Estados Unidos ha puesto su ojo, su cartera y sus cañones en América Latina, un territorio que siempre ha considerado como su patio trasero. Nueve meses después de aprobar la Estrategia de Seguridad Nacional, Donald Trump hace caja en su protectorado de Venezuela mientras marca con una cruz los países en los que va sumando aliados que replican el guion del populismo reaccionario. La injerencia de Washington en la región se despliega sin sutilezas y conlleva contrapartidas económicas y comerciales. El caso más evidente es el del petróleo venezolano, un suculento negocio para la Casa Blanca desde que ordenó el secuestro de Nicolás Maduro en Caracas a principios de año.

Trump no lo pudo expresar más claramente la semana pasada en Las Vegas. “Al vencedor le pertenecen los despojos”, llegó a decir en referencia al gigantesco botín de guerra incautado, las mayores reservas de crudo del planeta: “Estamos tomando mucho petróleo de Venezuela. Miles de millones de barriles de petróleo. Como saben, fue una guerra de 48 minutos y pagamos esa guerra con lo que obtuvimos de allí, muchas, muchas veces más. Es la vieja forma de hacerlo, ¿verdad?”.

La agresión militar contra Venezuela, ejecutada en la madrugada del 3 de enero, descabezó al régimen chavista e impuso una sucesión con la exvicepresidenta Delcy Rodríguez como interlocutora privilegiada. Washington pasó a controlar con mando a distancia el jugoso negocio petrolero del país. Según cálculos del diario Financial Times basados en registros de la plataforma de seguimientos marítimos Kpler y estimaciones de precios de materias primas de la compañía Argus, Estados Unidos habría recaudado ya unos 13.000 millones de dólares procedentes de la venta de crudo venezolano. El dinero de la factura petrolera se administra a través del Departamento del Tesoro, según una orden ejecutiva aprobada en enero. Aunque en principio esos ingresos deben ir destinados a la estabilización económica de Venezuela, la Casa Blanca no ha suministrado información al respecto, una falta de transparencia que han denunciado varios congresistas demócratas.

Mientras en Venezuela se afianza el régimen de protectorado, Estados Unidos ha ido moviendo sus piezas en el tablero latinoamericano durante todo el año para cumplir lo expuesto en la Estrategia de Seguridad Nacional. El denominado corolario Trump o doctrina Monroe —una revisión de la consigna “América para los americanos” que hiciera célebre el presidente James Monroe en 1823— resume en pocas líneas el interés de Washington en controlar Latinoamérica: “Tras años de descuidos, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental. Para proteger nuestra patria y nuestro acceso a puntos clave de la región, negaremos a nuestros competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas […] o de poseer activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”.

Sin mencionar a China, el objetivo último de la nueva política norteamericana con respecto al “hemisferio occidental” es expulsar al gigante asiático de un territorio que Washington considera una extensión de sus fronteras. Durante las últimas décadas, Pekín se ha asentado en la zona con grandes inversiones económicas y un intercambio comercial que no ha parado de crecer. Trump quiere cortar esos lazos y para ello precisa de la colaboración de gobiernos aliados.

Para reafirmar su posición de fuerza, el Departamento de Estado publicó el martes un vídeo en la red X en el que repasa los “hitos” de la Doctrina Monroe desde sus inicios para frenar la recolonización del continente por parte de las potencias europeas hasta la caída de Maduro. No es casual que la presentación del material propagandístico haya corrido a cargo del embajador norteamericano en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Al iniciar su segundo mandato en enero de 2025 Trump no ocultó su deseo de retomar el control del canal de Panamá y frenar la expansión china en ese país, una idea que nunca ha desechado por completo.

“La Doctrina Monroe ha moldeado la política exterior de EEUU durante más de dos siglos”, señala el Departamento de Estado en un mensaje en el que se resaltan las declaraciones hechas en su día por Trump: “Bajo nuestra estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”.

En el documento aprobado en diciembre se advierte de que Estados Unidos “alentará” la llegada al poder de partidos y movimientos políticos afines a sus intereses en materia de control migratorio, combate al narcotráfico y una política de libre mercado que favorezca a las empresas estadounidenses. El intervencionismo se ha erigido en un arma fundamental para implantar la hegemonía política, económica y comercial de Washington.

Poco antes de que se aprobara la Doctrina Monroe, Trump ensayó la fórmula en Argentina. Javier Milei estaba contra las cuerdas en octubre de 2025 tan sólo unas semanas antes de que se celebraran las elecciones legislativas de medio mandato. Sin reservas de divisas en el Banco Central, la oposición peronista se frotaba las manos ante una inminente debacle electoral de La Libertad Avanza, el partido del histriónico presidente argentino. La Casa Blanca intervino rápidamente girando un préstamo de 20.000 millones de dólares a Buenos Aires, una maniobra que cambió el rumbo de la campaña.

Otro ensayo más se produciría semanas después en Honduras, laboratorio del juego sucio que la Casa Blanca aplica en la región. El apoyo de Trump al ultraconservador Nasry 'Tito' Asfura fue decisivo en su triunfo electoral. “¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura como presidente!”, escribió el mandatario norteamericano en su red social unos días antes de los comicios. Al mismo tiempo, la Administración estadounidense indultaba al expresidente derechista Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.

En los primeros días de 2026 Trump resucitaba la denominada diplomacia de cañoneras de Monroe. Cientos de aeronaves bombardeaban Caracas mientras un comando de la Delta Force secuestraba a Maduro y su mujer, Cilia Flores, en una operación relámpago. Fue una maniobra a la antigua usanza, como dijo Trump la semana pasada, un golpe de Estado de manual, como los perpetrados por fuerzas locales apoyadas por la CIA en la Guatemala de Jacobo Arbenz en 1954 o en el Chile de Salvador Allende en 1973.

Al expresidente colombiano Gustavo Petro no hizo falta derrocarlo. Su mandato expiraba este año y Estados Unidos decidió esperar pacientemente hasta la celebración de elecciones en mayo y junio. Tanto la candidata del uribismo, Paloma Valencia, como el ultra Abelardo de la Espriella encajaban en el perfil demandado por el Departamento de Estado. De la Espriella barrió a la derecha tradicional en la primera vuelta y se impuso más tarde al progresista Iván Cepeda por un estrecho margen de votos. Petro y Cepeda denunciaron la injerencia de la Casa Blanca en el proceso electoral. Admirador de Trump, donante de su campaña y nacionalizado estadounidense, el flamante presidente de Colombia es un clon criollo de su mentor republicano. Tras tomar posesión de su cargo el pasado 7 de agosto, recibió el primer regalo de Washington: un cheque de mil millones de dólares para políticas de seguridad.

Previamente había entrado en el club otro socio estratégico: Perú. La victoria de la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (ya fallecido y quien fuera condenado por delitos de lesa humanidad), fue mucho más ajustada que la obtenida por De la Espriella. Keiko derrotó al izquierdista Roberto Sánchez gracias a los votos de los peruanos residentes en el extranjero. Tanto Colombia como Perú han confirmado su participación en el Escudo de las Américas, el ambicioso proyecto militar de Trump para combatir al crimen organizado.

Con los triunfos electorales de Fujimori y De la Espriella, el mapa de América Latina ha quedado trufado de gobiernos de derecha y extrema derecha afines, en mayor o menor medida, al ideario trumpista. El Salvador (Nayib Bukele), Panamá (José Raúl Mulino), Costa Rica (Laura Fernández), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña), Argentina (Javier Milei), Chile (José Antonio Kast) y Bolivia (Rodrigo Paz) han mostrado su sintonía con el magnate republicano.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, centran ahora sus esfuerzos en la isla que ha desafiado a Estados Unidos desde 1959. El ilegítimo bloqueo petrolero impuesto por Washington a Cuba se prolonga ya durante varios meses y ha dejado al país al borde del abismo. Como en el caso venezolano, el interés de la Casa Blanca es tanto político como económico. Si La Habana cae, Trump y Rubio brindarán por el fin de la Revolución y también por el reparto del negocio turístico para las empresas norteamericanas (tras la fuga obligada de las españolas), entre otros “despojos” que arrebatarán a los vencidos.

Mientras Cuba se tambalea y sus gobernantes hacen malabares para abrazar la vía vietnamita como mecanismo de supervivencia, en el Despacho Oval se preocupan ya por la verdadera joya de la corona latinoamericana: Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva aspira a un cuarto mandato en octubre. Su rival será Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por golpismo. La Casa Blanca debe hilar fino para aupar al candidato de la ultraderecha sin que el sentimiento nacionalista encumbre aún más a Lula, como ocurrió con la guerra de los aranceles.

América Latina no ha sido ajena al tsunami trumpista que sacude medio mundo y que las redes sociales y determinados medios de comunicación se encargan de propagar. La pobreza y la desigualdad, verdaderos obstáculos para el progreso de los países latinoamericanos, han dejado de ser asuntos prioritarios en las agendas públicas. Ahora, la seguridad y el control migratorio ocupan ese espacio, un marco emocional claveteado hasta la extenuación en la esfera de la opinión pública por los epígonos latinos del inquilino de la Casa Blanca. Así se explica que un depredador de los derechos humanos como Bukele, que ha encarcelado en El Salvador a cientos de inocentes en su lucha contra las pandillas, sea considerado un ejemplo a seguir.

La izquierda, mientras, se repliega en los dos reductos progresistas que resisten en Latinoamérica: México y Brasil. Desde algunos púlpitos mediáticos y think tanks se achaca en parte el auge de la extrema derecha al supuesto fracaso de los gobiernos de izquierdas precedentes. Sin embargo, si bien la corrupción ha sido transversal a uno y otro lado del espectro político, las transformaciones sociales fueron una realidad, con mayor o menor intensidad, en el Brasil de Lula, la Venezuela de Chávez, la Argentina de los Kirchner, el Ecuador de Correa y, más recientemente, en el México de López Obrador y Sheinbaum y la Colombia de Petro.

De momento, el oleaje ultraconservador parece imparable. La doctrina Trump cabalga a rienda suelta en América Latina.

Los terremotos del 24 de junio dejaron en Venezuela, según el balance oficial más reciente, 5.119 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda, con 21.470 alojadas en campamentos transitorios.

La catástrofe ha puesto en evidencia la incompetencia de las instituciones del Estado para garantizar la gobernabilidad y la necesidad –ya no teórica sino urgente– de un gobierno legítimo, capaz de reconstruir las instituciones democráticas y cambiar las reglas de juego hacia garantías estables y creíbles.

Esa es la verdadera reconstrucción pendiente: la de los edificios es apenas uno de sus síntomas más dramáticos y visibles.

Venezuela enfrenta la peor emergencia humanitaria de su historia reciente gobernada por un Ejecutivo cuyo reloj constitucional ya venció, y que está siendo sostenido por la tutela de Washington y no por un pacto interno verificable.

Delcy Rodríguez ejerce la presidencia encargada desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, tras una intervención estadounidense en territorio venezolano. El mandato interino, concebido por la Constitución venezolana como un puente de 180 días hacia elecciones, expiró sin convocatoria electoral y sin pronunciamiento de las autoridades venezolanas ni estadounidenses.

La literatura sobre desastres y política ofrece precedentes elocuentes: el terremoto de Managua (Nicaragua) de 1972 erosionó irreversiblemente al somocismo, y el de Ciudad de México de 1985 abrió grietas duraderas en la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los desastres no solo destruyen infraestructura: auditan Estados. Y la auditoría venezolana arroja un déficit doble, de capacidad y de falta de título legítimo para gobernar.

En ese contexto se ha producido, en cuestión de horas, el movimiento político más significativo desde enero. La Asamblea Nacional de 2015 –que Washington reconoce como última instancia legislativa surgida de elecciones competitivas– y la Asamblea controlada por el chavismo acaban de anunciar el inicio de una hoja de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto para avanzar en la reinstitucionalización democrática del país.

Según Dinorah Figuera, dirigente opositora y presidenta de la IV Legislatura (2016) de la Asamblea Nacional de Venezuela que acaba de volver del exilio, la mesa estará integrada por 20 representantes (diez por cada parte) y abordará la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), la revisión de las leyes electorales y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Lo revelador no es solo el anuncio, sino la secuencia:

“No tenemos cabeza para estarnos preocupando sobre el TSJ ahorita, nos estamos preocupando es de personas que han sufrido lo indecible (…) Es un irrespeto, es una grosería ponerse a reunir entre políticos para estar decidiendo quién va para el CNE o quién va para el TSJ”.

Ese mismo día, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, presentaba el anuncio ante el Congreso estadounidense como un avance del proceso. La coreografía es inequívoca: las líneas estratégicas del proceso venezolano no se deciden en Caracas sino en Washington.

La pregunta clave es, ¿esta mesa constituye el primer paso operativo de la fase política (la transición) del plan Trump-Rubio o es solo un dispositivo de contención que permite a Washington bajar la presión electoral y administrar los tiempos? La evidencia puede sostener ambas lecturas.

Un punto a favor de que se está dando el primer paso hacia la transición es que los terremotos no iniciaron la negociación. Figuera regresó del exilio el 18 de junio, invitada expresamente por el Departamento de Estado estadounidense, y ese mismo día quedó designada la mesa paritaria. Los sismos suspendieron el proceso, pero el anuncio del 14 de julio lo relanza.

La catástrofe ha proporcionado el marco discursivo (“la unidad nacional”) que permite a Rodríguez retroceder sin admitir que retrocede. A la vez que muestra la incapacidad del Estado de gestionar el estado de emergencia y eleva el costo de sostener el statu quo para el gobierno estadounidense.

A favor de que solo se está ganando tiempo hay varios factores: que el propio Kozak haya declarado que Washington no quiere elecciones “ni demasiado pronto, ni demasiado lejos”, que cerca del 40 % de los votantes elegibles no está registrado y que no es pertinente votar en medio de un terremoto. Otro, concerniente a María Corina Machado, es que, aunque Estados Unidos “no se opone” a su regreso, tampoco lo va a facilitar mientras dure la emergencia.

Aquí conviene hacer una advertencia: las condiciones técnicas que alega son reales, pero la búsqueda de las elecciones perfectas –todo el registro depurado, toda la diáspora votando– puede convertirse en una excusa para no tener elecciones oportunas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno: las democracias no celebran comicios impecables antes de la transición, construyen garantías a través de ellos.

Sin embargo, hay una frase del propio Kozak que inclina la balanza hacia el cambio: “La gente no va a invertir a largo plazo si no hay un gobierno democrático”.

Nadie compromete capital a treinta años sobre la palabra de un gobierno tutelado, ni sobre la garantía de una administración estadounidense que, por definición, es transitoria. El gobierno de Trump puede sostener a Delcy Rodríguez, pero no puede ser el garante de última instancia de las inversiones que la reconstrucción o la recuperación de la producción petrolera exigen: solo instituciones democráticas estables pueden ofrecer los compromisos creíbles que el capital de largo plazo requiere. La contención prolongada se vuelve económicamente insostenible para el propio proyecto de normalización que Washington patrocina.

Venezuela cuenta con su propio cementerio de diálogos fallidos –2014, Santo Domingo, Oslo, Barbados, México– que compartieron un defecto estructural: ninguna parte externa podía imponer costos verificables al incumplimiento. Esta vez, Estados Unidos controla la arquitectura energética y financiera de la que depende el Gobierno encargado. Ya lo ha demostrado al obligar a dicho Gobierno a rectificar públicamente 72 horas después de haber anunciado que no habría diálogo.

Pero el cumplimiento externo no sustituye la legitimidad interna, y allí reside la debilidad de diseño de la mesa: la comisión que preside Figuera es parte de la negociación, no su órgano mediador, y solo tendrá legitimidad en la medida en que represente los intereses de la oposición mayoritaria, la que encarnan Machado y el mandato popular de 2024.

Una negociación que prescinda de esos intereses no conduce a ninguna parte, como ya demostró cada intento anterior de negociar con oposiciones a la medida.

El propio calendario electoral estadounidense añade el último incentivo para alentar el cambio. Para la Casa Blanca, presionada por el senador Rick Scott ante una comunidad venezolana en Florida que “está perdiendo la esperanza”, anunciar antes de los comicios de medio término de noviembre un acuerdo sobre el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y el cronograma electoral venezolano podría ser un activo político de bajo costo. La aritmética lo permite: una mesa instalada el 1 de agosto puede producir un acuerdo anunciable en octubre.

La diferencia entre una transición y una normalización pactada no se medirá en comunicados sino en hitos verificables: la incorporación de la oposición mayoritaria a la mesa, la liberación de los más de 400 presos políticos que el propio Kozak reconoció, el retorno efectivo de los exiliados y un cronograma con fechas.

Los terremotos del 24 de junio han demostrado lo que ninguna teoría podía demostrar mejor: sin instituciones legítimas no hay gobernabilidad. Y sin gobernabilidad no hay estabilidad, recuperación ni reconstrucción posible. La mesa del 1 de agosto dirá si Venezuela camina hacia recuperar ambas, o si aprendió a administrar su ausencia.

____________

Benigno Alarcón es director of the Center for Political Studies en la Universidad Católica Andrés Bello.  Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

En una rueda de prensa celebrada el 12 de julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendía la apertura que las autoridades han demostrado desde el día siguiente al doble terremoto que asoló el país en la noche del 24 al 25 de junio. “Todos los equipos de rescate han entrado sin visado, todos, más de cuatro mil socorristas internacionales”.

“¿Han visto los vídeos de Bukele?”, preguntaba a la prensa, refiriéndose a la ayuda humanitaria enviada por El Salvador y difundida por su mediático presidente, a pesar de que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019. El diputado pretendía así demostrar que no se había levantado ninguna barrera burocrática o ideológica en el camino de los equipos extranjeros que acudían a ayudar a los damnificados.

En efecto, poco después de la catástrofe, se oían decenas de idiomas en la costa venezolana de La Guaira: inglés, italiano, árabe, vietnamita y francés, entre otros. Equipos de rescate acudieron en masa desde todo el mundo, al igual que las ONG. “Tenemos equipos que han entrado con una facilidad nunca vista antes”, exclama Laura (ficticio), trabajadora humanitaria que lleva varios años viviendo en Venezuela.

“Todas las ONG, incluida la mía, llevan mucho tiempo teniendo problemas con gran parte de sus empleados, a quienes las autoridades no conceden visados, a pesar de la emergencia humanitaria que vive el país desde hace al menos diez años”, explica la joven. “Es un secreto a voces: nuestros trabajadores suelen entrar con un visado de turista y tienen que salir del país cada tres meses, para volver inmediatamente y renovar el visado por otros tres meses más.”

Pero desde el 25 de junio, todo es más fácil, continúa Laura: “Hablamos directamente con el Gobierno, que nos escucha, algo que era imposible hace tan solo unas semanas”. La joven, “fascinada” por lo que está pasando, comenta que tiene “la impresión de estar en otro país”.

“Al pasar por los servicios de inmigración del aeropuerto, me dijeron: Bienvenido a Venezuela”, cuenta el periodista francés Benjamin Delille, que nunca recibió una bienvenida semejante cuando fue corresponsal en el país durante dos años. Había acudido a cubrir las consecuencias del terremoto para Libération, sin visado de prensa, y le preocupaba su entrada en el territorio. Esta vez fue más rápida que nunca.

“Por primera vez, me pareció que los policías y los militares eran accesibles, se podía hablar con ellos”, testifica. “Pero no creo que fuera una instrucción oficial, sino más bien la emoción… Son chavales y estaban tan conmocionados como nosotros por lo que veían”.

Para Phil Gunson, analista del think tank International Crisis Group, “estamos ante una apertura forzada por parte del Gobierno”, muy lejos, en su opinión, de presagiar una transición democrática. “Reconozco que hay cambios positivos, como la apertura a los medios de comunicación, pero siempre es posible dar marcha atrás”, considera con pesimismo.

Benjamin Delille, a pesar de la acogida inicial, lo ha sufrido en carne propia. Apenas había abandonado el país tras pasar varios días entre los escombros de La Guaira, “y sin que las autoridades le hubieran molestado en ningún momento”, cuando un vídeo publicado en las redes sociales de su periódico fue destacado por la cuenta oficial X del palacio presidencial: una captura de pantalla con la etiqueta roja de FAKE denunciaba una información “sesgada, parcial y falsa”.

“No he recibido ningún correo electrónico, ni derecho de réplica”, explica el periodista. “Sin embargo, me puse en contacto con el Ministerio de Comunicación”. En el vídeo, se grababa a sí mismo frente a unas viviendas sociales destruidas y relataba la lentitud con la que llegaba la ayuda gubernamental.

“Para el Gobierno, mantenerse hermético no era un capricho, sino una forma de impedir las críticas que, a la larga, podrían convertirse en una exigencia de cambio. La apertura a la que estamos asistiendo supone un riesgo para ellos”, analiza Phil Gunson.

En las redes sociales hay muchas personas que, tras haberlo perdido todo, afirman que “ya no tienen miedo a denunciar” la lentitud de los socorros, la sensación de abandono o incluso la corrupción.

Wilmer Antonio Cruz, un rescatador voluntario, conocido como “el topo de La Guaira” por haber participado sin descanso en las operaciones de rescate, es una de las personas cuya indignación se ha difundido miles de veces en Internet. En un vídeo, frente a las ruinas, con una camiseta atada a la cabeza, se dirige a una periodista y pregunta, con los ojos enrojecidos: “¿Cómo vamos a sacar nosotros todos estos escombros con palas y cubos? ¿Vosotros veis las excavadoras del Gobierno?”

Wilmer Antonio Cruz pagó caro su momento de gloria. Tras convertirse en el estandarte de la protesta entre los escombros, desapareció durante unos días, detenido con toda probabilidad por las fuerzas policiales. Tras ser puesto en libertad, permanece en silencio. “El aparato represivo del Estado sigue intacto, no ha cambiado nada en ese sentido”, subraya Phil Gunson.

Ante las ruinas del OPP 26, un complejo de torres de viviendas sociales, un hombre comentaba discretamente el 7 de julio: “No hemos visto ninguna máquina en diez días. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros sabemos cuál es la realidad”. Forma parte del comité local de distribución de alimentos, un bastión del chavismo. “Prefiero no dar mi nombre, pero estoy convencido de que podríamos haber estado mejor preparados”, explicaba indignado. Ese día, casi dos semanas después de la catástrofe, seguía esperando a que sacaran de entre los escombros el cuerpo de su hija adolescente.

En La Guaira crece la ira contra un Gobierno cuya legitimidad sigue en duda. Delcy Rodríguez sustituyó a Nicolás Maduro tras su secuestro el 3 de enero, pero la Constitución prevé la celebración de elecciones en un plazo máximo de ciento ochenta días, lo que llevaba hasta el 3 de julio.

Al ser preguntado sobre el tema el 12 de julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, afirmó entonces que el Gobierno no tenía “la cabeza para eso”. Pero, el 14 de julio, la opositora Dinorah Figuera, expresidenta del Parlamento elegido en 2015, anunció la puesta en marcha de una agenda de trabajo con los dirigentes chavistas para “impulsar una vía democrática”. Dinorah Figuera agradeció, en el mismo contexto, a Estados Unidos por “el apoyo” a la transición, precisando que no se trataba en absoluto de una “intervención”.

Pero desde el 3 de enero es precisamente Washington quien da las órdenes en Venezuela, imponiendo la agenda de votaciones en la Asamblea, las citas de la presidenta y el control de los fondos, todo ello “sin ninguna transparencia”, precisa Phil Gunson, analista del International Crisis Group. En su opinión, “ambos gobiernos tienen los mismos instintos y parecen estar en la misma onda: nada de apertura”.

Traducción de Miguel López

Las imágenes que siguen a un desastre natural suelen ir por dos carriles emocionales opuestos. Por un lado, la conmoción ante la destrucción física y el dolor humano. Por otro, las historias de solidaridad espontánea, donde vecinos y desconocidos arriesgan sus vidas para remover escombros y colaboran con recolección y donaciones de insumos médicos, alimentos, ropa, etcétera.

Sin embargo, los recientes terremotos en Venezuela muestran también una realidad incómoda pero recurrente: mientras la gran mayoría se organiza para cooperar, un pequeño porcentaje de la población aprovecha la alteración del orden social para delinquir.

¿Qué lleva a un individuo a saquear un comercio destruido o a robar los escasos bienes de una familia damnificada en momentos de vulnerabilidad extrema? Esta es la pregunta que intentamos responder en este artículo.

Desde una perspectiva criminológica, el auge de conductas delictivas tras un desastre como los terremotos de Venezuela no se explica necesariamente por una “epidemia súbita de maldad”, sino por una alteración drástica del entorno. El modelo idóneo para analizar este fenómeno es la teoría de las actividades rutinarias, formulada por los criminólogos  Lawrence Cohen y Marcus Felson en 1979.

Esta teoría sostiene que, para que ocurra un delito, deben coincidir en el tiempo y el espacio tres elementos esenciales:

En condiciones normales, la sociedad cuenta con una serie de controles sociales: alarmas, policías, iluminación pública y la propia vigilancia de los vecinos (el control social informal). Un desastre natural destruye instantáneamente esta infraestructura de seguridad. Los sistemas eléctricos colapsan, los cuerpos de seguridad se ven desbordados por las tareas de rescate y las viviendas quedan desprotegidas o con los accesos fracturados.

Para el delincuente instrumental, el desastre elimina las barreras del riesgo y maximiza el beneficio. Como señalaron los investigadores Marcus Felson y Ronald V. Clarke en 1998, la oportunidad hace al ladrón: el espacio público, antes regulado, se convierte temporalmente en un escenario de total impunidad.

Esta premisa se ha hecho patente en el caso venezolano, donde el oportunismo delictivo se tradujo en el saqueo de bienes no esenciales en comercios (como televisores y lavadoras) y en la vulneración de hogares destruidos con el único fin de sustraer dinero.

Es fundamental que la psicología social trace una línea divisoria clara entre dos comportamientos que a menudo se confunden bajo la etiqueta genérica de saqueo. Sociólogos del comportamiento en desastres, como Enrico L. Quarantelli, han enfatizado la necesidad de categorizar estas conductas según su motivación real.

De un lado, el saqueo por supervivencia ocurre cuando la ruptura de las cadenas de suministro priva a la población de agua potable, alimentos o medicinas. Aquí la conducta está motivada por la urgencia biológica y la autopreservación. El valor moral de la propiedad privada se suspende psicológicamente en favor del derecho a la vida.

Y hablamos de saqueo oportunista –o delincuencia instrumental– cuando se sustraen bienes de lujo, dinero, electrodomésticos u objetos que no atienden a una necesidad inmediata de subsistencia. Este saqueo busca mitigar el dolor de la tragedia, sino capitalizar el evento para obtener un beneficio económico o material.

En situaciones de colapso, se produce una disolución de los frenos inhibitorios sociales. Los seres humanos regulamos nuestra conducta en gran medida por las expectativas del grupo. Cuando el entorno social se fragmenta y reina la confusión, la percepción de la norma se debilita.

A esto se suma el mecanismo de desconexión moral, que aparece cuando el delincuente oportunista recurre a la justificación moral (“Si no lo agarro yo, lo hará otro”) o a la difusión de la responsabilidad (“Todo el mundo está corriendo y saqueando”). Estas distorsiones cognitivas actúan como anestésicos para la culpa, permitiendo al individuo cometer un acto que, en condiciones normales, probablemente condenaría.

Existe un sesgo arraigado en la cultura popular (alimentado en gran parte por el cine de catástrofes) de que los desastres naturales transforman automáticamente a las sociedades en escenarios de barbarie al estilo de la saga Mad Max. La psicología de los desastres desmiente rotundamente esta premisa.

Las investigaciones sociológicas e históricas demuestran, de forma sistemática, que la norma general tras una catástrofe es el comportamiento prosocial, el altruismo y la resiliencia comunitaria. Los lazos de cooperación suelen fortalecerse de inmediato. Los individuos que deciden aprovecharse de la tragedia representan una minoría estadística muy reducida.

Esto se ha podido observar en el caso venezolano, donde la población civil se ha movilizado para apoyar a los damnificados por el terremoto, llegando a compensar las limitaciones de la respuesta estatal.

Sin embargo, el impacto de esta minoría es asimétrico y profundo. El delito en contexto de catástrofe produce un fenómeno grave de revictimización. Para una comunidad que acaba de perder su patrimonio físico o a sus seres queridos, sufrir un robo o un acto de violencia no es solo una pérdida material: es la destrucción de su último reducto de seguridad psicológica.

Este impacto erosiona la confianza institucional y social, dificultando los procesos posteriores de reconstrucción psicológica y comunitaria. Y, sumado a la participación de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este tipo de conductas delictivas, genera un mayor impacto social y psicológico en la población afectada.

El análisis del caso de Venezuela nos recuerda que la gestión de un desastre natural no puede limitarse únicamente a la atención médica y logística de rescate. Las estrategias de mitigación deben integrar la comprensión del comportamiento humano y los factores de oportunidad criminológica.

Restablecer con prioridad el alumbrado público, implementar patrullajes disuasorios en zonas residenciales evacuadas y asegurar los perímetros comerciales y residenciales vulnerables son medidas de prevención situacional del delito que son importantes para la salud de una sociedad herida junto al suministro de ayuda humanitaria.

Comprender la ciencia detrás de la delincuencia en situaciones de crisis es el primer paso para proteger no solo las estructuras físicas, sino el tejido moral de las poblaciones afectadas.

--------------------------

Michelle Madeline Cámara Mora es coordinadora del departamento de Criminología y Seguridad, Universidad Camilo José Cela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado acciones legales contra Víctor de Aldama, comisionista del 'caso Koldo'. Según ha confirmado la Agencia EFE, Rodríguez ha interpuesto una demanda de conciliación exigiendo a Aldama que se retracte de sus recientes afirmaciones. El comisionista la había señalado como la persona que le entregó un sobre, presuntamente vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA, que habría servido para financiar de manera irregular al PSOE y a la Internacional Socialista.

La noticia, adelantada por el diario El Mundo y ratificada a EFE por fuentes de ILOCAD —el despacho del exjuez Baltasar Garzón que representa a la dirigente venezolana—, supone el paso legal previo antes de la interposición de una querella formal por injurias o calumnias.

El acto de conciliación ha quedado fijado para el próximo 16 de julio en los juzgados de Madrid. No será necesaria la presencia física de los implicados, bastando con la comparecencia de sus respectivos equipos legales. En caso de que Aldama se niegue a rectificar sus manifestaciones, Delcy Rodríguez tomará la decisión definitiva sobre la presentación de la querella.

El centro de esta disputa legal es un sobre que el propio Aldama entregó el pasado mes de marzo al juez Ismael Moreno. El magistrado investiga actualmente, dentro de una pieza secreta del 'caso Koldo', los pagos en efectivo realizados en el entorno del PSOE entre los años 2017 y 2024. La justicia trata de dirimir si los fondos percibidos por diversos dirigentes, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, son constitutivos de delitos de blanqueo de capitales o financiación irregular.

El comisionista ya había hecho alusión pública a la existencia de este sobre, el cual estaba bajo la custodia de su socio, Luis Alberto Escolano. En el ámbito judicial, Aldama habló por primera vez del asunto el pasado mes de febrero a instancias del fiscal, durante su declaración como imputado por el fraude del IVA de hidrocarburos relacionado con la empresa Villafuel.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había puesto el foco sobre este elemento en sus primeros informes del caso hidrocarburos. Los investigadores hacían referencia a la imagen de un "sobre de color marrón" en el que figuraba como remitente Manuel Quevedo, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y como destinataria la propia Delcy Rodríguez.

Escolano, que guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, llegó a remitir fotos de este documento a petición del comisionista el 7 de octubre de 2024, apenas dos meses antes de su detención.

Aunque en un primer momento los investigadores de la UCO no pudieron verificar el contenido exacto del sobre, sospechaban que la documentación estaba estrechamente ligada al sector de los hidrocarburos. Para la Guardia Civil, resulta clave la supuesta "intermediación" de Delcy Rodríguez, quien habría recibido los documentos para posteriormente entregárselos a Víctor de Aldama el 4 de febrero de 2020.

La UCO destaca como un dato "significativo" que esta presunta entrega se produjera en una fecha muy cercana a la polémica escala de Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas, ocurrida el 20 de enero de ese mismo año.

La Tierra no es más que una frágil esfera azul, nuestro hogar común viajando a cien mil kilómetros por hora alrededor del Sol. Dicen los astronautas que vista desde allí arriba no se distinguen fronteras separando territorios.

Por eso, cuando tiembla Venezuela, tiembla también España, somos una sola familia herida por el mismo pulso telúrico. Los devastadores terremotos que la sacudieron el pasado 24 de junio no son para nosotros una noticia internacional más, ni sus víctimas una fría cifra en un teletipo de agencia, sino un recordatorio brutal de nuestra propia fragilidad. Bajo los escombros podría estar cualquiera de nosotros. La mano que busca a un hijo desaparecido entre el polvo y el hormigón podría ser la nuestra. El llanto de una madre es un lenguaje que no precisa traducción. El dolor humano es universal, nos hermana en la desgracia y nos interpela en la conciencia.

El Proyecto Genoma Humano demostró que compartimos más del 99,9% de nuestro ADN. Somos extraordinariamente diversos en culturas, creencias y costumbres, pero biológicamente somos una única tribu errante. La neurociencia explica que cuando vemos sufrir a seres humanos activamos circuitos cerebrales que nos permiten experimentar como propio el dolor ajeno y nos empujan a acudir en su ayuda.

La psicología social lleva décadas documentando este fenómeno: en los grandes desastres, los seres humanos no suelen responder con egoísmo, sino con cooperación. La solidaridad emerge de manera instintiva. Quizá la supervivencia de nuestra especie dependa precisamente de eso. No llegamos hasta aquí por ser los más fuertes ni los más rápidos; sobrevivimos porque aprendimos a proteger a los débiles, a alimentar a los niños, a levantar al caído y a compartir el fuego en medio de la noche.

Sin embargo, cada vez que la Tierra se sacude, cada vez que una guerra convierte los hogares en escombros o una inundación arrastra la vida de miles de personas, la humanidad se enfrenta a una pregunta esencial: ¿seguimos siendo una comunidad moral o nos hemos resignado a ser meros espectadores del sufrimiento?

El fascismo, en todas sus máscaras, ha levantado su discurso sobre la premisa de que no toda vida humana tiene el mismo valor y para que la sociedad sea capaz de ignorar el sufrimiento ajeno, antes debe deshumanizar a quienes considera enemigos. Necesita desactivar nuestra empatía natural, convertir a las personas en números, en amenazas, en categorías abstractas (“menas”, “negros”, “moros”, “sudacas”…). En sus discursos emplean metáforas animales, niegan la inocencia de los niños o justifican la violencia como una necesidad inevitable. El psicólogo Albert Bandura llamó a este proceso “desconexión moral”, un mecanismo mediante el cual dejamos de ver al otro como un semejante y comenzamos a percibirlo como alguien cuya vida vale menos. Entonces la compasión se apaga y cualquier barbarie se vuelve posible.

Pero el terremoto de Venezuela desnuda la falacia de esa jerarquía fascista. Los desastres no preguntan por el color de la piel ni la religión de sus víctimas, ni si son chavistas u opositores. La naturaleza no entiende de ideologías. El dolor, en su desnudez, nos devuelve a nuestra condición común: frágiles, mortales, necesitados los unos de los otros.

En un tiempo de muros, de polarización y de discursos que intentan convencernos de que estamos irremediablemente divididos, la Tierra sigue enviándonos el mismo mensaje: somos una sola comunidad de seres humanos viajando juntos por el cosmos. Quizá la esperanza de nuestra supervivencia como especie dependa precisamente de recordar eso: en la capacidad de extender la mano cuando otro ser humano cae.

Mientras Venezuela cuenta a sus heridos, busca a sus desaparecidos y abraza a sus supervivientes, el resto del mundo tiene la oportunidad de demostrar que la humanidad sigue siendo algo más que una palabra. Ojalá que el dolor de los venezolanos se transforme en un latido que despierte nuestra conciencia adormecida.

______________

Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

Caracas (Venezuela).– “Nos plantamos delante de las excavadoras, subimos a las máquinas y les quitamos las llaves a los conductores…”. Karina Castro, de unos treinta años, lo perdió todo el miércoles por la noche con el derrumbe de su edificio. Junto con una decena de vecinos supervivientes, hartos de esperar ayuda, lo apostó todo el domingo por la tarde: “Veíamos pasar esas máquinas de camino al club de playa, donde están los ricos con sus yates. Era inaceptable que no nos ayudaran”.

Al final, consiguieron que los operarios de la maquinaria les echaran una mano. “Sabemos que ellos no tienen la culpa, pero los necesitábamos para mover una losa. A mano, era imposible”, añade. Los vecinos de este complejo de viviendas sociales, instalados en campamentos improvisados frente a las ruinas de su edificio, estuvieron retirando los escombros a mano durante cuatro días. Formaron cadenas humanas para rebuscar entre los escombros e intentar encontrar supervivientes. “Al final, llegaron grupos de rescatistas mexicanos, franceses y americanos, y nos dijeron que no debíamos volver allí, que era demasiado peligroso”, nos dice, agotada.

La joven está enfadada. “¡Durante cuatro días, cuatro!”, insiste, “no vimos a nadie del Gobierno, ni bomberos, ni Protección Civil, ni militares. Quizá con su ayuda hubiéramos podido salvar a mi prima, que está enterrada ahí abajo. O quizá no, nunca lo sabremos”. Con sus ojos clavados en las ruinas, queda en silencio.

Antes, ese mismo día, Karina Castro se había desplazado a la morgue improvisada al aire libre, en el puerto de La Guaira, a los pies de enormes silos de hormigón visibles a kilómetros de distancia. Allí se acumulan los cadáveres a la espera de ser identificados.

“La gente estaba tranquilamente en sus casas; obviamente, nadie llevaba el carnet de identidad en el bolsillo", dice la joven. "Así que tuve que entrar allí y mirarlos uno por uno hasta encontrar a mi prima. Los cadáveres están en el peor estado que te puedas imaginar”. Se le hace un nudo en la garganta: “El olor es horrible allí. ¿Lo hueles? Se me ha impregnado en la ropa”.

Su ira y su desesperación son compartidas por los damnificados de la región de La Guaira y de la capital. Frente a las ruinas de lo que era un hotel en Catia La Mar, hay dos mujeres sentadas en la acera. “No puedo irme”, cuenta Marisela, “mi hermana estaba aquí, trabajaba en la cocina”.

A Marisela le gustaría poder recuperar su cuerpo. “Han llegado unas miniexcavadoras; las ha pagado el dueño del hotel”, explica, “pero cuando pedimos que cavaran un poco más para encontrar a mi hermana, el conductor de la máquina me pidió 500 dólares”. Incapaz de desembolsar tal suma, Marisela tuvo que ver cómo se marchaba la máquina.

Desde entonces no se mueve de la acera, sin dejar de mirar los escombros: “Si alguna vez llega una excavadora para despejar los escombros, quiero ver si encuentran a mi hermana”. Una semana después del terremoto, Marisela no se hace ilusiones. Espera que saquen un cadáver, al que le gustaría enterrar en una “sepultura digna”.

Muchos cadáveres acabarán en fosas comunes. Su vecina, que le hace compañía, cuenta que entre su marido y ella sacaron los cuerpos de sus suegros. “Aquí hay que hacerlo todo uno mismo, no hay que esperar ayuda del Gobierno”, dice con amargura. Son sobre todo los vecinos y vecinas, personas particulares, quienes trabajan entre los escombros, sin equipo, con un simple trapo tapándose la boca.

Jesús es un joven que se considera un “topo”, por cómo se cuela por los huecos entre la chatarra y el hormigón. “Nunca había hecho esto antes, pero en seis días he adquirido experiencia; incluso he trabajado con los americanos”, dice con una risa un poco nerviosa. Un rescatista profesional que le acompaña comenta: “Aquí, en Venezuela, no tenemos material. La gente está frustrada porque hemos tardado en llegar, pero sin vehículos ni gasóleo, ¿qué queréis que hagamos?”.

Pasan los días y, mientras las posibilidades de encontrar supervivientes son ya prácticamente nulas, el cansancio y la frustración se acumulan y cada vez hay más altercados entre la población y las fuerzas del orden.

En redes sociales, los vídeos lo documentan. En un lugar, un padre desesperado que ha perdido a sus hijos le grita a un joven militar con la mirada perdida: “¡Suelta el arma, joder, y ven a ayudar!”. En otro, los equipos de rescate interpelan violentamente a un agente de policía que bloquea el paso en una carretera en mal estado.

La tensión va en aumento, en un clima de desconfianza frente a un Gobierno corrupto que gran parte de la población considera ilegítimo. “No voy a dar nada a los funcionarios, ni una prenda de ropa, ni una botella de agua”, exclama una joven en el centro de donaciones de la Universidad Central. “Esa gente son unos ladrones, no vamos a empezar a confiar en ellos ahora. Por eso he decidido donar aquí y no en un organismo gubernamental”.

Beat von Däniken, responsable de la cooperación suiza, considera, sin embargo, que “el Gobierno está haciendo esfuerzos, [y que] hay que evitar politizar la situación”. Este extrabajador humanitario, que ha intervenido en varias ocasiones en zonas afectadas por catástrofes naturales, ha podido mantener una conversación con el viceministro de Protección Civil, a quien le ha “sugerido algunas cosas” y ha sido “escuchado”.

“El Gobierno también ha facilitado la entrada de los equipos internacionales al territorio”, afirma. Más de 3.000 socorristas extranjeros están trabajando sin descanso entre las ruinas. “Ningún país está preparado para un desastre de esta magnitud. Suiza tampoco lo estaría”, añade Von Däniken.

Muchos venezolanos consideran no obstante que la catástrofe resulta más difícil de gestionar debido a que el Estado ya estaba debilitado. “Hace años que el hospital está desbordado. No hay camas suficientes, a veces faltan medicamentos, no hay personal suficiente”, confiesa Julia, enfermera de cuidados intensivos, que intenta llegar al pueblo de Naiguata, al este de la región de La Guaira, donde vive su madre con sus dos hijos pequeños.

Lo ha perdido todo en el terremoto, pero da las gracias “al cielo” por haber salvado a su hijo y a su hija, de 9 y 10 años. “Como enfermera de cuidados intensivos, gano 200 bolívares, es decir, 25 céntimos de dólar. ¿Te imaginas quién quiere seguir trabajando en estas condiciones? Yo lo hago por convicción, pero además trabajo con pacientes privados”.

El sistema sanitario público de Venezuela está en crisis. Más de la mitad de los quirófanos no funcionan y las infraestructuras están en mal estado. “Al principio de la catástrofe” —cuenta Julia—, “los heridos empezaron a llegar a los dos únicos hospitales de La Guaira. Pero, muy pronto, ya no fue posible acogerlos”.

En un hospital público de Caracas, donde se atiende a cientos de heridos, un traumatólogo explica a Mediapart que “necesita más equipos de radiología quirúrgica”. “Sin estos aparatos”, detalla, “no puedo operar a tantos pacientes como me gustaría. Nuestro hospital se ha renovado algo últimamente, pero partíamos de un punto tan bajo que aún queda mucho por hacer”.

Por último, surgen preguntas sobre la construcción de los edificios venidos abajo. “¿Cómo es posible que se hayan derrumbado como castillos de naipes?”, se pregunta una vecina, que busca el edificio de su hermana por las calles de Catia La Mar. Lanza una mirada horrorizada a los pequeños complejos de viviendas sociales de Playa Grande: “Mira cómo se han ido abajo. Parece que estuvieran construidos con poliestireno”.

Lleva años siendo cuestionada la calidad de las construcciones de la “Gran Misión Vivienda”, un programa social puesto en marcha en 2011 por Hugo Chávez para dar vivienda al mayor número posible de personas. Pero, en la región de La Guaira, la destrucción es total, mucho más allá de las viviendas sociales.

“No hay duda de que hay edificios, algunos de alto standing, que se han construido sobre terrenos inestables”, analiza un arquitecto de Caracas que prefiere mantener el anonimato. “Y desde luego sin cumplir las normas antisísmicas. Edificios así, de más de quince plantas, construidos sin ningún tipo de control, solo se han podido levantar a base de mordidas”.

Traducción de Miguel López

La búsqueda de supervivientes en Venezuela avanzó en horas críticas este domingo, cuatro días después del doble terremoto que causó al menos 1.450 muertos, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.

Entre los desaparecidos, se registraban 152 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes. Horas más tarde, el ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por Albares, ha rebajado el número de desaparecidos españoles a 138.

Las autoridades venezolanas informaron de al menos 3.150 personas heridas, una cifra menor a la de 3.238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12.721 familias damnificadas.

Además, Caracas aseguró que 33 personas han sido rescatadas con vida.

Rodríguez, a casi seis meses como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero, aseguró que las labores de búsqueda "no se suspenden" y expresó que los rescatistas internacionales devolvieron la "esperanza".

La jefa de Estado anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas y otros tipos de infraestructura que sufrieron afectaciones.

Se usarán como referencia los colores verde, amarillo y rojo de un semáforo para determinar las condiciones de habitabilidad, explicó.

Según cifras oficiales, hay 189 edificios con daños totales y 585 parciales, así como 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole" afectados.

La comisión estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades.

El Ministerio de Transporte indicó el domingo que los servicios de metro en Caracas, Maracaibo (noroeste) y Valencia (norte) fueron restablecidos después de haber culminado la revisión de las infraestructuras.

La líder chavista, quien extendió la suspensión de clases una semana más, anunció también que se conformará una alta comitiva encargada de crear los "campamentos transitorios de quienes perdieron su vivienda" y de planificar proyectos de construcción de inmuebles en "un lapso muy corto".

Esta comisión será presidida por su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y estará conformada por ministerios como el de Hábitat y Vivienda y autoridades de Caracas y los estados La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón.

La Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- anunció la creación de un fondo multidonante de hasta 200 millones de dólares para apoyar la recuperación y reconstrucción de Venezuela.

Justamente el pasado jueves, la mandataria venezolana había informado de la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción del país petrolero.

Durante la jornada, EE.UU. reforzó su despliegue en Venezuela para apoyar las labores de respuesta a los terremotos, con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones, y dijo que en las próximas horas llegarán unos 130 marines al puerto de La Guaira, que quedó fuera de servicio.

Por su parte, Paraguay afirmó que enviará 32 militares especializados en búsqueda y rescate, y un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) partió hacia Venezuela con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria, mientras que Argentina completó los preparativos para el envío de un segundo equipo de ayuda humanitaria.

Y desde la Ciudad del Vaticano, el papa León XIV expresó su "gratitud y aliento" a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia, rogó por el "eterno descanso de los fallecidos" en los seísmos y renovó su "cercanía espiritual" a sus familiares y a todos los damnificados por esta "tragedia".

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han afectado este 24 de junio a Venezuela. Los sismos están relacionados con el desplazamiento lateral entre la placa tectónica el Caribe y la placa suramericana en lo que se denomina una falla de de cizalla: una fractura en la corteza terrestre donde dos bloques de roca se desplazan horizontalmente uno respecto al otro, en direcciones opuestas. Se estima que el movimiento relativo entre las placas es de unos 2 cm por año.

Aunque es poco frecuente que se produzcan dos terremotos de gran magnitud con muy poco tiempo de diferencia, este fenómeno tiene una explicación geológica conocida.

Las fallas tectónicas no son superficies perfectamente lisas, sino que presentan zonas más resistentes llamadas asperidades, donde las rocas permanecen fuertemente bloqueadas y acumulan una gran cantidad de tensión. Cuando la falla comienza a romperse, una parte de esa energía se libera y genera un primer terremoto.

Sin embargo, si alguna asperidad importante resiste inicialmente la ruptura, la tensión puede seguir concentrándose en ella hasta que finalmente cede, provocando un segundo terremoto de gran magnitud. De este modo, la liberación de energía no ocurre en un único evento, sino en dos etapas sucesivas, separadas por un breve intervalo de tiempo.

De hecho, en la misma zona hubo un doblete de menor magnitud en 2025 con magnitud 6,2 y 6,3, respectivamente, y otro en 1812, similar al actual, con magnitudes estimadas de 7,1 y 7,4.

La zona tiene una actividad sísmica continuada, aunque inferior a otras áreas, como la costa del Pacífico. Desde el 1900 se tiene noticia de un centenar de terremotos de magnitud igual o superior a 6 en la zona. El terremoto de mayor intensidad del que se tiene noticia ocurrió el 2 de octubre de 1900 frente a la costa de Caracas.

La magnitud del terremoto principal es alta, pero no excepcional. En 2025 hubo siete terremotos de magnitud igual o superior a 7,5 y en lo que llevamos de 2026, tres más. Ambos eventos recuerdan al terremoto de Haití de 2010, ya que ambos se sitúan en los límites de la placa del Caribe; Haití al norte, Venezuela al Sur.

Como es habitual para eventos de esta magnitud, este terremoto se ha registrado en los sismómetros de todo el mundo. En los equipos de banda ancha, capaces de registrar las ondas de superficie de periodo alto, detectamos movimiento durante más de una hora. Las primeras ondas llegaron a nuestros sismógrafos, en Barcelona, a las 22:15:36 (UTC), unos quince minutos después de la ruptura. Posteriormente las ondas de superficie, de mayor amplitud, se registran durante más de dos horas.

Después de terremotos de gran magnitud, los sismómetros suelen registrar las ondas superficiales que circunvalan a la Tierra cada tres horas aproximadamente.

En esta figura que sigue a este párrafo vemos estas ondas tal y como se han registrado en algunas de las estaciones de la red sísmica de Cataluña, mantenida por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.

En la gráfica, R1 es la onda que viaja desde Venezuela a España por el Atlántico, R2 es la onda que viaja por el lado opuesto (pasando por el Pacífico) y R3 es la misma onda que R1 después de dar una vuelta completa al planeta y sucesivamente.

Así pues, la fase R7 es una onda que ha dado tres vueltas y media a la Tierra, viajando más de 125.000 km.

25 minutos más tarde de los terremotos de Venezuela ocurrió otro terremoto con epicentro cerca de la costa norte de Japón, de magnitud 6,9, que no ha producido daños significativos.

En la imagen que sigue a este párrafo se observa la llegada de las ondas procedentes de Venezuela (línea roja) y de Japón (línea azul) en los sismómetros de la red sísmica educativa del GEO3BCN-CSIC, con equipos instalados mayoritariamente por centros de educación media de Barcelona y Girona.

Aunque la profundidad del evento de Venezuela ha sido mayor, y el mecanismo de ruptura es diferente, la diferencia en la destrucción producida por los dos terremotos se puede relacionar probablemente con el nivel de preparación de cada país ante eventos sísmicos.

-----------------------

Jordi Díaz Cusí es investigador científico de Sismologia experimental en el Instituto de Geociencias de Barcelona (Geo3Bcn – CSIC)

Venezuela se encuentra en una zona de gran actividad sísmica y su historia reciente incluye episodios como el terremoto de 1967, que dejó 240 muertos en Caracas y sus alrededores. Sin embargo, cuando este miércoles la tierra tembló con violencia en el noroeste del país, decenas de edificios se vinieron abajo y causaron la muerte de al menos 235 personas ―aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que el número final de víctimas puede contarse por decenas de miles―. Minutos antes, un terremoto algo menos intenso en Japón, país conocido por su arquitectura sismorresistente, no registró víctimas.

La clave de la enorme destrucción registrada en Venezuela está en la precariedad de una parte de las construcciones, que no estaban preparadas para esa sacudida, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). "En general, la población de esta región reside en estructuras vulnerables a los sismos, aunque también existen construcciones resistentes. Los tipos de edificios más vulnerables son los de mampostería no reforzada a base de ladrillo o de bloques de adobe".

Sin embargo, la revisión de las imágenes que llegan desde allí demuestra que la vulnerabilidad arquitectónica del país es mucho más profunda. Luca Pelá, catedrático de Ingeniería de Caminos en la Universitat Politècnica de Catalunya, afirma que los vídeos muestran bloques de apartamentos de hormigón armado totalmente derruidos, cuando deberían haber aguantado. 

"Son imágenes que frustran porque se ven fallos evidentes por falta de un correcto diseño sismorresistente y por una ejecución inadecuada. Como investigador es triste ver que hay avances para haber protegido estas viviendas", asegura este experto en seguridad sísmica en edificios.

Uno de los ejemplos que se pueden ver en fotografías tomadas en Caracas y alrededores son escombros de viviendas que han quedado apilados, planta sobre planta, el conocido como colapso pancake. Según describe el profesor, este derrumbe se produce porque las columnas no están diseñadas para soportar la energía de un seísmo y van cediendo una detrás de otra. "Esto no es una cuestión material y se podría solucionar con refuerzos, pero esto tiene un coste y por la situación económica de Venezuela, no se ha hecho", añade Pelá.

En cuanto a los edificios de mampostería, que consisten en piedras apiladas y pegadas con un conglomerado, su capacidad para soportar una sacudida es mínima, ya sean de ladrillo o de adobe, según Eugenia del Río, secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

"La mampostería de ladrillo suele ser muy rígida y dudo que pueda absorber la energía. Si es de adobe está hecho de una mezcla de barro y paja y eso le da más elasticidad, pero en absoluto está preparado para un terremoto", opina la arquitecta.

Pese a la abundancia de construcciones endebles, Venezuela tiene una normativa exigente de arquitectura sísmica que comenzó tras el trágico episodio de los años 60 y los numerosos avisos que ha habido desde entonces. En los 250 kilómetros que rodean al sismo de este miércoles se han producido siete sismos de magnitud 6 o superior en el último siglo. El último fue en septiembre de 2025, con dos sacudidas seguidas de magnitud 6,2 y 6,3. El doble seísmo de este miércoles fue todavía mayor, de 7,2 y 7,5.

Esta virulencia se debe a que la costa de Venezuela se encuentra en la unión de la placa tectónica de Sudamérica y la del Caribe, además de que la capital, Caracas, se levanta sobre una capa de sedimento que amplifica la intensidad de los seísmos.

En 2001 se aprobó la norma de Construcciones Sismorresistentes del país y en 2019 fue actualizada, pero en un país que lleva 15 años sumido en una profunda crisis económica es habitual la construcción informal al margen de los reglamentos con materiales de mala calidad.

Un artículo de la Fundación Instituto de Ingeniería, publicado en 2025, abordaba precisamente el problema de la edificación fuera de la ley: "Actualmente la situación de las construcciones en Venezuela, con respecto al cumplimiento de las normas de sismorresistencia, es realmente inquietante". Según añadían, la falta de supervisión y los errores de diseño provocaban que muchas viviendas eran "propensas a colapsar o sufrir graves daños durante un sismo". Esta imagen acompañaba ese comentario:

Algunos de los edificios derruidos o gravemente dañados que se ven en vídeos que circulan en internet son también construcciones de gran altura, y algunos superan las diez plantas. Este es otro factor que multiplica el riesgo de derrumbe de una estructura, ya que dificulta que la estructura pueda recomponerse tras la sacudida.

Arianna Guardiola, experta en Estructuras de la Universidad Politécnica de València, explica que cuantas más alturas tiene un bloque, mayor es la oscilación que sufre por el terremoto, lo que da lugar a dos problemas. Por un lado, aumenta la deformación de la estructura y esta puede colapsar si los materiales y el diseño son rígidos. Y por otro, puede desviar tanto el centro de gravedad del edificio que este termine cediendo y derrumbándose.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que en estos momentos aún hay 68 españoles que no han sido localizados tras los terremotos que han asolado este jueves Venezuela. Según ha explicado en declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, están centrados en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

Para ello, ha hecho un llamamiento a quienes no hayan contactado con la Embajada en Caracas ni con el consulado a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito.

El responsable de Exteriores también ha señalado que los sismos han provocado "daños de cierta envergadura" en el Consulado español en Caracas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le ha garantizado la ayuda necesaria de España tras los efectos de los dos terremotos sufridos por su país.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa está gestionando los permisos necesarios para enviar cuanto antes a Venezuela, si es posible este mismo jueves, un avión con 57 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ocho unidades caninas y material de emergencia para prestar ayuda ante los terremotos en el país. Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado a EFE que el aparato está ya en la base de Torrejón (Madrid) a la espera de concluir con toda la logística necesaria para el vuelo, y que en un principio se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas está cerrado.

La intención inicial es que el avión con los efectivos de la UME despegue hacia las 21:00 horas. En el aparato de Defensa van a desplazarse a Venezuela además dos ingenieros del Ejército de Tierra. Los técnicos trabajan en las labores para garantizar su avituallamiento y la incorporación del material y los equipos especializados de búsqueda de supervivientes, de modo que cuando se cuente con los permisos necesarios el avión pueda despegar.

Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a hablar con su homólogo venezolano, Yván Gil, durante la escala que en República Dominicana ha hecho el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, para concretarle la ayuda que tiene preparada España.

Según Exteriores, Albares ha detallado al ministro venezolano que en el avión del Ejército del Aire viaja, junto al destacamento de la UME, un equipo de la Aecid con material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras.

Han quedado en volver a hablar para actualizar las necesidades y las operaciones que necesite Venezuela, al que el Ejecutivo ha brindado todas las capacidades de la Aecid: envío de material, financiación y un hospital de campaña del equipo Start.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. En el segundo balance que ha dado el gobierno este jueves por la mañana, el número de fallecidos asciende ya a 164 personas mientras que los heridos y desaparecidos se cuentan por centenares. En un primer momento, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó en una declaración en la televisión pública venezolana, VTV, aseguró que los fallecidos ascendían a 32 fallecidos y más de 700 heridos "sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira", la zona más afectada a escasos 20 kilómetros de la capital del país.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

El informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalla que el primer movimiento tuvo lugar a unos 24 kilómetros de San Felipe, la capital del estado Yaracuy, a una profundidad de 21,9 kilómetros, mientras que el segundo se produjo en Yumare, también en el mismo estado, pero más al norte, pese a ello, en Caracas —a 300 kilómetros de Yumare— se sintió el terremoto y al menos dos edificios colapsaron en la plaza Altamira.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la presidenta, quien compareció en una primera valoración acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En esa región vecina de Caracas, está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, que fue cerrado por el Ejecutivo del país debido a los graves daños que sufrió.

Con las labores de rescate en marcha y una cifra de fallecidos y heridos aún sin confirmar, algunos dirigentes locales avisaban ya esta mañana de la magnitud del desastre. El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, advertía sobre más muertes en su jurisdicción. "Estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", dijo el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de los dos edificios colapsados en la capital.

El dato más preocupante de la proyección de fallecidos lo ha dado el Servicio Geológico de EEUU que ha estimado que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.

Sobre la posibilidad de que haya españoles en la zona, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que en estos momentos aún hay 68 ciudadanos que no han sido localizados.

La mandataria venezolana dijo que las autoridades están desarrollando "muy arduas" labores de rescate en ese estado para salvar vidas después de que haya "decenas" de edificios colapsados. Añadió que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana.

A medida que avanzaba el día los dirigentes internacionales han ido ofreciendo ayuda y mostrando su solidaridad con el país afectado. Donald Trump, a través de un comentario en su red, Truth Social, ofreció su ayuda al país y aseguró que ambos terremotos "han dejado un número devastador de fallecidos".

Dirigentes de Brasil, Panamá, España, Portugal, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, México o Cuba, entre otras naciones, han expresado su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos.

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han expresado sus condolencias y han trasladado todo su apoyo al pueblo venezolano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su "preocupación y consternación" por los efectos de los terremotos y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar al país caribeño en la atención de la emergencia. "Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela", escribió en X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: "Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy".

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció sus condolencias a Venezuela y aseguró en la red social X que su país "está dispuesto a prestar toda la ayuda posible".

A estas reacciones internacionales se ha sumado el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ha indicado este jueves que va a centrar parte de las conversaciones entre el organismo y el Gobierno de Venezuela en cómo apoyar las necesidades adicionales del país a raíz de los terremotos que han golpeado con dureza la nación caribeña. La portavoz del FMI, Julie Kozack, ha dicho en rueda de prensa que ahora los intercambios entre la entidad multilateral con sede en Washington y Caracas "girarán en torno a cómo apoyar mejor" al país tras la "tragedia" por los dos seísmos que han dejado más de 160 muertos y 970 heridos en territorio venezolano.

Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto a señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de "una organización criminal" dedicada "al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". La operación reseñada esta vez no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Se trata de una mediación a favor de un grupo empresarial peruano con el expresidente de Bolivia Luis Arce para tratar de poner solución a un pleito millonario en ese país, por la que el exlíder del PSOE habría obtenido 200.000 euros. Fuentes del entorno de Zapatero han asegurado a infoLibre que esa actividad investigada por los agentes fue "una actividad de consultoría por completo legal". También señalan que "sería inaceptable hacer una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del expresidente" y consideran "un escándalo sin precedentes" que se publiquen "agendas y conversaciones privadas de un presidente".

El documento policial señala muy detalladamente todos y cada uno de los trámites para que Zapatero llevara a cabo esa gestión. La petición partió de la sucursal en Bolivia de la consultora Kreab, en concreto de su asesora senior Carmen Almendras, que fue embajadora en España entre 2007 y 2015. La consultora, a través de su asesora, pidió ayuda al expresidente español el 8 de mayo de 2024 para que prestara auxilio al más alto nivel al Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Una de las empresas de ese grupo, Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), fue condenada en Bolivia por competencia desleal con la cementera Fancesa (Fábrica Nacional de Cemento SA), de la que Soboce era propietaria de un tercio del capital que luego fue expropiado por el Estado boliviano. Fancesa demandó a Soboce y el Tribunal Supremo del país andino condenó a esta última a pagarle 107 millones de dólares (94 millones de euros al cambio actual).

Para prestar ese servicio, Zapatero se desplazó el 15 de septiembre de 2024 a Bolivia, donde se entrevistó con el expresidente Luis Arce –actualmente en prisión preventiva tras su detención en diciembre acusado de varios delitos de corrupción– y con su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Las gestiones del expresidente español en Bolivia para el Grupo Gloria siguieron produciéndose a lo largo de 2025, con nuevos contactos telefónicos con el expresidente Arce y con el entonces Procurador General (fiscal general) del país, Ricardo Condori, con el que habló el 6 de mayo de ese año. A finales de mes, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio la razón a Soboce, y suspendió provisionalmente el pago de la millonaria indemnización a Fancesa.

El informe contiene dos conexiones con la supuesta operativa ilícita detallada por Calama en el auto que dio inicio a la investigación contra Zapatero. La primera es que el dinero que obtuvo por sus gestiones se le transfirió a través de una empresa interpuesta. Se trata de Focus Social Research, una sociedad con la que el propio Zapatero firmó un contrato de prestación de servicios de asesoría. Fue esa firma, cuyo objeto social, según los agentes, es el marketing, la que canalizó supuestamente los tres pagos (uno de 100.000 y dos de 50.000 euros, respectivamente) que le habría abonado, en realidad, el grupo empresarial peruano Gloria. Focus Social Research, según el informe de la UDEF, "habría sido empleada como sociedad interpuesta". En el auto del instructor con el que imputó a Zapatero aparecían otras mercantiles que supuestamente actuarían como tapaderas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa...

La segunda conexión con los hechos que sirvieron a Calama para actuar contra Zapatero es la presencia de los hermanos Guillermo y Domingo Amaro Chacón, ambos empresarios venezolanos y titulares, precisamente, de Inteligencia Prospectiva. El instructor señala a esta sociedad sin actividad como canalizadora de fondos a la trama y una de las entidades con las que una empresa china habría intentado obtener cupos de petróleo en Venezuela gracias a la relación personal del expresidente español con la actual presidenta encargada y anterior ministra de Petróleos del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Uno de los pagos registrados a WhaTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, procedió directamente de esta sociedad sin personal que justificaba el dinero que entregaba a través de ampliaciones de capital. Los hermanos Amaro Chacón fueron con Zapatero a Bolivia en el viaje en el que el expresidente hizo las gestiones a favor de Gloria con Arce.

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero aseguró que había desarrollado "una intensa tarea de consultoría" con los hermanos Amaro Chacón, con los que, sin embargo, afirmó que no mantenía el contacto. "Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones, me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas, he viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos", declaró. El expresidente también negó haber mediado a favor de ninguna empresa china para que obtuviera petróleo. "No he tenido ninguna relación con ninguna empresa china más que mi actividad en China, que ha sido dar conferencias", aseguró.

El 24 de octubre de 2024, agentes de la Policía española registraron el despacho del abogado Miguel Palomero en Madrid a instancias de las autoridades judiciales de Francia y Suiza, que investigaban una red internacional de blanqueo de capitales. Entre el material intervenido había cinco años de conversaciones entre Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados Manglano, a quien un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos en Caracas publicado por Wikileaks identificaba ya en 2006 como "facilitador principal" e intermediario entre el Gobierno venezolano e instituciones financieras internacionales. El chat se llamaba "Danilo España".

Lo que la Fiscalía Anticorrupción encontró en esas conversaciones no tenía que ver directamente con los 53 millones del rescate a Plus Ultra que se investigaban en paralelo. Era una trama de presuntos favores y gratificaciones en España que, según los investigadores, abarcaba desde el control de fronteras del aeropuerto de Barajas hasta contratos con Repsol en Venezuela, y que salpicaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía abrió diligencias de investigación propias en diciembre de 2025. En febrero de 2026, la jueza que instruía el asunto en Madrid, Esperanza Collazos, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional citando que el chat ponía en evidencia "actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia". 

En ese mismo auto, Collazos identificaba a Díazgranados como alguien que mantiene una relación "personal y económica" con una persona denominada en el chat como "Zorro", "Z" o "ZZZZ", identificada por los investigadores como Zapatero. La propia Audiencia Nacional, al aceptar la inhibición, describió el chat como una "cadena de favores y gratificaciones" con conversaciones relacionadas con el tránsito aeroportuario, regalos a personas con posiciones de poder y contactos de alto nivel para obtener contratos empresariales.

El episodio más explícito que recoge el chat arranca el 27 de mayo de 2019, cuando Francisco Alfonso Díazgranados Salvatierra, hijo menor de Danilo y conocido familiarmente como Kiko, fue detenido por falsedad documental en el control de fronteras de Barajas al embarcar en un vuelo a Miami. A la detención le siguieron, según la Fiscalía Anticorrupción, una serie gestiones para paralizar el procedimiento penal, que habrían implicado a autoridades en "muy altos niveles del ámbito administrativo y del judicial", y acciones paralelas para eliminar el registro de la detención de las bases de datos de la embajada estadounidense, con el fin de que Kiko pudiera seguir viajando a ese país. Los documentos de la Fiscalía infieren que la causa acabó en absolución y que la información ante las autoridades de EEUU "quedó limpia".

En el centro de esas gestiones aparece Jesús María Gómez Martín, entonces comisario del puesto fronterizo del aeropuerto de Barajas. El 4 de noviembre de 2020, Palomero escribía a Díazgranados: "La reunión de hoy del comisario ha sido muy fructífera. Parece que ayer se aclaró todo y se ha limpiado el expediente de Kiko." Díazgranados respondió que "nosotros nos portamos también con él", a lo que Palomero confirmó: "La verdad es que sí nos portamos súper súper bien."

La recompensa aparece documentada en otra conversación, de marzo de 2020. "Si te parece voy a sacar los 7.000 euros para el amigo", escribe Palomero. Cuando Díazgranados pregunta de quién se trata, la respuesta es: “Para Jesús el comisario.” Horas más tarde Palomero añade que está comiendo con él, y esa tarde Díazgranados confirma: “Siii [sic], dale lo de Jesús.” La Fiscalía aprecia en el conjunto del chat indicios de un delito continuado de cohecho. Las gratificaciones más frecuentes que describen las conversaciones son botellas de vino de alta gama que Díazgranados encargaba a Palomero para distribuir entre sus contactos, entre ellos el propio comisario, Zapatero y el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, el mismo que el juez Calama sitúa como lugarteniente principal en la trama de Plus Ultra.

Gómez Martín era el máximo responsable de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando tuvo lugar el escándalo conocido como Delcygate, en el que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aterrizó en España a pesar de las sanciones europeas que se lo prohibían. El entonces ministro José Luis Ábalos, encargado de su recepción, ofreció múltiples versiones sobre lo ocurrido, desde el “saludo forzado sin pisar suelo español” hasta el “encuentro de 25 minutos”. Dos años después, en noviembre de 2022, Gómez Martín fue ascendido a jefe superior de Policía de Canarias, cargo en el que continúa. Su tarjeta de visita, con un número de teléfono manuscrito, apareció en el registro de la sede de Plus Ultra practicado por la UDEF en diciembre de 2025.

Los favores que el chat atribuye al comisario no se habrían limitado a Barajas. Según los investigadores, su control sobre el aeropuerto de Cuatro Vientos, destinado a vuelos privados, pudo haber servido para la realización de negocios de naturaleza ilícita aún por determinar, en relación con una conversación de mayo de 2021 en la que se sugieren negocios con la "mano derecha del ministro de Transportes", identificada por la Fiscalía con “toda probabilidad” como Koldo García Izaguirre. El mismo informe policial apunta que el comisario habría facilitado la llegada a España de personas del entorno de Díazgranados sorteando los controles de aduanas.

El chat recoge también transferencias de Díazgranados a sociedades del entorno de Zapatero. En abril de 2020, según los investigadores, Díazgranados ordenó a Palomero el envío de 20.000 euros a Whathefav, la agencia gestionada por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa —"en persona te cuento de quién es", escribió el venezolano— con el concepto "asesoría de mercadeo". La Fiscalía señala que estos pagos “coinciden cronológicamente con la consecución de favores a intereses de Danilo en España”.

Entre los presuntos favores figura también la intermediación de Zapatero ante altos ejecutivos de Repsol para que Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía en Venezuela, una conducta que la Fiscalía Anticorrupción califica como posible corrupción en los negocios. A las preguntas de infoLibre, Repsol niega de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo Díazgranados.

El 18 de mayo de 2026, el mismo día que imputó a Zapatero en la causa principal de Plus Ultra, el juez Calama formalizó la creación de dos piezas separadas de investigación a las que incorporó los informes policiales sobre esta trama. Son piezas independientes cuyo contenido no es público. Lo que sí consta es que la Audiencia Nacional las abrió con los mismos informes de la UDEF que describen la cadena de favores al comisario, los pagos a Whathefav y la presunta intermediación ante Repsol. 

El análisis de los teléfonos, dispositivos de almacenamiento y documentación incautada en los registros que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el martes de la pasada semana puede que lo haya aclarado ya. Pero hasta que el instructor del caso Plus Ultra acordó esas actuaciones, la UDEF desconocía si el contacto denominado "Z" que encontraron en el teléfono de Julio Martínez Martínez, el amigo y compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, correspondía exactamente a la identidad del expresidente. Demostrarlo constituiría una prueba de cargo y directa contra el exjefe de Gobierno que, hasta ese momento, no habían obtenido, como se expone en el último informe policial del sumario enviado a Calama antes de que el instructor lanzara la operación. Con esos registros, la Policía trata de conocer también los canales de comunicación del expresidente con la trama de altas influencias que le acusa de liderar. Porque ese liderazgo se le atribuía hasta la pasada semana únicamente por conversaciones de terceras personas en las que él no intervino.

La necesidad de acreditar que "Z" es Zapatero se recoge en el último informe de la UDEF, que la unidad policial mandó a Calama el jueves 14 de mayo, solo cinco días antes de que el instructor levantara el secreto, imputara al expresidente y diera luz verde a los registros. En ese documento, que expone al magistrado las diligencias a ordenar con la imputación del expresidente. Los agentes explican en él que la "localización y aseguramiento de soportes documentales y dispositivos" que se incauten en los registros son necesarios para confirmar, en primer lugar, "el contenido de las gestiones y la validación de las actuaciones realizadas por la red organizada, como se constata en las conversaciones mantenidas entre Julio Martínez Martínez y el mayor general [militar Venezolano] Juan Manuel Teixeira", presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, "respecto de los vuelos de Plus Ultra".

Los agentes se refieren a una de las dos ramas de supuesto tráfico de influencias que la investigación atribuye a la estructura presuntamente liderada por Zapatero. Por un lado se encuentran las presuntas gestiones con las autoridades españolas, en concreto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, o el Gobierno, para lograr el rescate de Plus Ultra, concedido el 9 de marzo de 2021 mediante dos préstamos por valor de 53 millones de euros. Por otro lado, el instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la unidad policial especializada en delincuencia económica y fiscal, investigan las supuestas gestiones que la trama, a través de Martínez Martínez, habría realizado con las autoridades aeronáuticas venezolanas para sortear las prohibiciones de vuelo y engrasar autorizaciones en favor de la compañía aérea.

Esta segunda rama es fundamental en la investigación contra el exlíder del PSOE, porque en las pesquisas aparece lo que los agentes, la Fiscalía y el juez sospechan que puede ser la única intervención directa de Zapatero que hasta la semana pasada constaba en los autos. El auto con el que Calama imputa al expresidente se refiere a una conversación entre Martínez Martínez y el mayor general Teixeira, jefe del INAC, mantenida a partir del 5 de marzo de 2021. Después de que el mayor general venezolano le enviara un convenio de pago entre Plus Ultra y ese organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular para el Transporte de Venezuela en el que le recordaba que la compañía tenía una deuda con ellos de 258.618 euros. El amigo de Zapatero ejerce desde entonces, según el juez, un papel de intermediario con Julio Martínez Sola, el presidente de la aerolínea.

Las gestiones con Teixeira se repiten desde marzo hasta julio, cuando el director del INAC reprocha al empresario amigo de Zapatero que Plus Ultra esté culpando a las autoridades venezolanas de la falta de autorización de dos vuelos de la compañía. El 30 de julio de 2021 Martínez Martínez le comunica al militar venezolano que la aerolínea le pide que interceda "en la autorización del INAC por el vuelo CCS [Caracas]-Madrid del sábado". Teixeira le responde con dos imágenes que contienen la reseña de los vuelos y se entiende que finalmente los autoriza: "Esos son los vuelos. No hay más", le dice.

El auto refleja cómo al día siguiente, Martínez Martínez recibe una felicitación. "El 31 de julio de 2021 una persona registrada como 'Z' en la agenda del teléfono de Julio Martínez Martínez, le envía el siguiente mensaje: 'En tiempo y forma. Exitosa gestión...'". Acto seguido, el compañero de running del expresidente socialista se dirige de nuevo al mayor general Teixeira y le agradece el favor, "señalando expresamente que Plus Ultra le ha indicado que los vuelos están aprobados". "Muchas gracias por su ayuda", le dice Martínez Martínez al militar venezolano. La UDEF deduce que ese "Z" sería José Luis Rodríguez Zapatero y en algún otro informe lo da por sentado. Sin embargo, a la espera de los resultados que dé el análisis de la documentación incautada en los registros, hasta la operación policial de la semana pasada ni el juez ni los agentes lo consideraban aún probado.

Otra de las evidencias que, hasta el pasado 19 de mayo los agentes no habían podido acreditar son "los canales de comunicación a través de los cuales, José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes (correos electrónicos, telefonía y otros medios de los que dispusiera)", según recoge el último informe de la UDEF. El auto de Calama y los distintos informes de la Policía deducen su implicación de conversaciones entre terceras personas y con su amigo Julio Martínez, de su supuesta participación en la creación de la principal empresa de este último para la que Zapatero trabajaba como consultor, Análisis Relevante, y del rastro del dinero desde Plus Ultra y otras compañías pantalla que habrían sido creadas ad hoc para canalizar dinero hacia el entramado societario de Martínez Martínez y de ahí al expresidente y a la empresa de sus hijas, Whathefav SL. Sin embargo, hasta la semana pasada no había aparecido un solo mensaje que partiera directamente de Zapatero de manera indubitada.

La ausencia de comunicaciones registradas en la causa que permitan acreditar las órdenes e instrucciones del exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la organización se extiende también a Whathefav SL. Siguiendo el rastro de los fondos de Análisis Relevante y de otras sociedades tapadera como Inteligencia Prospectiva –cuyos administradores, los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, actuarían como captadores de clientes para el entramado de influencias– los investigadores definen a la empresa de las hijas de Zapatero, en cuyas cuentas bancarias aparece como autorizado el expresidente, como "elemento finalista del entramado investigado", ya que, según la UDEF, "percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red".

Sin embargo, según se deduce de su último informe antes del levantamiento del secreto del sumario, se desconocen las comunicaciones mantenidas a través de los correos electrónicos de sus empleados y administradoras bajo el dominio @whathefav.com. Los agentes esperan, además, conocer si existe una correspondencia entre "la actividad declarada y la actividad real de Whathefav SL, lo que además permitiría determinar "el grado de participación y su integración en la red organizada".

El caso Plus Ultra ha revuelto toda la escena política. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias condiciona ahora mismo todo el panorama. Y más allá del aspecto judicial y de sus efectos para el Gobierno y el PSOE, se abre también el debate de dónde están los límites en las actividades de los que fueran jefes del Ejecutivo.

¿Cómo debe ser la salida del Palacio de la Moncloa? ¿La legislación debería ser más estricta respecto a los trabajos que pueden realizar? ¿Debe condicionar para siempre el puesto de presidente? ¿Se tiene que cerrar la puerta giratoria a la empresa privada? ¿Hasta dónde se puede hacer lobby? Son preguntas que sobrevuelan ahora mismo en el debate público.

El estatuto de los expresidentes está regulado a través de un real decreto de 1992, que modificó a su vez el texto original de 1983, ambos redactados bajo las Administraciones de Felipe González. El redactado, que consta de cuatro artículos y tres disposiciones, establece que los exjefes del Ejecutivo gozarán del tratamiento de “presidente” y que, en sus desplazamientos fuera del territorio nacional, podrán contar con el apoyo de los servicios de representación diplomática española.

Asimismo, el decreto incluye “medios y prerrogativas”. Se les adscriben dos puestos de trabajo a su servicio, uno de ellos con nivel 30 (el mayor rango dentro de la Administración pública española). Y se les permite nombrar a ese personal por el sistema de libre designación (no tienen que ser funcionarios ni que pasar algún tipo de prueba).

Se fija que tendrán una dotación “para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado”. La pensión vitalicia, según las últimas cuentas públicas, está fijada en 79.336 euros brutos al año.

El real decreto establece asimismo que se pone a disposición de los expresidentes un automóvil con conductor a cargo de la Administración y se proporciona seguridad a través del Ministerio del Interior. Otra de las medidas a su disposición es que disfrutan de “libre pase” en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

En 2004 también se abrió otro posible camino para los expresidentes del Gobierno con una modificación legal hecha precisamente por el primer Ejecutivo de Zapatero, para que los que hubieran sido jefes del Ejecutivo puedan incorporarse como miembros natos del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo. La remuneración ronda los 100.000 euros al año. El propio Zapatero formó parte hasta 2015, cuando lo abandonó para desempeñar la presidencia del Consejo Asesor de la Fundación alemana del Instituto de Diplomacia Cultural. El puesto en el Consejo de Estado es incompatible con cobrar alguna nómina o pertenecer a algún consejo de administración, por eso nunca lo aceptaron ni Felipe González ni José María Aznar. 

El estatuto que regula la situación de los expresidentes no tiene ninguna referencia sobre posibles labores privadas ni tampoco establece ningún control a la actividad de los que fueron jefes del Ejecutivo. Las limitaciones aplicables son las recogidas en la Ley del Alto Cargo, aprobada precisamente en la época de Rodríguez Zapatero y que afectan a todos los miembros del Gobierno. 

En el artículo 15 de dicha norma se dispone: “Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

Este vacío que se detecta en la regulación de las actividades de los expresidentes llena ahora también el debate público después de la investigación abierta respecto a Rodríguez Zapatero. Por eso, desde los partidos de la izquierda transformadora se está poniendo sobre la mesa durante estas horas la necesidad de concretar más el estatuto regulatorio.

El grupo parlamentario de Sumar está trabajando ya en una propuesta para cambiar el estatuto de los expresidentes, según señalan fuentes del espacio, que trasladan: “Es fundamental una reforma. Y debe ser más dura que la ley de lobbies”. La idea con la que están trabajando es dejar claras las limitaciones que pueden tener los expresidentes.

Será una propuesta del grupo parlamentario y no prevén pactarla con el PSOE en esta fase previa. No hay fecha para su presentación, pero no se va a demorar, apuntan las fuentes consultadas del espacio, donde insisten: “No puede ser que cobres por vender tu agenda de contactos como presidente. Seas Aznar o Zapatero”.

Hay voces de este espacio cuestionando no sólo el marco normativo, sino también este tipo de trabajos de lobby por parte de expresidentes. La diputada de Sumar Tesh Sidi ha verbalizado estos días: “El ejercicio de lobby de un expresidente es injustificable. Reciben ya una pensión vitalicia por ser expresidentes”. El exdiputado andaluz José Manuel Jurado ha expresado también así sus sensaciones: “Es absolutamente falto de ética el lobbismo, y me vais a perdonar, pero, sea legal o no, no voy a defender a un tipo que se ha embolsado casi 300 mil euros al mes gracias a su influencia”.

La situación de Zapatero ha vuelto los ojos también hacia las figuras de los expresidentes. Mariano Rajoy volvió a su puesto como registrador de la propiedad y trabaja en Madrid tras el traslado de su plaza en Santa Pola (Alicante). En cambio, González y Aznar llevan años volcados en su labor de lobby en el mundo de la empresa.

Aznar va a cumplir 20 años como asesor del magnate Rupert Murdoch después de que el conglomerado News Corp lo renovara como consejero independiente el pasado mes de noviembre, aunque una parte de la junta de accionistas estaba en contra. Sólo en el último ejercicio se embolsó más de 341.000 dólares por este puesto. Ha sumado, a cargo de esta empresa, más de cuatro millones de euros desde que fue fichado en 2006, dos años después de dejar el Palacio de la Moncloa. El expresidente también ha estado ligado a Endesa, a Centaurus Capital, DLA Piper, Philip Morris y Latham Watkins.

El expresidente González fichó como consejero independiente en 2019 de Boluda Towage, una división del naviero Vicente Boluda, un millonario que preside la Asociación Valenciana de Empresarios. También estuvo varios años como consejero de Gas Natural, puesto por el que percibía 126.000 euros al año.

“Lloro con lo de Zapatero. No me lo puedo creer. He colgado una foto con él para apoyarlo. ¿Se sabe algo más?”. Esta confesión la hace un cargo territorial del PSOE. Y resume el estado de ánimo que comparten miles de socialistas a lo largo y ancho de España. La mayoría del partido digiere la imputación del expresidente por parte de la Audiencia Nacional, cruzando los dedos para que se despejen las dudas en su declaración del 2 de junio.

Rodríguez Zapatero es el gran bastión moral para la mayoría de socialistas, un expresidente cuyo Gobierno no tuvo ningún caso de corrupción. El hombre que aprobó la ley de igualdad, que impulsó el histórico matrimonio igualitario y que puso punto final a la dolorosa historia del terrorismo etarra. Llena los mítines, lo escuchan, lo aplauden, comparten sus cortes en redes. 

Y en el PSOE no lo reconocen en el perfil que señala el auto como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. 

La orden de Sánchez: respaldo a Zapatero

Los ministros y los dirigentes del partido ya han leído durante estas horas el duro auto. Lo están reposando, analizando, masticando. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado la directriz política: total respaldo a Rodríguez Zapatero, remarcando el respeto a la presunción de inocencia y mostrando total colaboración con la Justicia. Se abandonan las expresiones que apuntan al lawfare, como abrazó en un primer momento la dirección socialista cuando aún no se conocía el auto de manera íntegra.

Y, en la esfera pública, se detectan dos caminos diferentes: en la dirección del PSOE y en Moncloa trasladan tranquilidad después de leer las 85 páginas del auto, mientras que entre los socios que apoyan a los socialistas el ánimo se ha revertido, pasando de criticar a los jueces a pedir cautela. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, definió así su ánimo: “Jodido”. Para el republicano catalán: “Si es verdad, es una mierda. Y si es mentira, es una mierda aún mayor".

En Moncloa defienden que no hay pruebas concluyentes

En el Palacio de la Moncloa siguen defendiendo de manera cerrada al expresidente. ¿En qué se basan? Fuentes gubernamentales analizan que se trata de un “auto serio”, lejos de los que redacta el juez Peinado, pero remarcan que no hay ninguna prueba concluyente y que no existe ninguna conversación en primera persona del propio Rodríguez Zapatero. Por eso, en estos momentos de convulsión, apelan a la “máxima cautela”.

El modo de proceder del propio Sánchez es diferente respecto a su ex secretario de Organización Santos Cerdán, al que señaló la puerta de salida de manera inmediata cuando se hizo público el informe de la UCO sobre sus supuestas actividades para cobrar mordidas. Entonces sí había conversaciones del dirigente socialista en primera persona, algo que no pasa en el caso del expresidente.

“No creemos que sea como el caso Cerdán”, subrayan fuentes de Moncloa, que, en todo momento, inciden en que es un “auto serio, pero no tiene pruebas”. De esta manera, siguen creyendo en la inocencia del expresidente. ¿Puede ser contraproducente esa defensa si posteriormente se demuestra algún acto delictivo? En el entorno del presidente no quieren hacer especulaciones, pero hacen esta reflexión: “La vida es complicada”.

El PSOE se prepara para una larga travesía judicial

Algunos miembros del Consejo de Ministros se aferran también a que no hay conversaciones directas del expresidente en el auto del juez José Luis Calama y emplazan a conocer la declaración de Zapatero el próximo día 2 de junio. También recuerdan en el Ejecutivo que el exlíder del PSOE ya dio explicaciones en el Senado cuando fue convocado por el Partido Popular para comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

En el partido, según varios dirigentes consultados, se espera una larga travesía judicial de este caso y sostienen que ahora mismo se trata de un auto embrionario. Pero, a la vez, la idea extendida es que hay que apoyar al expresidente y dejar que dé todas las explicaciones.

Es un momento “duro”, como reconoció el propio presidente del Gobierno en un chat con la Ejecutiva del PSOE después desconocerse la citación de Zapatero como investigado por parte del juez de la Audiencia Nacional. Y, aunque se evita hablar ahora de lawfare, muchos socialistas siguen comentando en privado la operación que llevan sufriendo desde hace años, que se ha materializado en el ex fiscal general del Estado y la esposa y el hermano del presidente del Gobierno.

A pesar de estos días complicados, el mensaje que sale desde el Palacio de la Moncloa es que se mantiene intacta la hoja de ruta de agotar la legislatura en verano del año que viene. Algo que comparten también en la dirección socialista después de que las andaluzas hayan concluido el anterior miniciclo electoral. 

Asimismo, fuentes socialistas remarcan que el PSOE también levanta ahora esa defensa de Rodríguez Zapatero porque representa la dignidad del partido, además de ser cultura de la formación, que también arropó a Felipe González en los momentos más complicados. Todo el mundo coincide, además, en que Zapatero fue uno de los pilares básicos para que la izquierda pudiera aguantar en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Los socialistas mantienen su apoyo a Zapatero. Todos siguen minuto a minuto el devenir del caso. Con el gran valor sentimental que representa. Esperan, cruzando los dedos, que el expresidente tenga bien atadas las respuestas para el 2 de junio.

El objetivo que los directivos de Plus Ultra buscaban al "contratar" los supuestos servicios de la red presuntamente dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, era el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana por un importe de 53 millones de euros, una finalidad que se logró. Pero, aunque el consejo rector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o el Consejo de Ministros no lo hubiese aprobado, el delito de tráfico de influencias que se atribuye al expresidente socialista podría haberse producido igualmente. Porque, como recoge el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto por el que acordó su imputación y el registro de su oficina, la empresa de sus hijas y otras sociedades de la trama, la principal infracción penal que se le imputa no exige un resultado concreto. Tampoco que se produzca un beneficio para el perpetrador.

Para que el tráfico de influencias –que se castiga con penas de hasta dos años de prisión– se consuma basta con que el autor haya intentado influir para lograr su objetivo. Que prospere la imputación de Zapatero depende de que se pruebe que ejerció su ascendencia sobre responsables de la SEPI, funcionarios o cargos del Ministerio de Hacienda –del que depende esa entidad–, su entonces titular, María Jesús Montero, o cualquier otro miembro del Consejo de Ministros –el órgano encargado de tomar la decisión definitiva– incluido su presidente, Pedro Sánchez.

Es lo que el propio instructor del caso y otros expertos penalistas llaman "delito de mera actividad". En su auto, Calama cita la Operación Avispa –el caso por el que se condenó en 2021 al exsubdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, por dar permisos de residencia a miembros de la mafia georgiana– o el caso Palma Arena –en el que fue condenado el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas (PP)– para explicar que "basta con que el sujeto activo intente influir en un funcionario, sin ser necesario que la resolución buscada llegue a dictarse".

El juez de la Audiencia Nacional aclara también que, para que se produzca el delito, tampoco es necesario "que la resolución pretendida sea injusta o arbitraria". En el caso que investiga, el magistrado sí considera, sin embargo, que el rescate de Plus Ultra se produjo sin que la aerolínea cumpliera los requisitos legales para ello, algo que en cualquier caso sería indiferente para la consumación de la infracción. "Lo relevante es que la influencia tenga la capacidad objetiva de orientar al funcionario hacia la decisión deseada", escribe Calama en su resolución.

"La conducta debe dirigirse a lograr una resolución que pueda implicar algún tipo de beneficio económico directo o indirecto", prosigue. "Sin embargo, ni la existencia real de ese beneficio ni la emisión de la resolución son requisitos para que el delito se considere consumado", añade. "Lo imprescindible es que quede acreditada la intención del autor de obtener tanto la resolución como el beneficio, sea para sí o para un tercero". En resumen: "El delito se consuma con el acto de influir, siendo irrelevante el resultado final de la gestión".

"Si todo esto es cierto, solo habría que concretar quiénes serían las personas en las que se intentó influir en la SEPI y cómo lo hizo Rodríguez Zapatero", escribe Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid en un artículo publicado este miércoles en El País. "No hace falta que se consiga lo que se pretende: basta con influir, pues se trata de un delito de mera actividad, de peligro para la recta Administración Pública. Ni siquiera haría falta que se haya influido efectivamente (...), también se castiga a quien se ofrece a realizar las actividades de influencia y recibe una dádiva por ello", añade el experto penalista en su tribuna.

El auto de Calama no refleja una pistola humeante como sería, por ejemplo, una conversación, un intercambio de mensajes o una cadena de correos electrónicos entre el expresidente del Gobierno, por ejemplo, con María Jesús Montero —máxima responsable de la SEPI en el momento de los hechos—, algún cargo de esa sociedad pública, otro ministro o el propio presidente Sánchez realizando la gestión. En la resolución no aparece una prueba directa del tráfico de influencias, pero sí tres grupos de indicios que apuntan a que Zapatero, o la estructura que presuntamente lideraba, realizó las gestiones prohibidas por el Código Penal.

El primero incluiría "los contactos personales" del expresidente y "su capacidad de acceso a altos cargos de la administración", algo que el juez supone a quien ha ocupado la más alta responsabilidad gubernamental del Estado. También la intervención de Manuel Aarón Fajardo –al quien los directivos de Plus Ultra se refieren como la persona de Zapatero en Venezuela– o Julio Martínez Martínez, su excompañero de carreras y empresario, "como intermediarios con los clientes". Esa intervención se deduce de las conversaciones de los directivos de la aerolínea, que llegan a referirse a Martínez como "el lacayo" o "el banco del jefe".

En segundo lugar, "la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones" indicaría que "la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia" del que salieron los 53 millones de euros del rescate a la compañía aérea. El hecho de que, antes de su aprobación, varios de los investigados ya conocieran que el desembolso se fuera a producir, también indica, según el magistrado, "el acceso anticipado a información privilegiada".

Por último, el juez encuentra también "un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido", otro de los elementos del delito. Se refiere a "la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez [el amigo de Zapatero], mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas". "La utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos", describe el juez.

Calama observa, con más claridad si cabe, los mismos elementos del delito de tráfico de influencias en las gestiones de Martínez Martínez, el empresario amigo de Zapatero, con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Se trata, según el instructor, "de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz". El auto resalta en negrita que, tras las conversaciones de Martínez con Teixeira que dieron lugar a la autorización de un vuelo Caracas-Madrid de Plus Ultra, el compañero de carreras del expresidente del Gobierno recibió un mensaje de una persona registrada como "Z" en la agenda de su teléfono que decía: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

Acto seguido, el empresario amigo de Zapatero envió otro mensaje al militar venezolano en el que le agradecía el apoyo y le indicaba que los vuelos habían sido aprobados: "Muchas gracias por su ayuda", le dijo Martínez Martínez al mayor general Teixeira. Además de tráfico de influencias, el juez imputa al expresidente el delito de blanqueo de capitales —por la supuesta constitución de una sociedad off-shore en Dubái—, así como el de organización criminal.

Sesión de alto voltaje en el Congreso. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este mensaje tras la imputación por parte de la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: “Toda colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero”.

Sánchez se ha pronunciado de esta manera por primera vez en público tras la decisión de la Audiencia Nacional al ser preguntado en la Cámara Baja por Alberto Núñez Feijóo (PP), que le ha acusado de manchar “un día más” la Presidencia del Gobierno y ha manifestado que el Gobierno “nos roba a manos llenas”.

Ante estas palabras, el presidente del Gobierno ha hecho una defensa cerrada de Zapatero, sobre el que ha comentado: “No nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles sobre el peor atentado terrorista, extendió derechos y libertades, nos sacó de la guerra ilegal de Irak y acabó con ETA”.

“Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”, ha subrayado Sánchez en su réplica, además de repetir su intención de que las elecciones sean el año que viene: “Y si los españoles quieren, seguiremos cuatro años más”.

Asimismo, ha verbalizado ante Feijóo: “ Lecciones de quienes tanto tiene que tapar y tanas vergüenzas que ocultar, ninguna”.

Las palabras de Sánchez son de vital importancia porque se producen una vez se ha conocido la integridad del duro auto del juez José Luis Calama sobre Zapatero. El Gobierno y el PSOE habían mostrado su apoyo de su exlíder durante todo el día, pero no había trascendido la integridad del escrito judicial.

Durante la sesión, Feijóo ha recriminado a Sánchez que la Audiencia Nacional ha imputado a “su faro moral”. Le ha preguntado al presidente del Gobierno si hablaba el expresidente directamente con él para ejercer influencia en el Ejecutivo y si va a arremeter contras los jueces.

"Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir", ha proseguido Núñez Feijóo, que ha criticado que, en su opinión, el entorno de Sánchez responde a esta máxima: “El que pueda robar, que robe”. 

La política española se adentra en un terreno desconocido. Por primera vez un expresidente del Gobierno ha sido imputado por la Audiencia Nacional por un caso de corrupción. La decisión sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un shock en el socialismo por lo que supone su figura, y desde el Palacio de la Moncloa y la sede de Ferraz se hace una defensa cerrada del que fuera su líder.

A pesar de haber dejado el Gobierno hace casi 15 años, Rodríguez Zapatero es un expresidente con mucha presencia pública y se ha convertido en uno de los principales activos de su partido. Es ovacionado en cada mitin, se implica de lleno en las campañas, tiene hilo directo con Pedro Sánchez y fue uno de los pilares para que la izquierda pudiera resistir en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Pero ese fervor que despierta en todo el espectro progresista tiene el efecto contrario en la derecha mediática y política, que lo detesta desde aquella victoria contra pronóstico en las elecciones de 2004. El PP y Vox tienen una especial obsesión con él y lo han puesto en el centro de su cacería política, como se pudo ver en su reciente citación en la comisión del Senado para estudiar el caso Koldo.

El juez José Luis Calama ha llamado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio a través de un duro auto en el que sitúa al expresidente del Gobierno como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

El propio Zapatero negó, tras conocerse la decisión del juez, tener una sociedad mercantil “ni en España, ni en el extranjero, ni participada por terceros”. “Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad”, recalcó en un vídeo, en el que proclamó: “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración”.

El movimiento judicial respecto a Zapatero ha causado conmoción dentro de todo el partido, en un momento en el que se intentaba pasar página del mal resultado cosechado el domingo en Andalucía. Pero, por el momento, el apoyo es generalizado en Moncloa y en Ferraz. De hecho, el propio presidente del Gobierno envió un mensaje en el chat de la Ejecutiva, según reveló la Cadena Ser, en el que le decía a la cúpula del partido que “son momentos duros” pero que hay que sacar “orgullo y entereza”: "Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".

En el Palacio de la Moncloa, según fuentes del Gobierno, están convencidos de la inocencia del expresidente y ponen el énfasis en que Zapatero ha sido objeto de una campaña de la derecha desde hace años, además de subrayar que la denuncia viene de la asociación ultra Hazte Oír, con apenas unos enlaces y citando a youtubers. Desde el Ejecutivo lo que sí se trata de evitar es un choque con los jueces y se rehuye la expresión lawfare.

Pero en Ferraz sí se revuelven en público y en privado contra esa operación de las derechas para tratar de tumbar al PSOE ahora a través del expresidente. La número tres del partido, Rebeca Torró, afirmó: “‘El que pueda hacer, que haga” llevado a su máxima expresión. El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia”.

El mensaje que emiten en Ferraz pasa por estos argumentos: “José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país. La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga”.

Esa sensación recorre a todo el socialismo en estos momentos: defensa del expresidente, pero un duro golpe al ver las imágenes del registro y la sensación de vivir en una continua operación contra ellos. Todo ello justo casi un año después del terremoto político que supuso el informe de la UDEFsobre las actividades de Santos Cerdán, ex secretario de Organización.

No obstante, en la Moncloa insisten en el mensaje de tranquilidad y de confianza en Zapatero. Por todo ello, fuentes gubernamentales descartan que el presidente pueda convocar elecciones anticipadas y tampoco ven que se pueda dar el escenario de una moción de censura.

Cuando se zarandea el tablero político, tanto en el Gobierno como en el Partido Popular miran a los socios de investidura, que son los que tienen la llave para hacer caer a la coalición. Sumar rechazó cualquier posibilidad de ruptura con el PSOE y apuntó de hecho a los jueces, a través de las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, en las que indicó que tiene “dudas” sobre la propia imputación.

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que los jueces “están yendo” contra el PSOE, además de referirse así acerca del expresidente: "Es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga”. El PNV, otra de las piezas clave de la legislatura, pidió “cautela” ante esta fase inicial de la investigación. Otro foco que puede provocar inestabilidad es Junts, que pidió esclarecer los hechos “respetando la presunción de inocencia”.