La Tierra no es más que una frágil esfera azul, nuestro hogar común viajando a cien mil kilómetros por hora alrededor del Sol. Dicen los astronautas que vista desde allí arriba no se distinguen fronteras separando territorios.

Por eso, cuando tiembla Venezuela, tiembla también España, somos una sola familia herida por el mismo pulso telúrico. Los devastadores terremotos que la sacudieron el pasado 24 de junio no son para nosotros una noticia internacional más, ni sus víctimas una fría cifra en un teletipo de agencia, sino un recordatorio brutal de nuestra propia fragilidad. Bajo los escombros podría estar cualquiera de nosotros. La mano que busca a un hijo desaparecido entre el polvo y el hormigón podría ser la nuestra. El llanto de una madre es un lenguaje que no precisa traducción. El dolor humano es universal, nos hermana en la desgracia y nos interpela en la conciencia.

El Proyecto Genoma Humano demostró que compartimos más del 99,9% de nuestro ADN. Somos extraordinariamente diversos en culturas, creencias y costumbres, pero biológicamente somos una única tribu errante. La neurociencia explica que cuando vemos sufrir a seres humanos activamos circuitos cerebrales que nos permiten experimentar como propio el dolor ajeno y nos empujan a acudir en su ayuda.

La psicología social lleva décadas documentando este fenómeno: en los grandes desastres, los seres humanos no suelen responder con egoísmo, sino con cooperación. La solidaridad emerge de manera instintiva. Quizá la supervivencia de nuestra especie dependa precisamente de eso. No llegamos hasta aquí por ser los más fuertes ni los más rápidos; sobrevivimos porque aprendimos a proteger a los débiles, a alimentar a los niños, a levantar al caído y a compartir el fuego en medio de la noche.

Sin embargo, cada vez que la Tierra se sacude, cada vez que una guerra convierte los hogares en escombros o una inundación arrastra la vida de miles de personas, la humanidad se enfrenta a una pregunta esencial: ¿seguimos siendo una comunidad moral o nos hemos resignado a ser meros espectadores del sufrimiento?

El fascismo, en todas sus máscaras, ha levantado su discurso sobre la premisa de que no toda vida humana tiene el mismo valor y para que la sociedad sea capaz de ignorar el sufrimiento ajeno, antes debe deshumanizar a quienes considera enemigos. Necesita desactivar nuestra empatía natural, convertir a las personas en números, en amenazas, en categorías abstractas (“menas”, “negros”, “moros”, “sudacas”…). En sus discursos emplean metáforas animales, niegan la inocencia de los niños o justifican la violencia como una necesidad inevitable. El psicólogo Albert Bandura llamó a este proceso “desconexión moral”, un mecanismo mediante el cual dejamos de ver al otro como un semejante y comenzamos a percibirlo como alguien cuya vida vale menos. Entonces la compasión se apaga y cualquier barbarie se vuelve posible.

Pero el terremoto de Venezuela desnuda la falacia de esa jerarquía fascista. Los desastres no preguntan por el color de la piel ni la religión de sus víctimas, ni si son chavistas u opositores. La naturaleza no entiende de ideologías. El dolor, en su desnudez, nos devuelve a nuestra condición común: frágiles, mortales, necesitados los unos de los otros.

En un tiempo de muros, de polarización y de discursos que intentan convencernos de que estamos irremediablemente divididos, la Tierra sigue enviándonos el mismo mensaje: somos una sola comunidad de seres humanos viajando juntos por el cosmos. Quizá la esperanza de nuestra supervivencia como especie dependa precisamente de recordar eso: en la capacidad de extender la mano cuando otro ser humano cae.

Mientras Venezuela cuenta a sus heridos, busca a sus desaparecidos y abraza a sus supervivientes, el resto del mundo tiene la oportunidad de demostrar que la humanidad sigue siendo algo más que una palabra. Ojalá que el dolor de los venezolanos se transforme en un latido que despierte nuestra conciencia adormecida.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

Caracas (Venezuela).– “Nos plantamos delante de las excavadoras, subimos a las máquinas y les quitamos las llaves a los conductores…”. Karina Castro, de unos treinta años, lo perdió todo el miércoles por la noche con el derrumbe de su edificio. Junto con una decena de vecinos supervivientes, hartos de esperar ayuda, lo apostó todo el domingo por la tarde: “Veíamos pasar esas máquinas de camino al club de playa, donde están los ricos con sus yates. Era inaceptable que no nos ayudaran”.

Al final, consiguieron que los operarios de la maquinaria les echaran una mano. “Sabemos que ellos no tienen la culpa, pero los necesitábamos para mover una losa. A mano, era imposible”, añade. Los vecinos de este complejo de viviendas sociales, instalados en campamentos improvisados frente a las ruinas de su edificio, estuvieron retirando los escombros a mano durante cuatro días. Formaron cadenas humanas para rebuscar entre los escombros e intentar encontrar supervivientes. “Al final, llegaron grupos de rescatistas mexicanos, franceses y americanos, y nos dijeron que no debíamos volver allí, que era demasiado peligroso”, nos dice, agotada.

La joven está enfadada. “¡Durante cuatro días, cuatro!”, insiste, “no vimos a nadie del Gobierno, ni bomberos, ni Protección Civil, ni militares. Quizá con su ayuda hubiéramos podido salvar a mi prima, que está enterrada ahí abajo. O quizá no, nunca lo sabremos”. Con sus ojos clavados en las ruinas, queda en silencio.

Antes, ese mismo día, Karina Castro se había desplazado a la morgue improvisada al aire libre, en el puerto de La Guaira, a los pies de enormes silos de hormigón visibles a kilómetros de distancia. Allí se acumulan los cadáveres a la espera de ser identificados.

“La gente estaba tranquilamente en sus casas; obviamente, nadie llevaba el carnet de identidad en el bolsillo", dice la joven. "Así que tuve que entrar allí y mirarlos uno por uno hasta encontrar a mi prima. Los cadáveres están en el peor estado que te puedas imaginar”. Se le hace un nudo en la garganta: “El olor es horrible allí. ¿Lo hueles? Se me ha impregnado en la ropa”.

Su ira y su desesperación son compartidas por los damnificados de la región de La Guaira y de la capital. Frente a las ruinas de lo que era un hotel en Catia La Mar, hay dos mujeres sentadas en la acera. “No puedo irme”, cuenta Marisela, “mi hermana estaba aquí, trabajaba en la cocina”.

A Marisela le gustaría poder recuperar su cuerpo. “Han llegado unas miniexcavadoras; las ha pagado el dueño del hotel”, explica, “pero cuando pedimos que cavaran un poco más para encontrar a mi hermana, el conductor de la máquina me pidió 500 dólares”. Incapaz de desembolsar tal suma, Marisela tuvo que ver cómo se marchaba la máquina.

Desde entonces no se mueve de la acera, sin dejar de mirar los escombros: “Si alguna vez llega una excavadora para despejar los escombros, quiero ver si encuentran a mi hermana”. Una semana después del terremoto, Marisela no se hace ilusiones. Espera que saquen un cadáver, al que le gustaría enterrar en una “sepultura digna”.

Muchos cadáveres acabarán en fosas comunes. Su vecina, que le hace compañía, cuenta que entre su marido y ella sacaron los cuerpos de sus suegros. “Aquí hay que hacerlo todo uno mismo, no hay que esperar ayuda del Gobierno”, dice con amargura. Son sobre todo los vecinos y vecinas, personas particulares, quienes trabajan entre los escombros, sin equipo, con un simple trapo tapándose la boca.

Jesús es un joven que se considera un “topo”, por cómo se cuela por los huecos entre la chatarra y el hormigón. “Nunca había hecho esto antes, pero en seis días he adquirido experiencia; incluso he trabajado con los americanos”, dice con una risa un poco nerviosa. Un rescatista profesional que le acompaña comenta: “Aquí, en Venezuela, no tenemos material. La gente está frustrada porque hemos tardado en llegar, pero sin vehículos ni gasóleo, ¿qué queréis que hagamos?”.

Pasan los días y, mientras las posibilidades de encontrar supervivientes son ya prácticamente nulas, el cansancio y la frustración se acumulan y cada vez hay más altercados entre la población y las fuerzas del orden.

En redes sociales, los vídeos lo documentan. En un lugar, un padre desesperado que ha perdido a sus hijos le grita a un joven militar con la mirada perdida: “¡Suelta el arma, joder, y ven a ayudar!”. En otro, los equipos de rescate interpelan violentamente a un agente de policía que bloquea el paso en una carretera en mal estado.

La tensión va en aumento, en un clima de desconfianza frente a un Gobierno corrupto que gran parte de la población considera ilegítimo. “No voy a dar nada a los funcionarios, ni una prenda de ropa, ni una botella de agua”, exclama una joven en el centro de donaciones de la Universidad Central. “Esa gente son unos ladrones, no vamos a empezar a confiar en ellos ahora. Por eso he decidido donar aquí y no en un organismo gubernamental”.

Beat von Däniken, responsable de la cooperación suiza, considera, sin embargo, que “el Gobierno está haciendo esfuerzos, [y que] hay que evitar politizar la situación”. Este extrabajador humanitario, que ha intervenido en varias ocasiones en zonas afectadas por catástrofes naturales, ha podido mantener una conversación con el viceministro de Protección Civil, a quien le ha “sugerido algunas cosas” y ha sido “escuchado”.

“El Gobierno también ha facilitado la entrada de los equipos internacionales al territorio”, afirma. Más de 3.000 socorristas extranjeros están trabajando sin descanso entre las ruinas. “Ningún país está preparado para un desastre de esta magnitud. Suiza tampoco lo estaría”, añade Von Däniken.

Muchos venezolanos consideran no obstante que la catástrofe resulta más difícil de gestionar debido a que el Estado ya estaba debilitado. “Hace años que el hospital está desbordado. No hay camas suficientes, a veces faltan medicamentos, no hay personal suficiente”, confiesa Julia, enfermera de cuidados intensivos, que intenta llegar al pueblo de Naiguata, al este de la región de La Guaira, donde vive su madre con sus dos hijos pequeños.

Lo ha perdido todo en el terremoto, pero da las gracias “al cielo” por haber salvado a su hijo y a su hija, de 9 y 10 años. “Como enfermera de cuidados intensivos, gano 200 bolívares, es decir, 25 céntimos de dólar. ¿Te imaginas quién quiere seguir trabajando en estas condiciones? Yo lo hago por convicción, pero además trabajo con pacientes privados”.

El sistema sanitario público de Venezuela está en crisis. Más de la mitad de los quirófanos no funcionan y las infraestructuras están en mal estado. “Al principio de la catástrofe” —cuenta Julia—, “los heridos empezaron a llegar a los dos únicos hospitales de La Guaira. Pero, muy pronto, ya no fue posible acogerlos”.

En un hospital público de Caracas, donde se atiende a cientos de heridos, un traumatólogo explica a Mediapart que “necesita más equipos de radiología quirúrgica”. “Sin estos aparatos”, detalla, “no puedo operar a tantos pacientes como me gustaría. Nuestro hospital se ha renovado algo últimamente, pero partíamos de un punto tan bajo que aún queda mucho por hacer”.

Por último, surgen preguntas sobre la construcción de los edificios venidos abajo. “¿Cómo es posible que se hayan derrumbado como castillos de naipes?”, se pregunta una vecina, que busca el edificio de su hermana por las calles de Catia La Mar. Lanza una mirada horrorizada a los pequeños complejos de viviendas sociales de Playa Grande: “Mira cómo se han ido abajo. Parece que estuvieran construidos con poliestireno”.

Lleva años siendo cuestionada la calidad de las construcciones de la “Gran Misión Vivienda”, un programa social puesto en marcha en 2011 por Hugo Chávez para dar vivienda al mayor número posible de personas. Pero, en la región de La Guaira, la destrucción es total, mucho más allá de las viviendas sociales.

“No hay duda de que hay edificios, algunos de alto standing, que se han construido sobre terrenos inestables”, analiza un arquitecto de Caracas que prefiere mantener el anonimato. “Y desde luego sin cumplir las normas antisísmicas. Edificios así, de más de quince plantas, construidos sin ningún tipo de control, solo se han podido levantar a base de mordidas”.

Traducción de Miguel López

La búsqueda de supervivientes en Venezuela avanzó en horas críticas este domingo, cuatro días después del doble terremoto que causó al menos 1.450 muertos, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.

Entre los desaparecidos, se registraban 152 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes. Horas más tarde, el ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por Albares, ha rebajado el número de desaparecidos españoles a 138.

Las autoridades venezolanas informaron de al menos 3.150 personas heridas, una cifra menor a la de 3.238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12.721 familias damnificadas.

Además, Caracas aseguró que 33 personas han sido rescatadas con vida.

Rodríguez, a casi seis meses como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero, aseguró que las labores de búsqueda "no se suspenden" y expresó que los rescatistas internacionales devolvieron la "esperanza".

La jefa de Estado anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas y otros tipos de infraestructura que sufrieron afectaciones.

Se usarán como referencia los colores verde, amarillo y rojo de un semáforo para determinar las condiciones de habitabilidad, explicó.

Según cifras oficiales, hay 189 edificios con daños totales y 585 parciales, así como 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole" afectados.

La comisión estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades.

El Ministerio de Transporte indicó el domingo que los servicios de metro en Caracas, Maracaibo (noroeste) y Valencia (norte) fueron restablecidos después de haber culminado la revisión de las infraestructuras.

La líder chavista, quien extendió la suspensión de clases una semana más, anunció también que se conformará una alta comitiva encargada de crear los "campamentos transitorios de quienes perdieron su vivienda" y de planificar proyectos de construcción de inmuebles en "un lapso muy corto".

Esta comisión será presidida por su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y estará conformada por ministerios como el de Hábitat y Vivienda y autoridades de Caracas y los estados La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón.

La Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- anunció la creación de un fondo multidonante de hasta 200 millones de dólares para apoyar la recuperación y reconstrucción de Venezuela.

Justamente el pasado jueves, la mandataria venezolana había informado de la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción del país petrolero.

Durante la jornada, EE.UU. reforzó su despliegue en Venezuela para apoyar las labores de respuesta a los terremotos, con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones, y dijo que en las próximas horas llegarán unos 130 marines al puerto de La Guaira, que quedó fuera de servicio.

Por su parte, Paraguay afirmó que enviará 32 militares especializados en búsqueda y rescate, y un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) partió hacia Venezuela con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria, mientras que Argentina completó los preparativos para el envío de un segundo equipo de ayuda humanitaria.

Y desde la Ciudad del Vaticano, el papa León XIV expresó su "gratitud y aliento" a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia, rogó por el "eterno descanso de los fallecidos" en los seísmos y renovó su "cercanía espiritual" a sus familiares y a todos los damnificados por esta "tragedia".

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han afectado este 24 de junio a Venezuela. Los sismos están relacionados con el desplazamiento lateral entre la placa tectónica el Caribe y la placa suramericana en lo que se denomina una falla de de cizalla: una fractura en la corteza terrestre donde dos bloques de roca se desplazan horizontalmente uno respecto al otro, en direcciones opuestas. Se estima que el movimiento relativo entre las placas es de unos 2 cm por año.

Aunque es poco frecuente que se produzcan dos terremotos de gran magnitud con muy poco tiempo de diferencia, este fenómeno tiene una explicación geológica conocida.

Las fallas tectónicas no son superficies perfectamente lisas, sino que presentan zonas más resistentes llamadas asperidades, donde las rocas permanecen fuertemente bloqueadas y acumulan una gran cantidad de tensión. Cuando la falla comienza a romperse, una parte de esa energía se libera y genera un primer terremoto.

Sin embargo, si alguna asperidad importante resiste inicialmente la ruptura, la tensión puede seguir concentrándose en ella hasta que finalmente cede, provocando un segundo terremoto de gran magnitud. De este modo, la liberación de energía no ocurre en un único evento, sino en dos etapas sucesivas, separadas por un breve intervalo de tiempo.

De hecho, en la misma zona hubo un doblete de menor magnitud en 2025 con magnitud 6,2 y 6,3, respectivamente, y otro en 1812, similar al actual, con magnitudes estimadas de 7,1 y 7,4.

La zona tiene una actividad sísmica continuada, aunque inferior a otras áreas, como la costa del Pacífico. Desde el 1900 se tiene noticia de un centenar de terremotos de magnitud igual o superior a 6 en la zona. El terremoto de mayor intensidad del que se tiene noticia ocurrió el 2 de octubre de 1900 frente a la costa de Caracas.

La magnitud del terremoto principal es alta, pero no excepcional. En 2025 hubo siete terremotos de magnitud igual o superior a 7,5 y en lo que llevamos de 2026, tres más. Ambos eventos recuerdan al terremoto de Haití de 2010, ya que ambos se sitúan en los límites de la placa del Caribe; Haití al norte, Venezuela al Sur.

Como es habitual para eventos de esta magnitud, este terremoto se ha registrado en los sismómetros de todo el mundo. En los equipos de banda ancha, capaces de registrar las ondas de superficie de periodo alto, detectamos movimiento durante más de una hora. Las primeras ondas llegaron a nuestros sismógrafos, en Barcelona, a las 22:15:36 (UTC), unos quince minutos después de la ruptura. Posteriormente las ondas de superficie, de mayor amplitud, se registran durante más de dos horas.

Después de terremotos de gran magnitud, los sismómetros suelen registrar las ondas superficiales que circunvalan a la Tierra cada tres horas aproximadamente.

En esta figura que sigue a este párrafo vemos estas ondas tal y como se han registrado en algunas de las estaciones de la red sísmica de Cataluña, mantenida por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.

En la gráfica, R1 es la onda que viaja desde Venezuela a España por el Atlántico, R2 es la onda que viaja por el lado opuesto (pasando por el Pacífico) y R3 es la misma onda que R1 después de dar una vuelta completa al planeta y sucesivamente.

Así pues, la fase R7 es una onda que ha dado tres vueltas y media a la Tierra, viajando más de 125.000 km.

25 minutos más tarde de los terremotos de Venezuela ocurrió otro terremoto con epicentro cerca de la costa norte de Japón, de magnitud 6,9, que no ha producido daños significativos.

En la imagen que sigue a este párrafo se observa la llegada de las ondas procedentes de Venezuela (línea roja) y de Japón (línea azul) en los sismómetros de la red sísmica educativa del GEO3BCN-CSIC, con equipos instalados mayoritariamente por centros de educación media de Barcelona y Girona.

Aunque la profundidad del evento de Venezuela ha sido mayor, y el mecanismo de ruptura es diferente, la diferencia en la destrucción producida por los dos terremotos se puede relacionar probablemente con el nivel de preparación de cada país ante eventos sísmicos.

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Jordi Díaz Cusí es investigador científico de Sismologia experimental en el Instituto de Geociencias de Barcelona (Geo3Bcn – CSIC)

Venezuela se encuentra en una zona de gran actividad sísmica y su historia reciente incluye episodios como el terremoto de 1967, que dejó 240 muertos en Caracas y sus alrededores. Sin embargo, cuando este miércoles la tierra tembló con violencia en el noroeste del país, decenas de edificios se vinieron abajo y causaron la muerte de al menos 235 personas ―aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que el número final de víctimas puede contarse por decenas de miles―. Minutos antes, un terremoto algo menos intenso en Japón, país conocido por su arquitectura sismorresistente, no registró víctimas.

La clave de la enorme destrucción registrada en Venezuela está en la precariedad de una parte de las construcciones, que no estaban preparadas para esa sacudida, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). "En general, la población de esta región reside en estructuras vulnerables a los sismos, aunque también existen construcciones resistentes. Los tipos de edificios más vulnerables son los de mampostería no reforzada a base de ladrillo o de bloques de adobe".

Sin embargo, la revisión de las imágenes que llegan desde allí demuestra que la vulnerabilidad arquitectónica del país es mucho más profunda. Luca Pelá, catedrático de Ingeniería de Caminos en la Universitat Politècnica de Catalunya, afirma que los vídeos muestran bloques de apartamentos de hormigón armado totalmente derruidos, cuando deberían haber aguantado. 

"Son imágenes que frustran porque se ven fallos evidentes por falta de un correcto diseño sismorresistente y por una ejecución inadecuada. Como investigador es triste ver que hay avances para haber protegido estas viviendas", asegura este experto en seguridad sísmica en edificios.

Uno de los ejemplos que se pueden ver en fotografías tomadas en Caracas y alrededores son escombros de viviendas que han quedado apilados, planta sobre planta, el conocido como colapso pancake. Según describe el profesor, este derrumbe se produce porque las columnas no están diseñadas para soportar la energía de un seísmo y van cediendo una detrás de otra. "Esto no es una cuestión material y se podría solucionar con refuerzos, pero esto tiene un coste y por la situación económica de Venezuela, no se ha hecho", añade Pelá.

En cuanto a los edificios de mampostería, que consisten en piedras apiladas y pegadas con un conglomerado, su capacidad para soportar una sacudida es mínima, ya sean de ladrillo o de adobe, según Eugenia del Río, secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

"La mampostería de ladrillo suele ser muy rígida y dudo que pueda absorber la energía. Si es de adobe está hecho de una mezcla de barro y paja y eso le da más elasticidad, pero en absoluto está preparado para un terremoto", opina la arquitecta.

Pese a la abundancia de construcciones endebles, Venezuela tiene una normativa exigente de arquitectura sísmica que comenzó tras el trágico episodio de los años 60 y los numerosos avisos que ha habido desde entonces. En los 250 kilómetros que rodean al sismo de este miércoles se han producido siete sismos de magnitud 6 o superior en el último siglo. El último fue en septiembre de 2025, con dos sacudidas seguidas de magnitud 6,2 y 6,3. El doble seísmo de este miércoles fue todavía mayor, de 7,2 y 7,5.

Esta virulencia se debe a que la costa de Venezuela se encuentra en la unión de la placa tectónica de Sudamérica y la del Caribe, además de que la capital, Caracas, se levanta sobre una capa de sedimento que amplifica la intensidad de los seísmos.

En 2001 se aprobó la norma de Construcciones Sismorresistentes del país y en 2019 fue actualizada, pero en un país que lleva 15 años sumido en una profunda crisis económica es habitual la construcción informal al margen de los reglamentos con materiales de mala calidad.

Un artículo de la Fundación Instituto de Ingeniería, publicado en 2025, abordaba precisamente el problema de la edificación fuera de la ley: "Actualmente la situación de las construcciones en Venezuela, con respecto al cumplimiento de las normas de sismorresistencia, es realmente inquietante". Según añadían, la falta de supervisión y los errores de diseño provocaban que muchas viviendas eran "propensas a colapsar o sufrir graves daños durante un sismo". Esta imagen acompañaba ese comentario:

Algunos de los edificios derruidos o gravemente dañados que se ven en vídeos que circulan en internet son también construcciones de gran altura, y algunos superan las diez plantas. Este es otro factor que multiplica el riesgo de derrumbe de una estructura, ya que dificulta que la estructura pueda recomponerse tras la sacudida.

Arianna Guardiola, experta en Estructuras de la Universidad Politécnica de València, explica que cuantas más alturas tiene un bloque, mayor es la oscilación que sufre por el terremoto, lo que da lugar a dos problemas. Por un lado, aumenta la deformación de la estructura y esta puede colapsar si los materiales y el diseño son rígidos. Y por otro, puede desviar tanto el centro de gravedad del edificio que este termine cediendo y derrumbándose.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que en estos momentos aún hay 68 españoles que no han sido localizados tras los terremotos que han asolado este jueves Venezuela. Según ha explicado en declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, están centrados en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

Para ello, ha hecho un llamamiento a quienes no hayan contactado con la Embajada en Caracas ni con el consulado a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito.

El responsable de Exteriores también ha señalado que los sismos han provocado "daños de cierta envergadura" en el Consulado español en Caracas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le ha garantizado la ayuda necesaria de España tras los efectos de los dos terremotos sufridos por su país.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa está gestionando los permisos necesarios para enviar cuanto antes a Venezuela, si es posible este mismo jueves, un avión con 57 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ocho unidades caninas y material de emergencia para prestar ayuda ante los terremotos en el país. Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado a EFE que el aparato está ya en la base de Torrejón (Madrid) a la espera de concluir con toda la logística necesaria para el vuelo, y que en un principio se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas está cerrado.

La intención inicial es que el avión con los efectivos de la UME despegue hacia las 21:00 horas. En el aparato de Defensa van a desplazarse a Venezuela además dos ingenieros del Ejército de Tierra. Los técnicos trabajan en las labores para garantizar su avituallamiento y la incorporación del material y los equipos especializados de búsqueda de supervivientes, de modo que cuando se cuente con los permisos necesarios el avión pueda despegar.

Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a hablar con su homólogo venezolano, Yván Gil, durante la escala que en República Dominicana ha hecho el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, para concretarle la ayuda que tiene preparada España.

Según Exteriores, Albares ha detallado al ministro venezolano que en el avión del Ejército del Aire viaja, junto al destacamento de la UME, un equipo de la Aecid con material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras.

Han quedado en volver a hablar para actualizar las necesidades y las operaciones que necesite Venezuela, al que el Ejecutivo ha brindado todas las capacidades de la Aecid: envío de material, financiación y un hospital de campaña del equipo Start.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. En el segundo balance que ha dado el gobierno este jueves por la mañana, el número de fallecidos asciende ya a 164 personas mientras que los heridos y desaparecidos se cuentan por centenares. En un primer momento, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó en una declaración en la televisión pública venezolana, VTV, aseguró que los fallecidos ascendían a 32 fallecidos y más de 700 heridos "sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira", la zona más afectada a escasos 20 kilómetros de la capital del país.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

El informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalla que el primer movimiento tuvo lugar a unos 24 kilómetros de San Felipe, la capital del estado Yaracuy, a una profundidad de 21,9 kilómetros, mientras que el segundo se produjo en Yumare, también en el mismo estado, pero más al norte, pese a ello, en Caracas —a 300 kilómetros de Yumare— se sintió el terremoto y al menos dos edificios colapsaron en la plaza Altamira.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la presidenta, quien compareció en una primera valoración acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En esa región vecina de Caracas, está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, que fue cerrado por el Ejecutivo del país debido a los graves daños que sufrió.

Con las labores de rescate en marcha y una cifra de fallecidos y heridos aún sin confirmar, algunos dirigentes locales avisaban ya esta mañana de la magnitud del desastre. El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, advertía sobre más muertes en su jurisdicción. "Estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", dijo el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de los dos edificios colapsados en la capital.

El dato más preocupante de la proyección de fallecidos lo ha dado el Servicio Geológico de EEUU que ha estimado que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.

Sobre la posibilidad de que haya españoles en la zona, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que en estos momentos aún hay 68 ciudadanos que no han sido localizados.

La mandataria venezolana dijo que las autoridades están desarrollando "muy arduas" labores de rescate en ese estado para salvar vidas después de que haya "decenas" de edificios colapsados. Añadió que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana.

A medida que avanzaba el día los dirigentes internacionales han ido ofreciendo ayuda y mostrando su solidaridad con el país afectado. Donald Trump, a través de un comentario en su red, Truth Social, ofreció su ayuda al país y aseguró que ambos terremotos "han dejado un número devastador de fallecidos".

Dirigentes de Brasil, Panamá, España, Portugal, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, México o Cuba, entre otras naciones, han expresado su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos.

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han expresado sus condolencias y han trasladado todo su apoyo al pueblo venezolano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su "preocupación y consternación" por los efectos de los terremotos y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar al país caribeño en la atención de la emergencia. "Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela", escribió en X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: "Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy".

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció sus condolencias a Venezuela y aseguró en la red social X que su país "está dispuesto a prestar toda la ayuda posible".

A estas reacciones internacionales se ha sumado el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ha indicado este jueves que va a centrar parte de las conversaciones entre el organismo y el Gobierno de Venezuela en cómo apoyar las necesidades adicionales del país a raíz de los terremotos que han golpeado con dureza la nación caribeña. La portavoz del FMI, Julie Kozack, ha dicho en rueda de prensa que ahora los intercambios entre la entidad multilateral con sede en Washington y Caracas "girarán en torno a cómo apoyar mejor" al país tras la "tragedia" por los dos seísmos que han dejado más de 160 muertos y 970 heridos en territorio venezolano.

Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto a señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de "una organización criminal" dedicada "al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". La operación reseñada esta vez no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Se trata de una mediación a favor de un grupo empresarial peruano con el expresidente de Bolivia Luis Arce para tratar de poner solución a un pleito millonario en ese país, por la que el exlíder del PSOE habría obtenido 200.000 euros. Fuentes del entorno de Zapatero han asegurado a infoLibre que esa actividad investigada por los agentes fue "una actividad de consultoría por completo legal". También señalan que "sería inaceptable hacer una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del expresidente" y consideran "un escándalo sin precedentes" que se publiquen "agendas y conversaciones privadas de un presidente".

El documento policial señala muy detalladamente todos y cada uno de los trámites para que Zapatero llevara a cabo esa gestión. La petición partió de la sucursal en Bolivia de la consultora Kreab, en concreto de su asesora senior Carmen Almendras, que fue embajadora en España entre 2007 y 2015. La consultora, a través de su asesora, pidió ayuda al expresidente español el 8 de mayo de 2024 para que prestara auxilio al más alto nivel al Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Una de las empresas de ese grupo, Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), fue condenada en Bolivia por competencia desleal con la cementera Fancesa (Fábrica Nacional de Cemento SA), de la que Soboce era propietaria de un tercio del capital que luego fue expropiado por el Estado boliviano. Fancesa demandó a Soboce y el Tribunal Supremo del país andino condenó a esta última a pagarle 107 millones de dólares (94 millones de euros al cambio actual).

Para prestar ese servicio, Zapatero se desplazó el 15 de septiembre de 2024 a Bolivia, donde se entrevistó con el expresidente Luis Arce –actualmente en prisión preventiva tras su detención en diciembre acusado de varios delitos de corrupción– y con su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Las gestiones del expresidente español en Bolivia para el Grupo Gloria siguieron produciéndose a lo largo de 2025, con nuevos contactos telefónicos con el expresidente Arce y con el entonces Procurador General (fiscal general) del país, Ricardo Condori, con el que habló el 6 de mayo de ese año. A finales de mes, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio la razón a Soboce, y suspendió provisionalmente el pago de la millonaria indemnización a Fancesa.

El informe contiene dos conexiones con la supuesta operativa ilícita detallada por Calama en el auto que dio inicio a la investigación contra Zapatero. La primera es que el dinero que obtuvo por sus gestiones se le transfirió a través de una empresa interpuesta. Se trata de Focus Social Research, una sociedad con la que el propio Zapatero firmó un contrato de prestación de servicios de asesoría. Fue esa firma, cuyo objeto social, según los agentes, es el marketing, la que canalizó supuestamente los tres pagos (uno de 100.000 y dos de 50.000 euros, respectivamente) que le habría abonado, en realidad, el grupo empresarial peruano Gloria. Focus Social Research, según el informe de la UDEF, "habría sido empleada como sociedad interpuesta". En el auto del instructor con el que imputó a Zapatero aparecían otras mercantiles que supuestamente actuarían como tapaderas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa...

La segunda conexión con los hechos que sirvieron a Calama para actuar contra Zapatero es la presencia de los hermanos Guillermo y Domingo Amaro Chacón, ambos empresarios venezolanos y titulares, precisamente, de Inteligencia Prospectiva. El instructor señala a esta sociedad sin actividad como canalizadora de fondos a la trama y una de las entidades con las que una empresa china habría intentado obtener cupos de petróleo en Venezuela gracias a la relación personal del expresidente español con la actual presidenta encargada y anterior ministra de Petróleos del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Uno de los pagos registrados a WhaTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, procedió directamente de esta sociedad sin personal que justificaba el dinero que entregaba a través de ampliaciones de capital. Los hermanos Amaro Chacón fueron con Zapatero a Bolivia en el viaje en el que el expresidente hizo las gestiones a favor de Gloria con Arce.

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero aseguró que había desarrollado "una intensa tarea de consultoría" con los hermanos Amaro Chacón, con los que, sin embargo, afirmó que no mantenía el contacto. "Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones, me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas, he viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos", declaró. El expresidente también negó haber mediado a favor de ninguna empresa china para que obtuviera petróleo. "No he tenido ninguna relación con ninguna empresa china más que mi actividad en China, que ha sido dar conferencias", aseguró.

El 24 de octubre de 2024, agentes de la Policía española registraron el despacho del abogado Miguel Palomero en Madrid a instancias de las autoridades judiciales de Francia y Suiza, que investigaban una red internacional de blanqueo de capitales. Entre el material intervenido había cinco años de conversaciones entre Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados Manglano, a quien un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos en Caracas publicado por Wikileaks identificaba ya en 2006 como "facilitador principal" e intermediario entre el Gobierno venezolano e instituciones financieras internacionales. El chat se llamaba "Danilo España".

Lo que la Fiscalía Anticorrupción encontró en esas conversaciones no tenía que ver directamente con los 53 millones del rescate a Plus Ultra que se investigaban en paralelo. Era una trama de presuntos favores y gratificaciones en España que, según los investigadores, abarcaba desde el control de fronteras del aeropuerto de Barajas hasta contratos con Repsol en Venezuela, y que salpicaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía abrió diligencias de investigación propias en diciembre de 2025. En febrero de 2026, la jueza que instruía el asunto en Madrid, Esperanza Collazos, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional citando que el chat ponía en evidencia "actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia". 

En ese mismo auto, Collazos identificaba a Díazgranados como alguien que mantiene una relación "personal y económica" con una persona denominada en el chat como "Zorro", "Z" o "ZZZZ", identificada por los investigadores como Zapatero. La propia Audiencia Nacional, al aceptar la inhibición, describió el chat como una "cadena de favores y gratificaciones" con conversaciones relacionadas con el tránsito aeroportuario, regalos a personas con posiciones de poder y contactos de alto nivel para obtener contratos empresariales.

El episodio más explícito que recoge el chat arranca el 27 de mayo de 2019, cuando Francisco Alfonso Díazgranados Salvatierra, hijo menor de Danilo y conocido familiarmente como Kiko, fue detenido por falsedad documental en el control de fronteras de Barajas al embarcar en un vuelo a Miami. A la detención le siguieron, según la Fiscalía Anticorrupción, una serie gestiones para paralizar el procedimiento penal, que habrían implicado a autoridades en "muy altos niveles del ámbito administrativo y del judicial", y acciones paralelas para eliminar el registro de la detención de las bases de datos de la embajada estadounidense, con el fin de que Kiko pudiera seguir viajando a ese país. Los documentos de la Fiscalía infieren que la causa acabó en absolución y que la información ante las autoridades de EEUU "quedó limpia".

En el centro de esas gestiones aparece Jesús María Gómez Martín, entonces comisario del puesto fronterizo del aeropuerto de Barajas. El 4 de noviembre de 2020, Palomero escribía a Díazgranados: "La reunión de hoy del comisario ha sido muy fructífera. Parece que ayer se aclaró todo y se ha limpiado el expediente de Kiko." Díazgranados respondió que "nosotros nos portamos también con él", a lo que Palomero confirmó: "La verdad es que sí nos portamos súper súper bien."

La recompensa aparece documentada en otra conversación, de marzo de 2020. "Si te parece voy a sacar los 7.000 euros para el amigo", escribe Palomero. Cuando Díazgranados pregunta de quién se trata, la respuesta es: “Para Jesús el comisario.” Horas más tarde Palomero añade que está comiendo con él, y esa tarde Díazgranados confirma: “Siii [sic], dale lo de Jesús.” La Fiscalía aprecia en el conjunto del chat indicios de un delito continuado de cohecho. Las gratificaciones más frecuentes que describen las conversaciones son botellas de vino de alta gama que Díazgranados encargaba a Palomero para distribuir entre sus contactos, entre ellos el propio comisario, Zapatero y el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, el mismo que el juez Calama sitúa como lugarteniente principal en la trama de Plus Ultra.

Gómez Martín era el máximo responsable de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando tuvo lugar el escándalo conocido como Delcygate, en el que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aterrizó en España a pesar de las sanciones europeas que se lo prohibían. El entonces ministro José Luis Ábalos, encargado de su recepción, ofreció múltiples versiones sobre lo ocurrido, desde el “saludo forzado sin pisar suelo español” hasta el “encuentro de 25 minutos”. Dos años después, en noviembre de 2022, Gómez Martín fue ascendido a jefe superior de Policía de Canarias, cargo en el que continúa. Su tarjeta de visita, con un número de teléfono manuscrito, apareció en el registro de la sede de Plus Ultra practicado por la UDEF en diciembre de 2025.

Los favores que el chat atribuye al comisario no se habrían limitado a Barajas. Según los investigadores, su control sobre el aeropuerto de Cuatro Vientos, destinado a vuelos privados, pudo haber servido para la realización de negocios de naturaleza ilícita aún por determinar, en relación con una conversación de mayo de 2021 en la que se sugieren negocios con la "mano derecha del ministro de Transportes", identificada por la Fiscalía con “toda probabilidad” como Koldo García Izaguirre. El mismo informe policial apunta que el comisario habría facilitado la llegada a España de personas del entorno de Díazgranados sorteando los controles de aduanas.

El chat recoge también transferencias de Díazgranados a sociedades del entorno de Zapatero. En abril de 2020, según los investigadores, Díazgranados ordenó a Palomero el envío de 20.000 euros a Whathefav, la agencia gestionada por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa —"en persona te cuento de quién es", escribió el venezolano— con el concepto "asesoría de mercadeo". La Fiscalía señala que estos pagos “coinciden cronológicamente con la consecución de favores a intereses de Danilo en España”.

Entre los presuntos favores figura también la intermediación de Zapatero ante altos ejecutivos de Repsol para que Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía en Venezuela, una conducta que la Fiscalía Anticorrupción califica como posible corrupción en los negocios. A las preguntas de infoLibre, Repsol niega de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo Díazgranados.

El 18 de mayo de 2026, el mismo día que imputó a Zapatero en la causa principal de Plus Ultra, el juez Calama formalizó la creación de dos piezas separadas de investigación a las que incorporó los informes policiales sobre esta trama. Son piezas independientes cuyo contenido no es público. Lo que sí consta es que la Audiencia Nacional las abrió con los mismos informes de la UDEF que describen la cadena de favores al comisario, los pagos a Whathefav y la presunta intermediación ante Repsol. 

El análisis de los teléfonos, dispositivos de almacenamiento y documentación incautada en los registros que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el martes de la pasada semana puede que lo haya aclarado ya. Pero hasta que el instructor del caso Plus Ultra acordó esas actuaciones, la UDEF desconocía si el contacto denominado "Z" que encontraron en el teléfono de Julio Martínez Martínez, el amigo y compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, correspondía exactamente a la identidad del expresidente. Demostrarlo constituiría una prueba de cargo y directa contra el exjefe de Gobierno que, hasta ese momento, no habían obtenido, como se expone en el último informe policial del sumario enviado a Calama antes de que el instructor lanzara la operación. Con esos registros, la Policía trata de conocer también los canales de comunicación del expresidente con la trama de altas influencias que le acusa de liderar. Porque ese liderazgo se le atribuía hasta la pasada semana únicamente por conversaciones de terceras personas en las que él no intervino.

La necesidad de acreditar que "Z" es Zapatero se recoge en el último informe de la UDEF, que la unidad policial mandó a Calama el jueves 14 de mayo, solo cinco días antes de que el instructor levantara el secreto, imputara al expresidente y diera luz verde a los registros. En ese documento, que expone al magistrado las diligencias a ordenar con la imputación del expresidente. Los agentes explican en él que la "localización y aseguramiento de soportes documentales y dispositivos" que se incauten en los registros son necesarios para confirmar, en primer lugar, "el contenido de las gestiones y la validación de las actuaciones realizadas por la red organizada, como se constata en las conversaciones mantenidas entre Julio Martínez Martínez y el mayor general [militar Venezolano] Juan Manuel Teixeira", presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, "respecto de los vuelos de Plus Ultra".

Los agentes se refieren a una de las dos ramas de supuesto tráfico de influencias que la investigación atribuye a la estructura presuntamente liderada por Zapatero. Por un lado se encuentran las presuntas gestiones con las autoridades españolas, en concreto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, o el Gobierno, para lograr el rescate de Plus Ultra, concedido el 9 de marzo de 2021 mediante dos préstamos por valor de 53 millones de euros. Por otro lado, el instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la unidad policial especializada en delincuencia económica y fiscal, investigan las supuestas gestiones que la trama, a través de Martínez Martínez, habría realizado con las autoridades aeronáuticas venezolanas para sortear las prohibiciones de vuelo y engrasar autorizaciones en favor de la compañía aérea.

Esta segunda rama es fundamental en la investigación contra el exlíder del PSOE, porque en las pesquisas aparece lo que los agentes, la Fiscalía y el juez sospechan que puede ser la única intervención directa de Zapatero que hasta la semana pasada constaba en los autos. El auto con el que Calama imputa al expresidente se refiere a una conversación entre Martínez Martínez y el mayor general Teixeira, jefe del INAC, mantenida a partir del 5 de marzo de 2021. Después de que el mayor general venezolano le enviara un convenio de pago entre Plus Ultra y ese organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular para el Transporte de Venezuela en el que le recordaba que la compañía tenía una deuda con ellos de 258.618 euros. El amigo de Zapatero ejerce desde entonces, según el juez, un papel de intermediario con Julio Martínez Sola, el presidente de la aerolínea.

Las gestiones con Teixeira se repiten desde marzo hasta julio, cuando el director del INAC reprocha al empresario amigo de Zapatero que Plus Ultra esté culpando a las autoridades venezolanas de la falta de autorización de dos vuelos de la compañía. El 30 de julio de 2021 Martínez Martínez le comunica al militar venezolano que la aerolínea le pide que interceda "en la autorización del INAC por el vuelo CCS [Caracas]-Madrid del sábado". Teixeira le responde con dos imágenes que contienen la reseña de los vuelos y se entiende que finalmente los autoriza: "Esos son los vuelos. No hay más", le dice.

El auto refleja cómo al día siguiente, Martínez Martínez recibe una felicitación. "El 31 de julio de 2021 una persona registrada como 'Z' en la agenda del teléfono de Julio Martínez Martínez, le envía el siguiente mensaje: 'En tiempo y forma. Exitosa gestión...'". Acto seguido, el compañero de running del expresidente socialista se dirige de nuevo al mayor general Teixeira y le agradece el favor, "señalando expresamente que Plus Ultra le ha indicado que los vuelos están aprobados". "Muchas gracias por su ayuda", le dice Martínez Martínez al militar venezolano. La UDEF deduce que ese "Z" sería José Luis Rodríguez Zapatero y en algún otro informe lo da por sentado. Sin embargo, a la espera de los resultados que dé el análisis de la documentación incautada en los registros, hasta la operación policial de la semana pasada ni el juez ni los agentes lo consideraban aún probado.

Otra de las evidencias que, hasta el pasado 19 de mayo los agentes no habían podido acreditar son "los canales de comunicación a través de los cuales, José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes (correos electrónicos, telefonía y otros medios de los que dispusiera)", según recoge el último informe de la UDEF. El auto de Calama y los distintos informes de la Policía deducen su implicación de conversaciones entre terceras personas y con su amigo Julio Martínez, de su supuesta participación en la creación de la principal empresa de este último para la que Zapatero trabajaba como consultor, Análisis Relevante, y del rastro del dinero desde Plus Ultra y otras compañías pantalla que habrían sido creadas ad hoc para canalizar dinero hacia el entramado societario de Martínez Martínez y de ahí al expresidente y a la empresa de sus hijas, Whathefav SL. Sin embargo, hasta la semana pasada no había aparecido un solo mensaje que partiera directamente de Zapatero de manera indubitada.

La ausencia de comunicaciones registradas en la causa que permitan acreditar las órdenes e instrucciones del exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la organización se extiende también a Whathefav SL. Siguiendo el rastro de los fondos de Análisis Relevante y de otras sociedades tapadera como Inteligencia Prospectiva –cuyos administradores, los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, actuarían como captadores de clientes para el entramado de influencias– los investigadores definen a la empresa de las hijas de Zapatero, en cuyas cuentas bancarias aparece como autorizado el expresidente, como "elemento finalista del entramado investigado", ya que, según la UDEF, "percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red".

Sin embargo, según se deduce de su último informe antes del levantamiento del secreto del sumario, se desconocen las comunicaciones mantenidas a través de los correos electrónicos de sus empleados y administradoras bajo el dominio @whathefav.com. Los agentes esperan, además, conocer si existe una correspondencia entre "la actividad declarada y la actividad real de Whathefav SL, lo que además permitiría determinar "el grado de participación y su integración en la red organizada".

El caso Plus Ultra ha revuelto toda la escena política. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias condiciona ahora mismo todo el panorama. Y más allá del aspecto judicial y de sus efectos para el Gobierno y el PSOE, se abre también el debate de dónde están los límites en las actividades de los que fueran jefes del Ejecutivo.

¿Cómo debe ser la salida del Palacio de la Moncloa? ¿La legislación debería ser más estricta respecto a los trabajos que pueden realizar? ¿Debe condicionar para siempre el puesto de presidente? ¿Se tiene que cerrar la puerta giratoria a la empresa privada? ¿Hasta dónde se puede hacer lobby? Son preguntas que sobrevuelan ahora mismo en el debate público.

El estatuto de los expresidentes está regulado a través de un real decreto de 1992, que modificó a su vez el texto original de 1983, ambos redactados bajo las Administraciones de Felipe González. El redactado, que consta de cuatro artículos y tres disposiciones, establece que los exjefes del Ejecutivo gozarán del tratamiento de “presidente” y que, en sus desplazamientos fuera del territorio nacional, podrán contar con el apoyo de los servicios de representación diplomática española.

Asimismo, el decreto incluye “medios y prerrogativas”. Se les adscriben dos puestos de trabajo a su servicio, uno de ellos con nivel 30 (el mayor rango dentro de la Administración pública española). Y se les permite nombrar a ese personal por el sistema de libre designación (no tienen que ser funcionarios ni que pasar algún tipo de prueba).

Se fija que tendrán una dotación “para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado”. La pensión vitalicia, según las últimas cuentas públicas, está fijada en 79.336 euros brutos al año.

El real decreto establece asimismo que se pone a disposición de los expresidentes un automóvil con conductor a cargo de la Administración y se proporciona seguridad a través del Ministerio del Interior. Otra de las medidas a su disposición es que disfrutan de “libre pase” en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

En 2004 también se abrió otro posible camino para los expresidentes del Gobierno con una modificación legal hecha precisamente por el primer Ejecutivo de Zapatero, para que los que hubieran sido jefes del Ejecutivo puedan incorporarse como miembros natos del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo. La remuneración ronda los 100.000 euros al año. El propio Zapatero formó parte hasta 2015, cuando lo abandonó para desempeñar la presidencia del Consejo Asesor de la Fundación alemana del Instituto de Diplomacia Cultural. El puesto en el Consejo de Estado es incompatible con cobrar alguna nómina o pertenecer a algún consejo de administración, por eso nunca lo aceptaron ni Felipe González ni José María Aznar. 

El estatuto que regula la situación de los expresidentes no tiene ninguna referencia sobre posibles labores privadas ni tampoco establece ningún control a la actividad de los que fueron jefes del Ejecutivo. Las limitaciones aplicables son las recogidas en la Ley del Alto Cargo, aprobada precisamente en la época de Rodríguez Zapatero y que afectan a todos los miembros del Gobierno. 

En el artículo 15 de dicha norma se dispone: “Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

Este vacío que se detecta en la regulación de las actividades de los expresidentes llena ahora también el debate público después de la investigación abierta respecto a Rodríguez Zapatero. Por eso, desde los partidos de la izquierda transformadora se está poniendo sobre la mesa durante estas horas la necesidad de concretar más el estatuto regulatorio.

El grupo parlamentario de Sumar está trabajando ya en una propuesta para cambiar el estatuto de los expresidentes, según señalan fuentes del espacio, que trasladan: “Es fundamental una reforma. Y debe ser más dura que la ley de lobbies”. La idea con la que están trabajando es dejar claras las limitaciones que pueden tener los expresidentes.

Será una propuesta del grupo parlamentario y no prevén pactarla con el PSOE en esta fase previa. No hay fecha para su presentación, pero no se va a demorar, apuntan las fuentes consultadas del espacio, donde insisten: “No puede ser que cobres por vender tu agenda de contactos como presidente. Seas Aznar o Zapatero”.

Hay voces de este espacio cuestionando no sólo el marco normativo, sino también este tipo de trabajos de lobby por parte de expresidentes. La diputada de Sumar Tesh Sidi ha verbalizado estos días: “El ejercicio de lobby de un expresidente es injustificable. Reciben ya una pensión vitalicia por ser expresidentes”. El exdiputado andaluz José Manuel Jurado ha expresado también así sus sensaciones: “Es absolutamente falto de ética el lobbismo, y me vais a perdonar, pero, sea legal o no, no voy a defender a un tipo que se ha embolsado casi 300 mil euros al mes gracias a su influencia”.

La situación de Zapatero ha vuelto los ojos también hacia las figuras de los expresidentes. Mariano Rajoy volvió a su puesto como registrador de la propiedad y trabaja en Madrid tras el traslado de su plaza en Santa Pola (Alicante). En cambio, González y Aznar llevan años volcados en su labor de lobby en el mundo de la empresa.

Aznar va a cumplir 20 años como asesor del magnate Rupert Murdoch después de que el conglomerado News Corp lo renovara como consejero independiente el pasado mes de noviembre, aunque una parte de la junta de accionistas estaba en contra. Sólo en el último ejercicio se embolsó más de 341.000 dólares por este puesto. Ha sumado, a cargo de esta empresa, más de cuatro millones de euros desde que fue fichado en 2006, dos años después de dejar el Palacio de la Moncloa. El expresidente también ha estado ligado a Endesa, a Centaurus Capital, DLA Piper, Philip Morris y Latham Watkins.

El expresidente González fichó como consejero independiente en 2019 de Boluda Towage, una división del naviero Vicente Boluda, un millonario que preside la Asociación Valenciana de Empresarios. También estuvo varios años como consejero de Gas Natural, puesto por el que percibía 126.000 euros al año.

“Lloro con lo de Zapatero. No me lo puedo creer. He colgado una foto con él para apoyarlo. ¿Se sabe algo más?”. Esta confesión la hace un cargo territorial del PSOE. Y resume el estado de ánimo que comparten miles de socialistas a lo largo y ancho de España. La mayoría del partido digiere la imputación del expresidente por parte de la Audiencia Nacional, cruzando los dedos para que se despejen las dudas en su declaración del 2 de junio.

Rodríguez Zapatero es el gran bastión moral para la mayoría de socialistas, un expresidente cuyo Gobierno no tuvo ningún caso de corrupción. El hombre que aprobó la ley de igualdad, que impulsó el histórico matrimonio igualitario y que puso punto final a la dolorosa historia del terrorismo etarra. Llena los mítines, lo escuchan, lo aplauden, comparten sus cortes en redes. 

Y en el PSOE no lo reconocen en el perfil que señala el auto como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. 

La orden de Sánchez: respaldo a Zapatero

Los ministros y los dirigentes del partido ya han leído durante estas horas el duro auto. Lo están reposando, analizando, masticando. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado la directriz política: total respaldo a Rodríguez Zapatero, remarcando el respeto a la presunción de inocencia y mostrando total colaboración con la Justicia. Se abandonan las expresiones que apuntan al lawfare, como abrazó en un primer momento la dirección socialista cuando aún no se conocía el auto de manera íntegra.

Y, en la esfera pública, se detectan dos caminos diferentes: en la dirección del PSOE y en Moncloa trasladan tranquilidad después de leer las 85 páginas del auto, mientras que entre los socios que apoyan a los socialistas el ánimo se ha revertido, pasando de criticar a los jueces a pedir cautela. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, definió así su ánimo: “Jodido”. Para el republicano catalán: “Si es verdad, es una mierda. Y si es mentira, es una mierda aún mayor".

En Moncloa defienden que no hay pruebas concluyentes

En el Palacio de la Moncloa siguen defendiendo de manera cerrada al expresidente. ¿En qué se basan? Fuentes gubernamentales analizan que se trata de un “auto serio”, lejos de los que redacta el juez Peinado, pero remarcan que no hay ninguna prueba concluyente y que no existe ninguna conversación en primera persona del propio Rodríguez Zapatero. Por eso, en estos momentos de convulsión, apelan a la “máxima cautela”.

El modo de proceder del propio Sánchez es diferente respecto a su ex secretario de Organización Santos Cerdán, al que señaló la puerta de salida de manera inmediata cuando se hizo público el informe de la UCO sobre sus supuestas actividades para cobrar mordidas. Entonces sí había conversaciones del dirigente socialista en primera persona, algo que no pasa en el caso del expresidente.

“No creemos que sea como el caso Cerdán”, subrayan fuentes de Moncloa, que, en todo momento, inciden en que es un “auto serio, pero no tiene pruebas”. De esta manera, siguen creyendo en la inocencia del expresidente. ¿Puede ser contraproducente esa defensa si posteriormente se demuestra algún acto delictivo? En el entorno del presidente no quieren hacer especulaciones, pero hacen esta reflexión: “La vida es complicada”.

El PSOE se prepara para una larga travesía judicial

Algunos miembros del Consejo de Ministros se aferran también a que no hay conversaciones directas del expresidente en el auto del juez José Luis Calama y emplazan a conocer la declaración de Zapatero el próximo día 2 de junio. También recuerdan en el Ejecutivo que el exlíder del PSOE ya dio explicaciones en el Senado cuando fue convocado por el Partido Popular para comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

En el partido, según varios dirigentes consultados, se espera una larga travesía judicial de este caso y sostienen que ahora mismo se trata de un auto embrionario. Pero, a la vez, la idea extendida es que hay que apoyar al expresidente y dejar que dé todas las explicaciones.

Es un momento “duro”, como reconoció el propio presidente del Gobierno en un chat con la Ejecutiva del PSOE después desconocerse la citación de Zapatero como investigado por parte del juez de la Audiencia Nacional. Y, aunque se evita hablar ahora de lawfare, muchos socialistas siguen comentando en privado la operación que llevan sufriendo desde hace años, que se ha materializado en el ex fiscal general del Estado y la esposa y el hermano del presidente del Gobierno.

A pesar de estos días complicados, el mensaje que sale desde el Palacio de la Moncloa es que se mantiene intacta la hoja de ruta de agotar la legislatura en verano del año que viene. Algo que comparten también en la dirección socialista después de que las andaluzas hayan concluido el anterior miniciclo electoral. 

Asimismo, fuentes socialistas remarcan que el PSOE también levanta ahora esa defensa de Rodríguez Zapatero porque representa la dignidad del partido, además de ser cultura de la formación, que también arropó a Felipe González en los momentos más complicados. Todo el mundo coincide, además, en que Zapatero fue uno de los pilares básicos para que la izquierda pudiera aguantar en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Los socialistas mantienen su apoyo a Zapatero. Todos siguen minuto a minuto el devenir del caso. Con el gran valor sentimental que representa. Esperan, cruzando los dedos, que el expresidente tenga bien atadas las respuestas para el 2 de junio.

El objetivo que los directivos de Plus Ultra buscaban al "contratar" los supuestos servicios de la red presuntamente dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, era el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana por un importe de 53 millones de euros, una finalidad que se logró. Pero, aunque el consejo rector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o el Consejo de Ministros no lo hubiese aprobado, el delito de tráfico de influencias que se atribuye al expresidente socialista podría haberse producido igualmente. Porque, como recoge el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto por el que acordó su imputación y el registro de su oficina, la empresa de sus hijas y otras sociedades de la trama, la principal infracción penal que se le imputa no exige un resultado concreto. Tampoco que se produzca un beneficio para el perpetrador.

Para que el tráfico de influencias –que se castiga con penas de hasta dos años de prisión– se consuma basta con que el autor haya intentado influir para lograr su objetivo. Que prospere la imputación de Zapatero depende de que se pruebe que ejerció su ascendencia sobre responsables de la SEPI, funcionarios o cargos del Ministerio de Hacienda –del que depende esa entidad–, su entonces titular, María Jesús Montero, o cualquier otro miembro del Consejo de Ministros –el órgano encargado de tomar la decisión definitiva– incluido su presidente, Pedro Sánchez.

Es lo que el propio instructor del caso y otros expertos penalistas llaman "delito de mera actividad". En su auto, Calama cita la Operación Avispa –el caso por el que se condenó en 2021 al exsubdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, por dar permisos de residencia a miembros de la mafia georgiana– o el caso Palma Arena –en el que fue condenado el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas (PP)– para explicar que "basta con que el sujeto activo intente influir en un funcionario, sin ser necesario que la resolución buscada llegue a dictarse".

El juez de la Audiencia Nacional aclara también que, para que se produzca el delito, tampoco es necesario "que la resolución pretendida sea injusta o arbitraria". En el caso que investiga, el magistrado sí considera, sin embargo, que el rescate de Plus Ultra se produjo sin que la aerolínea cumpliera los requisitos legales para ello, algo que en cualquier caso sería indiferente para la consumación de la infracción. "Lo relevante es que la influencia tenga la capacidad objetiva de orientar al funcionario hacia la decisión deseada", escribe Calama en su resolución.

"La conducta debe dirigirse a lograr una resolución que pueda implicar algún tipo de beneficio económico directo o indirecto", prosigue. "Sin embargo, ni la existencia real de ese beneficio ni la emisión de la resolución son requisitos para que el delito se considere consumado", añade. "Lo imprescindible es que quede acreditada la intención del autor de obtener tanto la resolución como el beneficio, sea para sí o para un tercero". En resumen: "El delito se consuma con el acto de influir, siendo irrelevante el resultado final de la gestión".

"Si todo esto es cierto, solo habría que concretar quiénes serían las personas en las que se intentó influir en la SEPI y cómo lo hizo Rodríguez Zapatero", escribe Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid en un artículo publicado este miércoles en El País. "No hace falta que se consiga lo que se pretende: basta con influir, pues se trata de un delito de mera actividad, de peligro para la recta Administración Pública. Ni siquiera haría falta que se haya influido efectivamente (...), también se castiga a quien se ofrece a realizar las actividades de influencia y recibe una dádiva por ello", añade el experto penalista en su tribuna.

El auto de Calama no refleja una pistola humeante como sería, por ejemplo, una conversación, un intercambio de mensajes o una cadena de correos electrónicos entre el expresidente del Gobierno, por ejemplo, con María Jesús Montero —máxima responsable de la SEPI en el momento de los hechos—, algún cargo de esa sociedad pública, otro ministro o el propio presidente Sánchez realizando la gestión. En la resolución no aparece una prueba directa del tráfico de influencias, pero sí tres grupos de indicios que apuntan a que Zapatero, o la estructura que presuntamente lideraba, realizó las gestiones prohibidas por el Código Penal.

El primero incluiría "los contactos personales" del expresidente y "su capacidad de acceso a altos cargos de la administración", algo que el juez supone a quien ha ocupado la más alta responsabilidad gubernamental del Estado. También la intervención de Manuel Aarón Fajardo –al quien los directivos de Plus Ultra se refieren como la persona de Zapatero en Venezuela– o Julio Martínez Martínez, su excompañero de carreras y empresario, "como intermediarios con los clientes". Esa intervención se deduce de las conversaciones de los directivos de la aerolínea, que llegan a referirse a Martínez como "el lacayo" o "el banco del jefe".

En segundo lugar, "la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones" indicaría que "la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia" del que salieron los 53 millones de euros del rescate a la compañía aérea. El hecho de que, antes de su aprobación, varios de los investigados ya conocieran que el desembolso se fuera a producir, también indica, según el magistrado, "el acceso anticipado a información privilegiada".

Por último, el juez encuentra también "un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido", otro de los elementos del delito. Se refiere a "la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez [el amigo de Zapatero], mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas". "La utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos", describe el juez.

Calama observa, con más claridad si cabe, los mismos elementos del delito de tráfico de influencias en las gestiones de Martínez Martínez, el empresario amigo de Zapatero, con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Se trata, según el instructor, "de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz". El auto resalta en negrita que, tras las conversaciones de Martínez con Teixeira que dieron lugar a la autorización de un vuelo Caracas-Madrid de Plus Ultra, el compañero de carreras del expresidente del Gobierno recibió un mensaje de una persona registrada como "Z" en la agenda de su teléfono que decía: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

Acto seguido, el empresario amigo de Zapatero envió otro mensaje al militar venezolano en el que le agradecía el apoyo y le indicaba que los vuelos habían sido aprobados: "Muchas gracias por su ayuda", le dijo Martínez Martínez al mayor general Teixeira. Además de tráfico de influencias, el juez imputa al expresidente el delito de blanqueo de capitales —por la supuesta constitución de una sociedad off-shore en Dubái—, así como el de organización criminal.

Sesión de alto voltaje en el Congreso. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este mensaje tras la imputación por parte de la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: “Toda colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero”.

Sánchez se ha pronunciado de esta manera por primera vez en público tras la decisión de la Audiencia Nacional al ser preguntado en la Cámara Baja por Alberto Núñez Feijóo (PP), que le ha acusado de manchar “un día más” la Presidencia del Gobierno y ha manifestado que el Gobierno “nos roba a manos llenas”.

Ante estas palabras, el presidente del Gobierno ha hecho una defensa cerrada de Zapatero, sobre el que ha comentado: “No nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles sobre el peor atentado terrorista, extendió derechos y libertades, nos sacó de la guerra ilegal de Irak y acabó con ETA”.

“Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”, ha subrayado Sánchez en su réplica, además de repetir su intención de que las elecciones sean el año que viene: “Y si los españoles quieren, seguiremos cuatro años más”.

Asimismo, ha verbalizado ante Feijóo: “ Lecciones de quienes tanto tiene que tapar y tanas vergüenzas que ocultar, ninguna”.

Las palabras de Sánchez son de vital importancia porque se producen una vez se ha conocido la integridad del duro auto del juez José Luis Calama sobre Zapatero. El Gobierno y el PSOE habían mostrado su apoyo de su exlíder durante todo el día, pero no había trascendido la integridad del escrito judicial.

Durante la sesión, Feijóo ha recriminado a Sánchez que la Audiencia Nacional ha imputado a “su faro moral”. Le ha preguntado al presidente del Gobierno si hablaba el expresidente directamente con él para ejercer influencia en el Ejecutivo y si va a arremeter contras los jueces.

"Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir", ha proseguido Núñez Feijóo, que ha criticado que, en su opinión, el entorno de Sánchez responde a esta máxima: “El que pueda robar, que robe”. 

La política española se adentra en un terreno desconocido. Por primera vez un expresidente del Gobierno ha sido imputado por la Audiencia Nacional por un caso de corrupción. La decisión sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un shock en el socialismo por lo que supone su figura, y desde el Palacio de la Moncloa y la sede de Ferraz se hace una defensa cerrada del que fuera su líder.

A pesar de haber dejado el Gobierno hace casi 15 años, Rodríguez Zapatero es un expresidente con mucha presencia pública y se ha convertido en uno de los principales activos de su partido. Es ovacionado en cada mitin, se implica de lleno en las campañas, tiene hilo directo con Pedro Sánchez y fue uno de los pilares para que la izquierda pudiera resistir en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Pero ese fervor que despierta en todo el espectro progresista tiene el efecto contrario en la derecha mediática y política, que lo detesta desde aquella victoria contra pronóstico en las elecciones de 2004. El PP y Vox tienen una especial obsesión con él y lo han puesto en el centro de su cacería política, como se pudo ver en su reciente citación en la comisión del Senado para estudiar el caso Koldo.

El juez José Luis Calama ha llamado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio a través de un duro auto en el que sitúa al expresidente del Gobierno como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

El propio Zapatero negó, tras conocerse la decisión del juez, tener una sociedad mercantil “ni en España, ni en el extranjero, ni participada por terceros”. “Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad”, recalcó en un vídeo, en el que proclamó: “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración”.

El movimiento judicial respecto a Zapatero ha causado conmoción dentro de todo el partido, en un momento en el que se intentaba pasar página del mal resultado cosechado el domingo en Andalucía. Pero, por el momento, el apoyo es generalizado en Moncloa y en Ferraz. De hecho, el propio presidente del Gobierno envió un mensaje en el chat de la Ejecutiva, según reveló la Cadena Ser, en el que le decía a la cúpula del partido que “son momentos duros” pero que hay que sacar “orgullo y entereza”: "Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".

En el Palacio de la Moncloa, según fuentes del Gobierno, están convencidos de la inocencia del expresidente y ponen el énfasis en que Zapatero ha sido objeto de una campaña de la derecha desde hace años, además de subrayar que la denuncia viene de la asociación ultra Hazte Oír, con apenas unos enlaces y citando a youtubers. Desde el Ejecutivo lo que sí se trata de evitar es un choque con los jueces y se rehuye la expresión lawfare.

Pero en Ferraz sí se revuelven en público y en privado contra esa operación de las derechas para tratar de tumbar al PSOE ahora a través del expresidente. La número tres del partido, Rebeca Torró, afirmó: “‘El que pueda hacer, que haga” llevado a su máxima expresión. El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia”.

El mensaje que emiten en Ferraz pasa por estos argumentos: “José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país. La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga”.

Esa sensación recorre a todo el socialismo en estos momentos: defensa del expresidente, pero un duro golpe al ver las imágenes del registro y la sensación de vivir en una continua operación contra ellos. Todo ello justo casi un año después del terremoto político que supuso el informe de la UDEFsobre las actividades de Santos Cerdán, ex secretario de Organización.

No obstante, en la Moncloa insisten en el mensaje de tranquilidad y de confianza en Zapatero. Por todo ello, fuentes gubernamentales descartan que el presidente pueda convocar elecciones anticipadas y tampoco ven que se pueda dar el escenario de una moción de censura.

Cuando se zarandea el tablero político, tanto en el Gobierno como en el Partido Popular miran a los socios de investidura, que son los que tienen la llave para hacer caer a la coalición. Sumar rechazó cualquier posibilidad de ruptura con el PSOE y apuntó de hecho a los jueces, a través de las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, en las que indicó que tiene “dudas” sobre la propia imputación.

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que los jueces “están yendo” contra el PSOE, además de referirse así acerca del expresidente: "Es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga”. El PNV, otra de las piezas clave de la legislatura, pidió “cautela” ante esta fase inicial de la investigación. Otro foco que puede provocar inestabilidad es Junts, que pidió esclarecer los hechos “respetando la presunción de inocencia”.

Si no fuera por su insistencia en dejar claro que América “pertenece” a Estados Unidos, hasta podría sonar rancio un titular como el que figura más arriba. Pero es el propio Donald Trump, tanto con su reciente Estrategia Nacional de Seguridad (ENS, diciembre de 2025) como en su actuación en Venezuela y sus frecuentes declaraciones sobre Canadá, Groenlandia, Nicaragua, México y Cuba, el que más hace por actualizar el término imperialista, sin olvidar que Vladmir Putin hace lo propio en relación con Ucrania y Xi Jinping con Taiwán.

Cuba parece ahora el próximo objetivo trumpista en línea con lo que determina la citada ENS: reservarse el control de todo el continente americano, eliminando la presencia de actores externos que puedan cuestionar el dominio estadounidense (es decir, China y Rusia) y echar abajo a aquellos actores locales que puedan servir como instrumentos de actores externos. Un plan que en algunos casos echa mano de la ayuda económica (sirva como ejemplo la oferta de 40.000 millones de dólares a Argentina si los votantes respaldaban a Javier Milei en las elecciones legislativas del pasado octubre), mientras que en otros emplea la imposición de aranceles (como hizo con Brasil para castigar a Lula da Silva por la persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro), llegando al empleo de la fuerza cuando lo considera necesario (como ocurrió en Venezuela con el secuestro de su presidente a principios de enero).

En el caso de Cuba la estrategia de ahogo ya ha logrado que el propio régimen cubano reconozca que ha agotado sus reservas energéticas de combustible, sin las cuales, obviamente, el país está abocado a una parálisis completa. A ese punto se ha llegado tanto por las propias deficiencias de un sistema que hace tiempo está inmerso en una profunda crisis sistémica, incapaz de cubrir sus propias necesidades, como por la decisión estadounidense de cerrar la vía del suministro procedente de Venezuela y de México. La presión de Trump también ha dejado al descubierto la falta de voluntad de Moscú por responder adecuadamente a las desesperadas llamadas de La Habana, buscando alguna ayuda para resistir el acoso y derribo desarrollado por Washington.

A partir de ahí, con un régimen sin alternativas realistas a mano, ante una población harta de sufrir tantas carencias durante un periodo tan prolongado, se abre un proceso que apunta en varias direcciones. Por una parte, resulta muy improbable que EEUU opte por hacer valer su fuerza militar para provocar la caída del régimen. A pesar de la abrumadora superioridad en ese terreno, la experiencia acumulada por Washington en sus recientes aventuras militaristas hace poco recomendable implicarse en un nuevo conflicto en el que se puede ver nuevamente empantanado. Es evidente que Cuba no tiene capacidad para resistir una embestida en toda regla, pero también lo es que cualquier invasión que implique el uso de tropas terrestres puede llevar a escenarios en los que el prurito nacionalista contra el invasor puede acabar arruinando lo que aparentemente parece un “paseo militar”.

De ahí que lo más probable es que Trump busque algún tipo de acuerdo negociado. Una vez que ha colocado al régimen en una situación insostenible, en la que no puede contentar mínimamente a su población y no puede esperar que nadie se la vaya a jugar por Cuba, tan solo le queda pactar algún arreglo, tratando de aparentar que no se trata de una capitulación en toda regla. En esa dirección apunta tanto la sucesión de noticias que señalan a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, como el interlocutor principal con Washington, como el publicitado encuentro en la capital cubana del director de la CIA, John Ratcliffe, con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de inteligencia.

La sensación dominante es que Washington busca entenderse con los principales representantes de la familia Castro, más que con el presidente Miguel Díaz-Canel, y con los pesos pesados del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA), que es quien controla los principales activos nacionales. Parecería que, a semejanza de lo ocurrido en Venezuela, no se busca tanto un cambio de régimen como un simple cambio de caras, con nuevos interlocutores que acepten la subordinación a Washington, al tiempo que logran mantener los privilegios de los que han gozado hasta ahora en un país tan castigado tanto por el embargo estadounidense, como por sus propios errores. Y si el precio a pagar es el abandono de la retórica revolucionaria e incluso la entrega de personajes como el propio Raúl Castro, todo da a entender que quienes ahora se muestran dispuestos a entenderse con Trump y los suyos están preparados para dar el paso.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado haber realizado gestiones para mediar en favor del rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha señalado que "jamás" ha tenido una sociedad mercantil, ni en España ni en el extranjero.

Zapatero se ha expresado en estos términos en un vídeo difundido tras conocerse que la Audiencia Nacional lo ha llamado a declarar como imputado el próximo 2 de junio dentro de la investigación del caso Plus Ultra.

El expresidente ha defendido que toda su actividad pública y privada siempre se ha desarrollado con absoluto respeto a la legalidad. A la vez, ha indicado: "Mi actividad privada ha sido declarada vía IRPF con transparencia".

Zapatero ha manifestado que "jamás" ha realizado alguna gestión ante la administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra. Al hilo, ha dicho que tampoco ha tenido una sociedad mercantil "ni a través de terceros, ni en España ni fuera".

El expresidente concluye el vídeo con el mensaje de que va a ejercer su derecho a la defensa y que atenderá próximamente a los medios de comunicación.

Estas palabras de Zapatero llegan después de la decisión del juez José Luis Calama de imputarlo en la causa al considerarlo como presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer ex presidente del Gobierno en ser imputado por la justicia española, después de que este martes el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo haya citado a declarar el 2 de junio por supuesto tráfico de influencias y “otros delitos conexos” por el caso Plus Ultra. 

A la vez, el magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado el registro del despacho del expresidente y las oficinas de tres sociedades mercantiles.

Esta noticia tiene un gran impacto político y social al suponer la primera imputación para un expresidente del Gobierno en territorio español. Asimismo, Rodríguez Zapatero tiene una especial importancia simbólica para el PSOE porque es una de las figuras que más moviliza a la militancia en sus actos.

El origen de su imputación está en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre la posible utilización del dinero del rescate de la aerolínea para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana. 

La noticia ha dejado en shock al PSOE por la relevancia de la figura de Zapatero, durante cuyo mandato no se produjo ningún caso de corrupción relativo a su gobierno entre 2004 y 2011. Esto contrasta con las administraciones de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

La historia judicial de Rajoy

Este último, por ejemplo, sí fue objeto de investigación por parte de una jueza andorrana por la Operación Cataluña, aunque hasta el momento han sido rechazadas las comisiones rogatorias enviadas a la justicia española. Rajoy sí ha tenido que acudir a sede judicial a declarar en calidad de testigo por el caso Gürtel, por el que acabó condenado incluso su partido y quedó demostrada la existencia de la caja B, con la que se pagaron las obras de la reforma de la sede de su partido en el número 13 de la madrileña calle de Génova.

También Rajoy tuvo que acudir al Tribunal Supremo en calidad de testigo el pasado mes de abril para declarar por el caso Kitchen, por el que están sentados en el banquillo como acusados su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ‘número dos’, Francisco Martínez. El Alto Tribunal está investigando si el Gobierno del PP usó fondos reservados y a la Policía para cortocircuitar la investigación judicial sobre la corrupción de los populares en el caso Kitchen.

Asimismo, la administración de Rajoy está en el punto de mira por la imputación de Cristóbal Montoro por “cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos”, dentro de la investigación sobre supuestos beneficios a empresas durante su paso por el Ministerio de Hacienda.

Los casos de Aznar y González

Aznar tuvo que declarar también como testigo en 2021 ante la Audiencia Nacional por la caja B del Partido Popular, pero nunca fue imputado. Miembros de sus gobiernos también han protagonizado casos judiciales e incluso acabaron en la cárcel Rodrigo Rato, por el caso de las tarjetas black, Jaume Matas, por los casos Palma Arena, Nóos y Ópera, y Eduardo Zaplana, por el caso Erial. También fueron imputados Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes, pero luego fueron absueltos. 

Felipe González tampoco ha sido objeto de imputación, pero sí ha tenido que declarar dos veces como testigo. La primera vez lo hizo por escrito en 1991 en el marco del caso Marey, dentro de la causa de los GAL, en la fase de instrucción. Posteriormente, en 1998, cuando ya no estaba en el Palacio de la Moncloa, acudió presencialmente como testigo al Tribunal Supremo por el mismo motivo.

El expresidente del Gobierno Adolfo Suárez también declaró como testigo en 1995 en la Audiencia Nacional en calidad por el caso Banesto. Allí negó ante el juez Manuel García-Castellón que hubiera recibido 300 millones de pesetas para financiar al partido de CDS.

Hace tiempo quería escribir esto.

Para empezar, quiero dejar claro que me considero una persona de izquierda y que respaldo y reconozco la lucha por la democracia en Venezuela de María Corina Machado, aunque estemos en las antípodas ideológicamente hablando. Más allá de lo que cada uno piense sobre la estrategia política de Machado, lo que me inquieta es el rechazo a todo el colectivo venezolano, en América Latina y España.

La mayoría de los venezolanos que viven en España y Estados Unidos son simpatizantes de la derecha, al igual que miles de nicaragüenses y cubanos que han huido de regímenes de pseudoizquierda.

La reciente visita de la señora Machado a España, un despropósito al desdeñar reunirse con el Gobierno, ha generado una serie de comentarios contra los venezolanos que, desafortunadamente, me ha tocado escuchar.

“Qué pesados los venezolanos” es una de las expresiones que más recuerdo ahora. Esto no es nuevo.

Hace algunos meses, un periodista de izquierda publicó un artículo de opinión en el que, sin ahorrar calificativos, tildó a los venezolanos como “gusanera fascista” y “escoria desagradecida”. La propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España dictaminó que ese texto “no respeta la normativa deontológica”, al “insultar y menospreciar” a los inmigrantes solo porque no piensan igual.

Se puede discrepar. De hecho, eso es lo que más valoro de la democracia. Lo que no se puede es ampararnos en la libertad de expresión para criticar desde las bilis y usar expresiones que rayan en lo xenófobo. Y menos cuando no se conocen las experiencias vitales de ese colectivo. Experiencias que también han vivido los cubanos y nicaragüenses y a los que muchas veces se les cuestiona por situarse ideológicamente en el espectro de la derecha.

Tenía ganas de escribir esto porque mis compatriotas nicaragüenses son igual de derecha que los venezolanos. La mayoría no simpatiza con esta izquierda española y se niega a entender que no es la misma que nos gobierna en Nicaragua.

Y yo me siento un poco incómodo cuando en mi entorno se empieza a despotricar contra los venezolanos. Estamos atravesados por la misma desgracia del autoritarismo, guardando las distancias.

Hay que asumir y comprender que los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela han cometido graves violaciones a los derechos humanos y han cercenado las frágiles democracias para convertir esas naciones en dictaduras, como las de derecha del siglo pasado en América Latina, promovidas por Estados Unidos.

La izquierda española ha sido incapaz de reconocer que un sector de la “izquierda” latinoamericana tiene un perfil autoritario. No es cuestión de ideología, es una cuestión de democracia y dictadura. Las dictaduras se condenan, sean de izquierda o de derecha.

Así que los venezolanos simpatizan con los partidos que condenan el régimen del que huyen. Claramente, la derecha usa el tema de las dictaduras latinoamericanas de izquierda para sus propios intereses, y poco les importa su situación.

Lo mismo pasa con mis compatriotas nicaragüenses. Si lo que conocen de la izquierda es el autoritarismo, es comprensible que quieran otra opción ideológica. Esto puede que sea un argumento simplista, dependiendo del prisma desde donde se quiera ver.

Sin embargo, esa derecha a la que apoyan es la primera que los expulsaría. Ya lo ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, y en España, el Partido Popular y Vox, derechas, se oponen a la regularización masiva que ha impulsado el Gobierno y que sacará de la irregularidad a miles de inmigrantes.

Vox y el Partido Popular enarbolan la consigna de “dar prioridad a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros”.

Estamos llegando al momento en que los latinoamericanos también están resultando incómodos. Por tanto, los venezolanos y nicaragüenses debemos reconocer qué partidos políticos han impulsado iniciativas que nos benefician en términos de derechos.

Por ejemplo, el gobierno español de Pedro Sánchez otorgó la residencia por razones humanitarias a miles de venezolanos desde 2018. La derecha jamás habría aprobado cosa semejante.

Sánchez también ha otorgado la nacionalidad española a nicaragüenses a los que el dictador Daniel Ortega ha dejado apátridas.

Lo que le ha faltado a la izquierda es el valor para condenar a las dictaduras latinoamericanas. La derecha, en cambio, utiliza nuestras tragedias para infundir miedo. Hay hipocresía de ambos lados.

En el caso de la izquierda española, aún romantiza las revoluciones cubanas y sandinistas, que fueron un halo de cambio en el siglo pasado, pero que tristemente derivaron en autoritarismo. Además, suele exigir una pureza ideológica al migrante venezolano que ella misma no se aplica.

A los venezolanos se les ataca de una forma peligrosa y cada vez más normalizada. Suelo callar cuando escucho comentarios negativos hacia ellos porque hay días en que no tengo energía para entrar en debates que requieren comprender otros contextos. Los españoles que los critican, no hablo de todos en general, no empatizan con su drama.

Critican desde la comodidad de la democracia. Que andan con banderas, que votan a la derecha. Reducen un tema complejo a lo más simple.

Omiten que detrás de esa persona que va a la Puerta del Sol en Madrid con su pabellón nacional está la historia de un inmigrante que vivió represión por el solo hecho de defender la democracia, por ejemplificar. Y seguramente hay historias más dramáticas: gente que vio a los suyos morir por fuerzas militares o paramilitares chavistas, periodistas que dejaron sus redacciones y que valientemente siguen denunciando desde su exilio.

Muchas veces se cree que todos los venezolanos viven en el barrio rico Salamanca, en Madrid. Y no. Seguramente vivirán muchos, pero esa es una élite reducida. No representan al exilio venezolano en su totalidad.

Un chico venezolano con el que estuve saliendo el año pasado me contó que antes de viajar a España estuvo viviendo en Colombia. Llegó a ese país por la frontera de Cúcuta, caminando por varios días por veredas y carreteras. Sus pies tenían llagas al terminar esa odisea. Desde hace cuatro años vive en el barrio obrero de Usera.

Me contó su periplo, un día de verano mientras viajábamos en un bus por Madrid, tras cuestionarle que simpatizara con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al escuchar su historia, pensé en todas las veces que he escuchado comentarios despectivos sobre los venezolanos en España. Pensé en quienes los llaman pesados, exagerados. Pensé en quienes reducen su dolor a una consigna política o a un estereotipo ideológico.

Los venezolanos no son caricaturas políticas. Son personas que tuvieron que reinventar su vida lejos de su país. Tal vez por eso me repudia tanto escuchar el desprecio con el que algunos se refieren a ellos. Cuando alguien dice “qué pesados los venezolanos”, lo que en realidad está diciendo —aunque no lo sepa— es que no quiere escuchar las razones por las que esa gente tuvo que huir y por qué votaría a la derecha. Es un juicio rápido.

Y ahí está el fondo de todo esto: no se trata de estar de acuerdo con sus ideas políticas, ni de votar lo mismo que ellos, ni siquiera de simpatizar con la señora Machado. Se trata de algo mucho más básico: reconocer su historia y su derecho a ser escuchados sin ser insultados.

Nadie camina durante días con los pies llenos de llagas por capricho. Nadie abandona su país, su familia y su vida por gusto. Se van por necesidad, por miedo. Se van, muchas veces, para sobrevivir.

Ese chico venezolano que conocí al final de su testimonio me dijo, y tengo sus palabras haciéndome eco:

—Ya te di mis razones. ¿Ahora decime por qué debo votar lo contrario?

Se las di.

A los migrantes y exiliados de Venezuela, Cuba y Nicaragua les digo que deben reflexionar sobre a qué partido apoyar desde su condición de extranjeros, migrantes o refugiados.

A los españoles: cuando se escucha la experiencia vital del exilio, esa herida de pérdida, la ideología no deja de ser más que un capricho.

Y si esto que escribo a los dogmáticos les parece ingenuo o una contradicción, me da igual. Hay cosas que necesito escribir.

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José Denis Cruz es periodista nicaragüense exiliado en España. Es miembro de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y coordinador de Casa Centroamérica en España.

La utilización de las personas por algunos políticos convierte a esa persona en personaje, al dejarse obsequiar en demasía. La contradicción entre agasajadores y agasajados raya la hipocresía y el cinismo y es lacerante para otros. Al grano.

María Corina, galardonada con el Nobel de la Paz, entregó la medalla dos meses después a Trump, quien la calificó con su meloso lenguaje habitual de “mujer maravillosa”. Los noruegos aclararon inmediatamente que le había dado la medalla material, pero el significado era intransferible. Conclusión: los nórdicos negaron dos veces al pelirrojo de las cavernas el anhelado premio.

¿Es consciente Corina de que está siendo utilizada? Seguro. Regala la medalla a quien le ha negado el pan y la sal y se quedó, además, con el petróleo de su país. Como premio, el incongruente americano dejó Venezuela en manos de Delcy Rodríguez. 

La señora Corina se niega a encontrarse con el Gobierno de España. La Nobel, sin medalla, prefiere reunirse con la derecha española y con la ultraderecha. Aclamada mientras recibe la llave de oro de la capital que le entrega el alcalde, sabemos que no abre puerta alguna; un decreto de regularización, sí. Mientras ella es agasajada, sus paisanos, huidos de Venezuela, tratan de conseguir una situación jurídica estable en España; los mismos que le entregan llaves y demás oropeles niegan la posibilidad a sus paisanos. ¿Está desubicada? ¿Prefiere el galardón a la dignidad?

Mientras esto sucede, parte importante de países de Latinoamérica son criminalizados por los mismos que la agasajan. La presidenta de Madrid, en el encuentro con ella, acusa de que en Barcelona se han reunido los narcoestados (Brasil, México, Colombia, Uruguay y España) y añade que esos países no respetan ni elecciones libres, ni a la oposición, la libertad sindical y la libertad de prensa. Además de otras lindezas habituales que retratan al personaje. Mientras tanto, ¿hacia dónde mira Corina?

Creemos que la venezolana ha elegido compañías inadecuadas para sus reivindicaciones. Isabel Ayuso defiende ante ella un ideario poco, o nada, asumible para una sociedad democrática. La ultraderecha y la derecha y quienes se apoyan en ellas parecen desubicadas ante el evidente retroceso de Trump y la desaparición de Orbán. 

Y podemos concluir, dada la lógica de sus comportamientos: No es previsible que Corina presida Venezuela y que Ayuso encabece la oposición. ¿Y Feijóo? Queda en una situación difícil para ganar unas elecciones con una mayoría suficiente, o apoyado en un posible socio que está en desbandada y descomponiéndose. 

Esto se llena de personajes que no son mandatarios o presidentes porque no quieren. Amigos varios, Manolo incluido, hasta las generales, vocingleros, ruidosos y mentirosos ocuparán el escenario. No se acongojen ni se asusten; buscan la provocación. Ignórenlos.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.