Hace tiempo quería escribir esto.

Para empezar, quiero dejar claro que me considero una persona de izquierda y que respaldo y reconozco la lucha por la democracia en Venezuela de María Corina Machado, aunque estemos en las antípodas ideológicamente hablando. Más allá de lo que cada uno piense sobre la estrategia política de Machado, lo que me inquieta es el rechazo a todo el colectivo venezolano, en América Latina y España.

La mayoría de los venezolanos que viven en España y Estados Unidos son simpatizantes de la derecha, al igual que miles de nicaragüenses y cubanos que han huido de regímenes de pseudoizquierda.

La reciente visita de la señora Machado a España, un despropósito al desdeñar reunirse con el Gobierno, ha generado una serie de comentarios contra los venezolanos que, desafortunadamente, me ha tocado escuchar.

“Qué pesados los venezolanos” es una de las expresiones que más recuerdo ahora. Esto no es nuevo.

Hace algunos meses, un periodista de izquierda publicó un artículo de opinión en el que, sin ahorrar calificativos, tildó a los venezolanos como “gusanera fascista” y “escoria desagradecida”. La propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España dictaminó que ese texto “no respeta la normativa deontológica”, al “insultar y menospreciar” a los inmigrantes solo porque no piensan igual.

Se puede discrepar. De hecho, eso es lo que más valoro de la democracia. Lo que no se puede es ampararnos en la libertad de expresión para criticar desde las bilis y usar expresiones que rayan en lo xenófobo. Y menos cuando no se conocen las experiencias vitales de ese colectivo. Experiencias que también han vivido los cubanos y nicaragüenses y a los que muchas veces se les cuestiona por situarse ideológicamente en el espectro de la derecha.

Tenía ganas de escribir esto porque mis compatriotas nicaragüenses son igual de derecha que los venezolanos. La mayoría no simpatiza con esta izquierda española y se niega a entender que no es la misma que nos gobierna en Nicaragua.

Y yo me siento un poco incómodo cuando en mi entorno se empieza a despotricar contra los venezolanos. Estamos atravesados por la misma desgracia del autoritarismo, guardando las distancias.

Hay que asumir y comprender que los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela han cometido graves violaciones a los derechos humanos y han cercenado las frágiles democracias para convertir esas naciones en dictaduras, como las de derecha del siglo pasado en América Latina, promovidas por Estados Unidos.

La izquierda española ha sido incapaz de reconocer que un sector de la “izquierda” latinoamericana tiene un perfil autoritario. No es cuestión de ideología, es una cuestión de democracia y dictadura. Las dictaduras se condenan, sean de izquierda o de derecha.

Así que los venezolanos simpatizan con los partidos que condenan el régimen del que huyen. Claramente, la derecha usa el tema de las dictaduras latinoamericanas de izquierda para sus propios intereses, y poco les importa su situación.

Lo mismo pasa con mis compatriotas nicaragüenses. Si lo que conocen de la izquierda es el autoritarismo, es comprensible que quieran otra opción ideológica. Esto puede que sea un argumento simplista, dependiendo del prisma desde donde se quiera ver.

Sin embargo, esa derecha a la que apoyan es la primera que los expulsaría. Ya lo ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, y en España, el Partido Popular y Vox, derechas, se oponen a la regularización masiva que ha impulsado el Gobierno y que sacará de la irregularidad a miles de inmigrantes.

Vox y el Partido Popular enarbolan la consigna de “dar prioridad a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros”.

Estamos llegando al momento en que los latinoamericanos también están resultando incómodos. Por tanto, los venezolanos y nicaragüenses debemos reconocer qué partidos políticos han impulsado iniciativas que nos benefician en términos de derechos.

Por ejemplo, el gobierno español de Pedro Sánchez otorgó la residencia por razones humanitarias a miles de venezolanos desde 2018. La derecha jamás habría aprobado cosa semejante.

Sánchez también ha otorgado la nacionalidad española a nicaragüenses a los que el dictador Daniel Ortega ha dejado apátridas.

Lo que le ha faltado a la izquierda es el valor para condenar a las dictaduras latinoamericanas. La derecha, en cambio, utiliza nuestras tragedias para infundir miedo. Hay hipocresía de ambos lados.

En el caso de la izquierda española, aún romantiza las revoluciones cubanas y sandinistas, que fueron un halo de cambio en el siglo pasado, pero que tristemente derivaron en autoritarismo. Además, suele exigir una pureza ideológica al migrante venezolano que ella misma no se aplica.

A los venezolanos se les ataca de una forma peligrosa y cada vez más normalizada. Suelo callar cuando escucho comentarios negativos hacia ellos porque hay días en que no tengo energía para entrar en debates que requieren comprender otros contextos. Los españoles que los critican, no hablo de todos en general, no empatizan con su drama.

Critican desde la comodidad de la democracia. Que andan con banderas, que votan a la derecha. Reducen un tema complejo a lo más simple.

Omiten que detrás de esa persona que va a la Puerta del Sol en Madrid con su pabellón nacional está la historia de un inmigrante que vivió represión por el solo hecho de defender la democracia, por ejemplificar. Y seguramente hay historias más dramáticas: gente que vio a los suyos morir por fuerzas militares o paramilitares chavistas, periodistas que dejaron sus redacciones y que valientemente siguen denunciando desde su exilio.

Muchas veces se cree que todos los venezolanos viven en el barrio rico Salamanca, en Madrid. Y no. Seguramente vivirán muchos, pero esa es una élite reducida. No representan al exilio venezolano en su totalidad.

Un chico venezolano con el que estuve saliendo el año pasado me contó que antes de viajar a España estuvo viviendo en Colombia. Llegó a ese país por la frontera de Cúcuta, caminando por varios días por veredas y carreteras. Sus pies tenían llagas al terminar esa odisea. Desde hace cuatro años vive en el barrio obrero de Usera.

Me contó su periplo, un día de verano mientras viajábamos en un bus por Madrid, tras cuestionarle que simpatizara con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al escuchar su historia, pensé en todas las veces que he escuchado comentarios despectivos sobre los venezolanos en España. Pensé en quienes los llaman pesados, exagerados. Pensé en quienes reducen su dolor a una consigna política o a un estereotipo ideológico.

Los venezolanos no son caricaturas políticas. Son personas que tuvieron que reinventar su vida lejos de su país. Tal vez por eso me repudia tanto escuchar el desprecio con el que algunos se refieren a ellos. Cuando alguien dice “qué pesados los venezolanos”, lo que en realidad está diciendo —aunque no lo sepa— es que no quiere escuchar las razones por las que esa gente tuvo que huir y por qué votaría a la derecha. Es un juicio rápido.

Y ahí está el fondo de todo esto: no se trata de estar de acuerdo con sus ideas políticas, ni de votar lo mismo que ellos, ni siquiera de simpatizar con la señora Machado. Se trata de algo mucho más básico: reconocer su historia y su derecho a ser escuchados sin ser insultados.

Nadie camina durante días con los pies llenos de llagas por capricho. Nadie abandona su país, su familia y su vida por gusto. Se van por necesidad, por miedo. Se van, muchas veces, para sobrevivir.

Ese chico venezolano que conocí al final de su testimonio me dijo, y tengo sus palabras haciéndome eco:

—Ya te di mis razones. ¿Ahora decime por qué debo votar lo contrario?

Se las di.

A los migrantes y exiliados de Venezuela, Cuba y Nicaragua les digo que deben reflexionar sobre a qué partido apoyar desde su condición de extranjeros, migrantes o refugiados.

A los españoles: cuando se escucha la experiencia vital del exilio, esa herida de pérdida, la ideología no deja de ser más que un capricho.

Y si esto que escribo a los dogmáticos les parece ingenuo o una contradicción, me da igual. Hay cosas que necesito escribir.

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José Denis Cruz es periodista nicaragüense exiliado en España. Es miembro de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y coordinador de Casa Centroamérica en España.

La utilización de las personas por algunos políticos convierte a esa persona en personaje, al dejarse obsequiar en demasía. La contradicción entre agasajadores y agasajados raya la hipocresía y el cinismo y es lacerante para otros. Al grano.

María Corina, galardonada con el Nobel de la Paz, entregó la medalla dos meses después a Trump, quien la calificó con su meloso lenguaje habitual de “mujer maravillosa”. Los noruegos aclararon inmediatamente que le había dado la medalla material, pero el significado era intransferible. Conclusión: los nórdicos negaron dos veces al pelirrojo de las cavernas el anhelado premio.

¿Es consciente Corina de que está siendo utilizada? Seguro. Regala la medalla a quien le ha negado el pan y la sal y se quedó, además, con el petróleo de su país. Como premio, el incongruente americano dejó Venezuela en manos de Delcy Rodríguez. 

La señora Corina se niega a encontrarse con el Gobierno de España. La Nobel, sin medalla, prefiere reunirse con la derecha española y con la ultraderecha. Aclamada mientras recibe la llave de oro de la capital que le entrega el alcalde, sabemos que no abre puerta alguna; un decreto de regularización, sí. Mientras ella es agasajada, sus paisanos, huidos de Venezuela, tratan de conseguir una situación jurídica estable en España; los mismos que le entregan llaves y demás oropeles niegan la posibilidad a sus paisanos. ¿Está desubicada? ¿Prefiere el galardón a la dignidad?

Mientras esto sucede, parte importante de países de Latinoamérica son criminalizados por los mismos que la agasajan. La presidenta de Madrid, en el encuentro con ella, acusa de que en Barcelona se han reunido los narcoestados (Brasil, México, Colombia, Uruguay y España) y añade que esos países no respetan ni elecciones libres, ni a la oposición, la libertad sindical y la libertad de prensa. Además de otras lindezas habituales que retratan al personaje. Mientras tanto, ¿hacia dónde mira Corina?

Creemos que la venezolana ha elegido compañías inadecuadas para sus reivindicaciones. Isabel Ayuso defiende ante ella un ideario poco, o nada, asumible para una sociedad democrática. La ultraderecha y la derecha y quienes se apoyan en ellas parecen desubicadas ante el evidente retroceso de Trump y la desaparición de Orbán. 

Y podemos concluir, dada la lógica de sus comportamientos: No es previsible que Corina presida Venezuela y que Ayuso encabece la oposición. ¿Y Feijóo? Queda en una situación difícil para ganar unas elecciones con una mayoría suficiente, o apoyado en un posible socio que está en desbandada y descomponiéndose. 

Esto se llena de personajes que no son mandatarios o presidentes porque no quieren. Amigos varios, Manolo incluido, hasta las generales, vocingleros, ruidosos y mentirosos ocuparán el escenario. No se acongojen ni se asusten; buscan la provocación. Ignórenlos.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Desde la última planta de la torre El Saman, en pleno distrito financiero de Caracas, las vistas de la ciudad son impresionantes. Horacio Velutini, director de la inmobiliaria Invaca, vigila su imperio desde su despacho. Desde las ventanas casi se divisa el centro comercial El Tolón, propiedad de su grupo, situado en el barrio más lujoso de la capital, “y muy cerca de la embajada americana”, añade rápidamente.

La embajada reanudó sus actividades el 30 de marzo, tras permanecer cerrada durante los siete años de ruptura de relaciones entre Caracas y Washington. “Las empresas estadounidenses que quieran instalarse en Venezuela buscarán oficinas en este barrio, sobre todo por la proximidad a su embajada”, explica el empresario. “Cuando hicimos construir El Tolón, la ubicación, evidentemente, no se eligió al azar, el barrio de Las Mercedes es un lugar estratégico”.

Desde el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, a principios de enero, Washington ha puesto a las autoridades del país bajo su tutela, y Donald Trump ha amenazado directamente a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, si se niega a obedecer sus órdenes. Las autoridades, a pesar de que siguen reivindicando la revolución bolivariana, están liberalizando la economía a marchas forzadas.

Más de 20 años después de su inauguración, parte del centro comercial El Tolón está en obras. En la cuarta planta, los ruidos de los taladros y los martillazos han sustituido a la música ambiental. “Estamos reformando toda la zona de restauración”, detalla Gabriel Roig Picon, vicepresidente de Invaca. “Hemos tenido buen olfato, el consumo se disparará en los próximos meses.” “Prevemos un aumento del 12% en el consumo en 2026, y lo mismo para 2027. No me gusta ser eufórico, pero tenemos todos los motivos para alegrarnos”, confirma Horacio Velutini.

Mientras que el PIB se desplomó un 75% entre 2015 y 2025, los economistas prevén ahora un crecimiento del 10% en 2026. Y solo en el mes de marzo, la producción de petróleo aumentó un 14%, alcanzando los 980.000 barriles diarios. Una curva que debería seguir ascendiendo en los próximos años.

La economía venezolana depende casi por completo de los recursos petroleros, que representan al menos un tercio del PIB. “Evidentemente, Estados Unidos quiere aumentar la producción en beneficio propio, no nos engañemos”, reconoce el director de Invaca. “De ahora en adelante, en Venezuela, todo girará en torno a la relación que mantengamos con Washington.”

En su despacho, el empresario muestra una presentación de PowerPoint que enumera una serie de cifras. Consumo anual en este barrio de Las Mercedes, número de vehículos que circulan por la avenida principal cada mes, metros cuadrados disponibles, empresas instaladas, aparcamientos…

“He preparado esta presentación para un grupo de inversores estadounidenses que acaba de salir de mi oficina”, explica. “Tenemos previsiones muy positivas. Esperamos duplicar el tamaño de la empresa de aquí a 2030”. Caracas está “llena de inversores potenciales, que han venido a explorar los mercados”, según Horacio Velutini. Pero, por el momento, todos se mantienen discretos. “Nadie quiere mostrar sus cartas”, comenta un consultor que prefiere permanecer en el anonimato.

Apenas unos días después del secuestro de Maduro, se aprobó una ley de hidrocarburos que deja atrás el modelo de soberanía petrolera impulsado por Hugo Chávez, presidente desde 1999 hasta su muerte en 2013. Además de reducir los impuestos, el texto prevé la posibilidad de que el sector privado explote el petróleo y lo exporte, sin necesidad de aliarse con la empresa pública.

“Otro punto importante es la seguridad jurídica: esta ley permite a las empresas acudir a un tribunal de arbitraje en caso de conflicto, lo que tranquiliza enormemente a las empresas extranjeras que deseen instalarse”, explica José Antonio Martínez, de la Cámara de Comercio Suizo-Venezolana, que tiende puentes entre ambos países. La sombra de las nacionalizaciones anunciadas en la televisión pública por Hugo Chávez sigue planeando sobre el mundo económico, aunque no se haya producido ninguna expropiación tras la muerte del “comandante”.

A esta ley de hidrocarburos se suman textos sobre la explotación minera y la simplificación de los trámites administrativos, y hay una reforma fiscal en marcha. Todo un arsenal legislativo destinado a atraer y tranquilizar a los inversores.

El presidente de la cámara de comercio se muestra tan “optimista” que su organización tiene previsto traer a un grupo de empresarios suizos al país caribeño de aquí a junio. Hay “numerosas” oportunidades, explica. “En el sector petrolero, evidentemente, pero también para los distintos proveedores de bienes y servicios, etc.”, detalla. “También está el sector eléctrico, ya que es importante que recuperemos un servicio eléctrico de calidad. Sin olvidar el suministro de agua: funcionamos con centrales hidroeléctricas y, por ejemplo, varias turbinas de la presa más grande del país están averiadas.”

¿Cuál es la condición sine qua non para el nuevo despegue económico de Venezuela? El levantamiento de las sanciones que pesan sobre su economía desde 2017. Washington ha comenzado a suavizar ciertas medidas, favoreciendo a las empresas estadounidenses, lo que permite a varias compañías petroleras regresar al país.

Otra disposición importante, la más reciente: el Banco Central de Venezuela puede volver al sistema financiero internacional y, de este modo, tener un acceso más fácil a las divisas. “Si las autoridades venezolanas siguen avanzando en su dirección, en su visión liberal de la economía, los estadounidenses irán aflojando cada vez más las riendas”, considera Horacio Velutini.

Pero, aunque las perspectivas del mundo empresarial son muy optimistas, los venezolanos de a pie no ven ningún cambio en sus bolsillos. A pesar de las buenas cifras de crecimiento y de los aviones llenos de inversores, el salario mínimo en Venezuela sigue siendo de 130 bolívares, es decir, no llega a medio dólar al mes.

El 16 de abril, los sindicatos de trabajadores del sector público y de jubilados se reunieron en Las Mercedes, un barrio poco habitual para las reivindicaciones sociales, y entregaron una carta a la embajada de Estados Unidos. “Puesto que ahora estamos bajo su tutela, pedimos ayuda a Washington. Nos dirigimos a quienes realmente toman las decisiones aquí, porque nosotros seguimos en la miseria”, se lamenta una joven jubilada. “Con mi pensión de 30 céntimos de dólar al mes, ni siquiera puedo comprarme un par de huevos.”

Traducción de Miguel López

"Todo lo que yo he hecho en estos largos años ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela. Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa. En determinados momentos convienen y en otros no convienen ciertas reuniones para tal objetivo. Por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista".

Con esas palabras ha rechazado María Corina Machado, durante su visita a España, reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En cambio, sí se ha visto con dirigentes del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. También se entrevistó con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, en la sede de la Fundación Disenso.

 En su agenda también estuvo un acto en el Senado, dominado con mayoría absoluta por el Partido Popular. Asimismo, protagonizó un desayuno informativo presentado por el expresidente del Gobierno Felipe González. Tuvo tiempo para entrevistas con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Federico Jiménez Losantos. Y llegó incluso a fotografiarse con Mariano Rajoy. En cambio, no visitó el Palacio de la Moncloa, a pesar de que Sánchez le ofreció una reunión.

Este rechazo ha abierto un nuevo frente entre la galardonada con el premio Nobel de la Paz y el Ejecutivo. Y supone un agravio por parte de la política a un Gobierno que ha dado pasos a favor de la libertad en Venezuela mayores que otros países de la UE. Incluso, Machado ha dicho en las últimas horas que espera que España pueda tener pronto “unas elecciones impecables”, un mensaje que hace alusión al manido bulo del fraude electoral que utiliza la extrema derecha en España sin ningún dato que lo respalde.

Precisamente España se ha convertido en el principal país receptor de venezolanos en Europa. Desde 2018, año en el que llegó Pedro Sánchez al poder, se ha aplicado una vía exprés para que los ciudadanos de este país pudieran obtener permiso de residencia por razones humanitarias. Un instrumento que ahora se extingue coincidiendo con el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros. Bajo esta fórmula, se han concedido permisos durante estos ocho años a más de 240.000 venezolanos.

La comunidad venezolana en España ha crecido durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. Ha pasado de 255.000 en 2018 a casi 700.000 ahora, según el INE. De todos ellos, más de 250.000 tienen nacionalidad española.

La visita de Machado se ha producido apenas unas semanas después de que el Consejo de Ministros aprobase conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a Leopoldo López, uno de los rostros más reconocidos de la oposición venezolana durante años. El Gobierno justificó así su decisión: “Fue alcalde del municipio Chacao entre 2000 y 2008 y coordinador nacional del partido Voluntad Popular desde 2009. En 2014 fue encarcelado por promover protestas antigubernamentales y permaneció más de tres años privado de libertad antes de pasar a arresto domiciliario. Posteriormente, se refugió en la embajada de España en Caracas y a finales de 2020 se trasladó a Madrid donde reside actualmente”.

"La concesión de la nacionalidad se fundamenta en su relevancia política, defensa de los valores democráticos y situación excepcional, en la que no es reconocido como nacional por su propio país. Por eso, el Gobierno quiere subrayar que esta decisión refleja su compromiso con el pueblo venezolano y su transición democrática”, argumentó el Ministerio de Justicia, pilotado por Félix Bolaños, respecto al acuerdo gubernamental. López precisamente estuvo resguardado en la residencia en Caracas del embajador de España en Venezuela desde abril de 2019 hasta octubre de 2020, cuando Sánchez ya llevaba un año en la Moncloa.

El Gobierno español no reconoció el resultado oficial de las últimas elecciones en 2024 en Venezuela, donde Nicolás Maduro se autoproclamó ganador. Desde el Ministerio de Exteriores siempre se exigió la publicación de las actas electorales. Ante esta situación, España acogió en septiembre de ese año al candidato opositor, Edmundo González, que fue trasladado hasta Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas.

El Ejecutivo resaltó entonces: “El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya”. Y reiteró “su compromiso con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, muy especialmente de los líderes políticos”. 

El propio Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa a González y escribió un mensaje en X en el que daba una “cálida bienvenida” al candidato opositor y defendía su acogida “mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos”. En las redes, el candidato agradeció al presidente su “disposición” por recibirlo a él y a su esposa: “Al mismo tiempo, expresé nuestro reconocimiento por su interés en trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. De igual forma le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de siete millones de electores”.

En febrero de 2019, Sánchez también fue uno de los primeros mandatarios en reconocer a Juan Guaidó como “presidente encargado de Venezuela” y exigió la convocatoria de unas elecciones presidenciales “libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones”. “No daré ni un paso atrás. Por la libertad, la democracia y la concordia”, indicó durante aquellos días el socialista.

Al calor del choque con Machado, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha relatado que también a ella el Gobierno le ofreció ayuda. En una entrevista en RNE, señaló que ella misma “en un momento” solicitó refugio en la embajada española. “Yo personalmente le dije que no había ningún problema”, reveló el responsable de la diplomacia, que consideró “injustas” esas críticas porque precisamente es el Ejecutivo “que más ha hecho por el pueblo venezolano en todo el mundo”.

Por eso, el Gobierno español considera una “falta de respeto” la actitud de Machado. El propio Albares verbalizó: "No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas". A pesar de todos estos episodios y acciones de los gobiernos de Pedro Sánchez, Machado ha decidido sembrar dudas sobre las elecciones en España y ha evitado reunirse con el presidente de un país que ha acogido a cientos de miles de venezolanos por razones humanitarias durante años.

María Corina Machado es ahora la musa de la derecha española, pero lo fue mucho antes de Washington. El expresidente George W. Bush la recibió en el despacho oval en 2005 pese al enfado del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que calificó la reunión como una injerencia inaceptable. Tiempo después, Machado fundó su propio partido –Vente Venezuela– pero tuvo que esperar hasta 2023 para hacerse con las riendas de una oposición en horas bajas, tras el fiasco que supuso la autodenominada presidencia interina de Juan Guaidó.

Machado pertenece a una de las principales familias de la vieja oligarquía venezolana y representa al sector más duro de la derecha. Su perfil ultraliberal y anticomunista la convierte en una suerte de dama de hierro latinoamericana, la misma que defiende el derrocamiento del chavismo por vías violentas y la “privatización total” de la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Así lo afirmó este lunes en un desayuno informativo celebrado en Madrid acompañada por el expresidente socialista Felipe González y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Si quieren invertir, vengan a hablar con nosotros, que les diremos lo que vamos a hacer en electricidad, sistema bancario, petróleo, turismo…”, manifestó.

El país que ambiciona María Corina Machado está predefinido en un documento que ya fue presentado en las elecciones presidenciales de 2024 bajo el nombre de “Venezuela, tierra de gracia”. Sus planes pasan por privatizar todo el sector industrial del país atrayendo capitales extranjeros, principalmente estadounidenses. Es el mismo plan que tiene Donald Trump, ya que Venezuela es su gran apuesta geoestratégica porque cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo, enormes yacimientos de gas y es rica en minerales y tierras raras. 

Sin embargo, tras el secuestro de Nicolás Maduro, el magnate prefirió optar por una transición ordenada con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Una decisión incomprensible para Machado, que confiaba en que el presidente de EEUU forzara unas elecciones o la situara a ella en el poder. Ni ofreciéndole el Nobel de la Paz lo consiguió. 

Para la derecha española, Machado no es solo la bestia negra del chavismo, sino también una adversaria ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez. En el citado desayuno, la líder opositora afirmó que espera que España “pueda tener pronto unas elecciones impecables” de las que “salga un Gobierno que acompañe la causa hispanoamericana”. Unas palabras que contrastan con las decisiones del Ejecutivo de Sánchez de no reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las últimas elecciones, de dar asilo al candidato impulsado por Machado, Edmundo González, y de conceder la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López.

Tras una gira europea con parada en Francia, Países Bajos e Italia — y reuniones con sus mandatarios—, Machado aterrizó en Madrid para recibir las llaves de la ciudad por parte del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la Medalla de Oro de manos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tras el encuentro entre ambas, la Puerta del Sol se llenó de manifestantes y se profirieron gritos racistas de "¡Fuera la mona!" dirigidos a Delcy Rodríguez auspiciados por el cantante Carlos Baute.

Sin embargo, Machado declinó reunirse con el presidente del Gobierno, pese a que se cursó una invitación oficial por parte de Moncloa. “La reunión de Barcelona es la demostración por la que no es conveniente”, argumentó la venezolana, en referencia a la cumbre progresista auspiciada por Sánchez en Barcelona con líderes de la izquierda internacional. La líder opositora sí se reunió, en cambio, con Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. 

Este lunes, además, fue recibida por Pedro Rollán, presidente del Senado. Desde la Cámara Alta defendió que acudía precisamente a la que es "la casa del pueblo español”, aunque lo cierto es que no ha hecho parada por el Congreso, presidido por la socialista Francina Armengol y volvió a reafirmarse en su idea de no haberse reunido con Sánchez tras las críticas del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. 

En una entrevista concedida a RNE, Albares calificó de "error" que Machado busque presentarse en España como "líder de una facción ideológica", especialmente de la extrema derecha. Para el titular de Exteriores, resulta "extremadamente chocante" que la opositora emita "críticas gratuitas" para agradar a un determinado sector político, recordando tajantemente que "no se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas". 

En esa línea, desveló que la política venezolana llegó a solicitar asilo en la Embajada española en Caracas. “Yo personalmente le dije que no había ningún problema”, aseguró el ministro, si bien “al final no lo usó, pero eso estuvo ahí”. Por lo tanto, consideró “completamente injusto” que se critique al Gobierno español, “el que más ha hecho por el pueblo venezolano de todo el mundo”. 

No es la primera vez que la derecha española se vuelca con la oposición venezolana ni sigue el mismo manual. En enero de 2020, tanto PP como Vox se movilizaron para arropar a Guaidó, que fue recibido en Madrid con honores de jefe de Estado por la Comunidad y el Ayuntamiento tras una concentración de opositores venezolanos en la Puerta del Sol. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, que todavía no había recibido nadie desde su creación en 2017.

Con ese apoyo a Guaidó, las derechas trataron de poner en evidencia a Pedro Sánchez por no haberlo recibido durante su visita a España, a diferencia de lo que habían hecho otros mandatarios europeos como Angela Merkel, Emmanuel Macron o Boris Johnson. Todo ello a pesar de que Sánchez encabezó la decisión de reconocerle como presidente interino. En septiembre de 2024, el PP también impulsó una resolución para reconocer a Edmundo González como presidente electo del país, al que el Gobierno de Sánchez dio asilo tras las elecciones venezolanas.

Antes lo intentaron con Leopoldo López, condenado en Venezuela en 2014 a casi 14 años de prisión por instigar manifestaciones contra el Gobierno de la República Bolivariana que terminaron con 43 muertos y cientos de heridos. López esperaba que la ira de sus seguidores derivara en una insurrección contra un Maduro que llevaba apenas unos meses en el poder tras la muerte de su mentor ideológico, Hugo Chávez, en marzo de 2013. Pero no fue así. 

Durante su encarcelamiento, López contó con un amplio respaldo en los círculos políticos y mediáticos de España, pero también encontró un fuerte respaldo en los expresidentes Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) que promovieron un manifiesto que reclamaba la libertad de López. Años más tarde, en las elecciones europeas de 2019, el PP de Pablo Casado fichó al padre de Leopoldo López para que se integrara en sus listas. Tan solo unos días después de este anuncio, Leopoldo López se refugiaba en la Embajada de España en Caracas, donde permaneció hasta huir del país hacia Madrid un año y medio después. Hace menos de un mes, el Gobierno de Sánchez nacionalizó a López con un decreto exprés.

Nuestro año occidental se para por primera vez en la Semana Santa. Ahora no parece tiempo de mirar hacia atrás, y nos vamos si podemos, a asomarse al mar o a la montaña, porque son tres días la vida y la frenada. Qué otra cosa podemos hacer. Pero cómo hemos llegado hasta aquí. Arrancó el año y en la madrugada del día tercero, Donald Trump atacó Venezuela. Se capturó a Maduro. Murieron decenas de militares y civiles. Cambió el régimen. Hace tanto de eso y no hace nada. Es la invasión del ayer. El día 28 de febrero de este mismo año, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, se abrió el conflicto en Oriente Medio, miles de muertos y desplazados. Continúa. No termina la violencia sobre el pueblo palestino. Centenares de personas han muerto desde el alto el fuego. Más de setenta mil personas desde el inicio del genocidio. Cuántos son niños y niñas. Y aquí estamos, haciendo un recuento alejado y midiendo de qué forma las consecuencias pueden tocarnos en los días de libranza. Es que la gasolina está por las nubes. 

Una nueva verborrea soltó entonces, era mediados de marzo: “Toda mi vida he oído hablar sobre EEUU y Cuba. ¿Cuándo dará el paso Estados Unidos? Realmente creo que tendré el honor, sí, el honor, de tomar Cuba. Eso sería algo bueno. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”. Puede hacer lo que quiera. La palabrería fanfarrona y simplona no es inocua, si vemos que cada mes de este año se prende fuego a un nuevo conflicto.

Fue entonces, el día 20 de marzo, cuando la banda sonora de la revolución para los que no hemos participado ni después padecido revolución ninguna, el cantautor Silvio Rodríguez escribió un post en su blog del que contó después que no esperaba las consecuencias que tuvo: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy serio”. Y el kalashnikov le fue concedido de forma inmediata en el Día Nacional de la Defensa. Se lo entregó el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba delante del presidente de la nación, Miguel Díaz-Canel. Y Silvio, el autor de El necio, el que canta que lo arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que ronda los ochenta años, quizá dejó de pensar que “la guitarra del joven soldado” era su mejor fusil para agarrar el arma de asalto soviética y hacerse una fotografía que dio la vuelta al mundo en medio de la crisis entre La Habana y Washington. A mí me cuesta pensarlo más allá del símbolo, porque aquella revolución ya no puede ser más esta, se ha venido abajo para la gente. Pero cuál es. Hace unos días, Cuba indultó a dos mil presos. 

Es sábado previo al domingo de resurrección, no se sabe a veces ya de quién, pero aquí estamos, organizando nuestras vacaciones en torno a las fechas de los cristianos. Cuesta romper con lo heredado, sean los días que vertebran nuestras fiestas o sea una revolución ya lejana, y hoy fallida. Qué difícil es desnudarse y exponer las contradicciones en un espejo. Ayer salió una procesión en San Sebastián, desde donde escribo, después de cincuenta años sin sacar ningún paso por la ciudad. No tiene nada que ver, pero también cuesta el encaje del presente. Si has llegado hasta esta línea, nos hemos detenido, hemos mirado algo hacia atrás, la incertidumbre que nos deja este primer cuarto del año. Y quizá seamos conscientes de que no lo hemos hecho de forma global y total. Porque solo miramos donde nos dejan mirar. Y a veces, aun así, tampoco vemos. 

Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

"Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", anunció el Departamento de Estado en un comunicado.

La embajadora Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

El equipo encabezado por Dogu está actualmente "restaurando el edificio" para preparar "el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares", apuntó el Departamento de Estado, que no detalló la fecha prevista para el retorno de esos servicios.

El anuncio se produce después de que, la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitara Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según Trump, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.

Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país.

Desde entonces, las labores diplomáticas de Washington se han llevado a cabo a través de la Unidad de Asuntos para Venezuela, una oficina provisional ubicada en la Embajada estadounidense en Colombia.

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, la exdiputada Cilia Flores, llaman a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar "firmes" y serenos" en un mensaje publicado dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, y en el que se constituye en el primer mensaje desde que fueron secuestrados en Caracas el enero pasado.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", dijeron Maduro y Flores, según mensajes publicados en las cuentas en Telegram y X del mandatario derrocado.

En el texto, aseguraron estar "bien, firmes, serenos y en oración permanente" y agradecieron el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento.

También agradecieron a la población venezolana por "tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad" y reconocieron la capacidad para mantener la unidad dentro del país.

Es la primera publicación firmada por Maduro y Flores publicada en redes sociales desde su secuestro el pasado 3 de enero, durante el ataque militar de EEUU en Caracas.

Hasta ahora, el hijo del mandatario depuesto, el diputado Nicolás Maduro Guerra, había divulgado mensajes de oración de su padre y había asegurado que estaba "muy bien" y con "mucho ánimo". En una carta hecha pública con motivo del Domingo de Ramos, el depuesto presidente pide que "Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz", pidieron en esta misiva.

El mensaje se publica dos días después de la comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal en Nueva York, donde el jueves un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Maduro se enfrenta a cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

El juez encargado del proceso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar su caso, como pedían sus abogados. "No voy a desestimar el caso", afirmó el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra el matrimonio, acusado por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. No obstante, Hellerstein, al que durante la audiencia se le pudo escuchar la voz algo quebrada, aún tiene que confirmar su decisión de manera oficial.

Maduro entró este jueves a la sala del tribunal con una sonrisa y dando los buenos días a su equipo legal. Los abogados mencionaron que Flores estaba mal de salud y pendiente del resultado de un ecocardiograma.

La defensa de Flores y Maduro pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela. Tanto Maduro como el Gobierno venezolano están sujetos a sanciones de EEUU, por lo que uno de los abogados, Barry Pollack, solicitó dicho permiso a la OFAC, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció.

El fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder "utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional". Wirshba también aseguró que los acusados están "saqueando la riqueza de Venezuela" y que "permitirles acceder a esos fondos socavaría las sanciones" impuestas por Estados Unidos.

Sin embargo, Hellerstein respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, "no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional", y recalcó que "las cosas han cambiado en Venezuela". "Ahora (Estados Unidos) hace negocios" con el país, recalcó.

Desde el secuestro de Maduro el pasado 3 de enero en Caracas y su posterior traslado a Nueva York, el Gobierno del presidente Donald Trump y de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, han acercado posiciones. A principios de marzo, ambos países restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, rotas desde 2019.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró "no culpable" y se definió a sí mismo como un "prisionero de guerra".

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes de que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo. "Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este contexto, aprovechó para reiterar la petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen las sanciones contra Venezuela. "Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía", subrayó la presidenta venezolana.

Para continuar con esa línea, este martes la Administración de Trump también relajó las sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro emitió una licencia que levanta algunas restricciones a las misiones del Gobierno venezolano ante Estados Unidos y a las misiones de Venezuela ante organismos internacionales que se encuentran en territorio estadounidense. La nueva normativa autoriza a dichas misiones el pago por bienes o servicios destinados a sus actividades oficiales o para uso personal de sus diplomáticos. Además, los bancos e instituciones financieras están autorizadas a operar cuentas u otorgar créditos en nombre de las misiones del Gobierno venezolano.

Sin embargo, queda prohibida la compra o venta de inmuebles por parte de las misiones.

La diplomática estadounidense Laura Dogu llegó a Caracas a finales de enero para una reapertura gradual de la embajada estadounidense, pero la legación diplomática de Venezuela en Washington sigue sin operar. El Departamento del Tesoro ha emitido en las últimas semanas varias licencias para facilitar a las empresas estadounidenses comerciar con petróleo, gas y oro venezolanos, a medida que el Gobierno de Rodríguez ha abierto el sector a la inversión extranjera.

El pasado 5 de marzo, Venezuela y Estados Unidos acordaron formalmente restablecer sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, lo que supone un nuevo paso en el marco de cooperación después de que el Gobierno de Trump capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque en Caracas. La audiencia del juicio del mandatario, detenido en Nueva York, está prevista para el próximo 26 de marzo.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país suramericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

"Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", expresó la mandataria encargada en un mensaje publicado en Telegram.

Asimismo, aseguró que el ahora exministro asumirá "nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", sin dar más detalles.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

El nuevo ministro de defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez.

Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

González López también ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.

Entre otros cargos, también fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

La destitución de Padrino López se da dos meses y medio después del ataque militar estadounidense en Caracas y otros tres estados del país, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente encarcelados en Estados Unidos.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.

La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump —a quien ha llamado "socio y amigo"— y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado que su país y Venezuela pedirán su adhesión al Mercosur como miembros plenos, un día después de la reunión que sostuvieron en Caracas ministros de los dos países, que calificó de "supremamente exitosa".

"Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012 pero en 2017 el bloque invocó la "cláusula democrática", es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspenderlo por la represión a las protestas populares contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

En el caso de Colombia, fue aceptada como Estado asociado en 2004 pero no es miembro pleno.

El pasado 17 de enero, durante la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, celebrada en Asunción, algunos de los países hicieron votos por el retorno de la democracia a Venezuela tras la captura de Maduro, situación que podría facilitar su regreso al bloque como miembro pleno.

En su mensaje de hoy, Petro también destacó que la integración energética con Venezuela avanza y añadió que esperan el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos mediante la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), "para lograrlo".

"Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional" entre Colombia y Venezuela, agregó Petro al señalar otro logro de la reunión de ayer en Caracas.

Petro subrayó además que "se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera", algo que ya había comentado anoche cuando señaló que los dos países van "a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela".

En el encuentro de ayer en Caracas, los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron celebrar una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad el próximo 23 y 24 de abril, mientras se espera que Petro y la presidenta encargada de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, confirmen una nueva fecha para su encuentro, después de que se cancelara el que tenían previsto para el viernes.

"El próximo 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo (estado de Zulia) se dará el encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, cancilleres, queremos despliegue de esa agenda binacional para la unión y para la integración", dijo Rodríguez en el encuentro con la delegación de ministros de Colombia.

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", según informa EFE. Hasta ahora, el Gobierno cubano había mantenido el silencio a pesar de la insistencia de la Administración Trump en que estaban deseosos de negociar.

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado, difundido en redes sociales.

En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó por su parte que "Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos". El objetivo era, "en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener", agregó el presidente, quien matizó que los acuerdos aún están "alejados".

Se pretende "determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países" e "identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones" y también "de la región de América Latina y el Caribe". Díaz-Canel agregó que en estos "intercambios", la parte cubana ha expresado "la voluntad" de que se realicen "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos".

Este acercamiento llega tras meses de amenazas por parte de la Casa Blanca hacia Cuba. Después del secuestro de Maduro, Trump empezó a dirigirse hacia la isla, que depende en gran parte del petróleo venezolano, como su próximo objetivo.

Washington ha elevado la presión bloqueando la entrada de importaciones de petróleo a la isla, que tan sólo produce un tercio del crudo para satisfacer sus necesidades energéticas. El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido los estragos que el control del petróleo por parte de Estados Unidos en Latinoamérica ha dejado en su país. “Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en unas condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo”, ha asegurado.

Precisamente la semana pasada Trump expresó que el Gobierno de Cuba caería "muy pronto" y reiteró que La Habana tenía "muchísimas ganas" de negociar con Washington. En una conversación telefónica con la cadena CNN sobre la operación militar lanzada por EEUU e Israel contra Irán, Trump insistió en que el régimen comunista de la isla sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en Oriente Medio.

Este jueves el Gobierno cubano anunció la excarcelación de 51 presos después de mantener contactos con El Vaticano. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta decisión no hacía ninguna mención a Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una licencia para autorizar algunas actividades de explotación del oro para empresas estadounidenses en Venezuela, un sector que estaba sancionado.

La licencia se produce un día después de la reunión en Caracas entre la presidenta, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven). La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal tendrá que resolverse en tribunales estadounidenses.

Asimismo, los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.

Burgum viajó el jueves a Caracas acompañado por representantes del sector minero y se reunió con Rodríguez, tras lo cual anunció que Washington emitiría próximamente licencias para facilitar operaciones en el país.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, informó el lunes de que ya se encuentra en revisión la Ley de Minas con el objetivo de reformarla de forma urgente y abrir el sector a la inversión extranjera, como ya ocurrió con la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero.

El jueves también se anunció el restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, cuando se acaban de cumplir dos meses del operativo estadounidense que llevó a la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Los vínculos diplomáticos entre ambos países permanecían rotos desde principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington reconoció al opositor y entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, lo que llevó al Gobierno de Maduro a cortar relaciones con Estados Unidos.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este lunes que no ha tenido "en absoluto" nada que ver con el rescate de la aerolínea de Plus Ultra ni mantuvo ninguna conversación sobre ello con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o algún ministro.

Rodríguez Zapatero se ha expresado en estos términos en la comisión sobre el caso Koldo en el Senado, donde ha sido citado por el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, para dar explicaciones sobre el rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno ha señalado que no ha tenido relación con el dueño de Plus Ultra. Y ha aseverado que ha ido como "ciudadano" a esta comisión después de 14 años sin tener ningún cargo público, criticando a la vez que no se ha motivado bien por parte del Partido Popular su presencia en el Senado.

Rodríguez Zapatero, ante las primeras preguntas de la senadora María Caballero (UPN), ha explicado que sí asesora como consultor de Julio Martínez Martínez, el conocido como conseguidor de Plus Ultra, por los que cobró 70.000 euros brutos al año de Análisis Relevante SL, con factura y cotizando como autónomo. "A través de IPRF, me siento muy orgulloso de pagar y que casi la mitad vaya a las arcas públicas", ha reflexionado.

En ese sentido, ha explicado que en estos trabajos se encargó la labor de comunicación a la agencia de sus hijas. Para agregar que ni él ni su familia nunca han tenido un contrato con alguna administración pública.

El expresidente ha remarcado que no posee ninguna sociedad ni España "ni en Kuala Lumpur". En ese sentido, ha respondido que no tiene ni cuentas en el extranjero ni testaferros: "Cero patatero".

El ex líder socialista ha especificado que no coincidió con José Luis Ábalos como ministro de Transportes hasta después de que se concediera la ayuda a Plus Ultra durante la pandemia, a la vez que ha rechazado "absolutamente" haber presionado a Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, en relación con el rescate a la aerolínea.

Zapatero a lo largo de sus intervenciones ha criticado las "patrañas y bulos" que se está publicando sobre él, como el supuesto chivatazo a Julio Martínez Martínez de las investigaciones policiales. En ese sentido, ha explicado que estuvo corriendo con él el 8 de diciembre durante una hora y que, por supuesto, no le dio ningún papel ni ha tenido en su vida un móvil prepago, como se ha llegado a publicar.

Asimismo, ha negado tener una relación con el empresario Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama del caso Koldo. Ha manifestado que sólo coincidió una hora y cuarto en un vuelo de Venezuela a República Dominicana: “Ni me acuerdo de qué hablé con él. No he tenido relación con él. Se ha publicado que me reuní en Caracas, otra de las muchas falsedades que he tenido”.

“No tengo su móvil. No he hablado más con él. Cero, cero, cero", ha apostillado, dejando también claro que no ha tenido "nunca" un requerimiento o inspección por parte del Ministerio de Hacienda.

Otro de los "bulos" que ha desmentido es que tenga una mina de oro en Venezuela, según una supuesta declaración ante la Audiencia Nacional de Hugo 'Pollo' Carvajal. "Esto es falso", ha remarcado, para añadir: "Ni siquiera he criticado a algún medio, pero algunos me dedican portadas y portadas. Es un delirio de persecución". Zapatero ha aportado como novedad una carta que le envió Carvajal, donde escribió: "No he dicho ni tengo nada que decir de usted". 

Y también ha mandado un claro mensaje político: "¿Que si apoyo al Gobierno de Sánchez? Sí, soy leal al PSOE hasta los últimos días". "¿Se da por amortizado?", le ha preguntado la senadora Paloma Gómez (Vox). A lo que ha respondido: "¡Qué mas quisieran ustedes!"

Rodríguez Zapatero ha sido citado por el Partido Popular en la primera semana de campaña para las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Los populares han intensificado, especialmente desde el 23J, su campaña de acoso contra el expresidente, que se ha convertido en uno de los principales movilizadores del voto progresista.

En el cara a cara con el PP, al final de la comisión, Zapatero ha negado otra vez que se reuniera con Ábalos por el rescate de Plus Ultra: "Es radicalmente falso". "No tiene hechos ni pruebas", le ha trasladado al senador Fernando Martínez-Maíllo (PP).

Asimismo, ante las preguntas del Partido Popular, ha negado haber hecho negocios con sus exministros José Bono y José Blanco y el exconsejero de la Junta Gaspar Zarrías. Ha acusado al popular de hacer preguntas de carácter "incriminatorio", como, por ejemplo, con la acusación de estar entre los investigados por la justicia de Estados Unidos por sus vínculos con Venezuela.

"Usted está pringado hasta el cuello", le ha lanzado el popular. Entonces, Zapatero ha dicho: "Usted ni nadie va a cuestionar mi trabajo, que está contrastado. Mi opinión vale y mi trabajo vale. Lo único que tiene es intención de dañar mi imagen". "Me trajeron aquí con una injuria y una calumnia. Y ha cerrado este debate con una injuria y una calumnia", ha aseverado. "Buscan que no realice el apoyo al Gobierno. Pero ganaré", ha concluido.

La OIEA advirtió justo un día antes del nuevo ataque a Irán que conserva 406 kg de uranio enriquecido al 60% y que los ataques de EEUU de junio del año pasado no alteraron la cifra de producción. Y esto nos devuelve a la razón oficial del mismo: ¿peligro de obtener el arma nuclear? Muchos ya advertimos que no serviría para acabar con el programa de enriquecimiento con fines bélicos, pero que sin embargo había un margen para seguir con las capacidades de verificación que estaban mostrando las negociaciones y la misión de la OIEA. 

¿Derrocamiento del régimen? No bastaría con ataques aéreos y una operación especial, harían falta tropas terrestres. Y estas ni están ni se las espera, ya que están comprometidas en otros escenarios y serían el colofón de las desfavorables expectativas de Trump para ganar las mid-term (elecciones de mitad de mandato) de noviembre. Una transición democrática no sería factible sin la integración de la oposición, algo que trataría de impedir la Guardia Revolucionaria, que tiene el control del país. Otra cosa es que haya un cambio de caras y no de régimen, sino de figuras de dentro (¿del castigado sector reformista?), cuya transformación en aliados, como en Venezuela, es más difícil de imaginar, y en ese contexto Pahlavi sería la Corina iraní. 

Irán no tiene las condiciones ni trayectoria de Venezuela celebrando elecciones, y sus milicias no responderían con la docilidad de los colectivos chavistas. Dado que Venezuela aún no ha dado signos de integrar a la oposición en una transición democrática, y esto figura en último lugar en la hoja de ruta de Rubio, Irán está aún más lejos. Podría incluso correr el mismo riesgo de desintegración territorial que Siria, donde también han cambiado a las élites, pero no han unificado el país. La Guardia Revolucionaria es la única que puede sostener la unidad y no va a permitir ninguna apertura del régimen ni integración de la oposición si a cambio se quiere mantener una estabilidad a lo largo de todo su territorio. Podría continuar e incrementar la represión incluso aunque llegara a una negociación con EEUU. A esto añadimos que un ataque israelí habría dado muerte a unas 148 niñas en un colegio al sur de Irán. Y que de haber bajas militares norteamericanas escocería aún más a Trump de cara a las mid-term. La respuesta de Irán está dando un salto cualitativo apuntando a objetivos civiles en países vecinos, especialmente atacando en pleno Dubái, cerca de su gran icono el Burj Khalifa, y en pleno Palm Jumeirah, síntoma de que se ve más acorralado y sin aliados vecinos.

Una vez convertido Jameneí en un mártir, el régimen tenía mecanismos para un relevo ante un descabezamiento completo. Controlar Irán tras un ataque así y sin contar con la Guardia Revolucionaria es casi imposible. Meterse en el enjambre iraní le va a resultar mucho más costoso que Venezuela, y no solo porque el régimen tenga condiciones de supervivencia frente a una oposición menos organizada y fuerte que la venezolana, también porque se ganó a gran parte del electorado prometiendo no meterse en guerras exteriores, y porque el mundo MAGA presiona desde hace tiempo para frenar tanto intervencionismo exterior frente al America first (Vance). 

Hacerle un Delcy a Irán para cambiar caras y no al régimen es algo más complejo que en Venezuela. Los grupos que pueden hacer resistencia están más fanatizados que en Venezuela, por lo que el Irán post-Jameneí podría ser más duro. Y también, a diferencia de Venezuela, puede despertar campañas de ataques y odios antisemitas y antiestadounidenses por todo el mundo.

Por lo que más nos vale a todos que no se prolongue la escalada militar, algo que dispararía los precios del petróleo y arrastraría al resto de bienes derivados en cadena, en especial la agricultura, haciendo más vulnerable la paz social de los países altamente dependientes de las importaciones, donde en otras épocas han estallado revueltas. Las implicaciones podrían desestabilizar más allá de Oriente Medio y el Golfo, y más si se bloquea la cadena global de suministros desde el estrecho de Ormuz.

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María Amparo Tortosa-Garrigós es experta en seguridad y política internacionales.  

La amnistía en Venezuela avanza con cuentagotas y con la incertidumbre de familiares de presos políticos, que han acudido a los tribunales para solicitar la aplicación de la norma que, lejos de ser una medida de gracia inmediata, pasa por un filtro institucional coordinado, en principio, por la Fiscalía, defensores públicos y los jueces en un plazo no mayor a 15 días.

Está en pleno desarrollo y la Fiscalía asegura que se han beneficiado unas 3.000 personas. El Parlamento, en tanto, señala que más de 2.000 personas con medidas cautelares han recibido libertad plena y que 177 han sido excarceladas. Sin embargo, ONG y partidos políticos sostienen que han logrado confirmar la salida de prisión de al menos 109 presos políticos y, no han ofrecido, en cambio, información sobre las personas con libertades restringidas.

La medida promovida por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en el marco de lo que ella misma ha denominado como un "nuevo momento político" que se da justo después de que Estados Unidos presionara por la liberación de estos detenidos tras capturar al presidente Nicolás Maduro, avanza de la siguiente manera:

La ley establece en su artículo 7 que los detenidos o requeridos por la justicia que quieran ser amnistiados deben presentar una solicitud ante los tribunales de la República y, hasta ahora, la Fiscalía y los defensores públicos han sido los encargados de hacer estas peticiones. "La teoría dice que debería ser declarada de oficio porque las disposiciones de la ley son de orden público y de interés general, pero lo que estamos viendo es que (...) no es un proceso verdaderamente automático, aunque debería serlo", dijo a EFE el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Hasta la noche del lunes el Parlamento hablaba de más de 3.000 solicitudes, mientras planea abarcar a más de 11.000 personas bajo medidas cautelares. Foro Penal también ha cuestionado que los mismos jueces que dictaron condenas sean los que decidan sobre las liberaciones.

La ley aprobada establece que su aplicación abarca entre 1999 y 2026, los últimos 27 años de Gobiernos chavistas, pero especifica 13 episodios, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares. Según Foro Penal, en Venezuela hay más de 600 presos políticos y de ellos más de 180 son militares.

La ley además excluye los delitos de violación a los derechos humanos, de lesa humanidad, guerra, narcotráfico, corrupción y homicidio intencional. Este último, a veces, imputado en casos de presos políticos detenidos en el marco de protestas o crisis políticas, según ONG. Se dejan fuera también a todos aquellos que hayan promovido operaciones militares contra el país.

Inmediatamente después de su aprobación, ONG como Provea, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón coincidieron en que hay un "injustificable exceso de exclusiones" con este marco legal.

La ley, sin embargo, permitió la creación de una comisión especial que se encarga de velar por el cumplimiento de la amnistía y que puede evaluar la solicitud de casos no especificados en la norma y para ello puede contar con el apoyo de expertos. Esto, explica Himiob, abre la puerta a la posibilidad de "ampliar el marco de la amnistía", lo cual fue una sugerencia directa de las organizaciones no gubernamentales, pero aún no está claro el protocolo para ello.

La comisión está conformada por 12 diputados chavistas, entre ellos el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y nueve opositores, varios de ellos tachados de colaboracionistas con el Gobierno, lo que ha generado dudas de imparcialidad debido a su inclinación política.

Mientras el proceso avanza entre la coordinación de la Fiscalía y los tribunales, decenas de personas acuden al Palacio de Justicia en Caracas o buscan asesorías con ONG para pedir la aplicación de la ley para los casos de sus familiares.

Sin embargo, se han encontrado con tribunales "sin despacho" (como se conoce cuando no están funcionando), en "comisión" (desplazados a otros sitios), sin secretaria o una remisión a los defensores públicos correspondientes, según denunció el lunes el Sindicato de Prensa venezolano, que también trabaja para apoyar en los casos del gremio que quieran solicitar amnistía.

Y aunque Himiob dijo a EFE que "hasta ahora es muy pronto para saber cómo se va a procesar la solicitud hecha por familiares y por los propios interesados", también advirtió luego en X de que "ningún tribunal puede negarse" a recibir peticiones debido a que se trata de un tema de "orden público".

El narcotráfico es un negocio ilegal que no vive de espaldas a la geopolítica. De hecho, su influencia es bastante patente, como se ha podido ver en los últimos meses con los movimientos que desde el Gobierno de Trump se han ido realizando en el Caribe para derrocar a Nicolás Maduro. No hay que olvidar que el ataque a varios puestos militares en territorio venezolano fue la excusa para detener por narcotráfico al que había sido presidente del país desde 2013. Fue una campaña que se intensificó con los ataques selectivos por parte del ejército de EEUU a narcolanchas que están supuestamente involucradas en operaciones de cierto nivel.

Esta semana ha vuelto a quedar claro que esos ataques eran más que un hecho puntual, pero ahora la prioridad para EEUU es resolver su conflicto con el régimen iraní. Si se produce la escalada bélica y se sostiene durante un tiempo, va a tener influencia directa en el narcotráfico mundial.

El traslado de los cientos de aviones de la US Air Force que se han desplazado desde enero, primero de EEUU a Europa, y luego desde aquí hacia Oriente Medio, va a tener consecuencias directas en la información de inteligencia que la DEA tiene de los movimientos del narcotráfico en España. Las bases de Rota y Morón de la Frontera son cruciales en la logística de estas operaciones para presionar a Irán, y por aquí se han podido ver decenas de aviones cisterna, de transporte, cazas de combate, de defensa aérea y de Inteligencia.

Se ha 'mapeado' toda la situación operacional del Estrecho de Gibraltar para que pueda discurrir por él sin problema el que ahora es el portaviones de vanguardia de la marina de EEUU, el George R. Ford. Y por ello, cualquiera de las decenas de narcolanchas que se hallan en espera de alijar en las costas españolas han sido detectadas.

Esto puede servir en el futuro para que la DEA conozca puntos de referencia de transbordos de la droga de narcosubmarinos o mercantes que hayan transportado cocaína, ya que el hachís no le interesa lo más mínimo a la Administración de Control de Drogas de EEUU.

Estas 'gomas' en espera son un quebradero de cabeza para navieras que están cada vez más preocupadas porque puedan provocar algún accidente con daños en sus buques. Precisamente esta misma semana se emitió una alerta de Salvamento Marítimo por una narcolancha que se encontraba a la deriva a 45 millas de Cádiz antes de embocar el Estrecho de Gibraltar.

Volviendo al tema estrictamente iraní, si EEUU ataca el país, todo Oriente Medio se desestabilizará de nuevo y las rutas de drogas hacia Europa o a través de Asia van a acabar afectadas. Los primeros clanes en cambiar rutas o personas de confianza serán los narcotraficantes vinculados de alguna manera con Hizbulá. Esta organización libanesa tiene fuertes vínculos tantos personales como económicos con el régimen teocrático de Irán y, si caen los Ayatolás, ellos tendrán que adaptarse a una nueva situación.

Esta circunstancia les puede perjudicar, porque ya desde años el brazo armado de Hizbulá (considerado terrorista por la UE) contaba en Sudamérica con hombres como Nasser Abbas Bahmad, que desde Ciudad del Este (Paraguay) supuestamente controló envíos de cocaína hacia Europa y Oriente Medio mezclados en carbón vegetal.

Según Agustín Ceruse, de Encriptada, Abbas era el hombre más buscado por la DEA en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, ya que se estableció allí para financiar a Hizbulá. Una situación que se descubrió en 2021; y por ahora sigue fugitivo. Se cree que es responsable de producir carbón vegetal que luego se utilizaba para esconder cocaína en contenedores marítimos como los que llegaron a Algeciras procedentes de Paraguay el 11 de noviembre de 2020 con más de 2.000 kilos de este droga. También hay otros envíos sospechosos hacia Siria o Israel.

Con el despliegue militar que está realizando Estados Unidos en Oriente Medio —con refuerzos aéreos y movimientos en bases de países aliados como Jordania o Emiratos Árabes Unidos— muchos analistas consideran que la presión sobre Irán es real y que el riesgo de un ataque militar es bastante alto.

Si la estrategia impulsada por Donald Trump terminara provocando la caída del líder supremo, Ali Jamenei, o una fuerte desestabilización del régimen, uno de los efectos inmediatos sería el deterioro de la seguridad interna iraní. Esto es especialmente relevante para el narcotráfico mundial porque Irán es un territorio clave, hasta hace un tiempo en la llamada ruta de los opiáceos procedentes de Afganistán, aunque ahora estos ya se producen en buena medida en el propio país tras el retorno de los talibanes y sus políticas de prohibición de cultivo de la adormidera. Gran parte de la heroína que abastece a Europa pasa por suelo iraní antes de dirigirse hacia Turquía, los Balcanes y posteriormente al mercado europeo.

Si el aparato de seguridad iraní se debilitara por una crisis política, una guerra o luchas internas, las redes criminales podrían aprovechar el vacío de poder para incrementar el tráfico, abrir nuevas rutas o reducir los riesgos logísticos del transporte.

Históricamente, cada vez que un Estado que controla un corredor estratégico pierde capacidad de vigilancia, el crimen organizado se adapta rápidamente y expande sus operaciones. En este contexto, también podrían fortalecerse organizaciones criminales vinculadas a la diáspora iraní en Europa, especialmente aquellas asentadas en países como Alemania, que en los últimos años han ganado presencia en redes de tráfico y blanqueo. Para estos grupos, un Irán más inestable significaría más facilidad para coordinar envíos, mover dinero y consolidar su papel dentro del mercado global de la droga.

A este escenario se suma el impacto que tendría una escalada regional en las principales rutas marítimas. Si Estados Unidos atacara Irán, Teherán podría responder presionando el tráfico comercial internacional mediante ataques indirectos o acciones de sus aliados, como los hutíes, contra buques mercantes que transitan por el Canal de Suez. Esto encajaría con la lógica estratégica iraní de golpear el comercio global sin enfrentarse directamente a la superioridad militar estadounidense.

Para el narcotráfico, una alteración de esta arteria entre Asia y Europa tendría consecuencias inmediatas: desvíos de rutas, saturación de otros puertos y menor capacidad de inspección. En contextos de crisis logística, las redes criminales suelen aprovechar el aumento del volumen y el desorden comercial para mover droga con mayor facilidad.

Una guerra contra Irán no solo sacudiría la política y la economía mundial, sino que también tendría un efecto inmediato sobre las rutas del narco. La inestabilidad interna y los cambios en las rutas comerciales podrían abrir nuevas ventanas para el crimen organizado mundial, alterando mercados y flujos de drogas que hoy se creían controlados. Europa y Asia podrían ver un aumento en la presencia de redes iraníes que buscan aprovechar el vacío de poder que dejarían los ayatolás. En definitiva, el conflicto reconfiguraría el ecosistema global del narcotráfico durante años.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional, según ha recogido EFE.

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea", ha asegurado Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025. Sobre esta ley, que ha definido como "una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado", Albares se ha mostrado confiado en que sea "lo más amplia posible" y que sirva para que "los presos salgan a la calle", a la par que ha animado a Rodríguez a "seguir dando pasos en esa dirección".

Por este motivo, Albares se ha mostrado partidario de que la Unión Europea "envíe un signo de que se está yendo por el buen camino", retirando las sanciones a la presidenta encargada del país sudamericano.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano, según informa EFE.

La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados, entre opositores y chavistas, que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.

En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.

Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un lapso "que no excederá de 15 días continuos".

La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.

Esta propuesta de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.