“La última vez que gobernamos, Madonna sacaba Like a prayer (1989)”. Este es uno de los lemas de la campaña de Enma López para las primarias del PSOE que decidirán la candidatura a la Alcaldía de Madrid. Y, como una señal del destino, la reina del pop ha sacado precisamente ahora un nuevo disco de música dance bajo el título de Confessions II.

López (Vigo, 1986) ha dado el gran salto político de su vida. Tras ocho años de concejala, quiere encabezar la candidatura del PSOE. Pasa estos días de agrupación en agrupación buscando los avales necesarios. Su rival es Reyes Maroto, la exministra bendecida por Ferraz y por el aparato regional. Pero la concejala cree que tiene en su mano la posibilidad de revolucionar al socialismo madrileño con una candidatura que generar ilusión entre los militantes y los ciudadanos. La gran batalla acaba de arrancar.

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Madrid?

Ya toca. Esta ciudad necesita a alguien que la quiera, lleva demasiado tiempo siendo la voluntad de otros y no de los madrileños. Se está convirtiendo en un infierno. Estamos en medio, por ejemplo, de una ola de calor, que es casi ya permanente, y no tiene ni zonas de sombra ni árboles suficientes. Un lugar donde es casi imposible vivir y donde el autobús pasa ya cada 20 minutos. Hace falta que alguien se tome en serio esos problemas. 

¿Por qué da este paso político en este momento?

Porque era el momento. He estado ocho años pateándome Madrid, estudiando cada coma del presupuesto y escuchando a mucha gente que me ha pedido que diera el paso. La respuesta está siendo increíble. Uno entra en X, que es un lugar generalmente de odio, y ve ilusión y gente contenta, con ganas de votar. Estoy recibiendo mensajes de muchos compañeros que me mandan su aval después de años sin pisar una agrupación. Hay una ola de gente que quiere formar parte del cambio. No hay nada más bonito que liderar ese movimiento.

¿Cómo va el “avalmaratón”? 

Lo empezamos el lunes y va muy bien. Hemos arrancado en el sur, en Vallecas. Nos estamos encontrando con muchos militantes, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Esta ciudad debería mirar más, por cierto, a las personas mayores en el tema de los cuidados cercanos y que no les arranquen de sus barrios. Hay que hablar mucho de igualdad y del papel de las mujeres, ya que cada vez hay más brecha redistributiva. Pero, sobre todo, estamos hablando de ilusión con personas que estaban alicaídas. La gente está a tope. 

Se enfrenta en estas primarias a la exministra Reyes Maroto, ¿qué le diría a un militante para que la apoye a usted?

Me gustaría que se hiciera unas preguntas honestas y difíciles: quién es mejor candidata para Madrid, quién va a llevar mejor las propuestas socialistas a Cibeles y quién tiene más oportunidades de ganar. Porque yo estoy hablando de ganar la Alcaldía después de 37 años sin gobernar. Ahora estamos en el paso de los avales, que se pueden firmar de manera online y en las agrupaciones de manera confidencial. Ese pequeño paso es fundamental para ganar Madrid. 

¿Qué contesta a los que le acusan de desleal y de presentarse fuera del calendario oficial?

No hay nada más leal que querer al PSOE y a los madrileños y presentarse a unas primarias abiertas y limpias con ganas e ilusión. Presento una alternativa a los madrileños cansados de esperarnos y con ganas de votar al PSOE. No hay nada más bonito que llevar las propuestas de Pedro Sánchez a las casas de los madrileños. 

¿Es la candidata antisistema?

Soy la candidata pro-Madrid y la candidata de la militancia. Así me lo están haciendo saber. Y no hay un apellido más bonito. 

¿Madrid es de derechas? ¿Tiene posibilidades reales la izquierda?

Madrid no es de derechas, es progresista. Y, si vemos los datos del CIS, está en uno de sus momentos más de izquierdas. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de ilusionar a toda esa gente que nos quiere votar. Hay barrios en los que hay una diferencia de hasta 200.000 votos en las generales respecto a las municipales. Veo ganas de cambio real. Es lo que nos estamos jugando en estas primarias. Esto no es una decisión interna, sino muy externa. Están eligiendo a la próxima alcaldesa de Madrid y eso se consigue con un aval. Se acabaron los tiempos de hablar de superarnos unos a otros. Se acabó la melancolía y hay que decirle a esta ciudad que ya toca y que va a haber un Gobierno socialista.

Durante muchos años se ha asentado la imagen en la calle de que el PSOE de Madrid no quiere ganar. ¿Tiene esa sensación?

Tengo la sensación de que nos están esperando. Es lo que me comentan en los barrios. Por ejemplo, Tomás, un camarero de un bar al que voy habitualmente, me ha dicho: “Enma, llevo 20 años sin votar. Pero, si tú te presentas, lo haré”. Tenemos un proyecto que va desde los más jóvenes a los mayores pasando por las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, que necesita que la ciudad lo cuide. Tenemos ganas de mirar a todos y construir una candidatura abierta. Ya toca.

Ese “ya toca” pasa por una ecuación en la que también está la izquierda transformadora. ¿Estaría cómoda gobernando con Rita Maestre y Más Madrid?

Tengo una relación magnífica con todas las personas de los partidos de izquierdas. Pero, en todo caso, hago un símil deportivo: uno no gana el Tour mirando al lado, sino a la meta. Miro a Cibeles. Y, por supuesto, hace falta que lo hagamos juntos y el Gobierno progresista es un ejemplo. Cuando las izquierdas nos entendemos, España mejora. Pero aquí hablamos de un PSOE fuerte que no solo quiera gobernar, sino que gane las elecciones.

¿Qué balance hace de la legislatura de José Luis Martínez-Almeida?

Ha sido una legislatura perdida porque a Almeida no le gusta ser alcalde y prefiere confrontar con el Gobierno central. Él era feliz en la oposición. Pero un Ayuntamiento tiene que hablar de limpieza, de carriles bici, de sombras, de parques, de frecuencias de autobuses, de cuidados y de las cosas que mejoran la vida de los ciudadanos. ¿Cuál es la transformación de Almeida? Ha abierto solo la puerta a proyectos privados que van contra los madrileños. 

Lleva mucho tiempo citando como ejemplo a Zohran Mamdani, que ganó la Alcaldía de Nueva York hablando del coste de la vida. Viniendo en el metro, por ejemplo, había una pegatina denunciando que antes los desayunos valían dos euros y ahora los brunchs cuestan 15. ¿Cómo afronta el reto de Madrid sobre los precios y el problema de la vivienda?

Hay que hablar de las cosas del comer. El metro ahora está sin aire acondicionado, por ejemplo. La vivienda es el gran reto y hay que actuar de forma poliédrica. Tenemos que ser capaces de construir más y más rápido, y también hay que rehabilitar muchas viviendas. Asimismo, hay que apostar por el transporte público. No podemos resignarnos a tener frecuencias de autobús cada 20 minutos.

Menos cuando viene el papa, que el Ayuntamiento pone gratis los autobuses…

No me gustaría que el papa tuviera que censarse aquí para que tengamos una ciudad limpia, con médicos y transporte público. Y es muy importante ayudar a pagar la energía a través de comunidades para que la gente no tenga miedo a encender el aire acondicionado. Hay muchas cosas que tenemos que repensar. Por ejemplo, la Feria del Libro. A lo mejor tenemos que debatir si debería ser en otra fecha en la que no haya 40 grados. Hace demasiado tiempo que esta ciudad no habla ni dialoga. Y hay que hablar también de los bares.

¿Por qué?

Son identidad madrileña y la estamos perdiendo. Tendríamos que tener un plan de ordenación comercial y proteger a las pequeñas tiendas y bares. Están desapareciendo las cañas y solo hay dobles a precios desorbitados. La derecha se está cargando esa forma de vida madrileña de la que tanto hablan. 

La hemos visto también participar en muchos actos en el Orgullo. Hay muchas voces del colectivo que hablan de volver al activismo en una celebración que está cobrando muchos tintes capitalistas, algo a lo que empuja el Ayuntamiento de Madrid, que ha congelado su aportación de medio millón de euros. Por ejemplo, en Sevilla, gobernada por el PP, se ha invertido en este sentido un millón y medio de euros. ¿Qué concepto de Orgullo tiene?

Para empezar, un Orgullo que dure todo el año. No puede ser que estén creciendo los delitos de odio. No puede ser una fiesta privada, sino que debe ser una celebración de la ciudad y el Ayuntamiento se debe involucrar de forma activa. Creo en un Orgullo reivindicativo y festivo porque forma parte de la esencia de un colectivo con el que me siento muy identificada. Hay que reivindicar con dignidad y alegría.

¿Cuál sería la primera medida que tomaría si llega a Cibeles?

Siempre es difícil, pero reuniría al equipo de vivienda para que empezaran ya a trabajar. Y también tomaría medidas sobre los carriles bici y las sombras porque, además, llegaríamos en junio. No podemos permitir que esto sea un asadero.

¿Su gran referente para gobernar Madrid es Tierno Galván?

Tengo muchos. Él es uno. Y también me gusta mucho lo que hicieron Claudia Sheinbaum en Ciudad de México y Anne Hidalgo en París. También Mamdani. Y saldrán muchas cosas buenas de los madrileños y las madrileñas, a los que, por desgracia, nadie escucha. 

Es un rostro habitual en las tertulias de televisión y en la sala de prensa de Ferraz. Pero es la primera vez que encabeza un gran proyecto. ¿Cómo lo lleva personalmente ante una competición tan mediática? ¿Hay vértigo?

Estoy ilusionadísima. Madrid es el gran amor de mi vida. Me da fuerza cada persona que encuentro por la calle. Duermo y como menos, pero no me recordaba con tanta energía y con tanto brillo en los ojos. Es maravilloso hacer aquello en lo que crees. He tenido grandes honores como estar en la Ejecutiva de mi partido, pero no hay nada tan bonito como pelear por la ciudad que quieres. No voy a parar hasta entrar por la puerta de Cibeles y llevar de mi mano a todos los madrileños.

El Madrid de Enma López…

Un lugar para pasear: Me gusta mucho subir la calle de Bravo Murillo. Me encanta su vida, su comercio, su gente, sus mercados. Representa la acogida de Madrid.

Un lugar para hacer deporte: Madrid Río, aunque faltan sombras.

Un lugar para una noche de fiesta: Hace mucho que no salgo, pero siempre he sido de Malasaña.

Un lugar para perderse: Usera. Me encanta ir a comer a sus restaurantes chinos y perderme por las callejuelas. 

Un lugar para tener una cita romántica: El barrio de las Letras. Me encantan los pequeños bares, cuyos dueños son familia, como Casa González, Los Gatos y La Venencia. Sé que me van a cuidar y que van a estar mirando detrás para ver si es la cita perfecta.

Un lugar para llevar a alguien que viene por primera vez a Madrid: El Templo de Debod, que es una joya. Y siempre, al atardecer. 

Un lugar especial para los socialistas: Casa Labra, con una caña y una pavía de bacalao. Y recordar por qué estamos aquí y lo difícil que lo tuvo Pablo Iglesias.

¿Cómo está el PSOE de Madrid? “Patas arriba”. Esta expresión que sale de un curtido parlamentario socialista madrileño refleja lo que está pasando en la federación. ¿El motivo? La decisión de Enma López de concurrir a las primarias para ser la candidata a la Alcaldía de la capital. La mayor batalla en las municipales del año que viene.

López decidió este jueves por la noche romper el tablero y hacer pública, a través de una noticia en El País, su intención de concurrir al proceso interno. Un anuncio bomba dentro del partido y de la política madrileña. Pero no por ello inesperado. Para muchos en el partido, ella es la candidata natural a este puesto y ya debería haber encabezado la lista en 2023.

Pero su anuncio pilló por sorpresa a la mayoría de dirigentes. Y no ha sentado nada bien en la sede federal en la calle Ferraz ni en la regional en Buen Suceso. En la cúpula del partido trasladan que apenas informó antes de que saliera la noticia y que da el paso en un momento en el que todavía no se ha convocado oficialmente ese proceso interno. Algo que para muchos es desleal al ser miembro de la dirección nacional. Y ya ha tenido sus consecuencias: la propia López dejó este viernes su cargo en la Ejecutiva Federal.

Esto va de procesos y de nombres también. La carrera acaba de empezar y ya arde como la ola de calor. La líder socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, avanzó en abril su intención de repetir en 2027, algo que no fue criticado por la cúpula. Pero, al mismo tiempo, muchos en el partido también esperan que dé ese paso Mar Espinar, actual portavoz en la Asamblea y una de las caras más potentes en la etapa que vive ahora el PSOE-M con Óscar López al frente.

El paso de López coincide con la celebración de este sábado de la reunión del Comité Federal del PSOE, que activará la maquinaria electoral y pondrá sobre la mesa un calendario interno para las primarias en comunidades y grandes ayuntamientos con tres ventanas temporales: julio, septiembre y noviembre. Cada federación elegirá sus fechas y el PSOE de Madrid todavía no ha decidido a cuál se acogerá.

López es una de las figuras emergentes del PSOE. Aunque es concejala desde 2019, su imagen tiene proyección nacional porque ejercía hasta este viernes como portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal y responsable de Estudios y Programas. Además, la socialista es una de las figuras más destacadas de la izquierda en los debates televisivos que marcan buena parte de la agenda política de España.

Los partidarios de López despliegan sus virtudes para que sea la candidata: es una dirigente que genera ilusión en la militancia en unos tiempos difíciles para el partido, lleva ocho años recorriendo Madrid de arriba a abajo y conecta muy bien con la ciudadanía. “Ha llegado su momento”, como indican algunos de sus apoyos, además de poner en valor que va a por todas, a ganar; una ambición que contrasta muchas veces con la actitud de miembros del PSOE madrileño que parecen conformarse con sacar un puesto en la lista y estar en la oposición cuatro años.

En la cúpula del PSOE de Madrid hay enfado con los tiempos elegidos por López, pero también hay cargos y militantes del partido que aplauden la “valentía” de la concejala de anunciar su candidatura sin estar esperando a que la bendigan desde los grandes despachos. Como señalan fuentes socialistas: “Va a cumplir 40 años. Tiene ganas de lanzar un proyecto político. Quiere ser alcaldesa de la ciudad. No se quiere quedar solo haciendo declaraciones. Y, además, no vive de dependencias orgánicas, ella tiene su puesto como inspectora de Seguros del Estado”, analiza una voz de la federación.

En los despachos de Ferraz no disimulan su malestar con la forma en la que López ha dado el paso. Le echan en cara no haber respetado los plazos oficiales para las primarias, teniendo en cuenta la importancia de Madrid en el escenario político. Y creen que debería haberlo negociado con Óscar López, líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública. Asimismo, ponen el foco en que López no es outsider, sino que es una de las piezas fundamentales de la dirección nacional, por lo que se le presupone otra forma de actuar internamente.

También algunas voces críticas con López dejan caer que era una persona cercana a Santos Cerdán, ex secretario de Organización. Pero partidarios de la portavoz adjunta contrarrestan: “Es totalmente injusta esa crítica. Si se aplicara ese baremo, no quedaría casi nadie en la Ejecutiva ni en el Gobierno”.

A nivel federal y regional, varios dirigentes trasladan sus dudas sobre los tiempos de López para anunciar su candidatura. En cambio, otros indican que demuestra autonomía y que no es una candidata impuesta por Moncloa, una fórmula esta última que no ha tenido éxito en elecciones como las de Aragón y Andalucía.

Ese malestar hizo que López anunciara el viernes que dejaba sus puestos en la dirección nacional para centrarse en la carrera de Madrid. Su argumento es que, desde el máximo ejercicio de “lealtad” al partido y a Pedro Sánchez, deja sus responsabilidades orgánicas para afrontar esta carrera. 

Reyes Maroto, mientras tanto, guarda silencio. Fuentes de su entorno explican que está centrada en preparar el debate sobre el estado de la ciudad que se celebrará el próximo martes en el Palacio de Cibeles: “Ahora lo primero son los madrileños y hacer una radiografía del mandato de Almeida, que es lo que toca”. ¿Seguirá en la lucha? ¿Se plantea retirarse? En su círculo más cercano subrayan: “Cuando se convoque el proceso, hablará”.

Espinar es el otro apellido que aparece en todas las conversaciones. Se ha labrado un lugar desde la Asamblea de Madrid, donde protagoniza todas las semanas las sesiones de control con Isabel Díaz Ayuso (PP). Para muchos, ha dado con la tecla para poner contra la cuerdas a la presidenta, pero a ella siempre le ha tirado la vida municipal. Además, durante estas horas ha dado mucho que hablar su entrevista con Manuel Jabois en El País, que dentro del partido ha sido interpretada por algunos dirigentes como una puesta de largo para su lanzamiento a las primarias.

El socialismo madrileño vuelve a ser el socialismo madrileño. Como indica otra fuente de la federación: “Como en los viejos tiempos, un PSOE-M ruidoso, animado y convulso”.

Igual que en estos días los calores nos caen a plomo en la capital de España, desde hace mucho tiempo las encuestas (más allá de su credibilidad técnica o su intencionalidad política) dan como resultado inexorable el triunfo de Ayuso y Almeida, incluso con cercanía o superando la mayoría absoluta. Como si hubiera una maldición bíblica, los madrileños estamos condenados a ser gobernados por esta dupla devastadora de los derechos, servicios y bienes públicos.

A la vez contemplamos en aquellos que, en primer lugar, deberían dar la batalla por cambiar este rumbo, su reacción es: resignación, inanición y parálisis. Dan la impresión de que tienen por objetivo ser el primero de los derrotados. Y, sin embargo, sí hay opciones de cambiar este rumbo. En el Ayuntamiento de Madrid, la derecha no es que tenga como cabeza un gran referente o una figura con gran peso político, pero para derrotarla no sirve repetir un argumentario rutinario y con lugares comunes, hay que cambiar radicalmente la sintonía.

En toda la izquierda y el progresismo mundial, la victoria de Mamdani en Nueva York fue un tremendo aldabonazo y una llamada a la esperanza, pero sus enseñanzas se olvidaron o se dejaron en el cajón con mucha facilidad. Si se quiere cambiar el rumbo de Madrid hay que retomar sus enseñanzas y ser atrevidos. Dos son las más significativas: proximidad y propuestas claras para la mayoría social y cultural.

Vamos a referirnos a la primera. Proximidad significa salir de las zonas de confort para ir a encontrarse con la sociedad, y hay un instrumento claro (no el único, por supuesto): las primarias abiertas a la sociedad. Los candidatos de la izquierda deben ser elegidos en un proceso de ilusión social y para ello nada mejor que abrir las elecciones a la sociedad. Una cosa es evidente, mayores garantías de éxito tendrá un candidato con el apoyo de 50.000 o más personas que un electo con 3.000 o 5.000. En Italia y en otros países europeos ya existe una tradición de primarias abiertas que culminaron con éxitos electorales decisivos para sus ciudades. Aún más, que hoy las alcaldías de París, Roma y Londres estén en manos de opciones progresistas tiene mucho que ver con la movilización de la sociedad. Tomemos nota.

Hay que recordar que la última victoria del progresismo madrileño, en 2015, se fraguó en un proceso amplio de participación (más de 15.000 personas), mediante primarias abiertas y democráticas que ayudaron a poner en pie un movimiento que arrebató la alcaldía, ni más ni menos, que a Esperanza Aguirre. Más Madrid parece que renuncia a reeditar un proceso parecido del cual nacieron prácticamente la mayoría de sus dirigentes locales y está en un proceso interno de formación de sus listas.

El PSOE, después de 40 años apartado del gobierno de la ciudad y un largo recorrido de fracasos, debe dar un paso y atreverse a movilizar a la ciudadanía, particularmente en los barrios del sureste —casualmente los más desfavorecidos— y donde parte sustancial de la población se queda en sus casas (más de 20 puntos de diferencia en la participación entre los barrios acomodados y los barrios populares). Una pieza de esa recuperación debería empezar por evitar repetir errores del pasado y abrir sus procesos a simpatizantes y electores para que, junto con sus afiliados, elijan la mejor opción social y política que acabe con el dominio de la derecha reaccionaria en la capital de España.

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Teresa Ugidos, Fernando Magro, Paloma del Hoyo, Enrique del Olmo, Amparo Herranz, Maximino Novillo y Román Llorente son militantes del PSOE de Madrid (PSOE-M).

En Lavapiés, Dragones no es solo un club de fútbol. Es una red de apoyo, un punto de encuentro y uno de los pocos espacios donde cientos de niños, niñas y jóvenes del barrio han encontrado algo más que un lugar para entrenar. Por eso, el cierre del campo de Embajadores 18 y la falta de alternativas han encendido las alarmas entre las familias y la entidad, que acusa al Ayuntamiento de Madrid de no dar una solución real a un problema que afecta directamente a la vida comunitaria del barrio.

El Club Deportivo Elemental Dragones de Lavapiés ha hecho público un comunicado, respaldado por 99 organizaciones y colectivos deportivos, vecinales y educativos, para denunciar la falta de instalaciones deportivas y el “incumplimiento de los compromisos adquiridos” por parte del Consistorio. La entidad reclama la reanudación de las obras del campo de Embajadores 18, una alternativa temporal dentro del barrio hasta que se cumpla la promesa de construir una cancha de fútbol 7 en el distrito Centro.

“Queremos que se respeten los tiempos y que se haga cuanto antes. Hay muchos niños esperando para jugar y no tienen espacio”, ha contado a infoLibre Dolores Galindo, presidenta del club. Según explica, el problema no se reduce a una obra paralizada, sino a la pérdida de uno de los pocos espacios deportivos accesibles en un barrio cada vez más tensionado por el turismo, la falta de equipamientos y la escasez de lugares públicos para la infancia y la adolescencia.

Durante más de diez años, Dragones cuidó y gestionó el campo de Embajadores 18, convertido en un lugar de entrenamiento, convivencia y vida vecinal. Ahora, con las obras paradas desde hace meses, la entidad teme que ese espacio acabe perdiendo su función deportiva. Galindo denuncia que la comunicación ha sido “unidireccional” y que las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento no han convencido a las familias. “Hemos hablado, pero no nos entendíamos. Por eso se ha hecho público”, señala.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid trasladan a infoLibre que las obras de acondicionamiento en la instalación deportiva de Embajadores, iniciadas en septiembre de 2025, tuvieron que paralizarse en noviembre tras hallarse construcciones subterráneas no registradas en la documentación disponible. Según el Consistorio, este hallazgo obliga a redactar un proyecto modificado para consolidar el terreno, especialmente en el lado de la calle San Cayetano. La obra se reanudará después del verano y tendrá una duración aproximada de cinco meses. 

El Ayuntamiento asegura que la actuación incluirá una nueva zona verde, la mejora del cerramiento y un almacén para guardar material deportivo. También defiende que los usuarios han estado informados “en todo momento” y que Dragones podrá volver a entrenar en Embajadores cuando terminen las obras.

La preocupación aumenta por las obras previstas en las canchas del Casino de la Reina, otro de los espacios utilizados por el club, centros educativos y familias del barrio. Para los Dragones, el riesgo es evidente. Una zona con muy pocos recursos deportivos podría perder, aunque sea de forma temporal, dos lugares clave sin que exista una alternativa suficiente. “Queremos tener la certeza de que habrá una solución lo antes posible. Hay 400 niños que necesitarán una alternativa”, insiste Galindo.

Sobre el Casino de la Reina, el Ayuntamiento señala que será objeto de obras durante el verano, aunque la Junta de Centro se muestra abierta a estudiar cualquier solicitud formal del club para sus entrenamientos. 

El club reclama que el Ayuntamiento sea más proactivo y facilite el acceso a instalaciones públicas del distrito, como colegios, polideportivos o espacios ya construidos. “Lo que pedimos es que el deporte de barrio tenga acceso a las construcciones del barrio”, resume la presidenta. En su opinión, el Consistorio no está entendiendo la dimensión del problema, ya que no se trata solo de reorganizar entrenamientos, sino de proteger un proyecto social que lleva años funcionando en Lavapiés.

Esa dimensión comunitaria es la que más destacan las familias. “Dragones no es solo un club de fútbol, es una comunidad. Nos ayudamos, es inclusivo, nos apoyamos”, ha contado a infoLibre Estrella, madre de una niña y un niño del club, de 14 y 12 años respectivamente. Ella también participa en el proyecto de Dragonas y trabaja como maestra en la escuela pública, una experiencia que, asegura, le ha permitido ver de cerca el impacto del club en menores con situaciones familiares complicadas.

Estrella recuerda a integrantes de Dragones acompañando a chavales por la noche, llevándoles comida y generando un entorno seguro. “El hecho de poder pertenecer a un grupo, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes, les ayuda mucho”, explica. Para muchas familias, el club no solo ofrece deporte, sino pertenencia, cuidados y una red que no siempre existe en otros espacios.

La falta de campo ha golpeado especialmente a los más pequeños. “Nos han dejado unos 200 niños pequeños sin poder jugar, sobre todo los chupetines, que eran los que entrenaban allí y daban una vida tremenda”, ha contado a infoLibre Estrella. La situación, añade, afecta sobre todo a menores cuyas familias no pueden pagar otras alternativas deportivas fuera del barrio. “La mayoría son vulnerables, familias que económicamente no pueden pagarlo y no se les cobra nada. Al contrario, se les ayuda en todo lo que se puede”, señala.

La madre denuncia que el Ayuntamiento “no da ningún tipo de solución” y cuestiona los motivos que han llevado a paralizar las obras. Según relata, la explicación trasladada apuntaba al hallazgo de un túnel de unos tres metros, aunque sostiene que desde el club ya se conocían las características del terreno y que incluso existía un proyecto previo para intervenir en el espacio. “Nos suena como que no están por la labor de hacer las cosas como en un principio dijeron”, lamenta.

Más allá del caso concreto, Dragones plantea una pregunta de fondo: qué ocurre cuando un barrio pierde los lugares donde se juega, se convive y se hace comunidad. “¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde vamos a poder echar una pachanga o hacer torneos con los chavales?”, se pregunta Estrella. Para ella, las canchas son mucho más que una infraestructura deportiva. Son un espacio donde las familias comparten, hablan y construyen vínculos.

“Lavapiés es un barrio, no es un sitio de borrachera o de turismo. Hay niños, hay familias”, reivindica. En una zona del centro de Madrid donde apenas quedan pistas disponibles, dejar sin espacio a un club como Dragones supone, a su juicio, limitar el derecho al deporte de muchos menores. “Nos dejan sin lo poquito que tenemos”, resume.

En su comunicado, el club exige cinco medidas: reanudar y finalizar las obras de Embajadores 18 con un modelo de gestión público-comunitaria; garantizar una alternativa temporal viable dentro del barrio; poner las instalaciones deportivas y educativas públicas al servicio de las necesidades vecinales; dotar al distrito de más espacios deportivos accesibles y bien mantenidos; y cumplir la promesa de construir una cancha de fútbol 7 en Centro.

Dragones mantiene su intención de seguir, pero reclama certezas. “No nos podemos dar por vencidos”, afirma Estrella. Galindo, por su parte, pide que el Ayuntamiento entienda lo que está en juego. “No entienden lo que pedimos ni la magnitud del problema”, lamenta. Para el club, el conflicto por las canchas no es solo una disputa deportiva, sino una batalla por el modelo de barrio. Un barrio con infancia, comunidad y vida vecinal, o uno donde esos espacios quedan cada vez más arrinconados.

Favorecer al Real Madrid con la construcción de túneles y aparcamientos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un feudo histórico del PP en pleno distrito de Chamartín. Aprobar una tasa de basuras impuesta por la normativa europea, pero sin adaptar la correspondiente cuota al número de ocupantes de cada vivienda o sin explicar la incidencia de los residuos procedentes del comercio, la hostelería o el turismo en cada uno de los distritos de la capital. Se trata de dos de las apuestas en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha chocado más directamente con parte de sus ciudadanos y potenciales votantes.

El enfrentamiento con una asociación vecinal –la Asociación Perjudicados por el Bernabéu– por la conversión del estadio del Real Madrid en un enorme centro comercial y de espectáculos con la construcción de dos enormes aparcamientos bajo la Castellana y en Padre Damián pasó de los despachos municipales a la discusión de los grupos políticos en el Pleno y de ahí a los juzgados. La implantación de la tasa de basuras, por su parte, provocó más de 130.000 reclamaciones tributarias de contribuyentes, según adelantó El País el pasado febrero. Ambos contenciosos han acabado con dos importantes varapalos judiciales contra el equipo de Almeida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el principal motivo en ambos casos es el mismo: la falta de transparencia en la gestión de sus iniciativas.

El último se produjo el pasado lunes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal regional madrileño estimó el recurso administrativo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Asesores Fiscales y Más Madrid, y anuló la nueva tasa municipal. La sentencia explicó que la creación de la tasa era imperativa por obligación del derecho europeo y su traslación a la ley estatal de residuos, pero consideró ilegal el procedimiento por el que se aprobó la ordenanza en la que se recogía. La resolución, que en esencia reprocha al Ayuntamiento la falta de publicidad de los informes que justificaron la configuración de la tasa, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vulneración se produjo en el trámite de información pública del proyecto, en el que se omitió una parte esencial del informe técnico-económico que servía para la determinación de la cuantía de la tasa para cada contribuyente. Entre lo no publicado se encontraba aquello que precisamente criticó la oposición municipal: el estudio de generación de residuos por las distintas actividades económicas –turismo, hostelería, comercio...– unos datos que, según el tribunal "resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo". Sin esa información no se podía conocer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria, lo que impidió a los ciudadanos y asociaciones afectadas presentar alegaciones fundadas y cuestionar el tributo.

La anulación de la tasa de residuos se produce solo cuatro meses después de que esa misma Sala tumbara los dos aparcamientos y el túnel cuya construcción adjudicó el equipo municipal de Almeida a una sociedad creada al efecto por el Real Madrid. El problema en este caso también estuvo relacionado con la transparencia y la información suministrada a los ciudadanos. Según el tribunal, el Ayuntamiento no dio publicidad al estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, "máxime cuando se trataba de una concesión tan mediática y polémica".

La sentencia también consideró incompatibles los dos parkings con el planeamiento urbanístico y de movilidad del Bernabéu y su entorno, aprobado en 2017, tal y como determinaron los propios órganos técnicos de Urbanismo. Por último, la resolución reprochó la previsión en esas obras de la construcción de un túnel de 650 metros para dar acceso al aparcamiento del estadio, al considerar que solo respondía a los intereses del club de fútbol que preside Florentino Pérez y no a los generales de la ciudadanía.

“En este país se fusila poco”. “Te mereces acabar en una cuneta”. “Cementaremos sobre tu cadáver”. “Hace cien años estarías colgado cara al sol”. “Sé quién eres, nos vamos a encontrar”. “Menos cocheras y más cunetas”. “Te deberían prender fuego”. “Hasta que alguien te toque esa carita”. 

Los mensajes de odio y amenazas de muerte, a través de redes sociales, colapsan el teléfono de Antonio Giraldo. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, autor de virales hilos en X sobre urbanismo, vivienda y arquitectura, está viviendo una brutal campaña de acoso, que ya ha denunciado ante la Policía Nacional y que le ha obligado a pedir protección a la Policía Municipal.

¿El motivo? Un simple mensaje en X donde exponía su opinión sobre la decisión del Tribunal Supremo que enterraba el segundo intento del Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, para construir pisos en la parcela en el entorno de la glorieta de Cuatro Caminos que albergó las históricas cocheras de Antonio Palacios.

Su mensaje, publicado el pasado lunes, decía: “Demolición ilegal de las cocheras de Metro de Antonio Palacios y dos procesos urbanísticos negligentes por parte del Ayuntamiento enterrados ya por el Supremo. Llevaré esta vergüenza el lunes próximo a la comisión de urbanismo. ¿Qué pasa ahora?”.

“Se pone fin por segunda vez a todo el proceso. Y lo que es peor: si se pretende hacer un tercer intento, éste ya no podrá ser tal y como estaba previsto en el primero y el segundo, pues ahora la Ley de Vivienda estatal obliga a porcentajes de vivienda protegida más altos que los que había. Pero los cooperativistas, sin embargo, ya han pagado hace mucho por unas viviendas que ahora sí que ya nunca podrán materializarse. Además, el ayuntamiento podría verse obligado a asumir responsabilidades patrimoniales. O eso, o intentar una nueva chapuza que acabará igual”, señalaba en el texto, que concluía así: “Es desesperante, pero es lo que pasa cuando todo se hace mal. Lo peor, la pérdida de patrimonio industrial histórico de Madrid”.

En ese momento empezó a desatarse una ofensiva con mensajes agresivos y de intimidación. Giraldo, en una conversación con infoLibre, relata lo sucedido: “Llevo muchos años en redes. En cierta manera te acostumbras a un ambiente de odio. Pero jamás había recibido con esta intensidad y calado estas amenazas de muerte. Te provoca un sentimiento de susto y te planteas hacia dónde vamos”.

“Sencillamente he dicho que las cosas no se han hecho bien. Yo hablo con mucha claridad en las redes sociales. Y todo por culpa de la negligencia constante del Ayuntamiento en una situación en la que las familias van a seguir esperando sus viviendas. Y, además, comenté los daños patrimoniales respecto a las históricas cocheras de Antonio Palacios”, manifiesta el edil socialista.

Su mensaje se hizo viral el lunes. A partir de ahí, prosigue Giraldo, empezaron los comentarios con insultos. Él respondió contundentemente, mientras que desde diferentes perfiles, la mayoría anónimos, empezaron a señalar a los denunciantes como las asociaciones ecologistas. La espiral creció, añade el edil, al entrar en juego cuentas con muchísimos seguidores y vinculadas a la extrema derecha. A raíz de ahí se multiplicaron los tuits de carácter delictivo y con amenazas de muerte. Todo de manera orquestada, con una estrategia digital basada en retuits y en el señalamiento en redes.

Giraldo no se quedó parado: “Lo primero que hice fue denunciar en la red social X estas amenazas. Y me han respondido con un correo diciendo que estos mensajes no incumplen las normas. No he conseguido que borren ni un tuit”. Todo ello en un ambiente muy crispado con el tema encima de la mesa el próximo lunes con la convocatoria de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, en su sede de la plaza de la Villa, donde el concejal lleva esa sentencia como uno de los puntos del orden del día.

Ante la negativa de X y la oleada de amenazas de muerte, Giraldo decidió pedir protección a la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y quiere agradecer el trabajo y el trato que está recibiendo. Asimismo, ha puesto una denuncia ante la Policía Nacional con todos los tuits amenazantes que lleva recibiendo durante toda la semana. 

Giraldo no tiene el perfil típico de político. Se hizo muy conocido en redes durante la pandemia como divulgador de temas urbanísticos. Sus hilos en la red social X acumulaban miles de likes y planteaban dilemas arquitectónicos de manera muy sencilla y con otro punto de vista. La exministra de Industria Reyes Maroto se fijó en él y lo llamó para formar parte de la lista del PSOE para las elecciones municipales del 28-M hace casi tres años. Desde entonces se ha convertido en una figura ascendente en el mundo local y en uno de los azotes de las políticas de vivienda de Almeida.

El concejal hace esta reflexión global: “Son campañas contra la gente de izquierdas. Para que te alejes, para que te calles, para que no digas nada, para que te retires”. “Quieren presionarte para que pienses qué necesidad tienes de dedicarte a esto. Buscan hacerte pequeño cuando estás diciendo la realidad constatada por una sentencia. Estos mensajes son para que no ocupes espacios y para que no hagas política. Y, además, van in crescendo cuando muestras resistencia”.

“Como personaje público, hasta normalizas los mensajes con insultos. Pero hasta este lunes no había recibido estas amenazas de muerte. Se han cruzado todas las líneas, nunca me había pasado. Corremos el riesgo de asimilarlo como algo cotidiano. Esta vez he decidido decirlo de manera abierta”, apostilla el edil del PSOE.

A pesar de estos días duros, manda un aviso para navegantes: “No voy a dejar la política, voy a seguir diciendo las cosas claramente. Voy a denunciar todas las amenazas. Tendrán que pagar por esto. Esto no puede quedarse en la impunidad. Voy a seguir haciendo la política de siempre, pero quiero elevarlo al debate público”.

Pero esto no va solo de cuentas anónimas en redes: “Hay responsables políticos de algunos partidos que alientan estos discursos. Y se tienen que dar por aludidos porque están provocando estas situaciones. Cuando deshumanizan a otros dirigentes alimentan la capacidad de amenaza”.

Giraldo subraya también que este tipo de amenazas se han convertido en algo habitual, especialmente con las mujeres de izquierdas en el punto de mira. Ha hablado mucho estos días con su compañera Enma López, que recibe constantes intimidaciones por sus intervenciones en el Ayuntamiento, en las ruedas de prensa y en los debates televisivos. Y pone sobre la mesa también los casos de agresión que están sufriendo la analista Sarah Santaolalla y la portavoz de Más Madrid en el consistorio de la capital, Rita Maestre. Dice que ha recibido el apoyo de muchos políticos durante estos días, aunque no le ha llamado el alcalde. Este jueves sí se solidarizó con él durante el pleno de la Junta de Centro el concejal popular Carlos Segura. 

“Insisto en el mensaje de que no lo podemos normalizar, aunque te llamen llorica y te digan que dejes de victimizarte. Merece mucho la pena denunciar. No son simples cuentas anónimas, hay personas detrás que las dirigen y las financian. Hoy soy yo y mañana puede ser cualquiera. Hay que señalar qué papel juegan las redes y sus dueños. Están operando en nuestro territorio y hay que ponerles coto sí o sí”.

Giraldo respira hondo. Y deja una última impresión de manera clara, como sus mensajes sobre urbanismo en redes: “No me van a echar de la política”.

Madrid ha rendido homenaje este miércoles a las 193 víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 con la tradicional ofrenda floral en la fachada de la Real Casa de Correos, en un acto presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, según recoge EFE.

Díaz Ayuso y Martínez Almeida han colocado una corona de laurel bajo la placa de la fachada de la Real Casa de Correos en recuerdo de las víctimas de los atentado, junto a los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez.

Antes de colocar la corona de laurel en la placa que homenajea en el kilómetro cero de la capital a los 193 fallecidos y los más de 2.000 heridos, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a todos los ciudadanos que las auxiliaron, ha sonado el tañido de las campanas del reloj de la sede del Gobierno regional durante dos minutos, al igual que en multitud de municipios de la región en señal de recuerdo.

Al acto han acudido los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, además del delegado del Gobierno, Francisco Martín. El homenaje en recuerdo de las 193 víctimas ha contado con el acompañamiento musical de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Ocram), tras el cual ha sonado el himno nacional.

Este es el primero de los homenajes que se sucederán este miércoles en la capital. Díaz Ayuso y Martínez Almeida también participarán en el que organiza la Asociación Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro. Además, están previstos un acto y una ofrenda floral en la estación de Atocha y un homenaje en el memorial de la calle Téllez. Y, por la tarde, se celebrarán sendos actos de recuerdo en las estaciones de Cercanías de Santa Eugenia y El Pozo, que también fueron golpeadas en el atentado.

Vox ha negado este lunes que se haya producido ninguna filtración de datos personales del diputado Javier Ortega-Smith y ha afirmado que su denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos carece de base jurídica.

En un comunicado, el partido liderado por Santiago Abascal ha dicho que jamás se han revelado datos personales a terceros y que las acusaciones formuladas por el diputado no tienen base jurídica, ya que Vox se ha limitado a emitir un comunicado en el que "no hay contenido alguno del expediente abierto" y tan sólo aparece la decisión del Comité de Garantías del partido.

El exsecretario general de Vox ha asegurado este lunes en una entrevista en OndaMadrid que ha denunciado a la formación por "filtrar" la mencionada resolución de expulsarle definitivamente del partido sin que haya concluido el expediente sancionador abierto contra él por desobedecer la orden del Comité Ejecutivo Nacional de dejar la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid.

Ha afirmado además que mantendrá su acta como diputado pese a la resolución del Comité, al que ha retado a echarle también del grupo parlamentario del Congreso, del que solo se irá si le expulsan sus compañeros, ha dicho.

Según ha precisado Vox en el comunicado, las actuaciones internas del partido se realizan conforme a la Ley de partidos, los Estatutos y al sistema de cumplimiento normativo, que obliga a tramitar y documentar las comunicaciones recibidas, documentos que son "plenamente conocidos" por Ortega-Smith. Por ello, señala la formación, "sorprende sobremanera" que se confunda el deber del partido de ser transparente con "una filtración de datos de carácter personal que en ningún caso se ha producido".

Vox ha expulsado cautelarmente este lunes a dos de sus cinco concejales en el Ayuntamiento de Madrid, cercanos al portavoz municipal del partido, Javier Ortega Smith, cuyo futuro en el partido está pendiente de un expediente disciplinario, aunque ya ha avanzado que seguirá ejerciendo como tal en el pleno municipal del martes, informa EFE.

Una situación a la que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, no ha querido dar mucha importancia al afirmar que la portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España -en referencia al de Madrid- es "la última" de sus "preocupaciones".

Vox debe decidir si Ortega Smith, también diputado nacional y ex secretario general del partido, continuará dentro de su grupo parlamentario en el Congreso una vez que el Comité de Garantías de la formación resuelva si es suspendido definitivamente de militancia.

El futuro de Ortega Smith depende así de la resolución que dicte el partido sobre el expediente disciplinario abierto contra él y la decisión de expulsarle cautelarmente de militancia por negarse a acatar la orden de dejar de ser portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y ceder el puesto a la concejala Arantxa Cabello.

Pero Ortega Smith ha anunciado que en el pleno municipal de mañana, martes, volverá a ejercer como portavoz al entender que cuenta "con el apoyo de la mayoría del grupo" y que seguirá hasta que el resto de concejales decida lo contrario.

Y ha lamentado que "un grupo de personas llevan tiempo intentando eliminar, expulsar a todos aquellos que han querido tener personalidad", además de criticar, aludiendo a la dirección nacional de Vox, las "amenazas que se vierten de expulsiones, expedientes, traiciones".

Mientras, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha informado este lunes al Ayuntamiento de Madrid de la expulsión cautelar de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y ha dejado claro que cualquiera que no respete las órdenes del comité ejecutivo nacional será expulsado, como establecen los estatutos.

Una expulsión que Carla Toscano, a través de su cuenta personal en la red X, ha calificado de "situación absurda": "Se me ha suspendido e inhabilitado por no aceptar una situación imposible: apoyar la destitución injusta e ilegal de mi compañero Javier Ortega como portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", ha advertido.

Preguntado al respecto en una visita a Arévalo (Ávila), Abascal ha comentado que "los partidos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarse el ombligo", que es lo que ha asegurado que va a hacer. 

El Ayuntamiento de Madrid ha cesado este jueves al director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, cuya destitución solicitaba la oposición municipal desde el 28 de abril de 2025 cuando el coche oficial en el que viajaba atropelló a una menor, según informa EFE. 

Su cargo lo ocupará Antonio Domingo Ayuso, Subdirector General de Coordinación y Planificación en el Ayuntamiento de Madrid, una "persona de casa" que llega para dar un "nuevo impulso" según ha trasladado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno donde ha dicho que terminaba una etapa tras un "trabajo extraordinario" de Pablo Enrique Rodríguez. 

El nombre de Rodríguez saltó a la palestra cuando el 28 de abril de 2025, día del apagón, cuando el coche oficial en el que viajaba atropelló a una menor, que provocó el siniestro tras sufrir una caída, según los testimonios de dos testigos y del propio conductor del vehículo. El suceso provocó un enfrentamiento entre la oposición, que pedía el cese del director general, y el Ayuntamiento, que no lo ha hecho hasta ahora.

El hasta ahora director general de la Policía Municipal de Madrid también volvió a estar involucrado en la polémica después de que decenas de opositores al cuerpo hayan quedado fuera del proceso selectivo tras superar el examen teórico y enfrentarse a la prueba psicotécnica y de personalidad, en la que se ha fijado una nota de corte de 8,7, la más alta registrada en las últimas promociones.

Tras darse a conocer el cese de Enrique, desde el PSOE, su concejal Enrique Rico, portavoz del Área de Seguridad, ha sostenido que la "acumulación de escándalos denunciados desde hace tiempo ha provocado una situación insostenible". Afirma que la decisión de la vicealcaldesa de ejecutar el cese llega "tarde y no responde" a una iniciativa propia, sino a la presión política y al temor por su futuro.

Deporte, convivencia y protesta. Las familias del CEIP Amadeo Vives, en el barrio madrileño de Aluche, han convocado para los días 14 y 15 de febrero unas jornadas deportivas y reivindicativas bajo el lema “El patio no se toca”. El objetivo: frenar los planes del Ayuntamiento de Madrid para construir un Centro de Mayores en una de las pistas deportivas que el alumnado utiliza a diario. Un plan sobre el que ya informó infoLibre el pasado mes de noviembre y que el Ayuntamiento está decidido a llevar adelante.

La convocatoria coincide con el Carnaval y se plantea como un fin de semana de puertas abiertas, con actividades deportivas intergeneracionales, actos festivos y una manifestación. Profesorado, alumnado, personal laboral y familias participarán en una iniciativa que busca visibilizar el conflicto y sumar apoyos vecinales.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Amadeo Vives insisten en que no se oponen al Centro de Mayores y de Día, una reivindicación histórica del barrio. De hecho, recuerdan que su ubicación fue aprobada por unanimidad en el Pleno del distrito de Latina —con gobiernos de distinto signo— en la parcela de la calle Camarena, 277.

En ese sentido, el AFA se alinea con la Plataforma de Pensionistas, la Asociación Vecinal de Puerto Chico y la Asociación Vecinal de Aluche (AVA), que también defienden que el equipamiento se construya en el emplazamiento acordado. “Que nadie se lleve a engaños”, subrayan desde la comunidad educativa: el apoyo al centro para mayores es “sin ningún género de duda”, pero rechazan que se levante en el patio del colegio.

El actual proyecto municipal, impulsado por el Gobierno encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, se apoya —según denuncian las familias— en informes técnicos de edificabilidad que no han sido facilitados ni a la dirección del centro ni al resto de la comunidad educativa o vecinal.

Las familias cuestionan además el argumento de que el patio estuviera en desuso y recuerdan que en una parcela colindante se han construido recientemente viviendas sin que la edificabilidad haya sido obstáculo.

La titularidad de los terrenos corresponde al Ayuntamiento, algo que la comunidad educativa no discute. Sin embargo, sostienen que la pista polideportiva fue anexada al colegio a finales de los años 80.

Según la documentación que manejan, en octubre de 1988 el representante municipal informó en Consejo Escolar de que el plan de inversiones de 1989 contemplaba el cerramiento total del centro y el patio “con anexión de terrenos”. Esa inversión se materializó el 24 de agosto de 1989 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, con una partida de más de 17 millones de pesetas para el acondicionamiento de patios en los colegios Amadeo Vives y Ermita del Santo.

Las familias reclaman ahora que el Consistorio facilite los acuerdos adoptados en su día por el Consejo de Educación y el Pleno municipal, convencidas de que avalan una anexión permanente y no una cesión temporal.

Más allá del debate jurídico, la comunidad educativa alerta de las consecuencias prácticas. Si se pierde la pista deportiva, el centro no alcanzaría los 900 m² mínimos exigidos por la normativa para los espacios destinados a Educación Física en Primaria, según el Decreto 132/2010 y las Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes.

Actualmente, el colegio dispone de 849 metros cuadrados distribuidos en dos espacios separados —612 m² de patios de juegos y pista de patinaje y 237 m² de pista de minibasket— que no pueden sumarse al estar físicamente divididos.

De ejecutarse el proyecto, advierten, la actividad deportiva, los recreos diferenciados por edades, las extraescolares y las ligas municipales quedarían seriamente afectadas. También lo harían actividades comunitarias como las fiestas organizadas por el AFA o iniciativas de asociaciones del barrio.

Las familias subrayan que el conflicto no es solo una cuestión de metros cuadrados. Hablan de conciliación, de convivencia y de salud emocional. “Sin espacios para correr, jugar y desahogarse, los conflictos proliferarán fruto del hacinamiento”, alertan.

En un contexto en el que la educación pública madrileña arrastra carencias estructurales y una creciente presión sobre sus infraestructuras, el caso del Amadeo Vives vuelve a situar el foco sobre las prioridades municipales. La comunidad educativa reclama diálogo y una solución que no enfrente derechos —los de la infancia y los de las personas mayores— sino que garantice ambos.

Este fin de semana, el patio del Amadeo Vives será algo más que un espacio deportivo: será el escenario de una reivindicación colectiva en defensa de la escuela pública. Porque, insisten, “el patio no se toca”.

El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox y a favor de PSOE y Más Madrid, revocar el título de hijo predilecto de la ciudad de Madrid al cantante Julio Iglesias, porque supondría "desnaturalizar el sentido del reglamento y generar un precedente contra la seguridad jurídica".

Así lo ha afirmado la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, durante su turno de palabra tras la defensa de la iniciativa por parte de Carolina Elías (Más Madrid), quien ha iniciado su intervención con una defensa a las "62.000 personas dadas de alta en el régimen especial de cuidadoras".

"Un sector racializado y feminizado -ha añadido- que las coloca en una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por depredadores sexuales para satisfacer sus retorcidos deseos". Y así es el perfil, según Elías, de las personas que "buscaba Iglesias para que trabajaran en su casa": Una mujer joven, sin formación académica y que vivieran en una extrema pobreza para que fuera más fácil el silencio, ha subrayado.

Marta Rivera de la Cruz ha recordado a la concejala de Más Madrid que la justicia española se ha declarado incompetente para juzgar el caso de Iglesias y ha precisado que ninguna de las causas para revocar esta distinción concurren en el caso de la distinción otorgada al cantante español. 

Por lo tanto, proceder a la revocación de la concesión de título de hijo predilecto de Madrid a Julio Iglesias, supondría, según la delegada de Cultura, desnaturalizar el "sentido del reglamento, generar un precedente contra la seguridad jurídica y someter los reconocimientos tradicionales a valoraciones ajenas".

Para Jorge Donaire del PSOE, este "debate exige serenidad, rigor y coherencia institucional" y ha pedido "aclarar" que la Fiscalía ha archivado la denuncia "por falta de competencia al haberse producido los hechos fuera de España, pero no es una resolución sobre el fondo ni una absolución, ni impide que los hechos puedan examinarse en otras instancias o jurisdicciones".

La izquierda había pedido retirar esta distinción después de que dos mujeres que trabajaban con el cantante denunciaran que habían sufrido agresiones sexuales y abuso durante su tiempo como empleadas de Iglesias. Según una investigación publicada por elDiario.es, las dos exempleadas trabajaron para él, en régimen interno, en sus dos mansiones de República Dominicana y Bahamas, donde se produjo el abuso de poder.

El caso Sinclair, en el que se investiga una segunda estafa con material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, entra en una fase inédita con la aparición del principal investigado, Philippe Solomon. Tras meses de infructuosa búsqueda por medio mundo, el misterioso empresario franco-israelí remitió el pasado mes de septiembre al Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid, encargado de las pesquisas, varios escritos de alegaciones. En uno de ellos, al que ha tenido acceso infoLibre, Solomon sostiene que él solo recibió por sus trabajos alrededor de 175.000 euros de los 2,5 millones que el consistorio abonó por las mascarillas. El resto del dinero, especifica, se destinó a la obtención del material sanitario, intermediarios y transporte.

La existencia de esta segunda estafa al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso mascarillas, por el que ha sido condenado el empresario Alberto Luceño. Se centra en un contrato para la adquisición de medio millón de cubrebocas adjudicado a finales de marzo de 2020 a la consultora estadounidense Sinclair&Wilde LTD por 2,5 millones de euros, a un precio unitario de cinco euros. En la operación bajo la lupa, además, intermedió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría–, que logró entrar en contacto con el consistorio a través del concejal del PP y presidente del Pleno de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita.

La investigación judicial arrancó en marzo de 2021, a raíz de un atestado policial que ponía de manifiesto el carácter inservible de las mascarillas entregadas –no cumplían con los estándares normativos– y planteaba un posible delito de estafa agravado. Una causa que, sin embargo, se cerró provisionalmente ante la imposibilidad de localizar al principal investigado. Y así, guardada en un cajón, estuvo durante casi un año. Un informe policial en el que se aportaban nuevos datos sobre el supuesto estafador, un empresario franco-israelí que opera con varias identidades, permitió la reapertura de un caso que avanza lentamente casi un lustro después.

La localización y toma de declaración del investigado, que habitualmente utiliza la identidad de Philippe Víctor Chaim Hababou y que dispone de tres pasaportes –francés, israelí y de Guinea Bissau–, ha sido desde el principio el gran obstáculo en la investigación. Se libró comisión rogatoria a las autoridades del Reino Unido para dar con él. Y solicitud de asistencia judicial a Estados Unidos. Al final, ante la imposibilidad de tomarle declaración, el instructor del caso, el magistrado Jorge Israel Bartolomé, acordó el pasado mes de abril prisión preventiva, comunicada y sin fianza para Solomon y la emisión de una orden europea de detención y entrega, búsqueda que, según especifican fuentes jurídicas, "aún está vigente".

En los últimos meses, sin embargo, varios escritos a nombre de Solomon han llegado al juzgado. En uno de ellos, fechado el pasado 30 de septiembre, el empresario alega que "no ha dispuesto ni ha incorporado" para "sí mismo" los 2,5 millones de euros que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que ejercía en pandemia como órgano de contratación del consistorio de la capital, abonó en dos pagos a Sinclair&Wilde LTD. De esa cantidad, expone, él "recibió" por su "intermediación y trabajo" dirigido a proveer las mascarillas 205.694,37 dólares, equivalentes a 175.462,23 euros en base al tipo de cambio diario del conversor de divisas del Banco de España a fecha 29 de septiembre.

El resto, asegura, se destinó "a proveedores, intermediarios, transporte y demás costes". Algo que intenta acreditar con los datos de la cuenta donde el Ayuntamiento de Madrid ingresó los 2,5 millones. Abierta en noviembre de 2017 a nombre de Sinclair&Wilde, la misma registró solo entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 un total de 79 movimientos, según los documentos aportados a la causa a través de una comisión rogatoria. De ellos, 61 fueron salidas de fondos, por un total de 4,4 millones de dólares –unos 4 millones de euros al cambio de la época–. Y 18 fueron ingresos, por un montante de 4,24 millones de dólares –unos 3,9 millones de euros al cambio de la época–.

En su escrito, el empresario relaciona hasta once millones con la compraventa de las mascarillas. Así, por ejemplo, recoge una transferencia de 945.000 dólares a Victorian Linen & Craft como proveedor y otra de 540.000 dólares a un "proveedor turco". El cuadro aportado también incluye otras cuatro en concepto de transporte, dos por asesoramiento legal y tres más en concepto de "intermediación". Entre ellas se encuentra un pago de 33.549 dólares –30.000 euros al cambio– a una cuenta bancaria española, un movimiento sobre el que el magistrado ya puso en su día la lupa. El beneficiario, un tal Said A.

Los vecinos de Aluche llevan años reclamando un centro de día y un centro de mayores en el barrio. Después de multitud de quejas, escritos a la Junta de Distrito Municipal y manifestaciones, parece que han sido escuchados por parte del ayuntamiento pero con un gran pero, una gran jugada de trilerismo por parte del Ejecutivo de José Luis Martínez Almeida, porque el terreno escogido es el patio de un colegio.

El centro de mayores se construirá, o eso parece, según el presupuesto de 2026 que en su área de Obras destina un millón de euros, en lo que es una primera partida para su ejecución. ¿Dónde reside el problema? En que la parcela que ha elegido el Consistorio para construir este equipamiento es la misma que utiliza como patio el CEIP Amadeo Vives.

En ese patio, conocido por muchos alumnos como 'los campos rojos' por el color de las vallas que cierran el perímetro de la instalación, se imparten las clases de Educación Física, las extraescolares, se juegan las ligas municipales de fútbol y baloncesto y se organizan campamentos de verano y se utiliza como una parte más del patio.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid, reclama esos terrenos, que no pertenecen al colegio pero que el consistorio se los cedió hace casi 40 años cuando se inició la construcción del Centro Cultural Fernando de los Ríos y el CAD de Latina, colindantes al colegio.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Colegio Amadeo Vives no se explican cómo el Ayuntamiento ha elegido precisamente esta parcela, con el perjuicio que supone para el centro cuando unos cientos de metros más arriba, en la calle Camarena 277, hay otro terreno disponible y que desde 1979, esos terrenos siempre han estado reservados para equipamientos sociales y es el que las asociaciones han pedido que sea el elegido para albergar el centro de día y de mayores.

Las familias del colegio han iniciado una recogida de firmas bajo el lema "El Patio no se toca" para tratar de buscar una solución que satisfaga a todas las partes implicadas. Rubén González, portavoz de la AFA, asegura que las familias están muy preocupadas ante la posible desaparición de este espacio, ya que el resto de instalaciones del colegio no tienen capacidad suficiente para albergar todas las actividades que se están desarrollando en ese patio.

La Plataforma Vecinal por el Centro de Día y de Mayores en Camarena 277 también se suma a la AFA y denuncia que "el Ayuntamiento pretende eliminar un espacio deportivo del Colegio Público Amadeo Vives para construir un Centro de Mayores y seguimos exigiendo que se realicen ambos Centros en el espacio público de Camarena 277".

También los grupos de la oposición se han hecho eco de la obra que quiere realizar el Ayuntamiento de Madrid. Pedro Barrero, portavoz del PSOE en el distrito ha pedido "defender que el futuro Centro de Día y de Mayores de Aluche se construya en Camarena 277, tal y como se aprobó durante años, y no a costa de eliminar las pistas del patio", al igual que desde Más Madrid y Podemos animan a firmar la petición 'El Patio no se toca' y a "luchar por un centro adecuado para mayores sin sacrificar espacios infantiles".

Fuentes del Área de Obras y Equipamientos aseguran que se está trabajando para que la obra afecte lo menos posible a esa pista, insistiendo en que no pertenece al colegio. Señalan también que el colegio cuenta con dos patios que acaban de ser reformados por el distrito.

Alfonso Serrano, el número dos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dentro del PP madrileño donde ocupa el puesto de secretario general, carga el sueldo de su jefe de gabinete al Ayuntamiento de Madrid. Según informa la Cadena Ser, el máximo responsable del gabinete de Serrano, con un salario de más de 63.000 euros anuales, lleva cobrando la nómina desde abril del consistorio de la capital española.

El periodista Víctor Ruiz de Almirón López, que figura en el Portal de Transparencia del Consistorio como personal eventual de nivel 28 desde el mes de abril. Ruiz de Almirón cobra del erario municipal porque, según el Grupo Municipal Popular, realiza tareas de “asesoría política” para ellos, aunque los periodistas que siguen habitualmente la información local no tenían constancia de esos trabajos.

Desde el PP de Madrid aseguran que el jefe de gabinete de Serrano compatibiliza la asesoría a su jefe con "otros cargos del partido", para los populares, "los asesores del Grupo Municipal, igual que en otros ayuntamientos o en el Congreso de los Diputados y en el Senado, trabajan para el grupo y para el partido”, justifican en declaraciones a la Ser.

El nombramiento y funciones del personal eventual municipal está regulado en un decreto de 2014 del Ayuntamiento de Madrid, que fija que “su nombramiento y cese son libres”, aunque la normativa no contempla que los partidos políticos puedan endosar los costes laborales de su plantilla a los grupos municipales. De hecho, la única salvedad que recoge el decreto es que “excepcionalmente, cuando exista una necesidad debidamente justificada, el personal eventual podrá prestar servicios a otros órganos superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid que se integren en los servicios generales del Ayuntamiento de Madrid”.

Pero el caso del jefe de gabinete de Serrano no es el único. Cristina Ramos García-Patrón, también periodista, cobra al menos desde agosto de 2023 también del consistorio local madrileño como personal eventual de nivel 24 y un salario de 51.429,36 euros anuales.

Ramos ejerce, habitualmente, como ‘número dos’ del PP en la Comunidad de Madrid. Sus tareas pasan por responder a cuestiones de los informadores, elaborar notas de prensa o acompañar a Serrano en sus actos públicos. La periodista también se encarga de anunciar a los oradores en los mítines del Partido Popular de Madrid.

El hombre de 30 años detenido este miércoles por asesinar de varias puñaladas a su exnovia de 21 años en un domicilio del distrito de Villaverde de Madrid delante de su bebé de 15 meses tenía una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima, que estaba catalogada en VióGen con riesgo "bajo", según informa EFE.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que, según las primeras pesquisas, no era la primera vez que el hombre violaba la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja, que residía actualmente en una habitación alquilada en la calle de Los Astilleros junto a su bebé de 15 meses.

En torno a las 15.00 horas del lunes, el hombre irrumpió en el domicilio y asestó varias puñaladas a la joven hasta causarle la muerte.

Las fuentes consultadas apuntan que la víctima figuraba en el sistema de seguimiento de casos de violencia machista, VióGen, con riesgo "bajo".

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la segunda asesinada por su pareja o expareja en la región madrileña en lo que va de año y la 31 en toda España. Desde 2003 en que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios este asesinato sería el 1.326.

En torno a las tres de la tarde los servicios de emergencia recibieron un aviso de la arrendataria de la vivienda después de que una niña de 12 años que reside en este domicilio y que no guarda vínculos familiares con la joven asesinada, encontrase su cuerpo con varias heridas de arma blanca y junto a su bebé de 15 meses.

Por el momento se desconoce si el menor es hijo del presunto agresor al que horas después agentes de la Unidad de Prevención y reacción (UPR) de la Policía Nacional detuvieron en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado este nuevo crimen machista y ha apelado a la "unidad de acción" de todos los demócratas. "No hay lugar a más titubeos, a más relativismos, a más negacionismos", ha defendido.

Del error de aceptar que esos edificios, con un espacio reducido, tanto para las aulas de clase como para disponer de espacio para esparcimiento e infraestructura  para juego y deporte de los alumnos, se derivan todos los problemas subsiguientes. Quienes observan estas deficiencias diariamente y sufren sus consecuencias, no solo por el ruido continuo, pues el jardín convertido en patio, y señalizado como aparcamiento, es un lugar habilitado para clases, esparcimiento, juegos y recreos, son los vecinos, cuyas casas y ventanas dan al jardín posterior. Estos  vecinos observan a diario los cambios que se hacen en el jardín posterior con la intención de ofrecer espacio de uso del mismo a los profesores y a los alumnos, sin que puedan complacer a unos y a otros.

En ese espacio que estuvo muy bien ajardinado y en cuyo suelo jóvenes cultivaban la horticultura, con la habilitación del colegio, retiraron la tierra y esparcieron cemento. Cortaron arbolado y creyendo que habilitaban espacios para zonas deportivas: fútbol, baloncesto, destrozaron el jardín como espacio de descanso, tranquilidad y bienestar para las personas mayores y jóvenes que lo disfrutaban.  

Mientras los alumnos adolescentes pateaban los balones en un espacio de 40 mts2, para que los balones no entraran por las ventanas de los vecinos o cayeran a los bajos, colocaron unas mallas que les impedía la visión. Por la protesta vecinal ante el propio colegio y la Junta Municipal y otras organismos, han logrado por fin que retiraran las mallas. Parte del suelo del  espacio del  jardín lo han marcado varias veces para ofrecer espacios de aparcamientos a los profesores, aunque  otras tantas veces han desmarcado esos aparcamientos, no se sabe con qué intención. El suelo también ha sufrido modificaciones continuas. Ha pasado de tierra cultivable a cemento, sobre cemento, tierra y últimamente habían colocado césped artificial, retirado a su vez, recientemente.

Cualquiera que pase por la acera de la izquierda de Eloy Gonzalo, desde la Glorieta de Iglesia hasta la de Quevedo o desde ésta a Iglesia, observará a través de las ventanas, que están a ras de la acera, que hay alumnos, a determinadas horas, en el subsuelo del edificio, dando clases o realizando actividades escolares con luz eléctrica, porque las ventanas, pequeñas y enrejadas, están en la parte superior. En ciertos momentos se ha oído que el centro quería horadar la tierra para hacer un aparcamiento subterráneo o un polideportivo para los alumnos. Cualquier solución, muy costosa y complicada, no cambia el problema que tiene un colegio de esta categoría, si es que no lo agrava todavía más. 

La conclusión es muy clara: Los edificios no reúnen las condiciones materiales para ofrecer a las familias y a sus hijos un colegio de élite para el desarrollo pleno de su personalidad.  Este es un colegio muy alejado de los colegios norteamericanos que conocemos por las  series y las películas. La matriz del colegio Brewster se enorgullece de que varios de sus  alumnos han jugado en la NBA. Ninguna horizonte tiene este colegio madrileño para que algún alumno pueda llegar ni siquiera a la ACB o alguna de sus alumnas al baloncesto femenino. Las alumnas no muestran ningún interés deportivo, dicen los vecinos.

Los errores de la conversión del Instituto Homeopático y Hospital de San José en colegio norteamericano están concatenados. La señora marquesa, heredera de los inmuebles, quería recibir el pago de su herencia, a la que se cree con derecho entre los herederos; el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, no optó a su compra, cuando tenía la obligación de mantener el edificio en el patrimonio de Madrid, como un edificio declarado BIC. Martínez-Almeida fue director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y durante su mandato (2007-2011) se gastó de las arcas públicas más de tres millones para la reparación del edificio, por lo que conoce perfectamente que su decisión no se corresponde con la historia sanitaria y patrimonial de Madrid. El centro educativo de la marca norteamericana Brewster pensaba que adquiría un edificio singular para un colegio singular, elitista y necesario en Madrid. Todos se han equivocado. Lo lógico sería que el edificio volviera al patrimonio municipal para el  servicio de los madrileños. Lo razonable sería que, comenzando por Brewster –que ocupa los edificios en alquiler con opción a compra– cayera en la cuenta de que es impensable un colegio de su categoría en un espacio reducido y sin posibilidad de ampliarse y ofreciera su reversión. Y, por último, que las familias de los alumnos también comprendieran que no les compensa el dinero que se gastan en la educación de sus hijos por los servicios que reciben.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Ayuso se va a tomar un tiempo para contestar al Gobierno. Como al resto de Comunidades Autónomas, a la de Madrid se le ha exigido la creación de una lista de objetores al aborto. Hay quienes piensan que la sola existencia de ese registro puede abrir la puerta a la discriminación. Los derechos de las mujeres se vuelven a plantear como un campo de batalla cultural e ideológica. Vuelve usarse la salud de las mujeres con fines estrictamente estratégicos.

“No se puede confiar en la frase: 'Esto aquí no puede pasar'. En determinadas circunstancias, puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar”. Margaret Atwood escribió esta frase en el prólogo de su novela El cuento de la criada para que no diéramos por hecho que los derechos que conquistamos una vez van a estar ahí para siempre. “El orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana. Los cambios son rápidos como el rayo”. En los últimos años, mujeres de todo el mundo han usado la túnica roja de las ‘criadas’ como símbolo contra la prohibición del aborto. El libro de Atwood (una distopía que transcurre en un régimen teocrático donde las mujeres fértiles son obligadas a tener hijos), es de 1985.

La concepción conservadora de la “cultura de la vida” constituye una grave violación de los derechos de las mujeres. Como señala la CEDAW, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU o el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), la prohibición o la restricción del aborto convierte al Estado en un auténtico agresor institucional. Prohibir o restringir el aborto, aunque solo sea de facto, supone una violación del derecho a la vida; el derecho a la salud y a la atención médica; el derecho a la igualdad y la no discriminación; el derecho a la seguridad personal; el derecho a la autonomía reproductiva; el derecho a la privacidad; el derecho a la información sobre su salud reproductiva, que incluye la educación sexual; el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos; el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico; y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, cuando se hace descarado apostolado desde las instituciones. Y en ciertos casos supone, además, una violación del derecho que tenemos las mujeres, como los demás seres humanos, a no ser sometidas a un trato cruel, inhumano y degradante. 

Por eso, el Comité de la ONU se ha pronunciado contra varios países, por vulnerar los derechos de mujeres a las que no se permitió interrumpir el embarazo por anomalías fetales graves, tal como proponía Alberto Ruiz-Gallardón, el ex ministro de Justicia del PP (2011-2014), en su proyecto de modificación de la actual Ley del aborto. Uno de los casos más emblemáticos, en este sentido, fue el de KL v. Perú, en el que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) condenó al Estado de Perú por negarse a practicar un aborto a una adolescente embarazada de un feto anencefálico —sin cráneo ni cerebro—, que inevitablemente moriría en el parto o a los pocos días de nacer. En este caso, la adolescente se vio obligada a llevar a término el embarazo, y a amamantar al nacido durante los pocos días que permaneció con vida, de manera que en su dictamen el CDH consideró que el Estado de Perú le infringió tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El PP lideró el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vigente, a fin de liquidar la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre, la obligación de enseñar las materias relativas a la salud sexual y reproductiva “desde una perspectiva ideológica de género”, y el régimen de regulación de la objeción de conciencia. Fue también el PP el que excluyó a las niñas de entre 16 y 18 años del acceso al aborto sin consentimiento de sus padres y/o tutores, aunque la Ley del paciente fija en los 16 años la mayoría de edad. Hace unos días, Almeida se descolgó defendiendo un supuesto síndrome post-aborto para reconocer después que se trataba de un trastorno sobre el que no existía ninguna evidencia científica. "Acabar con la vida de su propio hijo tiene consecuencias muy graves para la madre". Esas consecuencias no eran más que una fabulación. El supuesto trastorno no aparece en ningún manual de referencia internacional, ni en el CIE-11 de la OMS ni en el DSM-V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. De hecho, la realidad de las madres que quisieron abortar y no pudieron, se analiza muy bien en el Turnaway Study (2015) de la Universidad de California en San Francisco (UCSF). Se trata de un “estudio del rechazo” que muestra cómo estas mujeres han acabado siendo más pobres, sufren más enfermedades y más trastornos mentales y son más vulnerables frente a la violencia machista. La rectificación tardía de Almeida no podrá subsanar el daño institucional de haber aprobado una medida que obliga a ofrecer una desinformación deliberadamente, contraviene la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y vulnera derechos fundamentales.

La última aventura del PP ha sido la del rechazo de la Comunidad de Madrid al registro de objetores. La ley española regula la objeción de conciencia para todos los profesionales sanitarios “que participen o colaboren” en un aborto, incluyendo a médicos, anestesistas, personal administrativo o celadores. Siempre ha estado claro que el ejercicio de ese derecho, que deriva del derecho a la libertad ideológica, es una posibilidad individual a la que no pueden acogerse las instituciones. Los centros sanitarios no pueden invocar un ideario propio como derecho a ponderar frente a derechos constitucionalmente tutelados. Han de contar con financiación pública para ofrecer la atención ginecológica a la que están obligados por el sistema de salud. El derecho a la objeción de conciencia tiene límites como los tiene, en nuestro país, el derecho al aborto.

Cuando se regula el aborto con una ley de plazos, como la que rige en España, se ponen límites a la libertad de decisión de las mujeres, por mucho que se les conceda especial protagonismo en la primera fase del embarazo. Se reconoce que en un aborto –aunque sea consentido– convergen intereses distintos que deben ser ponderados por el Derecho para alcanzar un equilibrio aceptable desde el punto de vista de las valoraciones imperantes en la sociedad. Estas son las reglas del juego que estableció el Tribunal Constitucional en 1985, por ejemplo, cuando se pronunció sobre la legitimidad de la primera reforma del aborto. En nuestra legislación, la vida del embrión tiene valor en sí misma y aumenta a medida que éste se desarrolla. Esto explica que el aborto sólo se considere después de pasados 14 días desde la fecundación –implantación en el útero– y que no se considere aborto el uso de la píldora del día después o de dispositivos intrauterinos. De hecho, en esta etapa, se permite también la experimentación con embriones. Nuestra regulación es equilibrada y ponderada. La resistencia a su implementación por parte de las derechas no tiene nada que ver con la defensa de una supuesta “cultura de la vida” y carece por completo de fundamento moral y jurídico. 

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Dice el Partido Popular que la información no es un problema, olvidando que mentir en temas relacionados con la salud es una de las mayores irresponsabilidades que cualquier político pueda cometer… y que decir mentiras no es informar, es lanzar un bulo. Que el PP nacional avale una iniciativa que carece de todo fundamento científico, que hace una utilización sesgada de los datos y cuya redacción es una burda copia de las falsedades propagadas por grupos integristas y la extrema derecha mundial, pone de manifiesto su seguidismo respecto a VOX. 

Ingenuamente, creíamos que quienes toman decisiones políticas en el Ayuntamiento de Madrid se documentan antes de votar. El texto de la Proposición sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) amenaza a las mujeres con un “síndrome de estrés postraumático post-IVE” que incluye depresión, consumo de alcohol y drogas, intentos de suicidio, hemorragias internas, infecciones, esterilidad, muertes posteriores y aumento de cánceres del aparato reproductivo… y compararlo con lo que sufrieron los combatientes en la guerra de Vietnam hace más de 50 años es un insulto a la inteligencia… y una falta total de humanidad.  

Citan algunos datos, pero hay otros. Las tasas de IVE en nuestro país son similares, o incluso inferiores, a la de los países de nuestro entorno, y no han subido de forma significativa pese a los augurios de la derecha española. En los 14 años transcurridos desde 2010 (primera legalización de la IVE en España) y la actualidad, esa tasa se ha incrementado en 0,6 puntos. O lo que es lo mismo, cada año abortan legalmente en nuestro país aproximadamente una de cada 100 mujeres entre 15 y 45 años (99 de cada 100 no abortan). Si hablamos de jóvenes de 19 años o menos la tasa ha descendido en 4 puntos (de 13,05 en 2010 a 9,15 en 2024). 

Las interrupciones se producen en estadios muy tempranos. El 70% dentro de las primeras 8 semanas y el 94% añadiendo hasta las 14 semanas de gestación. Eso habla de la responsabilidad de las mujeres, de la calidad del trabajo que realizan las y los profesionales que las atienden y del buen funcionamiento de la ley. Pero eso no importa; si no hay problema, se crea…

Hablemos de Madrid: cada año, aproximadamente 1.000 mujeres se ven obligadas a abortar por grave riesgo para su salud o por malformación o lesiones graves o incompatibles con la vida fetal, con gran sufrimiento. Precisamente la Comunidad de Madrid (incumpliendo el mandato legal) es una de las que más expulsa a estas mujeres de sus consultas y hospitales habituales, derivándolas y dejándolas solas frente a sus necesidades de atención. Ese dolor sobreañadido podría evitarse si los responsables locales y autonómicos se preocuparan, de verdad, por las mujeres. Y hay más. Sus tasas de IVE suelen ser superiores a la media nacional lo que no cuadra con su supuesta preocupación por prevenirlas. Ni educación sexual ni fácil acceso a anticonceptivos.

No, no existe evidencia científica que avale lo que denominan “trastornos de estrés postraumático” ligados a la práctica de la IVE.  El citado síndrome se refiere a trastornos del ámbito de la salud mental padecidos por un importante porcentaje de personas que han pasado por un evento dramático/traumático, con síntomas graves, significativos y persistentes, que no pueden razonablemente asociarse a otros factores. La IVE es un acontecimiento vital que puede suceder a cualquier mujer y en cualquier lugar, afortunadamente con efectos secundarios indeseables anecdóticos. La inmensa mayoría se sienten aliviadas después de pasar por ese trance, porque realmente lo que hubieran preferido es no haber quedado embarazadas. También prefieren que sus responsables políticos garanticen que se las va a atender de la misma forma en que les atienden otros “problemas” de salud, que los profesionales sanitarios las acompañen respetuosamente en todo el proceso y que nadie las adoctrine. 

¿Se puede hacer más daño a la salud de una mujer que conforme a la ley acude a un centro sanitario y se encuentra en la puerta con personas que las insultan y las acosan para alterar su decisión de abortar?  Son grupos con consignas similares a las contenidas en la proposición aprobada, sin que el PP (de VOX ya lo sabíamos) muestre la mínima empatía con el sufrimiento de esas mujeres, ni haga nada por evitarlo.  

La propuesta no se sustenta con bibliografía. Hablar de lo que se decía en una “clasificación de enfermedades” (el DSMIII) modificada en 1994 ¡Hace 31 años!, obviando los avances y cambios propuestos por personas expertas de las distintas disciplinas, muestra su falta de rigor. Existen múltiples documentos e investigaciones internacionales y nacionales que la contradicen. Por poner un ejemplo (no dudoso para el mundo civilizado) como es la Organización Mundial de la Salud, en sus guías de Cuidados sobre Aborto (2022 y actualizaciones de 2023) no se hace referencia alguna al citado “síndrome”, aunque sí habla de la necesidad de ofrecer una información rigurosa, veraz, adaptada a las necesidades de cada mujer y a lo largo de todo el proceso, desde la primera información hasta los cuidados post-aborto.

También afecta a las y los profesionales. ¿Alguien cree que un profesional que, aceptando el contenido de esta iniciativa, informe negativamente, provocando miedo injustificado a la mujer, va a respetar su decisión y apoyarla en los otros pasos del proceso? Quien informa a las mujeres tiene la obligación ética y legal de respetar su autonomía y exponer los procedimientos y los efectos que pueden derivar de esta práctica. ¡Sin inventarlos! También están obligados a ofrecer apoyo psicosocial al número reducido de mujeres que pueden presentar algún malestar emocional tras haber vivido una IVE. 

Estos partidos siempre buscan subterfugios para situar a profesionales contrarios al aborto en primera línea (desde la información), desobedeciendo el mandato constitucional que obliga a todos los hospitales públicos a disponer de un registro de objetores de conciencia y a contar con equipos humanos y materiales con capacidad para atender bien a las mujeres. La Proposición pasa por alto que a las mujeres le asiste el derecho humano fundamental a una información veraz, especialmente en materia de salud, como garantía para elegir la opción más adecuada a su caso particular. 

La práctica del aborto legal es en nuestro país es de bajísimo riesgo. El problema surge precisamente por el “estigma” en torno al aborto que de tanto en tanto pretenden reavivar.  La IVE es aceptada y respetada por la inmensa mayoría de la población española y no ocasiona ningún problema a quién tiene que abortar ni a quién no quiere o no tiene que hacerlo. Aun así, los sectores más reaccionarios se empeñan en culpabilizar y criminalizar a las mujeres, sin tener en cuenta (o sí) que esa presión es, precisamente, la que las ocasiona problemas psicológicos, más cuanto más vulnerables son. No es fácil entender que el aborto sea legal cuando sus representantes de Madrid provocan miedo y culpa. Muchas de ellas pueden buscar otras vías arriesgadas, que son las que verdaderamente ponen en peligro su salud y su vida.   

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Dra. Isabel Serrano Fuster, ginecóloga; Dra. Carmen Martínez Ten, ginecóloga; Dra. Concepción Martín Perpiñán, ginecóloga; Dra. Cristina Cámara González, médica de familia. Las cuatro firmantes son expertas en salud sexual y reproductiva.

El grupo mediático Libertad Digital celebra este año su 25º aniversario. El conglomerado, que agrupa a la emisora esRadio, dos periódicos digitales —Libertad Digital y LibreMercado— y una productora audiovisual —Cronos Multimedia—, festejó la ocasión con una gala por todo lo alto el pasado junio. 

El fundador, presidente y cara visible del grupo, Federico Jiménez Losantos, sentado junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, recibió el premio especial Libertad 2025, otorgado por el grupo que lidera, en un movimiento que recuerda al de Carmen Calvo recibiendo el premio Carmen Calvo, ampliamente criticado por Jiménez Losantos en su momento.

El premio que también se lleva año tras año es el del reparto publicitario madrileño. Las Administraciones que lideran los propios Ayuso y Almeida inflan de anuncios esRadio y Libertad Digital, los medios del grupo que lidera Losantos. Entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid destinaron al grupo 1,02 millones de euros en 2024.

El gasto del Ejecutivo de Ayuso es mayor, con 743.528 euros. Los restantes 274.136 fueron el desembolso del Ayuntamiento que lidera Martínez-Almeida. Estas grandes sumas se dan al mismo tiempo que, tanto el Gobierno autonómico como el municipal, apartan del reparto a los medios progresistas que no consideran afines, tal y como muestra la investigación 'Ayuso parte y reparte' de infoLibre.

A pesar de la línea editorial del Grupo Libertad Digital, radicalmente liberal en lo económico, la publicidad institucional, que es dinero público entregado directamente por Administraciones y Gobiernos, es fundamental para la supervivencia del mismo. 

El conglomerado tuvo en 2024 unos ingresos de 13,83 millones de euros, según las cuentas que presentó ante el Registro Mercantil. El resultado de las cuentas anuales fue positivo, pero solo por 477.777 euros. Sin el millón de Ayuso y Almeida, el saldo hubiera sido negativo.

Aun así, ese millón no va íntegramente a las arcas del grupo, ya que el gasto de las Administraciones incluye el IVA que estas tienen que pagar. Al tratarse de un impuesto, no lo ingresan los medios. Por tanto, tras descontar el tributo, Grupo Libertad Digital percibió 841.045 euros netos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Únicamente sin la parte de la Comunidad —614.486 euros sin IVA—, los medios de Losantos ya habrían terminado 2024 con un resultado negativo.

Lo cierto es que el Grupo Libertad Digital vive fundamentalmente de la publicidad. Según sus cuentas, esta supuso, entre la institucional y el resto, el 90,21% de sus ingresos en 2024. 

La publicidad y los acuerdos con Administraciones públicas también son fundamentales. Supusieron, según las propias cuentas del grupo, 2,84 millones de ingresos el año pasado: uno de cada cinco euros que entraron a sus arcas. Y cerca de un tercio de esos ingresos institucionales vinieron directamente de los Gobiernos de Ayuso y Almeida.

Ni en el caso de la radio ni en el del digital las audiencias justifican los emolumentos recibidos de ambas Administraciones madrileñas. Por poner un ejemplo: en enero de 2024 Libertad Digital contaba con una tercera parte de la audiencia que tenía elDiario.es. Aun así, ese año el digital de Jiménez Losantos recibió cuatro veces más dinero que el de Ignacio Escolar de la publicidad de la Comunidad de Madrid y nueve veces más del reparto del Ayuntamiento.

Esa inyección  sitúa al Grupo Libertad Digital como el séptimo que más se lleva de la tarta publicitaria de la Comunidad, por delante de grupos destacados como Vocento o Prensa Ibérica. En 2024 el gasto fue de 398.446 euros para esRadio y de 345.083 para Libertad Digital.

Tal y como ya ha explicado esta investigación de infoLibre, el gasto en la emisora de Losantos se traduce en 26.563 euros por cada décima de audiencia, lo que convierte a esRadio en la segunda más beneficiada en el reparto de Ayuso. Por ejemplo, la Cadena SER, aunque recibe más dinero en total, se tiene que conformar con 8.973 euros por cada décima de audiencia. Cuando se tiene en cuenta el número de oyentes, solo Radio Intereconomía sale mejor parada que esRadio.

A pesar de ello, a Jiménez Losantos parece no gustarle que se hable de sus ingresos por publicidad institucional. Cuando elDiario.es, allá por 2016, informó del trato preferencial que recibía Libertad Digital en materia de publicidad institucional del Gobierno central, entonces en manos del PP, el locutor cargó duramente contra el periódico, contra su director y contra la información publicada, que tachó de falsa a pesar de provenir de un informe del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy. El presentador dejó caer que emprendería acciones legales, pero nunca lo hizo. 

En su propia web, la cabecera principal del grupo, Libertad Digital, se presenta como "el diario nativo en internet más longevo de la prensa española". Lo cierto es que varios digitales nacieron antes y siguen en activo, como recoge un estudio del catedrático de Periodismo Ramón Salaverría. En lo que sí parecen ser los primeros es en la buena relación con Ayuso. La presidenta madrileña ha concedido al menos tres entrevistas en el último año a esRadio; la última, este mismo 15 de septiembre.

Lo que también ha hecho Ayuso es ampliar su inversión publicitaria en el Grupo Libertad Digital, donde gastó un 7,02% más en 2024 que en 2023. La cifra asignada a EsRadio, 398.446 euros, se ha mantenido estable, siendo este año inferior al anterior en un 0,05%. El incremento en términos de grupo se explica porque el gasto en la web Libertad Digital subió un 16,55%, de 296.084 a 345.082 euros. 

Aun así, el grupo también se puede dar por satisfecho por la parte de esRadio. La Comunidad ha reducido en 2024 la publicidad en todas las radios generalistas: en la SER, 95.849 euros menos que en 2023; en la COPE, 112.555 euros menos, y en Onda Cero, 29.223. Al lado de esos descensos, los 207 euros que se recortan a esRadio son una nimiedad. 

La única excepción a esas caídas en las radios generalistas es Onda Madrid, que al igual que el resto de medios públicos autonómicos, ha visto aumentar los ingresos en publicidad institucional procedente del Gobierno madrileño en lo que parece una maniobra financiera para sanear sus cuentas.

En cualquier caso, el aumento de la publicidad al Grupo Libertad Digital no se ha dado solo en la Comunidad de Madrid. De hecho, en el caso de Almeida es aún mayor. El Ayuntamiento de Madrid gastó un 71,55% más en publicitarse en el grupo el año pasado, pasando de 159.798 a 274.136 euros.

El consistorio de la capital destinó 166.745 euros a publicidad institucional en esRadio, un 54,21% más que en 2023, y 107.391 euros en publicidad para la web Libertad Digital. En el caso del digital, el aumento fue de un 107,44% respecto a 2023, más del doble. Así, entre ambas Administraciones han alcanzado este 2024 la cifra de un millón de euros para anunciarse en los medios del grupo, lejos ya de los 854.535 euros que desembolsaron en 2023.