedias que seguirían sucediendo con 20.000 bomberos, pero cuantas más manos, antes se resuelve. A veces es desesperante porque nosotros nos dejamos todo en el monte, pero simplemente no hay recambios para cuando acaba nuestro turno", añade.

Otro debate que se ha abierto este viernes es sobre la decisión de la Junta de Andalucía de no enviar en mensaje de alarma móvil ES-Alert a la zona afectada por las llamas cuando se supo del peligro que corrían los vecinos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, justificó la decisión en que "mandar un solo mensaje era generar confusión" porque, en función de la zona, unos afectados debían evacuar sus casas y otros refugiarse en ellas.

Los bomberos denuncian también la falta de medidas de prevención durante los meses de frío, como talar, podar o construir cortafuegos, ya que un 40% del cuerpo INFOCA se queda sin trabajo fuera de la temporada alta. En las inmediaciones de Los Gallardos, como en buena parte del país, el extremo calor de estos días ha secado el combustible en forma de pasto y matorral que brotó del suelo gracias a las intensas lluvias de este invierno. Según los mapas de riesgo de incendio forestal de Aemet, el municipio de Los Gallardos lleva desde el día 5 de junio en riesgo "extremo", la categoría más alta.

La industria electrointensiva lleva años denunciando la paradoja que vive España con los precios de la luz. Por una parte, el país produce una energía mucho más barata y limpia que la mayoría de sus vecinos europeos. Sin embargo, a final de mes, la factura que pagan estos fabricantes es mayor que la de la competencia porque soporta costes extra y más impuestos, al mismo tiempo que recibe menos ayudas.

Fabricantes de metales, de vidrio o de gases industriales, algunos de los sectores con mayor consumo eléctrico en España, han pagado de media en 2026, hasta junio, un 8% más por la luz que sus rivales alemanes, según calcula la consultora británica Aurora Energy Research. La brecha es todavía mayor con Francia, donde el recibo ha sido un 49% más barato para estas fábricas. En concreto, un consumidor electrointensivo español ha pagado en la primera mitad del año de media 72 euros/MWh por la luz, frente a 66 euros/MWh en Alemania o 37 euros/MWh en Francia.

El producto base, la electricidad, tiene un precio relativamente asequible en España, pero la clave está en que a ese coste hay que sumarle otros extra que terminan rompiendo la balanza, como resumió en una presentación celebrada este jueves Maria Pérez-Tabernero, analista de Aurora. "Aunque el coste medio de la luz no es tan alto en España, perdemos competitividad al añadir todos los componentes al recibo. O dicho de otra manera, hay un desacoplamiento entre el precio de la luz y el precio final que pagan los electrointensivos", afirmó.

Por una parte, España incorpora sobre el precio de la luz el coste de las restricciones técnicas del sistema, las medidas que cada día ejecuta el operador del sistema, Red Eléctrica, para mantener estable la tensión. La inestabilidad creciente de la red eléctrica en los últimos años –siendo el apagón de abril de 2025 el máximo exponente– ha encarecido drásticamente este servicio, hasta llegar a suponer el año pasado un 16,1% del precio base de la luz. También hay que sumar los peajes y cargos de la red, que son excepcionalmente altos en España por el histórico déficit de tarifa que arrastra el país y por los pagos a las primeras renovables acogidas al programa Recore.

La suma de los servicios de ajuste, los peajes, los cargos y el impuesto especial sobre la electricidad añade 28 euros/MWh al coste de la factura de la luz para las empresas electrointensivas españolas. Los datos no están totalmente actualizados porque en marzo el Gobierno rebajó un 80% los peajes a los electrointensivos para compensar el pico en los precios de la luz por la guerra de Ucrania, pero incluso con esa reducción, la diferencia con los principales socios europeos sigue siendo notable. En Alemania solo pagan por estos conceptos 4 euros/MWh y en Francia, 2 euros/MWh. Es aquí donde comienza el desequilibrio.

Pero además hay que sumar que la industria de los gigantes europeos disfruta de un mecanismo de ayuda en la factura mucho más cuantioso que en España. La Comisión Europea permite a los estados miembros utilizar una parte de sus ingresos por el mercado de emisiones de CO2 –el conocido como sistema ETS– para apoyar a sus fábricas electrointensivas a pagar el recibo de la luz. Como el ETS encarece la electricidad y penaliza a la industria, parte del dinero recaudado por esa vía se destina a subvencionar a esas empresas y evitar que sectores susceptibles de mudarse a terceros países, como las fábricas de azulejos, abandonen la Unión Europea.

El problema es que España, según se observa en los cálculos de Aurora, destina menos recursos que sus competidores europeos a estas compensaciones. Al fin y al cabo, ese fondo nacional del mercado de emisiones es limitado, y se utiliza también financia programas de eficiencia energética en oficinas y fábricas, instalación de paneles solares en zonas rurales o sustitución de calderas contaminantes, entre otras actuaciones.

Alemania ha dedicado este año, hasta junio, parte de este fondo nacional proveniente del ETS para descontar 39 euros/MWh en la factura a su industria electrointensiva, y Francia lo ha hecho con 27 euros/MWh, mientras que España ha rebajado 18 euros/MWh a sus fabricantes, rompiendo definitivamente la balanza.

La patronal reclama cambios

El cálculo de la consultora para este semestre coincide con las cifras que da la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), formada por fabricantes electrointensivos españoles, que lleva años pidiendo equiparar costes con otros países del entorno. Este paso, argumentan, es imprescindible para que despegue la industria y aumente el consumo de luz en la península, que lleva seis años cayendo a un ritmo del -0,6%. 

"En otros países tienen una factura mucho más competitiva", se queja Pedro González, director general de AEGE. "El precio de la luz en Francia es similar al nuestro, pero como se ahorran los servicios de ajuste y tienen compensaciones por las emisiones, la diferencia de competitividad es brutal. Y por el lado de Alemania, teniendo la luz un 50% más cara, terminan pagando menos que aquí", subraya el portavoz.

Su propuesta es que el Gobierno lleve al máximo las compensaciones de factura que permite el sistema de emisiones ETS, que en este momento supone en España dos tercios de la compensación máxima permitida, con unos 600 millones de euros en 2026. También propone suprimir cuanto antes el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE), que originalmente era del 7%, una medida que el Gobierno ya confirmó a finales de junio que está en marcha, con una rebaja temporal hasta el 5% que se irá incrementando progresivamente hasta su desaparición definitiva en 2028. Por último, el director de la patronal solicita una reforma completa de los peajes de la electricidad, aunque esta exigencia parece completamente descartada por ahora.

España ha pasado a ser este año el destino número uno del gas ruso que llega a Europa en barcos metaneros. Su gran capacidad del almacenamiento en puerto y unos precios atractivos han provocado un fuerte repunte de las descargas cuando apenas quedan seis meses para que se prohíba en la Unión Europea toda compra de gas natural proveniente de Rusia, una norma que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. 

Mientras Francia ha reducido drásticamente sus compras de combustible a empresas ligadas a Moscú frente a 2025 y ha perdido así su tradicional liderazgo, España ha incrementado todavía más estas importaciones hasta situarse en el primer puesto del continente. 

Según un informe publicado hace una semana por ACER, la agrupación de reguladores energéticos europeos, entre enero y abril de 2026 España recibió de Rusia 23,2 teravatios hora (TWh) de gas natural licuado (GNL), que llega en forma líquida transportado en metaneros y tiene que regasificarse al llegar a puerto. Se trata de un 32% más que en las mismas fechas del año anterior.

En los siguientes puestos se situaron Bélgica (18,6 TWh), Francia (18,5 TWh), Países Bajos (7,7 TWh) y Portugal (1,1 TWh). En el mismo cuatrimestre de 2025, España ocupó el segundo puesto porque Francia compró a Rusia 38,5 TWh de gas, pero en un año ha recortado la cifra a la mitad. Sin embargo, en volumen absoluto importado, Hungría superó a España en ese periodo porque adquirió a Rusia 24,7 TWh de gas por tubería. En conjunto, la Unión Europea importó entre enero y abril de 2026 un 11% más de GNL de Rusia que en 2025, lo que representa el 12% de sus compras totales, solo por detrás de Estados Unidos.

Las cifras de Enagás, el operador de la red gasista española, llevan meses mostrando la creciente llegada de gas ruso a España. En marzo se registró un récord histórico de 9,8 TWh, rozando las importaciones de Estados Unidos y de Argelia, los proveedores principales de la península ibérica. Este pico llegó semanas después del inicio de la guerra en Irán, con los precios del gas disparados en el mercado europeo y en medio de una disputa global por asegurarse el abastecimiento.

Expertos europeos que monitorizan este comercio opinan que este giro es inaceptable porque supone incrementar la financiación de la campaña rusa en Ucrania, ya que el Kremlin ingresa ingentes cantidades de dinero a través de los impuestos que cobra sobre las ventas de combustibles. 

"Resulta escandaloso que algunos países de la UE sigan aumentando sus compras de gas ruso a pesar de que el bloque se ha comprometido a poner fin a su dependencia. Si la UE se toma en serio sus compromisos, debería poner fin a estas importaciones lo antes posible, en lugar de esperar hasta el último momento", opina Isaac Levi, portavoz del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), una organización que monitoriza desde 2022 los beneficios de Rusia por la venta de gas y crudo. Según sus cálculos, Europa ya ha pagado por gas a Rusia este año más de 8.000 millones de euros.

Ignacio Urbasos, investigador del Center for Global Affairs de la Universidad de Navarra, señala que la causa principal de este incremento en la importación es el ligero encarecimiento del gas natural en el mercado ibérico frente a países como Francia o Países Bajos, lo que hace más atractivo para los traders internacionales –el nombre que reciben las compañías de compraventa de combustible– llevar el combustible que compran a Rusia hasta España y venderlo ahí.

"Cuando el gas es más caro en la península, llega más combustible ruso por una cuestión oportunista. El beneficio que obtienen aquí los intermediarios es mayor que si lo venden en otros puertos europeos", afirma el experto. La diferencia de precio sigue vigente este mismo miércoles, cuando el gas natural PVB (el del mercado ibérico) vendido para el día siguiente costaba 48,97 euros/MWh, mientras que el PEG (Francia) cotizaba a 47,70 euros/MWh y el TTF (Países Bajos) a 48,10 euros/MWh. La diferencia es pequeña, pero a esa escala comercial supone un factor clave.

La importación de gas no implica que sea consumido en España ni que sea adquirido para consumo interno, recalca el informe de ACER. Como la península ibérica es la región con más plantas regasificadoras de Europa (siete de España y una de Portugal), es habitual que se utilice como puerta de entrada para el GNL, para luego exportarlo por tubería a otros países de la región. De hecho, los últimos datos de Enagás, el gestor de la red gasista, calcula que entre enero y mayo la demanda española de gas creció entre enero y mayo un 1,7% respecto a 2025, un porcentaje mucho menor que el repunte de descargas.

Al mismo tiempo, España es el país europeo con más capacidad de almacenamiento de GNL del continente, con 23.300 GWh, un tercio del total de los Veintisiete, de manera que esos tanques ubicados en puertos se utilizan a menudo como almacenes temporales para después inyectar el combustible en otros metaneros y que su viaje continúe por el mundo. Alrededor del 12% del gas que pasa por España se consume en el extranjero. 

Desde el Ministerio de Transición Ecológica opinan que esta es precisamente la causa de que se disparasen las compras en invierno y primavera. "El aumento de descargas en España responde a una reasignación logística temporal dentro de la UE por la necesidad de los traders internacionales de almacenar el GNL que no puede absorber la demanda de la UE y que tampoco pueden desviar a otros destinos", señalan fuentes de esta cartera.

En todo caso, España está comprometida con cesar todas las importaciones antes del 1 de enero de 2027. En marzo, Transición Ecológica envió a Bruselas su plan de diversificación de suministro gasista, como el resto de socios europeos, pero el documento es confidencial. En todo caso, será la principal gasista de España, Naturgy, la que tendrá que gestionar la ruptura de esta relación, ya que importa cada año de este país 3.000 millones de metros cúbicos de GNL, aunque no es la única compañía que lo hace.

Aunque los datos de ACER solo abarcan de enero a abril, España volvió a importar en mayo desde Rusia una gran cantidad de GNL ruso, por lo que ese pico comercial que se observa en las cifras del primer cuatrimestre no fue puntual. Según Enagás, en mayo se importaron de Rusia 8,72 TWh de gas licuado, el 27,8% del total ese mes, superando incluso las compras a Estados Unidos y solo por detrás de Argelia.

Las cifras recogidas por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), un centro estadounidense, evidencian además que ese combustible de Rusia está entrando, como es habitual, por el puerto de Bilbao, la regasificadora más cercana al norte de Europa. Durante el primer semestre de 2026, el ratio de utilización de esta planta alcanzó el 79%, mientras que un año antes era del 66%. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del IEEFA, considera normal este repunte temporal de las descargas de gas ruso, ya que siempre que se restringe alguna ruta comercial, los meses anteriores todo el que puede aprovecha para comprar hasta el último día. "Ya pasó cuando se cerró el paso de gas por la tubería de Ucrania. Que en los meses anteriores se registró un pico. Mientras sea legal, seguirán haciéndolo", resume.

Se espera además que el comercio de GNL se dispare en Europa en los próximos cuatro meses, ya que los almacenes de gas natural se encuentran excepcionalmente bajos, rozando el mínimo histórico de los últimos cinco años. Otro informe publicado este martes, también por ACER, advierte de que llegar al 90% de llenado para el 1 de noviembre, de cara al invierno, requerirá recargas adicionales frente a otros años. Esas compras previsiblemente serán más caras que el año pasado por impacto del conflicto de Irán en los precios de la energía.

A finales de enero de 2026, los socios europeos aprobaron definitivamente que a partir del 1 de enero de 2027 quedará prohibida cualquier importación de GNL ruso, incluso el que solo haga escala en un puerto europeo para acabar fuera de la UE. Para evitar disrupciones profundas en países del este del continente, el gas por tubería podrá seguir fluyendo desde Rusia hasta el 30 de septiembre de 2027.

Los cuatro acuerdos firmados por PP y Vox este año para gobernar conjuntamente Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón no solo coinciden en la idea de la “prioridad nacional” impuesta por el partido ultra: ninguno de ellos hace una mínima mención al cambio climático o a la contaminación atmosférica. La excusa para no abordar estas dos amenazas es que se trata de cuestiones "ideológicas", cuando en realidad las comunidades autónomas tienen las competencias sobre la política sanitaria, la protección civil, la calidad del aire y la protección del medioambiente, cuatro cuestiones inseparables de la emergencia climática.

Ninguno de los cuatro pactos firmados hasta ahora recoge el término "cambio climático" y solo se hace referencia a las políticas verdes como un muro que frena la economía y que pone trabas al campo y la industria. Los textos tampoco recogen medidas para abordar el calor sofocante, a pesar de que el verano pasado se registraron 3.832 muertes por altas temperaturas. La única promesa cercana a este asunto es la de climatizar los colegios. La contaminación del aire tampoco apela a PP y Vox, a pesar de que cuesta cada año más de 800 millones de euros al sistema sanitario español solo en visitas a Urgencias.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, opina que el medioambiente es la principal víctima del acercamiento entre los dos partidos, junto con la inimigración. "Es una moneda de cambio para las alianzas. Antes, el PP tenía un discurso retardista, pero reconocía el cambio climático. Ahora, ha decidido asumir el negacionismo de Vox para cerrar los acuerdos de gobierno", afirma.

Más sorprendente es, según Saldaña, que Andalucía haya cerrado un pacto ausente de medidas climáticas días después de una espectacular ola de calor que ha dejado numerosos récords en los termómetros y, hasta este lunes, más de 1.258 muertes atribuibles a las altas temperaturas. Tampoco se recogen propuestas de apoyo a la climatización o al pago de facturas de energía, donde las comunidades autónomas también tienen competencias, ni de prevención de incendios forestales, pese a las quejas por precariedad de los bomberos andaluces.

Precisamente, de los cuatro acuerdos, el de Andalucía es el que más ataca todo lo relacionado con el medioambiente, algo que sorprende por el perfil del reelegido presidente, Juanma Moreno, quien supuestamente abanderaba la política de la moderación.

En el texto firmado el jueves con Vox, Moreno promete suprimir solo tres impuestos en la próxima legislatura, y todos ellos son ambientales: el recargo sobre las bolsas de plástico, el de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y el de vertidos a aguas litorales. También modificará la ley de cambio climático andaluza para eliminar cualquier coste que penalice a la economía autonómica y "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas" relacionadas con el cambio climático.

A un acuerdo similar llegó Jorge Azcón, el presidente aragonés del PP, cuando pactó con Vox en abril la eliminación o rebaja de tres impuestos, y los tres son también medioambientales: la tasa sobre las aguas residuales, la de emisión de contaminantes a la atmósfera y el gravamen medioambiental sobre las grandes áreas de venta. El primero se reducirá y los otros dos se eliminarán.

En Andalucía, Aragón y Extremadura, el PP y el partido de Santiago Abascal también se han comprometido a realizar un intenso trabajo de desregulación sobre las áreas naturales protegidas, como la Red Natura 2000 o las zonas ZEPA (zona de especial protección para las aves). Estas modificaciones irán desde redibujar los mapas de protección a simplificar la normativa para "compatibilizar la protección del medio natural con el desarrollo económico".

Lo que puede parecer una frase genérica y poco clara, que pasa desapercibida entre docenas de puntos más, podría suponer de aquí a cuatro años una amenaza real para lugares emblemáticos del patrimonio natural. El mejor ejemplo está en Baleares, donde PP y Vox se pusieron de acuerdo hace unos meses para aprobar una ley ómnibus que abre la puerta a ampliar el tamaño de los chiringuitos de playa y a desarrollar nuevos usos recreativos en zonas protegidas de costa, como clubes de windsurf, tumbonas de pago o motos acuáticas.

Joan Pere, portavoz de Menys Turisme, Més Vida, una organización vecinal balear, afirma que la coalición de derechas en su comunidad legisla para los empresarios hosteleros y amenaza la conservación de las playas del archipiélago. "Han flexibilizado la ley para abrir la puerta a nuevos negocios que evidentemente tienen un impacto en el medioambiente. Más chiringuitos significa más turismo, más residuos y más gente colándose en las dunas protegidas", señala. Para reivindicar su oposición, este domingo organizaron una cadena humana en el Parc Natural de es Trenc-Salobrar de Campos (Mallorca), una de las playas donde se espera que aterricen nuevos negocios y que hasta ahora estaba ampliamente protegida.

Aunque los pactos de Gobierno no mencionan la emergencia climática, es imposible para PP y Vox ignorar las consecuencias que esta tiene en la sociedad y la economía, como queda patente en los acuerdos programáticos. Por ejemplo, el de Aragón recoge inversiones para modernizar las pistas de esquí y sus máquinas de nieve "para así garantizar temporadas más estables y duraderas y poder generar nieve a mayores temperaturas", ya que en los Pirineos la temporada cada vez comienza más tarde porque los inviernos son más cortos y cálidos.

La obsesión de estos partidos por el fomento del regadío y de los trasvases también responde al hecho de que las precipitaciones se han vuelto más extremas en los últimos 20 años, extendiendo los periodos de sequía y amenazando la viabilidad de los cultivos de secano, otra consecuencia del cambio climático. Los incendios forestales también ocupan este año un espacio considerable en estos acuerdos de gobierno, después de que en 2025 se registrase el mayor número de hectáreas quemadas en lo que va de siglo.

El pasado 22 de junio, una subestación eléctrica colapsó en Zaragoza, dejando a 50.000 personas sin luz durante un cuarto de hora. Esta semana, Francia ha tenido que reducir un 10% la capacidad de su imprescindible parque nuclear, mientras que las plantas renovables y de gas natural de toda Europa han generado menos energía de lo normal. En Alemania, se registraron hace unos días precios de la luz diez veces por encima de lo normal. Aunque están separados por miles de kilómetros de distancia, todos estos acontecimientos están conectados por el mismo factor: el calor, que lleva al límite el abastecimiento de energía en verano.

Este problema preocupa en todo el mundo desde hace más de dos décadas y la ola de calor europea de 2003 ya avanzó lo que estaba por llegar, pero las temperaturas récord de la última semana han elevado la preocupación, según advirtió este miércoles Thibault Laconde, ingeniero francés especializado en cambio climático y energía. "Ahora sabemos que podemos sufrir olas de calor en mayo y junio, antes de las vacaciones, cuando la economía está a pleno rendimiento", dijo durante un encuentro online entre expertos y periodistas.

En el caso de Francia, no solo se produjo un pico temprano de altas temperaturas, sino que se registró un máximo absoluto de calor. Esta situación provocó un número récord de reactores forzados a desconectarse porque el agua de los ríos, que necesitan para enfriarse, estaba demasiado caliente. En el peor momento de los últimos días Francia dejó de generar lo que habitualmente pierde en un año por parones derivados de las altas temperaturas. Es decir, llegaron a estar fuera de servicio ocho gigavatios (GW) de potencia nuclear, algo más del 10% del total del parque, lo que provocó solo en junio la pérdida total de un teravatio/hora de producción eléctrica.

Como subrayó Laconde, el episodio de canícula ha llegado en un momento en el que las fábricas, las oficinas y los servicios públicos operan al 100%, y a esa demanda estándar hay que añadir el uso intensivo de aire acondicionado y ventiladores en decenas de millones de hogares en Europa. En Francia, el operador del sistema eléctrico, RTE, calcula que por cada grado que se supera la temperatura media histórica, el país consume entre 0,7 y 1 GW extra de energía, lo que se tradujo la semana pasada en entre 10 y 14 GW, de media, alrededor de un 20% más de lo normal.

Al mismo tiempo que se dispara la demanda, la producción de luz sufre por varios frentes. No solo el parque nuclear francés –que alimenta a todo el centro de Europa, no solo a Francia– está mermado, sino que todas las plantas de producción pierden eficiencia durante las canículas. Los paneles solares y las centrales de ciclo combinado generan menos luz o lo hacen a mayor coste, mientras que el viento se desploma y cae la generación eólica, que es indispensable en el centro y norte del continente.

Más consumo y menos oferta se traduce en precios más altos de la luz debido a que para garantizar el suministro deben encenderse centrales de gas y de carbón menos eficientes y más caras, hasta el punto de que la electricidad llegó a registrar precios de más de 600 euros/MWh en países como Eslovaquia, Dinamarca, Alemania o Países Bajos, lo que se traduce en que se ha pagado hasta diez veces más de lo normal durante la reciente ola de calor. Mientras que el mercado de Bélgica, que tiene dos centrales nucleares en pausa programada, llegó a marcar más de 1.000 euros/MWh en los momentos de mayor tensión. El operador del sistema británico también lanzó una oferta de emergencia el 24 de junio para comprar electricidad y evitar un apagón, algo que pagó a más de 1.600 euros/MWh, 20 veces por encima de lo normal.

En España el crecimiento de esa demanda también se ha notado en todas las horas del día, pero el impacto en los precios ha sido menor porque la capacidad de interconexión de la península con el resto de Europa es muy limitada y los problemas de oferta y demanda se contagian de manera muy reducida a través de la frontera. Además, durante el día, la abundancia de electricidad renovable barata permite cubrir el incremento del uso del aire acondicionado. Los siete reactores nucleares españoles se mantuvieron operativos durante la ola de calor y las horas más caras de luz marcaron durante esos días en España un máximo de 182 euros/MWh.

Aún así, es cierto, como señalan los expertos, que la red eléctrica ibérica no está libre del impacto del calor. Ricardo Guerrero, profesor de Tecnología Fotovoltaica en la Universidad de La Laguna, afirma que los paneles solares, el gran activo del sistema eléctrico español, pierden un 0,15% de eficiencia por cada grado de temperatura por encima de 25 ºC.

Hay que tener en cuenta que lo importante no es la temperatura ambiente, sino la que alcanza la placa, que en un día de 25 ºC ya puede llegar a los 40 ºC por su exposición continua al sol. "Si la temperatura ambiente es de 40 ºC, el módulo se podría calentar hasta 65 ºC", calcula el experto. En ese caso, la pérdida equivale a un 6% de la generación de la placa.

Los molinos de viento también reducen su producción durante estos episodios, principalmente porque estos fenómenos de cúpula de calor conllevan altas presiones y ausencia de viento. En el sur de Europa esta caída no se notó, e incluso la producción eólica creció en la última semana de junio en España y Francia, pero en Alemania se hundió un 40%.

En el caso de las plantas de ciclo combinado de gas, también muy importantes para sostener la demanda energética nocturna, se estima que por cada grado de calentamiento extra, se pierde un 1% de eficiencia en la instalación. No porque se produzca menos energía, sino porque se necesita más combustible para refrigerar la central y el coste de operación se incrementa, trasladando esa subida al precio de la luz.

Otro de los puntos vulnerables del sistema eléctrico en verano es la propia red, compuesta de miles de kilómetros de cables de cobre y aluminio expuestos al sol, así como de cientos de miles de componentes, como estaciones, subestaciones, transformadores o equipos de protección, elementos metálicos sensibles al calor.

Luis Badesa, experto en redes eléctricas de la Universidad Politécnica de Madrid, no cree, sin embargo, que el apagón temporal de Zaragoza sea una señal de un problema mayor. "Es verdad que con el calor los transformadores se degradan algo más rápido, pero yo creo que fue algo más bien anecdótico. La probabilidad de avería no es mucho mayor que en otro momento del año", valora el investigador.

Badesa afirma que las limitaciones de la red en verano es un factor que el operador del sistema, Red Eléctrica, debe abordar todos los años, pero el sistema no está al límite, ni mucho menos. Los principales inconvenientes son la pérdida de eficiencia de las plantas de producción, "que no es enorme, pero sí relevante". También destaca que los cables de alta tensión, que están a la intemperie, se dilatan con las altas temperaturas y pueden curvarse y acercarse a árboles cercanos, incrementando la posibilidad de provocar incendios, aunque tampoco es una preocupación grave. "España, en general, no tiene retos enormes en verano", resume.

La reciente ola de calor ha llevado al límite a decenas de millones de europeos no acostumbrados al calor. Hospitales colapsados, trenes cancelados, ríos urbanos convertidos en piscinas o colegios desalojados. Son imágenes que se han repetido a lo largo de todo el continente. La falta de aire acondicionado en hogares, oficinas, edificios estatales y el transporte público comienza a verse ya como una amenaza de salud pública en verano, lo que podría traducirse en la instalación de millones de aparatos de climatización en la próxima década.

Esta transición supone paradójicamente engordar el problema, según los expertos, ya que estos aparatos contribuyen a incrementar el efecto isla de calor de las ciudades debido a que el compresor expulsa aire caliente fuera del edificio. También supone un fuerte incremento del consumo eléctrico que en muchos países debe ser compensado con mayor generación con gas natural o carbón, acelerando el cambio climático, que es, a su vez, el origen del problema.

"Es una dicotomía, desde luego", resume Ana Terra, investigadora del Basque Centre for Climate Change. "Es imprescindible para proteger a la población vulnerable y debería estar en colegios, residencias y hospitales, es una cuestión de supervivencia. Pero también son una fuente de calor dentro de las ciudades y de emisiones de CO2", añade. Según su opinión, no es factible que todos los hogares tengan aire acondicionado porque sería contraproducente, sino que hay que a gran escala habría que apostar por soluciones más sostenibles.

Sin embargo, las opciones que dan la arquitectura o los expertos en eficiencia energética para afrontar las canículas deben implementarse a gran escala, con ayudas públicas y mediante planes de actuación escalonados. En los últimos cinco años, los proyectos de rehabilitación de edificios han demostrado que prácticamente nadie tiene intención de aventurarse a realizar estas reformas millonarias, y cuando se ha intentado, ha habido cuellos de botella porque la mano de obra es limitada.

Nazaret Ruiz, profesora del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Cádiz, también opina que hace falta apostar por planes alternativos al aire acondicionado para evitar engordar el problema todavía más. "Los edificios ya consumen el 40% de la energía global y producen el 30% de las emisiones. Tenemos un objetivo de cero emisiones en 2050, ¿cómo pensamos cumplirlo con más aire acondicionado?", cuestiona la experta.

En su caso, propone una construcción inteligente sacando provecho a la orientación para evitar el sol directo en las horas centrales, maximizar la vegetación urbana, instalar toldos –mejor que persianas– para que la luz no llegue a la fachada y utilizar ventiladores de bajo consumo cuando sea necesario. "Pero si llega el calor y todo esto no se ha contemplado, cada uno mira para sí mismo y termina tirando del aire acondicionado", resume Ruiz.

Los problemas asociados a la refrigeración, sin embargo, no parece que vayan a frenar el crecimiento astronómico de estos aparatos en el mundo. La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) equipara el aire acondicionado con los coches eléctricos, los electrodomésticos o los centros de datos como los principales responsables del crecimiento de la demanda eléctrica global.

Si bien es cierto, será en los países en desarrollo donde más se instalarán simplemente por el crecimiento económico de estas regiones, donde la población se acomodará, pero el cambio climático será responsable de 170 gigavatios (GW) de demanda extra en refrigeración, y en los años más cálidos habrá un consumo añadido de 270 GW. "Estos aumentos acumulados elevarían la demanda máxima [eléctrica global] en más de un 15% para 2035 con respecto al nivel actual", calcula la IEA en su informe anual de 2025.

Este consumo añadido, unido al calor sofocante de los veranos actuales, golpeará también por diferentes frentes a las redes eléctricas, con el consiguiente encarecimiento de la luz para los consumidores, como subraya José Pablo Chaves, investigador energético de la Universidad Pontificia Comillas.

Por una parte, el propio aumento de la demanda energética provoca que más plantas de generación tengan que ponerse en marcha, instalaciones menos eficientes y más contaminantes que venden su electricidad más cara. Mientras que las mayores temperaturas provocan averías en la red y pueden inhabilitar centrales nucleares, como ocurrió la semana pasada en Francia, contribuyendo también al encarecimiento de la luz.

"El incremento de la dependencia del aire acondicionado supone y supondrá un encarecimiento de la energía generalizado. Aunque hay países con energías renovables con ventaja, como España, donde el incremento del consumo de luz coincide con las horas centrales del día, que es cuando más energía renovable se produce, de manera que ambas situaciones se acoplan y el impacto se reduce. Otros países, sin embargo, tienen que tirar de gas para compensar la situación", opina Chaves.

Este problema sobre los precios no es un escenario futuro, sino que se reconoce claramente esta semana observando los precios de la electricidad en Europa. La ola de calor se ha desplazado al centro del continente y golpea en este momento Alemania, donde el coste de la luz en el mercado mayorista marcó este lunes, a las 17:15 horas, 693,47 euros/MWh y, en Bélgica, 946,29 euros/MWh. En ese momento, la luz en España y Portugal costaba 128,08 euros/MWh.

Un verano más, las temperaturas del mar Mediterráneo vuelven a situarse en niveles inimaginables hace solo dos décadas. Si 2024 y 2025 fueron los dos años más cálidos jamás registrados en estas aguas, 2026 apunta de nuevo a cifras récord. Este domingo se ha registrado una anomalía térmica de 8 ºC en el sur de Francia, junto al Golfo de León, una cifra que ha desbordado los mapas de calor que monitorizan la situación.

El desfase ha sido visible, por ejemplo, en las cartografías del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). En ellas se observa cómo se le ha asignado el color blanco al punto más cálido de la región porque la escala cromática terminaba en una anomalía de +8 ºC, una cifra que no se esperaba superar cuando se ideó el sistema.

Francisco Pastor, investigador del Área de Meteorología y Climatología y especialista en olas de calor marinas del CEAM, ratifica que la anomalía ha dejado atónitos incluso aquienes llevan varios años monitorizando el Mediterráneo y han visto cómo se superan récords uno detrás de otro. "Es algo que yo creo que nunca habíamos visto, desde luego yo no lo había visto. Es la primera vez que un dato se sale de nuestra escala de colores", afirma.

Este punto del mar, situado a unos 200 kilómetros al este de la costa de Girona, no es el más cálido del Mediterráneo occidental –el termómetro marca allí alrededor de 26 ºC–, pero sí es el que registra la mayor diferencia entre la temperatura superficial del agua y la media del periodo 1991-2020. En la costa oriental de Italia, el agua está algo más caliente, a unos 28 ºC, mientras que la costa levantina española se mueve entre los 22 ºC del sur y los 26 ºC de la Comunitat Valenciana y Cataluña.

Otro de los mapas de anomalías de temperatura marítima que ha quedado totalmente desfasado es el del Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (Icatmar), que publica diariamente una completa cartografía sobre el estado del Mediterráneo. Su paleta de colores de anomalía térmica va desde los -5 ºC a los + 5ºC, una horquilla que se ha quedado corta para medir este episodio. Como se ve a continuación, el mapa muestra una gran mancha roja triangular que abarca todo el Mediterráneo noroccidental. 

Francisco Pastor explica que esta ola de calor marítima está estrechamente relacionada con la ola de calor atmosférica que sufrió el sur y el centro de Europa la semana pasada, y ambas se retroalimentan. "Una ola de calor marina se intensifica por la ola de calor atmosférica, y viceversa. En la costa, cuando tienes un mar tan caliente, las brisas del Mediterraneo se debilitan porque estas surgen por la diferencia entre la temperatura del mar y del aire, pero la diferencia es menor en estas circunstancias", opina el experto.

Las consecuencias de tener un mar tan caliente podrían sentirse el próximo otoño, cuando comience la temida temporada de danas en España, que suelen castigar especialmente a la costa valenciana. "Se está acumulando mucho calor y energía en las capas superficiales y profundas del mar. Eso no garantiza una lluvia torrencial, pero si se dan otros factores como la inestabilidad atmosférica, sí tendremos unas tormentas más intensas. Es como echar más combustible a la tormenta", añade el investigador del CEAM.

Es difícil de creer, pero los bomberos forestales son probablemente uno de los colectivos más precarizados en España, pese a tratarse de una profesión de alto riesgo y la última línea de defensa de los municipios rurales amenazados por el fuego. "¿Cuánto tiempo tienes?" es la respuesta habitual cuando se les pregunta por las condiciones en las que trabajan, con situaciones a cada cual más surrealista.

A este panorama hay que añadir los problemas de fondo que sufren desde hace décadas: sueldos irrisorios que rozan el salario mínimo, una categoría profesional no reconocida que impide saber siquiera cuántos bomberos hay en España, enfermedades profesionales no reconocidas pese a que están expuestos al 90% de las que aparecen en la ley, turnos en los que no saben cuántas horas van a trabajar y complementos de peligrosidad o nocturnidad que a menudo no se pagan.

Estos problemas no se dan en todas las regiones ni en todos los cuerpos, pero sí afectan a buena parte de los bomberos de Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y otras comunidades. La responsabilidad de estos abusos es mayoritariamente de los gobiernos autonómicos, aunque el Ministerio de Trabajo tiene tareas pendientes en la regulación de tiempos de trabajo, la prevención de riesgos laborales y el reconocimiento de enfermedades profesionales. 

Este lunes, los bomberos forestales se manifestarán en Madrid para denunciar este cóctel de abusos. A continuación se recogen cuatro testimonios de bomberos forestales, todos ellos sindicalistas, sobre cómo es su día a día.

Andoni Corrales, bombero forestal en Borja (Zaragoza), pasa su jornada en un antiguo silo de grano junto a su cuadrilla, esperando a que llegue un aviso por incendio. Las condiciones que describe son tercermundistas. "Tenemos una colonia de palomas en el tejado que lo llenan todo de cacas y también se meten ratas. Pero tenemos suerte de tener agua corriente y luz, porque otras cuadrillas de por aquí ni eso", afirma. En su primera semana, Corrales sufrió una fuerte infección que le dejó ingresado en el hospital y que atribuyeron a los excrementos de paloma.

Aun así, no es ni mucho menos la cuadrilla más precaria de su zona. En Tarazona no tienen agua corriente ni luz. "Imagínate cuando terminan una extinción de madrugada, se tienen que cambiar en la calle poniendo las luces del coche", añade Corrales. Y todavía peor es en Mesones de Isuela, donde la oficina es el campo de al lado del pueblo. "El punto de encuentro es la plaza del pueblo, y de ahí se van a la chopera. Si tienen que hacer un curso, lo dan ahí, al aire libre".

Casos como estos no son excepcionales. En zonas rurales de todo el país es habitual que los bomberos forestales que están de guardia pasen jornadas de diez horas en casetas sin electricidad ni agua potable, y mucho menos aire acondicionado. Además de incumplir las normas mínimas de salubridad, estas condiciones ponen en riesgo su salud porque tienen que lavarse y ducharse en casa, exponiéndose ellos y sus familiares al hollín y al cóctel de elementos cancerígenos que quedan adheridos a los EPI después de una intervención. En el caso de Borja, ni siquiera tienen váter y cuando necesitan ir al baño, van al campo.

Gloria Sánchez, bombera en el dispositivo de Castilla-La Mancha, señala que en su comunidad las vacantes de extinción que se abren en verano para la campaña de alto riesgo se cubren llamando a desempleados inscritos en la lista de empleo autonómica. Muchos de los aspirantes nunca han estado en un incendio.

"Con la precariedad de contratos que tenemos en GEACAM [la empresa pública de medio ambiente] se termina cogiendo a gente del SEPE y se les da un curso de extinción de incendios forestales", explica la bombera. "Por ejemplo, el año pasado dirigí una cuadrilla y tenía a un chico que entró por esta vía que no podía subirse al camión si yo no estaba, porque necesitaba vigilancia continua", añade.

Esto ocurre porque los sueldos tan bajos –a veces rozando el salario mínimo– que no hay candidatos para cubrir las plazas, a lo que se suma el requisito de vivir a 100 kilómetros del punto de reunión, lo que limita todavía más las contrataciones. En todo caso, no es una situación exclusiva de Castilla-La Mancha, sino que bomberos de otras comunidades autónomas han denunciado casos similares porque ponen en riesgo la vida de esa persona y del resto de compañeros.

Diego Fernández de Valderrama, bombero de Castilla y León destinado en Segovia, destaca otro de las quejas habituales, las de los vigilantes de incendios, que pasan toda su jornada en una torre que a menudo no tiene agua ni electricidad, y mucho menos aire acondicionado. En verano, esa salita acristalada alcanza fácilmente los 38ºC, y en invierno, puede bajar hasta los 8ºC.

"En La Pinilla se accede al puesto con una escalera de metal que no cumple con las exigencias de seguridad. Una vez arriba te pasas diez horas en una caja de cristal que solo tiene un estor para protegerte del sol", cuenta el forestal. 

"El dispositivo en Castilla y León es un desastre por todos los lados", sostiene Fernández, que recuerda que el puesto de vigilancia más importante de toda la comunidad, el de Sotillos de Sabero, que puede avistar incendios desde los Picos de Europa hasta Valladolid, lleva siete meses cerrado porque se cayó el techo y la Junta todavía no lo ha reparado. 

Alfonso Ferrero, bombero forestal de la Comunidad de Madrid contratado como personal laboral, comenta que este grupo, que es una minoría dentro del dispositivo regional, está indefinidamente sin trabajo y pasa el día en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, sin funciones.

Después de que la Comunidad de Madrid rompiese esta primavera las negociaciones para reconocer la categoría profesional de estos bomberos (clasificados formalmente en las categorías profesionales de conductores de taxi y técnicos de mantenimiento, aunque ejercen como bomberos forestales), este grupo de unos 30 efectivos rechazó acudir a sus retenes –sus puestos de avanzada– en señal de protesta y se mudaron a la sede de Las Rozas para trabajar desde allí. Sin embargo, como el Gobierno regional no les proporciona vehículos para acudir a los incendios, llevan un mes pasando allí sus guardias sin trabajo.

"En nuestros contratos pone que nuestro centro de trabajo es la Dirección de Emergencias, así que aquí venimos para que nos manden a donde haga falta, pero no nos dan medios para salir, así que aquí pasamos el día", cuenta Ferrero. También denuncia que las máscaras con las que trabajan llevan caducadas desde 2023 y que la comunidad no contabiliza los ciclos de lavado de sus trajes EPI, por lo que no hay manera de saber si también han caducado.

El único visor nacional online para consultar la contaminación atmosférica en España lleva caído desde el 2 de febrero y por ahora no tiene fecha de regreso. Un ciberataque al servidor dejó fuera de servicio la aplicación de Calidad del Aire del Ministerio de Transición Ecológica y, casi cinco meses después, la herramienta sigue sin estar operativa. Ecologistas en Acción denuncia que esta caída ha provocado un "vacío informativo" sin precedentes que deja desprotegidas a personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, vulnerables a los picos de polución.

No ha dejado de medirse la contaminación; lo que ha dejado de existir es una ventana única para verla. Las estaciones autonómicas y municipales siguen registrando datos y estos continúan almacenándose y remitiéndose a la Comisión Europea, pero el ciudadano ya no puede consultarlos en un mapa estatal común. Desde febrero, quien quiera conocer la situación debe acudir por separado a los portales de comunidades autónomas y ayuntamientos, cada uno con formatos, indicadores y criterios de visualización distintos.

El ejemplo más reciente ha ocurrido esta misma semana, coincidiendo con la ola de calor. Está ampliamente demostrado que los episodios de calor extremo van acompañados de niveles muy altos de contaminación por ozono, un gas relacionado directamente con la radiación solar y uno de los contaminantes más agresivos para la salud. Los registros de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos muestran que esta semana ha habido concentraciones de riesgo en la península pero, como el portal oficial está caído, este problema ha pasado desapercibido. 

Miguel Ángel Ceballos, encargado de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, insiste en que es “inaceptable” que casi cinco meses después todavía no se haya solventado. "Es una situación totalmente negligente porque deja desasistidas a millones de personas vulnerables a la contaminación que ya no pueden acceder de manera fácil y visual a esta información", denuncia.

La ONG ha trasladado varios avisos al ministerio y su respuesta siempre es que la reparación del sistema es inminente. Transición Ecológica ha confirmado a infoLibre que están trabajando para solucionarlo, aunque precisa que el hackeo no afectó a sus sistemas, sino a los servidores del Ministerio de Agricultura, donde está alojada la información. La avería, según el departamento, es limitada porque los datos históricos no se han perdido, cada día se siguen almacenando las nuevas mediciones y se envían a la Comisión Europea. El problema es que no se muestran en la web.

Es cierto que la información no es completamente inaccesible porque las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos –quienes tienen las competencias sobre la calidad del aire– tienen sus propios portales online de contaminación. Pero cada administración muestra los datos a su manera y es realmente difícil obtener una visión general de la situación en España. Lo que es imposible ahora es acceder a los datos concretos de todas las estaciones de medición del país, como sí se podía hasta el 2 de febrero. 

Muchas autonomías, como Andalucía, País Vasco o Comunidad de Madrid, utilizan un mapa de avisos de polución mediante una paleta semáforo que resume la situación general a partir de una media calculada con todos los gases y partículas analizados. Sin embargo, este formato está completamente obsoleto científicamente, según los expertos. El caso más sangrante es el de Extremadura, que tiene el portal AireExtremadura caído al menos desde hace un año.

La mayoría de regiones y algunos ayuntamientos permiten la posibilidad de descargar los datos de cada estación por día o por horas, pero hacerlo a gran escala para construir un mapa nacional supone un trabajo inasumible. "Si para nosotros, que llevamos haciéndolo años, es imposible, imagínate para el ciudadano medio", opina Ceballos. De hecho, este es el primer verano que Ecologistas en Acción deja de monitorizar los niveles de ozono en España y de avisar de las superaciones peligrosas por este problema.

Aunque la información disponible ahora es limitada, hay evidencias de que en los últimos días se han superado niveles de ozono peligrosos, como suele ocurrir durante una ola de calor. También se registró un episodio similar de ozono elevado a finales de mayo, coincidiendo con otro pico en los termómetros. 

Por ejemplo, en la red de Cataluña ya se ha superado el umbral de información a la población por ozono en 40 ocasiones este año, lo que supone superar los 180 µg/m3 por hora. También hay evidencias de niveles muy altos de ozono estos días en estaciones de País Vasco, Comunidad de Madrid o Comunitat Valenciana, pero hace falta procesar las mediciones para conocer su media octohoraria, la que se usa como referencia en la directiva europea de Calidad del Aire.

El ozono es considerado el contaminante atmosférico del verano porque se dispara entre los meses de abril y septiembre. No lo generan los coches o las chimeneas de las fábricas, sino que se produce por la interacción de otros contaminantes, llamados precursores, con la luz solar. Por eso, su presencia se multiplica durante los días de más calor.

Como el ozono es altamente oxidante, a corto plazo genera irritación e inflamación en los pulmones y los ojos, incrementa el estrés y la ansiedad y puede agravar otras enfermedades previas. A largo plazo, puede producir problemas crónicos en el sistema respiratorio, cardiovascular y endocrino. La Agencia Europea de Medioambiente atribuye al ozono 6.527 muertes en España en 2023.

Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) especializado en salud y cambio climático, advierte de que durante las olas de calor hay que estar muy pendientes también de la contaminación atmosférica, y recuerda que estos gases y partículas son responsables del 18% de la mortalidad adicional que se produce en los días más calurosos del verano.

"Cuando hay una ola de calor no solo suben las temperaturas, también el dióxido de nitrógeno (NO2), las micropartículas (PM10 y PM2,5) y el ozono. Y tanto el calor como la contaminación golpean a los mismos grupos vulnerables. Sin embargo, solo vemos consejos enfocados al calor, como hidratarse o buscar la sombra, pero no se habla de usar mascarillas ni de limitar el tráfico", explica..

Venezuela se encuentra en una zona de gran actividad sísmica y su historia reciente incluye episodios como el terremoto de 1967, que dejó 240 muertos en Caracas y sus alrededores. Sin embargo, cuando este miércoles la tierra tembló con violencia en el noroeste del país, decenas de edificios se vinieron abajo y causaron la muerte de al menos 235 personas ―aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que el número final de víctimas puede contarse por decenas de miles―. Minutos antes, un terremoto algo menos intenso en Japón, país conocido por su arquitectura sismorresistente, no registró víctimas.

La clave de la enorme destrucción registrada en Venezuela está en la precariedad de una parte de las construcciones, que no estaban preparadas para esa sacudida, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). "En general, la población de esta región reside en estructuras vulnerables a los sismos, aunque también existen construcciones resistentes. Los tipos de edificios más vulnerables son los de mampostería no reforzada a base de ladrillo o de bloques de adobe".

Sin embargo, la revisión de las imágenes que llegan desde allí demuestra que la vulnerabilidad arquitectónica del país es mucho más profunda. Luca Pelá, catedrático de Ingeniería de Caminos en la Universitat Politècnica de Catalunya, afirma que los vídeos muestran bloques de apartamentos de hormigón armado totalmente derruidos, cuando deberían haber aguantado. 

"Son imágenes que frustran porque se ven fallos evidentes por falta de un correcto diseño sismorresistente y por una ejecución inadecuada. Como investigador es triste ver que hay avances para haber protegido estas viviendas", asegura este experto en seguridad sísmica en edificios.

Uno de los ejemplos que se pueden ver en fotografías tomadas en Caracas y alrededores son escombros de viviendas que han quedado apilados, planta sobre planta, el conocido como colapso pancake. Según describe el profesor, este derrumbe se produce porque las columnas no están diseñadas para soportar la energía de un seísmo y van cediendo una detrás de otra. "Esto no es una cuestión material y se podría solucionar con refuerzos, pero esto tiene un coste y por la situación económica de Venezuela, no se ha hecho", añade Pelá.

En cuanto a los edificios de mampostería, que consisten en piedras apiladas y pegadas con un conglomerado, su capacidad para soportar una sacudida es mínima, ya sean de ladrillo o de adobe, según Eugenia del Río, secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

"La mampostería de ladrillo suele ser muy rígida y dudo que pueda absorber la energía. Si es de adobe está hecho de una mezcla de barro y paja y eso le da más elasticidad, pero en absoluto está preparado para un terremoto", opina la arquitecta.

Pese a la abundancia de construcciones endebles, Venezuela tiene una normativa exigente de arquitectura sísmica que comenzó tras el trágico episodio de los años 60 y los numerosos avisos que ha habido desde entonces. En los 250 kilómetros que rodean al sismo de este miércoles se han producido siete sismos de magnitud 6 o superior en el último siglo. El último fue en septiembre de 2025, con dos sacudidas seguidas de magnitud 6,2 y 6,3. El doble seísmo de este miércoles fue todavía mayor, de 7,2 y 7,5.

Esta virulencia se debe a que la costa de Venezuela se encuentra en la unión de la placa tectónica de Sudamérica y la del Caribe, además de que la capital, Caracas, se levanta sobre una capa de sedimento que amplifica la intensidad de los seísmos.

En 2001 se aprobó la norma de Construcciones Sismorresistentes del país y en 2019 fue actualizada, pero en un país que lleva 15 años sumido en una profunda crisis económica es habitual la construcción informal al margen de los reglamentos con materiales de mala calidad.

Un artículo de la Fundación Instituto de Ingeniería, publicado en 2025, abordaba precisamente el problema de la edificación fuera de la ley: "Actualmente la situación de las construcciones en Venezuela, con respecto al cumplimiento de las normas de sismorresistencia, es realmente inquietante". Según añadían, la falta de supervisión y los errores de diseño provocaban que muchas viviendas eran "propensas a colapsar o sufrir graves daños durante un sismo". Esta imagen acompañaba ese comentario:

Algunos de los edificios derruidos o gravemente dañados que se ven en vídeos que circulan en internet son también construcciones de gran altura, y algunos superan las diez plantas. Este es otro factor que multiplica el riesgo de derrumbe de una estructura, ya que dificulta que la estructura pueda recomponerse tras la sacudida.

Arianna Guardiola, experta en Estructuras de la Universidad Politécnica de València, explica que cuantas más alturas tiene un bloque, mayor es la oscilación que sufre por el terremoto, lo que da lugar a dos problemas. Por un lado, aumenta la deformación de la estructura y esta puede colapsar si los materiales y el diseño son rígidos. Y por otro, puede desviar tanto el centro de gravedad del edificio que este termine cediendo y derrumbándose.