El agitador ultra Vito Quiles sigue acreditado en el Congreso por EDATV — un canal de agitación y propaganda política—  pese a tener múltiples denuncias judiciales activas, entre ellas, una por agresión a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y a acumular ocho expedientes por incidentes en la Cámara Baja. La Mesa del Congreso debe decidir si le suspende la acreditación y durante cuánto tiempo, mientras el PSOE añadió el lunes una nueva denuncia por un vídeo grabado en un despacho de una diputada del Partido Popular, Alma Alfonso, según el diario El Plural. Fuentes del Desde el PP evitan confirmar si se trataba del despacho de Alfonso, pero tampoco lo desmienten.

Según fuentes parlamentarias, Quiles acumula ocho expedientes y la primera resolución se encuentra en la fase final del procedimiento, por lo que podría llegar la ”próxima semana”. Hasta ahora, la Mesa no ha ejecutado todavía ninguna retirada de credencial porque espera el informe del instructor, que debe elevar una propuesta antes de que el órgano de gobierno del Congreso tome la decisión. Desde el equipo legal de la Cámara explican que los letrados del Congreso quieren ser “muy garantistas” porque se trata de un “asunto muy delicado” que entronca con la libertad de prensa.

Los letrados del Congreso —a través del instructor designado— deben cerrar primero el informe jurídico sobre los hechos, con las pertinentes alegaciones y la calificación de las conductas, según se estipuló tras la creación del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria el pasado mes de septiembre. Antes no había un reglamento interno para dirimir esta serie de conductas y la presión de los periodistas y formaciones de izquierdas para reformar el código de conducta. Solo después la Mesa podrá acordar la suspensión o retirada de la acreditación del agitador.

El pasado mes de marzo el instructor citó a las partes antes de cerrar el informe que debe elevar a la Mesa y llamó tanto a la parte denunciante del primer expediente, que es en este caso la Asociación de Periodistas Parlamentarios como a la denunciada antes de remitir su propuesta. Desde entonces han pasado casi dos meses pese a que los expedientes caducan si transcurren seis meses desde su incoación sin resolución según el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Quiles no sólo no presentó alegaciones dentro del plazo inicial de 20 días, sino que su defensa intentó paralizar el procedimiento alegando un defecto de forma porque el expediente iba dirigido contra "Vito Quiles" y no contra su nombre completo, "Vito Zoppellari Quiles". Además, su abogado sostuvo que no se le había remitido todo el material de la instrucción, incluidas las imágenes grabadas a Pedro Sánchez, y pidió que el proceso se detuviera y que el plazo de alegaciones volviera a contar desde cero.

El expediente más avanzado se refiere a dos episodios en los que Quiles habría grabado con su móvil en espacios del Congreso en los que no está autorizado. La APP presentó la primera denuncia contra Quiles por haber grabado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pasillo anexo a la Sala Constitucional del Congreso, con el móvil y sin autorización en noviembre. Días más tarde, el 11 de diciembre, se produjo la segunda denuncia de la APP, por un encontronazo con José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día el agitador grabó y persiguió al expresidente a la salida de un acto en la Cámara y después difundió las imágenes.

A los expedientes impulsados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios se suman al menos cuatro denuncias del Grupo Parlamentario Socialista contra Quiles y otras dos de Podemos. La primera también por la grabación y persecución al expresidente Zapatero. En ese escrito, el PSOE subrayaba que Quiles estaba acreditado como “redactor literario” y, por tanto, no tenía autorización para grabar vídeo dentro de la Cámara. Los socialistas registraron después otros dos escritos en marzo. Uno denunciaba que Quiles grabó el 25 de marzo al presidente del Gobierno hablando con la secretaria de Estado de Comunicación en el pasillo que rodea el hemiciclo, conocido como M30, y que posteriormente publicó la grabación en una historia de su cuenta de Instagram. 

La siguiente queja se refería a la rueda de prensa del portavoz socialista, Patxi López, celebrada el 17 de marzo, en la que Quiles habría interrumpido hasta en tres ocasiones  sin tener concedido el turno de palabra. Es la misma situación que también ha denunciado Podemos cuando su secretaria general, Ione Belarra, atendía a la prensa. Sumar también ha presentado una denuncia pero en este caso contra otro de los agitadores acreditados, Bertran Ndongo, por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz. Este martes, también ha protagonizado un incidente con la diputada Aina Vidal, dels comuns, a la que ha insultado.

A esas siete denuncias se añade la última, presentada por el PSOE este lunes, por el vídeo que Quiles habría grabado desde un despacho del PP en el Congreso para atacar a Begoña Gómez tras el incidente del pasado miércoles en el que el agitador acudió a un bar ubicado en Las Rozas de Madrid con el fin de acosar a la mujer del presidente del Gobierno tras el que ella le ha denunciado por un presunto delito de agresión. 

Los socialistas sostienen que el agitador utilizó el despacho de la diputada Alma Alfonso en el Congreso pese a que las normas de la Cámara Baja establecen que solo los representantes acreditados como reporteros gráficos u operadores de televisión pueden realizar grabaciones, y siempre “desde espacios habilitados o con autorización previa de la Dirección de Comunicación”. Además, prohíben grabar con dispositivos móviles y vetan las grabaciones en despachos o zonas reservadas sin autorización.

El Consejo Consultivo ya ha considerado esas conductas como infracciones graves. Según la normativa vigente, las infracciones graves pueden sancionarse con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. El Reglamento considera muy grave que se produzcan más de dos infracciones graves en un año o que la conducta perjudique de manera muy grave el funcionamiento normal de la Cámara.

Si el letrado que instruye el caso únicamente aprecia una falta grave, la sanción oscilaría entre once días y tres meses de suspensión. Pero si entiende que hay reiteración suficiente o que alguna conducta encaja en el catálogo de infracciones muy graves —por ejemplo, grabar en despachos de miembros de la Cámara o zonas reservadas a grupos parlamentarios—, la suspensión podría elevarse a entre tres meses y un día y tres años, e incluso llegar a la revocación definitiva de la credencial.

La primera denuncia contra Quiles fue presentada por la APP el 1 de diciembre de 2025, por la grabación no autorizada de Sánchez. La Mesa abrió el expediente el 16 de diciembre. A partir de esa incoación corre el plazo máximo de seis meses previsto en el reglamento, por lo que, salvo suspensión o incidencia procedimental, el expediente caducaría el 16 de junio de 2026 si la Mesa no lo resuelve antes. 

El PP, por su parte, se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Quiles, al que la formación conservadora invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión del agitador del Congreso y salieron en su defensa tras la denuncia presentada por Gómez por el incidente ocurrido en un restaurante de Madrid la semana pasada. 

El secretario general del partido, Miguel Tellado, sostuvo que, a la vista de las imágenes difundidas por el propio Quiles, "el agredido es un periodista", pidió "esclarecer los hechos" y reclamó al PSOE que destituyera a la militante socialista que acompañaba a la esposa del presidente del Gobierno. El líder nacional, Alberto Nuñez Feijóo, pidió "esclarecer los hechos" y dijo que ese tipo de actitudes no deberían ser compartidas por la sociedad española, pero se refirió a Quiles como "periodista".

Un argumento casi calcado utilizó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al señalar que condenaba "cualquier tipo de violencia y de acoso", con el  matiz de que quien parecía “recibir violencia" era  Quiles. También sostuvo que entiende que "haya periodistas que quieran hacerle preguntas" a Gómez porque, a su juicio, ya ha dejado de ser una persona privada.

Candela, Esperanza, Belén, Esther, Micaela, Gabriela, Purificación, Toñi, Fátima, Estrella… Y así hasta 2.317 nombres. Escritos en una camiseta, formando el mapa de Andalucía. Son las mujeres afectadas por los cribados del cáncer de mama. Y en su pecho las llevó José Ignacio García durante el debate en TVE de cara a las elecciones del 17 de mayo. Un diseño del sevillano Bernar SF materializado por los jerezanos Gloria Vendimia. 

García es el político revelación en el sur en la carrera electoral contra veteranos dirigentes como María Jesús Montero (PSOE), Juanma Moreno (PP) y Antonio Maíllo (Por Andalucía). Y su popularidad ha crecido desde el debate de este lunes, en el que muchos espectadores han reparado en él más allá de Despeñaperros.

¿Quién es García? ¿Por qué está conectando? ¿Cuál es su fórmula? El ‘número uno’ de Adelante Andalucía es el aspirante que recibe mejor nota por parte de los electores, según el barómetro del Centra (el CIS andaluz) publicado este mismo martes. El gaditano cuenta con una media de 6,07, por delante del propio presidente de la Junta de Andalucía, que se queda en el 5,49.

García (Jerez de la Frontera, 1987) se presenta como el rostro de un andalucismo sin complejos y sin órdenes desde Madrid mirando a fórmulas como el BNG, la CHA o Compromís. Defensa a ultranza de los servicios públicos y de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, además de una clara vocación ecologista. Un político adicto a las redes sociales, que se viste con la icónica camiseta de The South Face y que suena a La Plazuela, la banda granadina que enloquece a muchos jóvenes andaluces y que ha puesto música al spot de Adelante Andalucía.

“Ya no quiero estar más en el lado de la pena…”, cantan El Indio y El Nitro mientras se muestra la imagen de una ciudadana agotada y cansada de escuchar el “todo va bien” de Juanma Moreno. Con una estética muy similar a los vídeos del Green Party en Reino Unido. García tiene obsesión por el día a día de la vida, por lo que preocupa en las calles. Lleva con mucho orgullo haber sido el impulsor de la ley de gratuidad de gafas, aprobada por el Parlamento andaluz y que ahora está en fase de tramitación en el Congreso. Siempre repite que en su comunidad hay un millón de personas que no llevan lentillas o gafas porque no se lo pueden permitir.

Pero el perfil político de García irrumpió principalmente durante la crisis de los cribados de cáncer de mama. Se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la oposición a Moreno Bonilla en el Hospital de las Cinco Llagas. Directo, cuerpo a cuerpo. Todo un torbellino que trata de desenmascarar al “verdadero” presidente de la Junta frente a su imagen de yerno perfecto. Esta es una de las obsesiones de la izquierda: frenar el marketing del líder conservador y evidenciar su doble discurso en sanidad, donde en el fondo hay una apuesta clara por la privatización.

García se presenta por primera vez como número uno de Adelante Andalucía después de que Teresa Rodríguez agotara el tiempo en política que había prometido y volviera a su vida anterior como profesora. Hubo vértigo en el partido. Pero el jerezano ha logrado llenar ese hueco e incluso aspira a doblar el resultado en escaños de su predecesora. Los dos hablan mucho y ella está colaborando con él en la estrategia de campaña.

Una de las claves de su figura, como señalan en su entorno, es que “no es un político impostado”: “Lo que ves en la tele es lo que es en la calle”. Él mismo escribe sus discursos con boli. Anotaciones, correcciones, subrayados sobre el papel. Y siempre con un lenguaje cercano, de la calle. Por eso, también pone en primer lugar la crisis de la vivienda y trata de explicar cómo el PP beneficia a los fondos buitre a lo largo y ancho de toda Andalucía.

Sus vídeos en Instagram y en TikTok se han convertido en virales. Y, frente a la dinámica actual de la izquierda, es un dirigente progresista con tirón entre los más jóvenes. Casi un treinta por ciento de los electores de entre 18 y 24 años lo puntúa con notas de sobresaliente (9 y 10), un porcentaje muy superior al del resto de aspirantes. 

Su principal problema, en cambio, es su grado de conocimiento, por debajo de la atención que tienen Moreno o Montero. Pero en su equipo señalan que la campaña está sirviendo especialmente para que su figura cale. El otro gran hándicap es su perfil de la Andalucía Occidental, con un partido arraigado especialmente en Cádiz y Sevilla. El barómetro del Centra da dos escaños en cada una de estas provincias y otro por Málaga. 

García no para ni un segundo durante estos días. Y cree que su defensa de los servicios públicos impregnará en una comunidad que ya sufre el deterioro de las políticas de Moreno Bonilla. Él lleva lo público en la sangre: es psicólogo, orientador educativo y funcionario. De su trabajo en los institutos viene también otra de sus grandes luchas: la salud mental de los jóvenes.

Como muchos políticos gaditanos, su despertar político está ligado al movimiento scout con valores como la solidaridad, el compromiso, la justicia, la igualdad y el ecologismo. Y, luego, estuvo muy implicado en el activismo estudiantil durante su época en la Universidad de Sevilla para licenciarse en Psicología. Aquellas huelgas por el plan Bolonia fueron el germen de varios círculos que luego participarían de manera activa en el movimiento del 15M en la capital andaluza.

Estuvo en el nacimiento del partido Podemos, pero luego decidió, junto a Teresa Rodríguez, lanzar Adelante Andalucía para imprimir un carácter regionalista a un proyecto político. Tiene como filosofía que la política no es para siempre y que volverá a su puesto como orientador de instituto. Su verdadera pasión. Y que no le falte nunca un libro en la mesita de noche (algunos en italiano, lengua que domina tras su Erasmus en Roma) y su bicicleta. Le queda todavía mucho por pedalear.

Tras diez meses de personaciones, escritos y recursos, el juez nº2 de Instrucción del Tribunal de Tarragona, Rubén Rus, decidió a finales de abril dar un nuevo impulso al caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. Por un lado, solicitando abundante información bancaria que hace tiempo que debería estar ya en la investigación. Y, por otro, ordenando la primera tanda de declaraciones de los investigados. Unas comparecencias que, sin embargo, tendrán que esperar. Ya se han suspendido, según ha podido saber infoLibre, cinco de las ocho acordadas. Y hay, al menos, una sexta que también se ha pedido cancelar.

Este primer grupo de investigados formaba parte de varias gasistas involucradas en la trama: Messer Iberica, Air Liquide y Praxair –ahora Nippon Gases–. Estas tres compañías, además de Abelló, Carburos Metálicos y la patronal AFGIM, "habrían aceptado" abonar al despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro el "precio solicitado" para obtener las reformas del Impuesto Especial Eléctrico (IEE) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que "perseguían movidos por un interés económico", según resalta el instructor en su auto de imputación. Entre 2011 y 2020, según un informe reciente de la Agencia Tributaria, las gasistas pagaron a Equipo Económico 991.613,76 euros, abonos realizados "al ritmo de los hitos" producidos para la obtención del "beneficio fiscal".

Karl Andrea Hauck y Rubén Folgado, director general y director técnico de Messer, respectivamente, figuraban los primeros en la lista de declarantes. Ambos están, precisamente, en el origen del caso. La investigación parte de una serie de correos interceptados a ambos en el curso de otra causa, de los que se desprende que varias empresas del sector habían decidido contratar a Equipo Económico, despacho con acceso "directo" al Ministerio de Hacienda, para obtener una rebaja fiscal. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", escribe Folgado a Hauck el 5 de diciembre de 2013. Ambos, recoge el instructor, participaron en la "teleconferencia" en la que se acordó la contratación del despacho y se fijaron los "términos" de los pagos.

Los directivos tenían que haberse sentado ante el juez la pasada semana, pero la declaración se suspendió después de que ambos investigados solicitaran su aplazamiento por motivos personales. No son, sin embargo, las únicas. El instructor también ha acordado cancelar las otras tres comparecencias que estaban previstas para esta misma semana: las de Patrick Enmanuel Marcel, Teresa Rasero y Jorge Pedrazuela. Todos ellos ocuparon cargos directivos en Air Liquide: director general, presidenta del Consejo y director de Contabilidad e Impuestos, respectivamente. El magistrado les sitúa, además de en el intercambio de correos analizado, en algunas reuniones clave que se encuentran bajo la lupa.

La defensa de Marcel, Rasero y Pedrazuela había solicitado la suspensión alegando que aún no se había resuelto la batalla competencial –los investigados defienden que el caso debería estar en un juzgado de Madrid, algo que rechaza el instructor–. "La inminente resolución sobre la competencia afectaría a las declaraciones de los investigados, quienes, en caso de estimación, se verían obligados a declarar ante dos instructores", resaltaban en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre. Y añadían: "No parece que tras ocho años de instrucción en secreto y casi un año desde que se conoció el auto de imputación [...], sin que se haya practicado ninguna declaración judicial, se acuerde la citación de seis investigados [...] en plena tramitación de la declinatoria de competencia". Días antes, habían alegado viajes de negocios o citas médicas para pedir la suspensión.

En una línea similar se ha movido la defensa de Carlos Romero, quien fuera directivo en Praxair –ahora Nippon– y secretario general de la patronal de gases medicinales. "En este momento están sin resolver cuestiones de gran importancia para el devenir del procedimiento; entre otras, las peticiones de nulidad instadas por esta y otras defensas", alega en un escrito al que ha tenido acceso este diario, en el que su abogado pide que la declaración se practique "al final de la fase de instrucción". Romero está citado para dentro de una semana con Eduardo Gil y Jacobina Escamez, presidente de Nippon y responsable fiscal de la compañía, respectivamente. Aunque aún no hay confirmación, las fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que estas tres últimas comparecencias también acabarán canceladas.

La suspensión de las declaraciones frena de nuevo el caso Montoro, que vuelve a quedar en stand by a la espera de la resolución de recursos y de que se vayan completando las diligencias de investigación encargadas. En los últimos meses, el instructor ha pedido, por un lado, abundante documentación mercantil de las empresas investigadas, copia de las comunicaciones mantenidas entre gasistas, despacho y órganos del Ministerio de Hacienda o detalles sobre el régimen matrimonial de los investigados. Y, por otro, ha librado mandamientos a diferentes entidades financieras después de que la Agencia Tributaria advirtiese en su último informe de que la información bancaria que habían remitido en el curso de la investigación era "insuficiente".

Desde el alzamiento del secreto de sumario, la causa ha avanzado a trompicones. Entre otras cosas, por el alud de alegaciones de los investigados. En sus escritos, la fiscal Anticorrupción encargada del caso, Carmen García Cerdá, habla de "estrategias" de presentación "de forma escalonada" de recursos y escritos de adhesión a los mismos que inciden en las "peticiones de nulidad" pero con "argumentos distintos". "Todo ello está ralentizando la elevación de los recursos a la Sala", afirmaba en uno de sus informes la fiscal, quien no ha dudado en criticar las maniobras de los investigados para "cargarse la investigación".

Este martes, el Consejo de Ministros dio un paso adelante en preservar los derechos de los menores tras aprobar la ampliación de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia. Se pone así fin a las lagunas que presenta esta Ley Orgánica aprobada en 2021.

La reforma recoge varios cambios importantes que refuerzan el interés superior de los menores, poniendo énfasis en justificar cómo proteger mejor su bienestar físico, emocional y psicológico en los actos y resoluciones administrativas y judiciales.

La medida más destacada de esta ampliación de la ley es la obligación de escuchar al menor afectado sin tener en cuenta la edad, eliminando así la regla que establecía el derecho de escucha a partir de los 12 años o en menores con una “madurez suficiente”.

“La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia, por eso se eliminan las barreras que la dificultaban”, explicó Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, quien subrayó que la norma “pone en el centro el buen trato hacia las infancias” y plantea mecanismos claros y concretos para erradicar la violencia en la infancia.

Lucía Losoviz, responsable de Incidencia Política de Unicef España y en declaraciones recogidas por Efe, celebró también la medida, destacando que en estos procedimientos los menores “podrán estar acompañados por una persona de confianza y elegir el sexo de quien les entreviste, especialmente en casos de violencia o maltrato”.

Asimismo, los testimonios se recogerán a través de salas Gesell o Barnahus, lugares habilitados como entornos seguros para facilitar las declaraciones de los menores.

Por otro lado, la reforma de la ley impulsa la creación de un turno de oficio especializado en violencia contra los menores, con abogados formados en este tipo de delitos. La Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia contará con la capacidad de personarse ante casos de desprotección grave de los niños.

Unicef ha incidido en la importancia de que en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales se tenga que justificar e interpretar el interés superior del menor, “que dejará de ser una fórmula abstracta para convertirse en un principio con criterios claros”.

El nuevo texto incorpora una medida pionera: prohibir el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías similares que versan sobre la manipulación de uno de los progenitores sobre sus hijos para favorecer que rechacen al otro progenitor.

Rego lamentó que algunos tribunales se sirvan de estos planteamientos en resoluciones judiciales “para desacreditar a mujeres” y también por “la extrema derecha para golpear a las mujeres y al feminismo”.

España se convierte así en el primer país en prohibir el SAP por ley y las resoluciones basadas en este tipo de planteamientos podrán ser impugnadas.

A partir de ahora, si el menor expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá tenerlo en cuenta, investigarlo y poner en marcha las medidas pertinentes de protección para que, tal y como comentó Rego, “el niño y la niña viva en un entorno libre de violencia y alejado de sus presuntos agresores”.

La norma refuerza también que se negará la custodia compartida si existen indicios de que esta pueda afectar a la salud física, psíquica o emocional del hijo o hija. Por otro lado, solo será necesario el consentimiento de uno de los progenitores para que un niño o niña víctima de violencia pueda recibir atención psicológica, social o jurídica, evitando así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación del menor.

Esta ley no aborda el régimen de visitas –algo que se hará en la ley de violencia vicaria–, pero sí establece criterios para poder estipularlas.

“A partir de la aprobación de esta ley, los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género serán también consideradas víctimas de violencia de género”, informó la ministra de Juventud e Infancia.

Por último, otra norma recogida en esta reforma es el endurecimiento de las condiciones para trabajar en entornos con menores, como centros educativos, clubes deportivos o espacios de ocio.

Ningún profesional que haya sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia podrá ejercer y seguir en contacto con menores en el ejercicio de sus labores.

“Los maltratadores no podrán trabajar con las infancias, quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así”, puntualizó la ministra.

La Audiencia Nacional ha condenado al excomisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de cárcel por acceder sin autorización y distribuir a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, exasesora de Podemos y del exlíder de este partido Pablo Iglesias.

Villarejo ha sido condenado como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por funcionario público, por un caso del que finalmente quedaron fuera dos periodistas, el director y el subdirector de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, a quienes otorgaron el perdón las acusaciones ejercidas por Bousselham e Iglesias.

Los magistrados han condenado a Villarejo a indemnizar a la exasesora de Podemos con 5.000 euros y al exlíder de este partido con 1.000 euros, en una sentencia que recuerda que el tribunal está "constreñido" a la petición hecha por la Fiscalía y no puede imponer una cuantía mayor. El Estado es responsable civil subsidiario.

La tarjeta móvil sustraída a Bousselham contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios pertenecientes a Pablo Iglesias, imágenes íntimas de la asesora y capturas de chats de Telegram, como los grupos 'Equipo Portavoz' y 'Superagente', y llevó a la publicación de comentarios intercambiados por la cúpula de Podemos, incluido uno en el que Iglesias hablaba de azotar a una periodista.

Su difusión provoca "un daño moral ínsito en la humillación" porque la "vida íntima y personalísima" de la asesora "se vio completamente expuesta a quien no deseaba" y lo mismo ocurre con Pablo Iglesias.

El tribunal, el mismo que actualmente está enjuiciando el caso Kitchen, considera probado que a Bousselham se le sustrajo un móvil en noviembre de 2015 y que la tarjeta de memoria que contenía llegó al Grupo Zeta en enero de 2016. Entonces, el medio decidió no publicar el contenido, del que el periodista Alberto Pozas entregó a Villarejo una copia en un restaurante el 3 de febrero de ese año. Aquella entrega no se debió a requerimiento alguno.

La sentencia considera probado que dicha información, hallada en 2017 en un domicilio de Villarejo y archivada en dos carpetas —'Dina 2' y 'Dina 3'— fue entregada por el comisario a periodistas de los medios El Confidencial y OkDiario, "para que se elaborara y publicara diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos" y de su entonces secretario general.

Los magistrados recuerdan que en el procedimiento quedaron contrastadas las citas que Villarejo mantuvo con los informadores de ambos medios en fechas próximas a las publicaciones.

Este tribunal también considera probado que el Grupo Zeta dio la tarjeta de memoria sustraída a Bousselham a Pablo Iglesias, pensando que le pertenecía, y que éste la conservó durante un plazo de seis meses antes de devolvérsela a su asesora, sin que haya quedado acreditado que la devolviera dañada.

Según los magistrados, Villarejo, que entonces estaba en activo, no tenía encomendada una investigación a Podemos, y se valió de sus funciones de inteligencia policial "para acceder, sin mediar investigación policial o judicial alguna, a informaciones facilitadas por periodistas", sin el consentimiento de Bousselham y se la facilitó a otros periodistas.

El cometido profesional como policía era su "tarjeta de presentación" en los círculos periodísticos, de los que Villarejo se nutre y a los que nutre, "aún cuando la emplee a finalidades desviadas de su labor profesional de la que se vale y le sirve para moverse".

En su condena, el tribunal ha descartado el planteamiento de la defensa acerca de que la información publicada en estos medios podía provenir de dentro de la formación, por la guerra interna a la que apuntaron los periodistas, y también separa la conducta de Villarejo de la de Bousselham, que envió capturas de algunas de sus conversaciones a terceras personas.

Cuando Bousselham reenvió su información "partía de ella esa iniciativa", mientras que "el grueso, prácticamente completo de la información se suministró al acusado sin contar con el consentimiento de Dina Bousselham, almacenándolo aquel seguidamente en dispositivos varios".

A Villarejo se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas porque los hechos que se sentencian ocurrieron en 2016 y han sido enjuiciados en 2026, dentro de una pieza separada, la número 10, del caso 'Tándem' o Villarejo. La sentencia considera además válido el registro en el domicilio del excomisario, que su defensa ha cuestionado en otros procedimientos.

Con esta pieza, Villarejo acumula tres condenas por el caso 'Tándem', la más abultada una de 13 años de prisión, mientras que ha sido absuelto en otros cinco procedimientos.

La asociación 7291 Verdad y Justicia llevará su exposición sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia del covid a distintas localidades de la Comunidad de Madrid, tras el "éxito y las peticiones" expresadas por parte de la ciudadanía.

Según señalan los familiares de las víctimas en un comunicado, la hoja de ruta pasa también por emitir el documental No, no iban a morir igual, de Javier Quintas y Aman Homoudi, entre el 6 y el 20 de mayo en distintos puntos de la región.

Este miércoles echa a andar la iniciativa en el teatro Buero Vallejo, en Alcorcón (Madrid), con la participación de la alcaldesa del municipio, Candelaria Testa (PSOE); la presidenta de la asociación, María Jesús Valero y el director de cine y del documental que se expondrá, Javier Quintas.

El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril, hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados desde abril de 2025, creciendo a un ritmo del 2,4 %; mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas, reduciéndose a un ritmo del 6,2 %.

En términos de afiliación, por sexo, la evolución avanzó más entre las mujeres, con 116.550 afiliadas más, hasta los 10,48 millones; mientras que entre los hombres sumaron 107.134 afiliados, hasta los 11,61 millones.

Aunque el grueso del empleo se creó en la hostelería en abril, avanzaron prácticamente todos los sectores con actividades administrativas y comercio sumando más de 13.000 afiliados cada una.

También subió de forma considerable el empleo en el transporte y almacenamiento con más de 12.000 afiliados en abril.

En cuanto a los autónomos ascendió a 3.444.973 millones, tras sumar 15.439.

"Marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Seguridad Social también destaca que hay cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, después de sumar 251.000 en el último año.

El número de desempleados se recortó especialmente entre aquellos provenientes del sector servicios, con 46.156 personas menos; seguidos por los de la industria, con 3.680 menos; la construcción, con 3.603 menos; y la agricultura, con 2.272 menos.

También se redujo el número de parados que no habían trabajado con anterioridad, con 6.957 personas menos.

El desempleo femenino se situó en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146; mientras que el masculino se recortó a 932.618, al descender en 28.522 personas.

El desempleo juvenil marcó su mínimo histórico, al bajar por primera vez por de la barrera de las 170.000 personas, con un total de 169.693, tras bajar en 19.284 personas respecto al mes anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296, de los que 543.543 fueron de carácter indefinido (el 43,2 % del total).

El viernes 1 de agosto de 2025, a las 23:04 horas de la noche, comenzó en Vilardevós, en la parroquia de Terroso (Ourense), un incendio que quemaría 563 hectáreas. Fue el primer gran incendio (los que superan las 500 hectáreas) de una ola que se extendería exactamente durante todo el mes, hasta que el domingo 31, al mediodía, la Xunta dio por extinguidos los tres últimos que quedaban pendientes.

Por el medio, como se puede comprobar en los datos oficiales obtenidos por Praza.gal al amparo de la Ley de Transparencia, en ese mes de agosto ardieron 113.700 hectáreas en un total de 655 incendios distintos (en el resto del año solo se quemaron otras 5.000 hectáreas en otros 820 incendios). Sin embargo, durante ese mes de agosto la Xunta solo fue informando de 54 incendios, ocultando información de los restantes 601, una media de 20 al día.

El día en el que se registró el comienzo de un mayor número de incendios fue el 5 de agosto, con 37 fuegos distintos. Pero en esa jornada y en las siguientes la Xunta solo divulgó información de cuatro de ellos, en Mondariz (Pontevedra), A Fonsagrada (Lugo), Ponteceso y Camariñas (A Coruña).

Ese día, a comienzos de agosto, ni siquiera se podía hablar aún del descontrol de la situación que se registró una semana más tarde, ya que en lo que iba de mes solo se había informado de un total de diez incendios, incluidos los de esa misma jornada, en la que el muy incompleto parte oficial de la Xunta divulgado a media tarde solo informaba de que en toda Galicia había dos incendios activos, dos estabilizados y dos controlados.

Una ocultación que responde a la política informativa aplicada por el PP desde su retorno a la Xunta en 2009. Fue entonces cuando, alegando diferentes razones, decidieron informar públicamente solo de los incendios que superen las 20 hectáreas y, por debajo de esa superficie, los que pongan en riesgo zonas habitadas o espacios naturales protegidos.

Este procedimiento informativo evitaría informaciones alarmistas sobre docenas o incluso cientos de incendios ardiendo por toda Galicia al mismo tiempo, como ocurrió durante la ola de 2006. Pero en años como el pasado, con incendios de muy gran tamaño desarrollándose de forma simultánea al tiempo que seguían saltando nuevos fuegos por todo el país, el silencio informativo impidió conocer la sobrecarga de trabajo de los dispositivos de emergencias y propició informaciones sobre la frustración de ciudadaría que no obtenía ninguna respuesta a sus avisos de nuevos focos.

La ocultación de datos sobre los incendios viene siendo sistemáticamente rechazada por las fuerzas de la actual oposición, colectivos ambientalistas y también el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que reclamó al Gobierno gallego durante a ola de incendios de agosto de 2025 más transparencia con la información sobre los incendios. 

El Colexio reclamó también que "además de comunicados de prensa, se fortalezca también la información sistematizada en formatos abiertos, que permitan reutilizar y comparar los datos", como exige la Ley de Transparencia. Esa información en formato abierto y reutilizable es ahora ofrecida por Praza.gal.

La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este lunes sus peticiones de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para su exasesor Koldo García, y 7 años para el comisionista Víctor de Aldama por la presunta trama de amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones.

El fiscal jefe Alejandro Luzón ha anunciado ligeros cambios en sus conclusiones definitivas, que no afectan a las penas de cárcel que solicita para ninguno de los tres acusados, mientras que el PP, que lidera las acusaciones populares, sí ha solicitado rebajar la condena a Aldama al considerar "muy cualificada" la atenuante de confesión por colaborar con la Justicia.

Una rebaja para el comisionista que finalmente la Fiscalía no ha considerado. Su petición inicial, de 7 años, se mantiene al final del juicio en el Tribunal Supremo tras un proceso de decisión interno en el Ministerio Público, en el que puede haber conversaciones pero no ha habido órdenes o presiones, según fuentes fiscales.

Las fuentes se referían así a algunas informaciones que apuntaban a una orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para evitar la aplicación de esta atenuante muy cualificada.

El PP sí ha visto en cambio en la confesión de Aldama —que dijo haber pagado comisiones millonarias al exministro y al exasesor— motivo suficiente para aplicar una circunstancia atenuante muy cualificada de confesión y reducir su condena en dos grados, lo que dejaría su petición en alrededor de 5 años y dos meses.

Las acusaciones populares que lidera el PP han solicitado además que el tribunal imponga menos de dos años de cárcel por cada uno de los delitos que atribuyen a Aldama, lo que evitaría que ingrese en prisión. Una conclusión con la que ha estado de acuerdo el abogado del comisionista, que también ha pedido que sus condenas no superen los dos años por cada uno de los delitos "asumidos", y ha mostrado su "discrepancia" con la "intensidad" de la atenuación contemplada por la Fiscalía.

Por su parte, las defensas de Ábalos y Koldo García han elevado a definitivas sus conclusiones, en las que piden la absolución para ambos. Acusaciones y defensas han expuesto así sus conclusiones tras una farragosa escucha de audios que poco se han entendido y otras pruebas documentales.

Desde hace quince años ningún papa ha visitado España. En poco más de un mes aterrizará León XIV en Madrid, primera parada a la que seguirán Barcelona y Canarias. Las administraciones trabajan de manera discreta aunque sin descansar para que todo esté listo. Pero, más allá de las grandes imágenes y ceremonias religiosas, su estancia dejará también varios mensajes de enorme calado tanto en la geopolítica internacional como en el tablero nacional.

El papa ha elegido Canarias como el colofón del viaje y estará en el archipiélago los días 11 y 12 de junio. Esto ilustra de forma clara su preocupación por el fenómeno migratorio y la integración de las personas que cruzan a Europa. Toda una declaración de principios que coincide en el tiempo con el proceso de regularización de migrantes emprendido por el Gobierno, cuya tramitación finaliza el día 30 de ese mes.

Este proceso de regularización en España ha sido defendido por la Iglesia, mientras que, a la vez, los partidos PP y Vox, los más afines al clero, están en pie de guerra contra el Ejecutivo por la reforma del reglamento que podrá afectar a más de 500.000 personas. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la regularización es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Desde la ultraderecha, Santiago Abascal habla de “invasión” y de “islamización”, al tiempo que promete dar la batalla jurídica contra la medida y obliga a incluir la “prioridad nacional” a Génova 13 en sus acuerdos en comunidades como Aragón y Extremadura.

Sus palabras chocan con el espíritu de la decisión del papa de visitar Canarias. En la web oficial del viaje, el obispo de Gran Canaria, José Mazuelos, explica: “Nuestras islas viven de cerca una realidad que marca profundamente nuestro presente: la llegada de tantos hombres y mujeres que, empujados por la necesidad, el sufrimiento o la falta de oportunidades, alcanzan nuestras costas buscando un futuro mejor. Esta situación interpela nuestra fe y nos invita a vivir con mayor autenticidad el Evangelio de la acogida, la fraternidad y la dignidad de toda persona”.

“Por eso deseamos que la presencia del santo padre entre nosotros sea también un signo de cercanía y esperanza para quienes atraviesan situaciones de fragilidad y para todos aquellos que trabajan cada día en la acogida, el acompañamiento y la defensa de la vida”, argumenta.

En una línea similar se expresa el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, que en su mensaje avanza que la diócesis, con motivo de esa visita, tiene la intención de poner en marcha junto a Cáritas un proyecto de centro de día para personas sin hogar, “entre las que, cada vez más, encontramos a inmigrantes”. Una iniciativa con una entidad que está en el punto de mira ahora mismo de la ultraderecha, que quiere quitarle las ayudas porque dice que vive del “negocio millonario de la migración”.

En este mundo cambiante y agitado, se da la paradoja de que esa visión integradora y humanista de la migración acerca a la Iglesia y al Gobierno de coalición frente a las derechas. Diferentes dirigentes socialistas reconocen en privado que tiene mucha importancia la elección del papa de Canarias como uno de los lugares de su viaje, por encima de las visitas a Madrid y Barcelona. 

Este lunes, por sorpresa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se vio en la Santa Sede con León XIV, un encuentro que no estaba recogido en las agendas oficiales. La audiencia duró 20 minutos y sirvió, según el jefe de la diplomacia española, para constatar la “enorme sintonía” entre el Vaticano y La Moncloa en temas de política internacional.

Además de la visita, los dos hablaron, según Albares, sobre preocupaciones comunes como "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes, y a favor del derecho internacional". Compartieron su “rechazo a la guerra para resolver conflictos” y “la defensa del multilateralismo”.

Albares también mantuvo un encuentro con monseñor Paul Richard Gallagher, responsable del Vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Él sí le preguntó directamente por el proceso de regularización y trasladó al español que “lo veía como un gesto positivo”, según el propio ministro.

El Gobierno está cuidando hasta el último detalle esta visita. Este lunes también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió la reunión para coordinar el plan especial de seguridad. Un dispositivo de gran complejidad en el que están implicadas muchas instituciones, desde el Ejecutivo hasta la Casa Real y la Conferencia Episcopal pasando por las Comunidades de Madrid, Cataluña y Canarias, además de organismos como Renfe y Aena. Fuentes gubernamentales destacan el buen clima que se ha creado entre todos los actores implicados.

El viaje del papa coincide con el proceso de regularización y el debate abierto en el país. Este mismo lunes se publicó una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser que refleja la división de los españoles: el 37,6% de los ciudadanos la ve con buenos ojos, mientras que el 33% cree que es mala y el 21,5% la califica de regular. Los votantes de izquierdas son los que se muestran a favor de la iniciativa: Podemos (70%), Sumar (63%) y PSOE (59%). En cambio, el nivel de apoyo se desploma entre los electores de la derecha.

Pero, además, esta visita a España se produce en un momento en el que el pontífice ha alzado la voz claramente contra las políticas de su compatriota y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto por su política migratoria como por su ataque unilateral a Irán, solo de la mano de Benjamin Netanyahu (Israel). En privado, fuentes cercanas a Pedro Sánchez dan una gran importancia a la actitud de León XIV y la contraponen a otros momentos de la historia en los que la Iglesia calló, como durante el ascenso del nazismo.

León XIV, que llegó al poder en el Vaticano en mayo del año pasado tras la muerte de Francisco, tuvo una primera etapa en la que rehuyó enfrentarse a Trump. Pero, desde hace unos meses, se ha convertido en uno de sus grandes antagonistas. Lo que supone un duro golpe para el presidente de EEUU, porque el papa es el otro estadounidense más poderoso del planeta y el máximo responsable de la Iglesia católica, la fe que practica el morador del Despacho Oval. 

A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas al ser arrolladas por un automóvil en la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según confirmó el alcalde, Burkhard Jung.

"Lamentablemente hay dos muertos", afirmó, al tiempo que tranquilizó a los ciudadanos, al explicar que el supuesto autor del atropello ha sido detenido.

"No conocemos exactamente la motivación, no sabemos nada del perpetrador", declaró, aunque según informaciones de la cadena NTV y del tabloide Bild, el supuesto conductor se comportó de forma llamativa tras ser detenido, lo que podría apuntar a un trastorno psiquiátrico.

Jung se declaró "conmocionado" y expresó su solidaridad con las víctimas, ante un hecho que "ni ahora ni probablemente nunca podamos comprender".

El director del servicio de bomberos de Leipzig, Axel Shuh, por su parte, declaró que "han herido a dos personas de tanta gravedad que murieron y dos personas están heridas graves". Añadió que hay otros 20 afectados de menor gravedad.

Por su parte, la Policía de Sajonia informó en sus redes sociales de que "un turismo atropelló a varias personas en la calle Grimma y se dio a la fuga", aunque más tarde fue detenido, por lo que ya no existe un riesgo para la población.

"Por favor evitad compartir informaciones no verificadas y fotos o vídeos del lugar de los hechos. Informaos a través de las cuentas oficiales de las autoridades y usad fuentes de noticias verificadas. Las noticias falsas dificultan nuestro trabajo", agregó la Policía.

Los hechos ocurrieron sobre las 17:15 horas en una calle comercial que conecta la céntrica Plaza Augustus hacia la zona peatonal de la capital sajona y se halla en las inmediaciones de la Universidad y de la Iglesia de San Nicolás.

El vehículo, un VW Taigo, enfiló la calle peatonal a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora, según testigos presenciales citados por los medios, hasta que finalmente detuvo su trayectoria un bolardo metálico.

El exlehendakari Carlos Garaikoetxea, el primer presidente vasco tras la promulgación del Estatuto de Gernika, ha fallecido este lunes a los 87 años, han confirmado a EFE fuentes próximas a su familia.

Garaikoetxea ha fallecido en torno a las 16:30 horas de esta tarde en Pamplona, su ciudad natal y en la que residía. Según las fuentes consultadas, el histórico político navarro habría sufrido un infarto por la mañana.

Fue elegido lehendakari en 1980 y reelegido en 1984, aunque un año después fue sustituido por José Antonio Ardanza, en medio de un convulso proceso que culminó con la escisión del PNV.

Carlos Garaikoetxea Urriza, nacido el 2 de junio de 1938 en Pamplona, se afilió muy joven al Partido Nacionalista Vasco, hasta alcanzar la presidencia del Euskadi Buru Batzar (EBB) en 1977.

El 9 de junio de 1979 se convirtió en presidente del Consejo General Vasco, el antecedente inmediato del Gobierno Vasco, en sustitución del socialista Ramón Rubial.

Fue el candidato del PNV en 1980, en las primeras elecciones autonómicas regidas por el actual Estatuto de Gernika, aprobado un año antes en 1979, por lo que le correspondió iniciar el desarrollo del autogobierno vasco.

Tras protagonizar hitos como la creación de instituciones claves del autogobierno como la Ertzaintza, EiTB y Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), bajo su mandato se aprobó el Concierto Económico.

Discrepancias internas respecto a la ley de territorios históricos le llevaron a dimitir y ser sustituido por José Antonio Ardanza en 1985. Los desencuentros se enconaron hasta el punto de finalizar, un año después, en la ruptura del PNV.

Carlos Garaikoetxea abandonó la formación jeltzale y fundó Eusko Alkartasuna, partido que presidió durante más de una década.

Esta formación está actualmente integrada en EH Bildu, una estrategia que en un principio respaldó el exlehendakari, aunque posteriormente, como en el Congreso de 2017, expresó su apoyo al sector crítico de EA con el fin de evitar que la formación que fundó quedara disuelta en la coalición abertzale.

En un mensaje en redes sociales, EH Bildu ha escrito tras conocer el fallecimiento: "Agur eta ohore (adiós y honor) al lehendakari Carlos Garaikoetxea. Navarro, abertzale e hijo de Euskal Herria".

"Uno de los principales actores de nuestra institucionalización moderna y ejemplo de compromiso en el camino de la suma de fuerzas por la soberanía", ha añadido.

El Grupo Parlamentario Socialista ha elevado este lunes a la Dirección de Comunicación del Congreso un escrito de denuncia en el que solicitan aclarar las circunstancias en las que el agitador Vito Quiles, acreditado como redactor literario en la Cámara Baja, grabó y subió a redes sociales un vídeo en el despacho de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Alma Alfonso.

En él, comentan que Quiles ataca a varios periodistas y amenaza a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con acciones judiciales.

“Anuncio acciones judiciales contra Begoña Gómez y sus charo acompañantes por la violencia que sufrí ayer”, escribió en un tweet. “Me ha denunciado ella a mí, que soy la víctima”, comenta. Y añade: “Es una locura cómo os intentan hacer creer lo que vuestros propios ojos no han visto y quieren que os creáis lo que ellos dicen”.

La publicación del vídeo en la red social X tuvo lugar el pasado jueves, 30 de abril, dos días después de abordar a Gómez en un restaurante y perseguirla por los alrededores.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista recuerdan que “los redactores literarios no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo”, tal como recoge el precepto 3.2 del apartado I del Acuerdo de Mesa del Congreso de los Diputados, en desarrollo de lo previsto en el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Piden en esta denuncia que, en el curso de la instrucción, “se inquiera a la diputada Alma Alfonso y al GPP a expresar si dieron su autorización y estaban presentes (tal y como exige el Reglamento de la cámara) cuando Vito Quiles utilizó sus dependencias para verter sus amenazas”.

A la denuncia de los socialistas, Quiles ha respondido a través de X: “Hoy la polémica es que me tomé un café con una diputada en su despacho. Y lo denuncian los mismos que comen los miércoles con Patxi López y Rufián, que se van a hoteles con diputados, que son invitados por Illa a la Generalitat, que tienen su oficina en Ferraz, que se hacen fotos con Sánchez y que montan en el Falcon. Es imposible ser más cínico, más hipócrita y más falso”.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exnovia, Jésica Rodríguez, y su familia disfrutaron de determinados inmuebles con absoluto desconocimiento por parte del exmiembro del Gobierno de que los sufragara el conseguidor de la trama corrupta del caso Koldo, Víctor de Aldama, a través de sus socios y conocidos. Así lo ha sostenido el ex miembro del Gobierno y ex número tres del PSOE durante su declaración como acusado y sin obligación de decir la verdad. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Ábalos ha asegurado que la decisión de adjudicar contratos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión procedió directamente de la subsecretaría del ministerio. "Yo solo daba la orden política de que se contratara pero no me he metido jamás en la contratación, no miraba ninguna oferta", ha declarado. "Mi única obsesión es que tuviéramos equipos de protección ya", ha añadido. El exministro, además, ha sugerido que su excompañera Jésica pudo actuar coaccionada en su declaración como testigo: "Se inculpa porque le han dicho que no le va a pasar nada".

En su declaración del pasado miércoles, Aldama aseguró que fue Koldo García, la mano derecha del ministro, el que le encargó que entablara relaciones con contratistas del ministerio para obtener mordidas en efectivo que, como dijo sin aportar prueba alguna, servirían para financiar al PSOE. Para ello, el principal asesor de Ábalos y el conseguidor y número uno del entramado, habrían establecido un sistema de pagos y atenciones al ministro. Una de esas compensaciones en especie sería el pago de un alquiler a la novia de Ábalos, Jésica Rodríguez, en la Torre de Madrid, el edificio emblemático de la plaza de España. El otro era la puesta a su disposición como una garantía de los supuestos pagos procedentes de las constructoras de obra pública de un piso en la Castellana propiedad del propio Aldama. El de la plaza de España lo sufragó también uno de sus socios, Alberto Escolano.

Ábalos ha asegurado que su relación con Jésica iba en serio y que ambos buscaban "un espacio compartido" porque tenía la esperanza de que "esa relación prosperara". Fue entonces cuando Aldama ofreció la posibilidad de que firmar un contrato de alquiler con opción a compra del piso de la Castellana. El exministro llegó a rubricar ese contrato, pero asegura que no pudieron trasladarse porque estaba ocupado por otros inquilinos que no lo abandonaron hasta 2022. Ante esa inconveniencia, decidieron buscar una solución alternativa y provisional para Jésica. Es así como la entonces pareja del ministro entró a vivir en el apartamento de la Torre de Madrid, donde permaneció hasta 2022. Ábalos ha declarado que fue su asesor, Koldo, el que se ocupó de todo y que pensaba que quién pagaba al piso, no tenía nada que ver con Aldama. "Nunca tuve llaves de ese apartamento ni pernocté en él", ha asegurado.

El principal acusado y exmiembro del Gobierno ha puesto en duda el testimonio de Jésica y ha llegado a plantear que su declaración como testigo en el juicio pudo ser fruto de coacciones. "A uno no le parece bien verla sufrir así, verla comparecer aquí diciendo lo que tuvo que decir", ha declarado Ábalos. "Dijo que no iba a trabajar sin que nadie se lo preguntara; que había elegido el apartamento [de plaza de España] motu proprio; que no conocía al señor Aldama cuando yo la conocí por él", ha añadido. "Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho que no le va a pasar nada. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado por fichar todos los días tanto en INECO como Tragsatec", las empresas públicas dependientes del ministerio en las que, según la investigación, fue colocada Rodríguez por intermediación de Ábalos y Koldo.

Es en torno a esos trabajos y a si Jésica Rodríguez fue o no a trabajar, donde el exministro y ex secretario de Organización ha mostrado una mayor desmemoria. Negó que fuera idea suya que trabajara en INECO –"ni se me ocurrió", ha dicho–, que le pareció bien que encontrara un empleo pero pensaba en empresas del sector privado y no en una de las públicas del ministerio. El exministro ha declarado que lo único que hizo fue pasar el currículum a Koldo y que no hizo ninguna llamada en favor de su entonces compañera. Respecto a su paso posterior a Tragsatec, se ha remitido a un informe de la propia compañía que, dijo, asegura que consiguió legalmente a través de un proceso de selección. Sin embargo, ha negado que conociera que su novia, en realidad, no trabajara. Tenía un ordenador y pensaba que lo hacía a distancia por razón de la pandemia. En cualquier caso aseguró que no recordaba haber hablado de estos asuntos con ella porque a él no le parecían interesantes.

Otro de los inmuebles que se puso a disposición al ministro fue un chalé de la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Según el escrito de acusación, se trataría de una compensación de la empresaria Carmen Pano, también cercana a Aldama, por las supuestas gestiones para que Villafuel, una de sus empresas, obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos con la intermediación de Ábalos y Koldo. El exministro aseguró que buscaba una vivienda de alquiler para que él y su familia pasaran el verano y luego, en caso de que les gustara, adquirirla. "Como hizo siempre en estos casos, Koldo recurrió a Aldama para que le asesorara", ha declarado. "Me dijeron que era de una sociedad que no se dedicaba a nada que tuviera que ver con el ministerio", ha añadido. "¿Por qué escoge un chalé en venta en lugar de uno en alquiler si era para pasar el verano?", le ha preguntado el fiscal. "La propuesta no salió de mí, pero alguien puede intentar vender y aceptar un alquiler con opción a compra", ha asegurado. "Fue un alquiler real, nada simulado", ha añadido.

Respecto del contrato de adquisición de ocho millones de mascarillas por su departamento (y otro posterior de cinco millones) adjudicado a dedo a otra de las empresas relacionadas con Aldama, Soluciones de Gestión, en los primeros días de la pandemia, Ábalos ha asegurado que todo el proceso fue diseñado por la subsecretaría del ministerio, el órgano que se encarga de la gestión económica. "Yo daba la orden política", ha señalado, pero después, ha añadido, no decía con quien había que contratar. Según el exministro, su entonces compañero y ministro de Sanidad, Salvador Illa, le advirtió previamente de que tuviera mucho cuidado porque "hay mucha estafa". Soluciones de Gestión, según el exministro, tenía la ventaja de que era la propia empresa la que adelantaba el dinero con lo que asumía el riesgo.

"Todo el mundo sabe que buscábamos un proveedor; era un privilegio tenerlo", ha declarado detallando el nivel de angustia del momento y la perentoria necesidad de material sanitario en plena carencia. "Al menos pudimos traer las mascarillas y a un precio inferior a la media del momento", ha proseguido. "Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya". "El riesgo económico lo asumió el proveedor", "no me pasaron ninguna otra oferta", ha proseguido. "No me he metido jamás en nada de contratación salvo el objeto del contrato", es decir, que él decidía que se adquiriese el material sin entrar a valorar o fiscalizar a quién se le compraba. Respecto al papel del Aldama, el exministro ha concedido que es probable que conociera la situación de extrema necesidad por su relación con Koldo. "Uno, en ese momento, lo interpreta como una ayuda", ha declarado. "La preselección de ofertas se podía hacer y era legal", ha añadido.

Otro de los hechos por los que supuestamente Aldama remuneró ilegalmente a Ábalos fue la ayuda del exministro para el rescate de Air Europa, compañía de la que el conseguidor era asesor. El ministerio transmitió en agosto de 2020 a varios medios su posición favorable al rescate de la compañía aérea, lo que la trama habría recompensado con una estancia en un chalé vacacional en Marbella (Málaga). Ábalos justificó esa intervención y el rescate de la aerolínea porque "un Gobierno tiene que atender las necesidades de las empresas estratégicas". Air Europa era, según ha recordado, "la única compañía de bandera española que teníamos", que había pasado con el estallido de la pandemia de valer 1.000 millones de euros a cero. El exministro de Transportes ha manifestado que la idea de contar a algunos medios la posición del ministerio favorable al rescate surgió del secretario de Estado, Pedro Saura, y que él no se opuso.

Ábalos ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones populares y del defensor de Aldama, pero sí ha permitido el interrogatorio de la abogada de Koldo y por supuesto al suyo. Cuando ha tocado el turno a su defensa, se ha quejado de una suerte de conspiración en su contra de la UCO con filtraciones a determinados medios. Una de ellas sobre un supuesto chalé que tendría en Perú valorado en un millón y medio de euros que en realidad valía 700 y era un centro social. También ha acusado a los agentes de llevarse una memoria USB con los vídeos del comité federal que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en 2017 publicado recientemente. Ábalos ha asegurado que solo él y el presidente tenían esas imágenes. También se ha quejado de que se publicara un pantallazo de una conversación suya con el jefe del Ejecutivo. "No sé qué tiene que ver con la causa", ha dicho. Por último, ha rechazado que recibiera ningún pago directo o indirecto de Aldama. "Coincido con él en que nunca fue amigo mío, siempre mantuvo una cierta distancia; en que le gustaba alardear de tener cierto acceso".

Félix Sanz Roldán, quien fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante una década –entre 2009 y 2019–, ha negado en la Audiencia Nacional que los espías participasen de algún modo en los seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas. "El CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, en el caso sobre el que se me está preguntado. Ninguna, cero absoluto", ha resaltado el también exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) durante su comparecencia como testigo en el juicio de Kitchen, la supuesta operación parapolicial para evitar que documentación sensible para la formación conservadora que pudiera tener su excontable acabara en la investigación judicial del caso Gürtel.

La sombra de sospecha en torno al servicio secreto ha planeado desde el principio en la investigación, si bien es una línea de investigación que nunca se terminó de explotar. El comisario Enrique García Castaño, durante años jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –la que realizó el grueso de seguimientos sobre la familia Bárcenas– y que se ha librado del banquillo de los acusados por motivos de salud, deslizó en enero de 2019 ante el juez instructor que el extesorero había sido espiado "por otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente, Guardia Civil y CNI". Unos espías a los que también ha apuntado el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

El director del Centro Nacional de Inteligencia ha prestado declaración como testigo una semana después del "no me consta" de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría al ser preguntada por la posible participación del servicio secreto en una operación alrededor de la familia Bárcenas. Y durante su comparecencia ha rechazado tajantemente que sus espías participasen de algún modo en la Kitchen. "No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para aportar elementos de juicio para tomar buenas decisiones", ha resaltado Sanz Roldán.

Que su comparecencia iba a estar vigilada al milímetro es algo que dejó claro desde el primer momento la Fiscalía Anticorrupción. "Todas las actividades del CNI están clasificadas con el grado de secreto", advirtió el fiscal César de Rivas antes de arrancar el interrogatorio. Por tanto, continuó, solo podría responder a aquellas cuestiones que tuvieran que ver con la Kitchen, un asunto sobre el que el Gobierno ha desclasificado información. Y él, de hecho, se ha mostrado en todo momento dispuesto a hablar. "Quiero responder", ha señalado cuando se le ha lanzado la pregunta clave. "Ningún Gobierno a los que he servido me ha pedido que hiciera nada ilegal, y esto lo habría sido", ha afirmado Sanz Roldán.

En la sesión de este lunes también se ha puesto el foco en la Guardia Civil. Y, más en concreto, sobre la Unidad Central Operativa (UCO). Al menos, durante unos segundos. "¿La UCO, a través de algún agente a su mando, intentó captar al señor [Serio] Ríos, al chófer del señor Bárcenas, en algún momento?", ha lanzado el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los acusados en este procedimiento. "No, en absoluto. El tiempo que yo estuve al mando de la UCO, en absoluto", ha respondido Manuel Sánchez Corbí, exjefe de la unidad de élite del Instituto Armado. El abogado de Ríos insistió para saber si le constaba un movimiento así previo a su mandato. "No, en absoluto. Nunca fue objeto de investigación ni antes ni durante ni después", ha zanjado.

Tanto Sanz Roldán como Corbí fueron llamados a petición de la defensa de Villarejo, que ejerce Antonio Cabrera. Y con un objetivo claro: dibujar Tándem, la macrocausa en la que se integra Kitchen, como una oscura operación de varios organismos estatales para hacer caer al comisario jubilado. De ahí que buena parte de las preguntas dirigidas al exdirector del CNI versaran, precisamente, sobre la mala relación con Villarejo. Sanz Roldán ha rechazado tener una enemistad manifiesta con él. Y ha dicho que si le denunció fue porque sintió la "obligación" como director del CNI de "salir al paso de mentiras tan crueles" que se decían sobre sus "subordinados". Del mismo modo, ha negado haber pedido hasta en tres ocasiones a Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía y acusado en este procedimiento, que cesara al comisario.

"¿Y ha dicho en reuniones que o el Estado acaba con Villarejo o Villarejo acaba con el Estado?", ha preguntado Cabrera. "No lo he dicho porque nunca he tenido la sensación de que fuera tal su capacidad", ha respondido Sanz Roldán. La defensa del comisario jubilado, del mismo modo, ha interrogado al exjefe de los espías sobre una serie de correos electrónicos que recibió su defendido desde cuentas con dominio "areatec", que ha vinculado al Centro Nacional de Inteligencia y que vendrían a demostrar que el servicio de espionaje estaría detrás de su caída en desgracia. "No solo no lo reconozco, sino que con los datos que tengo de la forma en que escribía el CNI y cómo trataba las cosas, ese correo es falso. Lo diré mejor: este correo no tiene su origen en el CNI, ni en mí ni en ninguno de mis colaboradores", ha apuntado Sanz Roldán.

La tesis del abogado de Villarejo es que Tándem está contaminada desde el inicio. Y, por tanto, también Kitchen. Así, relata en su escrito de defensa que la UCO de la Guardia Civil recibió en su día una información de David Rodríguez Vidal, quien fuera durante años colaborador del CNI, que terminó derivando en una reunión con el fiscal jefe Anticorrupción y el fiscal que se hizo cargo de la macrocausa contra el comisario jubilado, Ignacio Stampa. Y que, pese a participar en un momento inicial de las pesquisas, "no informó en ningún momento" de que había tenido a su "disposición" los "documentos" que luego se aportaron de "forma anónima" por Vidal en el Ministerio Público o de que, incluso, "conocía la identidad del denunciante".

Tanto Corbí como Francisco de Borja, quien fuera agente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, han confirmado que, efectivamente, el excolaborador del CNI les trasladó que un empresario –Francisco Menéndez– tenía "información sobre corrupción policial" y que quería negociar con la Fiscalía en relación con un problema tributario que tenía. Tras hacer unas indagaciones, comprobaron que la información "podía ser veraz" y se pusieron en contacto con Anticorrupción. En concreto, Corbí se reunió con el entonces fiscal jefe, Manuel Moix, quien organizó un encuentro posterior en el que participaron De Borja, Vidal o el fiscal Ignacio Stampa. "Recuerdo que se habló de que la otra persona –Menéndez– no había acudido y de que Vidal decía que había sido por miedo a represalias", ha explicado De Borja.

El exjefe de la UCO ha contado que después de aquello Moix le comentó que iban a abrir una investigación y que quería que la llevaran de forma conjunta Policía Nacional y Guardia Civil, algo que Corbí rechazó. Al final, ha completado, la labor de la unidad de élite del Instituto Armado se limitó a "una diligencia": "Averiguar el paradero y la identidad de una persona". En concreto, de Asunción Mba, nombre que aparecía en el anónimo remitido a Anticorrupción que dio origen al caso contra Villarejo. Una nota cuyo autor es, en realidad, Vidal, quien se decidió a enviar la carta ante la indecisión de Menéndez. Meses antes, ha contado en la Audiencia Nacional, había trasladado al comisario general de Policía Judicial, José Sánchez Aparicio, información sobre sociedades en Panamá de Villarejo.

Frente al tribunal del caso Kitchen, que preside la magistrada Teresa Palacios, ha testificado también este lunes el empresario Javier Pérez Dolset, que fue quien aportó a la causa una serie de audios relativos a conversaciones mantenidas entre Villarejo y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también en el banquillo de los acusados. Grabaciones que, según ha explicado, formaban parte de unos ficheros que le facilitó un hombre cuando buscaba "material probatorio" para defenderse de un "montaje" en su contra. Unos archivos que él y su equipo consiguieron desencriptar y que ya estaban circulando en los chats del eurodiputado Luis Alvise Pérez cuando se los hicieron llegar a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Durante su comparecencia, en la que ha acusado a fiscales y políticos de estar conchabados para dirigir el caso Tándem en la dirección que ellos querían, Pérez Dolset también ha relatado un encuentro en su casa con el ex secretario de Estado de Seguridad en el que éste le pidió perdón por unos hechos que afectaron al empresario. Además, ha relatado que Martínez le dijo que las instrucciones las había recibido "de distintas vías". En concreto, ha hablado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. "O sea, ¿este señor es el máximo responsable de lo que ha ocurrido aquí? Ni de coña", ha completado el empresario.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado en el Tribunal de Instancia de Madrid una demanda contra el empresario investigado en el caso Koldo Víctor de Aldama por vulnerar su derecho al honor al afirmar en programas de televisión que le intentó sobornar.

Según ha adelantado elDiario.es y han confirmado a EFE en fuentes del Ministerio Félix Bolaños reclama 70.000 euros por daños y perjuicios a Víctor de Aldama, que está siendo juzgado estos días en el Tribunal Supremo por la trama de las Mascarillas junto con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor de este Koldo García.

Víctor de Aldama dijo el pasado mes de febrero en Telemadrid en referencia a Bolaños: "Se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta".

Bolaños reclama a Aldama que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido "ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y redes sociales) o por cualquier otra vía".

También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen.

Bolaños sostiene que "no conoce ni ha hablado nunca ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación".

E Insiste en que su relación personal "es total y absolutamente inexistente”, que "nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con Aldama ni con su responsable de comunicación, y ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Aldama difundió en la red social X que Bolaños había asistido a una fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos siendo este aún ministro en la que también estuvo el empresario que se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019.

En este sentido el escrito de Bolaños señala que "la única evidencia" que ha aportado Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante, en la que, por cierto, ni siquiera aparece el empresario".

Y Bolaños recuerda además que Aldama reconoció, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales de intento de soborno, "no conocerle de nada" en una entrevista e la Cope el 27 de noviembre de 2024.

Una contradicción que, en la demanda, se considera "tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad del demandado".

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración de un correo con datos reservados de un supuesto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que salió del juicio convencido de que iba a ser absuelto, por lo que el fallo "fue una sorpresa muy dura. No había ninguna carga probatoria contra mí", informa EFE.

En su primera entrevista a un medio de comunicación tras ser condenado, García Ortiz ha reconocido que no es libre para decir lo que quiera por respeto institucional y, durante más de dos horas respondiendo a las preguntas de Jordi Évole en La Sexta, en ningún momento ha querido sembrar dudas ni cuestionar la profesionalidad de los magistrados del Tribunal Supremo que le juzgaron.

García Ortiz ha reconocido que no lleva bien ir por la calle porque a veces tiene que oír cosas "no muy agradables" y ha lamentado que "desde ciertos sectores de la ultraderecha" se piensen que es "una persona a quien se le puede insultar y se le puede llamar sinvergüenza o corrupto".

Para sus hijos, de 22 y 25 años, según ha contado, leer determinadas noticias y titulares destructivos de su padre es doloroso, y ha calificado de una especie de "muerte civil" lo que le ha pasado, a la vez que ha dicho que es "inimaginable" para un fiscal general estar sentado en el banquillo. "Es una sensación personal y profesional muy dura".

A la pregunta de si le "ha jodido pagar" 7.000 euros de multa a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha respondido: "No me ha gustado en absoluto", porque es "una paradoja que quien se dedica a perseguir delitos acabe pagando una cantidad a una persona que está inmersa en un procedimiento para averiguar si ha cometido o no un delito".

García Ortiz ha afirmado que le "dolió mucho" ser condenado por sus propios compañeros y ha subrayado que vivió como una humillación la forma en la que el novio de Ayuso le señaló y la contundencia con la que se dirigió a él durante el juicio. "Me sentí maltratado".

Durante la entrevista ha negado en varias ocasiones ser el autor de la filtración del correo en el que el abogado de González Amador proponía un pacto a la Fiscalía admitiendo dos delitos fiscales. Tampoco nadie de su entorno, aunque ha reconocido que era "un mail cotizado".

El exfiscal ha calificado de "extraordinariamente desagradable" su imputación y asegura que desde el primer momento tuvo "dudas razonables" sobre si "abandonar el barco" o quedarse, un dilema en el que "cualquier solución es mala", y decidió seguir para no dar sensación de debilidad institucional.

Ha asegurado que meses antes de que se produjera ya sabía que le iban a imputar y una de las veces fue en la recepción de los reyes tras la Fiesta Nacional del 12 de octubre, cuatro días antes. "A mí, personas directa o indirectamente me dijeron qué día y en qué momento iba a ser imputado".

Uno de los momentos más complicados del proceso –ha dicho– fue cuando creía que se iban a recuperar los mensajes que borró de su móvil el mismo día que le imputaron y que "información ultrasensible" iba a aflorar y acabar en un medio de comunicación. "Fue un momento absolutamente intimidante".

García Ortiz ha admitido que el registro de su despacho por parte de la UCO fue un "shock inimaginable", si bien ha asegurado que los agentes actuaron con mucha profesionalidad. "Te parece delirante pero entiendes que ellos esta haciendo su trabajo".

Sobre su futuro, ha señalado que está "en un periodo de duelo en el que muy poca gente" se atreve a imaginarse su futuro. "Tengo que reflexionar mucho interiormente y con mi familia tenemos que digerir todo esto que ha pasado, ver cuál es nuestro futuro personal y profesional, estar tranquilos una temporada y no me planteo nada más que pasar ese periodo en un entorno amable y agradable", ha zanjado. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este fin de semana que planea retirar "mucho más de 5.000" soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, en medio de sus críticas hacia los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán, informa EFE.

"Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000", dijo Trump en declaraciones a los medios en Florida.

Esta afirmación también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al mandatario republicano de haber sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo final al conflicto.

Los comentarios de Trump se producen un día después de que altos funcionarios del Pentágono adelantaran que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había ordenado la retirada de "aproximadamente 5.000 soldados de Alemania".

Esta decisión se debía a las "necesidades y condiciones del teatro de operaciones", aunque coincidió con tensiones entre la Administración Trump y sus aliados europeos, a quienes recrimina por no haber ayudado en el conflicto en Irán.

Según las fuentes del Pentágono, "la retirada se completará en los próximos seis a doce meses".

Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo, distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

Pese a que Merz fue uno de los primeros líderes europeos en apoyar los ataques de EEUU e Israel a Irán, su posición se ha vuelto más crítica con el paso del tiempo.

La postura del canciller alemán le han valido los reproches del republicano, que ayer advirtió a Merz, que debería ocuparse más de "arreglar" su país "roto" y poner fin a la guerra en Ucrania, que en "interferir" en el conflicto con Irán.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto con Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el pasado 28 de febrero, sin consultar o comunicar nada previamente a sus socios de la OTAN.

Merz, por su parte, defendió sus críticas a la estrategia de EEUU en Irán y sostuvo que el anuncio de la retirada parcial de soldados estadounidenses no tiene "ninguna relación" con su desencuentro con el presidente estadounidense por el conflicto en Oriente Medio.

En una entrevista en el programa de Caren Miosga de la primera cadena de televisión pública, ARD, con motivo del año que cumplirá como jefe de Gobierno alemán el próximo día 6, Merz restó importancia a la anunciada retirada de más de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania en los próximos seis a doce meses.

"Quizá se esté exagerando un poco, pero no es algo nuevo", dijo el canciller en el programa, según el adelanto de la cadena.

Merz sostuvo que se trata de un contingente que el expresidente estadounidense Joe Biden había desplegado de manera temporal en Alemania a raíz de la guerra rusa en Ucrania y sobre cuya retirada se venía hablando desde hace tiempo.

Al ser preguntado si sus críticas sobre Irán han tenido algo que ver, el político conservador fue tajante: "No existe ninguna relación".

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, prorrogó este domingo dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, informó a EFE Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.

La Flotilla ha instado a los gobiernos de España y Brasil a "actuar de inmediato", después de esta decisión. "Los participantes de la Flotilla Global Sumud actuaron porque el mundo no ha logrado detener la destrucción de la vida palestina. Los gobiernos se enfrentan ahora a una clara disyuntiva: respetar el derecho internacional o seguir siendo cómplices de su destrucción", se indica en un comunicado del colectivo activista.

Concretamente, GSF pidió a los gobiernos de todo el mundo, pero en especial a los de España y Brasil, la liberación de los detenidos; iniciar "investigaciones públicas independientes" sobre el arresto de estos dos activistas en aguas internacionales e imponer "sanciones significativas" a Israel por sus "continuas violaciones del derecho internacional".

Igualmente, exigen a Israel rendir cuentas por lo sucedido, así como por el "genocidio en curso en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania".

"El fallo de hoy refleja un patrón más amplio en el que los tribunales de ocupación israelíes legitiman la detención ilegal y la violencia estatal en casos que involucran a palestinos y sus aliados", continúa GSF en su comunicado.

Y añade: "Los procesos que se basan en pruebas secretas y supuestos problemas de seguridad han generado desde hace tiempo serias preocupaciones entre los expertos jurídicos internacionales sobre la ausencia de garantías procesales y el uso continuado del sistema legal para respaldar políticas que violan el derecho internacional".

Asimismo, la Flotilla anunció también que intensificarán sus acciones de resistencia civil con acampadas que comenzarán mañana en Bruselas y que se extenderán a otras ciudades europeas.

Entre sos presuntos delitos que se imputan a los dos detenidos figura el de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios y transferir bienes para una organización terrorista", informó el centro legal Adalah, que representa a los dos activistas, en un comunicado.

Este también impugnó la decisión, afirmando que "no existe fundamento legal para la aplicación de estos delitos a ciudadanos extranjeros en aguas internacionales".

Los dos miembros de la Flotilla, que se embarcaron en una expedición de 58 aeronaves que por segundo año consecutivo pretendía romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria, llegaron en la mañana del sábado a Ashkelon (ciudad costera al sur de Israel) tras permanecer otros dos días bajo custodia de la Marina israelí.

Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español definieron esa maniobra de las autoridades israelíes como un "secuestro", al ejecutarla en aguas internacionales y aún a unos 1.150 kilómetros de la Franja de Gaza.

Adalah denunció este fin de semana el maltrato físico por parte de las autoridades israelíes hacia sus representados, que han iniciado una huelga de hambre mientras permanecen en la prisión de Shikma, en Ashkelon.