“Me gustaría ser el primer alcalde de Barcelona de origen migrante con convicciones fuertemente catalanistas”. La declaración de intenciones es de Gerardo Pisarello, candidato de los comuns en las próximas elecciones municipales. La capital catalana será una de las grandes batallas electorales del próximo año, con el socialista Jaume Collboni tratando de repetir mandato y con la irrupción de la extrema derecha de Aliança Catalana.

Pisarello vive a medio camino entre Barcelona y Madrid, donde es diputado y miembro de la Mesa del Congreso. Sostiene que sólo tiene sentido continuar la legislatura si se adoptan decisiones valientes, especialmente en temas de vivienda o derogando la ley mordaza. Cree que las izquierdas deben estar más en la calle y disputarle a la ultraderecha “cada club de fútbol y cada asociación de estudiantes”. Y apuesta por el entendimiento en ese espacio, aunque cree que las listas conjuntas se deben hacer donde sean eficientes electoralmente. Y lleva por bandera que si llega al despacho de la Alcaldía se opondrá a la ampliación del aeropuerto de El Prat y prohibirá las compras especulativas de los fondos buitre.

¿Por qué ha dado este paso en su vida política para optar a la Alcaldía de Barcelona?

Tengo experiencia municipalista. Quiero y conozco a mi ciudad. En un mundo convulso, Barcelona puede ser referencia no solo de resistencia, sino también de innovación y de grandes transformaciones sociales como pasa en Nueva York, Ámsterdam y Seattle.

¿Qué balance hace de la gestión de Jaume Collboni?

Una gestión sin imaginación y sin valentía política. Es como si Collboni tuviera que pedirle perdón a los grandes lobbies de la ciudad por haber gobernado en su día con Barcelona en Comú. Es una muestra clara de que si no hay una izquierda fuerte, el PSOE no toma decisiones valientes.

¿Es partidario de un gobierno de coalición municipal junto al PSOE?

Aspiro a dirigir un proyecto de cambio y de transformación social en Barcelona y que entienda que esta ciudad se ha vuelto muy cara. Hace falta una Alcaldía que esté dispuesta a enfrentarse a los poderes económicos y a defender a la gente. Hay que batallar por la bajada de precios de la vivienda, de los alimentos y del transporte público. Barcelona no necesita la Fórmula Uno en el Passeig de Gràcia. Lo que necesita la ciudad es que se prohíba la compra especulativa de vivienda y llevar los ejes verdes a los barrios populares. No podemos dejar en la cuneta a mucha gente que lo está pasando mal. 

Se han dado pasos como la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña y en Barcelona se contienen más los precios que en Madrid. Pero es un drama para los ciudadanos comprarse una casa en la ciudad. Si fuera alcalde, ¿qué medidas efectivas tomaría?

Prohibiría las compras especulativas, adquiriría estratégicamente bloques de edificios para que los fondos de inversión no puedan entrar y reduciría el precio del transporte público. También haría progresivo el IBI. Lanzaría un mensaje con hechos de que queremos parecernos al Nueva York de Mamdani. Ahora tenemos una ciudad en la que Collboni vive de lo que puede hacer Pedro Sánchez en Madrid. Eso no puede ser. Y quiero hacerlo con un movimiento municipalista con la gente de EH Bildu, de Adelante Andalucía y de Compromís. 

Barcelona también vive una gran dicotomía con el turismo. Por un lado, es una fuente de ingresos, pero también conlleva la gentrificación de muchos barrios y la subida de precios. ¿Qué haría de manera concreta?

Vivimos un momento de descontrol turístico producto de un modelo económico que ve la ciudad como un espacio de especulación. El turismo tiene sentido si está al servicio de la ciudad. Hay que generar un modelo más diversificado y que se extienda por toda el área metropolitana. La gallina de los huevos de oro puede acabar desapareciendo. Barcelona siempre ha sido una ciudad abierta, lo que no puede ser es que el turismo se utilice de manera descontrolada. Y hay que introducir, por ejemplo, elementos que protejan a los comercios de barrio. Todo en defensa de la Barcelona diversa. Y quiero decir de manera clara que estoy en contra de la ampliación del aeropuerto de El Prat. 

Este viernes se presentó ya al candidato de Aliança Catalana para Barcelona. El partido de Sílvia Orriols aparece en algunas encuestas como la segunda opción en intención de voto en Cataluña. ¿Cómo explica el ascenso tan fulgurante de una opción de extrema derecha?

Proviene de algunas élites decepcionadas con el procés. Ahora están haciendo un giro peligroso, bajo la apariencia de defender el catalanismo, hacia las políticas de Vox y del PP. Su objetivo es criminalizar a la población migrante con un despliegue obsceno de islamofobia para dividir a los trabajadores y pagarles menos. Me preocupa que la gente trabajadora le vote y quiero interpelarla para mostrar que la solución no es atacar a tu vecino. 

¿Por dónde pasa esa interpelación?

A mí me gustaría ser el primer alcalde de origen migrante con convicciones fuertemente catalanistas. Quiero demostrar que puedes defender las tradiciones culturales y, al mismo tiempo, reconocer que la incorporación de personas de otros lugares del mundo es un factor de riqueza. Es lo que ha convertido a Barcelona en una ciudad de referencia. Hay que hacer una apuesta muy fuerte por dignificar las condiciones materiales de vida de los migrantes y de la población autóctona que vive de manera precaria. La mejor manera de hacer frente a la ultraderecha es con políticas sociales valientes, que impidan que la gente se enfrente. Por ejemplo, apuesto por supermercados públicos para que baje el precio de los alimentos. 

Usted es todavía diputado en el Congreso y miembro de la Mesa. Desde ese punto de observación, ¿hasta cuándo cree que va a durar la legislatura?

No quiero dejar el Gobierno de mi país al PP y a Vox, pero no basta con eso. Para que no lleguen el PP y Vox, hay que adoptar medidas valientes en ámbitos de la plurinacionalidad y de lo social. Esta legislatura sólo tiene sentido si sirve, por ejemplo, para derogar la ley mordaza. El Ejecutivo, que tiene músculo financiero, debe comprar pisos para que no lo hagan los fondos buitre. Y también se debe regular el tema de los alquileres de temporada, que es un agujero enorme. No puede haber inmovilismo. Se acabó el tiempo de los trucos de ilusionista, no basta con que Pedro Sánchez diga algo en una cumbre internacional. Y también hay que apostar por la democratización de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay que establecer mecanismos que eviten fenómenos de corrupción heredados del bipartidismo. Detrás de la ofensiva brutal contra Sánchez y dirigentes socialistas, hay un intento clarísimo por parte de sectores de la derecha judicial y mediática de convertir al PSOE en el viejo partido del régimen que gobernaba entendiéndose con el PP. Pero también veo en muchos casos que hay comportamientos que eran propios del bipartidismo.

¿Cree en la inocencia de Zapatero?

Hay un intento de castigar a un expresidente que decidió que se podía gobernar con la izquierda del PSOE y que se podía dialogar con el independentismo. Pero, al mismo tiempo, salen a la luz unos comportamientos que, más allá de su catalogación penal, son muy discutibles en términos políticos. Si un presidente recibe determinadas joyas y no las pone a disposición de Patrimonio Nacional, hay una percepción de que eso era normal. Parece que es un comportamiento de la monarquía parlamentaria bajo el bipartidismo que no se puede repetir. 

¿Y qué le parece el conocido como caso Leire Diéz?

El PP puso en marcha cloacas en los ámbitos de la UCO y de la UDEF, controlando por la puerta de atrás algunos sectores judiciales. Pero si el PSOE vio eso y pensó que había que luchar, lo suyo no era hacer una cosa cutre y tomar una iniciativa oscura, sino haberlo convertido en un debate de Estado con luz y taquígrafos. Y tendría que haber planteado a los grupos políticos que le daban su apoyo hacer reformas compartidas. Ya le dijimos a Félix Bolaños que no se podía pactar la reforma del Consejo General del Poder Judicial solo con el PP. Ahora en parte es tarde, pero esperemos que el PSOE lo haya entendido. Quiero que haya presupuestos generales, pero no quiero que ese debate sea una excusa para irse posicionando de cara a las elecciones. Por eso, vamos a insistir cada semana para que se aprueben normas. Y hay que llamar a la ciudadanía a defender los derechos.

¿Cree que todavía las izquierdas pueden luchar contra el PP y Vox en las próximas elecciones generales y conservar el Gobierno? ¿Hay esperanza todavía?

Las izquierdas debemos estar más al lado de la gente que nos votó. Necesitamos un nuevo arraigo territorial, estar en los barrios escuchando las exigencias de la gente que peor lo está pasando. Si no, esa gente sólo va a escuchar los argumentos de la ultraderecha. Lo principal es que nos volquemos en lo territorial. No hay que pensar solo qué se hace en las redes. No todo es la batalla digital. Hay que hacer una presencial. Llevamos un ciclo con muchas elecciones que no permitieron hacer ese arraigo. Hay que disputarle a la ultraderecha cada club de fútbol, cada asociación de estudiantes. Eso es lo fundamental. A partir de ahí, acordar un programa común para toda la legislatura. 

¿Qué opinión le merece el acto de Gabriel Rufián y de Mónica Oltra? ¿Cómo ve ese fenómeno?

Comparto con Gabriel el sentido de urgencia frente a que supondría un Gobierno de Vox y de PP para la gente trabajadora, las mujeres y los más vulnerables. Y comparto que las izquierdas tenemos que buscar las formas más eficaces de cooperar. Yo sigo sus actos y habría estado con gusto en el que hizo con Mónica Oltra, una referente para todos. Siempre he defendido esta vocación frenteamplista, pero no parece que Oriol Junqueras esté aquí.

¿Ha merecido la pena formar parte del Gobierno de coalición con el PSOE?

Gobernar en minoría con el PSOE siempre tiene riesgos. En el Gobierno tiende a moverse a la derecha. En este caso, Sánchez no pudo hacerlo. Las mayorías no le permitieron gobernar con Albert Rivera. Entendió que sólo podía hacerlo con Unidas Podemos y entenderse con Bildu y ERC. Incluso con el PNV y Junts. Mi experiencia es que al PSOE no se le puede dejar solo. Mientras más fuerza tengas para condicionarlo, más posible es que se puedan producir los cambios estructurales. Ahora escucho a Sánchez defender políticas como la regularización de migrantes y la subida del salario mínimo, pero ninguna fue impulsada por el PSOE. La cuestión no es estar dentro o fuera del Gobierno, sino dónde colocas la presión. El debate es para qué.

¿Qué papel puede jugar Ada Colau en este proceso de la izquierda?

El feminismo es una de las fuerzas más transformadoras para luchar contra la ultraderecha. Tenemos muchos nombres de dirigentes en la izquierda de primer nivel como Ada Colau, Mónica Oltra, Teresa Rodríguez, Irene Montero, Rita Maestre, Mónica García, Sira Rego, Amanda Meyer… Son mujeres valientes que podrían encabezar proyectos contra la ultraderecha y defensores de la justicia social y climática. Representan el humanismo frente a la ideología de la crueldad y de la codicia de Trump, Abascal y Ayuso.

En los últimos años se popularizó la regla 3-30-300 para ilustrar el acceso recomendable a espacios verdes para la población de las ciudades. La norma, ideada por el investigador neerlandés Cecil C. Konijnendijk, fue asumida por la OMS, que declaró que "cada habitante debería poder ver tres árboles desde su casa, el 30% de la superficie de cada barrio tendría que estar cubierta por copas de árboles y debería haber un parque de al menos una hectárea a menos de 300 metros de cada hogar".

Siguiendo este último criterio, el grupo ecologista Amigas da Terra y el Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Universidad Politécnica de Madrid acaba de publicar los resultados de una investigación que analizó el acceso a zonas verdes por parte de la población de diez ciudades españolas, entre ellas Ourense y Santiago. Además, buscaron averiguar si había diferencias en función del nivel de renta.

El análisis emplea como referencia los espacios verdes que tengan una superficie de, al menos, una hectárea (10.000 metros cuadrados, cien por cien metros) y busca contabilizar a la población que vive en secciones censales situadas a menos de 300 metros en línea recta de alguno de estos parques o plazas. La investigación concluye que en el conjunto de las diez ciudades estudiadas el 60% de la población no tiene una de estas áreas verdes cerca de su casa.

Sin embargo, hay importantes diferencias entre unas y otras ciudades y también dentro de ellas, en buena medida en función de su renta media. Así, en Ourense el 78% de su población, unas 81.000 personas, carece de zonas verdes en su entorno, un porcentaje que sitúa a la ciudad entre las peores del estudio, junto a Valencia y Badajoz.

En cambio, otras, como Santiago, aparecen como ejemplo positivo, con muchas zonas verdes y muy accesibles para la mayor parte de la población. Y aunque su porcentaje de habitantes sin acceso (55%) es elevado, el informe explica que una parte importante corresponde a población del entorno exterior, próxima a zonas rurales y, por lo tanto, con acceso a espacios naturales.

El estudio detecta además una correlación entre mayor renta y mayor acceso a zonas verdes en algunas ciudades, como Ourense, Palma o Badajoz, de forma que cuanto mayor poder adquisitivo tiene un barrio, mayor disponibilidad de estos espacios tiene. Y, sobre todo, los barrios con menor renta son los que más lejos suelen estar de una zona verde.

Con todo, en algunas de las urbes esta tendencia no se da, sobre todo en los barrios ricos, también situados en zonas sin áreas verdes. Según el informe, alguno de estos casos se explica, por ejemplo, por la "gran cantidad de zona verde privada, situada en jardines de viviendas individuales" en los barrios ricos de Ibiza, lo que hace innecesaria la existencia de zonas verdes públicas. O, en Madrid, porque las zonas verdes de gran tamaño (por ejemplo, la Casa de Campo) están situadas más cerca de barrios con menor nivel de renta.

Amigas da Terra defiende lo que denomina "derecho a la naturaleza", señalando que "todas las personas tendríamos que tener el mismo acceso a los beneficios que producen el resto de especies con las que convivimos". En este sentido, la organización ecologista apunta que "no es posible hablar del derecho a la naturaleza sin mencionar el derecho a la vivienda" y alerta de que las poblaciones más afectadas por la falta de espacios verdes "son las de menor renta con vidas más precarizadas". "Mientras que los barrios más ricos suelen ser más amplios y verdes, las zonas obreras tienen menos espacios para lo común, y suelen tener un mantenimiento de menor calidad", subrayan.

La entidad apuesta por llevar a cabo "procesos de renaturalización" para incrementar la resistencia de la población ante los episodios y olas de calor, generando refugios climáticos y reduciendo la temperatura de los barrios, mejorando la calidad del aire y, en consecuencia, la salud de la población, contribuyendo además a crear espacios de encuentro y ocio colectivo. En todo caso, apunta que este incremento de las zonas verdes, que suele incrementar el valor de las viviendas de su entorno, puede suponer la expulsión de las personas más económicamente vulnerables de sus barrios si a la vez no se regulan los precios de la vivienda.

Las zonas verdes en Ourense, imprescindibles en una urbe que sufre temperaturas elevadísimas cada verano, se localizan en las riberas del río Miño, además de otras áreas de menor tamaño y dispersas: el corredor del Barbaña y escasos parques como el Jardín del Posío o la Alameda. El informe destaca que esto "conforma un sistema fragmentado y poco continuo" y que, aunque "la proximidad del monte y la interfaz forestal en los bordes de la ciudad genera una aparente disponibilidad de espacios naturales", con todo, esto "no resuelve la falta de acceso a zonas verdes en las áreas más densas del centro urbano".

Además de que casi el 80% de la población no tiene una zona verde cerca de su casa, tan solo el 9% del suelo residencial dispone de cobertura vegetal, lo que la convierte en la ciudad con menor cobertura de las analizadas.

El informe identifica cuatro áreas prioritarias en las que intervenir: los barrios de O Vinteún, A Carballeira, O Couto y San Francisco, zonas que se encuentran lejos de espacios verdes y que, en general, comparten también un bajo nivel de renta.

En O Vinteún, las actuaciones deberían orientarse "hacia la creación de corredores verdes que conecten el barrio con el entorno natural periférico, buscando una mayor permeabilidad, restauración potencial de ecosistemas forestales asociados e integración de los interiores de las manzanas en una red verde".

En los barrios más céntricos —A Carballeira, O Couto y San Francisco—, las propuestas irían más dirigidas a itinerarios verdes con conexiones, parques de mayor entidad, renaturalización de calles y plazas o incremento del arbolado viario".

Por el contrario, Santiago aparece en el informe como contrapunto positivo. El documento destaca que la capital de Galicia cuenta con una infraestructura verde nucleada en torno a los ríos Sar y Sarela que, además, conectan una amplia serie de "parques urbanos, jardines históricos y espacios naturales periurbanos", desde la Alameda y Belvís, pasando por el Parque Eugenio Granell o el área forestal del Monte Pedroso, lo que "garantiza una cobertura de zonas verdes de envergadura que alcanza prácticamente a la totalidad del núcleo principal del municipio".

El documento explica que, aunque el 55% de la población no dispone de espacios verdes suficientes cerca de sus casas, los principales déficits "se concentran en ámbitos periurbanos muy conectados con el entorno natural, tratándose de entornos de alta calidad ambiental". Además, estas áreas "no se concentran en zonas específicas grandes y con baja renta media por hogar".

“Pan y circo” no es solo una expresión acuñada por el poeta romano Juvenal. Resume una idea que la literatura académica sobre deporte y poder sigue desarrollando y en torno a la cual se van acumulando evidencias.

Hace tiempo que existe consenso en la comunidad científica: los grandes fenómenos deportivos globales, como los Mundiales de fútbol, actúan como anestésicos sociales incluso en los momentos de mayor tensión. Y cuando el resultado favorece al propio país, ese efecto puede transformar crisis profundas en relatos de unidad, con consecuencias más duraderas.

España, sometida a una tensión política sin precedentes, fruto de la debilidad de las mayorías que apoyan al Gobierno y de la presión a la que le someten las derechas, parte de la judicatura y el ecosistema mediático afín —“el que pueda hacer, que haga”—, ofrece estos días un escenario ideal para observar hasta dónde el fútbol es capaz de adormecer el conflicto.

El fútbol no es solo un juego. En términos de la sociología, es un hecho social total, un concepto del antropólogo Marcel Mauss para describir fenómenos que atraviesan a la vez la economía, la cultura y la política de un país.

La magnitud de ese fenómeno se refleja en la propia FIFA. La organización agrupa 211 federaciones nacionales de fútbol, 18 más que los 193 Estados miembros de la ONU. El fútbol llega a territorios que la diplomacia internacional ni siquiera reconoce como países, como Curazao, Escocia o Inglaterra.

En ese contexto, el Mundial funciona como un potente sedante para la realidad social. Una pieza esencial de la industria del entretenimiento cuya capacidad para actuar como vía de escape se explica por el rol que desempeña como tregua colectiva.

Durante un Mundial, en la sociedad manda el nacionalismo banal, un término acuñado por el sociólogo Michael Billig que describe cómo los símbolos nacionales —como la bandera, el himno o incluso el color de la ropa de la selección— se integran de forma inconsciente en la vida cotidiana, convirtiéndose en una presencia constante y pasiva.

Durante un Mundial de fútbol, este fenómeno se maximiza extraordinariamente: la bandera aparece en ventanas, coches, terrazas y pantallas de móviles, creando un sentido de pertenencia continuo que, paradójicamente, desplaza temporalmente las diferencias políticas, de clase o ideológicas que normalmente dividen a la sociedad. En teoría, también en España.

Esta cohesión por identificación se explica mediante las teorías de identidad social desarrolladas por Henri Tajfel y John Turner, que proponen que el individuo se identifica profundamente con su endogrupo (en este caso, la selección nacional y el país que representa). Durante un Mundial, las divisiones internas —sociales, económicas, políticas— se minimizan temporalmente porque toda la población enfoca su energía emocional en un objetivo común y compartido: apoyar a la selección. La identidad nacional se sobrepone a otras identidades fragmentarias, creando una ilusión de unidad que rara vez se mantiene en situaciones cotidianas.

El concepto del circo romano, analizado por los sociólogos Norbert Elias y Eric Dunning en su obra The Passionate Game, describe cómo el deporte permite canalizar las tensiones y agresividades de la sociedad de manera reglamentada, segura y simbolizada.

El Mundial funciona como una válvula de escape contemporánea que disminuye momentáneamente el nivel de conflictividad social y política real. Las emociones intensas, la adrenalina y la pasión se dirigen hacia el juego, liberando tensiones que en otros contextos podrían manifestarse como protesta, conflicto o confrontación política.

La construcción del “enemigo externo” es otro mecanismo fundamental: el enfrentamiento deportivo contra otros países fomenta una identidad colectiva defensiva y de superioridad simbólica que une a toda la población bajo una misma bandera.

Este “nosotros contra ellos” deportivo oculta las fracturas internas reales (desigualdad económica, tensiones políticas, conflictos territoriales) porque redirige la atención hacia un adversario externo, aunque sea simbólico y no amenace de verdad la identidad interna del país. Durante un Mundial, la polarización política normal se vuelve secundaria frente a la identidad nacional compartida, y fenómenos que en situaciones cotidianas parecen insalvables —como conflictos entre partidos políticos, tensiones entre comunidades autónomas o divisiones sociales— pasan a un segundo plano temporal.

Esta pausa temporal hace que asuntos que normalmente dominarían la agenda informativa pasen a un segundo plano, silenciados por el ruido de los estadios. Los problemas no desaparecen, pero durante un tiempo amortiguan su impacto.

Los regímenes autoritarios han usado este efecto durante décadas para proyectar una imagen amable del país anfitrión. En el Mundial de Italia de 1934, el régimen de Mussolini convirtió la competición en propaganda fascista. En el de Argentina de 1978, la dictadura militar buscó que la sociedad solo hablara de fútbol para tapar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Este efecto no se limita a las dictaduras. En democracia, los gobiernos también aprovechan los éxitos deportivos para reforzar su popularidad. Durante la celebración de un Mundial se aceptan medidas que en otro momento generarían más resistencia. Y los gobiernos sometidos a asedio se benefician de una pérdida de presión.

El Mundial de Brasil de 2014 es un ejemplo. Superó con creces un gasto de 10.000 millones de dólares en estadios, aeropuertos y movilidad urbana. El torneo financió sus costes operativos, pero dejó un intenso debate económico por los elevados fondos públicos utilizados en contraste con las necesidades sociales.

El desplazamiento del interés público hacia el fútbol deja en segundo plano, durante varias semanas, prácticamente cualquier asunto de interés general. La política, según esa lectura, pierde peso emocional. El ciudadano vuelve la mirada hacia el éxito deportivo como referencia de estabilidad y deja a un lado la desconfianza hacia las instituciones.

La evidencia, sin embargo, sugiere que este efecto es transitorio. La euforia suele durar lo que dura la competición, en torno a un mes.

Cuando el torneo termina, los problemas estructurales regresan a la conversación pública. A veces lo hacen agravados por el coste económico de la organización o por expectativas que no se cumplieron. Es una pausa que no resuelve las fracturas sociales. Solo las posterga, sobre todo cuando esas fracturas tienen una base real.

Pero ese efecto también puede interrumpir procesos políticos en marcha. A veces, el malestar social responde a una acumulación deliberada de descontento que busca alcanzar la masa crítica necesaria para forzar un cambio de Gobierno a través de un relato compartido. Si el Mundial llega en ese momento, la pausa puede hacer desaparecer esa oportunidad. Y da un margen de respiro al Gobierno que estaba bajo presión.

Y cuando la competición termina en una victoria relevante, el efecto cambia de naturaleza. Deja de ser una simple pausa y puede convertirse en un estímulo para la identidad nacional.

Existe incluso un correlato económico. Un análisis del banco HSBC encontró que, desde 1966, las bolsas de los países campeones del Mundial subieron en promedio un 9% más que el resto. Entre 1990 y 2014, el PIB de cada Estado campeón creció, de media, 1,6 puntos más que el año anterior.

Los economistas, sin embargo, no encuentran una relación de causalidad clara entre la victoria y esa mejora. Para explicarla recurren al concepto de “espíritus animales”, una expresión del economista John Maynard Keynes para referirse al optimismo que influye en las decisiones de consumo e inversión.

La victoria puede actuar también como una compensación frente a la desconfianza hacia las instituciones. Permite que la sociedad se vea a sí misma como una comunidad unida en torno a un éxito compartido.

El concepto que mejor explica este efecto es la communitas, un término acuñado por el antropólogo Victor Turner. Describe el sentimiento de comunidad que aparece en torno a un objetivo compartido, cuando las diferencias internas de una sociedad pierden relevancia.

Durante un Mundial, los jugadores son percibidos como representantes de todo el país. El triunfo se vive como una victoria colectiva. Las divisiones políticas o sociales habituales quedan, al menos durante un tiempo, en un segundo plano.

Pero los efectos de una victoria mundialista no duran lo mismo en todos los planos. La euforia inmediata tiende a disminuir con el paso del tiempo. Este proceso se conoce como adaptación hedónica, el mecanismo por el que las emociones intensas, buenas o malas, pierden fuerza a medida que pasan los días.

El recuerdo de la victoria, sin embargo, puede permanecer activo durante décadas en la cultura popular. Ese tipo de recuerdo se convierte en parte del relato que un país hace de sí mismo, como sucedió en España con el Mundial de Sudáfrica, y la sociedad vuelve a él en momentos de incertidumbre.

La Fiscalía Anticorrupción da la batalla en la Audiencia de Tarragona para evitar que se envíe a Madrid el llamado caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. En un escrito fechado a finales de mayo, al que ha tenido acceso infoLibre, la fiscala Carmen García Cerdá defiende la competencia del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona para investigar el asunto. Se apoya en el impacto económico que los cambios normativos conseguidos habría tenido sobre las arcas catalanas. Y también en que una de las gasistas bajo la lupa está asentada en suelo tarraconense. "El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo [penal]", sostiene.

La causa en la que figura como investigado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha avanzado lentamente desde el levantamiento del secreto de sumario. Entre otras cosas, por el aluvión de escritos y recursos. Las defensas, que buscan la nulidad de todo lo actuado, han alegado desde el inicio indefensión o falta de competencia objetiva y territorial del instructor, Rubén Rus. En este sentido, Equipo Económico planteó a finales de marzo una cuestión de competencia ante la Audiencia de Tarragona. La resolución definitiva de esta cuestión, contra la que no cabe recurso, resulta clave para la continuidad de la investigación. Este viernes, sin ir más lejos, cuatro de los investigados se han acogido a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la competencia territorial, según fuentes conocedoras del contenido de la comparecencia.

La consultora, en su escrito, defiende que la causa debe estar en un juzgado de la capital. ¿Por qué? Porque allí es donde se habrían cometido los supuestos delitos. Es en Madrid donde se encuentra la sede de Equipo Económico o la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim). Y también donde se ubica el Ministerio de Hacienda, que es donde "desempeñaban su cometido los funcionarios y autoridades partícipes en los hechos investigados". "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado [...] en Tarragona", resaltaba el despacho fundado hace dos décadas por el exministro de Hacienda conservador.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, defiende que el llamado caso Montoro continúe donde está. "La jurisprudencia tiene establecido que el lugar de comisión de las infracciones a los efectos de dilucidar cuestiones de competencia ha de entenderse en un sentido predominantemente naturalístico: donde se llevan a cabo las acciones o acaecen los resultados tipificados como delito", sostiene la fiscala en su escrito. En este sentido, apunta que "los hallazgos delictivos se localizan en Tarragona". Y recuerda la "vigencia" de la "teoría de la ubicuidad", que proclama que el delito se comete "en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo".

Para defender su postura se agarra, sobre todo, al papel jugado por la gasística Messer. Fue en el registro que se hizo de esta empresa –con domicilio social en la provincia catalana– en el marco de una investigación que salpicaba también al Ayuntamiento del Morell cuando aparecieron los correos electrónicos que provocaron la apertura de esta causa. Entre otros, uno fechado el 5 de diciembre de 2013 en el que Rubén Folgado, director técnico de la compañía, decía a su entonces director general, Karl Hauck, que la "vía más directa" para las pretensiones de algunas gasistas en materia tributaria pasaba por pagar a Equipo Económico, que tenía "contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".

Anticorrupción considera que, hasta el momento, "la investigación ha evidenciado" que las empresas investigadas habrían conseguido previo pago a Equipo Económico tres reformas legislativas con importante beneficio: dos relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad (IE) –cedido a las comunidades autónomas– y otra al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) –cedido a los municipios–. Parte de los elementos probatorios sobre las maniobras relacionadas con la última modificación fiscal, fueron localizados en el registro de Carburos Metálicos, ubicada en Barcelona. "Aunque no tiene su domicilio en Tarragona, tampoco lo tenía en Madrid", apunta la fiscala.

El informe del Ministerio Público, por otro lado, sostiene que aunque las gasistas "se coordinaban" a través de la patronal Afgim, con sede en Madrid, "las reuniones donde se gestaba cada actuación del plan concertado por cada reforma se realizaban mediante el sistema digital de teleconferencia". Una videollamada a la que "se unían" los directivos de las compañías, entre los que se encontraban Folgado, Hauck y otros trabajadores de Messer, "todos ellos conectados desde Tarragona". Una provincia en la que, en alguna ocasión, también se celebraron encuentros presenciales. Así consta, por ejemplo, en un acta de 5 de abril de 2017, donde figura que la Comisión Técnica de Afgim se ha reunido en las "oficinas de Messer".

"Desde dicho puesto de trabajo en Tarragona los investigados Rubén Folgado y Karl Hauck, y otros trabajadores de la empresa Messer, contactaron con Equipo Económico; aceptaron cada petición de indiciarias comisiones que le realizaban los socios de aquel despacho, para poner en marcha el tráfico de influencias; mantuvieron reuniones por teleconferencia, que tuvieron por objeto el urdir la estrategia convenida en cada reforma buscada; formaron parte del grupo de trabajo de expertos de Afgim que realizaría el verdadero trabajo, que haría valer Equipo Económico ante la administración, presentándolo como propio, para la reforma del IAE e, incluso, habrían confeccionado el texto de dicha reforma", resume Anticorrupción.

Del mismo modo, el escrito de la fiscala destaca que "las actuaciones concertadas" por los representantes de las gasistas "habría maltrecho" no solo las arcas catalanas –en relación al Impuesto sobre la Electricidad–, sino también las del Ayuntamiento de Tarragona –en referencia al Impuesto de Actividades Económicas–. "Expuesto lo anterior, consideramos que debe desestimarse la cuestión de competencia interpuesta por la representación procesal de Equipo Económico y determinarse competente para instruir la causa el Juzgado de Instancia Sección de Instrucción, plaza 2 de Tarragona", concluye Anticorrupción.

El Partido Popular lleva meses tratando de desprenderse de la carga racista asociada al concepto de "prioridad nacional" que Vox ha introducido en los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León y que ha convertido en una de sus principales banderas. Después de asumir ese peaje para gobernar en las tres autonomías, dirigentes del PP tratan de resignificar la "prioridad nacional" para asociar el concepto a problemas como la vivienda, la sanidad o el acceso a los servicios públicos para dulcificar  su verdadero significado.

El pasado 5 de mayo, el portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró que la vivienda es "la verdadera prioridad nacional" para el PP y sostuvo que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo deberá "construir vivienda como si no hubiera un mañana”. Ese mismo día, Sémper intentó diferenciar al PP de quienes "deshumanizan" al migrante y defendió una política migratoria basada en vías "seguras, dignas y regulares", un mensaje difícilmente compatible con la interpretación que Vox realiza con la misma expresión.

La operación se ha extendido también esta semana a la sanidad. El lunes, Sémper defendió en Génova 13 que la sanidad será una "prioridad nacional" para Feijóo, vinculando la expresión al refuerzo de plantillas médicas y la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario. De esta manera, el portavoz nacional trata de darle otra connotación a un concepto que el propio Feijóo ya se vio obligado a matizar en abril, asegurando que debía entenderse como "arraigo" y que solo se podía aplicar dentro de la legalidad vigente.

El problema para el PP es que Vox no ha dejado margen para esa reinterpretación. Allí donde ambos partidos han pactado la incorporación de esta prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal ha insistido en relacionarla con la inmigración. Hace un mes, el líder de Vox manifestó en su cuenta de X que “todo lo que no sea prioridad nacional es prioridad extranjera” y que “para tener casa, acceder a ayudas, prestaciones y servicios sociales: los españoles primero”. El mensaje de Vox no es que la vivienda o los servicios sociales sean prioritarios, sino que se discrimine a los migrantes para que no tengan un igual acceso a ellos.

Así, mientras el PP intenta ampliar o reinterpretar el significado del término, los ultras recuerdan a diario cuál es el contenido que le atribuyen: dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones o recursos públicos sin tener en cuenta otros factores. La estrategia refleja una evidente incomodidad en Génova y en algunos de sus principales referentes autonómicos como el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, al que Vox ya le ha dicho que deberá ‘tragar’ con esa discriminación si quiere volver a ser investido tras las pasadas elecciones del 17M. Génova le ha pedido que lo acepte pero en sus propios términos. 

Sin embargo, esa redefinición choca con el significado que Vox lleva años defendiendo y que está inspirada en el principio de "preferencia nacional" defendido históricamente por la extrema derecha francesa y otros movimientos ultranacionalistas europeos. Concretamente, el concepto fue popularizado por el Frente Nacional fundado por Jean-Marie Le Pen, antecedente de la actual Agrupación Nacional de su hija, Marine Le Pen.

Un concepto que, además, choca con la ley orgánica 4/2000 que reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad. Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio, como “el arraigo” que cuenta para un baremo, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad o el hecho de ser familia numerosa.

La contradicción resulta especialmente visible porque Vox no ha mostrado ninguna voluntad de suavizar el concepto. Al contrario. Sus dirigentes insisten de manera reiterada en relacionarlo con la inmigración y con la necesidad de reservar recursos públicos para los nacionales. Y, cada vez que el PP intenta presentar la expresión como una referencia abstracta a las políticas sociales, los portavoces de Vox vuelven a asociarla explícitamente con el control migratorio y la limitación del acceso de los extranjeros a determinadas ayudas.

Fuentes de la formación conservadora consultadas por infoLibre consideran que el movimiento del PP responde a un doble objetivo. Por un lado, evitar el coste reputacional que supone asumir una expresión identificada con la extrema derecha europea. Por otro, preservar los acuerdos alcanzados con los de Abascal sin tener que asumir públicamente todas sus implicaciones ideológicas. Sin embargo, desde el equipo directo de Feijóo insisten, a su vez, en que el concepto es bien recibido por sus votantes e incluso por los del PSOE.

El problema para Génova es que el significado político de la "prioridad nacional" no lo está definiendo el PP, sino Vox. Y la formación de Abascal no deja margen a interpretaciones ambiguas: cuando habla de prioridad nacional, habla de inmigración, de exclusión y de “los españoles primero”, el lema calcado del presidente estadounidense Donald Trump, que desde que volvió a la Casa Blanca ha aplicado una política migratoria de máxima restricción y deportación acelerada, con redadas, restricción de asilo y recorte del programa de refugiados, además de un endurecimiento de la inmigración regular.

La incomodidad también se manifiesta en el Congreso. Este jueves el PP rechazó, junto al resto de grupos, una iniciativa de Vox para implantar la "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas públicas. La propuesta planteaba que los recursos públicos destinados a vivienda se asignaran prioritariamente a los españoles y vinculaba la crisis habitacional con la inmigración. 

Así, la disputa por el sentido de la "prioridad nacional" se ha convertido en una muestra más de las dificultades de los conservadores para gestionar públicamente su relación con Vox justo en el momento en el que Feijóo ha abierto la puerta a gobernar junto a la formación de extrema derecha a nivel nacional, pese a que en el congreso de julio del pasado año el líder del PP aseguró que su “compromiso” era no meter a la extrema derecha en el Ejecutivo central. Así, Génova acepta la propuesta, pero trata de darle otro significado.

“Hemos superado una semana muy dura”. Esta es la sensación que domina ahora mismo el Palacio de la Moncloa y el cuartel general del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Nadie resta dureza a lo vivido durante estos días, con los tribunales como grandes protagonistas. Pero no ven el game over que presagiaba la derecha política y mediática.

Los socialistas vieron durante toda la semana cómo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaraba ante la Audiencia Nacional, cómo Begoña Gómez comparecía en una audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y cómo la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se enfrentaba al interrogatorio parlamentario en el Senado por sus reuniones con la exmilitante Leire Díez.

Moncloa y Ferraz mantienen su apoyo a Zapatero, que salió de la Audiencia sin medidas cautelares, pero al que el juez mantiene su imputación, además de ampliar la investigación a sus hijas y a su secretaria. Desde el círculo de Sánchez confían en que siga el expresidente aclarando todas las cuestiones y consiga demostrar su inocencia ante el supuesto tráfico de influencias por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Y, además, creen que se ha visualizado que el caso de Gómez no tiene sustancia y se basa en una instrucción malintencionada del juez Peinado. Sobre la directora de la Guardia Civil, en el entorno de Sánchez consideran que “salió viva” y que fue contundente en su cita en el Senado, donde despejó cualquier sombra respecto a una supuesta injerencia en las investigaciones judiciales.

Sobre la situación, señalan en el círculo íntimo del presidente: “La semana arrancó con mucha pesadumbre. No le quitamos dureza. Pero hemos ido explicando todo. Y hemos escuchado a Rodríguez Zapatero. La hemos superado”.

Y, a pesar del “ruido”, en la sala de máquinas del PSOE dicen que “la militancia está muy enchufada” y pide que el Gobierno siga actuando. En el Ejecutivo admiten que es muy difícil en el actual entorno mediático que se ponga el foco en las medidas que están saliendo adelante. Pero indican que el electorado progresista valora que se vaya a aprobar el día 29 un nuevo escudo social, que ya está negociando el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, con los sectores implicados.

Los socialistas insisten, frente a la imagen de parálisis que venden las derechas, en que se están dando pasos de gran calado, como la aprobación en la Comisión de Igualdad del Congreso de la proposición de ley para penar con cárcel las llamadas “terapias de conversión” del colectivo LGTBI. Y que también se nota esa acción del Ejecutivo en el día a día con medidas como el Verano Joven, el programa de grandes descuentos para traslados en trenes y autobuses.

Pero esta semana se ha producido un movimiento de Sánchez de enorme trascendencia. Por primera vez, ha abierto la puerta a que las elecciones puedan adelantarse en el caso de que no se logre una mayoría para aprobar los presupuestos generales para el año que viene. El primer paso para esas cuentas públicas se dará el martes que viene con la actualización del cuadro macroeconómico, que presentará Cuerpo como base para ese proyecto de ley. 

A partir de ese momento echarán a andar los trabajos para los presupuestos generales, aunque nadie prevé que vayan al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Los cálculos que hacen en círculos socialistas es que el debate de enmiendas a la totalidad, el primer gran test de las cuentas en el Congreso, no se produciría al menos hasta finales de octubre o noviembre.

En caso de que el botón rojo se impusiera en la Cámara Baja, se abriría la pantalla de poder adelantar elecciones. Este escenario no es nuevo para Sánchez, ya que fue el mismo que vivió en 2019 y que le llevó a llamar a las urnas en abril de ese mismo año. Pero la mayoría de fuentes del Gobierno y del PSOE consultadas entienden que esas elecciones serían ya en 2027, lo que supondría adelantarlas casi de manera técnica.

No obstante, hay un factor esencial: las generales podrían producirse antes que las municipales, una opción que es bien vista por amplias capas de barones regionales y alcaldes. Lo que no está encima de la mesa, como ya ha confesado el propio Sánchez en alguna ocasión, es un superdomingo electoral, algo a lo que teme mucho, por ejemplo, el PNV.

“Presentaremos los presupuestos en 2026. Y habrá elecciones en 2027. No serán junto a las municipales. No puedo decir más. La realidad es muy dinámica”, aseveró Sánchez este viernes en Bruselas.

Voces socialistas también interpretan la declaración de Sánchez abriéndose al adelanto electoral si no hay presupuestos, como un gesto a algunos socios, como el PNV. Y también como una señal ante las presiones parlamentarias que persigue Junts, junto al PP, de tratar de que se vote algún texto simbólico parlamentario que exija que se pongan las urnas antes de 2027.

Pero sus colaboradores más cercanos recalcan que Sánchez está fuerte: “Está convencido de lo que está haciendo. No se trata de estar agazapado en una silla en la Moncloa. Está convencido de lo que tiene que hacer frente al avance ultra. Si Sánchez claudica, ¿qué va a quedar en Europa?”.

Sánchez está convencido de seguir, pero también engrasa ya de lleno la maquinaria electoral. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se reunió este miércoles con sus homólogos territoriales para fijar las primarias para la elección de cabezas de lista para municipios de más de 20.000 habitantes y para las comunidades autónomas.

Y se ha elaborado un sistema voluntario de tres ventanas: julio, septiembre y noviembre. Lo elegirá cada agrupación y federación. Esa flexibilidad fue una petición de los diferentes territorios para que quedara constancia en la reunión del Comité Federal del próximo sábado.

De esta manera, como indican fuentes del partido, el PSOE “entra de lleno en modo electoral”: “Ponemos toda la maquinaria en marcha para afrontar las elecciones de 2027. Se da el pistoletazo de salida al próximo ciclo electoral, que sin duda nos llevará a gobernar en muchos más municipios y comunidades, y a revalidar el Gobierno de España”.

Los socialistas miran a estas autonómicas como una oportunidad para recuperar terreno perdido, con batallas tan cruciales como la de Madrid, donde la izquierda echará el resto con dos ministros, Óscar López (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), y con la líder de Podemos, Ione Belarra, frente a una Isabel Díaz Ayuso, que ahora se ve más acorralada por el caso de su pareja.

Una cita en 2027 en la que el PSOE mira con fuerza también a la Comunidad Valenciana, la tercera más poblada y donde los socialistas esperan poder, junto a Compromís, vencer a las derechas después de la tragedia de la dana. Y hay mucha esperanza puesta en recuperar Canarias gracias a la figura del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El juez Juan Carlos Peinado sostiene en el auto por el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que la escoltan podrían llegar a facilitar una hipotética fuga. Ese argumento forma parte de la resolución en la que el magistrado acuerda retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarla a comparecer dos veces al mes en el juzgado. Gómez, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión, según han informado fuentes de su entorno a EFE.

Peinado adopta esas medidas cautelares tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron medidas por riesgo de fuga. En su resolución, el juez subraya que "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida" y que el perjuicio para la acción de la justicia sería mayor en caso de que esa fuga llegara a producirse.

El magistrado sostiene que "el abanico punitivo, de penas privativas de libertad, que pudiera serle aplicado a las acusadas, es el comprendido entre las penas de dos años a 16 años". Ese argumento le sirve para justificar la existencia de riesgo de fuga y la adopción de medidas cautelares contra Gómez y contra su asesora, Cristina Álvarez.

Uno de los razonamientos más llamativos del auto se refiere a la escolta de la esposa del presidente. El juez recoge que la defensa de Gómez alegó que, por su condición de mujer del actual jefe del Ejecutivo, se encuentra acompañada y custodiada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, Peinado rechaza que esa circunstancia elimine el riesgo de fuga, más bien al contrario.

"Lo que no cabe duda es que esos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", afirma el magistrado en la resolución conocida este sábado.

Peinado añade, además, que la condición de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es "efímera" y "transitoria", por lo que esa protección policial podría desaparecer. "Esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", señala el auto.

El juez extiende ese mismo razonamiento a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por su "estrecha vinculación personal" con ella y por haberla acompañado y coordinado sus actividades. A juicio del magistrado, Álvarez dispone de "una situación similar" a la de Gómez "a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la "más enérgica queja" a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que contiene el auto de Peina "cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".

Para Marlaska, esas sospechas injustificadas alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

El ministro, máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, considera que se trata de "un hecho de máxima gravedad" y ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que valore la adopción de las medidas que considere oportunas.

Justicia Policial (Jupol, el sindicato mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional) han emitido un comunicado en el que tilda de "barbaridad" que el juez justifique su decisión en el riesgo de que huya con la ayuda de su escolta. "Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales", afirma este sindicato en una nota publicada en X.

“Poner en duda su actuación [de los escoltas] carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”, añade. Por ello, considera “imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”. “La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”, concluye.

Peinado envía a juicio a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También envía a juicio a su asesora por los mismos delitos.

Además, el magistrado sienta en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado. Por su parte, Gómez ha anunciado que recurrirá la decisión, según han informado fuentes de su entorno a la Agencia EFE.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

Peinado justifica la retirada del pasaporte aludiendo, entre otros motivos, a la posibilidad de que los policías que escoltan y supervisan la seguridad de Gómez puedan ayudarla a fugarse. "No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitarla", afirma el juez en la resolución.

En concreto, Peinado envía a juicio a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También envía a juicio a su asesora, Cristina Álvarez, por los mismos delitos. Además, el magistrado sienta en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Jupol, sindicato mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional, ha emitido un comunicado en el que tilda de "barbaridad" el argumento de Peinado. "Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales", afirma el sindicato en un comunicado en redes sociales.

Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre han cargado duramente contra la resolución judicial y han asegurado que "se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".

En el auto, de 84 páginas, Peinado adopta la petición de las acusaciones populares que encabeza Hazte Oír, y por lo tanto desoye el criterio de Fiscalía, que se oponía a las medidas cautelares, así como el de las defensas, que sostenían —igual que el Ministerio Público— que no hay motivos para continuar con una causa que siempre han rebatido, y así se lo trasladaron el lunes.

A la hora de justificar la adopción de las medidas cautelares contra Gómez, Peinado sostiene que, tras las diligencias practicadas se deduce la existencia de "indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo". Y añade que, "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia".

Peinado fundamenta su decisión de enviar a juicio a Gómez en que ésta se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio. En el escrito, argumenta, como ya hizo en autos anteriores para apuntalar su decisión de enviarla a juicio: "No podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado", antes de mencionar al "reinado de Fernando VII". 

Desde el PSOE defienden que Gómez es inocente y califican las medidas cautelares de "desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar" tras dos años de investigación en los que, sostienen, "no ha aparecido prueba que acredite delito alguno". El partido denuncia además que la causa ha sido utilizada como "arma política" contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Pero no vamos a consentir que puedan con nosotros. Ni a quienes hacen juicios políticos ni a quienes judicializan la política. Quienes creen que con esto nos doblegan, no nos conocen. Ahora más que nunca, vamos a seguir haciendo política con mayúsculas, con toda la fuerza del PSOE", concluyen desde el partido.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado este sábado como “un día nefasto para los que creemos en la Justicia”.

También ha cargado con dureza contra la decisión del juez el ministro de Transportes, Óscar Puente. En una serie de mensajes en redes sociales, Puente ha denunciado el hecho de que el auto llega a afirmar que “puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse”, y ha acusado a la Audiencia Provincial de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de estar consintiendo esa situación.

En Lavapiés, Dragones no es solo un club de fútbol. Es una red de apoyo, un punto de encuentro y uno de los pocos espacios donde cientos de niños, niñas y jóvenes del barrio han encontrado algo más que un lugar para entrenar. Por eso, el cierre del campo de Embajadores 18 y la falta de alternativas han encendido las alarmas entre las familias y la entidad, que acusa al Ayuntamiento de Madrid de no dar una solución real a un problema que afecta directamente a la vida comunitaria del barrio.

El Club Deportivo Elemental Dragones de Lavapiés ha hecho público un comunicado, respaldado por 99 organizaciones y colectivos deportivos, vecinales y educativos, para denunciar la falta de instalaciones deportivas y el “incumplimiento de los compromisos adquiridos” por parte del Consistorio. La entidad reclama la reanudación de las obras del campo de Embajadores 18, una alternativa temporal dentro del barrio hasta que se cumpla la promesa de construir una cancha de fútbol 7 en el distrito Centro.

“Queremos que se respeten los tiempos y que se haga cuanto antes. Hay muchos niños esperando para jugar y no tienen espacio”, ha contado a infoLibre Dolores Galindo, presidenta del club. Según explica, el problema no se reduce a una obra paralizada, sino a la pérdida de uno de los pocos espacios deportivos accesibles en un barrio cada vez más tensionado por el turismo, la falta de equipamientos y la escasez de lugares públicos para la infancia y la adolescencia.

Durante más de diez años, Dragones cuidó y gestionó el campo de Embajadores 18, convertido en un lugar de entrenamiento, convivencia y vida vecinal. Ahora, con las obras paradas desde hace meses, la entidad teme que ese espacio acabe perdiendo su función deportiva. Galindo denuncia que la comunicación ha sido “unidireccional” y que las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento no han convencido a las familias. “Hemos hablado, pero no nos entendíamos. Por eso se ha hecho público”, señala.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid trasladan a infoLibre que las obras de acondicionamiento en la instalación deportiva de Embajadores, iniciadas en septiembre de 2025, tuvieron que paralizarse en noviembre tras hallarse construcciones subterráneas no registradas en la documentación disponible. Según el Consistorio, este hallazgo obliga a redactar un proyecto modificado para consolidar el terreno, especialmente en el lado de la calle San Cayetano. La obra se reanudará después del verano y tendrá una duración aproximada de cinco meses. 

El Ayuntamiento asegura que la actuación incluirá una nueva zona verde, la mejora del cerramiento y un almacén para guardar material deportivo. También defiende que los usuarios han estado informados “en todo momento” y que Dragones podrá volver a entrenar en Embajadores cuando terminen las obras.

La preocupación aumenta por las obras previstas en las canchas del Casino de la Reina, otro de los espacios utilizados por el club, centros educativos y familias del barrio. Para los Dragones, el riesgo es evidente. Una zona con muy pocos recursos deportivos podría perder, aunque sea de forma temporal, dos lugares clave sin que exista una alternativa suficiente. “Queremos tener la certeza de que habrá una solución lo antes posible. Hay 400 niños que necesitarán una alternativa”, insiste Galindo.

Sobre el Casino de la Reina, el Ayuntamiento señala que será objeto de obras durante el verano, aunque la Junta de Centro se muestra abierta a estudiar cualquier solicitud formal del club para sus entrenamientos. 

El club reclama que el Ayuntamiento sea más proactivo y facilite el acceso a instalaciones públicas del distrito, como colegios, polideportivos o espacios ya construidos. “Lo que pedimos es que el deporte de barrio tenga acceso a las construcciones del barrio”, resume la presidenta. En su opinión, el Consistorio no está entendiendo la dimensión del problema, ya que no se trata solo de reorganizar entrenamientos, sino de proteger un proyecto social que lleva años funcionando en Lavapiés.

Esa dimensión comunitaria es la que más destacan las familias. “Dragones no es solo un club de fútbol, es una comunidad. Nos ayudamos, es inclusivo, nos apoyamos”, ha contado a infoLibre Estrella, madre de una niña y un niño del club, de 14 y 12 años respectivamente. Ella también participa en el proyecto de Dragonas y trabaja como maestra en la escuela pública, una experiencia que, asegura, le ha permitido ver de cerca el impacto del club en menores con situaciones familiares complicadas.

Estrella recuerda a integrantes de Dragones acompañando a chavales por la noche, llevándoles comida y generando un entorno seguro. “El hecho de poder pertenecer a un grupo, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes, les ayuda mucho”, explica. Para muchas familias, el club no solo ofrece deporte, sino pertenencia, cuidados y una red que no siempre existe en otros espacios.

La falta de campo ha golpeado especialmente a los más pequeños. “Nos han dejado unos 200 niños pequeños sin poder jugar, sobre todo los chupetines, que eran los que entrenaban allí y daban una vida tremenda”, ha contado a infoLibre Estrella. La situación, añade, afecta sobre todo a menores cuyas familias no pueden pagar otras alternativas deportivas fuera del barrio. “La mayoría son vulnerables, familias que económicamente no pueden pagarlo y no se les cobra nada. Al contrario, se les ayuda en todo lo que se puede”, señala.

La madre denuncia que el Ayuntamiento “no da ningún tipo de solución” y cuestiona los motivos que han llevado a paralizar las obras. Según relata, la explicación trasladada apuntaba al hallazgo de un túnel de unos tres metros, aunque sostiene que desde el club ya se conocían las características del terreno y que incluso existía un proyecto previo para intervenir en el espacio. “Nos suena como que no están por la labor de hacer las cosas como en un principio dijeron”, lamenta.

Más allá del caso concreto, Dragones plantea una pregunta de fondo: qué ocurre cuando un barrio pierde los lugares donde se juega, se convive y se hace comunidad. “¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde vamos a poder echar una pachanga o hacer torneos con los chavales?”, se pregunta Estrella. Para ella, las canchas son mucho más que una infraestructura deportiva. Son un espacio donde las familias comparten, hablan y construyen vínculos.

“Lavapiés es un barrio, no es un sitio de borrachera o de turismo. Hay niños, hay familias”, reivindica. En una zona del centro de Madrid donde apenas quedan pistas disponibles, dejar sin espacio a un club como Dragones supone, a su juicio, limitar el derecho al deporte de muchos menores. “Nos dejan sin lo poquito que tenemos”, resume.

En su comunicado, el club exige cinco medidas: reanudar y finalizar las obras de Embajadores 18 con un modelo de gestión público-comunitaria; garantizar una alternativa temporal viable dentro del barrio; poner las instalaciones deportivas y educativas públicas al servicio de las necesidades vecinales; dotar al distrito de más espacios deportivos accesibles y bien mantenidos; y cumplir la promesa de construir una cancha de fútbol 7 en Centro.

Dragones mantiene su intención de seguir, pero reclama certezas. “No nos podemos dar por vencidos”, afirma Estrella. Galindo, por su parte, pide que el Ayuntamiento entienda lo que está en juego. “No entienden lo que pedimos ni la magnitud del problema”, lamenta. Para el club, el conflicto por las canchas no es solo una disputa deportiva, sino una batalla por el modelo de barrio. Un barrio con infancia, comunidad y vida vecinal, o uno donde esos espacios quedan cada vez más arrinconados.

Víctimas del accidente de Angrois ya han empezado a recurrir ante el Tribunal Constitucional la absolución del cargo de Adif que había sido condenado inicialmente en 2024 por un juzgado de lo Penal de Santiago, pero exculpado el pasado enero por la Audiencia Provincial de A Coruña. Los recursos se sumarán al que también formuló ya ante el Constitucional el maquinista del Alvia contra su propia y única condena por el accidente a dos años y medio de prisión.

Además, el maquinista también pidió el indulto al Gobierno de España y la suspensión de la entrada en prisión mientras no se resuelvan esos dos procedimientos.

El juicio por el accidente de Angrois del 24 de julio de 2013, en el que murieron 79 personas y otras 144 resultaron heridas, se celebró entre 2022 y 2023. La primera sentencia, emitida en 2024 por la jueza de lo Penal que juzgó el caso, condenó al mismo nivel al maquinista, Francisco José Garzón, por despistarse al recibir una llamada del interventor y no frenar a tiempo antes de la curva, y al director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no habilitar medidas que paliasen ese previsible error humano. Sin embargo, en enero la Audiencia de A Coruña corrigió esa sentencia y, sin modificar nada de los hechos probados, absolvió a Cortabitarte, una decisión respaldada por dos de las tres juezas del tribunal pero de la que discrepó la tercera jueza.

Ante esa decisión, el maquinista, como condenado, solo pudo recurrir ante el Constitucional pidiendo su absolución, lo que hizo argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales de presunción de inocencia, igualdad de trato y tutela judicial efectiva. Pero las víctimas pueden recurrir la absolución del cargo de Adif, lo que están empezando a hacer ahora. Ya lo hizo un maquinista que viajaba en el tren como pasajero y Praza.gal ha podido confirmar que también están ultimando sus recursos otras víctimas, entre ellas la Plataforma que agrupa a buena parte de ellas.

En su recurso de amparo, el segundo maquinista del Alvia que viajaba en él como pasajero y que, por tanto, también fue víctima subraya el voto discrepante de una de las tres magistradas de la Audiencia de A Coruña y cómo las otras dos absolvieron al cargo de Adif sin modificar en nada los hechos probados consignados por la jueza de primera instancia. Por eso, su motivo de recurso es la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y a "obtener una resolución motivada, fundada en derecho, no incursa en arbitrariedad, irracionalidad/parcialidad o error fáctico patente", deficiencias que atribuye a la absolución de la Audiencia de A Coruña.

Según el recurso, tanto la primera jueza de instancia como la magistrada discrepante de la Audiencia formularon sus argumentaciones a favor de la condena del cargo de Adif "de forma congruente, detallada y motivada", algo que no hicieron las otras dos magistradas. Una absolución que sostuvieron "en los mismos hechos probados de la sentencia de instancia que determinan la responsabilidad penal como culpable del señor Cortabitarte, sin modificación de hechos, lo cual resulta incongruente, arbitrario, irracional e ilógico, lo que debe dar lugar a su nulidad de plano".

Por el contrario, añade, se absolvió a Cortabitarte basándose "en meras alegaciones que no se recogen como hechos probados en la sentencia", que a continuación detalla, como la responsabilidad que tenía como cargo al frente de la Seguridad en la Circulación o las decisiones concretas que tomó y que rebajaron la seguridad en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago.

El recurso también defiende la "especial trascendencia constitucional" del asunto para justificar su admisión a trámite por el Tribunal Constitucional. Así, señala que "nos encontramos ante el primer accidente catastrófico de la alta velocidad ferroviaria española", una "tragedia que dio lugar a un amplio debate institucional, nacional e internacional, sobre el cumplimiento de las normas de seguridad ferroviaria". Así, considera que la valoración que pueda hacer del caso el tribunal puede "proyectarse sobre futuros supuestos análogos", que "la controversia jurídica afecta directamente a la aplicación e interpretación de la normativa de la Unión Europea en materia de seguridad ferroviaria" o que la "exportación del riesgo" decidida por Cortabitarte en perjuicio del maquinista "podría proyectarse sobre otros ámbitos de actividad especialmente peligrosos".

El vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, se ha topado con el Tribunal Supremo en su intento de paralizar el proceso de selección del nuevo juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sustituirá el próximo marzo a la conservadora María Elósegui, propuesta en su día junto a otros tres candidatos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras comprobar que no tenía opciones de ser seleccionado en la terna de candidatos, Preciado denunció el proceso por la supuesta influencia del Gobierno, o de cargos y juristas afines a él, en la Audiencia Nacional. Después de que el Consejo de Ministros aprobara la terna de candidatos, recurrió al Alto Tribunal reclamando otra vez que paralizara el proceso, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo lo ha rechazado.

Preciado denunció el pasado abril que el Gobierno –formado por los partidos que lo eligieron como miembro del Consejo– pretendería controlar la elección del próximo juez español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales. Lo hizo tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado impugnó el proceso ante la Audiencia Nacional y solicitó, sin éxito, su paralización. Sin embargo, su recurso extendió una sombra de sospecha sobre todo el proceso que afectará, posiblemente, al debate que el Consejo de Europa mantenga sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

El vocal progresista –considerado díscolo entre sus compañeros de esa sensibilidad– aseguró, tras saber que no estaba entre los elegidos, que la comisión que debía seleccionar a los tres candidatos que el Consejo de Ministros tenía que mandar a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el nuevo miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia, a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso era la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso que acaba de terminar lo fue la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Pese al recurso de Preciado, el proceso de selección siguió adelante y, el pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la terna propuesta por esa comisión de selección. Los elegidos fueron el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València Luis Jimena Quesada; la catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga Ana Salinas de Frías, y el profesor de Derecho Administrativo y especialista en Derecho Europeo de la Complutense Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero. Sus currículos pasarán ahora al panel consultivo de expertos del Consejo de Europa que evaluará sus méritos y capacidades antes de que la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional decida.

Tras conocerse la terna de candidatos, Preciado volvió a recurrir el proceso. Esta vez llevó al Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros que la designó para que se anulara. Y solicitó otra vez que se paralizara el proceso, esta vez al Supremo. Los magistrados de lo Contencioso, sin embargo también lo han rechazado. En primer lugar, porque lo que exige el interés general es, precisamente, que no se suspenda la decisión del Consejo de Ministros "porque forma parte del procedimiento establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos" para la formación del TEDH. Ese interés general, sostiene la Sala, es "que el Convenio se cumpla y que el tribunal esté constituido por todos sus miembros, en pleno ejercicio de sus funciones". "La relevancia de su función y la posición institucional que de ella deriva requiere el máximo respeto a los procedimientos y a los plazos", añade la resolución.

Preciado justificaba su petición porque, de no paralizarse el proceso, como reclamaba, el Consejo de Europa podría elegir a uno de los candidatos de la terna, lo que provocaría que una eventual sentencia del Supremo que le diera la razón no pudiera ejecutarse, dejando sin contenido su recurso. El Supremo, sin embargo, recuerda que aún queda "un largo procedimiento" en el Consejo de Europa "hasta el nombramiento final". Y que durante ese proceso, el organismo europeo analizará "las condiciones de idoneidad de los candidatos" y "los estándares de independencia e imparcialidad con que hayan sido seleccionados". La Sala recuerda que esa organización internacional ya ha rechazado a algunos candidatos –y cita su procedencia, Polonia y Albania– por no reunir esos estándares.

La resolución recuerda, además, que el mandato de la actual juez española del Tribunal de Estrasburgo no termina hasta el próximo 14 de marzo de 2027, por lo que el tribunal "dispone de un margen de tiempo suficiente para abordar el enjuiciamiento de fondo de este recurso antes de que se haga efectiva aquella renovación". Es decir, que los magistrados tienen todavía ocho meses para dictar sentencia sobre el caso. El auto, sin embargo, sí accede a otra petición de Preciado y ordena al Ministerio de Presidencia y Justicia "que ponga en conocimiento del Consejo de Europa la existencia del presente recurso contencioso-administrativo" y que envíe al organismo europeo el auto que rechaza parar el proceso indicando que está "pendiente de sentencia".

El auto cuenta con un voto particular de tres magistrados que consideran que el acuerdo del Ejecutivo que seleccionó la terna de candidatos sí debía suspenderse. Además de Preciado, también ha recurrido el proceso el actual secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera Navas, que también optaba al puesto pero tampoco superó la primera criba de la selección. Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en los procedimientos de selección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, al elevar esa sospecha hasta el proceso de elección del representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Parque de la Cabecera (València) un auditorio repleto y mucha expectación. Es el primer ‘mitin’ de la exvicepresidenta Mónica Oltra después de cuatro años, tras su abrupta marcha. Un “espacio de encuentro” con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián ante más de 2.000 personas, según datos de la organización, que se saldó con un mensaje claro: unidad. Antes de comenzar, lo coreaba el público: “El pueblo, unido, jamás será vecino”. Ambos entraron de la mano y con amplias sonrisas. No era campaña, pero lo parecía.

Rufián aprovechó este acto, previsiblemente el último de su ‘gira’, para situarse explícitamente al frente de una operación política que pasaría por unir a su formación con los comunes y Podemos de cara a las generales, pero lo circunscribió únicamente a Cataluña. “Quiero liderar en Cataluña un frente de izquierdas con ERC como motor”, planteó. Sin embargo, esa propuesta sigue sin contar con el aval de su propia formación. La unidad estuvo muy presente a lo largo del encuentro, pero por primera vez el republicano dejó claro sus límites, aterrizó un poco su propuesta y hasta habló de primarias.

Rufián insistió en que no se trata de pedir a nadie que renuncie a sus siglas, sino de actuar con inteligencia política ante un escenario que ha definido como "muy jodido". "Lo que viene comportará un enorme coste social, una regresión cultural y social", advirtió. A su juicio, la responsabilidad de la izquierda es "decir lo que quiere la gente aunque sea imposible para la dirección de los partidos". Un planteamiento que secundó la exvicepresidenta de la Generalitat, que se mostró convencida de poder unir a las izquierdas tanto en el Ayuntamiento de València, donde ella se presentará, como en la Generalitat. “Dejemos atrás nuestras míseras diferencias”, reclamó el portavoz de ERC.

Oltra, visiblemente emocionada confesó que había estado “a punto de llorar” en varias ocasiones, elogió a Rufián por impulsar una "gira de hermanamiento" que, según dijo, busca generar conciencia "no desde el miedo", sino desde la posibilidad de construir "pueblos alegres y combativos". La valenciana defendió también que los proyectos políticos transformadores deben "desbordar las siglas de los partidos". En ese sentido, apeló a la participación de Compromís, Podemos, Sumar, asociaciones vecinales, ecologistas, animalistas y colectivos sociales. "No quiero echar fuera a nadie", subrayó.

El público lo pedía y el diputado republicano también reclamó expresamente un "frente" para echar a la derecha del poder en la Comunitat Valenciana y cargó con dureza contra el expresidente valenciano Carlos Mazón, al que acusó de "inacción" ante la dana. "Pido a Mónica Oltra que ayude, y lo hará, a meter en prisión al psicópata y asesino de Mazón", dijo entre aplausos de un público que se colocó en la ladera del anfiteatro del Parque de la Cabecera en la capital del Túria, ante la falta de espacio. El aforo, según confiesan desde la organización del evento, superó todas las expectativas.

La dirigente de Compromís rechazó, sin embargo, que el avance de la derecha y la extrema derecha sea inevitable. "No es lo que viene, es lo que quiere venir. Vendrá si queremos", afirmó. Para Oltra, una de las batallas centrales es desterrar la idea de que la reacción conservadora no puede frenarse: "Depende de la lucha de cada uno". Y, aunque también incidió en la idea de que ella quiere “ganar” a PP y Vox, matizó que quiere hacerlo “con otras armas”. “Desde la compasión, la solidaridad y la conciencia de que no somos nada si no somos pueblo”.

La crítica a los discursos de la extrema derecha fue otro de los puntos de encuentro. Los dos cuestionaron los mensajes que responsabilizan a la inmigración de los problemas económicos y sociales. Rufián reprochó a Vox que señale a quienes llegan a España en lugar de a los grandes poderes económicos, mientras que Oltra denunció que quienes dicen rechazar la inmigración en realidad quieren trabajadores extranjeros sin derechos..

El regreso público de Mónica Oltra llega marcado por la causa judicial que precipitó su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat en 2022 y que ella y su entorno han definido reiteradamente como un caso de guerra judicial. La dirigente de Compromís abandonó entonces la primera línea política tras ser imputada en la investigación sobre el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

El procedimiento ha tenido un recorrido especialmente accidentado. El juzgado instructor llegó a archivar la causa al no apreciar indicios de delito, pero la Audiencia Provincial de Valencia ordenó su reapertura en varias ocasiones a raíz de los recursos de las acusaciones. La Fiscalía, por su parte, ha mantenido que no ve delito en la actuación de Oltra y ha pedido su absolución. Su situación judicial de la exvicepresidenta, sin embargo, no está cerrada. En marzo, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dictó auto de apertura de juicio oral contra ella y otros acusados. Por lo que, podría ser llamada a declarar en plena campaña electoral.

Cn todo, evitó construir su intervención desde la ira. "No construiremos desde la ira, sino desde el amor al otro, la conciencia de clase, la compasión y el perdón", afirmó. “Necesito tener esperanza. Para mí ponerme de pie fue muy difícil, una decisión que marca mi vida, ya veremos cómo. Pero era la única manera en la que puedo conservar la esperanza. Y podría tener rabia, pero no soy capaz de tenerla. Estoy indignada, pero no quiero que el miedo cambie de bando, sino que lo haga la vergüenza. Ha de ser vergonzoso ser un fascista”.

En este tercer acto, tras los que Rufián protagonizó junto al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, el catalán volvió a cuestionar la eficacia electoral de una izquierda que, según enfatizó, "tiene razón" pero pierde. "Tenemos la razón, somos la hostia, pero perdemos", resumió. Y defendió que la izquierda debe articular un programa común, estudiar “provincia a provincia” qué interesa más para ser más “efectivos” electoralmente y planteó la posibilidad de hacer primarias allí donde haya dudas sobre qué candidatura debe liderar. "Aglutinémonos alrededor del mejor", señaló.

La clave es que Rufián aparece como uno de los pocos perfiles capaces de hablar con espacios hoy enfrentados —Sumar, Podemos, comunes, Compromís, Más Madrid— y de proyectar una idea de alianza sin que parezca una reedición mecánica de fórmulas agotadas. Tal y como contó infoLibre, buena parte de ese espacio vive pendiente de su decisión ya que un eventual movimiento del portavoz de ERC podría alterar los planes de reorganización de la izquierda transformadora.

El hecho de que el portavoz de ERC en Madrid ofrezca una candidatura amplia en Cataluña sin el visto bueno del líder de su formación, enfría la hipótesis que algunos actores de la izquierda estatal le reclaman: una candidatura de alcance nacional capaz de reagrupar el espacio a la izquierda del PSOE. Su apuesta catalana puede servir como laboratorio de confluencia, pero también lo ata a una lógica territorial.

El catalán no quiere ser el dirigente que ordene todo el tablero estatal, sino que intenta construir una pieza fuerte desde Cataluña. En este contexto, y en un momento en el que Sumar tantea perfiles para las próximas generales, entre los que suenan los nombres de Ernest Urtasun, Ada Colau o Mónica García, el espacio sigue sin un liderazgo claro. Según explican fuentes cercanas a Rufián, él se ofrecerá a participar en actos junto a otras fuerzas políticas en la campaña para “ayudar” a esa unión de las izquierdas.

El Congreso votará la próxima semana una moción que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza después de que la Mesa del Congreso haya aceptado parcialmente una solicitud del PP.

Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han informado de que la Mesa ha vetado algunos puntos de la moción, entre ellos el que solicitaba instar a Sánchez a convocar elecciones, así como la dimisión inmediata del Gobierno.

El texto que ha sido aceptado dice que en el que caso de que Sánchez decida no convocar elecciones, la Cámara le insta a "considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Este punto ya estaba incluido en una moción de Junts que había sido admitida a trámite por la Mesa del Congreso en febrero de 2025.

El documento aceptado es una moción consecuencia de interpelación urgente sobre "la insostenible situación" del Gobierno de España y las responsabilidades en ella del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Aunque el PP ha celebrado que el Congreso vaya a votar esta moción y a pronunciarse sobre la cuestión de confianza en el último pleno antes del verano, ha señalado en un comunicado que su texto ha sido objeto de "un nuevo atropello" por parte de la Mesa de la Cámara, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, ya que se han eliminado los puntos 1 y 2.

Esto es "un suma y sigue" en el "largo historial de cacicadas" de las que el PP viene siendo víctima desde el inicio de la presidencia de la Cámara Baja de la socialista Francina Armengol, señala el partido.

Según el PP, "no se concibe ni se puede aceptar" que la Mesa haya vetado los dos primeros puntos, cuando el primero fue reformulado para cumplir con el criterio solicitado por los letrados de la Cámara y el segundo transcribe "de manera exacta" una de las iniciativas (de Vox) que sí fue anteriormente admitida a trámite.

El punto 1 eliminado afirmaba que el Congreso "manifiesta su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura".

Y el 2 exigía la inmediata dimisión en bloque del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley admitida a trámite por la Mesa del Congreso el 29 de octubre de 2024.

El Congreso aprobó el jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.

El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a la moción de los populares para pedir que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral.

Horas después, la Mesa del Congreso decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo. 

El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abre una nueva pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. Lo hace a raíz de un oficio remitido por la Fiscalía comunitaria, en el que se ponen de manifiesto sospechas en relación a la adjudicación de un contrato a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por la consultora KPMG e Innova, la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés. Una licitación que querían investigar por su cuenta las fiscales europeas pero que, sin embargo, la Audiencia Nacional ha ordenado que se remita al juzgado de instrucción.

En un providencia fechada este jueves, Peinado ha abierto una pieza separada con la documentación remitida "para la investigación de los hechos" y ha pedido a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre si los mismos son o no delictivos. Sobre la mesa del juez se ha puesto, en concreto, el auto de la Audiencia Nacional dejando sin efecto la avocación de las fiscales europeas –es decir, la decisión de asumir directamente las pesquisas– y el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que hizo saltar todas las alarmas entre las representantes del Ministerio Público.

Según consta en un decreto de la Fiscalía Europea fechado el pasado 8 de junio, al que ha tenido acceso infoLibre, aquel informe giraba en torno a las comunicaciones electrónicas intervenidas a 13 personas en lo relativo a la tramitación de dos expedientes de adjudicación de la entidad pública Red.es que en esos momentos estaban bajo la lupa. Sin embargo, el atestado mencionaba también otro expediente que no era en esos momentos objeto de investigación: el 044/20-ED, que tenía por objeto "Servicios de oficina Acelera Pyme-Servicios de apoyo y asesoramiento".

En este expediente aparecería como UTE adjudicataria Innova Next y KPMG. Y la financiación correría a cargo de los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). "Del informe policial se desprende que en la adjudicación del 044/20 el informe de valoración habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar en el criterio 3, del que dependen los juicios de valor en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria", explica la Fiscalía Europea en su decreto.

El informe policial resalta que al analizar los borradores de el informe de valoración intercambiado por los evaluadores se encontraron un comentario que aludía al hecho de que la unión temporal de empresas no hubiera incluido dicho "libro blanco": "Hecho que habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores".

Habrá que ver, no obstante, el alcance de esta línea de investigación. Si bien en el resto de licitaciones que en su día se pusieron bajo sospecha existían cartas firmadas por la propia Gómez que daban respaldo a las adjudicatarias, en este caso no constan –al menos por el momento– misivas similares, por lo que, en principio, todo giraría alrededor de Barrabés y Red.es.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que mantiene la ambición de una legislatura de cuatro años, pero ante la posibilidad de que se adelanten las elecciones, se ha limitado a señalar que los presupuestos se presentarán en 2026 y los comicios serán en 2027.

Sánchez se ha expresado de esta forma en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas y al plantearle si convocará de forma inmediata elecciones si no consigue que se aprueben los presupuestos.

"Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas", ha subrayado.

Pero no ha concretado más y se ha limitado a señalar que "la realidad es muy dinámica" ante el interés de los periodistas por acotar más la fecha de los comicios.

Sí ha explicado que su ambición y su objetivo sigue siendo que las legislaturas, "cuando no gobierna la derecha", duren cuatro años.

Hay reuniones, conversaciones, comentarios. Entre bambalinas. En cenas. En llamadas de teléfono. Pero la izquierda transformadora vive pendiente de una decisión: qué quiere hacer Gabriel Rufián. ¿Está dispuesto a ponerse al frente de una candidatura? Ya se verá la fórmula. Pero en ese espacio todo va a depender de lo que haga el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.

Rufián vuelve este viernes a protagonizar un acto con una gran expectación mediática: una conversación en Valencia con Mónica Oltra (Compromís). La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana vuelve con fuerza a la primera línea política después de un calvario judicial. Y lo hace para competir en las elecciones municipales, en una de las luchas más reñidas frente a María José Catalá (Partido Popular) y Pilar Bernabé (PSOE).

Este acto tiene mucho simbolismo. Compromís es uno de los partidos que más se ha alejado de la fórmula de Sumar, a pesar de haber concurrido bajo el mismo paraguas impulsado por Yolanda Díaz en las elecciones del 23J. De hecho, una de las dos diputadas de la formación valenciana dejó el grupo parlamentario y hoy Águeda Micó forma parte del grupo mixto.

El encuentro entre Rufián y Oltra tiene ese aire que ahora domina las izquierdas transformadoras: un sello territorial, pero con un fuerte compromiso para buscar alianzas que hagan posible frenar la llegada de las derechas al Palacio de la Moncloa, algo que hoy parece casi imposible a tenor de los sondeos publicados.

Y, además, visualiza que Rufián es el único referente que parece capaz de tejer alianzas dentro de un espacio marcado por las luchas fratricidas después de los primeros años de bonanza tras el 15M. A su lado ha tenido ya a Emilio Delgado (Más Madrid) y a Irene Montero (Podemos).

En estos momentos, Rufián aparece como el único puente que puede abrir sus brazos en varias orillas. Así lo confiesan en privado dirigentes de Sumar, Más Madrid, los comunes, Compromís y Podemos, que señalan que todos están pendientes de lo que finalmente haga Gabriel, como lo llaman todos en sus conversaciones privadas.

De manera paralela a los encuentros de Rufián, IU, Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid trabajan en actos para cimentar el espacio, se integre o no Podemos a última hora. Por el momento ya se han organizado grandes encuentros en Madrid, Barcelona y Sevilla. Esos contactos continúan, pero reconocen sus organizadores que todo cambiará el día en que Rufián concrete su plan y explique si está dispuesto a encabezar el espacio, participe o no dentro Esquerra.

El espacio sigue vacío de liderazgo. Y, además, internamente ha vuelto a enrarecerse por la situación de Movimiento Sumar, cuya líder, Lara Hernández, está en plena polémica por denuncias internas por supuesto acoso laboral. El próximo día 11, el partido que fundó Díaz elegirá un nuevo equipo directivo. Las quinielas apuntan a nombres como Ernest Urtasun, Verónica Barbero y Rosa Martínez.

Pero más que los nombres para liderar el espacio en general, por ahora se suceden las bajas. Díaz ya anunció que no va a concurrir de nuevo a las elecciones generales y está centrada en su labor como vicepresidenta segunda. Su futuro puede pasar por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una plaza que los sindicatos quieren que ocupe la ministra de Trabajo y cuyo plazo de presentación termina a finales del mes de agosto. No obstante, ese puesto no sería una realidad hasta el segundo semestre de 2027, por lo que podría aguantar en el Gobierno hasta el final de la legislatura. 

Asimismo, de esta carrera se ha apartado Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales es uno de los grandes referentes del espacio y, además, era una de las opciones favoritas por parte de dirigentes de Izquierda Unida, una de las grandes columnas del espacio. Él no quiere asumir ese puesto, tanto por motivos personales como por su incomodidad por las luchas internas en los partidos.

En este desierto de nombres, Rufián es, en cambio, la gran estrella. Y hay un aspecto que comentan varios dirigentes del espacio: conecta mucho con la gente joven, habla el lenguaje de la calle, su discurso llega a la barra de los bares. Un tirón que reconocen también en el PSOE, donde la mayoría de dirigentes lo ven como la mejor opción para reflotar el espacio a su izquierda. Sin ellos, Sánchez no podría repetir en el cargo. Un miembro socialista del Gobierno confiesa sobre el republicano: “Es un fenómeno entre los jóvenes. Mis hijos me mandan sus reels de Instagram con sus intervenciones”.

La legislatura está en el aire en estos momentos. Sánchez apuesta por aguantar hasta 2027, pero socios como el PNV y Junts reclaman elecciones anticipadas. Y siempre está el nubarrón de una moción de censura, que, por el momento, no quiere activar el Partido Popular. A pesar de la ansiedad que domina los tiempos políticos, la izquierda todavía no ha hecho los deberes y puede pillarle la fecha electoral sin una cabeza visible.

Lo que domina el panorama en ese espacio es la importancia que tendrán los partidos territoriales en la próxima cita después de los buenos resultados cosechados por Chunta en Aragón y por Adelante Andalucía en las elecciones del 17M. Pero ERC, BNG y EH Bildu siguen rechazando la posibilidad de integrarse en la misma plancha electoral con formaciones de ámbito estatal como IU, Sumar y Podemos.

Esperando a Rufián. La política española también pasa por Beckett.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya no quiere mejorar su inglés pese a que fue una de las carencias que más le persiguieron cuando desembarcó en la política estatal en 2022. El conservador reconoció este miércoles en El Hormiguero que su nivel sigue siendo insuficiente cuatro años después. "¿Cómo va su inglés?", le preguntó el presentador, Pablo Motos. "Mal", respondió el líder de la oposición. Ante la insistencia del presentador, añadió: "No lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente. Voy con el traductor".

Una declaración que supone un giro respecto al discurso que había mantenido hasta la fecha. En la campaña de las generales de 2023, en la que el dominio del inglés aparecía como una de sus principales debilidades, Feijóo sostenía que debía mejorar. "Mi problema no es el gallego ni el castellano, es el inglés. Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación", aseguró. Incluso llegó a explicar que la convocatoria anticipada de elecciones había alterado sus planes para empezar a hacerlo y que ya estaba recibiendo las primeras clases. El precedente de Mariano Rajoy, incapaz de defenderse ante mandatarios y prensa extranjera en otra lengua, estaba muy presente, especialmente después de que Pedro Sánchez sí demostrara su buen nivel.

Ahora el mensaje es muy distinto. El líder del PP ya no se marca como obligación aprender inglés pese a que aspira a que España tenga un rol relevante a nivel global y es la lengua que se utiliza de manera habitual para despachar asuntos internacionales. Su solución pasa por recurrir a la tecnología para suplir esa carencia. Una fuente de la dirección del PP asegura, entre risas, que con la inteligencia artificial ya “hay mucho avanzado” y que, por tanto, Feijóo ya no debe dedicar tiempo a esta cuestión.

La evolución resulta significativa porque, a diferencia de lo que ocurría en 2022 y 2023, cuando trataba de construir una imagen presidencial y disipar las dudas que acompañaban a su salto desde la Xunta de Galicia a la política nacional, ahora Feijóo ya da por hecho que va a llegar a La Moncloa, con idioma o sin él. Y después de una larga campaña de desgaste contra Pedro Sánchez, el presidente del PP parece haber llegado a la conclusión de que no necesita demostrar que está trabajando para corregir esa falta de dominio lingüístico.

La entrevista en El Hormiguero estuvo, de hecho, impregnada de un tono claramente preelectoral y presidencial. Feijóo habló de cómo gobernaría, pidió "cuatro años de confianza" a los ciudadanos y se presentó como alternativa inmediata al actual Ejecutivo. 

En ese contexto, la naturalidad con la que despachó la cuestión del inglés resulta reveladora, aunque culpó a haber estudiado en una “escuela rural” su falta de dominio.

El nivel de inglés de Feijóo ha acompañado su trayectoria nacional desde que sustituyó a Pablo Casado al frente del PP. El propio presidente del PP admitía en 2023 que aprender inglés era algo que debían hacer quienes aspiran a ser primeros ministros, aunque defendía que en las negociaciones internacionales es preferible expresarse con precisión en la lengua propia y recurrir a traductores profesionales. Sin embargo, esa falta de conocimiento hace muy difícil estrechar vínculos personales con dirigentes políticos de otros países.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagó por la sociedad Círculo Belleza –ahora Masterman & Whitaker– 25 veces más de lo que había abonado tres meses antes la mujer del directivo de Quirón Prevención para hacerse con el control de la firma. Así consta en un oficio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado 19 de diciembre al Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, que ha puesto bajo la lupa esta operación al sospechar que detrás de la misma puede haber una comisión encubierta. El informe, al que ha tenido acceso infoLibre, hace un análisis de la compraventa apoyándose en los documentos que obran en el procedimiento. Y ha servido de base al instructor, Antonio Viejo, para solicitar información bancaria.

Los hechos se centran en la compra de la sociedad a la farmacéutica Gloria Carrasco. Círculo Belleza se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, directivo de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario que fue durante años principal cliente del empresario Alberto González Amador. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en la operación de compraventa de mascarillas con FCS que le reportó 1,97 millones de euros.

El 11 de septiembre de 2020, según consta en el atestado de la UCO, Carrasco se hizo con el control absoluto de la sociedad adquiriendo a su hermano y a su pareja el 40% de las participaciones por 8.000 euros. "Teniendo en cuenta estos datos, el precio abonado por cada una de las participaciones ascendería a 60,60 euros", resaltan los investigadores. Solo tres meses después, el 4 de diciembre, Maxwell –de González Amador– se hizo con toda la empresa por 499.836 euros, lo que equivale a un precio unitario de 1.514,65 euros. Es decir, la pareja de Ayuso pagó a Carrasco por cada acción 25 veces más que lo que ella había abonado para controlar la sociedad. "Se considera significativo las importantes diferencias entre los precios abonados [...] en un corto periodo de tiempo", apunta la Guardia Civil.

Los investigadores, además, apuntan que en el documento notarial para la formalización de la compraventa "no se ha localizado" referencia alguna "a la valoración efectuada" de Círculo Belleza. Ni tampoco "al método o los motivos" por los que se establece un importe de compraventa cercano al medio millón para una mercantil cuyo importe neto de cifra de negocio se había situado en los 31.288 euros en 2018 y en los 29.745 euros en 2019. Sobre los medios personales, la UCO destaca que en esos mismos años no constaba ningún trabajador vinculado a la sociedad. Y en lo relativo a recursos materiales, la empresa solo disponía de "máquinas de tratamientos de belleza y estética" y "un ordenador portátil que habría sido adquirido en el ejercicio de 2009".

La Fiscalía sospecha que esa operación oculta el pago de una comisión. Es más, en alguno de los escritos emitidos durante la investigación ha llegado a utilizar el término "sobornos". "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", sostenía el representante del Ministerio Público en el escrito que provocó la activación de la unidad de élite de la Guardia Civil en el caso.

A partir de su adquisición por González Amador, la mercantil experimenta un "notable incremento" de su cifra de negocios, pasando de los 58.862 euros en 2020 a 327.320 euros en 2021. Los investigadores señalan que este último dato guarda relación con la factura que la renombrada Masterman & Whitaker emitió a Quirón Prevención por 396.057,20 euros –los 372.320 euros más el IVA– en relación con los trabajos relativos a su expansión en Latinoamérica. La empresa, sin embargo, carecía de "medios" para la prestación de dichos servicios de consultoría. "Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría", señalan los investigadores, que se apoyan en todo momento en los informes de la Agencia Tributaria.

Con ese primer informe, la Unidad Central Operativa solicitó al instructor una serie de medidas de investigación. "Se considera necesario contar con información bancaria y tributaria de los diferentes intervinientes, tanto personas físicas como jurídicas, que permita determinar los movimientos de fondos que habrían tenido lugar", apuntaban los investigadores. No solo actual, sino de los últimos 12 años. Una petición a la que el magistrado Viejo ha tardado medio año en responder. Y dando luz verde solo a una parte de las diligencias pedidas. En un auto fechado la pasada semana, el instructor autoriza únicamente a los investigadores a recabar información financiera de González Amador, Carrasco, Camino y sus empresas. Y guarda en un cajón, al menos de momento, la reclamación de datos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Desde la jubilación de la anterior instructora, la investigación se ha ralentizado. Aunque se activó a la UCO hace un año, lo cierto es que los investigadores no recibieron hasta principios de noviembre toda la documentación obrante en la causa. Una información que, no obstante, estaba incompleta. En el informe de diciembre, la Guardia Civil pide al magistrado que le haga llegar también las declaraciones como investigados en la causa de González Amador y Carrasco, quienes en sede judicial negaron el soborno y defendieron el precio que pagó la pareja de la presidenta madrileña por la sociedad.

No anularía el caso, porque antes de su llegada a la investigación, ya había indicios que señalaban directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes, exmáximo accionista de Plus Ultra, realizado por el Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 y entregado por esa agencia de EEUU a la UDEF cinco años después (el pasado 18 de marzo) fuera considerado una prueba ilícita, sí podría sacudir el procedimiento obligando al instructor del caso, José Luis Calama, a eliminar del procedimiento todas las averiguaciones posteriores relacionadas con ella. El abogado del expresidente, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, lo sabe y ha reclamado al juez que pida a Washington datos sobre las circunstancias de ese clonado, si se hizo en el marco de un procedimiento abierto en EEUU contra Reyes y si se respetó la cadena de custodia. Pero este jueves, Calama ha aparcado esa ampliación de información hasta que reciba respuesta del Gobierno estadounidense sobre su posibilidad de utilizarlo en el proceso.

El instructor se refirió a ese informe concreto del HSI sobre el teléfono de Reyes en el extenso auto con el que imputó a Zapatero el pasado 18 de mayo. Antes de tomarle declaración este miércoles, el 5 de junio reclamó a Washington mediante otra resolución "la autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español de la extracción telefónica del dispositivo móvil". Lo que quiere el instructor es "autorización expresa para la utilización en el proceso penal español como medio de prueba" –es decir, también en un hipotético juicio oral– y no solo de investigación, como había hecho hasta ese momento tanto la Policía, como la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez de instrucción 4 de la Audiencia Nacional. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", afirmaba el instructor. Y apuntaba a los tratados bilaterales, las solicitudes de asistencia judicial o los canales policiales institucionalizados como vías para conseguir esa eficacia.

El auto de Calama, además, daba algunos datos sobre cómo se obtuvo el clonado del móvil de Reyes, información que, sin embargo, Zapatero consideró insuficiente. El instructor explicó que se obtuvo en el marco de "una investigación trasnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones". Esa investigación se desarrollaba "en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa [Florida], Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos".

Una de las líneas de esas pesquisas, según explica Calama en su auto, apuntaba a Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, "por blanqueo y evasión de sanciones" que realizaba a través de la aerolínea rescatada en marzo de 2021 con 53 millones de euros, y otras compañías como Capital Bank, la sociedad de valores Panacorp y Dinosaur Bank. El juez también aporta la información de que la copia del teléfono de Reyes se obtuvo "inicialmente orientada al contrabando", aunque luego "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales", según la resolución que solicita la cooperación judicial de Washington. Por último, el instructor confirma que el informe sobre ese dispositivo se facilitó a la UDEF el pasado 18 de marzo. El número de referencia del documento aparece señalado en tres ocasiones en el auto. Sin embargo, tal y como asegura la defensa de Zapatero, el informe estadounidense, pese a la importancia que le da el juez, no se encuentra entre los documentos del sumario facilitados a las partes.

Para clonar un teléfono en España y en general en todos los países de la UE, es necesario que se haga con autorización judicial. En caso contrario, el material obtenido sería una prueba ilícita obtenida mediante la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. También es necesario conocer de manera precisa cómo ha llegado ese material al proceso, para excluir cualquier riesgo de manipulación que pudiera afectar al derecho de defensa de los investigados. Por eso, Zapatero pidió al juez, cinco días después de que este reclamara autorización para usar esos mensajes de Reyes en el proceso, que ampliara su auto pidiendo más información. En concreto, quiere conocer la resolución judicial o administrativa que permitió copiar el teléfono, el proceso concreto abierto contra Reyes en EEUU, los informes del HSI sobre el clonado, cómo se hizo, con qué software y si fue total o parcial, que se verifique que esa información no ha sido manipulada, cómo se ha preservado desde que se obtuvo en 2021 y la cadena de custodia.

El Gobierno de EEUU ha autorizado algunas prácticas de investigación sobre comunicaciones que en España serían radicalmente ilegales. La Patriot Act, aprobada durante el mandato del republicano George W. Bush, por ejemplo, permitió a la Agencia de Seguridad Nacional de ese país almacenar los datos de las llamadas de millones de ciudadanos. La ley, además, daba en la práctica un cheque en blanco a agencias como el FBI para hacer intervenciones telefónicas y restringía los derechos de los ciudadanos extranjeros en territorio de EEUU. Los agentes de aduanas de ese país, además, están autorizados a clonar cualquier dispositivo electrónico en las zonas fronterizas sin necesidad de obtener previamente autorización judicial. En España ha habido procesos basados en intervenciones de comunicaciones ejecutadas por Washington en los que esas pruebas han sido anuladas. Algunas relacionadas con el terrorismo islamista, como la Operación Tigris.

El escrito del defensor de Zapatero reclamando más información sobre la obtención de la prueba por el HSI parece indicar ese camino, el de buscar la nulidad de la prueba. Calama no ha rechazado su petición directamente sino que simplemente ha respondido que ahora no es el momento adecuado. Antes, quiere conocer la información que Washington le pueda facilitar con la solicitud de cooperación que le envió el 5 de junio. "Mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente", afirma el juez en su resolución de este jueves.

En cualquier caso, la hipotética anulación de esa prueba, casi con total probabilidad, no sacaría a Zapatero de la causa ni provocaría la caída de toda la investigación. Antes de su entrega por el HSI estadounidense a la UDEF el 18 de marzo, la anterior instructora del caso, Esperanza Collazos, ya apuntaba al exjefe del Ejecutivo. En su auto de inhibición a favor de la Audiencia Nacional del 23 de febrero relataba que las conversaciones intervenidas en España al abogado y presunto facilitador de la trama en Madrid, Miguel Palomero, y los pagos de Análisis Relevante, la consultora de su amigo, al expresidente y a la empresa de sus hijas analizados por la Agencia Tributaria, ya indicaban su implicación. Un informe de la UDEF redactado más de un mes antes de acceder al material de EEUU aseguraba que había "indicios suficientes para concluir [...] que no sería Julio Martínez Martínez [su amigo] el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería a José Luis Rodríguez Zapatero".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero empezó su declaración en la Audiencia Nacional negando haber mediado para el rescate de Plus Ultra: "No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. No habrá nadie que pueda decir lo contrario", apuntó.

Así se desprende de los audios de la declaración del expresidente que tuvo lugar el pasado miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a los que ha tenido acceso EFE este jueves.

"Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia, ni nadie me lo pidió", sostuvo Zapatero en su declaración.

Zapatero declaró ante el magistrado por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de esta aerolínea a cambio de comisiones.

En las más de dos horas de interrogatorio, Zapatero explicó que es amigo de Julio Martínez desde el año 2011 y que comparten la afición de salir a correr, pero que no tuvo ninguna relación profesional con él hasta 2020, cuando creó la consultora Análisis Relevante.

Es entonces cuando Martínez le preguntó si estaba dispuesto a ejercer de consultor, como hizo anteriormente con otras consultoras: "Yo le digo que sí, y a partir de ahí es cuando empieza la relación, la parte de relación profesional", aclara.

Calama expone ante Zapatero que la tesis que maneja la investigación es que Análisis Relevante se utilizó para derivar "comisiones de tráfico de influencias en las que usted puede haber intervenido".

Tras lo que Zapatero replicó que desarrolló "un trabajo intenso" para Análisis Relevante, antes de volver a negar que hablase "con ninguna autoridad pública, con ningún funcionario ni con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra".

"Creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo", argumentó ante el juez.

Asimismo, admitió que pidió al Santander que atendieran a responsables de la compañía aérea, pero no que intercediera para buscar financiación.

Su abogado le preguntó concretamente si "de algún modo orientó" la petición o solicitud al Santander o a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del banco, "para que le diese financiación a Plus Ultra", a lo que Zapatero contestó tajantemente: "No, en absoluto".

"Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender", explicó el expresidente, que al ser preguntado de nuevo por su abogado si fue "¿Solo para atender?", subrayó: "Sí, exactamente".

Rodríguez Zapatero también negó que le contactara directivo o personal alguno de Plus Ultra para solicitar su ayuda respecto del Fondo de Ayuda a Empresas aprobado en julio de 2020 y haber hablado con ningún responsable de Indra para que Plus Ultra presentara la solicitud a la SEPI.

"Ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno, ni ante absolutamente nadie, no hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra", aseguró Zapatero.

El juez también preguntó acerca del interés de dos empresarios, los hermanos Amaro Chacón, en que el expresidente interviniera con la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para que una empresa china accediera a petróleo venezolano, algo que el exlíder socialista dijo no recordar, a pesar de que la compañía china mandó una carta a su oficina a la que, sostuvo, no dieron respuesta.

"No me acordaba de nada, yo obviamente con esa carta no hice absolutamente nada, me mandan cartas de todo tipo, y yo no he tenido absolutamente nada que ver con ningún tema de petróleo, ni de gestión, ni de nada, nunca, en mi vida", recalcó Zapatero.

También dijo no recordar si había asistido a una comida organizada por su secretaria, Gertrudis Álcazar, que la investigación relaciona con instrucciones para crear una sociedad 'offshore' en Dubái, una acusación que negó tajante: "Se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades 'offshore', se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore' y es que ni sé lo que es".

Zapatero sostuvo además que él no usa correos electrónicos porque todo lo hace su secretaria, de quien dijo, además, que siempre ha actuado conforme a sus "indicaciones".

La declaración del miércoles versó únicamente sobre Plus Ultra, ya que el expresidente se negó a dar explicaciones sobre las "dichosas joyas", como se refirió a ellas el juez, por el recurso que había interpuesto.

Aun así, al término del interrogatorio, el abogado del expresidente trasladó al juez que estaba en disposición de poder declarar sobre este asunto en un plazo de una semana o diez días "como máximo".

En otro momento del interrogatorio, Calama preguntó a Zapatero si había comido con el entonces ministro José Luis Escrivá o con algún alto cargo del Ministerio de Hacienda para hablar del rescate de Plus Ultra.

Con Escrivá, Zapatero admite que tomó "un café" para conocerse, en el que hablaron "de la economía" y que "en ningún momento, absolutamente, salió el tema de Plus Ultra".

En su declaración, Zapatero dijo no recordar las reuniones que tuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esas fechas.

En un momento del interrogatorio, el juez dice al expresidente "acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio", por lo que, al acabar su declaración, Zapatero se disculpó: "Espero no haber estado en ningún momento en un tono no conveniente".