La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles que la compra del ático de Chamberí fuera una vivienda para ella y ha apuntado que este asunto se está utilizando para "hacer daño".

Así lo ha asegurado la presidenta madrileña en una rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste, a preguntas de los periodistas por la compra del ático por parte de la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad.

"Si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, tardo un poquito: siete años", ha asegurado Ayuso, quien ha negado que tuviera intención de vivir en este ático.

Y ha insistido en que se está mezclando el "dónde vive con dónde se va a trabajar", en alusión a la explicación que ya dio en su momento la Comunidad sobre que este inmueble iba a ser utilizado en otoño como oficina debido a las obras en la Real Casa de Correos, sede del gobierno autonómico. 

Ayuso ha incidido en que es una tema del que "no tiene ni idea" porque no es su competencia saber sobre la compra de este ático, a lo que ha añadido que sí lo es de Planifica Madrid que "compra y vende inmuebles todo el año", por lo que ha remitido a la consejería de Presidencia -que asume el consejero Miguel Ángel García- que es la que "tiene la información".

Al ser preguntada sobre la puesta en venta del inmueble, ha afirmado que "ahora mismo no es necesario" puesto que la Casa de Correos sigue operativa, por lo que es mejor "vender y aprovechar ese recurso, como el de los inmuebles de la Gran Vía", para destinarlo a la reconstrucción.

"No se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión, teniendo una necesidad como la que tenemos. Ese es el motivo por el que tomamos esa decisión", ha justiciado.

En referencia a la puesta en venta de la vivienda que comparte con su pareja, Alberto González Amador, que ha salido a la luz al mismo tiempo que la compra y venta del ático de Chamberí, para la presidenta se "hilan puntos" intentado "hacer daño" cuando se han "dado dos circunstancias a la vez" y ha insistido en que "no tiene nada que ver".

Ayuso ha añadido que sería "muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa" y ha asegurado que no se puede "esconder" ni "vivir en un búnker" porque "tiene vecinos, la gente entra y sale, y tiene una vida normal".

Al ser preguntada por unos mensajes de apoyo distribuidos entre miembros del PP de Madrid para darle respaldo, Ayuso ha asegurado que esta práctica es "más vieja que el hilo negro" en política y que "lo hacen todos los gobiernos del mundo mundial".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha dicho este miércoles que el reparto entre comunidades autónomas de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta, en caso de producirse, tendrá que ser “justo, bien dotado y planificado”.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, en la que, al ser preguntada si las comunidades gobernadas por el PP aceptarán la distribución de menores, ha respondido que “el PP siempre va a cumplir la ley y siempre va a estar del lado de los ceutíes”.

Ezcurra ha insistido en que el Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación y aclarar cuántos menores hay en las calles de Ceuta.

Asimismo, ha criticado que anuncie una partida extraordinaria de 25 millones de euros y plantee su acogida cuando todavía desconoce cuántos hay.

“El Gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que han cometido”, ha apuntado, antes de subrayar la importancia de filiar a los menores para comprobar si efectivamente lo son.

Ha afirmado que hasta un 50% de los supuestos menores recibidos en las comunidades de Madrid y Baleares no lo eran, según las estadísticas, y ha advertido de que meter a una persona mayor de edad en un centro específico para menores compromete la seguridad de todos.

Por otra parte, la dirigente popular ha insistido en que existen mecanismos y formas de resolver la crisis que, en su opinión, son más eficaces que la gestión realizada por el Gobierno.

Y ha defendido la necesidad de seguir los procedimientos establecidos, cumplir la ley y aplicar los instrumentos previstos, entre ellos la reagrupación de menores con su familia o su entrega a los servicios sociales de su país de origen.

Sobre la postura de Vox y de su líder, Santiago Abascal, ha dicho que es libre de expresar sus opiniones e ideas políticas como estime oportuno, aunque ha precisado que el PP no se expresa en esos términos.

No obstante, ha indicado que su partido mantiene una posición igualmente contundente con la denuncia de esta situación y la exigencia de responsabilidades.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confiado este miércoles en no entrar en un conflicto judicial con el PP por una hipotética negativa de sus comunidades a acoger menores inmigrantes procedentes de Ceuta, actitud que ha achacado al temor a romper sus pactos con Vox.

Cuerpo se ha referido a la actitud de las autonomías gobernadas por el PP ante ese reparto de menores tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en una entrevista en Televisión Española en la que ha considerado que defendido la gestión de esta situación por parte del Ejecutivo.

Ante las voces del PP, como las de su secretario general, Miguel Tellado, en las que apuntan sus reticencias a ese reparto de menores, Cuerpo ha señalado que en este asunto "no hay discusión".

"Aquí se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o del Gobierno. No espero otra cosa", ha subrayado.

En esa línea ha abundado confiando en que el Gobierno no tenga que entrar en ningún tipo de conflicto jurídico o judicial con el PP en materia de cumplimiento de la ley.

Tras señalar que hay unos elementos objetivos para el reparto para reducir la presión migratoria de lugares como Canarias, Ceuta o Melilla, ha apelado a la solidaridad de las autonomías.

Cuerpo ha recordado que en los últimos días varios dirigentes del PP, entre ellos su líder, Alberto Núñez Feijóo, han visitado la ciudad autónoma, y ha dicho que con ello entiende que querían transmitir un mensaje de solidaridad que no casaría con su actuación posterior en caso de negarse otras comunidades a acoger a los menores.

Eso sería un "mensaje pobre", ha señalado el vicepresidente, quien ha considerado que la actitud del PP se debe a sus pactos con Vox y al hecho de que la cuestión migratoria motivó anteriormente la ruptura entre ambos partidos en varias comunidades en las que tenían pactos.

"Entiendo que lo que quieren es evitar esa situación en gobiernos que se han formado apenas hace unos meses", ha apostillado.

El juez José Luis Calama ha pedido a la UDEF, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que elabore un "exhaustivo" informe sobre los cambios accionariales en Plus Ultra, fundamentalmente a partir de 2017, año en el que ingresó capital de origen venezolano, para analizar el "eventual impacto" de esa circunstancia "en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública" en 2021.

Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional en una providencia notificada este martes, a la que ha tenido acceso EFE, y en la que reclama a la UDEF dicho informe "en los términos solicitados" por la fiscal del caso, Elena Lorente.

En el escrito en el que la representante del Ministerio Público pedía al juez que solicitara este informe, recordaba que la aerolínea se constituyó el 25 de agosto de 2011 con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores.

Posteriormente, observa, hubo "diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017", en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano, según reflejó ya la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía en un informe en 2025, cuando esta causa estaba aún secreta.

"El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra —añade— se produjo a través de diversas escrituras públicas, como se menciona en el referido informe de la UDEF, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis, resultando por ello de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial".

Con ese nuevo informe, prosigue la fiscal, se podrá "valorar la incidencia" que tuvo "el citado capital venezolano" que, supuestamente, se invirtió en la compañía española.

Por ello reclama que la UDEF elabore "un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa" de Plus Ultra, "desde su constitución hasta la fecha actual, a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés".

Con ese objetivo cree necesario tener en cuenta "las inscripciones registrales" y "cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos".

El informe que aportó la UDEF en noviembre de 2025, en el que se basa la fiscal en su escrito, mencionaba "la existencia de diversos protocolos notariales" que ponen en evidencia cómo, a partir del año 2017, la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizan aparentemente aportaciones de capital.

Ese es el caso de los socios Camilo Ibrahim Issa (nacionalizado español), Rodolfo Reyes Rojas (cuyo teléfono fue intervenido en Estados Unidos y ha sido clave para la imputación de José Luis Rodríguez Zapataero), María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff.

También de algún otro que, "sin detentar participación accionarial ocupó cargos de responsabilidad", como ocurre con Raif El Arigie Harbie, "o que mantuvo significativas relaciones financieras con la compañía", como es el caso del venezolano Alcíades José Carión Carrión.

En su informe de 2025, la UDEF ya elaboró una tabla de la composición accionarial de Plus Ultra en el año 2021 "de acuerdo con la información obtenida por inteligencia financiera" y que recoge la fiscal en su escrito.

En esa fecha constan 23 socios, de los que 15 son distintas sociedades, y cuyo capital tras aportaciones —valor total que resulta de sumar el dinero o bienes iniciales de una inversión o sociedad más las aportaciones periódicas o extraordinarias— sumó en total 18,8 millones de euros.

Snip Aviation era la que acumulaba la mayor cantidad de capital tras aportaciones, con 8,5 millones de euros y el 45,33%, a abril de 2021, seguida de Fly Spain (2,1 millones) y Alva Skies and Wings (1,7 millones).

Tras estas empresas, figuran dos socios, Flavio Borquez y Héctor Tobia, con idéntica cantidad de capital tras aportaciones, 1.417.166,11 y 1.417.166,10, respectivamente, mientras que la menor cantidad resulta ser la del entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, con 6,49 euros.

A finales del pasado año un juzgado de Ferrol condenó a la empresa Samaín Servizos á Comunidade, del grupo ACS, y a uno de sus trabajadores por el acoso laboral y sexual de este último contra una compañera, limpiadora en la sede administrativa de la Xunta en Ferrol. El hombre realizaba comentarios como “qué rico hueles, ¿sabes igual?” o “aquí tenía que venir un Hitler o un Franco”, y la empresa tardó meses en actuar y no lo hizo hasta que supo que la víctima había denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

La mujer acabó recibiendo una baja médica por ansiedad, pero esta fue calificada inicialmente como enfermedad común, por lo que tuvo que recurrir también por ello ante la justicia, que tanto en un juzgado de lo Social de Ferrol como ahora en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le da la razón en que lo suyo debe ser considerado accidente laboral.

Según la sentencia, revelada por Praza.gal en enero, que analizó el fondo de su caso, la mujer ya trabajaba como limpiadora del edificio de la Xunta en Ferrol cuando a finales de 2022 se incorporó también como limpiador un compañero que “comenzó a realizar comentarios” como “qué rico hueles, ¿sabes igual?”, “¿no te da vergüenza venir tan pintarrajeada a trabajar?”, “los hombres deben estar trabajando y las mujeres en casita” o “aquí tenía que venir un Hitler o un Franco”. Unos comentarios que el compañero lanzó “durante meses, incluso delante del superior jerárquico de ambos”, el responsable de limpieza del edificio, “y de forma reiterada”.

La mujer pidió a un segundo superior, jefe del servicio, primero que actuase la mutua de la empresa, “que aquel le negó”, y después, el 31 de mayo de 2023, la activación del protocolo de acoso laboral. Además, su jefe inmediato “puso en conocimiento” del jefe del servicio lo que él mismo había presenciado. Sin embargo, la empresa tardó meses en actuar y no realizó un despido disciplinario del acosador hasta octubre de 2023, tras saber que la víctima había denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

Al tiempo que la víctima pidió la activación del protocolo de acoso laboral, recibió una baja médica por “ansiedad generalizada”, pero la Seguridad Social decidió declararla “enfermedad común”. La mujer tuvo que recurrir a la Justicia y en mayo del pasado año un juzgado de lo Social de Ferrol le dio la razón y estableció que era “accidente de trabajo”. Pero Samaín recurrió ante el TSXG y este ahora reitera que lo sucedido debe ser calificado como accidente laboral.

Según la sentencia del TSXG, “antes de los episodios relacionados con la interacción del otro trabajador implicado, la situación de salud de la trabajadora era estable y permitía el desempeño del trabajo, resultando evidente que tras esa interacción se produce la alteración de salud que implica el impedimento para el trabajo constitutivo de la incapacidad temporal”.

La sentencia también dice que “la propia reacción de la empresa, activando el protocolo de acoso, que culminó en el despido del otro trabajador, ayuda a corroborar la trascendencia de dicho comportamiento en el empeoramiento del estado de salud de la trabajadora que motivó la baja por incapacidad temporal”. Un protocolo en el que la propia empresa admitió que “existen conductas verbales, constitutivas de acoso sexual y por razón de sexo —tras hacer comentarios o bromas sexuales obscenas y comentarios impropios— en el ámbito del trabajo”.

Así que el TSXG concluye que lo sucedido debe ser considerado accidente de trabajo y Samaín Servizos á Comunidade debe asumir también las costas judiciales.

La crisis política por la compra de un ático de lujo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha provocado una rebelión interna en el Partido Popular contra Isabel Díaz Ayuso ni tampoco ha puesto en peligro su mayoría absoluta, su control del PP madrileño ni su condición de referente para una parte importante del electorado conservador. No obstante, la presidenta madrileña sí empieza a sufrir las consecuencias internamente, ya que el malestar con la dirigente conservadora comenzó con la investigación fiscal a su pareja, Alberto González Amador, y cada vez es más palpable. 

La incomodidad se percibe, especialmente, en la ausencia de apoyos explícitos. Ante otras polémicas protagonizadas por la baronesa del PP, como la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia o el plantón a Pedro Sánchez en Moncloa en 2024, la dirección nacional había reaccionado con rapidez, generalmente presentándolas como parte de una ofensiva del Gobierno y de la izquierda contra la presidenta madrileña. En esta ocasión, Génova ha tenido más dificultades para construir ese marco y, más allá de las declaraciones del secretario general, Miguel Tellado, el PP ha optado por el silencio.

Tellado, además, no hizo una defensa personal y rotunda de Ayuso, aunque sí dio por buenas las explicaciones del Gobierno madrileño antes de que anunciaran que finalmente se vendería el inmueble. 

En el PP, explica una voz de Génova, se ha dado la ‘orden’ de tratar de evitar como sea la cuestión del ático para no asumir el coste de una operación adoptada exclusivamente por el Gobierno madrileño. La respuesta automática si la prensa les pregunta es remitirse a las explicaciones dadas por Sol y desviar el foco hacia el Gobierno de Sánchez, lo que indica que la solidaridad con Ayuso ya no funciona de manera automática.

De hecho, en una reciente entrevista con El País, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, preguntada por la operación, aseguró que todavía no había entendido “lo de Ayuso y el ático”. Uno de los asesores del PP en el Senado, Víctor Soriano, que compatibiliza el cargo con su trabajo como abogado de Manos Limpias, lo secundaba también en X. “Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho lo que todos en el PP pensamos”, escribía.

La respuesta de la diputada del PP es significativa porque Álvarez de Toledo compite con Ayuso por una posición similar dentro del ecosistema del PP, la de una dirigente de la derecha ideológica más dura, partidaria de una oposición frontal a Pedro Sánchez. Durante varios años, Ayuso había ocupado casi en exclusiva ese espacio. Su mayoría absoluta en Madrid y su confrontación constante con el Gobierno central le permitieron combinar poder institucional, autonomía orgánica y capacidad de movilización.

En la citada entrevista, Álvarez de Toledo también expresa su voluntad de ser ministra y reclama un proyecto capaz de agrupar bajo las siglas del PP a todo el espacio situado entre el centro y la derecha. Su referencia, según explica, es el modelo construido por José María Aznar con un PP ideológicamente definido y fuerte para reducir el espacio electoral de Vox. 

Esa estrategia se solapa con la que Ayuso ha reivindicado desde la Comunidad de Madrid, donde ha defendido que el PP debe combatir a Vox sin adoptar un perfil moderado o defensivo. Álvarez de Toledo comparte el objetivo, pero plantea una diferencia de método. Reivindica una derecha menos marcada por los argumentarios y pone distancia con algunos de los recursos comunicativos de Ayuso, como el insulto o la conversión de determinados exabruptos en elementos de propaganda política.

Otra de las dirigentes que está en un momento álgido es Ester Muñoz. Como portavoz del PP en el Congreso, se ha consolidado como una de las principales voces de ataque contra el Gobierno de Sánchez en esta legislatura. Su estilo se basa en la confrontación directa, la presencia continua en redes sociales y la intervención en prácticamente todas las polémicas de la actualidad nacional, lo que parece haberla convertido en la alumna aventajada de Aznar, que hace solo unas semanas la presentó en un desayuno informativo.

Por ese motivo, el silencio de Muñoz sobre el ático es significativo teniendo en cuenta que en otras ocasiones ha respaldado de manera clara a Ayuso con la situación judicial de González Amador y denunció la supuesta fijación del Ejecutivo central con la Comunidad de Madrid. En cambio, en los últimos días ha mantenido una actividad intensa en redes sobre otros asuntos, especialmente con lo relativo a la crisis de Ceuta, de la que culpa al Gobierno sin mencionar a Marruecos. Una posición calcada de la de su jefe de filas.

Dentro del PP, algunos cargos comparan la forma de comunicar de Muñoz con la de Ayuso, alguien, según señalan voces conservadoras, que “no se deja amedrentar” por la izquierda y que no rehuye de la confrontación. Lo cierto es que la semejanza existe en el tono, en la búsqueda de titulares fáciles y en la voluntad de responder con rapidez, pero Muñoz desarrolla ese papel desde la estructura nacional y bajo la autoridad directa de Feijóo. Representa una versión controlada e institucionalmente subordinada de la estrategia comunicativa que Ayuso desarrolla con mayor autonomía desde Sol.

Con todo, en Génova inciden en que Ayuso es un “activo electoral” y deslizan que todo lo que ha ocurrido con el ático tiene más que ver con su pareja e interpretan que “no le pasará demasiada factura”. Pero esta crisis ha demostrado que su esfera de influencia ha cambiado. Hasta ahora reunía tres atributos que le concedían una singularidad dentro del PP: poder institucional, discurso duro y agresividad. El nuevo reparto separa esas funciones. Ayuso conserva el poder territorial, Álvarez de Toledo aparece como el verso suelto combativo y Ester Muñoz representa la confrontación diaria desde el aparato nacional.

Este reparto beneficia en parte a Feijóo, según su equipo de confianza. Génova puede dirigirse al electorado de derechas ‘sin complejos’ a través de Muñoz, incorporar a Álvarez de Toledo como referente ideológico y reducir su dependencia de la presidenta madrileña. El líder del PP no quiere ningún tipo de enfrentamiento con Ayuso, consciente de que eso se llevó por delante a Pablo Casado hace más de cuatro años, pero tampoco necesita hacerlo. Le basta con disponer de otras figuras capaces de cubrir los mismos espacios políticos.

La compra del ático ha acelerado ese proceso porque ha expuesto una decisión equivocada de su propio Gobierno, que confiaba en que nunca trascendiera a la opinión pública, por lo que resulta más difícil convertirla en víctima de una persecución externa. El manual que le había protegido en crisis anteriores de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, pierde eficacia y hasta él mismo comienza a distanciarse de González Amador.

El ascenso de Ester Muñoz y el protagonismo recuperado de Álvarez de Toledo se produce en un PP que dispone de varios liderazgos femeninos con peso, aunque de naturaleza muy distinta. Ayuso conserva el mayor poder electoral y territorial, superior al de sus homólogas Marga Prohens, María Guardiola y María José Sáenz de Buruaga. 

La coincidencia entre Ayuso, Muñoz y Álvarez de Toledo tampoco reside únicamente en que sean mujeres. Las tres han construido su notoriedad sobre atributos que tradicionalmente se habían reservado a los dirigentes masculinos de la derecha: autoridad, confrontación y dominio de los debates más polarizados. Esa visibilidad tiene un valor simbólico para el PP. Le permite combatir la imagen de partido dirigido exclusivamente por hombres — las mujeres han perdido posiciones en el organigrama de poder tras el congreso de julio del año pasado— y presentar modelos de poder femenino alejados del discurso de la izquierda.

Pero la presencia de mujeres en posiciones relevantes no se traduce automáticamente en una mayor capacidad para atraer a las electoras. Los barómetros del CIS permiten analizar el voto por género y muestran que las diferencias entre hombres y mujeres atraviesan a los partidos, aunque están especialmente acentuadas en el caso de Vox. El PP dispone de un electorado femenino más amplio y transversal que la extrema derecha, pero la decisión de voto de las mujeres depende mucho más de las políticas, la posición ideológica, la edad o la situación socioeconómica que de quien encabeza el mensaje.

El pasado mes de julio, Juanma Moreno fue reelegido presidente de la Junta de Andalucía por el pleno del Parlamento autonómico con los votos del PP y Vox tras firmar los dos partidos un acuerdo de gobierno.

El acuerdo ha permitido la entrada de Vox en el Gobierno andaluz, con una consejería con rango de vicepresidencia, la de Manuel Gavira, actual vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Este martes, varios medios se han hecho eco de que será Gavira, como consejero de Justicia, el encargado de gestionar las competencias relativas a violencia de género relacionadas de forma directa con la propia administración.

Esta decisión quedó recogida en el decreto que se publicó el pasado 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El escrito habla de la creación de las vicepresidencias y la reestructuración de las consejerías. Pero no fue hasta el 30 de julio cuando el Consejo de Gobierno aprobó los decretos que desgranan las competencias de cada área.

Además de hacerse cargo de las llamadas Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, Gavira se ocupará de cuestiones relacionadas con justicia, mediación y solución de controversias.

Asimismo, también ostenta competencias en cuanto a notariado y registros públicos, colegios profesionales, fundaciones y asociaciones; justicia juvenil; atención a las víctimas de terrorismo y víctimas de delitos y se responsabiliza de las relaciones institucionales de la administración de la Junta con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Las críticas a esta noticia no han tardado en llegar por parte del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Ángeles Férriz, portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, ha pedido a Moreno que rectifique: “Es intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista el señor Moreno Bonilla las haya dejado en manos de Vox. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea”.

A través de las redes sociales, la también socialista Olga Manzano ha suscrito las palabras de Férriz: “Peligran los derechos de las mujeres. Que quien niega la violencia machista controle las medidas y a los profesionales que nos protegen es tremendo. Lo permite Moreno Bonilla aferrado a su sillón”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha hecho hincapié en el “peligro e irresponsabilidad” de la decisión: “No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas”.

A todos ellos se ha sumado Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, en un mensaje en la red social X: “Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres. Ahora les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista”.

Rosa Rodríguez, portavoz adjunta de Por Andalucía, ha subrayado “que acabar con la autonomía de las unidades de valoración para asegurar mantener el gobierno supone traspasar una línea roja inaceptable”, calificando esta decisión de “irresponsable”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no emitió ningún informe ni aviso que advirtiera de una posible entrada masiva de personas en Ceuta como la registrada la pasada semana, ni siquiera de una situación similar a la ocurrida en 2021.

Marlaska ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa después de participar en la reunión extraordinaria de los ministros de Interior de la Unión Europea, convocada a raíz de la crisis en la ciudad autónoma.

Tras elogiar el trabajo del CNI y de los servicios de información, el ministro ha recalcado que, de haber existido una alerta sobre un episodio comparable al de 2021, cuando unas 10.000 personas entraron en Ceuta, esta habría llegado a las más altas instancias del Estado. “Eso no ocurrió”, ha afirmado.

El titular de Interior también ha indicado que 70.000 de las 72.000 personas que entraron en Ceuta la pasada semana ya han regresado a Marruecos. Según ha explicado, se estudiarán los casos restantes para devolver a quienes no tengan derecho a permanecer en España.

Los ministros europeos han trasladado durante la reunión su “firme solidaridad” con España y han reconocido el trabajo realizado durante la crisis. También han defendido la necesidad de seguir combatiendo las redes de tráfico de personas y de mejorar la capacidad de prevención ante situaciones similares.

Marlaska se ha mostrado además confiado en que Italia levante “a la mayor brevedad” los controles establecidos en las fronteras aéreas y marítimas interiores con España. El ministro considera que estas medidas carecen “absolutamente de necesidad y de proporcionalidad” y ha asegurado que el espacio Schengen no ha estado “ni en mínimo peligro” por la crisis de Ceuta.

El responsable de Interior ha recordado que España recibe movimientos migratorios secundarios procedentes del este de Europa y que, pese a ello, no ha impuesto controles en sus fronteras interiores.

Según Marlaska, el ministro italiano reconoció durante la reunión el trabajo desarrollado por España, aunque no confirmó expresamente que los controles fueran a retirarse. “Espero que los levante a la mayor brevedad”, ha insistido.

El ministro también ha defendido que en España se están respetando los derechos fundamentales de los menores, de las personas vulnerables y de los adultos que llegaron a Ceuta, después de que varias ONG presentes en la ciudad denunciaran un trato inhumano.

Marlaska ha admitido que durante el primer día pudieron producirse algunos “desajustes”, pero ha afirmado que fueron resolviéndose y que las autoridades están ofreciendo una respuesta “razonablemente inmediata a cualquier contingencia”.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad durante esta crisis migratoria.

En declaraciones a los medios este martes, la ministra ha explicado que el Ejecutivo habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros, que se sumarán a los 5,5 millones ya asignados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio.

Con estos recursos, Saiz ha asegurado que el Gobierno demuestra que "ha estado y va a seguir estando" con Ceuta y especialmente al lado de "los más vulnerables". 

Se trata de una partida habilitada desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Juventud e Infancia, que hará una transferencia de crédito extraordinario a la ciudad autónoma por los mecanismos ya articulados, ha detallado la ministra.

Saiz ha apelado a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, "por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular", para dar atención a los menores.

La también portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha vuelto a reiterar este martes que, aunque el Ejecutivo tenía información de que se produciría un repunte de llegadas irregulares propio del verano, no dispuso "nunca" de un informe que hablara de "la magnitud del hecho inédito" que se vivió el pasado jueves en Ceuta.

Saiz ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre la información conocida ayer por parte de fuentes del Ministerio de Exteriores marroquí, de que el país alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta acerca de la sentencia del Tribunal Supremo español de comienzos de julio.

La ministra ha subrayado la colaboración de Marruecos, sin la que no hubiera sido posible una "respuesta tan excepcional" por parte del Gobierno a la emergencia, y se ha remitido a la reunión del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea en la que participa esta mañana el titular de este departamento, Fernando Grande-Marlaska.

También ha destacado las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con las que aplaudió este lunes la gestión de España en esta crisis.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han informado este martes que, tras la coordinación con el Ministerio de Educación, se han habilitado dos centros educativos en Ceuta como lugar de atención a los menores no acompañados llegados a la ciudad autónoma, especialmente para las niñas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará a Ceuta en los próximos días, han señalado las mismas fuentes, para hacer un seguimiento de la situación y con el objetivo de activar todos los mecanismos disponibles para dar una acogida digna a todos estos niños, niñas y adolescentes.

Dentro de estos mecanismos se encuentra la modificación de la ley de extranjería, que establece un modelo de reubicación de los menores llegados a zonas con alta presión migratoria, como era el caso de Ceuta ya incluso antes de esta crisis, a otras comunidades.

Las fuentes ministeriales han recordado que la misma norma establece la posibilidad de firmar convenios con ONG para la protección de estos jóvenes y la reagrupación familiar, "siempre que existan familiares en sus países de origen y se corroboren que las condiciones garantizan el interés superior del menor".

Estos mecanismos se aplicarán caso por caso para garantizar los derechos de cada uno de estos niños y, para ello, se ha reforzado la filiación individualizada, un paso imprescindible antes de trasladarles a los dispositivos de protección. 

La portavoz del Gobierno también ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dimitir por la compra del ático en Chamberí.

En relación con las informaciones sobre la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático que la presidenta regiona iba a utilizar como oficina temporal durante unas obras en el Palacio de Correos en Sol, Saiz ha comentado que "el tiempo de las explicaciones ya ha pasado" y ha considerado que "la señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir".

En declaraciones a los medios, la ministra también ha confesado que le "llama la atención" el "silencio atronador" respecto a esta cuestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En ese sentido, ha asegurado que "fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa este martes en la reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea convocada a raíz de la última crisis migratoria en Ceuta, en la que trasladará el compromiso de España con el control de las fronteras europeas y la normativa fronteriza comunitaria.

Tras la crisis en Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros de Interior, a la par que expresó su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos.

En esta reunión, el titular de Interior comunicará a sus homólogos europeos que la política migratoria de España es "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos", país que considera "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua", según han explicado fuentes del ministerio del Interior.

Las citadas fuentes recuerdan que Marlaska ya dejó claro el 1 de agosto que "no se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria".

Al término de la reunión del consejo extraordinario de ministros, que dará comienzo a las 10:00 horas, Marlaska atenderá a los medios de comunicación desde la sede del Ministerio para explicar el contenido del encuentro.

En su carta de respuesta a Sánchez, conocida ayer, von der Leyen elogió la gestión eficaz de la situación por parte de las autoridades de España y Marruecos, a la par que hizo hincapié en la necesidad de dar una "respuesta europea común", unida y solidaria a la crisis migratoria.

El titular de Interior transmitirá hoy, asimismo, su confianza en que se "reconducirán" los "incrementos" de llegadas irregulares en las ciudades autónomas y que España "hará frente a cualquier crisis, a las que están expuestos todos los países de primera entrada de la Unión Europea"

Está previsto también, subrayan las fuentes, que el ministro exponga las cifras de llegadas irregulares a España, que se redujeron en más de un 42% en 2025 y con un descenso cercano al 25% en el conjunto de España, según los últimos datos recogidos hasta el 16 de julio.

Según informó el Gobierno el domingo, alrededor de 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército continuarán desplegados en Ceuta "el tiempo necesario" para garantizar la seguridad en la ciudad.

En los últimos años, la salud mental ha empezado a estar presente en la conversación pública. El tabú con el que tradicionalmente ha estado asociada se ha transformado en una preocupación ciudadana, y las instituciones han respondido con un aumento de medidas y campañas de prevención. Pese a esta mejora, las muertes por suicidio siguen siendo un problema social y de salud pública. En 2025 fue la tercera causa de fallecimiento no natural, y la primera entre 2008 y 2021, según los datos de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio.

“Las medidas que se tienen que poner en marcha no solamente son sanitarias, sino que también tienen que atravesar todas las políticas sociales”, asegura Belén González, Comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. La forma en la que se acoge el sufrimiento dentro de las comunidades, los barrios, las familias y grupos de amigos es clave para transformar esta realidad.

Aunque se trate de un fenómeno complejo que no puede explicarse por una única causa, la época estival presenta características asociadas a una mayor probabilidad de ideación suicida. Según el estudio Evolución del suicidio en España en este milenio (2000-2021), de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Investigación Biomédica en Red, el número de personas que mueren por suicidio parece aumentar durante el verano, especialmente en julio. Los sentimientos de soledad no deseada y de desconexión emocional serían algunos de los factores que más influyen, apunta González. 

Otro problema es la comparación constante en internet: “No todo el mundo está todo el tiempo en yates en la Costa Brava, todos tenemos vidas complejas en las que siempre hay sufrimiento”. La experta en salud mental remarca la importancia de recordar que la sensación de falta de una red de apoyo siempre se puede revertir: “Tenemos que entender que es circunstancial y que hay conductas que podemos poner en marcha para buscar ese entorno”. 

En ocasiones, los familiares o seres queridos se pueden sentir culpables por no detectar las señales de ideación suicida. Alejandro Amores, psicólogo de la consulta Área Humana, asegura que los síntomas pueden llegar a ser muy sutiles: “Nadie enseña a las familias información sobre esto. Muchas veces las personas no saben qué recursos existen o cómo proceder en este tipo de casos”. Desde las instituciones públicas existe el número 024, que atiende tanto a personas en riesgo de suicidio como a allegados que necesiten información sobre recursos o acompañamiento. En junio de este año, la línea gratuita atendió a más de 20.000 personas, entre llamadas y mensajes.

González también recomienda acercarse a recursos asociativos, como los grupos de apoyo mutuo, tanto de familiares como de personas supervivientes al suicidio: “Son quienes más saben, quienes mejor acompañan y son muy acogedores”.

El 18,2% de la población española ha necesitado consultar a un profesional sanitario en los últimos 12 meses por un problema de salud mental, según una encuesta del Barómetro Sanitario. Sin embargo, aún existe una tasa de psicólogos públicos muy baja —unos 3.300, según datos recogidos por Infobae—, lo que muchas veces deja como única alternativa la atención privada, cuyo coste medio oscila entre los 45 y los 90 euros por sesión.

El acceso equitativo a recursos de salud mental es una reivindicación aún presente en la sociedad española, ya que las condiciones socioeconómicas son uno de los factores determinantes en el riesgo suicida, tal y como indica el Ministerio de Sanidad. El desempleo, la pobreza, la desigualdad estructural y la carga económica generan un contexto de vulnerabilidad que dificultan la sensación de falta de control sobre la propia vida. En España, una de cada dos personas es dependiente económicamente, y más del 25% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, apunta el Ministerio.

El número de personas que mueren por suicidio es significativamente mayor entre los hombres. En 2024, casi tres de cada cuatro fallecidos por esta causa eran hombres. Amores indica que uno de los factores puede ser las normas o comportamientos que la sociedad considera apropiados para ellos: “A veces, los mandatos de la masculinidad asocian erróneamente el malestar emocional con algo negativo. Eso puede hacer que la persona se inhiba de pedir esa ayuda”. 

El psicólogo añade que la comunicación con el entorno también puede verse dificultada cuando existe la idea de que mostrar las emociones es un signo de debilidad: “En muchas ocasiones, la depresión en los hombres puede manifestarse a través de irritabilidad, la hiperactividad laboral o el consumo de alcohol”.

Esta realidad afecta especialmente a los hombres mayores. Entre los 85 a 89 años, el riesgo de suicidio multiplica por cinco la media nacional, según datos de Sanidad. González puntualiza que, aunque los hombres de mayor edad tienen más dificultades para pedir ayuda debido a esos mandatos sociales, se está avanzando en una deconstrucción de los roles de género: “Están intentando acercarse a otros hombres y alejarse de ese mandato según el cual un hombre no debe quejarse, no debe llorar y debe sufrir en silencio, sin pedir ayuda ni hablarlo con nadie”. 

La experta insiste que el entorno social es uno de los elementos más importantes cuando se habla de prevención del suicidio: “A los hombres les está ayudando mucho este impulso feminista, que les permite beneficiarse de otro rol social desde el que expresar sus emociones y acompañarse de otros”.

La crisis fronteriza de Ceuta ha dejado en evidencia el escaso apoyo que ha recibido el Gobierno de España tanto por parte de la oposición –que ha aprovechado esta tragedia humanitaria, en la que ha fallecido casi un centenar de personas, para tratar de erosionar a Pedro Sánchez– como desde Europa.

Este lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado en rueda de prensa al presidente del Gobierno como el “responsable principal” de la “gran invasión” ocurrida en la Ciudad Autónoma. Asimismo, ha exigido que se esclarezca “qué ha fallado en la cooperación con Marruecos”.

Ha criticado, además, que los servicios de inteligencia españoles “no tuvieran información de que una marea humana” se dirigía a Ceuta, una idea en la que también ha incidido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Telecinco: “No me creo que una masa de 60.000 o 70.000 personas haya pasado desapercibida”.

Tras afear la “respuesta acomplejada y pusilánime” de España y criticar que Sánchez esté de vacaciones, Tellado ha terminado su intervención poniendo el dedo en la llaga al mencionar la carta de varios países de la Unión Europea en la que reclamaron una reunión de los ministros de Interior –que se celebrará este martes–. Según ha dicho, Sánchez está ya “tan solo” en España como fuera de ella.

Y es que la respuesta por parte de Europa ante la llegada de unas 60.000 personas a Ceuta no ha sido la que cabría esperar de una Unión Europea solidaria y unida ante una crisis humanitaria de estas características.

Nada más conocerse los hechos, varios países, entre ellos Italia, Finlandia y Dinamarca, solicitaron la exclusión de España del espacio Schengen y cuestionaron la capacidad del país de proteger la frontera exterior de la Unión.

Por su parte, Francia expresó su “solidaridad con España, con su Gobierno y con su pueblo” a través de su presidente, Emmanuel Macron. Sin embargo, también trató de convencer a Sánchez de recurrir a la agencia europea Frontex para reforzar la vigilancia fronteriza, alineándose parcialmente con quienes cuestionaban la gestión española de la crisis. 

Ante la avalancha de críticas a España, Pedro Sánchez envió el pasado sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que denunciaba la reacción “egoísta, polarizadora e ilegal” de varios gobiernos: “La mayoría nos ha mostrado su apoyo y solidaridad, y nos ha ofrecido su ayuda. Otros, sin embargo, han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen”.

Recordó además que “Ceuta no forma parte del Espacio Schengen, porque ya casi no quedan migrantes irregulares sin repatriar y porque España es, según Frontex, una de las fronteras exteriores menos porosas de la Unión Europea, con un número de entradas irregulares que es la mitad del registrado, por ejemplo, en Italia en los últimos años (2021-2026)”.

En ninguna de las declaraciones que llegaron desde distintos países europeos hubo reproches a Marruecos por su actuación durante esta crisis. Mientras el foco sigue puesto sobre España por su proceso de regularización –criticado dentro y fuera del país–, los servicios de inteligencia consideran que, aunque esta oleada migratoria no fue planificada, las autoridades marroquíes tampoco pusieron obstáculos para que decenas de miles de personas cruzaran la frontera.

Pese a conocerse esta información, Europa sigue sin cuestionar la actuación de Marruecos durante la crisis. Este mismo lunes, Von der Leyen alabó por igual la gestión de España y de Marruecos.

“Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa”, ha comentado en una carta dirigida al presidente del Gobierno español.

Quien sí ha pedido explicaciones a Marruecos y ha reclamado una investigación sobre lo ocurrido ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Desde Zaragoza, se ha mostrado tajante: “Ceuta y Melilla no se tocan”.

“Le pido al Gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final” para esclarecer lo sucedido al considerar que “quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afronta este martes una tensa reunión con sus homólogos de la Unión Europea, con escasos apoyos y obligado a defender la actuación de España durante la crisis. En ese encuentro se comprobará si Bruselas mantiene el foco sobre el Gobierno español o si, por el contrario, también exige responsabilidades a Marruecos por lo sucedido en Ceuta.

“Una mujer estuvo inconsciente durante diez minutos. Llevaba tres días sin comer”. Con este episodio, Lara Salceda, integrante del equipo jurídico de No Name Kitchen, resume la situación que ha presenciado durante los últimos días en Ceuta. Entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos y la crisis ha dejado al menos 88 muertos, según el último balance del Gobierno de la ciudad autónoma, donde la organización humanitaria de asistencia social trabaja sobre el terreno desde 2021. 

Las primeras señales de alarma, asegura, no llegaron con la entrada masiva del pasado jueves, sino unos diez días antes. “Empezaron a llegar unas 300 o 400 personas al día”, recuerda. Aunque esta ruta suele registrar un aumento de los cruces a nado o por la valla durante determinadas épocas, Salceda sostiene que entonces el volumen comenzó a ser muy superior al habitual.

La organización advirtió pronto de que el sistema de acogida estaba desbordado. El CETI llevaba unas dos semanas completo y, antes incluso del jueves, alrededor de un millar de personas esperaba fuera de un centro con capacidad para unas 700, según sus cálculos. No Name Kitchen trataba de informarles de que podían solicitar protección internacional, aunque tenían que esperar para poder iniciar el procedimiento. Mientras tanto, el reparto de agua y comida resultaba “muy escaso” para el número de personas concentradas allí. “La gente empezó a darse cuenta de que iba a haber problemas y de que el proceso sería muy lento por falta de recursos”, resume.

Salceda subraya que la primera reacción de quienes sobreviven al trayecto suele ser de alivio. “Cuando llegan sienten un gran alivio porque no tenemos que olvidar que en esta ruta muere mucha gente”, explica. Muchas personas celebran haber alcanzado Ceuta después de dejar atrás “su vida, su familia, sus costumbres y todo” con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Sin embargo, esa euforia inicial se diluye conforme pasan los días y descubren la falta de plazas, la lentitud de los trámites y las dificultades para conseguir algo tan básico como comida o agua.

La entrada de miles de personas obligó a No Name Kitchen a reorganizar su actividad. El equipo sanitario se centró en atender a quienes llegaban con rozaduras provocadas por los trajes de neopreno y cortes sufridos al salir del mar entre las rocas. “Vimos que lo que necesitaban inicialmente era ayuda sanitaria”, recuerda Salceda.

El equipo jurídico, del que forma parte la entrevistada, comenzó a recopilar nombres, datos y testimonios para dejar constancia de la presencia de estas personas en territorio español ante el riesgo de que fueran devueltas. Fue mientras realizaba ese trabajo frente al CETI cuando una mujer perdió el conocimiento.

Siete personas tuvieron que cargarla en brazos para acercarla hasta el centro, situado en una zona elevada. Desde las instalaciones les lanzaron una botella de agua y la mujer terminó recuperándose después de permanecer unos diez minutos inconsciente y comer unos dátiles. “Llevaba tres días sin comer”, relata Salceda, que denuncia además una “escasez de agua importantísima”.

Entre quienes esperaban en el exterior había personas procedentes de Sudán, Mali, Chad, Guinea, Senegal, Yemen o Afganistán. Muchas, destaca la integrante de No Name Kitchen, habían recorrido durante meses rutas especialmente largas y peligrosas. “Hay personas que iniciaron el viaje hace ocho o nueve meses, incluso un año, y llega hasta aquí y se encuentra con que no puede ni beber agua ni comer”, lamenta.

Salceda asegura, además, que algunas personas, especialmente las procedentes de Marruecos, Argelia y otros países del Magreb, evitaban permanecer en lugares visibles por miedo a ser localizadas y devueltas.

No Name Kitchen colabora habitualmente con entidades como Luna Blanca, vinculada a la mezquita de Sidi Embarek, y con otras asociaciones que acompañan a personas migrantes y refugiadas en Ceuta. Durante estos días, las organizaciones han intentado cubrir las necesidades más urgentes, desde el reparto de alimentos y agua hasta las curas y el asesoramiento. “Intentamos hacer distribuciones de comida y agua, pero está siendo muy complicado”, reconoce Salceda.

La llegada de miles de personas ha superado, afirma, la capacidad de unas entidades con recursos limitados. “Las organizaciones hacemos lo que podemos, pero tenemos los medios que tenemos”, resume. Su principal crítica se dirige a las administraciones, a las que reclama que garanticen unas condiciones mínimas de asistencia: “Necesitamos que la Administración se mueva y no lo está haciendo”.

Según Salceda, la respuesta institucional se ha concentrado en el control de las calles y de la frontera, mientras la atención humanitaria ha quedado relegada. La integrante de la ONG describe que las fuerzas de seguridad han perseguido y devuelto principalmente a ciudadanos marroquíes y argelinos, mientras migrantes procedentes de otros países permanecían junto al CETI sin suficiente comida ni agua.

“Lo que está haciendo la Administración es sacar a la Policía, al Ejército y a la Guardia Civil y tratar de ‘limpiar las calles’”, denuncia. La integrante de No Name Kitchen considera que esa actuación está generando un trato diferente según el país de origen y asegura que se está buscando “a las personas de Marruecos para llevarlas a la frontera”, mientras el resto continúa esperando en condiciones precarias.

La crisis coincide con el enfrentamiento entre No Name Kitchen y el Gobierno de Ceuta por Sobrevivir al limbo, un informe sobre el consumo de sustancias y las conductas autolesivas entre menores migrantes no acompañados. La Ciudad Autónoma ha cuestionado la metodología del estudio y ha pedido a sus servicios jurídicos que valoren si algunas afirmaciones pueden perjudicar al sistema público de protección, a sus profesionales o a las entidades colaboradoras.

La Administración sostiene que el trabajo se apoya en una muestra indeterminada, testimonios insuficientemente contrastados y observaciones que no permiten generalizar sobre la situación de los menores acogidos. Frente a esas críticas, Salceda reivindica el conocimiento directo de quienes acompañan a estos jóvenes: “Nosotros trabajamos sobre el terreno y el terreno significa literalmente estar en la calle”.

Según relata, antes de la actual crisis ya encontraban a menores fuera de los recursos de acogida y consumiendo pastillas, calmantes y otras sustancias. “Las utilizan para aliviar la situación de miseria y dolor que sufren”, explica. A ello se suma, advierte, la facilidad para conseguirlas.

La representante de No Name Kitchen defiende que el documento recoge esas observaciones y los testimonios obtenidos durante su trabajo. “Tratamos de reflejarla situación que observábamos a partir de nuestro trabajo sobre el terreno y de las entrevistas, con las evidencias disponibles y una metodología rigurosa, para hacer un acto de denuncia”, sostiene.

Salceda rechaza que el objetivo sea desacreditar a los profesionales del sistema y sitúa el foco en la necesidad de actuar ante lo que la organización observa. “La infancia y las personas menores tienen que estar especialmente protegidas”, concluye.

El poder de Marruecos sobre la frontera sur de España se hizo notar como nunca durante el asalto a Ceuta del pasado jueves de más de 50.000 jóvenes. El acontecimiento aireó la idea de que la monarquía alauí tiene capacidad para presionar al Gobierno español tanto como quiera y de manera indefinida bajo la amenaza de una nueva ola de éxodo poblacional incontrolado. Sin embargo, España también tiene una fuerte herramienta de disuasión sobre su socio desde el punto de vista energético. Casi todo el gas natural que consume Marruecos procede de la tubería que parte de Cádiz, mientras que dos grupos de cables aportan seguridad de suministro a la red eléctrica del país.

La dependencia energética marroquí nace de la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Argelia en el verano de 2021, tras la reavivación del conflicto del Sáhara Occidental. En octubre de ese año Argelia cortó el flujo de gas a Marruecos por la importante tubería Magreb-Europa y rompió también el comercio de electricidad, convirtiendo a la monarquía alauí en casi una isla energética, solo conectada con España de manera limitada a través del Estrecho.

Ignacio Urbasos, investigador de la Universidad de Navarra especializado en relaciones internacionales y energía, opina que después de los acontecimientos de los últimos días, el Gobierno español debería explotar esta debilidad en vista de que su socio del sur está dispuesto a llevar al límite las vulnerabilidades de Ceuta y Melilla. No se trata de cortar estas conexiones energéticas ni de amenazar con hacerlo, pero sí cree que el poder disuasorio que tiene España en materia energética está muy infravalorado.

"Marruecos tiene una dependencia energética real de España, especialmente eléctrica. La disuasión depende de tener capacidad de presión, y el Gobierno la tiene", valora el analista. "Pero también depende de tener la determinación para utilizar tu fortaleza y de comunicar que la tienes, y eso es evidente que no lo hay, por eso hay que construir esa estrategia mejor de comunicación", añade.

Es difícil saber con precisión hasta qué punto Marruecos depende de la infraestructura española para su abastecimiento porque las estadísticas energéticas de ese país se publican con mucho retraso y tienen información limitada. Urbasos cree que entre el 8% y el 12% de la electricidad que se consume en Marruecos se importa desde la península ibérica, y entre el año 2000 y 2010 llegó a suponer probablemente entre el 15% y el 20%. A eso se suma que el gas que llega hasta allí desde España alimenta dos centrales eléctricas de gas, que producen otro 10% de la luz que utiliza ese país.

La conexión eléctrica entre España y Marruecos data de 1997, cuando entró en funcionamiento una primera línea de 700MW, y se amplió en 2006 con una segunda de capacidad similar. Ambas hacen el recorrido Tarifa-Fardioua y permitieron no solo que Marruecos pudiese importar energía, sino que elevó la tensión de la red marroquí de 225 kV a 400 kV y dio más estabilidad a la frecuencia de esa red, ya que ahora puede apoyarse en el sistema europeo para reducir el riesgo de apagón, otro punto a tener en cuenta.

En estos 30 años, el saldo eléctrico de estos dos conjuntos de cables ha sido siempre exportador, salvo 2019, 2020 y 2021, cuando puntualmente fue Marruecos el vendedor de electricidad a España. Entre 2021 y 2026, el 86% del flujo ha sido de España hacia Marruecos. 

En lo que respecta al gas natural, Marruecos no es un gran consumidor –quema alrededor de 1.000 millones de metros cúbicos al año, frente a los 34.000 millones de España–, pero ese combustible es igualmente imprescindible para salvaguardar la seguridad energética de este país, ya que alimenta sus tres centrales eléctricas de ciclo combinado: Tahaddart, Al Wahda y Ain Beni Mathar. Marruecos solo produce alrededor del 10% del gas que necesita –fundamentalmente en los pozos de gas de la compañía SDX Energy–, de manera que depende del exterior para cubrir su demanda.

En octubre de 2021, Argelia –una potencia mundial en producción de gas natural– cesó su exportación a Marruecos a través del gasoducto Magreb-Europa y desde entonces prácticamente toda su demanda la importa por esa misma tubería, pero en sentido contrario, partiendo de Zahara de los Atunes (Cádiz).

La razón por la que Rabat necesita a la península ibérica para su abastecimiento es que España es el país europeo con mayor número de regasificadoras, con seis, mientras que el país norteafricano no tiene por ahora ninguna. Estas instalaciones permiten transformar a estado gaseoso el gas natural licuado que llega en metaneros desde cualquier punto del planeta. Marruecos lleva años intentando adquirir una planta regasificadora flotante para no depender del Estrecho, pero el proyecto sigue congelado.

Aunque la infraestructura gasista está ubicada en suelo español, el gas natural que compra Marruecos es de terceros países. Principalmente de un pacto con la británica Shell, con quien cerró un acuerdo en 2023, tras la ruptura de relaciones con Argelia, para adquirir cada año 500 millones de metros cúbicos al año.

La tubería Magreb-Europa tampoco es del Gobierno español, sino que está dividida por tramos. La compañía española Enagás tiene uno de ellos, pero también Metragaz (tramo marroquí), Sonatrach (argelino) y Galp (portugués).

La construcción de una regasificadora no es el único proyecto inacabado de Marruecos. También lleva años anunciando que va a construir una tubería hasta Nigeria para importar de allí gas natural asequible con la idea de reducir la enorme dependencia del carbón para producir electricidad y de transportar el gas restante a la Unión Europea a través de España, aunque este plan se ha ido activando y paralizando de manera recurrente. 

El experto de la Universidad de Navarra opina que este proyecto es sencillamente una ilusión. "Sería pagar un gasoducto de 4.000 kilómetros para una demanda de 1.000 millones de metros cúbicos, no tiene sentido. La estrategia es desviar la atención y rivalizar con un proyecto similar que tiene Argelia para construir una tubería similar con Nigeria", afirma Urbasos.

Comienza agosto y lo hace cerrando una ola de calor que, durante cuatro días, ha dejado temperaturas de hasta 45 grados en diferentes puntos del país. Ya es la cuarta que se vive este verano y vuelve a poner de manifiesto cómo este tipo de fenómenos se produce cada vez con mayor frecuencia. En España, la definición de ola de calor viene recogida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que la describe como “un episodio de al menos tres días consecutivos en que, como mínimo, el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000”.

Desde 1975 hasta 2026, este organismo ha contabilizado un total de 474 días de ola de calor. Hasta el año 2000 se acumularon 129 días, frente a los 345 registrados entre el 2001 y 2026. Esto significa, según la propia Aemet, una tendencia de aproximadamente 3,3 días adicionales de ola de calor por década, lo que demuestra que estos episodios son cada vez “más frecuentes, extensos e intensos”. Y es que, aparte de las molestias que puede causar la exposición a altas temperaturas, las consecuencias pueden ser mucho más graves y derivar en enfermedades, problemas de salud y, en algunos casos, la muerte. 

Desde 2015, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto Carlos III lleva un registro de las muertes atribuibles a las altas temperaturas. Sus datos muestran una relación directa entre los episodios de olas de calor y el aumento de estos fallecimientos. En los días de ola de calor, la mortalidad crece de media un 5,5% en comparación con el resto de los días del verano, lo que supone más de 60 muertes diarias adicionales.

Al analizar estas cifras, se observa que 2022 es el año con más fallecimientos de toda la serie, con un total de 4.792. Fue también el año que más días de calor acumuló, con 41 repartidos en tres episodios diferentes. Durante ese verano se produjo, además, la ola de calor más mortífera de la serie, entre el 9 y 26 de julio, que dejó 1.889 fallecimientos.

El segundo año con más muertes es 2025, con 3.832 fallecimientos , y también es el segundo que más días de ola de calor, con 36 repartidos en tres episodios. En 2026 los datos tampoco son positivos: desde principios de año y hasta el 2 de agosto ya se contabilizan 3.229 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas. De ellos, 1.043 se han producido durante las cuatro olas de calor registradas este verano, lo que supone el 32,3% del total en tan solo 16 días.

Este fenómeno no es desconocido para los expertos ni para las organizaciones internacionales. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que las olas de calor deben abordarse como una emergencia de salud pública. En la segunda edición de su guía Heat–health action plans, publicada este mes de julio, el organismo advierte de que "la mayoría de las enfermedades y muertes relacionadas con el calor son prevenibles" y sostiene que los gobiernos deben prepararse antes de que se produzcan estos episodios, en lugar de limitarse a reaccionar cuando las temperaturas ya son extremas.

"La planificación anticipada salva vidas", resume el documento, que reclama que las administraciones desarrollen planes específicos frente al calor extremo. Para la OMS, estos deben combinar sistemas de alerta temprana con una respuesta coordinada de los servicios sanitarios, sociales y de protección civil, de manera que las medidas lleguen especialmente a las personas con mayor riesgo.

Entre sus principales recomendaciones figura la identificación previa de la población vulnerable, como lo son las personas mayores, pacientes con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, niños pequeños, embarazadas, personas sin hogar o trabajadores expuestos al aire libre, para que los servicios públicos puedan hacer un seguimiento activo de su situación.

Según describe la organización, el calor extremo afecta al organismo mucho antes de provocar un golpe de calor. “La exposición prolongada a temperaturas elevadas obliga al cuerpo a realizar un esfuerzo adicional para mantener estable su temperatura interna, lo que incrementa la carga sobre el sistema cardiovascular y favorece la deshidratación y los desequilibrios electrolíticos”, señala. Por ello, el calor puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales y metabólicas preexistentes, además de aumentar el riesgo de infartos, ictus e insuficiencia renal aguda. A esto se suma que también puede afectar a la salud mental, empeorar enfermedades crónicas y reducir la capacidad física y cognitiva. 

Para revertir esta situación, la OMS considera imprescindible que los gobiernos habiliten refugios climáticos públicos, adapten las ciudades para reducir la exposición al calor mediante más zonas verdes y sombra, mejoren el aislamiento de las viviendas y formen a los profesionales sanitarios para detectar precozmente las enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Además, insiste en que cada episodio debe evaluarse posteriormente para comprobar qué medidas han funcionado y cuáles deben reforzarse.

En España, el instrumento que actualmente articula esta respuesta es el Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, coordinado por el Ministerio de Sanidad y activo cada año entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre. Su objetivo es reducir el impacto del calor sobre la salud mediante un sistema de vigilancia y prevención, apoyado en las previsiones de la Aemet, que establece umbrales de temperatura de riesgo para cada zona del país. Cuando las previsiones indican que esos umbrales pueden superarse durante varios días consecutivos, se activan distintos niveles de alerta que desencadenan actuaciones por parte de las administraciones públicas.

Entre ellas figuran la difusión de recomendaciones a la ciudadanía para evitar la exposición al calor, campañas informativas sobre hidratación y protección frente al sol, la coordinación con los servicios sanitarios y sociales y la vigilancia específica de colectivos especialmente vulnerables. A partir de este marco estatal, son las propias comunidades autónomas y los ayuntamientos los que desarrollan sus propios protocolos de actuación.

Miguel Ángel Rodríguez ha demostrado que quien domina la relación con los medios puede condicionar de lo que se habla, quién aparece como el culpable y cómo se premia al que obedece a sus intereses. Ex secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, empresario, tertuliano y profundo conocedor de los ritmos internos de las redacciones, actualmente Rodríguez no se limita a trasladar las decisiones de su jefa, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sino que participa en la construcción del personaje, escoge los marcos del enfrentamiento y establece las condiciones de acceso a la información.

Su sistema se apoya en una combinación conocida por muchos periodistas madrileños: recompensa para quienes reproducen el mensaje, distancia para quienes se apartan de él y hostilidad abierta para quienes investigan asuntos incómodos o se muestran críticos con Ayuso. Es lo que ha ocurrido, precisamente, con el ático comprado por la Comunidad de Madrid como “oficina” provisional de su jefa. En el momento en el que las explicaciones comenzaron a acumular contradicciones, el Gobierno de Ayuso anunció que lo vendería y destinaría el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Sin embargo, se han negado a aclarar muchas de las incógnitas que rodean al inmueble. 

La secuencia duró apenas unos días. La Comunidad de Madrid había adquirido en abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí (uno de los distritos más caros de la capital) con una terraza de unos 200 metros, para utilizarlo supuestamente durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La operación permaneció oculta hasta la semana pasada, cuando El País lo desveló. El Ejecutivo madrileño no explicó por qué había elegido una vivienda de lujo para ello en lugar de alquilar oficinas o utilizar algunos de los inmuebles que ya tiene la Comunidad de Madrid y tampoco aclaró por qué se iba a habilitar para ello un inmueble de uso residencial.

La primera reacción de Ayuso fue la habitual: denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”, argumentó la presidenta madrileña, si bien no aclaró el coste del inmueble y tampoco por qué lo habían adquirido coincidiendo con la venta del piso en el que reside si la normativa urbanística solo permite dedicar el piso a uso residencial. Después llegó la rectificación y el mensaje de MAR consistió en presentar como falsa la hipótesis de la residencia oficial y limitar el asunto a una operación inmobiliaria de la empresa pública. 

La operación ha dejado muchas preguntas tanto a nivel patrimonial, como administrativo y urbanístico sin responder, lo que a su vez ha generado una crisis comunicativa en el relato de la Puerta del Sol. Hasta el punto de que medios afines a la presidenta madrileña, como ABC o El Mundo, cuestionaron las explicaciones con duros editoriales. Ante esa situación, MAR volvió a recurrir a su manual en redes: “Todos esos que gritan por un ático están de vacaciones. No les veo recorrer como [Isabel] Díaz Ayuso los pueblos devastados. La Comunidad de Madrid trabaja en la reconstrucción y los que gritan desean la destrucción. Ella recorre los pueblos; Sánchez no puede salir de su palacio blindado”, publicó este domingo en X.

La relación de MAR con la prensa ha sido conflictiva desde la época que dirigía la comunicación de José María Aznar en la Junta de Castilla y León. En el año 1989 salió a la luz un informe interno, de seis páginas y con sello de Presidencia, que clasificaba a doce periodistas mediante valoraciones profesionales, políticas y personales. Una “lista negra”, atribuida al propio Rodríguez, que les calificaba según su utilidad o peligrosidad para el Gobierno autonómico del Partido Popular. La Agrupación de Periodistas de Castilla y León pidió inmediatamente una investigación y calificó la utilización de datos privados y las valoraciones profesionales como un atentado contra derechos elementales. 

Tras dejar la portavocía de La Moncloa entre críticas de los suyos dos años después de que Aznar llegase a la Presidencia del Gobierno estatal, Rodríguez pasó dos décadas moviéndose entre la consultoría, la empresa y los medios de comunicación. Presidió Carat España, organizó grandes eventos como el centenario del Real Madrid, impulsó proyectos audiovisuales propios, fue consejero de Grupo Secuoya y colaboró con FAES.

También se convirtió en un rostro habitual de la televisión y la radio. Participó en tertulias como la de 59 segundos de TVE, Espejo Público de Antena 3, La Noria de Telecinco y El gato al agua de Intereconomía, entre otras. Su estilo provocador, agresivo y construido alrededor de frases efectistas que pudieran sobrevivir al programa y circular después fuera de él anticipó buena parte de la comunicación política que aplicaría en la Comunidad de Madrid.

Como tertuliano, MAR destacó por un estilo deliberadamente provocador y por varios enfrentamientos personales. La polémica más grave fue la del doctor Luis Montes, al que llamó reiteradamente “nazi” en 59 segundos y La Noria, a propósito del caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa a enfermos terminales. En 2011, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su condena por un delito continuado de injurias graves con publicidad, con multa e indemnización de 30.000 euros a Montes. Pero Montes no fue el único, también llamó “cocainómano” al Gran Wyoming e “imbécil” a la periodista María Antonia Iglesias.

Todo ello le permitió construir relaciones personales con presentadores, directivos, productores y tertulianos de los grandes grupos audiovisuales. Cuando regresó a la primera línea política en 2019, utilizó todo lo que le caracterizó en su faceta de tertuliano. Es decir, frases breves, confrontación permanente y polémicas casi diarias. Por el camino, además, eligió a un antagonista concreto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Una parte esencial de la influencia de Rodríguez no está en leyes concretas ni siquiera en argumentarios políticos, sino en su agenda de teléfono. Rodríguez mantiene canales directos con periodistas, tertulianos y responsables de medios. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio al ex fiscal general del Estado explicó que había difundido determinada información en dos grupos de WhatsApp que reunían a 55 informadores.

Para MAR no se trata de dar información, sino de controlar el mensaje. En un ecosistema competitivo como el de los medios de comunicación, disponer de una declaración o unas fuentes off the record antes que los demás constituye una ventaja. En el citado juicio, el defensor del entonces fiscal general también quiso saber si el principal asesor de Ayuso fue la fuente de la noticia falsa de El Mundo publicada la noche del 13 de marzo que inició la escalada de desmentidos en diferentes medios y, finalmente, llevó a la Fiscalía a difundir una nota al día siguiente aclarando lo que en realidad había ocurrido. Una nota de prensa que acabó con su máximo responsable condenado.

La información, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta se titulaba La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, cuando en realidad fue al revés, fue el abogado de González Amador el que planteó ese acuerdo. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al preguntarle qué pruebas tenía para afirmar que la Fiscalía había frenado un acuerdo “por órdenes de arriba”, MAR admitió que no era información contrastada, sino una deducción personal: “No es información, es intuición, Tengo el pelo blanco y puedo colegir lo que está pasando”, justificó. Pero lo cierto es que su influencia sobre determinados medios fue decisiva y le permitió intervenir en la noticia para ofrecer una versión falsa. Eso no impidió que varios medios difundieran la versión impulsada desde el gabinete, obligando a la Fiscalía a reaccionar públicamente.

El acceso privilegiado a determinada información no es la única herramienta con la que el Gobierno madrileño se relaciona con los medios. También está la publicidad institucional. La investigación 'Ayuso parte y reparte' realizada por infoLibre demuestra que la Comunidad de Madrid no aplica el criterio que marcó en 2019 “de audiencia y no a dedo” sino que desde que gobierna ha incrementado su gasto publicitario y que el reparto ha beneficiado a medios conservadores y afines al Ejecutivo regional, mientras cabeceras progresistas han quedado relegadas pese a contar en algunos casos con audiencias superiores.

La propia Comunidad sostiene que sus planes se confeccionan mediante criterios “objetivos y técnicos”, entre ellos la audiencia, la cobertura, la frecuencia, la notoriedad y la afinidad. Pero los datos analizados por este periódico muestran desproporciones difíciles de explicar únicamente mediante esos parámetros y una falta de transparencia que impide reconstruir con facilidad las decisiones del plan de medios.

La distribución del dinero está marcada por la sobrerrepresentación de medios en el espectro de la derecha, que no solo se quedan la mayor parte del reparto publicitario, sino que también han absorbido la mayor parte del aumento de los fondos, especialmente algunos como El Debate, ABC y The Objective. En 2023 infoLibre y otros cuatro medios —La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT— ya denunciaron el sesgo ideológico de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el reparto de la publicidad. En 2024 Ayuso dejó a los cinco sin un solo euro de los 23,96 millones adjudicados por esta vía. 

En el ‘manual MAR’ también hay espacio para la intimidación. El 12 de marzo de 2024, en plena publicación de las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, MAR envió a la periodista Esther Palomera varios mensajes amenazantes: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid calificaron los mensajes de amenazas y respaldaron públicamente a la redacción.

Cuando declaró posteriormente sobre el episodio, Rodríguez lo definió como una “conversación impropia” con una persona con la que creía que podía mantenerla. Pero no fue un hecho aislado. Ese mismo mes, dos periodistas de El País que investigaban una posible irregularidad urbanística en el inmueble donde vivían Ayuso y su pareja fueron identificados por agentes policiales. Rodríguez difundió sus nombres y una fotografía y los acusó de haber intentado acceder encapuchados al edificio y de haber acosado a vecinos, incluidos menores. Los afectados negaron los hechos.

La APM denunció que las acusaciones falsas de responsables de la Comunidad, y “singularmente” de Miguel Ángel Rodríguez, coartaban el libre ejercicio del periodismo. En abril de 2022, la APM ya había condenado la actuación de Rodríguez cuando interrumpió físicamente a la reportera de La Sexta, Andrea Ropero, mientras intentaba preguntar a Ayuso. La asociación reclamó respeto al trabajo de los informadores y recordó que los medios tienen derecho a preguntar en espacios públicos, no solo cuando los cargos políticos lo permiten.

El periodista Jordi Évole, que conoce a Rodríguez desde hace más de quince años tras trabajar juntos, cortó el contacto después de que MAR sugiriese en televisión que había que fusilar al expresident Artur Mas. Después lo recuperaron, aunque Évole lo describió como alguien menos accesible y “menos juguetón” desde su vuelta al poder. Pero tras los ataques de Rodríguez a familiares de fallecidos en residencias, Évole afirmó que aquello era “demasiado inhumano incluso para Miguel Ángel Rodríguez” y que no entendía ese grado de degradación política.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este lunes al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes y ha subrayado que "Ceuta y Melilla no se tocan", al tiempo que ha garantizado que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en la ciudad autónoma.

Durante su visita al Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), con sede en la Base Aérea de Zaragoza, Robles ha asegurado que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia en la que, según ha recordado, han fallecido cerca de un centenar de personas.

La ministra ha reclamado a las autoridades marroquíes que investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes y ha garantizado que todas las personas que hayan entrado de forma irregular en España "van a ser devueltas siempre con arreglo a la legalidad".

"Le pido al Gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final" para esclarecer lo sucedido, ha dicho en declaraciones a los medios, al considerar que "quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades".

Robles también ha reprochado que se utilice a menores y a otras personas, "echándoles a la muerte" mediante engaños difundidos en las redes sociales.

A su juicio, los responsables son quienes organizan estas actuaciones y hacen creer a los migrantes que pueden acceder de forma irregular a España.

La titular de Defensa ha insistido en que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan".

En este sentido, ha garantizado que el ejército permanecerá en la ciudad autónoma para apoyar a la Guardia Civil "en las labores que haya que realizar".

Preguntada por si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó al Ministerio del Interior de la posible llegada masiva de migrantes, Robles ha eludido responder de forma directa y se ha limitado a destacar que los profesionales del CNI, el CIFAS y los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan "un trabajo excepcional", por lo que ha rechazado entrar en un debate sobre su actuación.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado la colaboración que ha prestado Rabat desde el primer momento para “minimizar” la crisis de Ceuta y con su ayuda —ha asegurado— va a regresar a Marruecos “hasta la última persona” que entró ilegalmente.

Sobre si Marruecos es un socio fiable después de la entrada masiva de personas de la semana pasada a la ciudad autónoma, el ministro ha respondido en una entrevista en TVE que se remite “a los hechos” porque desde el primer momento ofreció su colaboración “para tratar de impedir el flujo de personas” y sigue ofreciéndola para que retornen todos los que han entrado de manera irregular.

Ha asegurado también que todos los ministerios y la diplomacia española han hecho “todo lo que estaba en su mano” al ser preguntado si no ha habido un fallo en los servicios de inteligencia españoles puesto que, como ha señalado el ministro, había “una actividad inusual” en las redes sociales que “amplificaba y modificaba” la sentencia del Tribunal Supremo que impide las ‘devoluciones en caliente’ a quien llegue a nado a Ceuta.

Precisamente, monitorizar y seguir las redes sociales es una de las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno para evitar que se repita una situación así. Se está reforzando además el espigón “para adaptarlo a la sentencia”, ha explicado Albares, y se mantienen abiertos los canales con Marruecos, que han permitido “con muchísima rapidez” la devolución de estas personas.

De acuerdo con los últimos cálculos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya han retornado 69.500 personas, la inmensa mayoría de los que entraron.

Sobre la reunión de ministros del Interior que se celebrará mañana en Bruselas para analizar la crisis migratoria en Ceuta, el titular de Exteriores ha señalado que la UE tiene que asumir los desafíos que plantean Ceuta y Melilla, única frontera terrestre que tienen nuestro país y Europa con África, y van a exigir “solidaridad”.

Cree que ha habido gobiernos europeos que no han estado “a la altura”, y ha citado a Italia, que fue la primera en pedir la expulsión de España del espacio Schengen, recordando que es el país con mayor afluencia de inmigrantes irregulares, mientras que España es el que menos recibe: “¡Ahí tiene cuál es la política exitosa en inmigración!”, ha exclamado.

“Italia queda año tras año sumergida en Lampedusa y no es capaz de resolver esta situación”, ha argumentado el ministro.

Ceuta y Melilla, ha asegurado Albares, “nunca han sido una amenaza” para la integridad del espacio Schengen, mientras que sí ha visto “esa amenaza y esa porosidad” en otros territorios europeos.

Igualmente, ha recalcado que las dos ciudades autónomas forman parte de la integridad territorial española “y eso es incuestionable para el mundo entero” y, por eso, ha afirmado que no va a hablar con nadie “de la españolidad de Ceuta y Melilla, que es incuestionable”, refiriéndose a Rabat.

De hecho, ha afirmado que el objetivo de todo lo que le han trasladado las autoridades marroquíes desde el principio, así como de sus acciones, ha sido “minimizar” lo ocurrido con la mayor agilidad posible y que retornaran todos los que habían entrado en Ceuta. “No ha habido ninguna conversación distinta de todo ello”, ha zanjado.

Los principales incendios forestales que han permanecido activos durante el fin de semana evolucionan favorablemente este lunes, aunque los equipos de extinción mantienen la vigilancia en sus extensos perímetros. El fuego de Casas de Millán, en Cáceres, ha quedado estabilizado después de quemar más de 1.350 hectáreas y obligar a desalojar a unos 800 vecinos, que ya han podido regresar a sus viviendas.

También se ha dado por controlado el incendio de La Mierla, en Guadalajara, tras permanecer activo desde el 16 de julio. Sus cerca de 32.000 hectáreas afectadas lo convierten en el fuego de mayor extensión registrado en Castilla-La Mancha. Los servicios de extinción mantendrán una vigilancia activa ante la posibilidad de que aparezcan nuevos focos dentro de un perímetro de enormes dimensiones.

En Castilla y León, Burgohondo encara su duodécima jornada con una situación estable y sin llama viva después de arrasar más de 50.000 hectáreas en Ávila. El incendio de Fermoselle, en Zamora, continúa activo y ha sufrido pequeñas reproducciones en zonas abruptas de los Arribes del Duero, aunque las condiciones nocturnas han permitido avanzar en su contención.

El incendio originado el sábado en Casas de Millán después de que ardiera un camión en la Autovía de la Plata ha quedado estabilizado tras calcinar 1.352 hectáreas. El fuego obligó a evacuar a unos 800 vecinos de esta localidad cacereña y de la pedanía de Grimaldo, que pudieron regresar de forma escalonada a sus viviendas durante el domingo.

La evolución favorable ha permitido desactivar el nivel uno del Plan Infoex y del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura. También se ha levantado el confinamiento domiciliario que todavía afectaba a Casas de Millán y Grimaldo y han quedado abiertas todas las carreteras de la zona.

El tráfico ferroviario entre Monfragüe y Cáceres, interrumpido por las consecuencias del incendio, también ha sido restablecido. La recuperación de las comunicaciones y el levantamiento de las restricciones permiten que las localidades afectadas comiencen a recobrar la normalidad, aunque las labores de extinción todavía no han concluido.

Un dispositivo formado por 46 efectivos permanece sobre el terreno para enfriar el perímetro y evitar posibles reproducciones. Entre ellos se encuentran siete unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción, apoyados por medios de la Junta de Extremadura, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Diputación de Cáceres.

El incendio también ha provocado problemas en el abastecimiento de agua. La Diputación de Cáceres ha enviado dos cisternas, con capacidades de 11.000 y 25.000 litros, para suministrar a los vecinos de Casas de Millán y Mirabel. Grimaldo sí dispone de servicio, según su ayuntamiento. El personal técnico revisará las captaciones y la estación de tratamiento que abastece a Casas de Millán, Grimaldo y Serradilla para comprobar si las llamas han causado daños en las instalaciones.

La Junta de Castilla y León ha bajado el indicador de emergencia por los incendios forestales desde la situación operativa de nivel 2 que declaró el pasado 22 de julio por el incendio de Ávila y otros declarados en la comunidad y la ha dejado en nivel 0, ante la mejoría de la situación.

En concreto, hace dos semanas la Junta optó por elevar la situación operativa porque los incendios declarados en ese momento podían afectar gravemente a la población y bienes no forestales, lo que exigía medidas de protección y socorro, y la posibilidad de necesitar medios extraordinarios.

Además, esa declaración de nivel 2 se refiere también a la concentración espacial de incendios graves —nivel 1 y 2— y la afectación significativa a dos o más provincias, a otra autonomía limítrofe o a otro país limítrofe, junto a situaciones que deriven hacia el interés nacional.

Con la mejoría del incendio de Burgohondo, aún activo y en nivel 2 de gravedad para prevenir las posibles reactivaciones, y el control de otros de los incendios que han mantenido a la comunidad en jaque durante las últimas semanas, la Junta ha optado este lunes por rebajar esa situación operativa al nivel más bajo previsto, el 0.

En concreto, esta situación prevé que los incendios existentes pueden afectar solo a bienes de naturaleza forestal, aunque deben ser de nivel de gravedad IGR-0 —pese a que permite la existencia de alguno en nivel IGR-1—.

Asimismo, espera que los incendios existentes puedan ser controlados con medios propios del Infocal o de otras administraciones en zona de actuación preferente.

El incendio de La Mierla, en Guadalajara, ha quedado controlado este lunes después de permanecer activo desde el pasado 16 de julio. El fuego ha afectado a unas 32.000 hectáreas y se ha convertido en el de mayor extensión registrado hasta ahora en Castilla-La Mancha.

La decisión se ha adoptado durante la reunión del comité asesor celebrada a primera hora de la mañana. La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha advertido, no obstante, de que los servicios de extinción mantendrán una “vigilancia activa” debido a las enormes dimensiones del perímetro.

Que el incendio esté controlado significa que ya no avanza fuera de las líneas establecidas por los equipos, pero no que haya quedado completamente apagado. Todavía pueden aparecer focos y reproducciones dentro de la superficie quemada, por lo que los efectivos continuarán con las tareas de vigilancia, enfriamiento y remate.

La evolución favorable culmina una desescalada que durante los últimos días permitió el regreso de los vecinos desalojados, el levantamiento de los confinamientos y la reapertura de las carreteras afectadas. Los trabajos continuarán hasta que el fuego pueda darse definitivamente por extinguido.

El fuego de Fermoselle (Zamora) continúa activo en los Arribes del Duero después de las pequeñas reproducciones registradas durante el fin de semana. Los medios aéreos han trabajado especialmente en el entorno de Mámoles, donde el río discurre encajonado entre paredes casi verticales que dificultan el acceso desde tierra.

La zona constituye uno de los principales puntos calientes del incendio. El sábado por la tarde se produjo allí una reactivación importante que obligó a reforzar el operativo, mientras este domingo se detectaron otros focos de menor intensidad en terrenos abruptos próximos a la frontera con Portugal.

Los equipos también han vigilado una reproducción en el frente sur, junto a las paredes del río Tormes antes de su desembocadura en el Duero, entre Mámoles y Fermoselle. Varias alertas comunicadas por vecinos permitieron localizar otros puntos calientes dispersos por el perímetro.

El viento complicó los trabajos durante la tarde del domingo y elevó el riesgo de que las llamas recuperaran fuerza. La previsión para la noche era más favorable, por lo que los responsables del dispositivo confiaban en aprovechar la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad para consolidar los avances.

La complicada orografía hace prever que las labores puedan prolongarse varios días. Los equipos concentran sus esfuerzos en evitar nuevas reproducciones de importancia y en enfriar los sectores a los que únicamente pueden acceder los medios aéreos.

La situación también ha mejorado en los incendios de menor dimensión declarados durante el fin de semana en Castilla-La Mancha y La Rioja. En Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real, el fuego quedó extinguido a las 2.26 horas de este lunes. Había sido detectado el sábado por la tarde y llegó a alcanzar el nivel uno debido a la necesidad de controlar el paso de vecinos por un camino utilizado por los medios de extinción.

El incendio fue dado por controlado el domingo a las 19.50 horas antes de quedar completamente apagado durante la madrugada. En el dispositivo llegaron a participar nueve medios aéreos, 34 terrestres y 197 efectivos.

También ha quedado extinguido el incendio agrícola declarado el domingo en La Peraleja, en Cuenca. El humo acumulado cerca de la población obligó a elevar temporalmente la emergencia al nivel uno, aunque las labores del operativo permitieron controlarlo pocas horas después.

Un vecino tuvo que recibir asistencia sanitaria por un episodio de deshidratación, pero se encuentra en buen estado. En los trabajos participaron tres medios aéreos, seis terrestres y 38 efectivos.

En La Rioja, los equipos han dado por controlado el incendio de Ojacastro, declarado el domingo junto a la aldea de Ulizarna, en la sierra de la Demanda. El fuego ha quemado provisionalmente 11,5 hectáreas de una superficie arbolada formada por rebollos, pinos y hayas.

Durante este lunes permanecerán en la zona un técnico de extinción, tres agentes forestales, dos retenes de bomberos y dos autobombas para realizar labores de refresco, liquidación y vigilancia. Aunque el incendio está controlado, todavía no ha sido declarado extinguido.

Ceuta trata de recuperar este lunes la normalidad después de la entrada sin precedentes de más de 50.000 personas desde Marruecos, pero la ciudad sigue marcada por la dimensión de la tragedia. El balance provisional se eleva a 72 fallecidos en el lado español y más de un millar de personas atendidas por los servicios sanitarios. Además, Marruecos reconoce otras once muertes en sus costas. Más de 48.000 migrantes habían regresado al país vecino durante las primeras 48 horas y otros lo hicieron a lo largo del fin de semana.

Mientras las autoridades reforzaban la frontera, buscaban cuerpos en el mar y trataban de localizar y devolver a quienes permanecían en la ciudad, la crisis humanitaria y de seguridad pasó rápidamente al terreno de la confrontación política. Pedro Sánchez viajó el viernes a Ceuta; Alberto Núñez Feijóo hizo lo mismo el sábado y Santiago Abascal, el domingo. PP y Vox aprovecharon sus visitas para responsabilizar directamente al presidente del Gobierno y endurecer su discurso sobre inmigración y soberanía nacional.

El choque se ha extendido también a Europa. Italia, Dinamarca y Finlandia acusaron a España de no proteger adecuadamente la frontera exterior de la Unión, mientras 22 Estados miembros reclamaron una respuesta coordinada. Sánchez respondió con una carta a los responsables de las instituciones comunitarias en la que reprochó las críticas, defendió la actuación española y solicitó una reunión urgente de los ministros de Interior, prevista para este martes.

Sánchez había viajado el viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para visitar la frontera del Tarajal y reunirse con las autoridades locales y los responsables del operativo. Tras el encuentro, calificó lo ocurrido como una “violación” y un “ataque a la integridad territorial” de España y aseguró que el Gobierno emplearía “todos los resortes” y “todos los recursos del Estado” para garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad. “Toda España está con” los ceutíes, afirmó.

El presidente atribuyó la entrada masiva a la interpretación que las redes de tráfico de personas habrían hecho de una reciente sentencia sobre las devoluciones de quienes acceden a nado. Entre las medidas anunciadas citó el refuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el despliegue de las Fuerzas Armadas, la colocación de una barrera de boyas en el espigón y la agilización de las repatriaciones, para las que agradeció la cooperación de Marruecos.

El líder del PP viajó el sábado a Ceuta y compareció junto a Vivas en la plaza de África. Feijóo sostuvo que lo ocurrido no había sido una crisis imprevisible, sino una “ocupación premeditada y sin precedentes”, y aseguró que el Gobierno conocía desde principios de semana la posibilidad de una entrada masiva y “nada hizo” para impedirla.

El dirigente popular no presentó durante su intervención pruebas de que Sánchez hubiera recibido una alerta concreta sobre la movilización. Marlaska sostuvo posteriormente que el Centro Nacional de Inteligencia no había avisado de una operación de esa magnitud, mientras fuentes del Ejecutivo reconocieron que el Gobierno no vio venir la crisis.

Feijóo vinculó además lo ocurrido con la política migratoria del Ejecutivo y la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. También exigió esclarecer qué había fallado en la cooperación con Marruecos, reforzar permanentemente la frontera y evitar que quienes habían entrado en Ceuta pudieran desplazarse a la Península o a otros países europeos.

La presión continuó el domingo por medio del secretario general del PP, Miguel Tellado. El número dos de los populares rechazó la versión gubernamental de que la situación estuviera prácticamente revertida y reclamó que se pusieran todos los medios para devolver a quienes permanecieran en la ciudad: “Que no quede ni uno”.

Tellado calificó al Gobierno de “indolente” e “incompetente”, sostuvo que Ceuta seguía desprotegida y evitó definir lo ocurrido como una crisis migratoria. En su lugar, habló de “ocupación” y de “auténtica invasión”, términos con los que el PP se aproximó durante el fin de semana al marco discursivo utilizado habitualmente por Vox.

Vox elevó todavía más el tono. Abascal viajó el domingo a Ceuta y acusó a Sánchez de estar “sometido” a Marruecos. El líder de la extrema derecha exigió militarizar permanentemente la frontera, cerrar el paso cuando sea necesario y pedir a la Unión Europea que suspenda su acuerdo de asociación con Rabat.

El líder ultraderechista calificó la entrada masiva como una “invasión” y aseguró, sin aportar datos que respaldaran su cálculo, que todavía quedaban unas 10.000 personas que debían ser expulsadas de inmediato. Interior situaba en más de 48.000 las personas que ya habían regresado a Marruecos, mientras el Gobierno ceutí hablaba de varios miles todavía presentes en la ciudad.

El presidente de Vox llegó incluso llegó a insinuar que Marruecos podía disponer de información comprometedora sobre Sánchez y afirmó que el presidente debía sentarse en el banquillo y acabar en prisión. 

El desembarco de dirigentes y agitadores de extrema derecha provocó protestas de vecinos. Alvise Pérez y Vito Quiles fueron increpados y el eurodiputado tuvo que ser evacuado por la Policía, mientras una veintena de integrantes de Núcleo Nacional fueron escoltados hasta el puerto entre gritos contra su presencia. Parte de la población ceutí denunció que trataban de aprovechar la crisis para sembrar odio y poner en riesgo la convivencia.

La dimensión europea de la crisis también se hizo evidente desde el viernes. Giorgia Meloni planteó suspender a España del espacio Schengen y su Gobierno reintrodujo durante un mes controles para determinados viajeros procedentes de territorio español. La propuesta italiana recibió el respaldo de Dinamarca y Finlandia, que cuestionaron la capacidad de España para proteger la frontera exterior comunitaria.

Las críticas se apoyaron en la regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo español, a la que varios dirigentes europeos atribuyeron un supuesto efecto llamada. España rechaza esa relación y recuerda que Ceuta tiene un régimen especial: quienes entran irregularmente en la ciudad no pueden desplazarse libremente a la Península ni circular por el espacio Schengen.

Sánchez remitió el sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa. En ella denunció que algunos gobiernos habían reaccionado guiados por prejuicios, desinformación o intereses políticos y calificó sus posiciones de egoístas y polarizadoras.

El presidente defendió que, según Frontex, la frontera exterior española se encuentra entre las menos permeables de la Unión y registra aproximadamente la mitad de entradas irregulares que Italia desde 2021. También recordó que prácticamente todas las personas que habían cruzado fueron retornadas sin que se produjera un desplazamiento hacia la Europa continental.

La Comisión Europea rechazó excluir a España de Schengen, recordó el régimen particular de Ceuta y pidió una respuesta europea unida. Francia descartó apoyar la suspensión, aunque reforzó sus controles fronterizos, y Alemania reclamó acelerar la aplicación de las normas europeas sobre retornos.

La reunión extraordinaria de ministros de Interior convocada para este martes deberá abordar esas divisiones. 22 Estados miembros han reclamado reforzar la protección de las fronteras exteriores, mientras España pide que Ceuta reciba la misma solidaridad que la UE ofreció a Polonia o Finlandia cuando otros países facilitaron movimientos migratorios hacia sus fronteras.