Quirón Prevención, que ha sido durante años el principal cliente del empresario Alberto González Amador, continuará encargándose otro año más de los chequeos médicos de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso decidió a comienzos de junio, en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta regional y su conexión con un directivo de esta misma compañía, prorrogar otro año más el contrato para la realización de reconocimientos a los empleados públicos de la región. Unos trabajos con los que la firma de prevención de riesgos laborales se embolsará hasta el próximo verano casi medio millón de euros.

La relación de la Comunidad de Madrid con la filial de una de las grandes beneficiarias de la privatización sanitaria impulsada por el PP viene de lejos. En marzo de 2018, pocos meses después de su creación, se alzó con un primer contrato de 840.068 euros para la gestión de reconocimientos médicos después de que la única competidora que tenía fuera excluida del proceso. La orden de adjudicación fue firmada por Isabel Díaz Ayuso, entonces viceconsejera de Presidencia. Y aunque en un primer momento estaba pensado para 2018 y 2019, al final se extendió hasta 2021.

Cuando en el verano de aquel último año estaba a punto de expirar la última de las cuatro prórrogas aprobadas, el Ejecutivo madrileño resolvió el nuevo expediente de "reconocimientos médicos específicos dirigidos a empleados públicos de la Comunidad de Madrid y pruebas complementarias". Convocado para 12 meses, el concurso lo ganó de nuevo Quirón Prevención SL. Esta vez, sin competidores: a la licitación solo se presentó la filial del holding sanitario, que se quedó con los dos lotes que componían la adjudicación.

En principio, la duración de este nuevo encargo iba a ser por doce meses. No obstante, el contrato recogía la posibilidad de ir alargándolo. Y eso es lo que se ha hecho. Año tras año, el Ejecutivo regional ha ido acordando prórrogas. La última, hace poco más de dos meses. El 9 de junio, se firmó la orden para extender el "Lote B", el relativo a la realización de pruebas específicas de laboratorio, radiografías de tórax o consultas médicas a especialistas. Y cuatro días después, el 13, la prórroga del "Lote A", centrado en los reconocimientos médicos específicos. De esta manera, Quirón Prevención cobrará hasta julio de 2026 481.621 euros –11.775 euros por el primer servicio y 469.846 por el segundo–.

La última extensión del que es uno de los principales contratos que la filial del gigante sanitario tiene con la Comunidad de Madrid, según la información que consta en el portal de la contratación regional, se ha sellado en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta madrileña, asunto que salpica de una u otra forma a la filial de prevención de riesgos laborales de Quirón. De hecho, un par de semanas después de la prórroga del contrato, la instructora del caso encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigase los hechos ante la "complejidad" de los mismos.

Se trata de unas pesquisas que echaron a andar el pasado mes de octubre, cuando la magistrada Inmaculada Iglesias –ahora ya jubilada–, que llevaba el caso del supuesto fraude fiscal y falsedad documental de González Amador, decidió abrir una pieza separada en ese procedimiento para indagar en la compra que el empresario hizo de la sociedad a la que luego bautizaría como Masterman & Whitaker. Aquella a la que Maxwell Cremona, controlada por el novio de Ayuso, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención. Para la Agencia Tributaria, una "simulación" en busca de beneficios fiscales.

Masterman no siempre se llamó así. Ni estuvo desde su creación en manos de González Amador. La sociedad se constituyó bajo el nombre de Círculo de Belleza el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta empresa dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano se quedó, por su parte, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con el 20% restante.

Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención, De hecho, ambos empresarios llevan tiempo estrechamente conectados. Camino fue, por ejemplo, uno de los cofundadores de Insumos Médicos del Pacífico, a cuya junta directiva también perteneció el novio de Ayuso. Y consejero de la empresa gallega Mape Asesores, para la que intermedió González Amador en un negocio de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia que le reportó 1,97 millones.

En septiembre de 2020, la mujer compró por 8.000 euros a cada uno de los socios su parte y se convirtió en accionista única. Y en diciembre, González Amador se hizo con la sociedad desembolsando 499.836 euros. "En tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%", señaló la instructora en una de sus resoluciones judiciales. Casi medio millón de euros por una compañía que aparentemente carecía de valor, sin inmuebles a su nombre ni trabajadores, con un activo material pequeño –un portátil y tres aparatos de depilación– y con una facturación el año previo a su compra de apenas 30.000 euros.

El Ministerio Fiscal cree que esta operación puede esconder un soborno. "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", señaló el fiscal en el escrito en el que se apoyó la instructora para activar a la UCO.

La relación entre González Amador y la filial del gigante sanitario parece ir más allá de la simple vinculación consultor-cliente. En el informe detallado de delito que elaboró en su día la Agencia Tributaria por el supuesto fraude fiscal "constan aportados unos correos electrónicos" donde el empresario, a quien el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso guarda en su teléfono como "Alberto Quirón", lejos de actuar como "gerente o administrador" de Maxwell Cremona, lo hace como "Director de Proyectos" en nombre y por cuenta de Quirón Prevención.

¿No hemos aprendido nada? Después de décadas de escándalos de corrupción vinculados a contratos de la Administración, de la Gürtel a Cerdán, ¿no hemos sido capaces de cegar los agujeros en nuestro modelo de gestión del dinero público a través de los cuales se cuelan los corruptos? El último informe de la UCO, destripando los audios grabados por el exasesor del Ministerio de Fomento Koldo García, parece indicar que, efectivamente, el sistema sigue siendo muy vulnerable.

Las obras públicas son aquellas contratadas por las administraciones (Estado, comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos) para construir infraestructuras o edificios de interés general. Desde carreteras a hospitales, pasando por colegios o redes de agua. Están reguladas por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que transpone varias directivas europeas, y para ser adjudicadas a una empresa hay que seguir hasta seis pasos.

En primer lugar, la planificación. La Administración responsable identifica una necesidad pública (un nuevo puente, un centro de salud…), redacta un proyecto técnico, calcula el presupuesto base de licitación y justifica su necesidad y viabilidad económica.

A continuación, se hace una licitación pública. Para ello se publica una convocatoria oficial en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y/o en el diario oficial correspondiente especificando presupuesto máximo, plazos, requisitos técnicos y administrativos y criterios de adjudicación (precio, calidad, plazos, sostenibilidad, etc.).

Es entonces cuando se produce la presentación de ofertas. Las empresas interesadas plantean su oferta técnica y económica dentro del plazo correspondiente. La presentación suele ser electrónica y las ofertas quedan encriptadas hasta su apertura oficial.

El siguiente paso es la evaluación y adjudicación. Una mesa de contratación revisa las ofertas. Si hay que tener en cuenta criterios subjetivos, se forma un comité técnico independiente que puntúa cada propuesta, se supone que sin conocer la identidad de los licitadores. Y se adjudica el contrato a la oferta más ventajosa, según los criterios preestablecidos (lo cual no significa que tenga que ser la más barata). A continuación, se formaliza el contrato y se publica la adjudicación en el perfil del contratante.

Ya solo queda el último paso: la ejecución de la obra y el control para asegurarse de que cumple los requisitos de la licitación. Normalmente, la obra se ejecuta bajo la dirección de la Administración o, a través de una asistencia técnica, se realizan certificaciones de obra y se efectúan pagos por fases, a medida que el proyecto avanza.

Para evitar que la limpieza del proceso se vea perturbada, la ley establece normas para garantizar publicidad y transparencia (toda la licitación se supone que debe ser pública y electrónica con el fin de que se pueda consultar online cada paso a través de plataformas como el Portal de la Contratación Pública). Quien redacta el proyecto no puede ser parte de la mesa de contratación, y los informes técnicos y la valoración económica se hacen por órganos distintos. En teoría, los licitadores descartados pueden recurrir una adjudicación si ven irregularidades ante un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

Sobre el papel, también existe una fiscalización externa, que se lleva a cabo a través del Tribunal de Cuentas y sus equivalentes autonómicos, y también por los interventores de la Administración y la Inspección de Servicios.

Las empresas que licitan, además, están obligadas a cumplir determinadas normas éticas (desde 2023, muchas deben tener planes de cumplimiento normativo conocidos como compliance) e inscribirse en un registro público para garantizar que están al día en el pago de sus impuestos y no han sido inhabilitadas para contratar con la administración.

Pero eso esa es la teoría. La experta en gestión pública Concepción Campos, una voz autorizada en materia de contratación y lucha contra la corrupción en España, tiene claro que, aunque en casos como el que monopoliza la vida política en España desde la semana pasada todos los focos apuntan a los representantes públicos implicados, también hay que mirar a quienes pagan. “Porque no hay corrupto sin corruptor. Y demasiadas veces olvidamos mirar hacia el otro lado de la mesa: ese lado donde se sientan, en la mayoría de los casos, grandes empresas que siguen alimentando la corrupción”.

En su opinión, es hora de exigir mayor trazabilidad en los procesos empresariales vinculados a la contratación pública con cláusulas éticas y mecanismos de integridad cuyo incumplimiento tenga “consecuencias reales y automáticas”, algo que se puede hacer con la actual Ley de Contratos, sin necesidad de ninguna reforma. También hace falta, asegura Campos, que los sistemas de buenas prácticas permitan comprobar la eficacia real de las medidas que las empresas dicen adoptar.

Además, hay que sancionar también a los corruptores, subraya. “Con inhabilitación, prohibiciones de contratar, pérdida de contratos y, sí, consecuencias penales. No olvidemos que, desde el año 2010, el Código Penal español recoge la responsabilidad penal de las personas jurídicas” de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas.

“Si no se actúa sobre ambos lados de la ecuación, será imposible acabar de verdad con esta lacra. No significa que los responsables públicos no tengan que sufrir las consecuencias de sus acciones, incluso más, por la especial cualificación de su gestión de recursos públicos, pero cuando hablamos de corrupción, y de casos que suponen una gran pérdida de confianza por la ciudadanía hay que actuar en modo 360º, con todas las posibilidades que ofrece el sistema actual”.

Campos, en conversación con infoLibre, detalla que la lucha contra la corrupción en la contratación pública no pasa por una reforma de la legislación vigente, que “se supone que es hipermegaburocrática, muy formalista y blindada contra este tipo de comportamientos”. Cuando se tramita un expediente de contratación, especialmente los de gran volumen económico, “que son los abiertos y que se envían incluso a publicación a Europa, es muy difícil o debería ser muy difícil” actuar sobre ellos “si no cuentas con cooperadores necesarios dentro de la administración pública”.

Los criterios establecidos en los pliegos de contratación de una adjudicación son los que deciden cuál de las distintas empresas se va a llevar un contrato, explica esta experta. Son pliegos que se informan jurídicamente, técnicamente, se fiscalizan y pasan por un órgano profesional que es una mesa de contratación cuya propuesta, “en el 99% de las ocasiones, siempre se valida por el responsable político”. Es casi “un acto reglado” en el que los políticos no tienen capacidad de intervención. Así que, “si algo pasa, debe pasar antes”, advierte.

Si hay debilidad en el proceso, según Campos, esta está en la valoración subjetiva de las propuestas, aunque siga siendo técnica. Pero en ocasiones es necesario, “porque hay fórmulas que necesitas ver qué te ofrecen y tú tener un cierto margen, porque no todo es blanco y negro. El precio es blanco o negro, es una cantidad cierta, pero hay otras en las que tú necesitas tener ese margen”.

El mayor riesgo, con todo, subraya sin dudarlo, está “claramente en la falta de profesionalización de la contratación pública”, algo que llevan denunciando desde hace años la Unión Europea y la OCDE. Y no es un área cualquiera: está “muy sometida y expuesta a corrupción” porque “entre el 14 y el 20% del PIB en España se mueve a través de la contratación pública. Las áreas de riesgo siempre van vinculadas a donde circule y fluya el dinero”.

Faltan mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción. Un ejemplo: la ley de Contratos vigente establece específicamente que todos los órganos de contratación tienen que adoptar medidas para prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción, pero “prácticamente ninguna de las más de 20.000 entidades que tiene el sector público habían hecho nada hasta el año 2022, cuando empiezan las adjudicaciones vinculadas a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que los exigen”.

Más allá de eso, poca cosa. Por eso es frecuente, explica, que el Tribunal de Cuentas detecte planes antifraude sin implantar, o sistemas de gestión de conflictos de intereses que no se aplican. “Somos un país de mucho papelito y de poca acción”, resume.

¿Y qué pasa con el castigo a las empresas que pagan comisiones para obtener contratos? Sobre el papel, están sujetas a responsabilidad penal desde 2010 (una medida que se reforzó en 2015) y se les puede aplicar una prohibición de contratar que las borre del mapa de la contratación pública en caso de condena por corrupción.

Pero en España no se aplican apenas las prohibiciones de contratar. Corromper “no tiene consecuencias”, certifica. Si de verdad estuviese en riesgo el negocio de la obra pública, argumenta, sería un gran incentivo para no pagar comisiones. “Está muy bien reforzar la ética, pero también tiene que haber consecuencias. Porque las obligaciones, si no llevan una sanción, no son una obligación. Son una recomendación”.

“No hace falta aprobar más leyes ni crear más órganos de control. Lo que necesitamos es que sean eficaces”. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. Lo que tenía que poder hacer en relación con el caso Cerdán es una auditoría exprés de los contratos bajo sospecha. “Coger estos expedientes hoy. Ahora. No dentro de 10 años. Y detectar así qué ha pasado”.

Campos confiesa que le “encantaría poder verlos. Para saber dónde estaba la grieta por la que, en su caso, hayan podido suceder estas cosas”. Pero también por parte de las empresas. Porque, se pregunta: “¿Dónde estaba el controlador financiero cuando se produjeron esas supuestas mordidas? Siempre se dice: 'follow the money'. Hay que seguir el dinero”.

“Tiene que haber consecuencias”, insiste, “que es lo que, por desgracia, no hay”. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) no tiene capacidad de sancionar a nadie. Su trabajo consiste en supervisar y analizar miles de contratos estatales, autonómicos y locales, pero no ha cubierto la mitad de la plantilla que necesita. El Tribunal de Cuentas apenas puede hacer otra cosa que “tirar de las orejas públicamente”, cuando lo que hay que hacer es “exigir responsabilidad por fraude contable. Que para algo tiene una sección de fiscalización”. Porque, por la vía penal, todo se demora entre diez y quince años.

Donde “hay muchísima corrupción”, añade esta experta, es “en las modificaciones. No es solo que te doy un contrato de tres millones. Es que luego el contrato de tres millones se convierte en un contrato de siete o de seis”. Sobre eso, explica, la CNMC “tiene resoluciones para aburrir”. Se cambian cosas en las obras por otras de menor valor, pero las certificaciones se hacen sobre presupuesto. “Aparentemente tú ves el expediente y está todo correcto. Pero luego resulta que no”.

Por eso, explica, hay que establecer figuras como las que, en teoría, establece la ley en la persona responsable del contrato, que es la que tiene que avalar que todo se está haciendo bien. En la práctica, “la mayoría ni son expertos y firman lo que les pongan delante. Y ya está”. Por eso, insiste, hace falta profesionalización.

Se pueden tomar medidas también en materia de conflictos de interés. “Y de partido, de familiares, de amigos”, que a menudo se gestionan con empresas o personas interpuestas. De ahí que “la Comisión Europea siempre esté intentando saber quién es el perceptor final de fondos. Intenta levantar el velo”. Porque a lo mejor una empresa que es completamente limpia, resulta que al final está controlada por otra que es de un hermano, de un cónyuge o de un primo.

Es imposible controlarlo todo, porque el riesgo cero no existe, pero el sistema actual “es muy mejorable. No con más leyes y más controles. Lo que tenemos que asegurarnos es de que los controles que tenemos funcionan. Y si no funcionan, cambiarlos”.

Una de las claves en la lucha contra la corrupción es la transparencia absoluta de todo lo que tiene que ver con las decisiones de las que depende la entrega de dinero y el uso que se le da. Si hay alguien mirando, es más difícil robar. “Absolutamente”, confirma Campos, aunque eso también está, en teoría, en la ley actual. En su día se introdujo una figura, el perfil del contratante, diez veces más exigente que lo previsto en la Ley de Transparencia. “Pero no se cumple”.

Como tampoco se aplica la exigencia de “trazabilidad”. “Otra de las exigencias de la nueva ley era contratación electrónica” porque “el metadato es un chivato”. Y ni siquiera se utilizan de forma sistemática mecanismos muy útiles que ya tenemos. Un buen ejemplo es una herramienta de minería de datos que gestiona la agencia tributaria que se llama Minerva destinada a detectar riesgos de conflicto de interés en procesos de contratación pública y concesión de subvenciones. “Tú metes los datos de los que participan en el contrato por la administración y de todos los posibles contratistas para ese contrato, los licitadores. Y en 24 horas te da un reporte” detectando si hay algún problema. Pero solo se usa para los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se lamenta. “Tenemos esa herramienta, a la que no le tenemos que pagar horas extras, y no se permite que se use para nada más”.

Otro ejemplo de herramientas tecnológicas que pueden ayudar a luchar contra la corrupción: el sistema Brava de la CNMC, que utiliza inteligencia artificial diseñada para monitorizar licitaciones públicas y detectar posibles prácticas de acuerdos secretos entre dos o más partes para perjudicar a un tercero o manipular un proceso, de forma ilegal o fraudulenta. Como, por ejemplo, cuando varias empresas pactan precios o condiciones en una licitación para repartirse los contratos o fingen competir entre sí, pero en realidad han acordado quién ganará.

En realidad, reflexiona Campos, el problema de la corrupción en España “tiene mucho que ver con un tema cultural. Es decir, si el dinero público es de todos, pues no es de nadie. Y eso es muy difícil de cambiar”.

Un desastre natural de consecuencias imprevisibles como la dana de Valencia impone tomar decisiones rápidas para afrontar la reconstrucción del territorio afectado. La ley permite en estos casos a las administraciones saltarse los trámites habituales para afrontar las obras necesarias y devolver cuanto antes la normalidad a la población y los territorios afectados. El contexto castastrófico ha permitido a la Generalitat, la Diputación de Valencia y el Estado contratar a dedo a constructoras para afrontar labores urgentes, como el saneamiento o la reconstrucción de infraestructuras. Muchos de estos contratos de emergencia, algunos de ellos millonarios, han ido a empresas que financiaron al PP en sus dos décadas de mayorías absolutas en la Comunitat (1995-2015) y cuyos nombres aparecieron en los casos de corrupción más sonados de esa época: Gürtel, Taula... Su proximidad a la zona afectada, la disposición de la maquinaria y el personal necesario y la posibilidad de afrontar los trabajos de forma inmediata las han convertido en indispensables para que los Gobiernos central, autonómico y provincial puedan paliar los daños de la tragedia.

El panorama de corrupción generalizada durante los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps y los casos posteriores de corrupción y financiación irregular que se han venido juzgado en los últimos 15 años han puesto el foco estos días sobre Carlos Mazón, el primer presidente del PP tras esa época negra. A las críticas a su incomparecencia durante las primeras horas del desastre, se ha sumado un halo de sospecha por las adjudicaciones inmediatamente posteriores. Su Gobierno ha concedido más de 30 millones de euros para la reconstrucción de la infraestructura hidráulica afectada –colectores, depuradoras, conducciones de agua...– a empresas como Becsa, SAV, CHM y Pavasal, entre otras. Se trata de constructoras cuyos administradores hicieron pagos al PP para sus campañas en casos como Gürtel y Taula. También ha entregado casi 16 millones al grupo Rover (antiguo Rover Alcisa) para la reconstrucción de la sede de Ferrocarrils de la Generalitat en la estación de València Sud, una firma que pagó casi 70.000 euros al grupo popular en el Ayuntamiento de la capital para su campaña de a las municipales de 2007.

Lo mismo ocurre con otras administraciones dirigidas por el PP. Como la Diputación de Valencia, que preside el popular Vicente Mompó. Entre las empresas a las que ha adjudicado directamente la reparación de las carreteras provinciales dañadas, se encuentran Ocide, Pasaval, Becsa, CHM o el Grupo Bertolín, constructoras contratadas también por el procedimiento de emergencia. Pero no solo las instituciones gestionadas por el partido de Mazón contratan con ellas. También el Estado. El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente (PSOE), ha recurrido a estas grandes constructoras valencianas para reacondicionar las grandes vías dependientes de su departamento. El ministro Puente anunció el 12 de noviembre que los kilómetros de carreteras del Estado dañados por la riada fueron 160. Las más perjudicadas fueron la autovía A-7, que recorre toda la costa mediterránea desde Barcelona hasta Algeciras (Cádiz). También la A-3 que une Valencia con Madrid y las nacionales N-330 y N-322 en las cercanías de las poblaciones anegadas de Utiel y Requena.

Puente anunció que el Gobierno había destinado hasta el momento para esos fines 30 millones de euros. Parte de ese dinero fue a parar a CHM Obras e Infraestructuras y Pasaval. El presidente de CHM, Francisco Javier Martínez Berna, y su hermano José fueron condenados por financiar al PP en el caso Gürtel. Pasaval se libró de la condena por un delito electoral al no estar tipificado el delito tras entregar al PP de Valencia 254.400 euros a través de una empresa pantalla. Ese dinero, según la Audiencia de Valencia, sirvió para financiar la campaña de ese partido para las municipales de 2007, según la sentencia de la primera pieza del caso Taula. Un vistazo a la Plataforma de Contratación del Sector Público muestra, además, que, tras la llegada al Gobierno valenciano de Ximo Puig, en 2015, esas compañías siguieron construyendo obra pública pese a sus turbios vínculos con el PP.

Fuentes del PSPV aseguran que las razones que han llevado a Transportes a confiar en ellas son la proximidad a la zona catastrófica, el hecho de contar con los medios materiales y personales para ejecutar los trabajos de reparación y la posibilidad de comenzar con ellos de manera inmediata. "Somos una comunidad pequeña y las constructoras capaces de desarrollar esta labor y ejecutar grandes obras son las que son", indican fuentes del anterior Ejecutivo del Botànic. "Traer empresas de otras partes del país en un momento de urgencia como este no hubiera sido viable", añaden. "Algunas de estas compañías valencianas han dejado las infraestructuras en las que estaban trabajando y han desviado su maquinaria y su plantilla a las obras de emergencia", indican. Su cercanía y el hecho de que hayan participado en muchos casos en la construcción y el mantenimiento de los equipamientos públicos están detrás de que hayan continuado contratando con la administración incluso con los Gobiernos de PSPV y Compromís pese a haber pasado por caja –la caja b– del PP.

Los 20 años que pasó el PP en la Generalitat, en los que también controló los principales ayuntamientos y diputaciones, provocaron en la siguiente década al menos 134 condenas de políticos y funcionarios, pero también de empresarios. La corrupción omnipresente de esos años y el dispendio de dinero público ha provocado las condenas de dos de sus presidentes. Eduardo Zaplana fue sentenciado el pasado 15 de octubre a 10 años de cárcel por cobrar sobornos a cambio de la adjudicación de estaciones de la ITV mientras estuvo en el cargo. Su sucesor, José Luis Olivas también fue condenado por falsear facturas cuando estuvo al frente de Bancaja. Francisco Camps, considerado por la Fiscalía Anticorrupción "el paciente cero" de la trama Gürtel, se ha librado hasta el momento de la cárcel y está pendiente de lo que decida el Supremo, al que el Ministerio Público ha recurrido.

Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Pavasal, Grupo Rover, Becsa y FCC se encuentran entre las grandes constructoras que entregaron fondos al PP, según la sentencia de la pieza A del caso Taula, conocida el pasado julio, aunque ninguno de sus responsables fue condenado por financiación ilegal al no estar contemplado el delito en el Código Penal en 2007, cuando se cometieron los hechos. Directivos de Becsa, CHM Obras e Infraestructuras y Facsa han sido condenados en la trama valenciana del caso Gürtel. Tras el paso de la dana, todas ellas ejecutan en este momento contratos públicos de emergencia.

Se trata de uno de los contratos de obra más cuantiosos de los aprobados por la Generalitat Valenciana tras el paso de la dana, porque afecta a una infraestructura esencial para toda la comunitat. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la empresa que gestiona Metrovalencia, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, y presidida por su titular, Vicente Martínez Mus, ha adjudicado mediante contrato de emergencia la reconstrucción y el acondicionamiento de la estación de València Sud a la empresa Rover Rail. La constructora recibirá para ello 15,9 millones de euros del gobierno autonómico a dedo. Rover Rail, filial del Grupo Rover (anteriormente denominado Rover Alcisa), se salvó de una condena por financiación ilegal del PP en las municipales de 2007 porque, en el momento que cedió fondos a ese partido, ese delito todavía no estaba recogido en el Código Penal.

Rover Alcisa apareció el pasado 30 de julio en la sentencia del caso Taula como una de las empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia que financiaron al PP para su campaña en las elecciones municipales de 2007. Según la resolución de la Audiencia de Valencia, que condenó a cuatro años y medio de prisión al exvicealcalde Alfonso Grau, mano derecha de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá (PP), el grupo realizó dos transferencias a la empresa Lanterne Product Council –la sociedad pantalla de la que Grau se sirvió para cometer sus delitos– de 34.800 euros sin justificar ningún tipo de contraprestación a cambio. Lo hizo, según la sentencia, para "significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal", a fin de "apoyar que la candidatura del Partido Popular siguiera gobernando (...) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, delas empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales".

Esos pagos, continúa la resolución, se hicieron a petición de Grau, "quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de las empresas que mantenían relaciones económicas con la corporación local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento". Según los magistrados, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de financiación ilegal del 304 bis del Código Penal. Ese precepto castiga "la recepción de de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político" que infrinjan la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Esta última norma establece que las formaciones no pueden aceptar "ni donaciones anónimas, finalistas o revocables, ni procedentes de una misma persona y por encima de 50.000 euros anuales, ni procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica". Las sanciones afectan tanto al que recibe el dinero como al que lo entrega.

La cantidad aportada por Rover Alcisa fue de 69.600 euros, pero sus gestores se libraron del delito porque a la fecha de las campañas para las elecciones municipales de 2007 y 2011, ese delito electoral no estaba vigente. La aparición del grupo constructor en el caso saltó a los medios después de que el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa iniciara su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y declarara que el presidente del Grupo, Alfredo Rodríguez Verdugo (ahora también administrador único de Rover Rail) como uno de los empresarios que inflaban las cuentas del PP. Tras su señalamiento en casos de corrupción de ese partido como Gürtel y después Taula, Rover Alcisa cambió en 2019 su denominación para pasar a llamarse Grupo Rover. También reorganizó sus áreas de negocio, una de las cuales fue Rover Rail, la adjudicataria de la reconstrucción de la estación tras el paso de la dana.

La estación de València Sud es la sede de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Se encuentra a solo 1.200 metros del barranco del Poyo que se desbordó el pasado 29 de octubre hasta el punto de devastar el puesto de mando de la red de Metrovalencia. Se trata del único lugar desde el que se gestiona de forma centralizada la explotación de todas las líneas de metro, cercanías y tranvía de la empresa pública en la provincia de València, "sin el cuál se hace imposible la continuidad del servicio esencial de transporte de viajeros que FGV gestiona como administrador de infraestructuras ferroviarias y operador ferroviario", dice el contrato, firmado con la constructora el 12 de noviembre.

Los trabajos incluyen "la inspección del conjunto de las vías" de la estación, la retirada de los trenes que quedaron allí parados, su separación por vagones y traslado al desguace, "la retirada de las vías", la "rehabilitación de la plataforma", el "acondicionamiento de los andenes, asegurar que la totalidad de las vías está "en condiciones de puesta y servicio" una vez finalizados los trabajos, siempre "con máxima calidad en su ejecución, en los materiales empleados y en el empleo de maquinaria más adecuada en cada caso". El plazo de ejecución de las obras adjudicadas a Rover Rail es de siete meses desde la firma del contrato. El documento advierte de que "no se dispone de un proyecto constructivo o pliego de condiciones técnicas" para valorar los trabajos detalladamente, lo que conlleva "que los trabajos de campo para la definición del alcance de la prestación han de realizarse simultáneamente al desarrollo" de la obra, al tratarse de "una actuación de emergencia".

FGV elige para esa obra crítica a Rover Rail por "estar en disposición de facilitar las clasificaciones empresariales necesarias en la especialidad ferroviaria requeridas para realizar estas actuaciones". También por su "capacidad para iniciar los trabajos de forma inmediata con disposición de maquinaria, medios humanos cualificados y por la experiencia atribuida en la ejecución de esta tipología de trabajos". "Se trata de una empresa cuya solvencia ante la administración está constatada, además de ser conocedora delas instalaciones de referencia y haber ejecutado obras en FGV de renovación de vía e infraestructura (...) aspecto que ayuda y facilita, enormemente, la labor a realizar en estos momentos excepcionales", establece el contrato.

Ha sido la dana más destructiva de todo el siglo. Ya van más de dos centenares de muertos. Y decenas de desaparecidos. Las riadas arrasaron todo a su paso. Sobre todo, en la zona de València. Se tragaron decenas de municipios, destrozando por completo edificios, calles o carreteras. Sólo en suelo valenciano, se produjeron importantes daños en las carreteras de cinco de las seis demarcaciones en las que se divide la red provincial. Ahora, el desastre deberá ser reparado. Y, además, con la mayor celeridad posible. Una reconstrucción que se convertirá, con total seguridad, en todo un examen sobre un sistema de contratación urgente que quedó marcado en pandemia por la proliferación de estafas y corruptelas.

La ley cuenta con mecanismos extraordinarios que permiten a las Administraciones actuar de "manera inmediata" como consecuencia de "acontecimientos catastróficos" o "situaciones que supongan un grave peligro". Es lo que se conoce como tramitación de emergencia. Una fórmula que permite adjudicar contratos rápidamente evitando los trámites ordinarios. "El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente ley", recoge en su artículo 120 la norma que regula los contratos del sector público.

Es, por tanto, la fórmula perfecta para actuar ante una catástrofe como la vivida. "En este caso, tiene sentido porque hace falta contratar cosas muy rápido", explica Eva Belmonte, periodista y fundadora de Civio, organización que ha analizado en profundidad el uso de esta vía de contratación en pandemia. De hecho, la Diputació de València ya ha activado este mecanismo para adjudicar por 13,78 millones de euros las obras de restauración de daños en la red provincial de carreteras. Han colapsado puentes, se han producido roturas en muros de contención, se han registrado desperfectos sobre el firme... Una serie de reparaciones que, justifican en el informe de declaración de emergencia, deben acometerse "con carácter de máxima urgencia".

El problema es que este tipo de contratos exprés llevan aparejada una rebaja de los controles. Y eso permitió en plena pandemia que proliferaran algunas estafas y corruptelas. Buena parte del caso Koldo, por ejemplo, gira alrededor de ocho contratos de emergencia para el suministro de material sanitario que distintos entes dependientes de la Administración central adjudicaron a una empresa de la trama por más de 50 millones de euros. Y lo mismo ocurre con el caso mascarillas, que se centra en las supuestas comisiones ilegales que se habrían embolsado Luis Medina y Alberto Luceño por la compra de material sanitario que el Ayuntamiento de Madrid hizo directamente a una empresa malaya.

La reconstrucción postdana será, por tanto, toda una prueba de fuego. Y deberá afrontarse con las mismas herramientas que durante la crisis sanitaria. "No ha habido cambios ni hay más controles ahora", apunta Belmonte. En la misma línea se pronuncia en conversación con infoLibre José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo: "Formalmente no se ha tocado nada, el régimen jurídico sigue siendo el mismo". En este sentido, el también director del Observatorio de Contratación Pública sostiene que el riesgo de que determinadas personas puedan intentar aprovecharse de esta "situación dramática" para "hacer trampas" y "enriquecerse" siempre va a estar ahí. Lo que hay que intentar es reducirlo al máximo.

La transparencia es, en este sentido, clave. "Muchos casos de corrupción proliferan donde hay oscuridad procedimental", asevera Gimeno, que pide a las administraciones que a la hora de actuar con rapidez expliquen "de forma racional y motivada" el porqué de contratos, importes o empresas elegidas. Ese fue, precisamente, uno de los grandes agujeros en pandemia. Muchas administraciones tardaron meses en publicar los contratos de emergencia. Pese a que la ley dice que tiene que hacerse en quince días, un análisis realizado por Civio puso de manifiesto que al menos la mitad de las adjudicaciones se publicaron con retraso. Y en algunos casos, además, los detalles que se daban sobre lo que se había contratado eran mínimos.

Esa transparencia total es clave para la "vigilancia a posteriori". Como lo es también, la existencia de "sistemas modernos y efectivos" que permitan "revisar esos contratos". "El sistema de control de la administración pública sigue siendo del siglo XIX", apunta la periodista y codirectora de Civio. De ahí que los organismos que se dedican a controlar la contratación pública –tanto a nivel estatal como algunos autonómicos– no trabajen en base a la totalidad de las licitaciones, sino solo a una muestra. Es el caso del Tribunal de Cuentas, por cuyas manos pasaron algunas de las adjudicaciones que tiempo después han terminado bajo la lupa de la justicia. El órgano fiscalizador no encontró entonces ninguna irregularidad que mereciera denuncia, pero sí algunos detalles que chirriaban.

Gimeno también cree que, con carácter previo, se pueden hacer algunas comprobaciones sencillas para detectar señales de alarma. Al menos, con las adjudicaciones de mayor importe. Si algo han puesto de manifiesto, por ejemplo, las causas judiciales derivadas de la pandemia ha sido, precisamente, que los chanchullos se hacían a través de empresas –o personas– que no tenían experiencia alguna en la materia. Algo que destacó, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas en relación con la contratación que Puertos del Estado hizo con la firma de la trama Koldo: "Hubiera constituido buena práctica de gestión contractual dejar constancia en el expediente de la capacidad y solvencia de las adjudicatarias".

En el caso de los primeros contratos de emergencia relacionados con la dana que ya están publicados en la Plataforma de Contratación Pública, la Diputació de València ha decidido que se hagan cargo de las obras en la red provincial de carreteras las empresas que tienen ya la adjudicación del contrato de conservación de cada una de las demarcaciones. "Por la acreditada solvencia técnica para abordar los trabajos, por la inmediatez en poder cometer los trabajos necesarios y por la disponibilidad manifestada para comenzar de inmediato", se justifica en el informe. Y lo mismo ha hecho, tirar de "acreditada solvencia", con los estudios técnicos necesarios para definir dichas obras.

Aunque ahora puede ser de gran ayuda, la contratación de emergencia no puede alargarse más allá de lo estrictamente necesario. Algo que sucedió en pandemia. "Estuvimos contratando con este procedimiento cosas que ya eran estructurales dos años y medio después", recuerda Belmonte. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el Servicio Andaluz de Salud, que entre 2021 y 2023 adjudicó contratos de emergencia por un valor total de 300 millones de euros –buena parte de ellos para clínicas privadas–. Un abuso que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº13 de Sevilla y del que ha decidido hacerse cargo también la Fiscalía Anticorrupción.

La codirectora de Civio también alerta del posible uso de esta fórmula para intentar colar "cosas que nada tengan que ver con la reconstrucción o con la atención de los afectados". Algo que ya se hizo en pandemia. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, compró por la vía de la emergencia tres ecógrafos y dos equipos de mamografía, mientras que el murciano recurrió a este procedimiento para hacer reformas en el sistema de ventilación de su universidad.

No fueron los únicos incumplimientos relacionados con esta figura que detectó el Tribunal de Cuentas. No pocos contratos tardaron meses en ser ejecutados, lo que vulneraba también la normativa estatal, que establece el plazo de inicio para la ejecución de estas adjudicaciones no puede ser superior al mes –si lo va a ser, debe recurrirse al procedimiento ordinario–.

Sistemas de lanzacohetes, misiles anticarro o tecnología para aviones de combate. Son algunos de los contratos aprobados por el Ministerio de Defensa con empresas armamentísticas de Israel. Desde el 7 de octubre de 2023, las administraciones españolas ha firmado al menos 13 acuerdos para el suministro de armamento, componentes y material militar y de seguridad con empresas de ese país tras el inicio de los bombardeos en Gaza y la campaña posterior del Gobierno de Benjamín Netanyahu en Líbano, Siria e Irán que ha causado más de 40.000 muertes en el territorio palestino, entre ellas las de más de 16.000 niños. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles en una respuesta al ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, que las importaciones españolas de armas desde Israel se han detenido, aunque existen algunos contratos para la reparación de piezas.

Sin embargo, a día de hoy, esas 13 adjudicaciones, valoradas en casi 1.000 millones de euros, constan en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tal y como adelantó en julio el Centre Delàs d'estudis per la Pau, con sede en Barcelona. Entre las adjudicatarias se encuentra la primera empresa armamentística israelí (la 24 a nivel mundial por volumen de negocio), Elbit Systems, de propiedad privada pero con un estrecho vínculo estratégico con el ejército de ese país. También la tercera y número 42 en el mercado global, Rafael, cuya propietaria es el Estado israelí. En algunas ocasiones, las compras se hacen directamente a la compañía y en otras a filiales españolas o a firmas nacionales que fabrican material de patente israelí por convenios de transferencia de tecnología.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Defensa sobre la vigencia de esos contratos en concreto, que constan oficialmente como adjudicados, tras las manifestaciones de Robles a Bustinduy. Fuentes de ese departamento se han remitido a las palabras de su titular: "Desde el 7 de octubre no ha habido relación comercial de compra y venta con Israel", han asegurado por correo electrónico desde su oficina de comunicación. "Las licencias de exportación temporal pendientes con Israel no corresponden a armas sino a repuestos, y en este momento están paralizadas", ha afirmado la ministra a su compañero de Gobierno de Sumar. Robles ha sido una de las ministras que más firmeza ha mostrado hacia Israel y asegura estar convencida de que está cometiendo un genocidio.

Estas son, con fechas e importes, algunas de las adjudicaciones aprobadas y publicadas.

Se trata del contrato más oneroso, por un importe de 576.449.122 euros. La adjudicataria es una Unión Temporal de Empresas de la que forman parte la española Escribano Mechanical & Engieering, la hispanoalemana Rheinmetall Expal en consorcio con la israelí Elbit Systems. Defensa aprobó el la adjudicación el pasado 15 de diciembre en un contrato negociado y sin publicidad, es decir, sin concurso de otras ofertas, procedimiento que se motivó "por considerar que es la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico". El acuerdo, que se extenderá hasta diciembre de 2027, contempla la venta de 12 lanzadores múltiples y móviles fabricados en España pero basados en el sistema israelí PULS fabricado por Elbit. En la fecha en el que se adjudicó la compra, Israel había comenzado a bombardear las ciudades de Jan Yunis y Rafah, en el sur de Gaza, donde se habían refugiado alrededor de un millón de personas que huyeron de los combates en el norte de la Franja.

El contrato aprobado entonces comprende, además de los 12 lanzamisiles, la adquisición de vehículos de municionamiento, drones armados y kamikazes y vehículos de carga y recuperación. El acuerdo incluye la compra de 680 cohetes de los modelos Accular, con un alcance de 40 kilómetros; Extra, con un rango de hasta 150 kilómetros, y Predator (300 kilómetros) para ser lanzados desde el dispositivo. La adquisición del nuevo sistema pretendía sustituir al antiguo lanzacohetes Teruel, retirado por el Ejército en 2011 sin la disposición de otro nuevo desde entonces.

El segundo contrato de compra de armamento israelí con mayor dotación (237.558.449 euros) fue adjudicado el pasado 22 de noviembre a PAP Tecnos Innovación, la filial española de la empresa pública israelí Rafael. La adjudicación se formalizó solo dos días antes de que el presidente Pedro Sánchez viajara a Israel y se entrevistara con Netanyahu en lo que provocó la primera crisis diplomática entre los dos países después de que calificara de "insoportable" el número de civiles muertos en Gaza. El órgano contratante es la Subdirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

Como el del lanzacohetes SILAM, el del Spike LR2 fue un contrato negociado sin publicidad al considerar que solo podía ser ejecutado "por un operador económico particular debido a la ausencia de competencia por razones técnicas". El lote, según el Centre Delàs consta de 168 puestos de tiro y apoyo logístico para estos dispositivos. Se trata de un misil anticarro con un alcance de 5,5 kilómetros si es lanzado desde tierra y 10 desde una aeronave, según informa PAP Tecnos en su página web. Su tecnología le permite actualizar su objetivo o abortar el ataque durante el vuelo al estar guiado por el sistema de infrarrojos IR/VIS y es capaz de abatir objetivos con blindaje activo.

Se trata de una nueva versión mejorada del Spike LR -también israelí- que, tanto el Ejército de Tierra como la Infantería de Marina española vienen empleando al menos desde 2009, según el portal especializado infodefensa.com.

La tecnología punta para los aviones de combate del Ejército del Aire y del Espacio también es otro de los objetos de la compra de armas a Israel desde el inicio de la guerra. La tercera adjudicación de mayor importe -valorada en 207.414.102 euros- se aprobó, también por la misma subdirección de Defensa, el pasado 15 de marzo un mes largo después de que el Tribunal Internacional de Justicia apreciara indicios de que Israel pudiera estar cometiendo un genocidio en Gaza. Se trata de la compra del POD de designación de objetivos Litening V para dotar de ese dispositivo a la flota de 45 nuevos cazas Eurofighter adquirida por las fuerzas armadas españolas.

El acuerdo marco que contempla esa compra se extenderá hasta 2027. Según infodefensa.com, el Gobierno dio el visto bueno al contrato en septiembre, antes del inicio de la guerra, pero la adjudicación no llegó hasta la pasada primavera. Antes de esa fecha, Defensa ya había adquirido varios de estos dispositivos para sus cazabombarderos. Sirve para detectar e identificar objetivos a grandes distancias. El aparato los señala para facilitar el impacto de los misiles guiados por láser y por GPS que se emplean en estas aeronaves. El Litening V es la quinta versión del artefacto de precisión que la israelí Rafael ha creado desde 1996 y se lanzó en 2015.

La lista de adjudicaciones adelantada por el Centre Delàs y que constan en la plataforma de contratación estatal, cuenta también con varios contratos de mantenimiento. Al gigante Elbit le correspondió el pasado 28 de noviembre el de repuestos de los sistemas de radioenlace, contratado por la jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico y valorado en 3,7 millones de euros. También el de material destinado a las reparaciones del mortero embarcado Cardom, también de fabricación israelí, con el que cuenta el Ejército de Tierra desde hace más de una década. Además, consta un contrato con PAP Tecnos, la filial española de Rafael, de apoyo al mantenimiento de la plataforma de armamento por control remoto RCWS Mini Samson, también adquirido a ese país, y que puede montar ametralladoras de hasta 14,7 milímetros y lanzagranadas automáticos.

Otras adjudicatarias israelíes fueron Netline Communications Technologies, a la que se concedió por 1,4 millones la adquisición de "bienes complementarios de los sistemas inhibidores de frecuencia" de los vehículos de las Fuerzas Armadas. Defensa no es el único organismo público que ha recurrido a empresas israelíes desde el inicio de la campaña de Gaza. El Ministerio del Interior también ha adjudicado contratos para la obtención de dispositivos de iluminación ultraviolenta e infrarrojos para la Policía Nacional. Por último, el Ayuntamiento de Ourense adquirió en ese país 100 chalecos antibalas para su policía local.

La vida privada de Teodoro Obiang Nguema, el dictador que más tiempo –45 años– lleva en el poder, se envuelve en una nebulosa tan densa como la gobernanza y las cuentas públicas del Gobierno ecuatoguineano, que Transparencia Internacional sitúa en el puesto 172 de un total de 180 países por su altísimo nivel de corrupción. No se sabe a ciencia cierta siquiera cuántas mujeres tiene o ha tenido Obiang, que cumplirá 82 años en junio, tampoco cuántos hijos ha engendrado. Se habla de hasta una treintena.

Pero de algunos de ellos ayuda a seguir la pista el rastro judicial que han dejado en España, el antiguo poder colonial, en Portugal y en Francia, por sus actividades ilegales y la extravagante e indiscreta forma de gastar dinero que han exhibido, mientras el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures. Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras. Los jueces han extendido la orden también al ministro del Interior, Nicolás Obama, y al director general de Segurida, Isaac Nguema Endo.

El origen del proceso judicial es una querella del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) por el secuestro y torturas que sufrieron cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en España y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos viajaron engañados en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur, donde pensaban que iban a reunirse con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a Carmelo Ovono Obiang, el ministro y el director general de Seguridad en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. También en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser enviados a prisión.

Esta no fue, sin embargo, una operación aislada. “El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de los secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa”, destaca uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi: conducir al opositor mediante engaños desde un Estado donde se encuentra a salvo hasta un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, es detenido y entregado a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía española, familia y residencia estable en España, mientras que Isaac Nguema Endo visita “de forma periódica” el país, donde han vivido sus hijos.

La Policía, además, considera que este “plan organizado y estructurado” de persecución de opositores tiene como responsables “últimos y principales” al dictador y a otro de sus hijos: Teodorín. El favorito de su padre, vicepresidente primero del Gobierno desde 2016 y su más que posible sucesor.

Hasta que se emitió la orden internacional de detención han transcurrido más de dos años, en los que el juez encargado de la instrucción, Santiago Pedraz, se ha negado una y otra vez a reclamar la entrega de Carmelo Ovono Obiang, pese a las peticiones del fiscal y los querellantes. Incluso llegó a renunciar al caso para cedérselo a los tribunales de Guinea Ecuatorial. Una decisión controvertida que levantó ampollas, teniendo en cuenta las escasas garantías que ofrece la justicia del país africano. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, además, asegura que carece de información alguna desde hace casi dos años sobre el estado de los tres opositores secuestrados y encarcelados. Mientras que el Gobierno de Malabo ha rechazado la petición del juez, la familia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo para que repatríe el cadáver del cuarto. Si finalmente España ha puesto en busca y captura al hijo del dictador ha sido porque el juez terminó perdiendo la competencia sobre el caso tras presentar un recurso los familiares de las víctimas.

Además, la investigación desveló, según publicó El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial había contratado a 15 detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición un año antes de que fueran secuestrados. Este caso se encuentra en estos momentos paralizado. Fuentes jurídicas consultadas explican que la causa está a la espera de una comisión rogatoria a Guinea.

El pasado septiembre, el juez también tuvo que rectificar una decisión anterior y abrir una nueva investigación sobre el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. En un primer momento, el juez instructor se había negado, al entender que el dinero no guardaba relación con el secuestro de los cuatro opositores. Los indicios, no obstante, apuntan a que tal cantidad no sólo puede ser objeto de un delito de blanqueo, sino que también pudo haber sido una “herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas” contra los opositores.

También está abierta, y bajo secreto de sumario, una tercera investigación, en este caso en Palma de Mallorca. Según confirmaron fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción número 3 trata de aclarar si un tercer hijo de Teodoro Obiang, Gabriel Mbega Obiang, ministro de Planificación y Diversificación Económica, utilizó dos empresas de la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el diario local Última Hora, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca, Donald Frank van der Horn van den Bos, supuesto testaferro del hijo del dictador, y detenido e interrogado en octubre de 2023.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que Van der Horn ayudó a Gabriel Mbega Obiang a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública de 106,6 millones de euros y por la que pudo haber pagado cinco millones en comisiones, que salieron del país africano con escala en Mallorca.

Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora lusa Armando Cunha SA, Filipe Rego, que fue la beneficiaria de esa adjudicación millonaria en Guinea Ecuatorial, y contra el intermediario holandés, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso, el guineano Diario Rombe y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021. Las pruebas recabadas por los periodistas indican que Armando Cunha SA pagó a la trama más de 10 millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de esas supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas vinculadas al intermediario holandés.

La investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el periódico portugués y que fueron aportados a una querella presentada en Portugal contra Filipe Rego y Van der Horn. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, hacía un relato de los hechos que sí ponía el foco directamente sobre el hijo del dictador.

La cuarta causa contra los Obiang en España fue el caso Kokorev, una buena muestra de cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. Y de la extraordinaria lentitud de la justicia española. La investigación, en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, se abrió en 2008, hace 16 años. Aún no hay sentencia. La investigación ha dado por acreditada la existencia de una trama que, durante más de una década, entre 1999 y 2011, ejecutó “operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso” al Estado de Guinea Ecuatorial. “Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos”, resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se inflaba entre un 30% y un 40%. Con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. De ese sobrecoste, según el auto, participaban el yerno y asesor del dictador, Fausto Abeso Fuma, a quien “se abonaron en comisiones por esta actividad” 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2014; Melchor Esono Edjom, sobrino de Obiang y secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto; Agustín Ndong Ona Mbuym, primo del dictador; Luciano Esono Bitegue, entonces director general del Gabinete Militar de la Presidencia, y el libanés Hassan Khalil, asesor del dictador en materia de defensa.

Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel para los acusados, por los delitos de blanqueo de capitales, y multas de hasta 240 millones de euros en el caso de Vladimir Kokorev, a quien acusan de haber generado una riqueza ilícita de 120 millones de euros entre 1999 y 2014 procedente del comercio ilícito de material militar con Guinea Ecuatorial. El juicio está pendiente aún de celebrarse en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En Francia, en cambio, los tribunales han sido más expeditivos. En 2021, la Corte de Casación avaló la condena impuesta a Teodorín por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos con los que adquirió propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. Al tiempo se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París.

El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en Guinea Ecuatorial, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura. Entonces, sus abogados llevaron a cabo una maniobra judicial que años después han repetido en España: alegar que la justicia ecuatoguineana había abierto una causa para investigar los delitos del hijo del dictador. Los jueces franceses no les creyeron y Teodorín terminó condenado, en ausencia, a tres años de cárcel.

La crisis del coronavirus convirtió el mercado sanitario mundial en una suerte de jungla. La oferta no cubría, ni de lejos, la ingente demanda existente de mascarillas, guantes, batas o pruebas de detección. Por eso, cualquier compra de este tipo de material debía cerrarse a la mayor velocidad. Un pestañeo y la carga ofrecida a una determinada administración u organismo público podía estar siendo embarcada ya en un avión con rumbo a otro país. Para poder competir en ese mercado caótico, se suavizaron los controles. Y comenzó el pillaje. Empresas y personajes sin ninguna experiencia en el sector empezaron a ofrecer material sanitario a ayuntamientos y gobiernos. No fueron raros los sobrecostes ni tampoco las estafas en un momento en el que morían cientos de personas cada día.

El llamado caso Koldo, que explotó la tarde del martes con la detención de una veintena de personas y registros, es un retrato de todo aquello. La investigación, que arrancó en la Audiencia Nacional a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, se centra en las supuestas mordidas derivadas de contratos para la adquisición de mascarillas en el peor momento de la crisis sanitaria suscritos por los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Unas licitaciones cuyo montante rondaría los 53 millones de euros. Y que habrían generado, presuntamente, alrededor de 10 millones de euros en comisiones, según algunos medios. Sobre la mesa, posibles delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Los investigadores sitúan como uno de los personajes centrales de la trama a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. La firma Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, también en el epicentro del caso, habría solicitado su "intermediación" para hacerse con licitaciones. La Guardia Civil, según el diario El Mundo, acusa a García de "prevalecerse de sus relaciones personales con autoridades y funcionarios públicos" para cobrar comisiones "en efectivo" de la compañía. De hecho, los investigadores han constatado un "incremento patrimonial" cuya justificación "se desconoce". Tras la primera ola de la pandemia, según El Confidencial, el exasesor de Ábalos y su pareja adquirieron cinco propiedades en la zona de Levante.

Que la crisis sanitaria podía traer aparejadas prácticas de este tipo no era ningún secreto. Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya avisaron de que la pandemia de coronavirus podía "crear entornos propicios para la corrupción y el soborno". Por eso, pedían a los Estados estar vigilantes. Sobre todo, en los casos de las cada vez más comunes adquisiciones de emergencia. "Sin las debidas salvaguardas de integridad y transparencia, estos procesos son muy susceptibles a abusos", advertía el club de los países más ricos en un comunicado durante aquella primavera del año 2020. Una realidad que han terminado por confirmar los diferentes escándalos alrededor de la compra de material sanitario.

La contratación de emergencia fue la fórmula utilizada en los meses de pandemia para hacer frente de forma ágil a la crisis. Al fin y al cabo, permitía a las administraciones evitar papeleos y trámites que, de forma habitual, alargan las licitaciones. Se trata de un mecanismo que la ley reserva para cuando se produzcan "acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional". Y que permite contratar "sin sujetarse a los requisitos formales establecidos". Es decir, a dedo y sin necesidad de un concurso público. Solo en 2020, las diferentes administraciones sacaron más de 22.300 contratos por esta vía, según los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon).

Así se adjudicaron las licitaciones que ahora están bajo la lupa del caso Koldo. O las que centraron el denominado caso Mascarillas, por el que se tendrán que sentar en el banquillo el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. El procedimiento era ágil, sí, pero que también llevaba aparejada una peligrosa rebaja en las exigencias. Así lo dejaba caer el instructor de ésta última causa. En su auto de procesamiento, sostenía que los gestores municipales –en este caso, el Ayuntamiento de Madrid– no se habían dado cuenta de las comisiones metidas en el precio del material adquirido "debido a la laxitud en los controles de contratación y a la urgencia y continua inestabilidad de los precios del material sanitario en todo el mundo como consecuencia del covid".

Esta investigación, pendiente ahora de juicio, concluyó que los dos procesados inflaron el precio de los contratos en un 60% en el caso de las mascarillas, en un 81% en el de los guantes de nitrilo y en un 71% en el de los test de detección del coronavirus. Y lo hicieron "a causa de las elevadas comisiones" que fueron fijadas por Luceño y que permitieron a ambos embolsarse alrededor de seis millones de euros. Con ese dinero, se adquirieron relojes y coches de lujo, inmuebles y hasta un yate, bienes que, en algunos casos, han sido embargados. De una mordida de alrededor de un millón de euros hablaba también hace justo un año la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un caso relacionado con la Diputación de Almería.

Aquella primavera de 2020, muchos hicieron negocio. También el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tomás Díaz Ayuso cobró en concepto de "comisión comercial" –en palabras de Anticorrupción– 234.000 euros de Priviet Sportive SL, una firma que se hizo con un contrato de 1,5 millones de euros del Ejecutivo madrileño para la compra de mascarillas. De esa cantidad, siempre según el Ministerio Público, 175.000 euros se correspondieron con los trabajos que el hermano realizó para la adjudicataria "en relación con distintas ofertas", mientras que los 59.203,52 euros restantes se referían al "bonus pactado por la obtención del contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid".

Pero Anticorrupción no vio "ilegalidad alguna" alrededor de este asunto. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, consideró que la investigación no había puesto de relieve "elemento indiciario alguno" que hiciese pensar que el hermano de la presidenta hubiera hecho gestiones ante la Comunidad de Madrid tendentes a conseguir un "trato de favor" para la empresa. Una compañía propiedad de un empresario amigo de la familia Ayuso –Daniel Alcázar– que siempre se había dedicado "al comercio al por mayor de prendas de vestir". Por aquel entonces, no era raro. Resultaba de lo más normal que empresas sin experiencia alguna ofreciesen a las diferentes administraciones públicas mascarillas, pruebas diagnósticas, batas o guantes. Lo hacían hasta firmas de vino de lujo.

Y ahí, en esa jungla, se movieron Medina y Luceño, que tenían, en palabras del juez instructor, una "nula experiencia en temas de material sanitario" pero que decían ser agentes de una firma malaya que sí se movía en el sector. También Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, la que está en el centro del caso Koldo. Esta compañía, cuyo objeto social no se correspondía con la venta de material sanitario, llegó dormida a los años previos a la pandemia. En 2018, según un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares, apenas tenía unos ingresos de 101.058 euros. En 2019, su cifra de negocios era de cero euros. Pero luego llegó el año de la pandemia. Y ahí fue cuando explotó, alcanzando los 53 millones de euros.

Hubo problemas con el material suministrado. Al menos, en Baleares y Canarias. En 2023, tres años después de la compra, el Gobierno de Francina Armengol reclamó por escrito a la compañía la devolución de 2,6 millones de euros alegando que las mascarillas que le habían enviado en su momento no eran FFP2, como habían pedido, sino quirúrgicas. Lo mismo ocurrió en Canarias. Entonces, el Servicio Canario de Salud se puso en contacto con la compañía para comunicarle que 837.800 unidades recibidas "no eran aptas" para su uso sanitario como FFP2, tal y como consta en un informe suscrito entonces por el director del Servicio Canario de Salud. La empresa, entonces, se ofreció valorarlas como quirúrgicas y cobrarlas al precio de mercado que este modelo tenía en abril.

El del material que no se ajustaba a lo solicitado fue otro de los problemas habituales a los que tuvieron que hacer frente las administraciones durante la pandemia. En el caso de Medina y Luceño, se tuvo que devolver el dinero de los guantes por no ser los indicados. Y lo mismo ocurrió con los test: sólo resultaron válidos 75.000 por no tener los demás los reactivos necesarios. "El Ayuntamiento de Madrid pagó un precio totalmente excesivo por un material que en parte era defectuoso", recoge el auto de procesamiento. A un problema similar se enfrentó en el llamado caso Sinclair. La consultora Sinclair&Wilde, a la que el consistorio había pagado 2,5 millones de euros por medio millón de mascarillas, entregó cubrebocas que nunca pudieron utilizarse por no ajustarse a los estándares de calidad.

Esta firma entró en contacto con el Ayuntamiento de Madrid a través de una abogada que había ofrecido sus servicios para "buscar la mejor oferta de suministro" al letrado Carlos Fernández-Pita, quien canalizó el ofrecimiento a través del que fuera presidente del Pleno del consistorio de la capital. Una cosa similar pasó en el caso mascarillas. A través de una directora de universidad, Medina obtuvo el teléfono de Carlos Martínez Almeida –primo del alcalde–, quien a su vez se hizo con el correo de la responsable de compras del consistorio. "De este modo tan rápido y eficaz, y al margen del correo general de ofertas y, por tanto, con manifiesta ventaja sobre otros posibles ofertantes, Medina proporcionó los datos a Luceño para que iniciase las gestiones", señala el auto de procesamiento.

Un gran queso suizo lleno de agujeros. Es la imagen que mejor describe el procedimiento –y los resultados– de la prohibición de contratar con las administraciones, un mecanismo que se impone a las empresas con conductas irregulares en concursos públicos o que directamente falsean la competencia. La Ley de Contratos del Sector Público y las directivas europeas establecen que la “prohibición de contratar” no es una sanción, sino una fórmula para “reeducar” a las empresas, en palabras de Francisco Blanco López, miembro del Observatorio de la Contratación Pública. El objetivo de la medida debería ser garantizar que quienes se presentan a las licitaciones reúnen las condiciones necesarias de solvencia económica y profesional, para proteger a las administraciones frente a prácticas abusivas o ilegales.

Sin embargo, las prohibiciones de contratar están lejos de cumplir su función disuasoria. Son pocas las impuestas y, sobre todo, no son públicas. No existe un listado de las empresas a las que se ha vetado su participación en concursos públicos. No figuran en la Plataforma de Contratación del Estado y sólo se pueden consultar, empresa a empresa, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece), previo acceso con certificado electrónico. Únicamente algunas comunidades autónomas publican las suyas: Andalucía, Aragón, Cataluña y Comunitat Valenciana.

infoLibre tuvo que recurrir primero al Portal de Transparencia para reclamar la relación de empresas al Ministerio de Hacienda. Tras su negativa a facilitarla y con la ayuda del activista Jaime Gómez-Obregón, se la solicitó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en una resolución del 18 de octubre de 2022 obligó al departamento de María Jesús Montero a proporcionar a este periódico una hoja Excel con los nombres de los excluidos.

A fecha de 21 de octubre de ese 2022, el catálogo sólo contenía 252 personas físicas y jurídicas. La mayoría de las empresas son sociedades limitadas, pero también figuran filiales de algunos de los grandes del Íbex 35. Es un listado que se revisa continuamente. A 28 de marzo de 2023 el número de prohibiciones vigentes se había reducido a 150, según informó el diario Público el pasado mes de junio tras obtener la información por el mismo procedimiento. Es un número muy escaso teniendo en cuenta el volumen de contratación pública anual: 183.277 licitaciones en 2022, por un importe de 100.692,19 millones de euros, según el último informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCON).

El gasto en contratación pública equivalió ese año al 11,52% del PIB y al 24,11% del gasto público. Aunque el volumen real es muy superior, porque el informe no incluye los contratos menores, aquellos con un importe inferior a 40.000 euros si son de obras, e inferior a 15.000 euros si son de suministro o de servicios. En 2021 la plataforma Gobierto cifró en 293.000 los contratos menores adjudicados ese año, pero dejó de contarlos en 2022 debido a la falta de fiabilidad de los datos. Es decir, las prohibiciones de contratar equivalen sólo a entre el 0,03% y el 0,05% de las licitaciones.

Además, cada vez se imponen menos. Según la última Memoria de la Dirección General del Patrimonio, en 2022 tuvieron entrada en Hacienda 270 expedientes para vetar a licitadores, frente a los 478 de 2020 y a los 753 de 2019. Sesenta de ellos caducaron, porque las prohibiciones de contratar prescriben a los tres años. Aparte de la ministra de Hacienda –previo informe de la Junta Consultiva de Contratación–, pueden aplicar vetos los propios órganos de contratación y las autoridades de competencia –la CNMC y las autonómicas–.

La OIReSCON se queja de las “dificultades de detección” de las prohibiciones. También de que la información sobre éstas en los registros de las comunidades “es obsoleta o se informa de un número de casos mínimo”. Blanco López critica los problemas de comunicación de las sanciones y sentencias que impiden contratar a las empresas, entre las comunidades autónomas o los órganos judiciales y el Ministerio de Hacienda.

La falta de transparencia impide el control sobre las prohibiciones por parte del resto de las empresas o de las instituciones. infoLibre ha cruzado la lista de las empresas vetadas con la Plataforma de la Contratación del Estado, pese a los numerosos problemas de acceso que plantea esta base de datos. Además, es imposible saber si alguna de ellas ha conseguido contratos con procedimientos negociados sin publicidad, por ejemplo. Aun así, este periódico ha encontrado dos casos en los que otras tantas administraciones han contratado con empresas a las que ellas mismas o Hacienda habían prohibido participar en concursos públicos.

El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra (Madrid) adjudicó el 28 de febrero de 2023 las obras de rehabilitación de la calle de Cumbres a Exvendi SL, un contrato de 48.390 euros. Pese a que la ministra de Hacienda había impuesto a esta empresa una prohibición de contratar para todo el sector público que comenzaba el 23 de agosto de 2022 y no acababa hasta el 23 de marzo de 2023.  Un portavoz del Ayuntamiento asegura a infoLibre que “en ningún momento” el consistorio era “conocedor” de la prohibición de contratar en que estaba incursa la empresa. “Es probable que en ese momento los responsables de realizar la tramitación del expediente, al ser un contrato menor, no debieron de confirmar los datos”, admite.

La comarca del Pla de l’Estany, en Girona, adjudicó a Saica Natur SL un contrato para la venta del papel y el cartón procedente de la recogida selectiva por importe de 192.559 euros. Lo formalizó el 24 de mayo de 2023. La empresa estaba excluida de los concursos en todo el sector público, por decisión de la ministra de Hacienda, entre el 26 de julio de 2022 y el 26 de julio de 2023. Saica Natur es una de las filiales de Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa, una de las implicadas en el cártel del cartón desmantelado por la CNMC en 2015 y a la que también Hacienda aplicó una prohibición de contratar de un año en las mismas fechas. Sin embargo, la Audiencia Nacional había aceptado, en un auto del 4 de octubre de 2022, suspender la medida contra Saica Natur tras haber pagado ésta 25.000 euros de multa. El problema es que esa suspensión no figuraba en el Rolece. “Tuvimos que pedir a la empresa un certificado que acreditase que no estaba incursa en la prohibición de contratar, porque en el Registro de Grandes Licitadores no figuraba la suspensión de la Audiencia Nacional”, protesta un portavoz del organismo comarcal.

Finalmente, el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) activó una prohibición de contratar con la empresa Alquiler Obras y Servicios Extremeños SL que debía durar tres meses, entre 13 de marzo y 12 de junio de 2023. En mayo había sacado a concurso el suministro de hormigón necesario para renovar el pavimento de unas calles y caminos rurales, un contrato de 94.690 euros. Los sobres con las ofertas de las cuatro empresas que se presentaron se abrieron el 6 de junio y la mesa de contratación se reunió por primera vez el 12 de ese mes. Dos de los cuatro candidatos fueron desechados y finalmente ganó el concurso Alquiler Obras y Servicios Almendralejo SL, cuyo administrador es el mismo que el de Alquiler Obras y Servicios Extremeños SL, José Carlos Acosta Morán.

El contrato, que recibió una subvención del Aepsa (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios), tenía una duración de tres meses, hasta el 30 de septiembre de 2023. Así que ese mes el ayuntamiento anunció una segunda licitación, con el mismo número de expediente, para un segundo suministro de hormigón con el que pavimentar las mismas calles y caminos rurales. Esta vez el importe fue menor, 43.659 euros, y se presentó una sola empresa: Alquiler Obras y Servicios Extremeños SL, cuya prohibición de contratar había concluido ya.  

A preguntas de infoLibre, el Ayuntamiento de Almendralejo se ha limitado a asegurar que no ha “realizado ningún contrato con ninguna empresa fuera de la legalidad”. Por su parte, José Carlos Acosta explica que suele presentarse a concursos “con dos o tres empresas, y alguna más” y que no se vulnera la prohibición si los contratos se conceden a empresas “con CIF distintos, aunque el administrador sea el mismo”. Según detalla, el consistorio activó el castigo contra Alquiler Obras y Servicios Extremeños SL porque, “por culpa de la subida de los materiales”, renunció a ejecutar una obra cuyo contrato le había sido adjudicado.  El Ayuntamiento dice que instó la prohibición de contratar porque la empresa “retiró una oferta injustificadamente en un contrato anterior”. 

Sin embargo, los expertos consultados sí apuntan a lo que podría ser una “utilización fraudulenta de la personalidad jurídica diferenciada de cada empresa” en este caso.

Cuando una institución vulnera la prohibición de contratar, el contrato en cuestión es nulo de pleno derecho. Y, si se le ha adjudicado, no por negligencia sino conscientemente, puede incluso tratarse de un delito de prevaricación.

A la vista del listado, la mayoría de las empresas vetadas son pequeñas y medianas, que también representan la mayoría de las que acuden a las licitaciones. Las grandes compañías españolas rara vez aparecen y la duración de las prohibiciones que se les aplican es mucho menor –tres meses, seis meses…– que las impuestas a las sociedades limitadas. De todos modos, el veto no puede prolongarse más allá de los tres años, a excepción del que se haya aplicado en virtud de una sentencia judicial firme.

Es el caso de la mayoría de las personas físicas incluidas en la lista, cuya condena –por corrupción o delito fiscal, por ejemplo– lleva aparejada la prohibición de presentarse a concursos públicos. Ocurrió con tres sentenciados por la Audiencia de Valencia en 2020 que no habían pagado el Impuesto de Sociedades correspondiente a la compraventa de una finca. Fueron condenados a dos años de prisión, al pago de una multa de 600.000 euros, a no recibir subvenciones durante ocho años y a no contratar con las administraciones públicas durante nada menos que 10 años. Al arquitecto municipal de Zurgena, un pueblo de Almería, que fue condenado por prevaricación tras haber concedido licencias de obra ilegales a siete parejas de ciudadanos británicos, la prohibición de contratar se le extendió durante siete años.

Los vetos impuestos a las grandes empresas no suelen hacer tanta sangre. En el catálogo hay algunos nombres de la primera división corporativa del país. Entre ellos, Randstad Empresa de Trabajo Temporal –siete meses–, por cesión ilegal de trabajadores, y Gas Natural Comercializadora –un año–, por un contrato de 27.281 euros para suministrar gas a las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real y Mérida: tras conseguirlo, la empresa no remitió la documentación necesaria para formalizarlo, por lo que hubo que archivar el expediente.

Iberdrola Generación Nuclear fue penalizada por la Comunidad de Madrid en 2022 por una infracción grave en materia laboral, que es otra de las causas que implican la prohibición de contratar. También Iberdrola Ingeniería y Construcción fue sancionada por una infracción grave de este tipo, pero luego no aparece en la lista de las vetadas para los concursos públicos. La infracción se cometió en 2017 en Iberinco, una subcontrata de Iberdrola Generación Nuclear cuya plantilla tuvo que subrogar cuando la primera entró en liquidación. La ley establece que las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que sean “continuación o deriven, por transformación, fusión o sucesión”, las que hayan sido penalizadas. Por tanto, la prohibición de Iberinco la heredó la filial de Iberdrola.

Según indica la compañía energética, sólo se trató de una infracción “leve, administrativa” por una cesión ilegal de trabajadores. Sin embargo, figura como grave o muy grave en la lista de empresas sancionadas por este tipo de infracciones en materia laboral o social que cada año la Comunidad de Madrid publica en su web y envía al Ministerio de Hacienda [Puede consultarse aquí]. La prohibición de contratar, que fue recurrida por Iberdrola, terminó en octubre de 2023.

Por el mismo motivo, una infracción laboral muy grave, la Comunidad de Madrid instó la prohibición de contratar para Easyjet Handling –seis meses–.

Urbaser, una de las mayores empresas de limpieza viaria de España, y la constructora francesa Eiffage Infraestructuras figuraron también entre las empresas a las que no se permitió acudir a concursos públicos en 2023. Pero el castigo para la primera fue de sólo tres meses, y para la segunda sólo de seis. Ambas formaban parte de uno de los dos cárteles que fueron desmontados en 2022 por la Agencia de la Competencia y Regulación Económica de Andalucía (Acrea). En el ya citado figuraban otras dos empresas, andaluzas, Coralsur Mantenimiento y El Ejidillo Viveros Integrales. Todas ellas se confabularon para fijar los precios y repartirse la adjudicación de seis contratos licitados por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

Según la Acrea, manipularon los concursos para llevar a cabo la poda de setos en las cunetas de las carreteras de ocho provincias andaluzas. Las multas sumaron 5,78 millones de euros. Las dos mayores –3,23 millones y 2,06 millones de euros– recayeron en Urbaser y Eiffage Infraestructuras, pero las prohibiciones de contratar fueron superiores para las dos empresas locales –dos años para Coralsur y seis meses para El Ejidillo–. No obstante, lo más destacable de la medida es lo extraordinariamente restringida que fue la prohibición impuesta: los únicos concursos en los que la Consejería de Fomento impedía concursar a las empresas del cártel eran los que tuvieran por objeto podar setos en medianeras y controlar la vegetación en los márgenes de las carreteras.

La misma estrecha acotación incluía el veto impuesto por Fomento a otras seis empresas que fueron multadas con 3,23 millones tras manipular también los concursos para licitar la poda de las cunetas andaluzas. Las prohibiciones para contratar eran de 12 a 18 meses. Pero igualmente circunscritas al control de la vegetación en las medianeras. Así, una de ellas, Pavimentaciones Morales SL, ha seguido contratando con Fomento –por ejemplo, para construir vías ciclistas en Jaén– mientras se la castigaba por falsear la competencia en otro concurso público de la misma consejería.

Además, de las seis empresas que aparecieron en la lista andaluza en mayo de 2023, en noviembre ya sólo quedaba una, Urjusa SL. El motivo, explica un portavoz de Fomento a infoLibre, estriba en que Pavimentaciones Morales SL presentó un recurso contencioso administrativo y pidió la suspensión cautelar de la medida. En enero de este año, ha vuelto a aparecer en el listado, una vez levantada la suspensión.

En realidad, no resulta muy complicado librarse de la prohibición de contratar. Basta con pagar la multa y con convencer a la autoridad competente de que la empresa ha adoptado medidas para evitar que se repita la actuación irregular. Lo que no siempre se consigue. Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL (Tusgsal) presentó a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) el programa de cumplimiento normativo que había elaborado tras ser multada con 864.245 euros por haber concertado junto con otras cuatro empresas la presentación de ofertas para hacerse con el servicio de autobuses entre Barcelona y el aeropuerto del Prat de Llobregat (Aerobús). También se le prohibió contratar durante 18 meses con el Área Metropolitana de Barcelona, responsable del concurso.

Con ese programa, Tusgsal pretendía anular el veto. Pero la ACCO dictaminó que era insuficiente e insatisfactorio –dudaba de su eficacia–. Sobre todo, desconfiaba de que la empresa tuviera un “verdadero compromiso” para cumplir la normativa de competencia y de que éste incluyera a sus directivos. De hecho, la ACCO consideró que Tusgsal había hecho una “utilización instrumental” del programa de cumplimiento para eludir la prohibición de contratar impuesta. Entre las deficiencias que encontró en ese plan de compliance fallido, la autoridad catalana menciona que sólo había anunciado medidas disciplinarias para exdirectivos, pero ninguna para el principal ejecutivo responsable del amaño en el concurso del Aerobús ni para otros trabajadores que participaron en él. Además, la empresa no hacía constar si el responsable del departamento de Compliance que iba a crear tenía formación adecuada para el puesto ni con qué presupuesto contaría. La OIReSCON reconoce en su último informe que las empresas hacen un uso “escaso” de estas “medidas de autocorrección”.

Elecnor es otro de los grandes a los que se ha prohibido contratar. La Universidad del País Vasco (UPV) instó una prohibición de 18 meses tras resolver el contrato que le había adjudicado para el mantenimiento de las cubiertas del campus de Álava. Según el dictamen de la UPV, Elecnor, una de las principales empresas españolas de ingeniería, “no poseía los medios adecuados” para cumplir el contrato, respondía “mediante pretextos” a los “sucesivos requerimientos” para que lo ejecutara y no ofreció alternativa alguna durante meses a la universidad. Por ello, la UPV concluye que hubo “dolo” –engaño– por parte de la empresa y un “incumplimiento culpable” por su parte. También se le resolvió el contrato “con culpa” a Sacyr Facilities, tras encargarle la Delegación de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía el mantenimiento de sus instalaciones en Granada.

Constructora San José, una de las mayores del sector, no puede contratar con el Institut Català de la Salut en Girona hasta octubre de 2026, cuando terminen los tres años de penalización que ese organismo le impuso el pasado junio. El Grupo Ballesteros, uno de los principales del sector del juego en España, no ha podido participar en concursos públicos con su empresa de bingos, Bingazar, durante seis meses, tras sumar dos prohibiciones de contratar. La empresa es propiedad de José Ballesteros Requejo, presidente de la patronal del juego de Castilla y León.

infoLibre ha preguntado a todas estas grandes empresas por las prohibiciones que les fueron activadas por las administraciones pero, excepto Iberdrola y Eiffage Infraestructuras, el resto no ha contestado.

La prohibición de contratar fue mucho más severa para Friselva –líder nacional en mataderos de cerdo– y su dueño, Miquel Ramió Costa. Además de figurar entre los más ricos de España y entre quienes se acogieron en su día a la amnistía fiscal, Ramió y su empresa fueron condenados en 2018 por un fraude fiscal de siete millones de euros. Por eso su penalización fue de cinco años.

El listado de prohibiciones de contratar también resulta ser un buen catálogo de la corrupción en España en la última década. Los principales condenados con sentencia firme de los casos más escandalosos no pueden participar en concursos públicos. Desde la operación Malaya y el llamado Saqueo de Marbella o la Gürtel y el fraude del carrusel del IVA, hasta los casos Palau, Niemeyer, Proinsa, Esabe o Púnica, todos figuran en ella.

“Faltan medios”, es el rápido diagnóstico que lanza Jaime Almenar, abogado del despacho Clifford Chance especializado en Derecho Público, no sólo sobre el mecanismo de las prohibiciones de contratar, sino también sobre la contratación pública española en general. “Para empezar, los pliegos se hacen mal, usando modelos, suelen ser refritos… los funcionarios que los redactan no conocen el mercado y luego las empresas no los discuten porque quieren ganar los concursos…”, una bola de nieve que, a su juicio, explica la “falta de calidad” de la contratación pública nacional.

En los listados de Hacienda y de las comunidades autónomas constan los órganos de contratación que activan las prohibiciones. Son apenas un puñado los que se atreven a enfangarse en un procedimiento “mal regulado y difícil de aplicar”, critica por su parte Francisco Blanco. Muchas veces la iniciativa depende más de la voluntad del funcionario de turno, o del interés administrativo y político del ayuntamiento u organismo perjudicados por una mala praxis de las empresas a las que contrataron, asegura. “Es un incordio tener que activar el sistema”, advierte, “resulta más fácil resolver el contrato, olvidarse y hacer una nueva licitación”.

Pero, entre esas pocas instituciones interesadas, hay algunas que parecen aplicarse con mayor entusiasmo. Como la Universidad de Cantabria, con siete prohibiciones a otras tantas empresas. Sólo hay otra universidad en la lista, la de Cádiz, que vetó a Cofely, una de las sociedades implicadas en la trama Púnica de corrupción, por no llegar a formalizar un contrato.

Entre los ayuntamientos, el de Sevilla ha activado cinco prohibiciones en los últimos años y el de Lucena (Córdoba), cuatro. Otras cinco ha instado el Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza). Los de Montgat y Perpètua de Mogoda, ambos en Barcelona, cuatro y tres, respectivamente. Más raro es encontrar una consejería autonómica o un ministerio.

Entre las empresas excluidas, también las hay más inclinadas a repetir conductas poco aleccionadoras. Barci SL, una asesoría de Getafe (Madrid), mintió sobre su solvencia en la declaración responsable que presentó en tres concursos distintos: en la Universidad de Cantabria, la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears y el Auditorio de Galicia, que depende del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Por cada una de esas prohibiciones ha estado vetada durante tres años para contratar con esas tres instituciones. La primera es de 2020 y la última no concluirá hasta julio de 2025.

A la empresa de limpieza Yaundé SL la contrató la Agencia Tributaria para cuidar de sus instalaciones, pero sus incumplimientos la abocaron a sumar cuatro prohibiciones para contratar por la duración máxima de tres años, que la alejan de los concursos en ese organismo hasta 2025. Se trata de una empresa que dejó de pagar a sus limpiadoras en otros contratos que consiguió en varios centros penitenciarios y en la Dirección General de Tráfico. Incluso llegó a presentarse a una licitación de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara con esa denominación y con otra, Yoku Hob, detrás de las que se escondía el mismo administrador. En realidad, era insolvente.

Otro reincidente es Conspai Obras y Servicios del Vallés recibió vetos de tres ayuntamientos catalanes, los de Llinars del Vallès, Rubi y Sant Quirze del Vallès, que comenzaron en 2021 y no finalizarán hasta 2025.

Mención aparte merecen las prohibiciones instadas por la CNMC para empresas que falseen la competencia. En la lista aparecen algunos de los cárteles desmantelados en los últimos años: el del Servicio Meteorológico de Cataluña, los radares vascos, el cartón o el de limpieza de cunetas antes mencionado. El pasado mes de junio la CNMC aprobó una comunicación con los criterios generales que utilizará para aplicar las prohibiciones de contratar. A partir de ahora, fijará la duración y el alcance de estos vetos, en lugar de dejar que sea la Junta Consultiva de Contratación la que lo haga, y aunque luego sean suspendidos por decisión judicial.

“Aquí es donde va haber más jaleo”, concede Jaime Almenar. Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que la CNMC es “más dura” a la hora de establecer la duración y el alcance de las prohibiciones que la Junta de Contratación. De hecho, la toma de posición de la CNMC puede considerarse un paso más hacia el fortalecimiento de este mecanismo disuasorio, en vista de su escasa eficacia hasta el momento.

En la misma dirección va la prohibición de contratar que se ha incluido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI en caso de infracciones graves –un año– y muy graves –tres años–. También se vetará en los concursos públicos a las empresas de más de 50 trabajadores que no cuenten con plan de igualdad.

No obstante, la práctica de la CNMC aún está pendiente de la decisión que tome el Tribunal Supremo ante el recurso de casación que presentó otra de las empresas sancionadas en el caso Aerobús, Transports Ciutat Comtal, que fue multada con 1,05 millones de euros y a la que se prohibió contratar durante 18 meses. La empresa pone en duda la competencia de la ACCO para fijar esta medida.

Los expertos consultados son unánimes al tachar de “poco ágil” e incluso de “farragoso” el procedimiento establecido para alejar de los concursos públicos a empresas con conductas poco o nada ejemplares. Aunque los abogados que las defienden también piden cautela y “rigor” a la hora de utilizar esta herramienta. “Puede producir el efecto contrario al deseado: que el licitador se quede sin competencia en el mercado; si tiene que excluir a tres de cinco candidatos se merma la calidad de la contratación y suben los precios”, advierten. En otros países de la UE, admiten también, el sistema es más diligente.

Mientras, en España, la Junta Consultiva de Contratación ni siquiera tiene una dirección electrónica en la aplicación con la que se gestionan los expedientes desde 2015, llamada Procontra. Como resulta “difícil realizar notificaciones electrónicas”, la Junta los tramita “de forma tradicional”, revela la Memoria de la Dirección General de Patrimonio. “El mapa de las prohibiciones de contratar, que debería ser una barrera frente a las empresas de dudosa profesionalidad, se desdibuja mucho en la realidad, es una pantalla de colores detrás de la cual no hay nada”, se lamenta Francisco Blanco López, que fue secretario de la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat catalana y director de Contratación Administrativa del Ayuntamiento de Barcelona.

Pedro Morenés y Eduardo Serra comparten buena parte de sus respectivos y larguísimos currículos profesionales. Desde que el primero fue secretario de Estado de Defensa del segundo, a su vez nombrado ministro del ramo por José María Aznar –tras haber sido el número dos del departamento con el socialista Narcís Serra–, han tenido trayectorias paralelas y, a veces, incluso rivales.

Para empezar, ambos personifican dos de los casos más paradigmáticos de puertas giratorias en España, por su salto del Ministerio de Defensa a dos de las principales empresas del sector. Serra fue ministro de 1996 a 2000. Morenés, de 2011 a 2016. El primero fue fichado por Everis en 2005 y accedió a su presidencia en 2018. El segundo ya había presidido una firma del ramo, Instalaza, fabricante de las polémicas bombas de racimo, antes de llegar a ministro. Entonces, en 2011, era presidente en España de MBDA, una empresa europea de misiles. Y, tras dejar el cargo en 2016 y pasar poco más de un año como embajador de España en Estados Unidos, fue nombrado presidente de otra compañía del sector, Amper, en 2020.

Morenés tiene ya 75 años. En noviembre de 2022 pasó a presidente no ejecutivo de Amper, pero sigue al frente de una consultora llamada Kuitver Energía. Serra, que el próximo diciembre cumplirá 77, va a abandonar la presidencia de DigitalES, la patronal tecnológica, donde lleva desde su creación, en 2017, según publicó Expansión el pasado agosto. Pero se mantiene al frente de Everis, rebautizada como NTT Data en 2021, tras haber sido adquirida por esa multinacional japonesa en 2014.

Tanto Everis/NTT Data como Amper compiten casi por los mismos contratos de la Administración pública, que constituyen una fuente sustancial de sus ingresos. No sólo por los relacionados con la defensa, sino también por los tecnológicos, donde las dos empresas son líderes nacionales. Por ejemplo, son adjudicatarios habituales de Aena, Renfe o Correos. Amper presume de haber instalado los equipos de comunicaciones de más del 85% de los aeropuertos españoles. Mientras, Everis/NTT Data ha conseguido una quincena de adjudicaciones de Aena desde 2020, según los datos extraídos de la Plataforma de Contratación del Estado.

Pero la rivalidad va más allá de los concursos públicos. Como se demostró en 2020 con los despidos de los 10 ejecutivos que dirigían Everis Aeroespacial y Defensa (AEDE). Según puede leerse en las sentencias que el Tribunal de Justicia Superior de Madrid y el Tribunal Supremo han dictado sobre ese litigio laboral, la matriz del grupo quería cerrar la división de defensa española tras la polémica surgida con la venta de morteros Alakran a Arabia Saudí, que terminaron usándose en la guerra de Yemen. Pero la cúpula directiva de Everis AEDE no aceptó pacíficamente la decisión. Y planeó evitarlo comprando la empresa, una prerrogativa incluida en sus contratos. Así que presentaron a la matriz una propuesta de adquisición siguiendo el procedimiento definido en sus acuerdos con la empresa.

El problema fue que, para adquirir Everis AEDE, los ejecutivos buscaron la financiación de su rival, Amper. La compañía que preside Eduardo Serra lo consideró una traición y despidió a toda la cúpula directiva en julio de 2020. La mitad de los ejecutivos demandó entonces a Everis/NTT Data en los juzgados de lo Social. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado en todos los casos a favor de los despedidos. También el Supremo en al menos uno de ellos. Los demás siguen pendientes de que el alto tribunal resuelva los recursos interpuestos por la empresa.

El caso es que al menos cinco de estos antiguos directivos de Serra trabajan ahora para Morenés en Amper, Zelenza —su principal accionista— y Swarming, filial de la anterior. De hecho, quien fue consejero delegado de Everis AEDE, Enrique López Pérez, es el consejero delegado y primer ejecutivo de Amper desde noviembre de 2022, cuando Pedro Morenés dejó de tener funciones ejecutivas como presidente.

En los juicios, la matriz justificó los despidos por la comisión de toda una serie de irregularidades en la contratación que los ejecutivos de la división de defensa desmienten y que fueron detalladas ampliamente por El Periódico de España. infoLibre intentó, sin éxito, ponerse en contacto con los directivos despedidos cuando la empresa apareció en el curso de una investigación diferente en la que se mencionaban unos contratos con Emiratos Árabes Unidos. Este periódico también ha preguntado a Everis/NTT Data si finalmente ha cerrado la división de defensa, pero no ha obtenido una respuesta. En el Registro Mercantil sigue figurando como una sociedad activa.

Pese a que compiten por los contratos y por los directivos, Amper y Everis/NTT Data son dos empresas muy diferentes. Tienen en común su origen español, pero mientras Amper sigue siendo de propiedad nacional, Everis pertenece desde hace casi 10 años a una de las mayores multinacionales tecnológicas del mundo, con 150.000 empleados repartidos en todo el mundo y una facturación de 16.000 millones de euros. En España la plantilla suma 17.000 personas, según consta en su propia página web. Amper, en cambio, es más pequeña –tiene 3.400 empleados–, cotiza en la Bolsa española y ganó 1,3 millones de euros en 2022, tras ingresar 337,5 millones. Un beneficio que ha sufrido un fuerte recorte desde los 21,7 millones de 2019. Su plan estratégico para los próximos tres años prevé duplicar la cifra de negocio hasta los 1.008 millones de euros en 2026.

El volumen de contratación de Amper y Everis/NTT Data con las administraciones públicas es enorme. Según el barómetro de la consultora Adjudicaciones TIC, la empresa de Eduardo Serra es en este sector la cuarta adjudicataria de la Administración en 2022, con 254,14 millones de euros repartidos en 110 contratos tecnológicos. Por delante, aparecen únicamente Telefónica, Indra e Inetum. Tal y como puede comprobarse en la Plataforma de Contratación del Estado, sólo relacionados con Defensa e Interior, Everis/NTT Data ha conseguido una veintena de contratos desde 2020, por un importe que supera los 13 millones de euros. Una buena parte de esa cartera son sistemas para el control de fronteras para el Ministerio del Interior, pero también suministra numerosos equipos a Isdefe, la consultora pública de defensa.

Además, la empresa de Serra consiguió en 2020 un contrato de 10,4 millones de euros para digitalizar la agencia de comunicaciones de la OTAN. De los de mayor importe fuera del sector de la defensa destaca el contrato de 10,99 millones que le adjudicó Red.es, el organismo público encargado de la Agenda Digital, para digitalizar las pymes.

Aunque ese protagonismo también tiene su lado turbio. En 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a Everis, junto a otras 10 grandes tecnológicas –entre ellas IBM, Accenture, Indra, Atos y Next– por repartirse el mercado de las administraciones públicas durante nada menos que 15 años. Según el organismo regulador, las empresas pactaban precios y condiciones comerciales e intercambiaban entre ellas información sensible. La multa para Everis ascendió a 800.000 euros; en total, 29,9 millones para las 11 compañías. La Audiencia Nacional acaba de confirmar las sanciones hace sólo unos días, aunque todavía pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, Amper supera los 85 millones de euros en adjudicaciones públicas desde 2020. De ellas, casi nueve millones son contratos relacionados con la defensa. Pero la parte del león, de los contratos y de su cartera de pedidos, son los acuerdos que ha firmado con Navantia. Cuatro de esos contratos, adjudicados en 2021 y 2022, son suministros de todo tipo para las fragatas de la serie F-110 que el astillero público construye para la Armada española. En total, 20 millones de euros. En todo caso, los dos más voluminosos suscritos con Navantia son los que permitirán a Amper construir parte de las estructuras eólicas marinas que se instalarán luego en dos parques franceses: Saint Brieuc, en Bretaña, y Le Tréport, en Normandía. El primer contrato, concedido en 2020, tiene un importe de 100,7 millones de euros. El segundo, del pasado mes de junio, ha sido anunciado por Amper como el mayor jamás conseguido por la empresa de Morenés, con un valor superior a los 100 millones, pero sin precisar la cifra exacta. En total, más de 220 millones de euros.

Pedro Morenés, que precisamente comenzó su carrera profesional en Astilleros Españoles, como se llamaba entonces el constructor naval público, y después fue director comercial de la División de Construcción Naval del INI –la antigua SEPI–, tuvo una polémica relación con Navantia mientras fue ministro de Defensa.

En 2018, la oposición en el Parlamento gallego le acusó de “corrupción institucional” por haber forzado un retraso de dos años en la construcción de las fragatas F-110 para adaptarlas a los misiles que fabrica MBDA, la empresa europea de la que fue presidente en España hasta su llegada al ministerio. Navantia consideraba que el sistema de misiles debía seguir siendo el que ya le había suministrado antes la estadounidense Raytheon, pero Defensa impuso como opción prioritaria el que vendía MBDA, según publicó eldiario.es. La insistencia de la Dirección General de Armamento, bajo control de Morenés, incluso provocó un enfrentamiento con la cúpula de la Armada que bloqueó durante dos años la elaboración del proyecto técnico necesario para comenzar a construir las fragatas en el astillero de Navantia en Ferrol.

Morenés tuvo otro pinchazo, que además compartió con Serra: Arabia Saudí. No en vano el régimen de Riad es el mayor comprador de armas de la industria española. NTGS, filial de la empresa de Eduardo Serra, vendió los morteros Alakran a Arabia Saudí en 2018, que fueron usados en la guerra de Yemen pese a la prohibición internacional de suministrar armamento a los países en conflicto. Morenés, en este caso en su calidad de ministro de Defensa, vendió en 2015 a Arabia Saudí 400 bombas del stock del Ejército del Aire, que éste tuvo que volver a comprar para completar su arsenal. “Son bombas que no sobraban”, explicó la ministra Margarita Robles cuando se hizo cargo de Defensa tres años después.

La industria de la defensa se ha convertido en uno de los sectores donde más se recurre a las puertas giratorias. De hecho, Pedro Morenés no es el único ex alto cargo que se sienta en el consejo de Amper. También la ex secretaria de Estado de Comercio y expresidenta del ICEX María Luis Poncela figura como consejera independiente desde mayo de 2021. Pilar Platero, expresidenta de la SEPI, la acompaña desde marzo de ese año.

En el consejo de Everis, además de Eduardo Serra, se sientan el exministro de Economía chileno Alejandro Ferreiro y el exconsejero de Economía del Gobierno vasco Pedro Luis Uriarte. Entre 2017 y 2019 también fue consejera la exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia. Antes, de su consejo asesor fueron miembros los expresidentes de México Ernesto Cedillo y de Colombia Álvaro Uribe. Además, el ex segundo jefe de Estado Mayor de la Armada José Luis Urcelay trabajó de asesor de Everis Aeroespacial y Defensa. Finalmente, en la patronal tecnológica DigitalES que preside Eduardo Serra, ejerce como director general Víctor Calvo-Sotelo, quien fue secretario de Estado de Telecomunicaciones.

A la vista del abultado currículo profesional de Eduardo Serra, el paso por la Administración pública le ha resultado muy rentable. Tras su primer paso por la Secretaría de Estado de Defensa entre 1984 y 1987, fue nombrado presidente de Telettra Española (1988-1991, Cubiertas MZOV (1989-995), Peugeot-Talbot España (1992-1996) y Airtel (1994-1996). Entre 1996 y 2000 fue ministro de Defensa y, al dejar el Gobierno, presidió UBS España hasta 2006. Desde 2005, cuando se le puso al frente de la Fundación Everis, ha permanecido en esa tecnológica, pero al mismo tiempo, ha sido consejero de Deutsche Bank (2015-2017), consejero de PharMamar (desde 2021 hasta hoy) y de la gallega Ecoener –junto con la exministra de Exteriores Ana Palacio y la exconselleira de Facenda y ex secretaria de Estado de Presupuestos Marta Fernández Currás–, además de presidir la Fundación Ortega-Marañón, la Fundación Transforma España y la Fundación España Constitucional. Como se ha dicho más arriba, es presidente de la patronal DigitalES, pero también de la Asociación Española del Análisis de Valor (AEV) y lo fue del consejo del periódico digital El Independiente. Además, tiene su propia consultora, Eduardo Serra y Asociados. La lista de cargos es abrumadora, pero no exhaustiva.

Las pesquisas sobre la segunda supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante los momentos más duros de la pandemia continúan a pesar de los obstáculos. El juez que instruye el llamado caso Sinclair, en el que se investiga la compra por parte del Ayuntamiento de Madrid a una consultora de medio millón de mascarillas, ha decidido solicitar a Estados Unidos información sobre la cuenta bancaria en la que el consistorio de la capital hizo el pago por unos cubrebocas que nunca pudieron llegar a utilizarse. El movimiento se produce apenas dos meses después de que las autoridades de Reino Unido informasen a la justicia española de que no habían sido capaces de localizar en su territorio al principal investigado en la causa: el desaparecido empresario franco-israelí Philippe Solomon.

La existencia de esta segunda supuesta estafa al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso Mascarillas, por el que están procesados el aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño. Y se centra en un contrato para la adquisición de cubrebocas que fue adjudicado el 23 de marzo de 2020 a la consultora estadounidense Sinclar&Wilde LTD por 2,5 millones de euros, un precio unitario de unos cinco euros. En la operación, además, medió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría–, que logró entrar en contacto con el consistorio a través del concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita.

Tras un primer intento infructuoso por localizar al escurridizo empresario investigado por estafa a través de las autoridades británicas, el juez Jorge Israel Bartolomé ha decidido mover ficha de nuevo, manteniendo así vivo el caso. En un auto fechado el pasado viernes, al que ha tenido acceso infoLibre, el instructor ha acordado cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos con la que, entre otras cosas, pretende seguir el rastro del dinero. En concreto, pide conocer la titularidad de la cuenta del Bank of América en la que el consistorio de la capital hizo los pagos, así como la identidad de las personas autorizadas y los movimientos de dinero que se produjeron en la misma entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.

Pero no solo eso. El juez también solicita a las autoridades americanas el bloqueo de la cuenta y, si es posible, el embargo del saldo hasta cubrir los 2,5 millones de euros que abonó el Ayuntamiento de Madrid a través de dos transferencias –1,25 millones en cuanto se adjudicó el contrato y otros 1,25 millones en el momento en el que la mercancía se encontraba ya embarcada en el avión–. "El objetivo de dicha solicitud debe ser permitir el seguimiento del rastro del dinero, la identificación de sus beneficiarios, y en su caso la posible adopción de medidas que permitan la recuperación del dinero defraudado", expone el instructor en su auto.

La solicitud de asistencia judicial incluye, así mismo, una segunda petición: que se hagan las gestiones necesarias para localizar al empresario investigado por estafa y se le cite para declarar ante el juez el 21 de diciembre. "En caso de incomparecencia injustificada la orden de citación podrá convertirse en orden de detención nacional o internacional", avisa Bartolomé. No es casual que el instructor de la causa busque a Solomon en EEUU. Al fin y al cabo, la dirección de contacto que el empresario facilitó a las autoridades municipales durante la operación de compraventa de mascarillas se correspondía con un edificio ubicado en pleno barrio neoyorquino de Chinatown.

Es la segunda vez que el titular del Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid solicita ayuda a las autoridades de otro país para intentar dar con Solomon. Ya lo hizo a finales del pasado año, cuando cursó una comisión rogatoria a Reino Unido. Un paso que dio en base a los nuevos datos que la Policía Municipal de Madrid había recibido pocos meses antes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, una información que situaba en Inglaterra la residencia y el registro de la compañía del empresario franco-israelí. Sin embargo, las labores de búsqueda por parte de las autoridades británicas no dieron resultado.

La imposibilidad de localizar al empresario siempre ha sido el gran obstáculo alrededor de este caso. De hecho, la causa se llegó a archivar en su día "ante la insuficiencia de datos sobre la identidad y paradero" del consultor. Y así estuvo durante casi un año, hasta que la información facilitada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional americana dio al juez nuevos hilos de los que tirar. Además de señalar hacia Londres, las autoridades estadounidenses también trasladaron que Philippe Haim Solomon utiliza habitualmente el nombre de Philippe Victor Chain Hababou y cuenta con hasta tres pasaportes diferentes: de Israel, de Francia y de Guinea Bissau.

El pasado de este consultor está repleto de oscuros episodios. En diciembre de 1998, por ejemplo, fue detenido por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional por blanqueo de capitales y robo de cheques, siendo extraditado a Francia. Hoy, tres décadas después, es un tipo bien posicionado. En alguna fotografía aparece, por ejemplo, junto al actual presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalo. Buenas conexiones de las que también hace gala Sinclair&Wilde. Hace solo unos meses, antes de introducir cambios en su página web, la compañía decía tener una "red inigualable" de "socios" que incluía a "jefes de Estado" y "altos responsables en la toma de decisiones". Entre los clientes de los que presumía: Chad, Sudáfrica, Guinea-Bisáu, Congo, Ghana, Qatar o Indonesia.

Desde que se reabrió el procedimiento, el juez ha practicado diferentes diligencias de investigación. Así, por ejemplo, ha recopilado todas las comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid relacionadas con la operación de compraventa que se encuentra bajo la lupa. En el sumario, constan los mensajes de teléfono que la entonces responsable de compras del consistorio, Elena Collado, intercambió con Solomon durante casi cuatro meses, una larga conversación en la que se refleja desde la alegría de las autoridades locales por la recepción de las mascarillas a la preocupación tras sentirse engañados. "Cuando vengas a Madrid nos vamos a comer a la plaza mayor. O a algún sitio bonito que te pueda enseñar", le llega a escribir Collado al empresario.

El juez también ha tomado declaración a Araceli Vida, la abogada y economista detrás de Aifos Servicios Legales y Consultoría, una firma que, según la documentación que consta en el sumario, acompañó al consistorio en el proceso de compraventa. Durante su comparecencia, según fuentes jurídicas presentes en la misma, se identificó como "mera transmisora de documentación", aseguró no haber cobrado comisión alguna y señaló que Sinclair&Wilde le "mereció confianza" por ser una empresa "posicionada en el comercio internacional". Además, explicó que "todos los correos electrónicos de su cuenta" se habían borrado "accidentalmente".

Semanas antes de la reapertura del caso, infoLibre consiguió localizar al consultor y hablar con él. Solomon defendió la legalidad de la transacción. "Si existía algún problema, entonces las mascarillas no hubieran podido entrar en España y yo habría recibido una queja oficial sobre su calidad", apuntó a este diario, al tiempo que aseguró que alrededor de la operación hubo "muchos intermediarios implicados". "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema", sostuvo, al tiempo que resaltó que nadie del consistorio de la capital le había enviado una "carta oficial" con una reclamación concreta por unas mascarillas que resultaron inservibles. Según se desprende de las pesquisas, no reunían los requisitos técnicos ni de la normativa española ni de la europea.

La causa sobre la segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante los momentos más duros de la pandemia entra de nuevo en punto muerto. El titular del Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid, Jorge Israel Bartolomé, se ha visto obligado a suspender la toma de declaración del empresario franco-israelí Philippe Solomon después del infructuoso intento de dar con él. La imposibilidad de localizar al consultor aboca al procedimiento a un futuro incierto. El hecho de que el único investigado en el caso se encuentre en paradero desconocido complica, y mucho, la continuidad de una causa que ya fue archivada en su momento por la falta de información sobre el intermediario de esta operación.

La existencia de esta segunda supuesta estafa al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso Mascarillas, por el que están procesados el aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño. Y se centra en un contrato para la adquisición de medio millón de cubrebocas que fue adjudicado el 23 de marzo de 2020 a la consultora estadounidense Sinclar&Wilde por 2,5 millones de euros, una operación en la que medió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría– que logró entrar en contacto con el consistorio a través del concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita. Unas mascarillas que nunca pudieron utilizarse porque no se ajustaban ni a los requisitos técnicos ni a la normativa española o europea.

El juez instructor del caso acordó a mediados de noviembre cursar una comisión rogatoria a las autoridades del Reino Unido, donde se supone que Solomon tiene su residencia, a fin de que llevasen a cabo gestiones orientadas a su localización y posterior citación para su comparecencia en el juzgado madrileño. La intención era que el consultor franco-israelí investigado por estafa prestase declaración a finales de mayo. Sin embargo, no será finalmente así. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid consultadas por infoLibre confirman que el juez ha tenido que cancelar la comparecencia después de que las autoridades británicas le comunicasen que no habían sido capaces de localizar al empresario que se encuentra tras la firma Sinclair&Wilde.

La información que sitúa a Solomon en Reino Unido llegó a manos del juez instructor hace poco más de un año a través de un atestado elaborado por la Policía Municipal de Madrid. Aquel documento, elaborado en base a los datos facilitados por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, recogía que el empresario tenía su residencia y el registro de su compañía en Inglaterra. Y que las últimas noticias que se tenían sobre él eran que en el otoño de 2018 había viajado con dos personas, una francesa y otra estadounidense, en un vuelo privado que partió desde el aeropuerto londinense de Standsted y tenía como destino Marrakech.

Algunas voces jurídicas que forman parte de esta causa se muestran preocupadas ante la imposibilidad de localizar al consultor. Principalmente, porque de ello depende la continuidad o el archivo de las actuaciones sobre la segunda gran estafa al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. "Esto tiene malas perspectivas. Sin la presencia de Solomon esto deja de tener recorrido", explica uno de los abogados consultados por este diario. De hecho, la "insuficiencia de datos sobre la identidad y paradero" de Solomon ya llevó al juez instructor de la causa a decretar su sobreseimiento provisional en julio de 2021. Y cerrada estuvo durante casi un año, hasta que las autoridades americanas facilitaron nuevos hilos –los que se incluían en el atestado policial– de los que poder tirar.

Desde que se reabrió el procedimiento, el juez ha practicado diferentes diligencias de investigación. Así, por ejemplo, ha recopilado todas las comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid relacionadas con la operación de compraventa que se encuentra bajo la lupa. En el sumario, constan los mensajes de teléfono que la entonces responsable de compras del consistorio de la capital, Elena Collado, intercambió con el propio Solomon durante casi cuatro meses, una larga conversación en la que se refleja desde la alegría de las autoridades locales por la recepción de las mascarillas a la preocupación tras sentirse engañados. "Cuando vengas a Madrid nos vamos a comer a la plaza mayor. O a algún sitio bonito que te pueda enseñar", le llega a escribir Collado a Solomon.

La investigación también sacó a la luz decenas de correos electrónicos que muestran, entre otras cosas, cómo Araceli Vida, administradora única de la firma Aifos Servicios Legales y Consultoría, acompañó al consistorio en todo el proceso. La abogada y economista prestó declaración como testigo ante el juez el pasado mes de diciembre. Durante su comparecencia, según fuentes jurídicas presentes en la misma, se identificó como "mera transmisora de documentación", aseguró no haber cobrado comisión y señaló que Sinclair le "mereció confianza" por ser una empresa "posicionada en el comercio internacional". Además, explicó que "todos los correos electrónicos de su cuenta" se habían borrado "accidentalmente".

Semanas antes de que el juez Jorge Israel Bartolomé reabriera el caso, infoLibre consiguió localizar al consultor y hablar con él. Solomon defendió en todo momento la legalidad de la transacción. "Si existía algún problema, entonces las mascarillas no hubieran podido entrar en España y yo habría recibido una queja oficial sobre su calidad", apuntó a este diario, al tiempo que aseguró que alrededor de la operación hubo "muchos intermediarios implicados". "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema", sostuvo el empresario, al tiempo que afirmó que no se encontraba "escondido" y resaltó que nadie del consistorio de la capital le había enviado una "carta oficial" con una reclamación concreta por las mascarillas.

Alrededor de este consultor nacido a mediados de los cincuenta hay varias identidades y nacionalidades. Según la información facilitada en su momento por las autoridades nortamericanas, Philippe Haim Solomon utiliza habitualmente otro nombre: Philippe Victor Chain Hababou. Y cuenta con hasta tres pasaportes: de Israel, de Francia y de Guinea Bissau. Su pasado, además, está repleto de oscuros episodios. A finales de los noventa, por ejemplo, fue detenido por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos por blanqueo de capitales y robo de cheques, siendo extraditado a Francia. Antes de aquello, según publicó The New York Times, este empresario ya había pisado la cárcel en suelo galo.

Ahora, tres décadas después, Solomon es un personaje muy bien posicionado en algunos países de África y Oriente Medio. En enero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, el empresario franco-israelí colgaba en sus redes sociales una fotografía junto a Umaro Sissoco Embalo, presidente de Guinea Bissau, con el siguiente mensaje: "Felicidades a mi hermano, presidente electo". Tanto es el peso que ha llegado a tener en algunos de esos países que incluso se le ha visto reunido con el emir de Qatar o ha tenido tarjetas de visita en las que se presentaba como "consejero especial del presidente de Sudáfrica en los países francófonos".

Quizá de ahí viene el éxito que su consultora tiene con algunos Gobiernos. O, al menos, eso es lo que han vendido. Hace solo unos meses, la firma Sinclair&Wilde aseguraba tener una "red inigualable" de "socios" que incluye a "jefes de Estado" y "altos responsables en la toma de decisiones". Entre los clientes de los que presumía: Chad, Sudáfrica, Guinea-Bisáu, Congo, Ghana, Qatar o Indonesia, de los que decía haber trabajado, en algunos casos, directamente para la Presidencia y, en otros, para algunos de sus ministerios o empresas estatales. Hoy, la página web que usaba la firma de consultoría ha desaparecido. Igual que Solomon, a quien hasta ahora se había situado en un edificio ubicado en las inmediaciones del londinense Hyde Park.

El informe final de la Policía Nacional en el marco del llamado caso mascarillas, centrado en varias compras de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, siembra dudas sobre la existencia de otros comisionistas más allá del empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. Los investigadores dejan caer dicha posibilidad después de analizar todo lo incautado en los registros llevados a cabo en el domicilio y en la compañía del primero de ellos. Una maraña de información entre la que se encuentra un correo electrónico en la que se menciona la existencia de varios comisionistas. El informe fue remitido al juez del caso pocos días después de que éste propusiese enviar a juicio a Medina y Luceño.

El mail sobre el que se asientan las sospechas fue enviado a las 16:55 horas del 21 de julio de 2020. El remitente es Alberto Luceño. El destinatario, el ciudadano singapurense Chan Beng Kay, alias Anthony, a quien la investigación ha situado como el enlace entre los dos comisionistas y la empresa de Malasia a la que el consistorio de la capital compró el material sanitario: Leno Sdn Bhd. Y en copia, "sanchichoon". "Me he reunido con todos los comisionistas de operaciones sanitarias y hemos acordado lo siguiente", arranca el correo de Luceño. Y continúa: "Ayer se transfirieron a mi cuenta bancaria todas las comisiones que han cobrado, por lo que a efectos de investigación no han cobrado comisiones. En unos días llegará el dinero, como si solo lo hubiéramos cobrado Luis y yo".

"Luego, cuando pase la investigación en España, volveré a transferir ese dinero a cada comisionista", prosigue el empresario. El correo electrónico se envió en un momento muy concreto, en el que comenzaba a estrecharse el cerco alrededor de Luceño y Medina. De hecho, sólo dos días después de que se mandara ese mail, la Fiscalía Anticorrupción recibió un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (Sepblac) alertando de posibles delitos de malversación o blanqueo de capitales alrededor de dichas operaciones de compraventa. Aquel documento fue el que dio inicio a las pesquisas del Ministerio Público. Y el que puso los cimientos de lo que luego se conocería como caso mascarillas.

La unidad adscrita a Anticorrupción de la Comisaría General de Policía Judicial expone ese correo electrónico en su totalidad en el informe. Lo hace "dada la relevancia de lo manifestado". Pero a pesar de lo mencionado, los investigadores no han conseguido más hilos de los que tirar. "En el análisis de los efectos no se han logrado ulteriores datos respecto de la existencia de terceros comisionistas, a parte de los investigados en la presente", resaltan en el atestado. El documento policial tiene fecha del pasado 14 de abril. Once días después de que el instructor del caso, el juez Adolfo Carretero, diese por concluida la investigación con el procesamiento de Medina y Luceño. Una decisión que, sin embargo, ha sido recurrida por varias de las acusaciones populares.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con el abogado de Luceño para recabar la versión del empresario. Lo ha hecho tanto a través del despacho en el que desarrolla su actividad como a través del correo electrónico corporativo que utiliza en el bufete. En concreto, se ha preguntado si hubo más comisionistas alrededor de la operación, quiénes eran y a qué investigación hacía referencia el empresario en el mail enviado a Anthony, el nexo de unión con la empresa malaya Leno. A cierre de esta edición, sin embargo, no se ha recibido ninguna respuesta.

No es la primera vez que sale a la palestra la posible existencia de otros comisionistas alrededor de las operaciones de compraventa de material sanitario que se encuentran bajo la lupa judicial. El pasado mes de octubre, elDiario.es publicó un correo electrónico fechado el 20 de abril de 2020 en el que Luceño trasladaba a Medina un cuadro de reparto de comisiones en relación con las operaciones cerradas de mascarillas, test y guantes. En el mismo figuraban, además de los dos comisionistas españoles, la empresa "Leno" y alguien llamado "Lin Shin". "Probablemente el señor Lin Shin fue algún proveedor que en los momentos iniciales de la operación pareciera que iba a participar, sin llegar a hacerlo finalmente", trató de explicar Luceño en un escrito remitido al juez instructor.

La información extraída por la Policía de los distintos dispositivos del empresario permite reconstruir cómo fueron aquellos intensos meses de pandemia para todas las partes relacionadas con el caso. El cruce de mensajes refleja, por ejemplo, los intentos de Luis Medina por cobrar una serie de comisiones que supuestamente se le debían. "Luis exige que le paguen los 900K. Ya ha esperado más de dos meses y entiende la situación, pero desde que hablamos hace mes y medio quiere que se le haga un plan de pagos", traslada Luceño a Anthony. Ocho días más tarde, Medina vuelve a insistir por Whatsapp a su socio español: "Diles que ingresen la semana que viene algo y dos pagos más agosto sept. Mail por escrito. Si no yo, entiéndeme lo voy a tener que reclamar por la vía legal".

En aquel momento, según las conversaciones intervenidas, la firma Leno tenía las cuentas bloqueadas. Y así se lo hace saber Luceño a Medina. Unas semanas antes, el Banco de Malasia había pedido a Leno explicaciones por las altas comisiones cobradas en el marco de estas operaciones. Algo sobre lo que también había puesto la lupa la entidad bancaria MayBank. "Junto con la exposición detallada de las cantidades, se demanda una explicación al hecho de que las comisiones de los agentes españoles supongan el 59,8% y el 70,95% del valor de los productos, respectivamente", recoge el informe de la Policía Nacional. En concreto, el banco malayo centraba el tiro, según le traslada Anthony a Luceño, sobre las mascarillas y las pruebas de coronavirus.

La investigación de la información intervenida también pone de manifiesto que el enlace con Leno y el empresario habrían estado analizando posibles alternativas para lograr que al aristócrata se le ingresara lo que se le debía. "Sobre el dinero de Luis 'que se confisque' o 'no se confisque', depende del resultado de la investigación. Yo personalmente prefiero ir por el método de la puerta trasera mediante el pago de algo de dinero para luego liberar todo el dinero", señala Anthony. "Respecto al dinero de Luis, ¿cuánto dinero habría que dejar por la puerta de atrás? ¿Y cuándo podríamos pagar a Luis?", le pregunta Luceño horas más tarde.

Para los investigadores, dicho "método" de la puerta de atrás no sería otro que "pagar una cantidad indeterminada de dinero a las entidades públicas o privadas, competentes para la cancelación del expediente que mantendría el capital inmovilizado para que el mismo se libere y se pueda transferir".

El informe de la Policía también pone de manifiesto que los dos comisionistas españoles eran perfectamente conscientes de la "elevadísima cuantía" de las comisiones a percibir. Se apoyan, sobre todo, en un audio que Medina envía a Luceño el 14 de julio, una semana antes del correo en el que el segundo deja caer la existencia de más comisionistas. En el mismo, el aristócrata sugiere a su colega que hagan los Imfpa –un tipo de contrato que se utiliza en el comercio internacional para proteger las comisiones de los intermediarios– separados para que sus bancos no vean que los beneficios son tan elevados y evitar así una investigación por blanqueo de capitales.

"¿No crees que es mejor que las IMFPA'S las hagamos separadas de cara a aquí a nuestros bancos de cada uno para que no vean, que sabes que el beneficio tuyo y mío es tan grande, sabes? No es lo mismo que de un test que vende 17 que el banco crea que el beneficio son 3,6, que es lo que me llevo yo, a que vea que es 3,6 mío y 3,6 tuyo que van a decir ostia, pero que tipo de pelotazo es este, ¿sabes? Y que ahí entran los de blanqueo de capitales a mirar a investigar", expone Medina. Algo que Luceño ve con buenos ojos, según el informe policial: "Toda la razón".

Al final, detalla la Policía, entre la documentación aportada por ambos comisionistas a sus entidades bancarias "se entregan IMFPAs en el que figuran ambos agentes, y a mayores de ello, Alberto Luceño entregaría otros en los que figuran más comisiones cobradas por él mismo en exclusiva".

En ese tira y afloja para que se abone a Medina la cantidad que supuestamente se le debía, Luceño llega a presentar a su socio en este negocio primero como una persona "importante en el Gobierno de España" y después, directamente, como miembro del Ejecutivo nacional. "Necesito que realices el pago de manera responsable, profesional, honorable y urgente al miembro del Gobierno, Luis, de los 375.000 dólares que te corresponden. (...) Piensa cómo te sentirías si le debieras dinero a tu gobierno", señala en una misiva que hace llegar a Anthony. Es 14 de octubre de 2021. Y en ese momento tanto Medina como Luceño son plenamente conscientes de que Anticorrupción les está investigando. De hecho, ambos han prestado ya declaración ante el fiscal del caso.

Tras casi un año de investigación, el instructor de la causa decidió a comienzos de mes procesar a los dos comisionistas. A ambos, les ha atribuido estafa agravada y falsedad en documento mercantil. Pero sobre la cabeza de Luceño también coloca un delito fiscal y otro de falsedad en documento público. Este último se apoya, fundamentalmente, en la localización en los registros de documentación "con diversas versiones o modificaciones" en unos casos o con "elementos discordantes o faltos de realidad" en otros. Entre los efectos intervenidos, copias con la apariencia de carnets del Centro Nacional de Inteligencia, del Departamento de Seguridad Nacional, del Ejército de Tierra o de miembro honorario del Cuerpo Nacional de Policía. Todos con la fotografía de Luceño.

En cuanto al delito fiscal, el juez expone que Luceño no declaró las comisiones percibidas en el IRPF de 2020, sino que lo hizo "mediante su inclusión" en el Impuesto de Sociedades de su empresa Tamaka Invest, que ni siquiera estaba constituida en el momento en el que se prestaron los servicios o se cobraron las comisiones. El objetivo, recoge el auto judicial, era "beneficiarse" del tipo inferior de Sociedades. En total, siempre según la investigación, Luceño habría dejado de pagar al fisco 1,35 millones.

La crisis del coronavirus obligó a las autoridades a trabajar a contrarreloj. Y lo hizo tanto a nivel normativo como a la hora de comprar material, contratar servicios o levantar nuevas infraestructuras desde los cimientos. De ahí que en cuestión de pocas semanas se normalizase el uso de una fórmula excepcional en el ámbito de la contratación pública: la vía de emergencia. Una palanca de la que siguen tirando, tres años después del estallido de la pandemia, algunas administraciones públicas en casos que se alejan de las circunstancias especiales que la ley reserva para esta fórmula. Todo ello, a pesar de los continuos avisos que los organismos fiscalizadores han hecho sobre el abuso de esta vía de contratación.

La Ley de Contratos del Sector Público contempla la tramitación de emergencia para aquellos casos en los que la Administración tiene que "actuar de manera inmediata" como consecuencia de "acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional". Y se limita a esos supuestos porque dicha fórmula lleva aparejada una rebaja de las exigencias en el procedimiento. Sin necesidad de tramitar un expediente, el órgano de contratación "ordenar la ejecución de los necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida" o "contratar libremente su objeto" sin sujetarse a los requisitos formales establecidos. En definitiva, puede adjudicar directamente, a dedo.

Esta fue la fórmula que permitió a la Comunidad de Madrid poner en marcha de inmediato la construcción del proyecto estrella de Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria durante la pandemia: el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Y por la vía de emergencia se adjudicaron también los distintos servicios vinculados a este centro sanitario: lavandería, limpieza, alimentación, seguridad, mantenimiento... El azote permanente del virus podía justificar en aquel momento el uso de ese mecanismo de contratación para que el Zendal, que acabó costando el triple de lo presupuestado, pudiese echar a andar con rapidez. Ahora bien, antes o después tendrían que preparar un concurso público con competencia para todos esos servicios.

El problema es que el Gobierno regional se dedicó una y otra vez a renovar por la vía de la emergencia la realización de estas labores. Y lo hizo hasta hace no mucho. La pasada Nochebuena, el Ejecutivo madrileño adjudicó por más de medio millón de euros el mantenimiento del centro hospitalario a Serveo, la nueva marca de Ferrovial Servicios, que se ha hecho cargo de estas labores desde que el Zendal empezó a funcionar. Un encargo a dedo que puede ser el último. El pasado mes de febrero, tres años después del comienzo de la crisis sanitaria, la Administración autonómica puso ya por fin en marcha el procedimiento para la contratación por la vía ordinaria de este servicio en las instalaciones sanitarias.

El Ejecutivo madrileño también ha recurrido en los últimos meses a la vía de emergencia para poner en marcha un servicio de información y atención telefónica a la población ucraniana. "Estas actuaciones no pueden ser atendidas con los recursos propios de la Administración y requieren la contratación de servicios externos", se recoge en la orden por la que se adjudican estas labores a Ilunión Contact Center. Un documento en el que se justifica la tramitación por la vía de emergencia de la siguiente manera: "La situación actual se encuentra encuadrada en un acontecimiento catastrófico como es la actual crisis humanitaria derivada de la guerra de Ucrania". Para cuando se tomó dicha decisión, el conflicto en suelo ucraniano llevaba ya nueve meses activo.

La falta de recursos también obligó a la Xunta de Galicia a tirar de la vía de emergencia para contratar un servicio de asistencia jurídica. Todo se remonta al pasado mes de octubre, cuando entró en vigor la prohibición europea de pescar con artes de fondo en decenas de zonas del Atlántico Nororiental, lo que afecta a la flota pesquera gallega. Semanas después, la Administración gallega decidió participar como parte coadyuvante en los recursos de anulación interpuestos por el sector pesquero contra la resolución comunitaria. El problema es que la Asesoría Jurídica comunicó que no podía prestar esa asistencia jurídica en este caso por la insuficiencia de medios. De ahí que a comienzos de año la Xunta decidiese adjudicar estas labores al bufete de abogados Garrigues recurriendo a la emergencia.

La utilización de esta fórmula excepcional provocó hace un par de semanas un enorme revuelo político en Andalucía. En el centro de la disputa, una serie de contratos con clínicas privadas que se aprobaron por la vía de emergencia para dar una respuesta temporal a la crisis sanitaria y que, como consecuencia de las sucesivas prórrogas, aún siguen vigentes en la actualidad. Lo que en un principio iban a ser 70 millones, ahora son algo más de 242 millones, más del triple. Toda esta contratación ha generado una enorme controversia jurídica. Principalmente, según desveló elDiario.es, porque al menos 117 de esos millones fueron adjudicados amparándose, en parte, en un real decreto que lleva derogado desde mayo de 2021.

La vía de la emergencia también ha estado presente en los últimos compases de 2022 en la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias. Se utilizó para arreglar desprendimientos en carreteras, arreglar diques, hacer obras de protección frente a desprendimientos de piedras, instalar sistemas de auscultación de taludes o refuerzos de la señalización. Pero también para montar un nuevo cable de tractor en el funicular de Bulnes. Este contrato fue adjudicado por la vía de emergencia el pasado mes de noviembre por 69.863 euros después de solicitar ofertas a cuatro empresas distintas, si bien la Administración regional era consciente a raíz de las últimas inspecciones anuales de que el cable metálico que tira de los vagones estaba cada vez más deteriorado.

Los Gobiernos autonómicos no son los únicos que siguen utilizando este procedimiento de tramitación excepcional. También lo hace el Ejecutivo central. El pasado mes de enero, por ejemplo, pasaron por el Consejo de Ministros dos acuerdos relativos a contratos de emergencia para la reparación de un sistema de extinción de incendios en la Dirección General de Tráfico y para la adquisición de diferentes prendas de uniformidad reglamentaria destinadas al personal de la Policía Nacional. Este último, valorado en 1,1 millones de euros, fue adjudicado en su mayor parte a El Corte Inglés, quitando la parte relativa a los pantalones de uniforme de trabajo, un lote con el que se hizo Vestilab Clean.

Pocos días después, se adjudicó por el procedimiento de emergencia a Pharma Prospect un contrato de 417.784 euros para el suministro y distribución de manuales de miembros de mesa e impresos electorales con motivo de las elecciones del 28M. En este caso, el Gobierno central decidió pulsar el botón rojo ante la "ausencia de ofertas" en el contrato basado del acuerdo marco formalizado para este tipo de suministros, un "acontecimiento imprevisible". "Dado que ningún procedimiento de licitación abierta podría adjudicarse con la suficiente agilidad para cumplir los plazos de ejecución del contrato, se consideró imprescindible realizar la contratación por la vía de emergencia", recoge la resolución del Ministerio del Interior.

Continúan los problemas judiciales para Nasser al-Khelaïfi. Según la información de Mediapart, socio editorial de infoLibre, su ex mayordomo, Hicham Karmoussi, presentó el jueves una denuncia por "trabajo no declarado" contra el patrón catarí del PSG y la cadena BeIN Sports. Por lógica, debería añadirse a la investigación preliminar, también por "trabajo no declarado", abierta el 16 de enero por la fiscalía de París, tras una primera denuncia presentada por Hicham Bouajila, otro ex empleado de Nasser al-Khelaïfi, tal y como reveló el diario L'Équipe.

Ambas denuncias y los documentos que las sustentan, consultados por Mediapart, revelan hechos sorprendentemente parecidos. Aunque trabajaban para el patrón del PSG en París, Hicham Karmoussi e Hicham Bouajila fueron contratados como entrenadores de tenis, con contratos de trabajo cataríes, por la Smash Academy de Doha, creada a principios de los años 2000 por Nasser al-Khelaïfi. Él mismo fue tenista profesional antes de convertirse en uno de los hombres más poderosos del fútbol mundial.

Los dos demandantes denuncian una práctica destinada a mantenerlos bajo control y privarlos de sus derechos, que recuerda a la kafala, la ley catarí, oficialmente abolida antes del Mundial de 2022, que somete a los trabajadores extranjeros al dominio de su empleador. 

También afirman que no fueron los únicos en este caso. En su denuncia, el ex mayordomo Hicham Karmoussi asegura que el patrón del PSG había empleado a cuatro "criadas filipinas que trabajaban ilegalmente en territorio francés". El entorno de Nasser al-Khelaïfi lo niega categóricamente.

Hicham Bouajila declaró a Le Monde que otros allegados de Nasser al-Khelaïfi tenían "contratos clandestinos": "De lo que se trataba era de tener una forma de legalidad. Estábamos obligados a tener este tipo de contrato. Muchos cobraban en Catar o con contratos BeIN".

Contactado por Mediapart, Nasser al-Khelaïfi niega, en una declaración escrita, las "mentiras" de los denunciantes e indica que "la justicia hará su trabajo".

El último denunciante, Hicham Karmoussi, ya había contado su situación a Mediapart. Este ex tenista marroquí de 47 años se convirtió en 2005 en empleado de la Smash Academy y en entrenador particular de tenis del actual Emir de Catar, Tamim al-Thani. Según su relato, en 2008 se convirtió en asistente personal de Nasser al-Khelaïfi. Cuando este se trasladó a París tras la adquisición del PSG en 2011, Hicham Karmoussi le acompañó, y vivió durante nueve años con su jefe en un amplio piso del distrito XVI de París. 

Pero siguió cobrando de la escuela de tenis catarí. En un certificado de trabajo para obtener un visado, Nasser al-Khelaïfi certificó por escrito, en mayo de 2018, que Hicham Karmoussi estaba contratado como entrenador de tenis por la Smash Academy de Doha, aunque realmente trabajaba como mayordomo en París (ver documento).

Desde su llegada a Francia en 2011, Hicham Karmoussi solo tenía un visado temporal que debía renovar regularmente al salir del territorio, y que "no le permitía trabajar en Francia", escribe su abogado, Antoine Ory. "Nasser hacía esto para asegurarse mi fidelidad. Es inteligente, me tenía gracias a los visados, no quería que fuera libre y tuviera mis derechos", nos cuenta Hicham Karmoussi.

En 2018, el mayordomo fue detenido dos veces en el aeropuerto, en Marsella y luego en París, porque su visado había caducado. Incluso se le ordenó abandonar el país. Después de esos incidentes Nasser al-Khelaïfi no tuvo más remedio que hacerle un contrato de trabajo francés con BeIN Sports, mientras continuaba pagándole parte de su salario a través de la Smash Academy.

Hicham Karmoussi afirma que, debido a esta situación, se ha visto obligado a realizar algunos encargos muy especiales. El mayordomo dice que cuando la amante de Nasser al-Khelaïfi fue hospitalizada, él tuvo que acompañarla en el hospital en lugar de su jefe, que quería mantener la discreción.

También afirma haber "limpiado" el piso de Nasser al-Khelaïfi en 2017, recuperando y destruyendo, por orden suya, documentos que podrían haber sido de interés para los magistrados franceses y suizos que investigan las sospechas de corrupción vinculadas a la adjudicación del Mundial. Guardó algunos documentos y luego se los pasó a dos personas de confianza, lo que condujo, tras vericuetos dignos de una película de espías, a su destitución en 2020 (leer aquí).

Nasser al-Khelaïfi no ha querido responder a los hechos concretos relatados por Hicham Karmoussi.

Hicham Bouajila, el hombre que presentó la primera denuncia por "trabajo no declarado" en diciembre, es un empresario tunecino de 47 años. Su nombre salió a la luz el verano pasado por su intento fallido de orquestar la adquisición del Olympique de Marsella por un inversor emiratí. 

Varios documentos y testimonios demuestran que fue uno de los asesores de Nasser al-Khelaïfi. Hicham Bouajila afirma haberle ayudado a partir de 2011 con su traslado a París y haber realizado posteriormente varias "misiones", relativas al "reclutamiento deportivo", pero también "de carácter político".

El entorno del patrón del PSG lo niega y afirma que Hicham Bouajila nunca ha trabajado "ni para BeIN, ni para el PSG, ni para Nasser-al-Khelaïfi".

El empresario tunecino afirma en su denuncia haber ayudado al club con el regreso de los hinchas ultras al Parque de los Príncipes, sobre el conflicto con el jugador Adrien Rabiot, y también haber participado en la creación de una Asociación de Amigos de Catar en Francia en 2017, a raíz del bloqueo del emirato decretado por una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. El entorno de Nasser al-Khelaifi responde que nunca estuvo implicado en estos asuntos.

En 2015, según su relato, Nasser al-Khelaïfi le hizo firmar un contrato de trabajo con la Smash Academy, que ya empleaba a su mayordomo. El documento, que hemos podido ver, afirma que Hicham Bouajila tiene un contrato indefinido como profesor de tenis en Doha, por un salario de 30.000 riyales al mes (7.680 euros actuales). "Puro artificio. Hicham Bouajila nunca ha practicado el tenis y nunca tuvo intención, en esas condiciones, de convertirse en entrenador de ese deporte", escribe su abogado, Bertrand Repolt, en la denuncia.

Nasser al-Khelaïfi aparece personalmente implicado. En 2016, como "presidente" de la Smash Academy, firmó un certificado de trabajo para Hicham Bouajila con el fin de obtener un visado para él, que es estrictamente idéntico al que firmó dos años más tarde para su mayordomo.

Hicham Bouajila afirma que fue despedido por Nasser al-Khelaïfi en 2018, a raíz de un "grave accidente de tráfico" que sufrió en Túnez. Afirma que su salario solo se le pagaba "esporádicamente", que el jefe del PSG no le pagó "remuneraciones complementarias que se le habían prometido" y que no le reembolsó los gastos de su misión.

En una respuesta escrita a Mediapart, el jefe del PSG se mostró muy duro con los dos denunciantes, a los que calificó de "delincuentes profesionales" que intentaban "manipular a los medios de comunicación": "Me sorprende que tanta gente considere creíbles sus mentiras y contradicciones, pero así son los medios de comunicación hoy en día. La Justicia hará su trabajo".

"Esas acusaciones son grotescas y reflejan ciertamente el acorralamiento por su parte cuyos métodos quedan ahora al descubierto", responde el abogado de Hicham Karmoussi, Antoine Ory. Contactado por Mediapart, Hicham Bouajila dice que "los criminales son los que torturan psicológica y físicamente a las personas". Se anuncia una dura batalla entre Nasser al-Khelaïfi y sus ex empleados.

Traducción de Miguel López

El caso que desembocó en una de las mayores crisis internas en el PP y que provocó la muerte política de Pablo Casado se cierra definitivamente en el ámbito penal. La Fiscalía Europea ha dado carpetazo a la última línea de investigación que todavía quedaba abierta sobre el contrato sanitario adjudicado por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid del que se benefició económicamente el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en los momentos más duros de la pandemia. El órgano independiente de la Unión Europea no considera "desproporcionado" el precio abonado por las mascarillas en función de su calidad. Unos cubrebocas por los que la administración autonómica pagó prácticamente el triple de lo que había costado el material a la empresa adjudicataria.

Los hechos se remontan a abril de 2020. Con un país totalmente paralizado por la crisis sanitaria, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó por la vía de emergencia –es decir, a dedo– a la compañía Priviet Sportive SL, dedicada al negocio textil y ganadero, un contrato para la compra de medio millón de mascarillas FFP2. Nadie prestó entonces atención a aquella adjudicación. Pero todo cambio en noviembre de 2021, cuando elDiario.es desveló que detrás de aquella firma se encontraba un empresario, Daniel Alcázar, con quien la familia Ayuso mantenía una amistad desde hacía décadas. Una información que de forma anónima había llegado también a Génova, cuartel general de la formación conservadora, algunas semanas antes.

Pero aquella nota escrita a ordenador que manejaban en la dirección nacional del partido también ponía el foco sobre el hermano de la presidenta, al que acusaba de haberse llevado una comisión al calor de dicho contrato. El nombre de Tomás Díaz Ayuso, sin embargo, no fue puesto sobre la mesa hasta que dio comienzo la guerra sin cuartel entre la presidenta madrileña y Génova. "La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros", llegó a decir el entonces líder del PP en una entrevista en la cadena Cope. "Gran entrevista. Con claridad, seriedad y verdad", le llegaron a felicitar algunos compañeros de la dirección del PP. Menos de una semana después, Casado se convirtió en un cadáver político.

En plena batalla, Anticorrupción abrió diligencias de investigación por el contrato. Luego, y tras un duro cruce de escritos, se abrió la puerta a que la Fiscalía Europea pudiera llevar también a cabo sus propias pesquisas por si los hechos pudieran revelar una posible mala utilización de fondos europeos –las mascarillas fueron pagadas con fondos Feder–. Pero al final, ambas líneas de investigación han sido cerradas. Anticorrupción lo hizo el pasado verano. El órgano comunitario, la pasada semana. "El procedimiento se ha archivado por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito", ha informado este martes en un comunicado, en el que resalta que se ha llevado a cabo una "exhaustiva investigación" y que la decisión se ha tomado tras escuchar a tres fiscales de distintos países europeos.

La Fiscalía Europea considera que no ha quedado "acreditado" que el "precio abonado" por los cubrebocas "fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado" ni que hubiera sufrido "un incremento indebido" derivado de la "intervención de personas ajenas" a la empresa, en una clara alusión al papel jugado por el hermano de la presidenta regional en relación con dicha adjudicación. La investigación llevada a cabo en su día por Anticorrupción, que tampoco pudo concretar "ilegalidad alguna", puso de manifiesto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había abonado por las mascarillas adquiridas a Priviet Sportive prácticamente el triple de lo que la propia empresa administrada por Daniel Alcázar había pagado previamente por ellas.

El decreto de archivo, firmado por el fiscal jefe, Alejandro Luzón, resaltaba que la firma había comprado los cubrebocas a la sociedad coreana K Beauty & Media, que era la que se encargaba de encontrar a los potenciales fabricantes chinos. Esta compañía cobró por tres grandes envíos de mascarillas para el empresa española. De ellos, detallaba Anticorrupción, solo dos se correspondían con el material contratado por la Comunidad de Madrid. De estos últimos se elaboraron facturas por 457.289,19 euros. Además, Priviet pagó 83.372,37 euros por el transporte aéreo y el traslado del material hasta el Hospital de Ifema. En definitiva, la firma de Alcázar invirtió 540.661 euros por adquirir, traer y colocar unas mascarillas por las que luego cobró 1.512.500 euros, casi el triple.

El Ministerio Público centró una parte de sus pesquisas en los precios. En el marco de aquellas diligencias, la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado adscrita a Anticorrupción se encargó de estudiar una treintena de contratos de suministros de mascarillas FFP2 celebrados por el mismo órgano de contratación entre el 13 de marzo y el 30 de abril. De aquel análisis resultó que el contrato de Priviet era el cuarto con mayor precio por mascarilla. Si la media era de cuatro euros por unidad, en el caso de esta empresa se pagaron cinco euros. Ahora bien, el rango de precios, con una demanda completamente descontrolada a nivel mundial, era entonces muy dispar, moviéndose entre los 1,24 euros por cubrebocas hasta los 6,50 euros.

Ahora, tras un año de pesquisas y a las puertas de las elecciones autonómicas, el caso que acabó con Casado se ha agotado por completo. Eso sí, si algo han demostrado las pesquisas es que la dirección nacional del PP no iba en el otoño de 2021 muy mal encaminada. Si el anónimo deslizaba que el hermano de Ayuso se habría embolsado 283.000 euros por aquella operación, las pesquisas terminaron por desvelar que entre abril y junio de 2020 Tomás Díaz Ayuso cobró de Priviet 234.103,52 euros en concepto de "comisión comercial" –así figuraba en las facturas–. De ellos, 174.900 euros fueron por los trabajos realizados para la empresa en relación con distintas ofertas, entre ellas la investigada. Y el resto, según Anticorrupción, por el "bonus pactado por la obtención del contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid".

Rafael del Pino y Moreno, el fundador de Ferrovial, recibió la Medalla de Oro del Colegio de Ingenieros de Caminos con un discurso en el que recordó sus comienzos profesionales en un piso del barrio de los Jerónimos de Madrid. Tras explicar al director de una de sus primeras obras las dificultades por las que atravesaba para sacar adelante la empresa, éste le preguntó: “Ah, ¿pero no tienes ningún modificado?”. Del Pino admitió ante su audiencia que no sabía lo que era un “modificado” y tuvo que preguntárselo al director de la obra: los cambios –injustificados– que se hacen en un contrato ya adjudicado y que terminan inflando el coste de un proyecto, una de las viejas malas costumbres de las licitaciones en España. “Fue entonces cuando me hice rico”, les confesó a sus colegas.

En efecto, Ferrovial nació en 1952 y creció a buen ritmo durante el franquismo a golpe de adjudicación pública, sobre todo ferroviaria, como indica su propio nombre. Su primera adjudicación consistió en un contrato para hacer agujeros en las traviesas de madera donde se encajan los raíles de las vías. Después, construyó los enlaces ferroviarios de Madrid, una obra pagada con dinero del Gobierno de EEUU: hizo 30 kilómetros de vías en 30 días, según rememora el periodista Fernando González Urbaneja, autor de Ferrovial. Un viaje sin fronteras, publicado en 2013.

En los años 60 Ferrovial ya contaba con más de 500 empleados. Había pasado de los trabajos ferroviarios a las obras hidráulicas y las carreteras. En 1972, Rafael del Pino se convirtió en el primer presidente de la recién nacida Enagás, propiedad por entonces del Instituto Nacional de Industria (INI). Ese mismo año construyó la autopista Bilbao-Behobia, la actual AP-8. Mucho después llegarían el AVE a Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, el Guggenheim de Bilbao, el viaducto de Montabliz (Cantabria), la radial 4 de Madrid, la terminal 3 del aeropuerto de Málaga… “Se trata de una empresa que debe todo a España”, ha sido el reproche del Ministerio de Economía a la empresa, después de que anunciara este martes el traslado de su sede social a Países Bajos.

A finales de la década de los 70, cuando no atravesaba sus mejores momentos, Ferrovial dio un primer salto fuera de España. Así, en 1979 aterrizó en Libia para construir 700 kilómetros de carreteras. Y cruzó el Atlántico hasta México, Brasil y Paraguay, según constata en su página web. Ya en los 90 compró Agromán, que tenía una buena cartera en Latinoamérica. En 1999 salió a Bolsa. El mismo año en que se hizo con el contrato de construcción de la autopista 407 ETR en Toronto (Canadá). Una vía que, además, gestiona con una concesión de 99 años y supuso el empujón definitivo hacia el futuro. Porque en 2000 tomó las riendas de Ferrovial Rafael del Pino Calvo-Sotelo, ingeniero de Caminos como su padre y quien ha pilotado la internacionalización de la compañía hasta hoy. Compró la principal constructora de Polonia, Budimex, la empresa de servicios Amey y el operador portuario BAA en Reino Unido, entre otros negocios. Ahora el 82% de sus ingresos proceden del extranjero. Sobre todo, de EEUU, Canadá y Reino Unido. Y la construcción ha dejado de ser su área principal de negocio. Las concesiones de autopistas y la gestión de aeropuertos han pasado a ser el cuerno de la abundancia para Ferrovial. España, por el contrario, representa sólo una cuota minoritaria de su actividad.

Las managed lanes, o autopistas gestionadas, donde se añaden carriles opcionales de peaje variable, según el tráfico y la hora del día, para aliviar la congestión de vehículos, son otro de sus éxitos: se ha hecho con cinco, tres de ellas en Texas, una en Carolina del Norte y otra en Virginia –esta última una concesión por 50 años–. En Reino Unido Ferrovial posee los aeropuertos de Aberdeen y Glasgow, en Escocia, y el de Southampton. También tiene el 25% del de Heathrow, en Londres. Participa en el proyecto de nueva terminal del Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy en Nueva York. Ha construido autopistas en Australia y un tramo del AVE en California. Además, ha ganado concursos lo mismo en Londres y Bratislava que en Chile y Colombia. Y está interesada en la energía eólica marina. Acaba de aliarse con la alemana RWE para desarrollar proyectos eólicos flotantes, en aguas profundas, una actividad para la que aún no existe tecnología. Por eso está ensayando un prototipo de flotadores de hormigón en Santander.

Es en este amplio mapa internacional donde sitúa Ferrovial los motivos para mudar su sede social a Países Bajos. La empresa de Rafael del Pino cree que “relocalizarse” allí aumentará “la notoriedad de su marca tanto en Europa como en el resto del mundo”. “Se trata de una jurisdicción con calificación crediticia AAA, un entorno favorable para negocios e inversores, un ordenamiento jurídico confiable y un sólido marco de gobierno corporativo”, elogia en las 90 páginas del Proyecto común de fusión transfronteriza que ha colgado en su página web. Esas condiciones, subraya la compañía, le permitirán “acceder a una base de inversores más amplia”. También conseguirán reducir los costes de financiación de sus emisiones de deuda “y, a la larga, también en mejoras en el coste total de capital”. Finalmente, los Países Bajos es la plataforma idónea para negociar simultáneamente sus acciones en España, los Países Bajos “y, llegado el momento, también en los Estados Unidos”. Nada se dice sobre ventajas fiscales, una de las razones por las que Países Bajos se ha convertido en un destino popular para empresas y particulares.

Según un análisis elaborado por el Banco Sabadell, Ferrovial puede ahorrarse hasta 40 millones de euros con el cambio de sede social. No la fiscal, que seguirá situada en España, según se ha ocupado de destacar la propia empresa. Se trata de las retenciones que debería hacer por los dividendos de sus filiales en el extranjero, que en España están bonificadas al 95% y en Países Bajos al 100%.

Sin embargo, un portavoz de Ferrovial asegura a infoLibre que esa cifra se aleja de la real. “Ese análisis se basa en un valor de los dividendos superior al que realmente se ha repartido este año, no tiene en cuenta las compensaciones de bases imponibles negativas de otros años y se ha hecho calculando que el 100% de los dividendos son tributables, cuando son sólo el 25%”, explica. “Los motivos [del traslado a Países Bajos] no son fiscales, sino facilitar la salida a Bolsa en Países Bajos y EEUU, y abrirnos a inversores en esos países con interés en infraestructuras”. Añade. Pero en España, donde dice haber pagado en impuestos el año pasado 282 millones de euros, seguirá “pagando igual el IVA, el IAE, las cotizaciones a la Seguridad Social…”. Tras lamentar la mudanza de Ferrovial a Países Bajos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado que la compañía de Del Pino ya no tributaba por ese 80% de beneficios que obtiene fuera de España. “El porcentaje restante es el que permanece en España y, según ha declarado la propia empresa, seguirá estando en nuestro país. Es decir, no hay ningún riesgo de que la parte de la inversión que ya estaba aquí se vaya a desplazar y, por tanto, tributará en el país”, indicó.

Además, el Sabadell ha cifrado en 20 millones de euros el coste del traslado de la sede social, una cantidad que el portavoz de Ferrovial admite como más acertado. Toda la operación se prolongará a lo largo de este año para quedar concluida hacia el tercer trimestre, asegura.

A González Urbaneja, el cambio de sede social no le pilla de sorpresa. Le parece una decisión lógica teniendo en cuenta la evolución de la empresa y que España, a su juicio, ha dejado de ser “un país amable con el mundo de los negocios” con las últimas medidas y declaraciones del Gobierno. Pero también asegura que España es un mercado que se le ha quedado “pequeño” a Ferrovial. De hecho, tras el Brexit, la empresa de Del Pino, que tenía en las islas una de sus principales fuentes de ingresos, ya trasladó de Londres a Países Bajos la cabecera de sus sociedades internacionales.

Como se sabe, no fue la única. La acompañaron desde Coca-Cola European Partners, la embotelladora que preside Sol Daurella, hasta las japonesas Sony y Panasonic, las americanas Bloomberg y Discovery Channel, Viacom International y Warner Media, entre otras. Es más, la deslocalización es un fenómeno habitual entre las multinacionales. Dyson, el fabricante de aspiradoras británico –cuyo dueño es un ferviente defensor del Brexit— trasladó la sede de su empresa a Singapur. También con mucho drama se recibió en Italia en 2014 la noticia de la mudanza de Fiat desde Turín hasta Países Bajos. Aunque también se ha dado el movimiento contrario: la petrolera angloholandesa Shell decidió en 2021 fijar su residencia fiscal en Reino Unido, donde ya tenía la social, y abandonar Países Bajos. En 2020 fue la agencia de viajes online eDreams la que cambió su sede social en Luxemburgo por Madrid, alegando “eficiencias organizativas y de costes”.

Pero puede calificarse de pioneros en la deslocalización al grupo irlandés U2, que ya en 2006 decidió desplazar a tierras neerlandesas su multimillonario emporio, para pagar menos impuestos. Pese a que Irlanda tiene ya de por sí un régimen fiscal bastante laxo. Según informó la prensa local, en realidad los U2 iban a utilizar en los Países Bajos la misma empresa a la que habían recurrido los Rolling Stones para beneficiarse de la exención fiscal de la que disfrutan los royalties allí.

Pese a las advertencias del PP sobre un posible efecto contagio a otras empresas del ejemplo Ferrovial, el consejero delegado de Cellnex, Tobias Martínez lo ha descartado: “No nos planteamos un cambio de sede a otro país”. También el presidente del grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, fue preguntado este miércoles por la decisión de la histórica constructora, que calificó de “sorpresa”. “Hay que tratar que no sea un precedente”, zanjó.

En cualquier caso, la alarma ha saltado. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido a Ferrovial que reconsidere su decisión, mientras que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y otros miembros de Podemos han cuestionado el “patriotismo” de la empresa. Por el contrario, PP, Ciudadanos y Vox han cargado contra el Gobierno, a quien acusan de ser el culpable del traslado de la constructora. De momento, habrá que esperar a la aprobación de la junta general de accionistas. La mudanza sólo saldrá adelante si la oposición a la medida no supera el 2,57% del capital social. Como quienes la rechacen tienen derecho a recibir una contraprestación por sus acciones, ésta no podrá exceder en total de 500 millones de euros para que la operación se materialice. El accionariado de Ferrovial está en manos de Rafael del Pino Calvo-Sotelo con un 20,4%, su hermana María con un 8,2%, y su hermano Leopoldo con un 4,15%, así como de los fondos Blackrock –un 3,18%–, TCI –un 6,4%– y Lazard –un 3%–. El 67% restante es capital flotante, propiedad de minoritarios. Por el momento, el fondo TCI ya ha dado su visto bueno al cambio de sede social.

El año pasado, Ferrovial ganó 186 millones de euros, un 84% menos que el ejercicio anterior porque los resultados extraordinarios fueron mucho menores. Pero ingresó 7.551 millones, un 4% más que en 2021. Su resultado bruto de explotación también creció, un 7,7%, hasta alcanzar los 728 millones de euros. Sólo la autopista canadiense le proporcionó 237 millones de dólares canadienses en dividendos. Las autopistas de Texas le brindaron otros 123 millones de euros. Y la cartera de construcción fue la más alta de su historia, según ha subrayado la propia empresa: 14.743 millones de euros. Rafael del Pino, uno de los hombres más ricos de España, habitual en la lista Forbes todos los años, ganó el año pasado 5,2 millones de euros, un 16% más que en 2021.

La justicia alarga la investigación sobre la segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid. El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Jorge Israel Bartolomé, ha decidido prorrogar durante seis meses más, y a petición del Ministerio Público, las pesquisas centradas en la compra de 500.000 mascarillas a la consultora estadounidense Sinclair&Wilde en lo peor de la pandemia. El equipo de José Luis Martínez-Almeida pagó por aquellos tapabocas 2,5 millones de euros, pero nunca pudo dotarse con ellos a los Servicios de Emergencias y Protección Civil ante la falta de determinados certificados de calidad. Tras la firma, el empresario franco-israelí Philippe Solomon.

"Dada cuenta; el anterior escrito del Ministerio Fiscal, únase a las diligencias de su razón y téngase por hechas las manifestaciones en el mismo contenidas y habiéndose interesado que se acuerde la prórroga de la instrucción del procedimiento por otros seis meses, dese traslado por término de tres audiencias al resto de las partes personadas y, con resultado, se acordará", apunta el juez en una providencia emitida la pasada semana, a la que ha tenido acceso infoLibre, en la que también cita a declarar como testigo en la causa para comienzos de marzo a quien fuera en aquella etapa jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Mario Tabasco.

El magistrado ha emitido esta resolución tras recibir a comienzos de enero un escrito del Ministerio Público en el que se solicitaba alargar las pesquisas medio año más dada "la complejidad de la investigación" y a fin de "practicar las diligencias necesarias hasta la completa instrucción de la causa". "En el presente supuesto son muchas las diligencias de investigación aún pendientes de practicar que obligan a prorrogar indefectiblemente la instrucción, siendo evidente que del resultado de las diligencias pendientes de practicar arrancarán, con toda seguridad, nuevos elementos sobre los que deberán practicarse nuevas diligencias a expensas del resultado que arrojen las pendientes hasta el momento", apuntaba Fiscalía.

El contrato para la adquisición de cubrebocas fue adjudicado a Sinclair & Wilde, según los documentos que se aportaron al juez que instruye el caso de los comisionistas Medina y Luceño, el 23 de marzo de 2020. En la adjudicación medió una empresa española: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. De hecho, algunas horas antes de la adjudicación, la dueña de esta empresa, Araceli Vida, ofrecía sus servicios al consistorio de la capital para "buscar la mejor oferta de suministro entre las fábricas con las que solemos trabajar". Ese correo electrónico llegó al concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita, quien se lo reenvió a la presidenta de la funeraria municipal, el organismo que se estaba encargando en aquella época de la compra de material sanitario.

Las mascarillas llegaron a la capital a finales de abril. Sin embargo, pocos días después, el director de emergencias del consistorio madrileño acudió a la Policía Municipal. Decía que existían "indicios para presuponer" que los cubrebocas "no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española, ni a la europea". El consistorio estaba convencido de que había sido víctima de una estafa. De hecho, el material adquirido nunca llegó a utilizarse. Al final, el asunto acabó poniéndose en manos de la justicia. En un informe, la Policía Municipal detectaba posibles delitos de estafa, contra los derechos de los consumidores y contra la propiedad industrial.

Con esta información, el juez abrió una investigación. Pero en julio de 2021 dio carpetazo al asunto "ante la insuficiencia de datos sobre la identidad y paradero" del presunto autor de los hechos. Sin embargo, el caso volvió a reactivarse nuevamente el pasado 12 de abril, cuando el instructor recibió un atestado con nuevas pistas. En concreto, el nuevo documento, aportado por la Policía, informaba de que se había recibido comunicación por parte de la oficial de enlace en Madrid de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU informando de que Philippe Haim Solomon "utiliza habitualmente" otra identidad: Philippe Victor Chain Hababou.

En el atestado también se trasladaba al juez que Solomon fue detenido en 1998 por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos "por blanqueo de capitales y robo de cheques", siendo extraditado a Francia "dado que tiene ciudadanía francesa". Además, se le comunicaba que, según los datos que le habían llegado a través de sus colegas estadounidenses, el empresario tiene su residencia en Reino Unido, aportando también información sobre el registro de su empresa. Incluso se le trasladaba que las últimas noticias que se tenían del señor Hababou es que viajó en octubre de 2018, "en vuelo privado" y acompañado de otras dos personas, desde el aeropuerto de Stansted, en Londres, hasta Marrakech.

Con esta nueva información, el titular del Juzgado de Instrucción nº30 de la capital decidió reabrir el caso a comienzos de verano. Y pidió ayuda a Reino Unido vía comisión rogatoria. El objetivo, localizar y citar al escurridizo empresario franco-israelí, quien a preguntas de este diario señaló ya hace meses que no se encontraba "escondido en absoluto". En este sentido, aseguraba que sus "números" y "correos electrónicos" llevan existiendo "desde hace 20 años". De hecho, durante la nueva fase de instrucción, la acusación que representa el PSOE ha llegado a poner sobre la mesa del juez una posible vía de contacto para dar con Solomon. Hasta la fecha, sin embargo, no tienen constancia de que eso se haya conseguido. De hecho, las partes personadas temen que la causa se venga abajo si no aparece.

El juez, mientras tanto, ha ido practicando determinadas diligencias de investigación a lo largo de los últimos meses. Así, por ejemplo, ha recopilado todas las comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid relacionadas con la operación que se encuentra bajo la lupa judicial. En el sumario constan los mensajes de teléfono que la entonces responsable de compras del consistorio de la capital, Elena Collado, intercambió con el propio Solomon durante días: "Cuando vengas a Madrid nos vamos a comer a la plaza mayor. O a algún sitio bonito que te pueda enseñar". Y también todo el compendio de correos electrónicos que muestran cómo se cocinó la segunda estafa sufrida por el equipo de Almeida en aquellos complicados momentos de pandemia.

Del mismo modo, el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Madrid tomó a comienzos de diciembre declaración a Araceli Vida, la empresaria que medió entre Sinclair&Wilde y el Ayuntamiento de Madrid para la compra de las mascarillas. La abogada y economista reconoció, durante su comparecencia, haber ofrecido la posibilidad de conseguir suministro de material sanitario "a diferentes empresas y administraciones", aunque de este último grupo solo consiguió "fraguar contratos" con el consistorio de la capital. No obstante, se identificó como "mera transmisora de documentación", al tiempo que aseguró que le "mereció confianza" la consultora por ser una empresa "posicionada en el comercio internacional" y que no cobró comisión alguna. Y que "todos los correos electrónicos de su cuenta" se borraron "accidentalmente" hace algunos meses.

CCOO y UGT lo quieren todo y lo quieren ahora: una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “en la banda alta” de la propuesta que ha hecho la comisión de expertos, 1.082 euros mensuales, o incluso superior, 1.100 euros, para incorporar el alza de la inflación. Y sin esperar a que se revise dentro de seis meses como recomienda el informe de los 12 sabios reunidos por el Ministerio de Trabajo. Entonces, explican, debería tenerse en cuenta el “contexto de alta inflación” y el “impacto asimétrico” de los alimentos y la energía en el poder adquisitivo de las rentas más bajas, “entre los que se encuentran los hogares perceptores del salario mínimo”. En concreto, el documento menciona que el 70% de los hogares con al menos un perceptor del SMI se localiza en los estratos más bajos de distribución de la renta. En realidad, no hace más que recoger lo que establece el artículo 27 el Estatuto de los Trabajadores, que prevé una revisión semestral del salario mínimo en caso de que “no se cumplan las previsiones” sobre el IPC.

Sin embargo, los sindicatos no ven muy funcional esa revisión en junio, tampoco como una manera de distribuir la subida y hacerla más llevadera, siendo más moderada ahora y postergando el resto para dentro de seis meses. “Tampoco es una buena solución para las empresas”, coinciden los responsables de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, y de UGT, Fernando Luján. Vicente explica que, al subir el SMI, tendrán que hacerlo también los sueldos de las categorías profesionales más bajas de muchos convenios, lo que aboca a renegociar las tablas salariales a mitad de año. “Un follón”, resume. Que provocará “tensiones en la tesorería de las empresas y tensiones en el Diálogo Social”, añade Luján.

Sólo ha ocurrido dos veces que se revisara el SMI a mitad de un ejercicio para adecuarlo a la inflación. Fue en 1978 y 1979, cuando aún no existía el actual Estatuto de los Trabajadores. La Ley de Relaciones Laborales mandaba ajustar el salario mínimo al IPC cuando éste superaba el 5%. Y esos años la inflación se situó por encima del 15%. Así que en octubre de 1978 el SMI aumentó un 9,5% y en 1979 un 7,8%. En 2004 hubo dos subidas del salario mínimo: la primera en enero, del 2%, y la segunda en julio, tras llegar el PSOE al Gobierno, de un 6,6%, para compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los perceptores del SMI entre 1996 y 2004, que se calculó en esa cifra.

En la reunión a la que fueron convocados por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos señalaron cuáles son sus “líneas rojas” para subir el SMI de 2023, que para CCOO parten de los 1.082 euros indicados por la comisión de expertos, aunque también pide que la inflación se refleje en el alza y se alcancen los 1.100 euros. Para UGT, el salario mínimo debe situarse en ese máximo. “La coherencia del Gobierno empieza en el 8,5% [que les ha subido a los pensionistas]”, resume Fernando Luján.

La CEOE no acudió a la cita, su primer gesto tras anunciar la semana pasada que rechazaba la “interlocución con el Ministerio de Trabajo”, por entenderla “tramposa y contraria a la buena fe”. La patronal considera una “traición” que el Gobierno haya pactado con EH Bildu una enmienda que faculta a la Inspección de Trabajo para que compruebe si las empresas cumplen debidamente las causas fijadas por la ley para ejecutar despidos colectivos.

Como había avanzado la víspera su presidente, Antonio Garamendi, la CEOE envió por la mañana al ministerio una propuesta por escrito, que incluye una subida del SMI del 4% –que lo situaría en 1.040 euros, inferior a la propuesta mínima de los expertos, de 1.046 euros–, medio punto más de la que estaban dispuestos a conceder hasta ahora, pero supeditada a dos condiciones. La primera, que el Gobierno acceda a aumentar las deducciones en cotizaciones sociales de que disfrutan las empresas del sector agrario. En concreto, citan una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes. Y la segunda, que se permita a las empresas repercutir el aumento del SMI en los contratos públicos que se les han adjudicado.

En esta última petición los empresarios se encontrarán con el apoyo de CCOO y UGT. La prohibición de revisar el precio de los contratos que licitan las administraciones públicas, establecida en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, ya ha supuesto problemas, explica Mari Cruz Vicente, en la negociación de algunos convenios. “En algún momento el Gobierno tendrá que afrontarlo”, advierte Fernando Luján. El Ministerio de Trabajo, a preguntas de infoLibre, no comenta la propuesta de los empresarios y se limita a indicar que la revisión de los contratos públicos no es una cuestión de su competencia ni entra en el ámbito de negociación del SMI. Lo mismo ocurre con las deducciones de cuotas del sector agrario, que corren a cargo del Ministerio de Seguridad Social. No obstante, CCOO recuerda que estas empresas ya cuentan con un buen catálogo de incentivos y UGT rechaza que se aplique un SMI distinto en función del sector.

Trabajo aún no ha presentado una propuesta a los sindicatos, según revelan ambos. CCOO y UGT exigen que ésta sea “de Gobierno, no de ministerio”. Porque es en el seno del Ejecutivo donde a partir de ahora se va a desarrollar la negociación para dar con la subida exacta del SMI, una vez hechos los cálculos por la comisión de expertos y consultados los agentes sociales. Yolanda Díaz ha subrayado que el compromiso del Gobierno es que el SMI alcance “al menos” el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social de la UE. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mostrado en público su confianza en que el futuro acuerdo sobre el SMI forme parte del pacto de rentas, una iniciativa que, meses después de ser anunciado, aún no tiene siquiera un listado de materias.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que, en cualquier caso, la subida del SMI no estará lista para su aprobación en el último Consejo de Ministros, el próximo 27 de diciembre. Por lo que habrá que esperar hasta mediados de enero para que entre en vigor. Pero su aplicación será retroactiva, ya ha avanzado Trabajo.

En enero también esperan los sindicatos que la CEOE vuelva a sentarse con ellos para negociar el acuerdo de salarios que quedó bloqueado el pasado mayo. Pese al rechazo a seguir debatiendo con el Ministerio de Trabajo y a las duras declaraciones de Antonio Garamendi tras su reelección al frente de los empresarios en noviembre, CCOO y UGT confían en que el acuerdo salarial “no sufra” por el “ruido político” general ni por el cambio de tono de la CEOE. Sindicatos y patronal no han dejado de mantener “contactos” durante estos meses, aseguran a infoLibre ambas partes, a la búsqueda de “fórmulas alternativas para la revisión salarial”, en palabras de Mari Cruz Vicente. Porque fueron las cláusulas para recuperar la inflación la causa de la ruptura hacia siete meses: la CEOE está dispuesta a subir salarios, pero no a igualar su alza con la inflación. Garamendi pide un aumento “moderado”, porque una mejora elevada “invade la negociación colectiva” y crea “indefensión” en las empresas.

Fernando Luján cree que la “sobreactuación” de Garamendi tras la enmienda pactada con EH Bildu “pasará” y se recuperará el Diálogo Social. Con Seguridad Social aún están abiertas la mesa que debate la reforma de las pensiones y con Trabajo la negociación del Estatuto del Becario, en la que el ministerio aún no ha presentado una propuesta sobre las prácticas extracurriculares a la que se comprometió. “Si toda la reforma de las pensiones se va a cargar sobre la empresa [el Mecanismo de Equidad Intergeneracional planteado por el ministro de Escrivá se basa en un aumento de las cotizaciones], no es sostenible el sistema que se está planteando por mucho que se quiera”, lamentó el presidente de la CEOE este martes en Valencia. A la vista de los escollos, tanto el SMI como las pensiones y el Estatuto del Becario van a quedar en el tintero del Diálogo Social para el año que viene.

Continúa avanzando la investigación en relación con la segunda gran estafa al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Jorge Bartolomé, ha tomado este viernes declaración en sede judicial a la empresaria que medió entre la consultora estadounidense Sinclair&Wilde y el equipo de Almeida para la compra por 2,5 millones de euros de una remesa de 500.000 mascarillas que nunca pudieron llegar a utilizarse. Durante su comparecencia, la administradora única de Aifos Servicios Legales y Consultoría, Araceli Vida, ha señalado que nunca cobró comisión por sus labores de intermediación y ha resaltado que su relación con la firma extranjera, que le generó confianza por su posicionamiento en el comercio internacional, fue a través de otra compañía. Además, ha señalado que hace unos meses perdió todos sus mails.

La abogada y economista ha sido desde el principio una pieza clave en el caso. Al fin y al cabo, ella es el nexo de conexión entre la Administración madrileña y la firma dirigida por el empresario franco-israelí Philippe Solomon. Su nombre llegó a dependencias municipales a través del abogado Carlos Fernández-Pita González. El 21 de marzo de 2020, el letrado reenvió un correo a Borja Fanjul Fernández-Pita, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que la administradora única de Aifos se presentaba y ofrecía sus servicios para "buscar la mejor oferta de suministro" entre las fábricas con las que trabajaba. Un mail que el concejal reenvió a su vez a la presidenta de la funeraria municipal, Inmaculada Sanz Otero. Por aquel entonces, todas las contrataciones se hacían a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios.

Durante su declaración ante el juez, según señalan fuentes jurídicas, la testigo ha reconocido que en los momentos duros de la pandemia ofreció la posibilidad de conseguir suministro de material sanitario "a diferentes empresas y administraciones", aunque de este último grupo solo consiguió "fraguar contratos" con el Ayuntamiento de Madrid. En relación con esto, ha sostenido que se puso en contacto con un tal "Charlie" –las acusaciones sospechan que se refiere a Fernández-Pita– por recomendación de una periodista y que, tras ese correo, se pusieron en contacto con ella desde el consistorio de la capital. A partir de entonces, comenzó su interlocución con la jefa de compras, Elena Collado, si bien recuerda haber intercambiado algún correo también con Engracia Hidalgo, delegada de Hacienda.

Vida se ha identificado durante su declaración, según las mismas fuentes, como "mera transmisora de documentación", al tiempo que ha asegurado que le "mereció confianza" Sinclair por ser una empresa "posicionada en el comercio internacional". Esto último es algo que se desprende de los emails, desvelados por infoLibre, que intercambió con Collado durante las apresuradas negociaciones para la adquisición de los tapabocas. "Como ves es tremendamente serio (....), nos está dando todo tipo de garantías para que nos fiemos de él. Para mí es absolutamente confiable", señala en uno de sus mensajes tras explicar a la jefa de compras del consistorio que el proveedor les estaba ofreciendo la posibilidad de pagar por cuenta escrow, lo que permitía que la mitad del dinero no se liberase hasta la comprobación de que la mercancía embarcada era la que se había encargado.

La empresaria ha apuntado que llegó hasta Sinclair&Wilde a través de otra compañía: Delphos. Sobre esta empresa, consta en el sumario del caso un correo electrónico que un tal Christian Garcia, quien se presenta como CEO de Delphos Inversiones Europeas, envía a Collado después de que el Ayuntamiento de Madrid se sintiera estafado con las mascarillas recibidas. En el mail, sostiene que Solomon defiende que nunca se le ha contactado "directamente" desde el consistorio "para expresarle la no conformidad de las mascarillas" y resalta que desde Sinclar no reconocen como "válidas" las conversaciones con Delphos porque él no es "el cliente". Por eso, desde esta última firma recomiendan escribir formalmente a Sinclair reclamando "la no conformidad con el producto" y que se abra una vía de comunicación con la consejera de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos para ver cómo proceder.

En este sentido, y siempre según las mismas fuentes, Vida ha reconocido haber mantenido contactos tanto con la gente de Delphos como con el propio Solomon "en algunas ocasiones", aunque ha señalado que a él no le ha visto nunca en persona. Además, ha asegurado al juez que ella no cobró comisión por intermediación "alegando que, por ética profesional y dado que la operación no salió bien, no quiso hacerlo". Y ha apuntado que "todos los correos de su cuenta" se borraron "accidentalmente" hace algunos meses.

La compraventa está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid por un presunto delito de estafa agravada. De hecho, su titular ya ha decidido librar una comisión rogatoria a Reino Unido para localizar y citar al empresario, al que se le puede encontrar bajo dos identidades –Philippe Haim Solomon o Philippe Víctor Chaim Hababou– y que puede operar con tres pasaportes diferentes: uno israelí, otro de Guinea Bissau y un último de Francia. "No se tiene constancia que el investigado haya residido en España, o se le pueda localizar aquí", aseveraba a mediados de mes el juez, quien también dejaba constancia de que una de las partes en el proceso había aportado un posible teléfono de contacto. Una vez localizado, el instructor dice que deberá comparecer en el juzgado "el próximo 26 de mayo a las 10 de la mañana". De no hacerlo, se podrá cursar una "orden de detención nacional o internacional".