En las últimas décadas, la cultura ha defendido, en mayor o menor medida, las causas sociales. Los grandes eventos mundiales, de cine o música, se han posicionado contra el racismo, el machismo o el cambio climático. Pero algo está cambiando.

El genocidio en Gaza y, sobre todo, el poder de Israel en la industria han cambiado las reglas de la reivindicación. Edu Galán, escritor, guionista y crítico cultural, explica a infoLibre que "para hacer un gran evento se necesita mucho dinero y si se dice que hay un genocidio en Gaza, que lo hay [remarca], algunas marcas dejan de apoyar el producto". También se suma a esta idea María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), que, en declaraciones a este medio, destaca el "gran poder de las comunidades judías".

La Berlinale, el gran festival de cine de la capital germana, es uno de los exponentes de este cambio de posicionamiento. En la 76ª edición de este evento, la polémica con los ataques israelíes en la Franja de Gaza continúa después de la finalización del mismo. 

Hace apenas unos días desde que el presidente del jurado internacional del festival, Wim Wender, expresó que el cine se tiene que mantener al margen de la política. En este sentido también se posicionó la directora del festival, Tricia Tuttle, que aseguró que, aunque la crítica y alzar la voz forman parte de la democracia, la Berlinale “no puede resolver los conflictos del mundo".

Esta situación no es solo cosa del festival berlinés, es un problema que atraviesa a toda la sociedad alemana. El recuerdo de los campos de concentración y el exterminio judío en el Tercer Reich los ha posicionado históricamente del lado de Israel. Incluso en los movimientos de izquierdas, que en otros países reconocen el derecho de Palestina a ser una nación. Incluso Los Verdes, en la órbita ideológica de Sumar en España, apoya públicamente la defensa del Estado de Israel.

La propia Tricia Tuttle fue cuestionada por el Gobierno tras las críticas de algunos ganadores de la gala contra la postura del Ejecutivo conservador de Friedrich Merz. El ministro de Medio Ambiente, el único miembro del gabinete que fue a la Berlinale, abandonó el acto tras las palabras del cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, que acusó al Gobierno alemán de ser "cómplice del genocidio en Gaza por parte de Israel". El ministro expresó su rechazo a las palabras y las consideró una "amenaza implícita" a su equipo.

Guerra entiende esta posición alemana como un "dolor histórico". "Alemania es un país donde es tabú hablar de temas relacionados con Israel", recuerda. "La libertad de expresión en Occidente está en una zona roja", asegura convincente.

En los últimos premios BAFTA, los premios del cine británico celebrados en Londres, también hubo polémica respecto al genocidio en Gaza. La organización de la gala censuró una parte del discurso de Akinola Davies Jr., ganador a mejor director, guionista o productor británico novel, en el que decía “Free Palestine”. De los dos minutos y medio que duró el discurso de Davies Jr. solamente uno fue mostrado finalmente. Según la BBC, organizadora del evento, se debió a una restricción de tiempo. 

Más allá de esta censura por parte de la cadena británica, en los mismos premios sí se escucharon gritos racistas contra dos actores negros que no quitaron de la emisión final.

"Es una torpeza monumental prohibir y censurar, pero hay que recordar que Reino Unido ha detenido a muchos manifestantes propalestinos", recuerda la presidenta de la AICE, María Guerra. 

Los Premios Goya, celebrados en Barcelona en esta última edición y que coronaron a Los Domingos y a su directora, Alauda Ruíz de Azúa, son el antagonista de la Berlinale en cuanto a la reivindicación social se refiere. Año tras año, los actores que pasan a recoger los galardones hacen ver cuáles son los problemas en España y en la sociedad internacional. 

En la gala de este 2026, los temas más repetidos fueron los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel a Irán solamente unas hora antes del evento y las muestras de solidaridad con el pueblo palestino –la mayoría de galardonados subieron a por el premio con una chapa que exclamaba “Free Palestine”.

¿Por qué en España sí se defienden estas causas, pero en el mundo no? Galán lo achaca a la diferencia de dinero que mueve la industria española respecto a la de otros países. "En España no hay una industria de tanto presupuesto como ocurre en el resto del mundo. 'Quien no tiene nada, no tiene nada que perder', decía Dylan", asegura Galán.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel que han causado la muerte del líder supremo del país, Ali Jameneí, Irán avisa a ambos países de que los golpearán con una fuerza sin precedentes. Así lo ha expresado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, en sus redes sociales.

"Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel y causaron daño. Hoy los golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado", advirtió el funcionario en un mensaje difundido en X en medio de nuevos ataques cruzados en Teherán, Tel Aviv y en varios países de Medio Oriente.

Horas antes, Larijani había adelantado, en declaraciones a la televisión estatal, que devolverían el golpe por la muerte del líder supremo, que rigió el curso de la República Islámica los últimos 36 años. "Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", advirtió.

"Estos mártires fortalecen la resistencia del pueblo. Nuestra nación posee una conciencia innata y, Dios mediante, superará esta etapa con orgullo", sostuvo el funcionario, tras recordar que el pueblo persa ha enfrentado sucesos peores a lo largo de la historia y ha prevalecido sobre invasores.

A su juicio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es un símbolo perfecto" del "saqueo colonialista" que, alertó, usa engaños para convencer a los pueblos.

Las fuerzas militares de Irán ya han comenzado a lanzar misiles. En una localidad cercana a la capital de Israel, Jerusalén, han muerto nueve personas, según la Policía israelí. El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, son 10 los muertos por impactos de misiles en Israel, por los más de 200 fallecidos en Irán.

Debido a otro de los ataques, cuatro misiles balísticos alcanzaron el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica recogido por la agencia oficial Irna.

Estados Unidos e Israel lanzaron en la madrugada del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que fue respondido con un lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Tras días de tensión, en los que hubo varias rondas de negociación en Ginebra—con progreso, pero sin acuerdos—, la incursión estadounidense en Irán era inminente. La ofensiva fue lanzada de forma conjunta entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel a las 8:15 de la mañana, hora de Israel.

Estos primeros ataques de fuerzas estadounidenses e israelíes han dejado 148 niñas y niños muertos en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán, según las autoridades locales. El ministerio de Educación de Irán confirmó esta cifra como consecuencia del "salvaje" ataque israelí contra un colegio de primaria de niñas en la ciudad de Minab. Otras 48 estarían heridas.

Tras los ataques, que produjeron explosiones en Teherán y en otras ciudades del país, el ejército israelí señaló que la ofensiva se había producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen". En uno de estos ataques de EEUU fallecieron al menos tres militares estadounidenses fallecieron y otros cinco resultaron gravemente heridos.

Anteriormente, tras denunciar una violación de su integridad territorial y soberanía nacional por los primeros ataques, Irán contraatacó contra bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait alegando el derecho legítimo a responder.

"Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por la agencia iraní Mehr.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores del país afirmó que la respuesta a estas agresiones “es un derecho legítimo e indiscutible de Irán, y las Fuerzas Armadas de la República Islámica ejercerán este derecho con determinación para defender la seguridad y los intereses nacionales”.

Las fuerzas iraníes también atacaron territorio de Israel. Lo anunció la Guardia Revolucionaria del país persa en un comunicado en el que expresaron que como "respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados".

Tras estos ataques, las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén, donde también se vieron interceptaciones de misiles en el cielo y se escucharon explosiones durante minutos. "Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", indicó el Ejército israelí en un comunicado.

Los líderes de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, respectivamente, se dieron las gracias y difundieron mensajes en las redes sociales.

El norteamericano anunció una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

Donald Trump confirmó que Estados Unidos había lanzado un gran ataque contra Irán. El presidente estadounidense, en un vídeo de ocho minutos, comunicó que el país había iniciado operaciones de combate contra Teherán: "El ejército de Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta muy malvada dictadura radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional".

En ese mensaje, Trump defendió que esta operación es la consecuencia de "47 años" de "una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, atacando a Estados Unidos". Según el presidente de EEUU, el "objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles". Para ello, sostuvo que lo que busca con esta campaña militar es asegurar que Irán "nunca tendrá un arma nuclear".

El líder de Israel, Benjamin Netanyahu, también habló en un vídeo. "Os llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación "el Rugido del León", requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza", dijo el mandatario sobre los recientes ataques de su país a Irán.

"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", aseguró para continuar hablando de cómo será una Irán "en paz": "ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre".

Una vez más, la respuesta del resto de países no fue conjunta. Mientras España, por medio del presidente del Gobierno y varios de los ministros, condenó y rechazó enérgicamente la "acción unilateral" de EEUU e Israel contra el país persa, otros mandatarios, como la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, asumen el ataque y se quedan en la "grave amenaza" que supone el régimen iraní.

En redes sociales, el líder del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, aseguró que los misiles de Estados Unidos e Israel contribuyen "a un orden internacional más incierto y hostil" y pidió "desescalada y diálogo".

Otro de los que se posicionó por parte del Gobierno español fue el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. También a través de un mensaje por redes sociales señaló que "la violencia solo trae caos".

Este análisis del Ejecutivo español no ha tenido continuidad en el resto de gobiernos europeos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió una reunión urgente de la ONU ante una "escalada actual peligrosa para todos", mientras que el británico Keir Starmer evitó pronunciarse sobre el ataque de EEUU e Israel, pero sí tuvo tiempo para condenar los contraataques iraníes.

Tanto Francia como Reino Unido, y también Alemania aseguraron no haber participado en los ataques, aunque continúan en "contacto estrecho" con sus socios, incluidos EEUU e Israel. Los tres países, que forman el bloque E3, pidieron a Teherán volver a las negociaciones y abstenerse de ataques indiscriminados.

"No participamos en estos ataques, pero estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y socios de la región. Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida civil", indicaron en un comunicado conjunto, firmado por sus respectivos líderes.

El canciller alemán, Friedrich Merz, salió en defensa de la acción militar lanzada por EEUU e Israel contra Irán, dijo que "no es momento de dar lecciones a los aliados" y aseguró que comparte la alegría de muchos iraníes de que el régimen de los ayatolás esté llegando a su fin.

Aunque comparten sistema económico, organizaciones internacionales de todo tipo y en muchas ocasiones hasta un idioma, Europa y Estados Unidos siguen siendo dos sociedades con tradiciones políticas, estructuras sociales y culturas públicas notablemente distintas. 

El caso Epstein así lo demuestra. Mientras que en el viejo continente se sucede una dimisión tras otra si sale a la luz que algún alto cargo político ha estado involucrado en algún tipo de negocio con el pederasta, al otro lado del Atlántico, Donald Trump sigue siendo presidente de su país a pesar de conocerse, desde hace tiempo, que en un pasado fue amigo íntimo de Jeffrey Epstein. Su relación fue estrecha en la década de los 90 y a principios de los 2000. En un juicio de un asociado del pederasta se ofrecieron registros de que el actual presidente norteamericano había viajado en numerosas ocasiones en el avión privado de Epstein.

¿Por qué existe esta diferencia tan grande? Diego López Garrido, exsecretario de Estado para la Unión Europea y director de la Fundación Alternativas, tiene claro que en Europa “se lo toman mucho más en serio” que en el país americano y, en conversación con infoLibre, expone una de las razones: "Trump puso barreras que dificultan la investigación sobre él mismo. En Europa no existen estas barreras". Para López Garrido, los papeles revelados por el Departamento de Justicia de EEUU “han adquirido una categoría global”.

La realidad es que, en lo que respecta a este asunto, en el entorno de Trump reina la paz. No parece importarle que el movimiento MAGA (Make America Great Again), la idea xenófoba con la que llegó a la presidencia en 2016, le dé ahora la espalda por despreciar los papeles de Epstein. Y ha pasado página de los cruces de insultos y reproches entre Trump y Marjorie Taylor Greene, una de las grandes aliadas republicanas del movimiento, por no tratar estos nuevos archivos con la insistencia que había prometido durante la campaña electoral de las últimas elecciones de 2024.

Su Administración ha tenido que desvelar miles de documentos relacionados con la investigación sobre Epstein, en los que se cita a Trump, para cumplir una ley forzada por los demócratas y aprobada casi por unanimidad en el Congreso estadounidense. Pero el líder norteamericano continúa a lo suyo y no tiene intención de dar explicaciones sobre sus vínculos con el pederasta.

Esta manera de hacer frente a una crisis puede resultar extraña en Europa, pero en EEUU es una forma de actuar que viene de lejos. Jaime Caro, experto en alt-right e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, explica a infoLibre que todo está relacionado con la “conspiranoia” que envuelve a la sociedad estadounidense. “En EEUU hay una base cultural sobre las conspiranoias. Les encantan”, asegura Caro citando el conocido ejemplo del asesinato de Kennedy y el misterio que lo rodea. 

Estaríamos, por tanto, ante una cultura política en la que los escándalos se leen como parte de grandes tramas ocultas, lo que facilita que casos como el de Epstein se conviertan en terreno fértil para teorías de encubrimiento masivo, redes secretas y luchas entre élites. Y las responsabilidades quedan diluidas en medio de tanta conspiranoia. El caso Epstein incluye elementos que alimentan fácilmente ese imaginario: un millonario con conexiones con políticos, empresarios y celebridades; una red de abusos sexuales a menores; documentos judiciales parcialmente desclasificados; y una muerte en prisión oficialmente declarada como suicidio pero rodeada de irregularidades.

El investigador reconoce que esta sensación se ha venido haciendo más grande desde la entrada en el tablero de actores como el movimiento MAGA y polémicas como el Pizzagate, una teoría que venía a decir que el Partido Demócrata estaba conectado con una red de tráfico de personas y abuso sexual infantil. Todo esto ocurrió pocos meses antes de las elecciones presidenciales de 2016, las primeras que ganó Donald Trump.

Caro también alerta sobre la llegada de este pensamiento a España. El impacto de la ultraderecha, de la alt-right, “se está empezando a ver en España con algunos programas de televisión como Horizonte o Cuarto Milenio, de Iker Jiménez”. El experto insiste en lo peligroso de este discurso e identifica muchas similitudes entre lo que expone Jiménez actualmente en sus programas con “los marcos de la ultraderecha estadounidense de 2017 a 2018”, que ya hablaban del Caso Epstein y trataban temas como las vacunas o el cambio climático desde el punto de vista negacionista.

No estaba siendo el mejor momento de Keir Starmer políticamente y el caso Epstein aún lo ha hundido más. Tras varios meses a la deriva –ganó las elecciones en julio de 2024 con un 34% de apoyo y ahora apenas sumaría un 19% y podría ser hasta cuarta fuerza según las últimas encuestas–, el Gobierno laborista británico ha sufrido un revés más. 

Tres personas cercanas al primer ministro han dimitido o sido destituidas tras conocerse sus vínculos con Jeffrey Epstein. Chris Wormald, secretario de gabinete del primer ministro británico; Morgan McSweeney, principal asesor de Starmer; y Peter Mandelson, exministro laborista.

Tras estas salidas, el líder de los laboristas en Escocia, Anas Sarwar, ha ido un poco más allá y ha pedido también la dimisión del propio Keir Starmer. Esta iniciativa se puede leer en clave electoral, ya que los escoceses deberán votar el próximo 7 de mayo en los comicios parlamentarios y la previsión indica que el partido de Sarwar no mejorará su ya escaso 18% obtenido en 2021, cuando se celebraron las últimas elecciones para el Parlamento de Escocia.

Quien va a recoger el voto protesta de los laboristas es el Reform UK, de Nigel Farage. “Un partido populista en la estrategia, que nunca ha gobernado y que utiliza el discurso antielitista de la ultraderecha”, asegura Jaime Caro. Un partido que copia los patrones políticos de Donald Trump y que recibirá votos tras destaparse que políticos laboristas se juntaban con Epstein, íntimo amigo del líder estadounidense.

También en Reino Unido, el escándalo ha llegado hasta el órgano más poderoso del país: la familia real británica. El expríncipe Andrés, hermano del actual rey Carlos III, fue detenido esta semana durante más de 11 horas por la policía por facilitar al pederasta americano documentos sensibles cuando el expríncipe era enviado especial del Reino. 

Ya en los últimos meses se habían filtrado fotografías de Andrés con mujeres y mensajes con el empresario sobre “enviar” a jóvenes a pasar la noche con él. "Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público", puntualizó la policía británica en una nota.

Carlos III, que ya había apartado a su hermano de algunos cargos y lo había obligado a abandonar la mansión de Royal Lodge, estableció tras conocer la detención del expríncipe que “la ley debe seguir su curso" y que la continuación de la investigación es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes".

Y de una familia monárquica a otra. En Noruega también ha tenido que salir a dar explicaciones la princesa heredera, Mette-Marit. En este caso no para condenar la aparición de un familiar en el Archivo Epstein, sino porque era ella misma la que aparecía en más de mil ocasiones en los papeles publicados. “Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, ha expresado la heredera al trono noruego.

En el país escandinavo las polémicas relacionadas con el empresario estadounidense no se quedan solo en el entorno de la monarquía. La hasta ahora embajadora del país en Jordania e Irak, Mona Juul, ha dejado su puesto tras conocerse su vinculación con Epstein. El ministro de Exteriores, Espen Barth Eide, es quien le ha pedido que abandone el cargo al considerar los hechos como “una grave falta de juicio".

Francia, Eslovaquia o España son algunos de los países que también han sido salpicados por el caso Epstein. La desclasificación de los documentos ha señalado a diplomáticos, asesores de políticos e incluso expresidentes de Gobierno.

Fabrice Aidan es un francés que aparece en más de 200 archivos relacionados con el financiero americano y que ya había sido investigado en Estados Unidos en 2013 por haber visto pornografía infantil. La polémica ha llegado a tal punto que hasta el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, salió a expresar su enfado por no conocer “antes” y con “claridad” lo que había ocurrido con este diplomático.

En el país galo también se ha señalado a la familia Lang. Mediapart reveló que la hija de Jack Lang, ex ministro de Educación y Cultura en gobiernos socialistas y hasta hace nada responsable del Instituto del Mundo Árabe, fundó una sociedad en las Islas Vírgenes con Jeffrey Epstein.

Mientras que en Eslovaquia, un asesor de seguridad nacional del primer ministro, Robert Fico, tuvo que dimitir, en España se ha vinculado, y se han pedido explicaciones, al expresidente del Gobierno Jose María Aznar al aparecer un pago de Epstein a su nombre. 

La desclasificación de los papeles de Epstein ha supuesto un terremoto político y social en los países europeos por la implicación de distintas personalidades con el pederasta. Entre tanto, en Estados Unidos, Trump sigue con su agenda como si nada hubiera ocurrido, mirando por encima del hombro lo que sucede en Europa.

“Es un muy buen resultado para la Chunta Aragonesista (CHA), pero un mal resultado para Aragón”. Jorge Pueyo ha expresado así su alegría tras conocer los números de su partido en las elecciones autonómicas de este domingo. La CHA ha logrado 6 escaños, un resultado histórico para el partido aragonesista. Solo en 2003 superó este registro conseguido ahora por el equipo de Jorge Pueyo. En aquellas elecciones, en las que ganó el socialista Marcelino Iglesias, la Chunta –con José Luis Soro como candidato– llegó hasta los 9 asientos en las Cortes de Aragón. Además de doblar en diputados, este domingo la CHA ha subido más de 4,6 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2023. En estos comicios han registrado el 9,73% de los votos.

Pueyo aseguró en el discurso posterior al escrutinio que su partido “es el único que ha resistido a la extrema derecha”. “Somos la referencia de la izquierda en Aragón”, exclamó. Entre las tres fuerzas de la izquierda transformadora suman 7 escaños y un 13,61% en votos. Es una subida de 2 escaños y 1,39 puntos porcentuales respecto a las elecciones de mayo de 2023, pero capitalizada por completo en la Chunta Aragonesista.

El líder de CHA se ha presentado como el partido “referencia” en este segmento ideológico, ya que ni la coalición entre Izquierda Unida y Sumar ni Podemos han conseguido mejorar sus resultados de 2023.

Además de no mejorar en votos, IU y Sumar tampoco logran aumentar su presencia en el Parlamento autonómico y se quedan con el escaño que ya habían obtenido en 2023. En números absolutos, esta coalición alcanza el 2,94% de los votos y pierde 0,18 puntos respecto al resultado de Izquierda Unida en los anteriores comicios (3,12% en 2023). Cerca de estos resultados se ha quedado la agrupación de extrema derecha Se Acabó La Fiesta (SALF), que se queda apenas a 1.300 votos de la coalición con un 2,74% de los votos. La portavoz de la coalición, Marta Abengochea, ha subrayado que sus resultados finales "no han sido tan buenos" como esperaban.

Por otra parte, Podemos pierde su único escaño y desaparece del hemiciclo aragonés, al conseguir menos de un 1% de los votos. El partido morado se ha dejado más de 3 puntos respecto a su resultado anterior. En votos totales, los morados y la coalición IU-Sumar suman menos de un 4%. La candidata, María Goikoetxea, ha resaltado que, al perder el asiento en las Cortes, el partido "no ha logrado" su objetivo. "Mal resultado para Podemos pero también para la comunidad", ha remarcado.

A pesar de repetir como primera fuerza, el PP de Jorge Azcón ha reducido su presencia en el Parlamento aragonés de los 28 escaños conseguidos en 2023 a los 26 actuales. Los tres portavoces repiten de las izquierdas alternativas han coincidido en sus mensajes posteriores a los resultados finales en que Azcón ha pecado de iluso al adelantar los comicios para mandar un mensaje al PSOE nacional y acabar cediendo votos a Vox. 

“La culpa es de Azcón, se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha. Convirtiendo Aragón en un sitio cruel y arisco para los y las aragoneses”, ha expresado Jorge Pueyo. El líder de la Chunta culpa al popular de que la ultraderecha esté “más fuerte que nunca” y le vaticina que “este es el principio de su fin”.

La portavoz de Podemos también ha cargado contra Azcón y lo acusa de ser "todavía mas rehén de aquellos que quieren coartar nuestras libertades", refiriéndose a Vox, mientras que Abengochea ha repetido que Aragón tiene ahora "más dependencia de la derecha" y un escenario de “mayor inestabilidad”.

Con salsa y plena, bachata y trap y, sobre todo, reguetón, Benito Martínez Ocasio, más conocido con el nombre de Bad Bunny, se ha convertido en el líder de la música latina actual. Así lo marcan las cifras: fue el artista más escuchado en todo el mundo en 2025 en la plataforma de streaming musical Spotify. Actualmente, en esta aplicación lo escuchan más de 89 millones de personas cada mes.

Estos números, además de confirmar el éxito de su último disco, Debí Tirar Más Fotos, publicado en enero de 2025, lo han catapultado a ser el cantante principal en el descanso de la Super Bowl.

Tras ser el primer artista en ganar el Grammy a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español, la semana perfecta de Bad Bunny se cerrará con su actuación en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) en la 60ª edición del macroevento deportivo, que disputarán New England Patriots y Seattle Seahawks. Pero lo musical no es lo más esperado de su actuación.

Lo dejó bien claro cuando subió a recoger el galardón en la gala de los Grammy. Aunque ya había ido soltando sus opiniones sobre los agentes de inmigración y la Administración Trump anteriormente, como cuando aseguró que había dejado a Estados Unidos fuera de su gira por temor a las redadas de hispanos, Bad Bunny lo gritó en la ceremonia de los premios musicales. “Fuck ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos", dijo.

A pesar de que el artista no ha avanzado cómo será el espectáculo de la Super Bowl ni qué dirá en él, muchos de sus fans esperan que se repitan estas reprimendas al Gobierno estadounidense en el momento deportivo más importante del año para una gran parte del país norteamericano. Si Bad Bunny continúa, como ha hecho hasta ahora, con su feroz crítica a las posturas autoritarias del Gobierno de Trump, esta sexagésima edición de la final nacional de fútbol americano puede ser la Super Bowl de la canción protesta del siglo XXI.

Moisés Ruiz, profesor de Liderazgo Político y Comunicación en la Universidad Europea, remarca que el mensaje del cantante puertorriqueño es muy importante para “despertar conciencias entre un público joven que puede estar adormilado”.

Quien no estará para verlo en directo será el presidente del país. Donald Trump se ha declarado “anti” Bad Bunny y ha despreciado la decisión de la NFL (National Football League, la liga estadounidense de fútbol americano) de elegir al puertorriqueño como cabeza de cartel para su final. 

Ruiz asegura que la actuación va a afectar “negativamente” a la figura de Donald Trump por lo que transmite Bad Bunny. “Es un mensaje donde los conceptos de amor y de empatía son los protagonistas frente a otro en el que el miedo y el odio son los que quieren tomar la delantera”, asegura el experto.

En el Levi’s Stadium de Santa Clara también actuará Green Day. El grupo de punk rock ha recibido, cómo no, malas palabras del magnate. Será que a Trump no le pareció bien la comparación con Hitler que le hizo la banda. O quizás no le terminó de gustar la versión de su tan conocida American Idiot que Green Day creó para cargar contra la ideología MAGA (Make America Great Again).

Sea por la razón que sea, Trump no está contento con esta doble elección y, por primera vez en este segundo mandato, no acudirá al estadio para ver la Super Bowl en directo. Su excusa, claro, fue la de lo lejos que está California de Washington.

No por esperado fue menos sorprendente. Además de defender a sus compatriotas, y a todos los latinoamericanos, el Conejo Malo también reivindicó el pasado 1 de febrero en los Grammy la cultura de su país.

Con Debí Tirar Más Fotos, el puertorriqueño hizo sonar la cultura boricua por todo el mundo. Una canción en concreto, Lo que le pasó a Hawaii, resume la opinión del artista sobre la injerencia estadounidense en su isla. La denuncia del turismo, la gentrificación y el colonialismo resumidos en un par de frases: “Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya”.

Pero las reivindicaciones en la figura de Bad Bunny no son nuevas. En 2019, junto a otros artistas de Puerto Rico como Residente o Ricky Martin, formó parte de las marchas multitudinarias que forzaron la dimisión del gobernador de la isla por sus comentarios machistas y homófobos.

Hace cuatro años, Eminem, único rapero en ganar un Oscar a la “mejor canción original”, ya se mostró en contra de la brutalidad policial en un show de la Super Bowl. Fue en 2022, en una edición marcada por la actuación de varios raperos norteamericanos, cuando interpretó su gran éxito Lose Yourself y se arrodilló para protestar por el racismo que despliegan las fuerzas de seguridad.

Para Ruiz, “todas las manifestaciones antibrutalidad policial, sea ICE o cualquier otra brutalidad, son bienvenidas”. El experto tiene claro que estas protestas “despiertan conciencias y ayudan de alguna manera a presionar para que esta brutalidad desaparezca”.

Más de un 20% de los menores de 34 años votarían a la extrema derecha, Vox o Se Acabó la Fiesta, si hoy fueran las elecciones generales en España, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

El aumento de la polarización o la crisis de la vivienda son algunas de las causas de la repentina subida de estos partidos ultras en las encuestas, pero no las únicas. Alejados de la política tradicional y desde medios de comunicación alternativos, otros actores dejan huella en el público más joven.

Los creadores de contenido en redes sociales, influencers o streamers (según la red social en la que actúen) son determinantes a la hora de influir en cómo los jóvenes y adolescentes ven el mundo. En los últimos años, el acercamiento de estos a los posicionamientos ultras es cada vez mayor. 

Los algoritmos de las redes sociales también tienen mucho que ver. X, de Elon Musk, o YouTube, potencian estas opiniones ultras para que lleguen a una mayor audiencia. Para Miquel Ramos, investigador y analista en los movimientos de extrema derecha y en los discursos de odio, los algoritmos “premian los contenidos provocadores y, a veces, sin ningún criterio de veracidad ni de valores promocionados por personajes que difunden odio, desinformación y discursos de extrema derecha”.

Uno de los ejemplos es el todopoderoso TheGrefg. 19,6 millones de seguidores en YouTube, nueve y medio en TikTok, más de siete en Instagram y ocho en X.

TheGrefg o David, su nombre real, ha subido a YouTube dos vídeos sobre la situación política y social de El Salvador. Uno de ellos es una entrevista de casi 50 minutos con Nayib Bukele, el presidente del país, donde hablan sobre cuánto tiempo será presidente o cuál es la seguridad personal del líder caribeño. El otro describe en más de una hora cómo es el Cecot, “la cárcel más segura del mundo”, según él. Entre los dos vídeos suman más de 14 millones de reproducciones. 

Ramos asegura que la idea de los personajes autoritarios “como Bukele o Trump” es hacer creer a la sociedad “que la única solución a los problemas que genera el capitalismo es menos democracia”. 

Lo cierto es que este creador ya había estado en otras polémicas anteriormente. TheGrefg es uno de los tantos influencers que se fue a vivir al Principado de Andorra para pagar menos impuestos.

RickyEdit, streamer y creador de contenido cordobés, pasa su tiempo en redes sociales insultando a otros usuarios. Y siempre suelen tener el mismo perfil: mujeres progresistas que combaten en las redes a la ultraderecha. Desde la periodista Sarah Santaolalla, a la que dedicó varios mensajes llamándola “impresentable”, a la influencer Marina Rivers, pasando por la exministra de Igualdad Irene Montero.

Con la europarlamentaria de Podemos ha tenido un rifirrafe bastante sonado en la red social X que ha llegado a varios millones de visualizaciones. Tras la gala de los Army Awards, unos premios creados por otros creadores de contenido y en los que se gritaban cánticos como “Pedro Sanchez, hijo de puta”, Montero hizo un vídeo para su perfil de Instagram acusando a RickyEdit de “hacer política cada día” por irse a Andorra a vivir para no pagar impuestos o por calificar a las manifestaciones feministas del 8M de “gilipollez”.

Tras este post, el creador de contenido le contestó con otro vídeo que desembocó en una discusión en la red social de Elon Musk. "Mucha lucha y mucho empoderamiento, pero mejor calladita cuando un hombre te dicen las verdades. Eres un pésimo ejemplo, hipócrita", llegó a decir este influencer.

RickyEdit también vive en Andorra. En una entrevista en el canal de YouTube de Wall Street Wolverine, un habitual difusor de noticias falsas con un discurso antiinmigración, expresó que en el país pirenaico se vive muy bien y respondió a sus haters, a los que habitualmente llama “pobres”, diciendo que entiende que “hablen mal de una situación que no pueden permitirse”. 

Otro que no se pierde una es El Xokas. El streamer gallego acostumbra a exponer sus opiniones sobre los temas más candentes del momento. Y la política no es menos. La decisión de Donald Trump de secuestrar a Nicolás Maduro fue uno de los temas que ha elegido Xokas para opinar. 

Otro tema recurrente en las polémicas del Xokas es su crítica a las posturas feministas. En 2022, contó en un directo en su canal de Twitch, una de las plataformas más utilizadas por estos streamers,  que un amigo suyo "de fiesta" se "divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas". Tras esta declaración, el Ministerio de Igualdad hizo un anuncio contra la violencia machista en el que parodiaban las palabras del Xokas para enseñar cómo el machismo se colaba en todos los sectores de la sociedad. Igual que RickyEdit, El Xokas también tuvo palabras para Irene Montero. 

Además, hace unos días el gallego fue a El Hormiguero. En el programa de entretenimiento dirigido por Pablo Motos, habló sobre su visión de los impuestos y la política en España o de su sabiduría. Él se considera “un océano de conocimiento, con un centímetro de profundidad”.

Miquel Ramos remarca que estos creadores de contenido, influencers o streamers “utilizan una carcasa de irreverencia y canallismo para vender un producto: ellos mismos”.

Nunca fueron tan ricos. El informe anual de Oxfam Intermón Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios alerta, una vez más, de la concentración de riqueza en el mundo. Los milmillonarios tienen ahora un 81% más de fortuna que en 2020 y la riqueza conjunta, la suma de todas las riquezas individuales, se establece en 18,3 billones de dólares, la cifra más alta de la historia.

Este aumento de la riqueza contrasta con la situación de la gran mayoría de personas. En España, la fortuna de las 33 personas con más poder adquisitivo, todas milmillonarias, equivale a la del 39% de la población más pobre, casi 19 millones de personas. El estudio advierte de una “pérdida de poder adquisitivo” de la clase trabajadora ya que “en los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación en ese mismo periodo”.

De 2024 a 2025, la riqueza de los milmillonarios españoles aumentó en casi 28.300 millones de euros, llegando así a los 197.500, máximo histórico. Estas cifras se complementan con que el 0,1% más rico supone el 10% de la riqueza total de España.

Según Franc Cortada, director de Oxfam Intermón “la gente no llega”. “El dinamismo económico favorece a las grandes fortunas, pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar su casa”, expresa Cortada que recuerda “la dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible” en muchas familias españolas.

Otro dato sorprendente que ofrece el informe de Oxfam trata sobre quién controla los medios de comunicación. “Más de la mitad de las grandes empresas de medios del mundo y la totalidad de las principales plataformas de redes sociales” están financiadas y supervisadas por personas con una altísima capacidad monetaria.

Poniendo los ejemplos de The Washington Post, adquirido por Jeff Bezos, o la de la red social Twitter, después llamada X, por Elon Musk, el estudio señala que las personas con alto poder adquisitivo, además de comprar yates e “incluso democracias”, utilizan su dinero para “generar estado de opinión, influir sobre el debate público y cambiar el curso político”.

Además, Oxfam también habla sobre los discursos de odio. Según un estudio de la Universidad de California, desde que Musk es dueño de la red social X, los discursos de odio en ella “aumentaron en torno a un 50%”.

España también forma parte de la espiral ultra. Solamente en 2025, las redes sociales tuvieron que eliminar más de 700.000 mensajes de odio contra las personas migrantes, entre los que destacan insultos e incitaciones a la violencia física.

“Alarmante” es la palabra con la que se define el retroceso de las libertades civiles y los derechos políticos en el informe. Por decimonoveno año consecutivo, 2024 registró un deterioro en las democracias mundiales con mayores niveles de desigualdad y restricciones a la libertad de expresión en uno de cada cuatro países.

Es en estos países, los menos desarrollados democráticamente, en los que es más sencillo sufrir aún más retrocesos. Según Oxfam, “los países con mayores niveles de desigualdad tienen siete veces más probabilidades” de sufrir estos retrasos.

Para Cortada, es importante aclarar que “la pobreza genera hambre, pero la constante desafección política genera ira”. “Si nuestras sociedades se sienten hoy más divididas y fracturadas es porque efectivamente lo están”, añade el director de Oxfam Intermón.

Gobiernos como los de Trump o Milei refuerzan las cifras de la concentración de la riqueza con sus decisiones favorables a las élites. Además, también recortan derechos sociales y reprimen las manifestaciones populares. Desde Oxfam proponen una serie de medidas para paliar “el poder e influencia política de los superricos” y piden a los gobiernos “actuar con urgencia”. 

Algunas de ellas son “reforzar los cortafuegos entre la concentración de riqueza y la política” para frenar la influencia de lobbies y garantizar la independencia del sector de los medios de la comunicación o “garantizar el empoderamiento político de la sociedad civil y los sindicatos” para proteger las “libertades individuales de asociación, reunión y expresión”.

Sobre España, el informe recalca que debe continuar siendo un agente importante en Europa para “la construcción de compromisos concretos”. Pone como ejemplo el Consenso de Sevilla que, para Oxfam Intermón, “debe servir como base para avanzar en la cooperación fiscal internacional en la tributación de los superricos, combatir la desinformación y los discursos del odio, y reforzar la lucha  contra la desigualdad”.

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El Partido Popular de Madrid ha paralizado la presentación del Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias que se iba a celebrar en la tarde de este miércoles en el Centro Cívico Los Pinos, en Alcorcón. Mediante un escrito a la Junta Electoral de Zona de Madrid, el representante del PP, Jerónimo Escalera Gómez, había denunciado esta misma mañana a la alcaldesa del municipio madrileño, la socialista Candelaria Testa, por "promover, publicar y celebrar" este acto "con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo", lo que han considerado una "clara contravención" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

"Esta jornada atenta contra la gestión que se realizó durante una etapa difícil en las residencias de ancianos con una clara intencionalidad política por parte del poder público organizador", ha destacado la denuncia de los populares, en la que han pedido la "anulación inmediata de esta actividad", la "retirada inmediata de las publicaciones realizadas en la web municipal" y la incoación de un "expediente sancionador contra Doña Candelaria Testa Romero por haber incurrido en ilícito electoral, contraviniendo la LOREG".

Como respuesta, el Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado una serie de alegaciones. En ellas han destacado que el acto estaba programado desde el pasado 16 de mayo y han acusado al PP de querer "obtener rédito político con interés mediático" al presentar la denuncia unas horas antes del comienzo del acto. De esta manera, la Junta Electoral de Zona ha otorgado un "brevísimo plazo de 6 horas para efectuar estas alegaciones" a las que el Ayuntamiento ha respondido, pero la respuesta del organismo electoral no ha llegado antes de las 19.00 horas, cuando el acto debía comenzar.

En estas alegaciones, el primer teniente de alcalde de Alcorcón ha expuesto que ningún partido político iba a participar en el acto, por lo que "no vulnera lo dispuesto en el apartado 50.2 de la LOREG [...] como tampoco se puede incurrir en una supuesta publicidad a los partidos que forman parte de éste gobierno".

El expresidente de la comisión de investigación y exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez Chamorro, ha aclarado en conversaciones a infoLibre que no se iba a celebrar un acto político, sino "que se iba a explicar lo que pasó en las residencias". "No podemos hacer el acto en el centro cívico, pero hemos decidido las plataformas que estamos aquí [Marea de Residencias, Verdad y Justicia] montar un acto en la calle para contar lo que ha pasado y para que la gente se entere", ha aclarado el exparlamentario socialista.

En el acto han intervenido Gómez Chamorro, Carmen Martín y María Jesús Valero, representantes de Verdad y Justicia y Marea de Residencias, respectivamente.

En julio de 2020, infoLibre tuvo acceso a los datos oficiales del propio Gobierno de Madrid, cifras que demostraban que los residentes fallecidos en los geriátricos sin recibir atención hospitalaria en marzo y abril ascendían a 7.291. El recuento de los días que lleva sin dar explicaciones el Gobierno de Ayuso es obra también del exdirector de infoLibre, Manuel Rico, quien destapó los Protocolos de la Vergüenza y sus consecuencias para miles de ancianos y sus familias.

El 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital, tal y como desveló infoLibre. Entre ese mes y el siguiente fallecieron así 7.291 residentes, el 77% del total de los 9.468 que murieron entonces. 

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España es el cuarto país con más derechos LGTBI+ de Europa. Así lo establece el último índice de Rainbow Map de Ilga Europa, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de Europa, que sitúa a España solamente por detrás de Malta, Islandia y Bélgica.

La única nota negativa en clave nacional respecto a la defensa de los derechos humanos es la posibilidad fallida de "haber sido líderes en igualdad LGTBI+". Para el vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, Óscar Rodríguez, “seguimos a la vanguardia de los derechos LGTBI+ pero podríamos haber sido líderes en igualdad LGTBI+ de haber desarrollado la estrategia de la Ley LGTBI y haber puesto en funcionamiento la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación o de haber aprobado el Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia colectivos vulnerables”.  

Aunque los datos de España son positivos respecto al anterior informe de 2023 –se mantiene en el cuarto puesto, pero los derechos aumentan en 2 puntos, del 74% al 76%–, la situación en el resto del continente es más crítica. Según la directora de defensa de ILGA-Europa, Katrin Hugendubel, "en toda Europa, las personas LGBTI+ están siendo blanco de discursos de odio y violencia y sus derechos humanos están siendo socavados activamente. Sin embargo, todavía vemos demasiados países en toda la región que se estancan en el avance de la protección legal y no renuevan sus compromisos a través de estrategias y planes de acción nacionales”.

Según ILGA Europa, en países como Eslovaquia, Croacia, Francia o el Reino Unido "se están limitando los derechos sanitarios de las personas trans". Este estudio también recoge la retirada de "derechos de filiación a las parejas del mismo género" en algunas regiones de Italia y la influencia en todo el continente de "las medidas sin precedentes de Rusia para criminalizar al 'movimiento internacional LGTBI' como 'organización extremista'. Otros de los países que reparten pocos derechos entre la población LGTBI+ son Georgia, Azerbaiyán y Turquía.

A pesar de estas limitaciones de derechos en más de una decena de países, a lo largo del último año también se han dado "grandes saltos" en el Rainbow Map. Alemania fue la nación que más subió, 11 puntos, debido a la prohibición de "los delitos de odio basados en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales". Grecia también aumentó los derechos LGTBI+ al aprobar el pasado febrero el matrimonio igualitario. Además, el país heleno "solucionó las lagunas hasta el momento existentes en su legislación contra la discriminación por LGTBIfobia". Además, Bélgica, Chipre, Islandia, Noruega y Portugal "prohibieron las supuestas terapias de conversión". Según ILGA, existe una firme voluntad política de avanzar en la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI en varios países.

El director ejecutivo de ILGA Europa, Chaber, ha expresado que "la Unión Europea debe prestar atención a las nuevas herramientas de opresión, como la criminalización por parte de Rusia de todo un segmento de la población". Para Chaber, las elecciones europeas del próximo 9 de junio serán muy importantes ya que "poner a Europa en manos de líderes que desean que la Unión Europea vire hacia una política de derecha radical y antidemocrática". “Europa necesita leyes y políticas más sólidas para proteger a las personas LGBTI+. Sin ellas, no podemos hablar de seguridad ni de Estado de derecho y democracia", asegura el director ejecutivo.

En los mismos términos se expresa la Federación Estatal LGTBI+ que considera "fundamental" la participación de la población LGTBI+ en las elecciones del 9J. Según su investigación Estado LGTBI+ realizada junto a la encuestadora 40dB, PSOE y Sumar obtendrían mayoría absoluta en las europeas entre el voto LGTBI+.

Los dos partidos de Gobierno conseguirían 35 de los 65 escaños totales que, junto a los 4 que le asigna a Podemos, consolidarían una amplia mayoría de izquierdas. Este sondeo destaca, además, que dos de cada tres votantes LGTBI+ acudió a las urnas en las pasadas elecciones generales para evitar retrocesos en sus derechos. Esto provocó que un 31,7% de los votantes LGTBI+ ideológicamente de derechas votaron al PSOE o Sumar.

Con esta investigación como referencia, la plataforma ha lanzado su campaña Europa Sirve para animar al voto de la población LGTBI+ menor de 30 años, que conforma un 40% del total del colectivo.

En Estados Unidos se respira un clima tenso. Desde el comienzo de la invasión israelí a la Franja de Gaza, y especialmente en las últimas semanas, el país americano ha virado de opinión respecto a su posición en el conflicto de Oriente Medio. Macklemore, un rapero estadounidense mundialmente conocido –tiene canciones con más de 1.850 millones de reproducciones en YouTube–, ha sido uno de los que se ha decantado por apoyar al pueblo palestino con su último estreno Hind's Hall. El nombre está dedicado a Hind Rajab, una niña gazatí asesinada por las fuerzas israelíes. En el videoclip de esta canción, el cantante apoya su letra de grabaciones de manifestaciones propalestinas en múltiples universidades a lo largo de Estados Unidos.

Durante el último mes, decenas de facultades han sido tomadas por universitarios para acampar y protestar contra el apoyo a Israel por parte de sus dirigentes. Piden, entre una larga serie de demandas, el fin de la ocupación en Gaza y un alto al fuego inmediato en el país palestino y denuncian el asesinato de más de 34.000 personas en la Franja. De costa este a costa oeste del gigante americano, estudiantes de diversas nacionalidades se concentran en tiendas de campaña dentro de los campus de las propias universidades para, de forma pacífica, protestar frente al gobierno liderado por Joe Biden.

Es el caso de Manuel Lamela, un estudiante gallego de 23 años. Este joven lleva ya más de seis fuera de Vilalba, el pueblo de Lugo donde se crio. Tras estudiar el Bachillerato Internacional en India, decidió cambiar de país y se fue a la Universidad de Brown a estudiar Educación y Matemáticas. Desde allí vio la victoria de Biden en las elecciones de 2020, el asalto al Capitolio a comienzos de 2021 y la crisis del fentanilo que recorre todo el país americano. Y ahora, Manuel, junto a cientos de alumnos de su universidad, se suma a la causa propalestina y sale a la calle a pedir el fin de la invasión israelí.

"Es la primera vez que me siento como parte activa de un movimiento. En el pasado había ido a manifestaciones, pero nunca de una manera tan constante", relata el gallego en declaraciones a infoLibre. "Como [universitario] internacional es complicado a veces, ya que somos más vulnerables a acciones legales en nuestra contra. Sin embargo, he estado ayudando en el campamento con provisiones y cualquier cosa que se necesitara".

La campaña propalestina en esta universidad del estado de Rhode Island pide “actuar ya” para acabar con “la complicidad de Brown en el genocidio de Gaza”. “La universidad de Brown debe usar su poder y privilegio para condenar públicamente el genocidio y pedir que los senadores y la Casa Blanca apoyen la legislación que pide un alto al fuego en Gaza y el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel”, reza un comunicado en Brown Divest Coalition, la página web de los estudiantes de este campus que apoyan a Palestina. "Hasta que Brown preste atención a las múltiples exigencias democráticas de despojar a Israel de la donación y del complejo militar e industrial, la universidad sigue siendo cómplice en la limpieza étnica de Palestina", remata el texto.

"Una de las grandes fuerzas del movimiento es que, además de ser un movimiento de solidaridad con Palestina, tiene unas demandas muy claras en las que la universidad puede intervenir para mejorar la situación", destaca el español de la situación y la fuerza de las protestas en el país americano.

La situación en la Universidad de Columbia es incluso peor que en la de Brown. Más de 300 personas han sido detenidas en el último mes y las autoridades prohibieron durante unas semanas la entrada de los estudiantes a lugares del campus como la biblioteca, el comedor o el centro médico. Teresa es española y se fue el pasado agosto a este campus de la ciudad de Nueva York a estudiar un máster de métodos cuantitativos: "Yo no vivo dentro del campus así que no podía acceder a nada, aún viviendo en residencia de la universidad".

"La universidad de Columbia es históricamente conocida por sus protestas, principalmente la de 1968 por la guerra de Vietnam. Desde entonces, no había entrado la policía al campus a parar ninguna protesta", destaca la estudiante.

Ariela Rosenzweig es otra estudiante que exige el fin del ataque en Gaza en las acampadas de Brown. Ella, judía y estadounidense, cree que su universidad debe dejar "de dar fondos a cualquiera se beneficie de facilitar la ocupación y el genocidio israelí".

Esta universitaria forma parte de la organización de Brown Divest Coalition en el que, destaca, ya han conseguido algunos objetivos como que la presidenta.

............0 de la universidad se vea obligado a debatir sobre las inversiones de su centro en empresas que apoyan a Israel. "Hemos estado protestando durante los últimos cinco años para que la corporación escuche y vote sobre esta propuesta de desinversión. El presidente se había negado y había dicho que era imposible, pero lo hemos conseguido".

"Obviamente no es suficiente, no es una desinversión total. El genocidio en Gaza sigue y por eso habrá protestas hasta que Brown sea completamente desalojado, hasta que todas las universidades sean completamente despojadas, y más aún, hasta que Estados Unidos imponga sanciones y cese el apoyo incondicional al estado de Israel", relata la también miembro de Jews for Ceasefire Now, una organización de judíos que piden el alto al fuego.

Manuel explica qué significa el término desinversión. "Consiste en la paralización de las inversiones en compañías que o se benefician o facilitan el genocidio en Palestina. Aquí, en Estados Unidos, las universidades públicas y privadas tienen su valor en inversiones. Este valor va a parar a diferentes compañías, algunas de armas o de tabaco..., que ayudan a financiar el ataque israelí en Gaza".

Tanto Manuel como Ariela destacan las "respuestas extremadamente violentas" de las fuerzas policiales contra los universitarios. Ella destaca que en "la primera gran protesta tras este día o la primera desobediencia civil fue cuando yo y otros 19 estudiantes judíos fuimos arrestados durante una sentada en el principal edificio administrativo de nuestra universidad". También reconoce que en Brown han sido más permisivos que en otras universidades del país, aunque, aclara, "esto no quiere decir que aquí haya sido placentera".

El gallego también remarca la diferencia en el uso de la violencia entre las diferentes universidades, pero remarca que, aún así, "en Brown ya arrestaron a 61 estudiantes en total este año y otros 19 hicieron una huelga de hambre hace unos meses".

En la última década, las universidades españolas no han destacado especialmente por la defensa, a través de protestas, de causas sociales. Lamela cree que "desde el 15M no hubo otro movimiento tan grande, mientras que aquí [en Brown] hubo otros recientes como el Black Lives Matter. También creo que no se ve como un problema en el que España sea culpable o juegue un papel importante". Y esto, según él, pueden ser algunas de las claves por las que la sociedad estudiantil no está tan acostumbrada a salir a la calle y protestar. Aun así, a lo largo de la última semana, miles de universitarios entre València, Barcelona o Madrid, entre otras ciudades, han acampado en sus campus para solidarizarse con el pueblo palestino.

"Mostrar solidaridad con el pueblo palestino y el movimiento a nivel mundial es importante", expresa Manuel. En su opinión, "si en el caso de España no vemos el nivel de violencia policial que está ocurriendo aquí, hay que tomar ventaja de eso para hacer las acampadas lugares plurales donde la gente pueda ir para aprender, mostrar apoyo y formar comunidad". "Todos tenemos un rol en esto, es nuestra responsabilidad demandar a las autoridades un cambio y no ignorar el genocidio que está ocurriendo", finaliza.

En cambio, Teresa no cree que la sociedad española este tan desmovilizada. Aun así, atribuye que haya una mayor expectación en su campus a la existencia "de una comunidad más internacional en Columbia que hace que haya estudiantes a los que les toca personalmente el conflicto". "Este es el germen de las protestas, que llevan ocurriendo desde octubre".

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Eduardo Ranz cuenta las horas. Este lunes 6 de mayo acompañará a familiares de asesinados por el régimen franquista en una visita a las criptas del Valle de Cuelgamuros, lo hará en condición de abogado de la familia de los hermanos Lapeña, dos hermanos que fueron asesinados por falangistas en 1936. Estará, además, acompañado de Purificación Lapeña, nieta de uno de ellos. El objetivo es dar cumplimiento al primer y, de momento, único auto judicial en materia de memoria en España, que reconoce el derecho de los familiares a trasladar los restos de sus allegados. "Creemos que esta visita es importante porque vamos a conocer el laboratorio y vamos a estar delante de los que pueden ser los restos. No podemos asegurar que encontraremos a los hermanos Lapeña pero sí recibir una explicación diferente". En palabras del abogado esta visita es "en gran medida, reparación".

Hace justo un mes, el pasado 4 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el Valle de Cuelgamuros para, según Moncloa, "conocer in situ las tareas de recuperación de 160 víctimas reclamadas por sus familias". Esta visita, que para el abogado fue "positiva", provocó una avalancha de críticas ante Sánchez. Según Ranz, esto se puede deber a que "mucha gente vio por primera vez las imágenes de los que pueden ser los restos de sus antepasados por televisión y no a través de una explicación de carácter emotivo, reparatorio o simbólico".

Otro de los fallos del Gobierno, en la opinión del abogado, es la poca atención que le muestran a las asociaciones de víctimas. "El problema es que nosotros habíamos pedido en julio de 2023 acudir in situ y no tuvimos respuesta. En noviembre del mismo año lo elevamos a través de transparencia y tampoco tuvimos respuesta", destaca Ranz y añade que, tras una protesta, "el día que acudió Sánchez nos notificaron si queríamos acudir nosotros el 6 de mayo".

Respecto al reciente informe de la ONU que insta al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes tramitadas por PP y Vox, el abogado expresa que estas normas de concordia "suprimen la palabra dictadura" porque saltan desde 1939 a 1977 "sin mencionar la peor fase de nuestra historia contemporánea". "También suprimen el mapa de fosas, la colaboración entre comunidades autónomas y gobiernos autonómicos, para determinar el lugar de los cuerpos y hacen peligrar las subvenciones. Es en estas subvenciones donde se abre una vía para acudir al Tribunal Constitucional".

"Concordia en términos jurídicos es un convenio entre dos partes. La ley de Memoria Histórica o Memoria Democrática tiene dos partes, una el Gobierno y otra las víctimas. En el caso de la derogación de estas leyes tenemos una parte que es la ultraderecha, pero no tenemos la segunda parte. También hay que destacar que las leyes de memoria histórica generan derechos, no restan derechos a nadie. La supresión de las leyes autonómicas eliminan derechos a las víctimas, que no se pueden defender", destaca. "Mucho me temo que con el juego de las mayorías, esta derogación emite un mensaje: las víctimas del franquismo no importan para nada".

Eduardo Ranz expone que el caso "más extremo" es el de Castilla y León y critica que el presidente aragonés, Jorge Azcón, expuso que el informe del organismo internacional era "lisa y llanamente mentira" porque, según el dirigente popular, "no se está tramitando ninguna ley". El abogado aclara que "algunas derogaciones de normas ya están publicadas en los boletines oficiales", como es el caso de Aragón. También ha criticado al ejecutivo gallego por eliminar "sin efecto de facto la partida presupuestaria para las víctimas del franquismo". "Esto nos recuerda es que en una guerra la primera víctima es la verdad y, en el caso de la guerra civil española y sus consecuencias, pues la segunda víctima es la cultura. La asignatura de derechos humanos en España todavía nos sigue pendiente".

Por otra parte, Ranz aprueba la gestión del Gobierno español por "partir de oficio" y dirigir a Naciones Unidas este informe, en contraposición del Ejecutivo de Mariano Rajoy que, en 2014, recibió por primera vez la llamada al orden de la ONU. Además, destaca que "lo importante es que tenemos una ley central democrática que asume el deber del Estado ante las exhumaciones y, lo más importante, lo financia".

Ranz lleva años luchando por la memoria de las víctimas de la dictadura franquista. Asesora legalmente a familias con antepasados ejecutados y es por esto que, tras investigar sobre nuevos casos, descubrió que en su familia también hubo asesinados por el régimen de Franco. Su bisabuelo, un Guardia Civil leal a la República, fue fusilado en la guerra, mientras que el hermano de éste acabó en México, exiliado tras pasar por un campo de concentración en Francia.

"Cuando empecé había muy pocos abogados dedicados a resolver estos casos. A raíz de colaborar, conocí mi historia familiar" destaca Ranz a infoLibre para continuar relatando que el franquismo "tenía la idea de eliminar la nacionalidad a los republicanos. Esto se hacía o mediante el fusilamiento o con el exilio. Estos dos hermanos [sus familiares] son la idea que tenía el franquismo de que la única forma de ser español era la suya".

Ranz lucha desde hace 12 años por recuperar los cuerpos de los dos hermanos. "La primera denuncia se registró en el 2012, el auto que ordena la exhumación en el 2016. En estos 12 años hemos acudido a una veintena de instancias judiciales, administrativas, al Tribunal Constitucional, hemos ido al Vaticano, a Naciones Unidas", relata el abogado. A pesar de conseguir este auto, Ranz destaca que la familia y él tienen "una sensación agridulce" por no lograr que estos dos hermanos vuelvan a su lugar natural, Aragón. "El siguiente paso en la recuperación de los cuerpos de estos hermanos es el análisis genético. Un médico forense debe decretar la identidad de las personas buscadas a través del ADN entre nietos y abuelos. Pero esto no acaba con este análisis. Para Ranz, "esto no termina con un acto judicial o una resolución administrativa. Esto terminará el día en que la familia pueda enterrar a su familiar conforme a su religión y sus creencias. El día que se celebre el entierro será el día que esto tenga su punto y final".

Eduardo Ranz también ejerció como asesor de la ministra de Justicia "durante varios meses" en 2018. Dolores Delgado García, la ministra propuesta por el PSOE en aquel momento, tenía como uno de sus objetivos sacar a Franco del todavía denominado Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros. Lo consiguieron, aproximadamente, un año después, el 24 de octubre de 2019. Para el abogado, esta experiencia fue diferente, pues nunca había sido funcionario: "Fue un trabajo desde una óptica que nunca había vivido, desde la administración".

"Las campañas de desinformación y la información falsa están poniendo los conocimientos y los métodos científicos de investigación en tela de juicio. Los ataques a la validez de la ciencia suponen una seria amenaza al debate público plural e informado". Son palabras de la UNESCO, que dedica este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, a la importancia del periodismo en la crisis ambiental que está arrasando al planeta. La edición de 2024 destacará "el importante papel que desempeña la prensa, el periodismo, el acceso y la difusión de la información para garantizar y asegurar un futuro sostenible".

Pero 31 años después de la proclamación de este día, el 3 de mayo de 1993, otras amenazas más clásicas a la libertad de prensa siguen teniendo a periodistas encarcelados y condenados como protagonistas. Entre ellos destacan los nombres de Pablo González y Julian Assange. El primero de ellos, un periodista español encarcelado en Polonia y acusado de cometer espionaje, lleva más de dos años en prisión. El segundo, fundador del portal WikiLeaks que filtró cerca de 400.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Irak, está a la espera de su posible extradición a Estados Unidos para ser juzgado también por delitos de espionaje o conspiración por infiltrarse en ordenadores gubernamentales del país americano.

González fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Rzeszów, una ciudad del sureste de Polonia situada a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, a la que se trasladó para realizar un reportaje sobre los refugiados tras el estallido de la guerra en Ucrania. El periodista, que hasta la fecha de su detención trabajaba como freelance para medios como laSexta, Público o Gara, cubría desde hacía una década las relaciones del Kremlin con las antiguas repúblicas soviéticas.

González figuraba desde agosto de 2016 en una lista de periodistas considerados "prorrusos" que obraba en poder de la Open Society Fundation del magnate George Soros. Sin embargo, no es difícil encontrar críticas al régimen de Vladimir Putin en su blog, en sus crónicas y en su cuenta de X, especialmente tras la invasión del país a Ucrania, que González creía que no se iba a producir.

Oihana Goiriena, pareja de Pablo González, destaca en declaraciones a infoLibre que la situación está "exactamente igual que hace un año. Sigue en prisión preventiva y está catalogado como un preso peligroso, lo que supone que tiene que estar en aislamiento. Está a espera de que fijen fecha de juicio, cosa que de momento no tiene visos de suceder porque aún no se han presentado cargos".

Oihana solo ha podido ir a visitarlo en dos ocasiones, en noviembre de 2022 y en julio de 2023, y, según explica, "mantienen una relación epistolar al estar en semiincomunicación". "Solo nos podemos comunicar por carta. No nos permiten hablar por teléfono ni por videollamada. La única manera de comunicarnos indirectamente y actualizada es a través de los abogados. Él puede llamarlos pero ellos a él no. De esta manera, yo le mando un mensaje a través del abogado y este me envía la respuesta de Pablo", lamenta.

Pablo González está acusado por espionaje por las autoridades polacas. "En los medios de comunicación polacos salió, al principio de su detención, un ministro diciendo que Pablo portaba pasaportes falsos, y eso no es así", asegura Oihana para continuar explicando la situación personal de su pareja: "Pablo nació en Rusia y con nueve años vino a España. Es por eso que tiene dos pasaportes con nombres distintos: uno con su nombre de nacimiento, Pavel, y el apellido de su padre también ruso; y otro con su nombre en versión española, Pablo, y los apellidos de sus abuelos maternos que son españoles".

Con la llegada de Donald Tusk al poder polaco en octubre de 2023, los familiares y amigos de Pablo González tuvieron "cierta esperanza". "El nuevo gobierno es proeuropeo y esperabamos que fuera más respetuoso con las cartas europeas sobre los derechos humanos", destaca Goiriena para recordar que "ahora mismo se están vulnerando en el caso de Pablo, en especial respecto a su derecho a la defensa".

Respecto a la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Oihana destaca que "no ha habido casi ningún movimiento hasta ahora" del gabinete liderado por José Manuel Albares. "El ministro ha vulnerado la presunción de inocencia desde el minuto uno porque cada vez que se le preguntaba sobre el caso de Pablo él decía que los cargos eran muy graves y que máximos respetos para el gobierno polaco". El único punto positivo es un "cierto cambio" de las declaraciones de Albares desde que se cumplieron dos años del arresto de Pablo González: "El ministro dijo que pediría al gobierno de Polonia que presentase los cargos si es que los hubiera".

Justo en el segundo aniversario de la detención, el 24 de febrero de 2024, varias personalidades como los exjueces Baltasar Garzón o José Antonio Martín Pallín y los actores Juan Diego Botto y Carlos Bardem mostraron su apoyo a Pablo González en un vídeo difundido el pasado febrero por la asociación #FreePabloGonzález.

El fundador de WikiLeaks tampoco tiene un futuro prometedor. El próximo 20 de mayo la High Court de Londres decidirá si las garantías ofrecidas por Estados Unidos para hacer un juicio justo, insuficientes para la familia del acusado, son aceptadas o si conceden a Julian Assange la oportunidad de seguir recurriendo su extradición al país americano.

En una nota diplomática remitida por la embajada estadounidense en Londres, las autoridades americanas aseguraron que Assange "no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad con respecto a las defensas que pueda alegar en el juicio y en la sentencia". Además, establecieron que en el caso de que Assange fuese extraditado, continúa el texto, "tendrá la posibilidad" de "tratar de alegar en el juicio los derechos y protecciones otorgados bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos". Tampoco "se solicitará ni se impondrá la pena de muerte a Assange", según el texto de las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos fue el único país que decidió iniciar una ofensiva legal por las filtraciones contra el fundador de WikiLeaks. Tras su detención en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que estuvo refugiado durante siete largos años y en la que fue espiado, el Departamento de Justicia americano solicitó formalmente a Reino Unido la extradición de Assange, a quien se imputan delitos de espionaje o conspiración para infiltrarse en ordenadores gubernamentales que podrían implicar una condena de hasta 175 años de cárcel. Se abrió entonces una batalla judicial que se ha prolongado durante todo un lustro. Un enfrentamiento jurídico que el periodista australiano ha seguido desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

Este jueves 2 de mayo Amnistía Internacional Valencia celebra en la ciudad del Turia una mesa redonda para homenajear a "los periodistas asesinados, encarcelados y perseguidos por ejercer su profesión". El evento tendrá lugar en el Colegio Mayor Rector Peset, en la Plaza de Horno de San Nicolás, a las 18:30 horas. En este coloquio participarán la mujer de Pablo González, Oihana Goiriena, el activista y defensor en el caso Assange Jorge Fernández y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.

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5.500 toneladas de ayuda humanitaria zarparán en los próximos días de Estambul, navegarán por el Mediterráneo y llegarán a Gaza. Por lo menos esa es la intención de la iniciativa española Rumbo a Gaza que, junto con otra decena de campañas internacionales, ha promovido la Flotilla de la Libertad, que consta de cuatro buques en los que embarcarán cientos de personas. Esta coalición de grupos activistas propone unos objetivos muy claros: denunciar el bloqueo israelí en Gaza, pedir un alto al fuego permanente y acusar al país gobernado por Netanyahu de haber cerrado todos los pasos terrestres.

Sandra Barrilaro, miembro de Rumbo a Gaza, explica a infoLibre que la intención de la flotilla era partir del puerto otomano durante esta semana pero que no fue posible debido a que "está retenida por presiones de Estados Unidos y Alemania a Turquía". "Lleva en Estambul mínimo siete días. Esperamos que salga pronto", aclara.

La intención de los cuatro barcos es clara: llegar a Gaza. "Evidentemente sabemos que no va a ser fácil porque a Israel no le interesa que lleguemos. Tenemos planteados otros planes, pero el principal es llegar a Gaza", asegura Barrilaro. "Realmente hay miles de toneladas y miles de camiones en los pasos terrestres desde hace meses esperando poder entrar con la ayuda humanitaria por tierra. Es lo que se debería de permitir y lleva bloqueado mucho tiempo. Como siempre, desde que existe la flotilla, navegamos para denunciar el bloqueo de Gaza, el castigo colectivo a toda la población".

Desde el 2009, año en el que se formó la Coalición de la Flotilla de la Libertad, han salido diez embarcaciones diferentes para pedir un futuro digno para Palestina y denunciar el bloqueo marítimo de Gaza. Una de ellas fue el buque Mavi Marmara, que partió en mayo de 2010 y fue asaltado por fuerzas israelíes en aguas internacionales. En este ataque, Israel asesinó a diez activistas e hirió a otros 50.

La miembro de Rumbo a Gaza explica que existe una posibilidad de que esto vuelva a ocurrir ya que "con Israel jamás tenemos ninguna medida de seguridad". "Hemos navegado otros años con la flotilla y aunque no hubo asesinatos sí hubo numerosos asaltos, todos en aguas internacionales. Eso es lo previsible. Necesitamos que dejen de dar impunidad a Israel. Los asaltos y los asesinatos son actos de piratería", denuncia.

El asalto al Mavi Marmara fue muy cuestionado a nivel internacional e incluso llegó a la Corte Penal Internacional. La fiscal de dicho organismo, Fatou Bensouda, llegó a declarar que existía "una base razonable para creer que algunos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel cometieron crímenes de guerra durante y después del abordaje del Mavi Marmara el 30 de mayo de 2010". Posteriormente el mismo tribunal de la CPI resolvió no investigar el ataque israelí.

La exalcaldesa y concejala del Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau; la diputada de Podemos en el Congreso, Martina Velarde; la diputada de IU en la Asamblea de Extremadura, Nerea Fernández; el portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Nicolás Sgiglia o el exlíder de Unidas Podemos en el Congreso Jaume Asens, son las figuras políticas españolas que querían embarcar en la flotilla. Este viernes comunicaban su decisión de volver a España tras el anuncio de Pedro Sánchez de retirarse cinco días para reflexionar sobre su futuro político. Decisión que comunicará el próximo lunes.

En un comunicado, la iniciativa Rumbo a Gaza promueve un manifiesto para "romper el bloqueo que el Estado de Israel impone sobre la Franja de Gaza desde hace 18 años". "La Flotilla de la Libertad es hoy una iniciativa más necesaria que nunca. Ante los actos de genocidio y la inoperancia de los estados en la defensa de los Derechos Humanos es necesario movilizar y emprender todas las iniciativas posibles para aumentar la presión y detener el genocidio. 'Cuando los gobiernos fracasan, ¡nosotros navegamos!". Este manifiesto está firmado por miles de personas, entre las que destacan cantantes como Rodrigo Cuevas, cómicos como El Gran Wyoming, actrices como Vicky Peña o el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.

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