Hay una escena que comienza a repetirse en este tiempo. Quizá les suene. Una empresa tecnológica entra en la conversación con un anuncio grandilocuente en forma de promesa grande y luminosa, casi moral: viene a arreglar un problema que los demás no han sabido (no hemos sabido) resolver.

Llegan con esa solemnidad mesiánica que tanto gusta en Silicon Valley y sus sucursales ideológicas: hablan de eficiencia, de innovación, de acceso, de soluciones. Donde otros ven un problema complejo, ellas ven oportunidades. Donde el periodismo reclama recursos, tiempo, independencia y oficio, ellas prometen atajos. ¿Les suena?

Y después de los fuegos artificiales pasa algo más viejo que el hilo negro: apartas la cortina del discurso y detrás no hay solución, hay extracción.

¿Y por qué nos tienden una y otra vez la misma trampa? Porque es casi imposible que el trabajo de desmontar esas promesas acapare la notoriedad que sí se consigue con sus anuncios. A no ser que el propio periodismo ponga pie en pared, que es exactamente lo que acaba de ocurrir con el caso de Nota, una empresa estadounidense que, usando Inteligencia Artificial, se presentaba como la solución definitiva a los llamados “news deserts”, esos territorios donde el cierre de medios locales ha dejado a la ciudadanía más desinformada y más sola. 

Para esas comunidades desatendidas informativamente, la empresa prometía generar artículos a partir de notas de prensa e información institucional, con el apoyo de herramientas de IA. Lanzó once webs disfrazándolas de buenas causas: cobertura bilingüe, herramientas cívicas… y acabó cerrándolas cuando el periodismo de verdad hizo su trabajo. Sendas investigaciones del medio local Axios Richmond y el Instituto Poynter descubrieron decenas de citas, frases y fotografías plagiadas de casi una treintena de medios locales y del trabajo de medio centenar de periodistas. Al final, Nota se convirtió en ejemplo de la paradoja perfecta (y terrible): se proclamó reparadora del vacío informativo y lo rellenó, en parte, con el trabajo de los que realmente estaban informando.

Lo inquietante no es el plagio, sino el marco mental que lo hace posible: la idea de que el periodismo es un residuo aprovechable, un yacimiento que expoliar, una cantera de textos, imágenes y preguntas ajenas que alguien puede trocear, empaquetar y redistribuir con una capa de tecnología. Como si la información fuera una materia prima gratuita y no el resultado de llamadas, horas de documentación y archivo, contrastes incómodos, protección de fuentes, conocimiento del terreno y ética de la responsabilidad. 

El problema no se limita a este caso. El sector tecnológico lleva años ensayando la misma coreografía: primero aparece un relato de una solución innovadora, después llega el uso de materia prima ajena para alimentar la máquina. Y, en muy pocos casos, las denuncias. Nada nuevo bajo el sol. Ocurrió con Perplexity, que se presentó como la fórmula definitiva para acceder al conocimiento de forma limpia, útil e inteligente. Poco después, Forbes la acusó de apropiarse de texto e imágenes de un reportaje de investigación exclusivo y la revista WIRED documentó prácticas de scraping (rastreo de información de forma encubierta). Más tarde llegaron los programas de reparto de ingresos y las palabras de aprecio hacia los editores de medios de comunicación. Primero, la apropiación. Después, la alianza.

La historia se repite con variantes. OpenAI ha firmado acuerdos con multitud de grupos mediáticos, como la agencia de noticias Associated Press, la editora de medios Axel Springer o periódicos como Le Monde o El País, que se presentan como colaboraciones para explorar los usos beneficiosos de la inteligencia artificial y fortalecer el papel del periodismo en el nuevo entorno. La pregunta ética es pertinente: ¿de verdad podemos llamar ‘alianza con el periodismo’ a un ecosistema que primero se alimenta de la producción periodística y después decide con quién firma y a quién deja fuera?

Esta dinámica tiene todavía una versión más refinada del mismo impulso de vaciar el periodismo mientras se habla en su nombre, que no pasa por copiar frases, fotografías o párrafos, sino por emular la función económica del periodismo. En esta versión encajan como un guante los resúmenes generados por IA de Google: usted le pregunta al buscador y éste le responde directamente a su pregunta sin salir de la plataforma, rompiendo el vínculo entre quien informa y quien lee. Usted lee lo que un periodista ha investigado o escrito, pero no llega a ser consciente del trabajo que hay detrás porque… la atribución se la lleva Google. No es plagio, pero participa de la misma lógica extractiva: usar el fruto del trabajo de otros para retener la atención, el tiempo y el negocio.

En este contexto, los periodistas sobran (hasta que hacen falta). Sobran cuando hay que pagarles, sostener las redacciones, respetar la autoría de los textos y las fotografías, invertir en coberturas o defender judicialmente hasta la última coma de lo publicado. Pero hacen falta (y mucha) cuando se trata de alimentar las máquinas. 

Por eso conviene desconfiar de los salvadores del periodismo que no aceptan ninguno de sus deberes y de todos los que hablan de libertad informativa pero no se preocupan por la rendición de cuentas. La tecnología puede (y debe) ayudar. Faltaría más. Puede servir tanto al periodismo como al lector, pero no puede ocupar el lugar de los medios cuando los vacía de su valor económico; no puede llamarse aliada ni puede pedir confianza después de haber confundido innovación con expolio. No necesitamos más salvadores del periodismo. Precisamente ahí empieza nuestro trabajo, cuando termina el discurso de los supuestos salvadores.

Ya no. Como antes. He ahí dos pasos de la letanía periodística del acabose. No lo pronuncian los periodistas, también sus protagonistas. El cine ya no, la política ya no, las novelas ya no, las empresas ya no, los trabajadores ya no, el fútbol ya no... Como antes. 

Una cosa hermosa de este oficio de impostores es que es termómetro de la actualidad hasta sin querer. Le mide la fiebre y la infección. La montaña de titulares que cada semana pivotan alrededor del “ya no”, “como antes” revela que la velocidad del mundo, a juicio del periodismo o de sus protagonistas, no convoca transformaciones positivas o ambivalentes, solo declive. Leyéndonos, el mundo no cambia, el mundo muere. Es cierto que nada es como antes. La modernidad supuso eso: el fin del tiempo circular, el fin de los destinos atados a la servidumbre, el fin de la biografía escrita en el apellido como celda de la que es imposible escapar. El final del “así se ha hecho toda la vida”. Toda la vida, he ahí otra expresión que confunde historia y biografía. La innovación científico-técnica y la movilidad social son el disparador de la modernidad, que no es otra cosa que un mundo de orden cambiante, un mundo en que ya nada es como antes cada década.

El universo de las certezas murió con las revoluciones burguesas, gracias a dios, porque certeza era la única posesión de un campesino del siglo XVIII, la certeza de que comería gachas de harina y agua hasta el fin de sus días y que, con toda seguridad, sus hijos tendrían una vida mísera idéntica a la suya. Si sobrevivían a la infancia, claro. Ese era un mundo de orden y certezas. Sin embargo, en los albores de la revolución digital, cuando la población occidental vive más y sufre menos que en ninguna etapa histórica anterior, el periodismo sirve un menú con “ya no” de primero y “como antes” de segundo, con postre de tarta de queso. Casera, como la de tu abuela, no faltaba más.

Ante una sociedad cambiante, el periodismo tiene tres posibles liturgias: describir la transformación, lamentar el declive o proclamar la hipérbole (tremendista o utópica). La superioridad estadística de la primera opción es arrolladora y si sumamos las hipérboles tremendistas, es obvio que la mirada que lanzamos, no ya sobre el futuro sino sobre el presente, es una ceremonia fúnebre sobre un mundo que se fue. El lenguaje que usamos a duras penas se emancipa del dramatismo. Crisis, declive, amenaza, fin… El mundo no cambia, se acaba. Tal vez porque Occidente es una población envejecida y longeva, que es la que se tiene que acabar —nos acabaremos— en vez de cambiar, el caso es que es difícil separar la escasez de jóvenes y la abundancia de viejos de esa mirada fúnebre al futuro. El periodismo atiende un mercado compuesto por lectores, oyentes y espectadores que ya le han dado la vuelta al jamón y que solo pueden esperar una cosa de lo venidero: desaparecer convertidos en polvo. Ese es el cliente con poder adquisitivo y que sigue atendiendo la jerarquía de los medios —ven la tele, escuchan las noticias e incluso leen periódicos, digitales o no—, y ese es el producto que servimos. Porque el periodismo que gusta es el que refrenda lo que uno ya pensaba antes de leer o ver nada nuevo, y ese refrendo a menudo consiste en subrayar el estado de ánimo de quien ya está más cerca de la meta que de la salida. La radical transformación de la industria de la comunicación hace que el oficiante sea, él mismo, también un señor mayor que sufre por la creciente y acuciante proximidad de la fachada del panteón. 

Quiere decirse que el “ya no” y el “como antes” no describen el mundo, describen al cliente principal del periodismo y, a veces, al periodista. El escritor Jorge Dioni López llamó a este fenómeno el “ego-ovni”: confundir tu culo con el mundo. El anhelo de certidumbre y orden, el anhelo de la antigüedad premoderna, es en realidad la melancolía de una circularidad que funciona como trampantojo emocional porque si nada cambia, nada muere. Empezando por nosotros mismos. La prensa no está obsesionada con la decadencia, o no demasiado, más allá de abrazarla como acto reflejo, lo que está es especializada en traducir la experiencia íntima del paso del tiempo en un relato colectivo sobre las congojas de su cliente. El periodismo, como todo negocio, adula al cliente. Consuela.

Es evidente que esa angustia oficiada por los medios convoca posiciones reaccionarias y, en tanto estado de ánimo del mundo, hábitat dramático del presente, ha contagiado a los jóvenes —los occidentales, claro—, también convencidos de que todo se está yendo al garete. Cualquier observación fría de los factores de desarrollo humano en Occidente desmiente tal pretensión. Y en el caso de los mayores, la nostalgia de circularidad es, en todo caso, aparente y tiene mucho de autosugestión, de hipocresía, porque la calidad de vida del larguísimo último tercio de la vida, aderezada con toda clase de avances —uno de los principales, en un mundo aún gobernado por hombres mayores, es la famosa pastillita azul— hace que el hambre de orden sea solo fingida. El reaccionarismo cultural y político que vivimos, ensimismado, es antes que la fundación de una granja donde esperar que los días nos mezan y consuman, la última cabalgada del cowboy, de ahí que sea precisamente el reaccionarismo el que demuestra una y otra vez con sus votos que ansía desorden y revolución. El mantra “la gente quiere orden” lo desmonta el corte de población de los que votaron a favor del Brexit, abuelos destruyendo su propio mundo para sus hijos, como lo desmontan los triunfos de Javier Milei, Donald Trump o Benajmin Netanyahu, agentes evidentes y conocidos del caos. Detrás del libertarismo no hay sino hambre de antigüedad, selva y castas. Los mayores no tienen hambre de orden, solo lo fingen mientras preparan La Grande Bouffe.

Así que tenemos pocos jóvenes, contagiados del pánico a la muerte que tienen sus viejos, y una gente mayor que está dispuesta a desordenar el mundo en pos de una fiesta final, aunque los que se queden a recoger cristales, botellas vacías y calcetines de dudosa procedencia sean sus hijos y nietos. Como literalmente ha ocurrido en el Reino Unido. Nadie recuerda ya que “no puedes detener los cambios, como no puedes detener la puesta de los soles”, dijo Shmi Skywalker. Así que se opta por montar fiestas que celebran tradiciones fingidas, como la recién ultimada Semana Santa, que hoy que ya casi nadie cree se celebra en muchísimas ciudades en las que jamás nuestros abuelos anduvieron detrás de un paso, como si los capirotes hubieran sido una realidad en localidades que solo los habían visto en el No-Do. El orden y la tradición, como vemos, son en realidad desorden e inventos.    

Pronto será 20 de abril, una canción publicada en 1991 por Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), que fue escrita en forma de carta fechada en 1990 y que hablaba, desde la melancolía de la edad madura, de unos años ochenta y una juventud perdidos para siempre en un lejano pasado acontecido cinco años antes, poco más o menos. Treinta y cinco años después de publicarse el éxito de la banda de Valladolid, manoseamos con añoranza el recuerdo de haber recordado con mejor añoranza. Aquella morriña de 1985 escrita en 1990 sí era bonita, y no la de hoy. Ya no sentimos nostalgia como antes. No añoramos la cabaña del Turmo, añoramos la tarde en que escribimos una carta añorando la cabaña del Turmo. “Ya no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado”. A dios gracias. Hasta la decadencia decae. Somos de risión.

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Gracias a la advertencia de nuestro socio ‘Sextilio’, corregimos el desliz sobre el nombre de la cabaña de Celtas Cortos: Turmo, no Turbo. ¡Gracias!

El periodista Diego Carcedo, quien fue director de los Servicios Informativos de TVE, director gerente de Relaciones Internacionales de RTVE y director de RNE, ha fallecido este domingo en Madrid, han confirmado fuentes de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) de la que era presidente de la sección española.

Nacido en Cangas de Onis (Asturias) el 24 de marzo de 1940, Carcedo inició su trayectoria profesional en la prensa escrita, pero pronto encontró en la radio y la televisión públicas el espacio donde desarrollar su vocación.

Su nombre ha quedado ligado a RTVE, donde desarrolló casi toda su carrera profesional: desempeñó múltiples responsabilidades, desde corresponsal en el extranjero hasta director de informativos y máximo responsable de Radio Nacional de España (1991-96).

Además fue miembro del consejo de administración de RTVE (1996-2007) y en 2018 presidió el Comité de Expertos para proponer los miembros del consejo de administración de RTVE y optó a presidir la Academia de Televisión.

Los comienzos como periodista de este diplomado en Periodismo por la antigua Escuela Oficial de Madrid y licenciado en Historia se sitúan en el diario ovetense 'La Nueva España' (1965-1968).

Siguió su carrera como redactor y corresponsal de la agencia Pyresa y del diario 'Arriba'. Fue enviado especial en América a la "guerra del fútbol" entre Honduras y El Salvador (1969) o al terremoto de Áncash (Perú, 1970).

Ya en 1974 ingresó en TVE, donde fue redactor y enviado especial y donde realizó gran parte de su labor en el programa 'Los reporteros', que le permitió viajar a más de un centenar de países.

Cubrió acontecimientos como los últimos días de la guerra de Vietnam con la evacuación de Saigón (1975), el inicio del conflicto centroamericano, las diferentes guerras en Oriente Próximo, la Revolución de los Claveles en Portugal, el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende o los terremotos de Managua, Perú, Sicilia e Irán.

Una larga vida como reportero que le llevó a entrevistar a más de treinta jefes de Estado y de Gobierno.

En 1978 pasó a ser corresponsal de TVE en Portugal, desde donde narró en directo la Revolución de los Claveles, y ya en el 84 ocupó la jefatura de la corresponsalía de TVE en EEUU, cargo en el que permaneció tres años, cuando fue destituido junto a otros siete corresponsales más por la entonces directora general de RTVE, Pilar Miró.

Tras su cese, pidió la excedencia en TVE y trabajó como delegado de la agencia EFE en Nueva York, como corresponsal en esta ciudad para el semanario 'El Independiente', como director de un servicio de noticias para su distribución en América y también colaborador de varias cadenas de televisión de ese país.

Ya en 1989 reemplazó al frente de los Servicios Informativos de TVE a Julio de Benito. Fue hasta febrero de 1990, año en que fue sustituido por María Antonia Iglesias.

Pasó a ocupar la dirección de Relaciones Internacionales de RTVE para después ser nombrado en el 91 director de RNE por García Candau. Cinco años después, tras la toma de posesión de Mónica Ridruejo en la Dirección General del ente público, fue sustituido como director de RNE por Javier González Ferrari.

De julio de 1996 a enero de 2007 fue miembro del consejo de administración de RTVE, a propuesta del PSOE y dentro del cupo del Senado. Su relevo se produjo cuando se formó el primer consejo de administración de la nueva Corporación RTVE.

Entre octubre de 2006 y de 2010 fue presidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y desde 2007 presidía la sección española de esta organización, de la que es su secretario general Miguel Ángel Aguilar.

Entre otros galardones, ha recibido el Premio Cirilo Rodríguez de Periodismo (1985), la Antena de Oro extraordinaria de 1992 y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y TV (1996).

Es autor de numerosos libros como 'Fusiles y claveles' (1999), 'Un español frente al holocausto' (2000) y de 'Entre bestias y héroes. Los españoles que plantaron cara al holocauto', que fue Premio Espasa de Ensayo en septiembre de 2011, entre otros.

La capilla ardiente por Diego Carcedo se instalará en el Tanatorio de Majadahonda (Madrid) y estará abierta de 12:00 a 20:00 horas

La necrológica es un territorio peculiar del periodismo porque es tal vez el único en el que el periodista tiene la última palabra de forma irreversible. Cuando el periodista Arcadi Espada aún sabía combinar perspicacia con humor afilado —antes de su conversión en un gritón Savonarola—, elaboró un decálogo para la escritura de obituarios que ayudaba a lidiar con las singularidades y paradojas a las que obliga el género. Decía así:

1. Tenga en cuenta que usted sigue vivo. 

2. Evite ponerse (por si acaso) en el lugar del muerto, tipo al él le habría gustado así. 

3. Evite las cartas a tumba abierta, tipo allá donde estés amigo quiero que sepas.

4. Evite convertir una muerte natural en un suicidio, tipo se fue tan discretamente como había vivido. 

5. No espere una mejora en su conducta, tipo aquel necrologista que riñó a su muerto. 

6. Sobre todo no hable de su sonrisa, tipo nos acompañará siempre. 

7. Si siempre ocultó lo que pensaba realmente sobre él haga ahora un pequeño y postrero esfuerzo. 

8. Examine si supone un acto de respeto haber esperado a su muerte, tipo ahora ya se puede desvelar cómo. 

9. No olvide jamás que la necrológica que está escribiendo puede acabar resultando lo único vivo que quedé de él. 

10. Y dado que en algún caso, aunque escaso, el muerto se ha levantado y ha leído escriba usted siempre con las precauciones propias del que espera réplica. 

La primera regla de Espada puede parecer un chiste pero apunta un asunto muy serio, la asimetría absoluta entre el que escribe y el que es escrito. La misma anomalía que, a modo de amenaza, se repite en el cierre del decálogo. El muerto ya no puede protestar, matizar, corregir ni discutir el relato o el retrato, que ambas cosas puede y debe ser un obituario. Y esa disimilitud genera dos tentaciones demasiado habituales, la canonización sentimental y el ajuste de cuentas póstumo, dos formas de abuso de poder narrativo. Precisamente, de esa cualidad narrativa que exige la tarea de contar una vida tratan los mandamientos tercero, cuarto y sexto, porque describen los más manoseados lugares comunes —pensamientos prêt-à-porter—y las perspectivas más ramplonas. Son tan habituales porque delatan la delicada relación que tenemos con los muertos, es decir, con la muerte: lo inefable nos abisma, de modo que solo podemos relacionarnos con ello a través de una liturgia —espiritual o laica—, es decir, de códigos y rituales, convenciones, como las frases hechas que repetimos en los tanatorios y que nos salvan de la obscenidad insoportable que es la muerte misma. Pero el periodista de necrológicas —y sí, escribir obituarios también fue ocupación habitual del arribafirmante durante casi una década— ha de ser un poco más exigente respecto a su tarea. Asumir el luto discreto y pudibundo que se le supone a la labor necrológica —similar al del empleado de funeraria— conlleva una documentación rigurosa y cierta ambición en el verbo, evitando la impresión de pereza o rutina que siempre trasladan las frases hechas, tan imprescindibles y eficientes sin embargo en el velatorio. 

La prohibición “evite ponerse en el lugar del muerto” es sustantiva porque hablar por el que no está es un ejercicio de prepotencia y, demasiado a menudo, no es más que una treta para patrimonializar un cadáver —“los que tuvimos la suerte…”— o, más frecuentemente, una proyección psicológica. Se diría que los periodistas no buscamos sentido a la vida y muerte del otro, sino a las nuestras. El muerto se convierte en pretexto para un estriptis sentimental del vivo, un autorretrato moral del autor del réquiem. Oscar Wilde nos enseñó cuál era el destino tremendo de los retratos morales, en un desván, cubiertos por una sábana y polvo, mientras Dorian se burla del tiempo y de la muerte en los prostíbulos. 

Como el dolor es un atributo de autoridad y soberbia —sufro, luego importo; cuanto más sufro, más importo—, apuntarse al grupo de las plañideras es una forma de darse pisto hablando con cercanía del que ya no puede defenderse de nuestras lágrimas ni de nuestras babas. Si uno confunde la elegía por el amigo muerto con la necrológica, puede convertir tan digna función periodística en la más narcisista y pornográfica forma del periodismo. La hagiografía, la carta de pésame y el testimonio doliente no son un género del periodismo, aunque aparezcan en un periódico, y no tienen nada que ver con la necrológica (este detalle se le escapó al sagaz Arcadi). A la nota necrológica le ocurre como a la crónica política: solo se puede hacer bien desde la distancia física, personal o retórica con el concernido.  

El séptimo mandamiento de ley de Espada, tal vez el más chispeante (“si siempre ocultó lo que pensaba realmente sobre él…”), nos pide modestia y respeto en el ejercicio de la necrológica. Una necrológica no puede estar guiada por el afán de ser la última oportunidad de verdad y un redactor de obituarios debe controlar el afán redentor o moralista. El octavo también previene de los excesos de la amistad y de la enemistad, y el noveno es una llamada explícita a la responsabilidad inherente a la condición de redactor de obituarios en los términos en que se expresan el primero y el décimo, y por eso en el noveno no hay ápice de ironía. Es una advertencia brutal sobre el poder archivístico del periodismo. El sexto es simplemente una advertencia contra los cursis, que son una plaga que apesta el mundo untándolo en melaza. Y por eso es importantísimo. Podríamos seguir. 

El decálogo de Espada, además de un divertido y sagaz entretenimiento, es una seria advertencia para no sentimentalizar la muerte y no apropiarse de ella. La necrológica, a diferencia de Las Coplas de Jorge Manrique, debería ser un ejercicio de sobriedad narrativa. Ni elegía literaria, ni ajuste de cuentas, ni ceremonia de amigotes. Tan solo consiste en contar aproximadamente bien quién fue alguien y por qué es un muerto público y no privado. Es decir, por qué debe importarle al lector —al oyente, al espectador…— esa pérdida, no por qué le importa a quien firma. La necrológica bien entendida es una versión escueta y florida de la nota biográfica, no la versión lúgubre del padrino beodo que coge el micrófono en el banquete de boda.  

El drama que nos ocupa, como los avezados lectores de esta trinchera habrán percibido ya, es que las cartas gemebundas —escritas, literalmente, a tumba abierta—, las estatuas ecuestres y los monumentos tumularios han orillado cuando no sustituido el noble y severo oficio del obituario, porque la emoción, la épica y la propaganda son vehículos de comunicación mucho más inmediatos y eficaces que la información.

La paradoja es contemplar con qué facilidad los textos funerarios escritos desde el dolor intenso de la proximidad o desde el elogio desmesurado, en lugar de verse enriquecidos por el anecdotario que exhiben, a menudo se ven como un manojo de sucedidos, más o menos pintones, que en lugar de humanizar el cuerpo presente cincelan un arquetipo, una caricatura, una reducción del cadáver a muñeco. 

Las necrológicas sucesivas por Gregorio Morán, Fernando Ónega y Raúl del Pozo, además de ser un sepelio por una España senil, que ya iba siendo hora, han compuesto bocetos más o menos merecidos y aproximadamente justos del disidente militante y enfadadísimo, del impertérrito y cortés periodista de Estado y del amigo de francachelas en establecimientos de dudosa reputación.

A menudo, cuando fallece un notable, muere una época. Así que las crónicas de incienso por estos tres respetados periodistas son también añoranzas. Melancolía. Nostalgia por una izquierda combativa, ceñuda y viril, por una España de consensos verticales descendentes y perfumados, y, por último, por un periodismo con olor a Ducados y ajo. En las necrológicas de Morán aparecía el retrato del disidente impertinente hasta el empacho, el columnista molesto, el eremita del malhumor, el escritor que había hecho de la venganza intelectual una forma de vida y del insulto feroz una literatura. En las necrológicas de Ónega se despedía al cronista de la Transición, al periodista que había estado en el centro mismo del relato político y que representaba una forma institucional del periodismo, la del profesional respetado por todas las tribunas y por todas las generaciones. Y en las de Del Pozo asomaba una elegía bohemia del oficio, la caricatura del columnista de conversación interminable que mira escotes, el conversador de madrugada, el hombre, muy hombre, que entendía el periodismo también como una forma de sociabilidad, como una lealtad, como una manera masculina de habitar el mundo.

Pero la necrológica no revela tanto al muerto que yace como al vivo que escribe. Y con los escribientes los tres han sido afortunados. Raúl del Pozo tuvo la suerte de que su cadáver fue robado por sus amigos de gaudeamus. La ventura de Ónega fue que la apropiación del cuerpo la hicieron las instituciones del Estado. Y, en fin, seguramente Morán ha sido el que ha tenido más suerte. Porque no había otro Morán vivo para escribir su obituario, como tantas veces hizo él, sin piedad, humanidad ni recato, con tantos camaradas de cuerpo presente a los que aun quiso matar después de muertos.

Y más allá: en estas dos últimas semanas hemos sabido que Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el FBI, que Rita Maestre está siendo acosada en su casa desde marzo del año pasado y que dos hombres han sido detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra a través de redes sociales. 

Sin restar gravedad a la violencia verbal, no se sabe cuándo estas palabras pueden pasar a los hechos. Ni quién será la próxima. La pregunta que estos matones misóginos quieren provocar es: ¿vale la pena? Yo pensaría que claro que no y, sin embargo, ellas siguen ahí. Y sí da miedo. ¿Hay que abandonar ciertos espacios? 

Hace unos días, vi una serie nórdica, se titula Un hombre mejor. Cuenta la historia de Tom, un trol machista y solitario que detrás de un seudónimo pasa la vida acosando a mujeres a través de redes sociales. La serie arranca con una voz que dice: “La agenda del feminismo radical aquí está ligada a tal nivel de prestigio que el precio se oculta a toda costa. El hombre escandinavo está deprimido, les quitan a sus hijos, satura las cárceles y las estadísticas de suicidio. Noruega ama la fragilidad y odia a los hombres auténticos. ¿Y quién ha provocado ese desastre? El feminismo estatal. El poder vaginal de Noruega avergüenza a los triunfadores y hace creer a los ciudadanos más incompetentes que son perfectos solo por intentarlo”. Me resuena. Una noche, escribe unas amenazas de violación contra una cómica feminista. Unos hackers revelan su identidad y empieza la trama de esta miniserie que les recomiendo ver. 

Más de la mitad de los hombres españoles de 15 a 29 años ven el feminismo como una herramienta de manipulación política y en el caso de las mujeres roza el 39%, según el barómetro de Fad Juventud. España lidera en Europa la percepción de que la igualdad discrimina a los hombres: lo cree el 49% de la población. “Me echaría antes una pareja de 200 kilos que no sea feminista que al mayor modelo de Victoria’s Secret que sí lo sea”, dice un usuario de Tik Tok. Cuánta misoginia puede contener una sola frase. 

Lo que no puede ser es que el mismo dedo que señala al feminismo como un movimiento agresivo se olvide casi siempre de apuntar hacia el daño que ha hecho y hace la violencia de género: 1.354 mujeres muertas desde que empezaron a registrarse las cifras en el año 2003. Once mujeres asesinadas en lo que va de año, el doble que en 2025. Eso sí me parece agresivo, eso sí me parece radical. Se pide al feminismo que rebaje sus formas mientras no se hace nada para que la violencia que se extinga. Es la misma reacción por la que se castiga a la persona que denuncia. 

Del troleo en redes a la agresión física. De la falta de educación y debate a que llamen a la puerta de tu casa en plena noche mientras tus hijos duermen. De los insultos machistas y la revelación de datos personales a la persecución callejera. ¿Funcionará esa herramienta llamada Hodio que se ha presentado esta semana para monitorear la toxicidad y violencia en las redes sociales? Lo que no acabo de entender es qué hacen los gobiernos alimentando las mismas redes que van a vigilar, los espacios donde se produce esa violencia. Quizá no debería ser un canal de comunicación institucional y quizá tampoco debieron entender el “zasca”, una onomatopeya para el golpe brusco, como lenguaje político.

Todos los periodistas de guerra han sufrido agresiones durante sus coberturas y el 54% presenta síntomas de estrés postraumático, según un informe elaborado por la Universidad del País Vasco (EHU) que recoge EFE. 

El estudio, titulado Caracterización y condiciones de seguridad de periodistas españoles que cubren conflictos internacionales, ofrece un diagnóstico sobre la realidad profesional y las condiciones de seguridad de quienes ejercen el periodismo en escenarios de conflicto bélico.

El informe, que ha sido hecho público este jueves por la EHU, ha contado con la participación de 85 periodistas de guerra españoles, con unas medias de edad de 48 años y de 14 años de experiencia en la cobertura de conflictos internacionales, y constituye el análisis más completo realizado hasta la fecha en España sobre esta materia, según ha destacado el centro académico.

Este trabajo, que analiza de manera integral la seguridad de los periodistas en todas las fases de la cobertura -antes, durante y después de la guerra- y en los ámbitos laboral, físico, psicológico y digital, forma parte del proyecto Josafcon -Journalist Safety Research Project-, liderado por el Grupo de Investigación Bitartez de la EHU y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se basa en un amplio cuestionario diseñado específicamente y recoge las experiencias de 85 periodistas de guerra, con una equilibrada representación de género (50,5% mujeres), distintas vinculaciones laborales y de entre los 26 y los 70 años. 

Los profesionales que han participado en el estudio acumulan experiencia en múltiples guerras de los últimos 35 años, como Irak, la antigua Yugoslavia, Afganistán o Siria, y la mayoría ha cubierto los conflictos de Ucrania y Gaza. 

Desarrollan su labor en prensa, agencias, medios digitales, revistas y radios y televisiones públicas y privadas, y según la investigación los periodistas autónomos y colaboradores afrontan peores condiciones de seguridad que los de plantilla.

Los resultados del estudio reflejan una exposición generalizada a la violencia y un impacto psicológico elevado, indistintamente de la categoría profesional, la vinculación laboral con los medios y las características individuales de los periodistas que cubren las guerras. Todas las personas encuestadas han sufrido al menos una agresión en el ejercicio de su trabajo, con una media de casi ocho tipos distintos de violencia a lo largo de su carrera. 

Más de la mitad de ellas (54%) superan el umbral clínico de sintomatología de estrés postraumático, pero solo una minoría ha recibido diagnóstico o apoyo especializado. También se pone de relieve en el informe la falta de apoyo psicológico tras las coberturas bélicas, ya que el 97% de los periodistas desconoce la existencia de protocolos de acogida, y los medios para los que trabajan rara vez se interesan por su bienestar psicológico.

Según el estudio, este ámbito sigue siendo tabú en la profesión y, ante su carencia, el apoyo recae principalmente en redes informales, como colegas en el terreno, pareja y amistades. El informe subraya que la seguridad del profesional no se limita al uso del chaleco antibalas, sino que depende de un ecosistema más amplio que incluye estabilidad laboral, formación, recursos adecuados y apoyo psicosocial antes, durante y después de la cobertura. 

La mejora de estas condiciones es una responsabilidad de los medios y necesita una respuesta conjunta de instituciones nacionales e internacionales, según se destaca en el estudio.

Leire Iturregui, profesora del Departamento de Periodismo de la EHU e investigadora principal del proyecto junto a la catedrática María José Cantalapiedra, ha destacado que el objetivo es impulsar el debate profesional y académico, así como "aportar evidencia empírica, para contribuir al diseño de políticas públicas que permitan avanzar hacia una cultura de seguridad más robusta en el periodismo de guerra español".

El periodista y escritor Raúl del Pozo ha fallecido en Madrid a los 89 años, según ha informado el diario El Mundo, en el que colaboraba, y ha recogido EFE.

Nacido en 1936 en Mariana (Cuenca), ha sido un referente del columnismo político y ha ejercido como reportero, cronista parlamentario y analista político.

Inició su trayectoria en el Diario de Cuenca, y además fue director adjunto del diario El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires, e inició en 1991 su colaboración con El Mundo, periódico que este martes le dedica un obituario escrito por Antonio Lucas, titulado: 'Muere Raúl del Pozo, el último bucardo del periodismo, después de mil vidas'.

Participó en debates y tertulias televisivas y dirigió el programa Entre dos luces de TVE.

Fue galardonado con algunos de los premios más importantes del mundo del periodismo (el Pedro Rodríguez, el González-Ruano y el Mariano de Cavia, entre otros), y era además autor de una destacada obra literaria.

Nacido en Mariana (Cuenca) el 25 de diciembre de 1936, inició su carrera profesional como colaborador del Diario de Cuenca en 1960, donde trabajó hasta 1963.

De 1967 a 1981, fue auxiliar de redacción del diario Pueblo, donde ejerció como comentarista político con el seudónimo Falstaff, y como corresponsal en Buenos Aires, Moscú, Londres, Lisboa y Roma.

Durante ese periodo, colaboró también en el diario Informaciones, y los semanarios La Calle, Guadiana, La Codorniz y Líbera. Raúl Júcar fue el seudónimo que utilizó en su etapa de redactor de Mundo Obrero (órgano oficial del Partido Comunista de España) entre 1976 y 1981.

Ese último año, comenzó a trabajar en la revista Interviú, y en 1985 fue galardonado con el Premio de Periodismo Pedro Rodríguez.

Fue director del programa Entre luces en TVE y en abril de 1982 participó en la fundación del semanario El Independiente, del que fue adjunto a la dirección desde 1987 y hasta el cierre de la publicación en octubre de 1991.

Desde 1991 Raúl del Pozo era columnista y cronista parlamentario del diario El Mundo, medio en cuya última página publicaba desde diciembre de 2007 la columna El ruido de la calle, espacio en el que escribía Francisco Umbral hasta su fallecimiento.

Compatibilizó esta actividad con colaboraciones en distintas tertulias como Día a día (1998-2001) y Cada día (2004-2005), ambas presentados por María Teresa Campos en Telecinco y Antena 3 TV, respectivamente; desde diciembre de 2006 en la sección El ring del programa Espejo Público, en Antena 3 TV; desde diciembre de 2009 en el espacio La Vuelta a El Mundo, en Veo TV; mientras que en radio participó en Onda Cero en La brújula y en Herrera en la Onda.

En Onda Cero, participó estos últimos años en el espacio Más de uno con la sección semanal Viva el vino.

Durante su trayectoria periodística fue reconocido con algunos de los premios más prestigiosos del periodismo español, como el Premio de Periodismo Pedro Rodríguez; Premio Francisco Cerecedo (1989); Premio González-Ruano (2005); Premio Mariano de Cavia (2008), y el Premio ABC Cultural & Ámbito Cultural (2009).

Además de estos galardones, estaba en posesión también del Premio a la labor periodística Manuel Sanmartín (1991); el Premio de Comunicación Ciudad de Marbella (1996), el Premio Club de la Escritura (1997), el premio del Club Internacional de Prensa (2007), Premios de las Artes y la Ciencia (2008) y el premio Comunicador del año 2008 de la revista GQ. 

En 2025 recibió el Premio de Periodismo Joaquín Romero Murube, otorgado por el diario ABC de Sevilla por su artículo 'Los Machado se querían', donde analizaba la figura de los hermanos poetas.

Del Pozo estaba además en posesión de la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha (2017) y la Medalla de Honor de Madrid (2022).

Además, es autor de una importante obra narrativa, con títulos como Noche de tahúres (1994); La novia (1995); El reclamo (2011), Premio Primavera de Novela; Ciudad levítica (2001), o La diosa del pubis azul (2005). En 2017, publicó una recopilación de artículos, El último pistolero.

En octubre de 2000, la Policía desactivó un paquete-bomba con 170 gramos de pólvora dirigido al periodista que fue localizado en la estación Chamartín (Madrid) por un funcionario de Correos. El autor de los envíos, Eduardo García Macías, vinculado a grupos anarquistas, fue condenado en 2004 por esos hechos a cuatro años de cárcel. 

Raúl del Pozo era asiduo también de las tertulias del Café Gijón, en Madrid, al que definió como 'el ateneo canalla de nuestra cultura'.

Fernando Ónega, referente del periodismo en España, histórico cronista político y creador del famoso eslógan de Adolfo Suárez "Puedo prometer y prometo", ha fallecido este martes a los 78 años, según han confirmado a EFE fuentes familiares.

Ónega, nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, trabajó en numerosos medios de comunicación con distintas responsabilidades, y actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores 65ymas.com, que ha informado del fallecimiento.

Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez, como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase "puedo prometer y prometo", que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.

"Una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad y líder de la revolución sénior", recuerda en un comunicado 65ymas.com, que traslada su pésame "a su esposa Ángela, sus hijos Fernando, Cristina y Sonsoles Ónega", también periodistas.

"Asociado de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, con el número 207, la Junta Directiva de la APM lamenta profundamente su pérdida y transmite su más sentido pésame", ha escrito en su cuenta de la red social X la APM.

Entre sus últimos actos públicos, moderó junto a Iñaki Gabilondo un debate el pasado mes de noviembre en el Congreso sobre el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía, en presencia de los reyes. En junio, entrevistó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida para la revista que ha presidido hasta su fallecimiento.

García-Page ha destacado en su cuenta de X "su aportación decisiva durante la Transición", nada más conocerse el fallecimiento del periodista, cuya capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.

Fernando Ónega se graduó por la Escuela Oficial de Periodismo (1970) y posteriormente inició la carrera de Ciencias Políticas, que no concluyó. Trabajó como columnista de política nacional en los diarios madrileños Pueblo y Arriba, al que regresó tras dejar su puesto en La Moncloa.

Dirigió espacios en TVE, como Siete días (1978-1979) o Revista de prensa, y colaboró como comentarista político en el programa Hora 25 de la Cadena SER, dirigido entonces por Iñaki Gabilondo, y al que sucedió en febrero de 1981, días antes del intento de golpe de Estado, como director de los Servicios Informativos de la cadena radiofónica.

En la SER estuvo hasta 1985, año en que comenzó a trabajar en la cadena COPE como comentarista político y desde 1987, como director de los servicios informativos. Fue director del diario Ya entre noviembre de 1985 y octubre de 1986.

El 12 de julio de 1991 fue nombrado consejero delegado de Divercisa, empresa titular de las participaciones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en diversos medios de comunicación, como Tele 5, Onda Cero y Servimedia. Asimismo, entre el 26 de marzo de 1992 y el 3 de junio de 1993 fue director general de Onda Cero Radio.

Además, en julio de 1993 se incorporó como comentarista al informativo de medianoche de Tele 5 Entre hoy y mañana, dirigido por Luis Mariñas, y en 1995 sustituyó a Carmen Tomás como editor del informativo del mediodía de esa misma cadena.

En febrero de 1997 se incorporó al informativo de las nueve de la noche de Antena 3 Televisión, y un año más tarde, tras la incorporación de Ernesto Sáenz de Buruaga como director de los Servicios Informativos de la cadena y presentador de esa edición de las noticias, Ónega pasó a conducir la tercera edición. Ese febrero posterior se incorporó en Onda Cero al programa Protagonistas de Luis del Olmo.

En septiembre de 1999 fue nombrado director editorial de Telefónica Media (TM), puesto que ocupó hasta que el 20 de julio de 2000 fue nombrado director general de Onda Cero, que abandonó el 23 de enero de 2002 tras llegar a un acuerdo con la emisora.

Continuó colaborando en Onda Cero, como comentarista, y desde septiembre de 2004 en el programa de Carlos Herrera y desde abril de 2015, en el matinal que le sucedió, Más de uno, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Además, desde septiembre de 2015 hizo el comentario epílogo de La brújula. En Telecinco, participó desde enero de 2005 en la mesa de actualidad del programa de Ana Rosa Quintana.

También fue autor de los libros Puedo prometer y prometo. Mis años con Adolfo Suárez (2013), en el que rememoró sus años junto al expresidente; Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (2014), en el que incluye la primera entrevista con el monarca tras su abdicación; Qué nos ha pasado, España. De la ilusión al desencanto (2017), en el que analiza el cambio social y político desde 1977.

España es uno de los países europeos con condiciones laborales "muy malas y precarias" para los periodistas, junto a Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía, indicó este martes la Plataforma del Consejo de Europa para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los profesionales.

En su informe anual, esa Plataforma del Consejo de Europa -una organización que no forma parte de la Unión Europea y que vela por los derechos humanos en el continente- recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación sobre esas condiciones.

Únicamente dos de los 34 países analizados ofrecen buenas condiciones de trabajo a los periodistas: se trata de Dinamarca y Alemania, mientras que en otros cinco (Bélgica, Estonia, Finlandia, Países Bajos y Suecia), los riesgos para la seguridad de los reporteros son limitados.

"Las condiciones laborales de los periodistas son deplorables en la mayor parte de los Estados de la UE, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes", concluye el Monitor del Pluralismo.

Aunque España aparece en el furgón de cola en lo que respecta a las condiciones contractuales, eso contrasta con la situación de riesgo en el ejercicio de la profesión, que está lejos de ser de las más preocupantes.

En 2025, la Plataforma del Consejo de Europa lanzó seis alertas de amenazas graves para la libertad de los medios, una menos que en 2024, cuando para el conjunto de los 48 países supervisados fueron 344, con un incremento "significativo" del 29% respecto al año anterior.

Esas alertas se concentraron sobre todo en Rusia (50), Turquía (49), Georgia (35), Serbia (35) y Ucrania (27) y tuvieron que ver principalmente con la invasión rusa de Ucrania y con los territorios que Moscú controla.

Los autores del informe hicieron hincapié en que, un año más, la guerra de Rusia contra Ucrania fue "la mayor fuente de peligro para los periodistas" en Europa en 2025.

Del total de las alertas, 90 tuvieron que ver con los ataques contra la seguridad y la integridad física de los periodistas, lo que incluye los asesinatos por drones rusos de los ucranianos Olena Hramova, Yevhen Karmazin y Tetyana Kulyk y del fotoperiodista francés Antoni Lallican, así como la muerte del turco Hakan Tosun tras una agresión brutal.

A esas muertes hay que añadir la utilización por unos pocos países de la privación de libertad como instrumento para controlar a los medios, subraya el Consejo de Europa, y añade que el 31 de diciembre pasado había 148 periodistas detenidos en Europa, de los cuales 36 en Azerbaiyán, 32 en Rusia, 27 en Bielorrusia, 26 en territorios ucranianos controlados por Rusia, 24 en Turquía, dos en Armenia y uno en Georgia.

También otras prácticas como las intimidaciones, las tentativas de apropiación de medios o la represión transnacional, con agresiones físicas contra periodistas en manifestaciones por parte de la policía, de políticos o de los propios manifestantes, que fueron particularmente violentas en Georgia, Serbia y Turquía.

Todos esos elementos se vieron en parte atenuados por iniciativas de varios Estados o a escala europea para mejorar el ejercicio de la libertad de prensa, entre las que cita la aprobación por el Gobierno español de un proyecto de ley orgánica dirigido a sus profesionales y para proteger sus fuentes.

La Plataforma del Consejo de Europa pone el acento en que en ese proyecto de ley por primera vez se ofrece "una protección jurídica completa del secreto profesional de los periodistas, consagra de forma explícita su derecho a no revelar sus fuentes ni a entregar documentos no publicados".

Y además prohíbe la instalación de dispositivos de espionaje en los dispositivos de los periodistas, si no está amparada y justificada por un juez con carácter excepcional.

A ese respecto, la Plataforma del Consejo de Europa señala que la Audiencia Nacional en febrero de 2025 reabrió el procedimiento sobre la utilización del programa espía Pegasus contra periodistas y responsables políticos para solicitar cooperación a la justicia de Francia e Israel.

Un total de 129 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en 2025, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), en lo que supone la cifra más alta desde que el organismo comenzó a recopilar datos en 1992, según informa EFE. Según un informe de la CPJ, 86 de las muertes, más de dos tercios del total, ocurrieron por el genocidio en Gaza, y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos.

El informe subraya que 2025 fue el segundo año consecutivo con un récord de muertes de prensa en todo el mundo, y la directora ejecutiva de la organización, Jodie Ginsberg, advirtió en un comunicado de que los ataques contra periodistas "son un indicador de la vulneración de otras libertades". Además, pidió "actuar para prevenir estos asesinatos y castigar a los responsables".

Según el informe, más de tres cuartas partes de las muertes se produjeron en entornos de conflicto. En Ucrania, cuatro periodistas fueron asesinados, mientras que en Sudán se registraron nueve muertes, cifras que representan un aumento respecto a 2024 pero que siguen siendo bajas en comparación con Israel y Gaza. 

El informe también destacó un aumento del uso de drones como arma letal contra periodistas, con 39 casos documentados. De estos, 28 correspondieron a ataques en Gaza por parte del ejército israelí, cinco a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, uno a un ataque turco en Irak y cuatro en Ucrania por drones militares rusos, la cifra anual más alta desde el inicio de la guerra.

El CPJ también documentó 47 "asesinatos deliberados" de periodistas vinculados directamente con su labor informativa, el mayor número de los últimos diez años.

Agregó que en ninguno de los casos se ha responsabilizado a nadie, lo que refleja "una persistente cultura de impunidad". La organización destacó que la falta de justicia favorece nuevos ataques, incluso en países que no están en guerra.

En México, al menos seis periodistas fueron asesinados, a pesar de contar con un mecanismo federal de protección que ha demostrado "ser insuficiente", recoge el informe, con al menos un periodista muerto cada año durante la última década. En Filipinas, tres periodistas fueron abatidos a tiros, de los cuales solo uno ha derivado en un arresto.

El informe también documenta ataques contra periodistas que investigan corrupción y crimen organizado en Asia y América Latina.

En regímenes autoritarios, se continuó castigando a la prensa con la muerte. Un ejemplo es el de Arabia Saudí, donde el columnista Turki al-Jasser fue ejecutado tras siete años en prisión.

El CPJ pidió a los gobiernos una reforma profunda en la investigación de los asesinatos de periodistas, incluyendo la creación de un grupo internacional de investigación y la imposición de sanciones "para garantizar justicia y proteger a los profesionales de la prensa". 

La organización enfatizó que la seguridad de los periodistas es "clave para el acceso a información veraz" y para la defensa de las libertades fundamentales.

El periodista y escritor Gregorio Morán, autor de obras como Adolfo Suárez, historia de una ambición, articulista de piezas como las Sabatinas intempestivas en La Vanguardia o guionista del filme de J.A Bardem Siete días de enero, ha fallecido este lunes en Barcelona a los 78 años de edad.

Autor que no dejaba indiferente, inconformista, implacable, La Vanguardia, donde escribió hasta el año 2017, cuando dijo que le habían "censurado" un artículo, ha dado a conocer este lunes su fallecimiento y ha destacado que este coincida con una fecha como la del 23 de febrero, porque él ahondó en la Transición con obras como El precio de la Transición, que publicó en 1991.

Nacido en Oviedo en 1947, aunque hacía años que vivía en Barcelona, estudió en Madrid y París y durante unos años fue un activista antifranquista, así como periodista de investigación y colaborador, a partir de los años setenta, de varios medios de comunicación.

En 1978 publicó el libro sobre Adolfo Suárez y, posteriormente, firmó otros títulos como Miseria y grandeza del PCE (1986), Testamento vasco (1988), El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo (1998) y Llueve a cántaros (1999).

También escribió libros de viajes y de creación literaria como Nunca llegaré a Santiago (1997), El viaje ruso de un vendedor de helados (2001) o, en 2007, la semblanza biográfica, Asombro y búsqueda de Rafael Barrett.

Una de sus obras más polémicas fue El cura y los mandarines (Historia no oficial del Bosque de los Letrados). Cultura y política en España, 1962-1996, donde ahondó en la historia intelectual de la cultura española y en sus protagonistas, con el hilo conductor de la figura de Jesús Aguirre.

Al conocerse su deceso, algunos de sus amigos y conocidos lo han recordado a través de las redes sociales.

El escritor Javier Pérez Andújar ha rememorado su figura, a través de una fotografía de Juan Santiso del concierto de Raimon en la Facultad de Económicas, en Madrid en el año 1968, donde se le ve escuchando al cantante valenciano y ha afirmado que Morán fue un "inconformista y le costó el pellejo. También despellejó lo suyo. DEP, maestro".

La despedida del escritor y periodista tendrá lugar en el Tanatorio Sancho de Ávila, en Barcelona, el día 25, entre las 13:25 y las 21:00 horas, y al día siguiente se celebrará el entierro, que la familia quiere en estricta intimidad. 

El PSOE y el PP han chocado este miércoles en el Senado a cuenta de una moción de los socialistas en defensa de los periodistas que son amenazados, y que ambos grupos de forma general condenan, pero el enfrentamiento entre los dos bloques no ha permitido que se apruebe entre acusaciones de sesgo ideológico, informa EFE.

El pleno del Senado ha rechazado la moción del PSOE con 145 votos en contra del PP, que cuenta con mayoría en la Cámara, y Vox; una iniciativa en la que se hacía una defensa de los periodistas amenazados y que ponía el foco en el acoso y las intimidaciones, especialmente las atribuidas a grupos y movimientos de extrema derecha.

El debate ha derivado en un enfrentamiento político sobre el enfoque de la moción y con la defensa del PP de una enmienda de sustitución en la que mantenía la condena a cualquier amenaza, acoso o intimidación contra periodistas y profesionales de la comunicación. Pero ampliaban su alcance a conductas procedentes de "grupos o individuos de cualquier ideología o signo político, incluidos los extremismos ideológicos".

Y pedían también poner fin "a las reiteradas maniobras del Gobierno dirigidas a entorpecer, condicionar, discriminar e incluso realizar señalamientos públicos contra la labor independiente de los medios y de los informadores críticos".

La enmienda no ha salido adelante porque el grupo proponente de la moción, es decir el PSOE, no la ha aceptado, y por tanto no se ha llegado a votar.

Lo que sí se ha votado, pero el PP también se ha opuesto, es una enmienda de Izquierda Confederal y Plural para impulsar un Pacto de Estado para garantizar "el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones" por cualquier medio ante "las amenazas y acoso que reciben creadores, periodistas y medios".

En cualquier caso, el Senado no ha podido condenar las amenazas a periodistas en ningún sentido, y después de un debate en el que los socialistas, como la senadora Mariló Flores, han hecho hincapié en las "amenazas explícitas de violencia" que, según ha dicho, sufren periodistas de forma reiterada de la ultraderecha.

"No estamos ante una opinión incómoda. No es un exceso verbal. No es una salida de tono en redes (..) Y cuando las amenazas se convierten en estrategia política, estamos ante la antesala del autoritarismo", ha asegurado la senadora, quien ha advertido que "el fascismo comienza con el señalamiento".

Y ahí la senadora ha recordado las últimas denuncias de por este motivo, como la de la analista política Sarah Santaolalla.

Por eso, Salvador Vidal, del PSOE, dice no entender la enmienda del PP, que implica, a su juicio, que "no respeta a los periodistas amenazados", sino que "siempre mira hacia la ultraderecha"; una formación a la que, además, ha criticado por haber "fichado" a Vito Quiles, "el agitador de la mentira", en su cierre de campaña en Aragón.

Para el PP, la moción es "hipócrita" por promover una defensa "selectiva" y con sesgo ideológico del periodismo al centrar su iniciativa en un determinado origen político de las amenazas.

Una moción que, según la senadora del PP Cristina Díaz, utiliza a los periodistas como coartada política, tal y como se presenta esta moción defiende a un periodismo dócil, alineado y sometido".

La iniciativa, según la popular "señala insistentemente a la extrema derecha, pero calla de forma deliberada ante los ataques de los vetos, de los escraches, los señalamientos y las agresiones físicas que proceden de la extrema izquierda, de sus socios comunistas y de los del tiro en la nuca".

Tras las reivindicaciones de Comisiones Obreras de hace unos días es las que exigían al Ministerio de Interior que tomara medidas para proteger a los comunicadores, periodistas o humoristas de izquierdas ante la oleada de ataques de la ultraderecha, el sindicato UGT (AGP-UGT) también pide contundencia. En un comunicado este lunes, el sindicato recuerda que ningún profesional de la información debe trabajar bajo amenazas, insultos o agresiones físicas.

Después de que varios comunicadores como Elena Reinés o Hector de Miguel hayan anunciado que se retiran temporalmente, desde el sindicato temen que este tipo de intimidaciones se puedan estar asentando como una práctica política habitual con el objetivo de "amedrentar, expulsar voces del espacio público y romper el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz". Las consecuencias, según el comunicado, podrían suponer que la propia estabilidad de la democracia se quebrara. Argumentan que si la violencia contra la prensa se asume como un coste más del oficio, el Estado de derecho quedaría degradado.

Desde el sindicato se detienen en cómo se construyen estas narrativas. Consideran que todo comienza en el lenguaje y la deslegitimación sistemática con comentarios que identifican a los periodistas como "enemigos" o unos "vendidos". De ahí se puede pasar al señalamiento para pasar a una situación de hostigamiento. Este tipo de acoso no es universal para todos, en el caso de las mujeres, la violencia puede ser incluso mayor, según apuntan. Para ellas el acoso llega en forma de comentarios machistas o amenazas sexualizadas. Muchas como Carla Galeote o Inés Hernand han tenido que soportar vejaciones y constantes comentarios sobre su cuerpo. En el caso de Galeote, fotografías suyas han llegado a aparecer en páginas pornográficas. Desde el Sindicato exigen medidas que refuercen la protección de las mujeres periodistas frente a este tipo de amenazas.

En el comunicado también consideran que aquellos que perpetúen agresiones o amenazas contra periodistas o comunicadores deberían ser identificados y sancionados. También piden que en las coberturas en directo, haya protocolos específicos para contextos de alto riesgo cuando existan antecedentes. De los políticos solo piden que se comprometan a no alentar discursos de odio contra la prensa y condenar cualquier tipo de intimidación. Por último, exigen cooperación con las plataformas para preservar pruebas, retirar amenazas con rapidez y evitar que denunciar suponga un castigo para la víctima.

El comunicado llega después de que varios comunicadores hayan denunciado amenazas e intimidación por parte de la ultraderecha. En las últimas semanas, tanto Elena Reinés, comunicadora y fundadora de Woke Up News, como Héctor de Miguel, humorista y presentador de Hora Ventipico en la Cadena SER, han anunciado su retirada temporal del ojo publico por distintas amenazas.

En el caso de Reinés, la comunicadora publicó una nota en Instagram en la que declaraba que se marchaba con un rotundo "voy a parar", después de recibir una multitud de mensajes con amenazas de muerte por parte de ultraderechistas y sufrir una campaña de acoso en redes sociales.

En declaraciones a elDiario.es, la creadora indicaba que todo comenzó después de que Woke Up News, una red de creadores de izquierdas de la que es fundadora, publicara un video desmintiendo bulos sobre el accidente de tren de Adamuz. A partir de la publicación de ese video empezó a recibir mensajes que ella misma describe como "brutales, de violencia explícita y de deseos de muerte".

En el caso de Héctor de Miguel, todo llegó a raíz de su último programa, en el que parodiaba al presentador Nacho Abad por su cobertura con "imágenes truculentas" del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). La asociación de policías Jusapol lo señaló y criticó. Otros usuarios, como el activista ultra Alberto Pugilato, pasaron de las críticas a las amenazas directas: "Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios", publicó en redes sociales. A este comentario le sucedieron otros tantos mensajes de odio y amenazas directas, acompañados de simbología fascista en algunos casos.

Para Sarah Santaolalla, las amenazas no llegaron solo a través de las redes sociales. El pasado enero, aparecieron varios mensajes con amenazas de muerte a la analista política y tertuliana, pintados en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena. En letras rojas se podía leer: "Sara Santaolalla RIP".

La Agrupación de Periodistas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha publicado este viernes un comunicado en el que exige a los poderes públicos que reaccionen ante la oleada de intimidaciones que están recibiendo algunos comunicadores. Tras el reciente parón del cómico Héctor de Miguel , el abandono de redes de la creadora de contenido Elena Reinés, ambas esta semana y por amenazas de muerte, el sindicato cree necesaria "una respuesta policial y una tutela judicial".

Este mismo jueves, otro episodio de acoso por parte de ultraderecha fue denunciado por la analista política Sarah Santaolalla. En el programa Malas lenguas, aseguraba que ha interpuesto una demanda contra el influencer Vito Quiles, tras un incidente que comenzó en las instalaciones de RTVE en Prado del Rey. La analista asegura que Quiles le siguió "por la carretera de manera temeraria y apareciendo en mi casa con tres matones más, que tuvo que echarles la policía de mi portal y del bar de abajo".

El pasado lunes, Elena Reinés anunció que se marchaba de las redes sociales con un rotundo "voy a parar". Después de sufrir una campaña de acoso, la comunicadora declaró a elDiario.es que todo comenzó después de que Woke Up News, una red de creadores de izquierdas de la que es fundadora, publicara un video desmintiendo bulos sobre el accidente de tren de Adamuz. A partir de la publicación de ese video empezó a recibir mensajes que ella misma describe como "brutales, de violencia explícita y de deseos de muerte", como, por ejemplo: “Te van a coger por la calle y no van a quedar ni tus huesos”.

Héctor de Miguel, el humorista y presentador de Hora Veintipico vivió una historia similar. Tras el último programa, en el que parodiaba al presentador Nacho Abad por su cobertura con "imágenes truculentas" del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), la asociación de policías Jusapol lo señaló y criticó. Otros usuarios, como el activista ultra Alberto Pugilato, pasaron de las críticas a las amenazas directas: "Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios", publicó en redes sociales. A este comentario le sucedieron otros tantos mensajes de odio y amenazas directas, acompañados de simbología fascista en algunos casos.

Pugilato ya protagonizó una agresión al cómico Jaime Caravaca durante una actuación en Madrid. Cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales y ha emitido ya un programa especial en su canal de YouTube en torno a Héctor de Miguel, con otros militantes fascistas, en el que asegura que "este tipo tiene que pagar por sus palabras".

Este aumento de intimidaciones es el que ha motivado al sindicato a exigir responsabilidades políticas: "Trabajar en la información y la comunicación no es una tarea de héroes y heroínas". En el comunicado, aseguran que tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía "deben tomar nota de lo que está ocurriendo", y actuar para que ninguna difamación, acoso o amenaza quede impune.

El periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena estadounidense CNN, fue arrestado acusado de violar la ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de Saint Paul (Minnesota) contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump, informó este viernes su abogado, informa EFE.

Lemon, reportero independiente de 59 años, fue detenido el jueves por la noche en Los Ángeles (EEUU) mientras trabajaba cubriendo los preparativos de la gala de los Premios Grammy, detalló su abogado, Abbe Lowell, en un comunicado.

El pasado 19 de enero, Lemon estuvo en una protesta en la que un grupo de manifestantes interrumpió un servicio religioso en una iglesia para manifestarse contra su pastor, quien también trabaja para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y corearon consignas como "¡Fuera ICE!".

El Departamento de Justicia del Gobierno de Trump intentó presentar cargos contra ocho personas, incluido el periodista, invocando una ley que protege a quienes participan en servicios religiosos en lugares de culto.

Sin embargo, un juez que revisó las pruebas solo autorizó los cargos contra tres personas y rechazó los presentados contra Lemon y los otros acusados por considerarlos insuficientes. Posteriormente, la fiscalía solicitó a una corte federal de apelaciones la emisión de órdenes de arresto, pero estas fueron denegadas.

El abogado de Lemon subrayó en el comunicado que la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, "existe para proteger a los periodistas cuyo trabajo es arrojar luz sobre la verdad y exigir rendición de cuentas a los poderosos".

La campaña de redadas masivas llevada a cabo en las últimas semanas en Minnesota, un estado de mayoría demócrata, ha provocado numerosas protestas, que fueron reprimidas por fuerzas federales.

Agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes de nacionalidad estadounidense, unos hechos que desataron una enorme indignación y forzaron a Trump a relevar el mando operativo y prometer una "desescalada".

Al menos once palestinos, incluidos tres fotoperiodistas, fueron asesinados la tarde del miércoles a consecuencia de disparos y bombardeos del Ejército israelí en varias zonas de la Franja de Gaza, confirmó a EFE una fuente médica del Hospital Al Shifa (ciudad de Gaza) que tuvo acceso a los registros de distintos centros hospitalarios.

El desglose de los ataques detalla que siete palestinos fueron asesinados en el área de Netzarim y al este de Deir al Balah (centro de Gaza), dos al este de Jan Yunis (sur) y dos al este de la septentrional ciudad de Gaza. En el corredor de Netzarim, cerca del Hospital Turco, un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, en el que viajaban tres fotoperiodistas, fue bombardeado por drones israelíes.

Los fotoperiodistas asesinados responden a los nombres de Mohammad Salah Qashta, Anas Ghnaim y Abed Shaat. Este último, cuya boda se celebró apenas la semana pasada, era colaborador habitual de la agencia francesa de noticias AFP.

El Ejército israelí se pronunció al respecto asegurando, sin aportar pruebas y como hace de manera habitual, que "identificaron a varios sospechosos que operaban un dron afiliado a la organización terrorista Hamás" y que los atacaron al representar una "amenaza" para sus tropas. Por su parte, el grupo Hamás definió el ataque contra el convoy humanitario como "un crimen de guerra y una grave escalada en las flagrantes violaciones (israelíes) del acuerdo de alto el fuego".

"Reiteramos nuestro llamamiento a los mediadores y a los países garantes, en particular al gobierno estadounidense, para que tomen medidas inmediatas para detener las violaciones deliberadas y sistemáticas del acuerdo de alto el fuego por parte del gobierno de ocupación israelí", agregaron en un comunicado.

Además de este ataque, tres palestinos fueron trasladados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa (Deir al Balah, centro de Gaza) tras morir en otro bombardeo de artillería israelí al este del campamento de refugiados de Al Burej, fuera de la llamada "línea amarilla". Este mismo centro hospitalario también recibió un cuerpo carbonizado que no ha podido ser identificado hasta el momento, según fuentes médicas de la Franja.

Por otro lado, el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur) recibió el cuerpo de una mujer que fue asesinada por fuego del Ejército israelí en la ciudad, además de reportar la muerte de un niño de 13 años en la zona de Bani Suheila (sur de la Franja de Gaza).

El genocidio israelí en Gaza se ha convertido desde su inicio en octubre de 2023 en uno de los conflictos más mortíferos para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), que en su último reporte de enero recoge el asesinato de 206 comunicadores gazatíes en la Franja.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) exigió una "investigación transparente" tras la muerte de los reporteros. "El CPJ condena el ataque israelí contra un vehículo civil claramente identificado en el centro de Gaza, que causó la muerte de los fotoperiodistas independientes Mohammad Salah Qashta, Anas Ghnaim y Abed Shaat, en medio de un alto el fuego vigente”, declaró la directora de Oriente Medio del CPJ, Sara Qudah, en un comunicado.

Señaló que Israel, que "posee tecnología avanzada capaz de identificar a sus objetivos", tiene la "obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger a los periodistas”.

Los tres informadores fueron asesinados mientras cumplían una misión para el Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, que supervisa la labor humanitaria de Egipto en territorio palestino, y en un Jeep con el distintivo de la organización cuando se dirigían a cubrir campamentos de tiendas de campaña construidos por Egipto.

El consejo consultivo de comunicación parlamentaria ha remitido a la Mesa del Congreso los informes sobre las denuncias contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo en los que determina que ambos han incurrido en infracciones graves al Reglamento de la cámara, informa EFE.

En el caso de Quiles se observan cinco infracciones graves por grabar en dos ocasiones en zonas sin autorización, lo que podría suponer una sanción de suspensión de la acreditación. Las dos infracciones graves de Ndongo podrían también conllevar aparejadas la retirada de la credencial del Congreso para ejercer la labor de periodista.

Las infracciones graves están sancionadas en el reglamento con una suspensión de la credencial de entre once días y tres meses. Y las muy graves -que alcanzan esta gradación cuando se cometen más de dos graves- con una retirada de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial.

En todo caso será la Mesa del Congreso -que se reúne este jueves- la que decidirá si se establecen sanciones en los expedientes abiertos, pero antes tendrá que dar otros pasos reglados, como la designación de un instructor y la apertura de plazo para que ambos puedan presentar alegaciones.

Los informes remitidos al órgano de gobierno del Congreso, a los que ha tenido acceso EFE, se han elaborado tras las denuncias de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) contra Quiles por grabar imágenes en espacios no permitidos y de Sumar contra Ndongo por las reiteradas interrupciones de sus ruedas de prensa.

Las denuncias contra ambos se producen en aplicación del nuevo artículo 98 del Reglamento de la Cámara, que regula la relación entre el Congreso y los medios y que se aprobó el pasado 28 de julio, con los votos en contra del PP, Vox y UPN.

La bancada popular y el partido de ultraderecha defendieron su postura haciendo gala de la "libertad de expresión". “Nuestro grupo no justifica ningún insulto ni comportamiento inadecuado, pero no le corresponde a este reglamento decidir quién es periodista y quién no”, dijo la diputada del PP Macarena Montesinos el pasado mes de mayo, en una de las votaciones sobre esta reforma.

Sin embargo, en los últimos meses la actividad de la prensa en el Congreso de los Diputados estaba siendo constantemente interrumpida con insultos y malas formas por parte de estos agitadores tanto hacia políticos como hacia periodistas. En mayo, la mayoría de periodistas del Congreso decidieron no asistir a las ruedas de prensa de los portavoces tras un enfrentamiento entre el trabajador de Periodista Digital, Bertrand Ndongo, con la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero.

Esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), que llegó a afirmar en un comunicado que estas personas acreditadas habían llegado a amenazar a varios periodistas con dar a conocer sus domicilios.

En febrero del año pasado, esta asociación alertó que varias de estas personas habían difundido una fotografía de una reportera de televisión "atribuyéndole un comportamiento que es falso", además de amenazarla "delante de otros periodistas". Un mes antes, Ndongo increpó al periodista Antonio Maestre a su llegada al Congreso, llegando incluso a forcejear con el colaborador de laSexta. "Eres muy valiente para tirar un micrófono de un chaval de 24 años. Aquí está el mío. Tíralo si tienes cojones", le dijo, en alusión a un encontronazo anterior de Maestre con Quiles.

Las decisiones adoptadas por los responsables de Meta tras la investidura, hace casi un año, del presidente Trump, en consonancia con el alineamiento de la red X, por decisión de Elon Musk, con posiciones políticas de extrema derecha y suprimiendo el sistema de verificación de la verdad de la información que se ofrece, han tenido, desde entonces, una proyección clara sobre los derechos de escritores y periodistas y sobre la libertad de expresión. También, y quizá como prolongación inevitable de esas decisiones, se ha proyectado sobre la actividad literaria y sobre el valor y el papel de la verdad en la conformación de la cultura y del periodismo. Un mundo desconocido, poblado de nubarrones, se ha abierto desde entonces ante los creadores, especialmente ante los autores literarios. 

Desde años antes, a partir de 2019 con especial intensidad, una minoría que controla e impulsa las plataformas tecnológicas, con la ignorancia de sus usuarios, ha venido utilizando, sin reglas, contenidos (libros, revistas, informes, artículos) protegidos, y ateniéndose a un principio básico: la lógica del beneficio. El objetivo: alimentar y entrenar a la Inteligencia Artificial y abrir paso a su fase como herramienta “generativa”, es decir a la IAG. Mientras el inmenso colectivo que aporta la materia prima (pensamiento, conocimiento, relato, creatividad, libros, estudios, ensayos…), habituado al trabajo individual propio de todo creador, parece vivir aún en el siglo XX y, si se me apura, en el XIX, esos poderes tecnológico-mediáticos han venido actuando, pensando y configurando un “nuevo sistema” nutriéndolo con lo que millones de autores creamos (y editores publican). Sin pedir autorización, por supuesto, sin remuneración alguna y con nula transparencia, alimentan la máquina con nuestro trabajo y desaparecen o se reducen a la mínima expresión conceptos como utilidad pública, servicio a la sociedad, democracia, búsqueda de la verdad y del bienestar general y del reequilibrio económico y social, respeto y pago a los autores, siendo los objetivos dominantes meramente especulativos y de alimentación de un negocio que dinamita cualquier ética vinculada a la propiedad intelectual. La noticia hecha pública por CEDRO el pasado mes de julio en el sentido de que al menos 41.000 obras sujetas a derechos de autor, previamente pirateadas, habrían sido utilizadas en el entrenamiento de los modelos en castellano de IAG, ha puesto de relieve lo que para muchos era solo un rumor y para los más informados una convicción.  

El escritor, el traductor, el periodista han vivido al margen de ese saqueo silencioso de contenidos hasta el punto de que hoy se desconoce su alcance pese a que, inevitablemente, va a afectar al futuro de su trabajo, incluso a la sostenibilidad de algunas profesiones vinculadas a la creación o a la traducción.

La legislación de propiedad intelectual, hecha para el “mundo físico”, un mundo en el que la trazabilidad de las obras era (es, todavía) una posibilidad cierta y en el que la lucha contra la piratería y la reproducción ilegal se ha saldado con ciertos éxitos, no se ha aplicado con rigor y determinación en el mundo digital, en el mundo, evanescente a veces, de Internet, de las redes sociales, de la opacidad (paradójicamente, Internet nació de la mano de la transparencia y de la democratización de la cultura), un mundo que deja de ser evanescente cuando actúa sobre nuestras vidas, sobre la cotidianidad, sobre principios básicos de convivencia o, sobre un principio elemental, acuñado en todo proyecto civilizatorio, como la propiedad intelectual, los derechos de autor. 

En paralelo, se ponen en evidencia prácticas “menores” que, lejos de atenuar los efectos de esa ofensiva unilateral de las plataformas tecnológicas, los intensifican. Escuchamos, en ocasiones, cómo en medios informativos de amplia difusión y contrastada solvencia, escritores conocidos se vanaglorian, medio en broma medio en serio, de haber preguntado a Chat GPT determinadas dudas sobre cualquier tema, o de realizar sistemáticas pruebas acerca de las capacidades de la IAG para generar literatura “al estilo de…” o, simplemente, escribir relatos, poemas o crear ilustraciones. No dudo de la legitimidad para hacerlo, pero sí resalto el grado de trivialización con que a veces se trata, incluso con materiales de dominio público y no protegidos, el acceso a una herramienta cuyos fines últimos sólo conocen, por ahora, sus promotores y diseñadores y cuyos pronunciamientos públicos suelen derivar en desdén por cualquier derecho autoral y por la resistencia a asumir normas y regulaciones que salvaguarden esos derechos y, sobre todo, el control por la sociedad y sus instituciones de su posible vulneración. Es preciso aclarar que el peligro no está en el uso de la IA para documentarse, para ahorrar tiempos de búsqueda en diccionarios y enciclopedias o en hemerotecas, sino en la conversión de la “máquina” en protagonista del proceso creativo, suplantando al ser humano en una labor espiritual inalienable. 

La IA, que tiene indudables beneficios y capacidades para resolver enigmas científicos y para aportar soluciones a grandes problemas del ser humano en los campos de la medicina, de la alimentación, del medio ambiente, del desarrollo económico o de las políticas de bienestar social, se utiliza, en el ámbito de la creación artística, para trasladar la imaginación humana y sus capacidades, las experiencias más íntimas del hombre o de la mujer, la memoria y la cotidianidad de la vida a un sistema de algoritmos que mueve datos sin subjetividad, sin sentimientos, sin finalidades éticas ni morales.   

Quizá nunca como en este tiempo los creadores hemos necesitado la actuación del Estado para defender el principio básico de toda creación. Estamos ante una reflexión incómoda que, inevitablemente, divide al mundo literario: de un lado, el falso paradigma de la cultura libre y gratuita que ha alimentado la piratería y los usos fraudulentos con argumentos tan simples como peregrinos, se pretende extender a todo cuanto rodea la implementación de la IAG, comenzando por los “materiales” sujetos a derechos de autor utilizados en su diseño y entrenamiento, sean procedentes de entidades privadas (editoriales, periódicos, medios asimilados), sean de instituciones públicas (bibliotecas, fondos universitarios, de fundaciones, etc…), y acabando con su explotación comercial. De otro, la concepción, elemental para la práctica totalidad de los sectores productivos, que parte de que todo trabajo ha de ser remunerado y de que detrás de toda obra humana, sea una silla, un saco de legumbres o un smartphone, hay trabajo acumulado e ideas originales y propietarios de ese trabajo que han hecho posibles tales objetos o bienes. ¿O sólo la propiedad intelectual queda fuera del nivel de protección del resto de las propiedades?

Todo cuanto he expuesto desborda nuestras capacidades prospectivas por su novedad. Pero detrás de la “invasión algorítmica” hay ideología y hay, sobre todo, un modelo de sociedad. Las dimensiones del negocio generado son incalculables y las consecuencias morales, éticas, que pueden impregnar una colectividad sometida al sistema de valores (ultraliberalismo, desprecio de los derechos humanos y del derecho internacional, censura sistematizada, odio a lo diferente y al diferente, antifeminismo) de imperios privados, con apoyos públicos o no, cuya guía fundante no es otra que el aprovechamiento económico a gran escala y la configuración de un mundo que pulveriza todo planteamiento humanista y democrático.

El Consejo Europeo de Escritores (EWC), el Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios y otras organizaciones, entre las que se encuentra ACE y la Conferencia de Asociaciones de nuestro país, han hecho públicas sus exigencias, basadas en la tríada Autorización, Remuneración y Transparencia, y han trasladado al Parlamento Europeo y a otras instancias internacionales unas exigencias básicas, exigencias profundamente arraigadas en la cultura moderna, en la Ilustración y en el valor universal de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. En España, las instituciones deben atender esa demanda y es preciso buscar un lugar de encuentro, de diálogo, que conlleve el logro de un gran acuerdo para diseñar y aprobar un marco jurídico que convierta a la IAG en un sistema sostenible, democrático y respetuoso con los principios mencionados y que salvaguarde la transparencia en los usos de las obras y contenidos protegidos. Al margen de ello, solo existe la ley de la selva: es decir, la del más fuerte. ¿Estamos a tiempo? 

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Manuel Rico Rego es escritor y crítico literario. Sus últimos libros son 'La ficción y la vida' (2024) y 'Qué es la poesía' (2025). Preside la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores. 

“Os habéis inventado este oficio desde cero, este oficio tiene dignidad. Entiendo que sois listas y como personas listas os voy a tratar”, así comenzaba su discurso la comunicadora y activista Nerea Pérez de las Heras, en los Premios Ídolo, unos galardones dirigidos al gremio de los influencers.

Su altavoz llega a millones de seguidores y precisamente por esto, Pérez de las Heras, que ha recibido al premio Ídolo a la conciencia social, ha querido darles un toque de atención. “Estos premios son los premios Ídolo, una palabra muy fuerte. Vosotros sois ídolos de millones de personas y algunas son muy jóvenes. Ellos os escuchan más que a sus padres, más que a sus profesoras, más que a los políticos, más que a cualquier institución. Yo solo os pido que penséis en esto”, ha sentenciado. 

“Sois importantes, tenéis una responsabilidad grande, pensadlo por favor antes de empujar a las chavalas a consumir cosméticos, antes de hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio en Palestina --que pagan las bombas con las que se matan a niños-- antes de colaborar con asociaciones que ahora sabemos que robaron el dinero de las donaciones de la dana, pero que antes ya sabíamos que eran neonazis y antes de iros a Andorra para evadir impuestos”, ha añadido la comunicadora. 

A cada frase, la copresentadora junto a Inés Hernand del podcast Saldremos Mejores recibía vítores y aplausos del público que había pagado su entrada. Algo que no compartían varios de los nominados, a los que ella misma aludía en el discurso. Es el caso de RoRo (su nombre real es Rocío Bueno), con más de 4,8 millones de seguidores en Instagram, que competía en la categoría de gastronomía. Conocida por ser una especie de tradwife a la española (todos sus videos se basan en cómo le hace la comida a su novio Pablo), la creadora no dudó a la hora de colaborar con Revuelta tras la dana de Valencia.

Precisamente, esta semana se conocía que este grupo juvenil –vinculado a Vox– habría desviado los fondos que recaudó para ayudar a los afectados por la catástrofe para financiar gastos de la organización. Varios de sus miembros han dimitido y Vox les ha denunciado después que El Plural publicara unos audios en los que se exponían estas prácticas.

Si bien no hay una conexión directa entre estos jóvenes y el partido político ultra, Revuelta era el principal convocante de las manifestaciones ante la sede del PSOE en Ferraz, en las que participaban dirigentes de la formación de extrema derecha, que además compartían en sus redes sociales la convocatoria.

Más conocidos son los casos de los creadores de contenido que se van a Andorra para pagar menos impuestos, algo muy criticado entre las redes sociales, por el mensaje que manda a los más jóvenes. 

Pérez de las Heras también se ha acordado en su discurso del genocidio en Gaza –que ya deja más de 70.000 gazatíes asesinados– por la falta de consciencia por parte de los influencers a la hora de trabajar con marcas o empresas que están colaborando con el genocidio, aunque no sea directamente. Por ejemplo, Carrefour tiene un acuerdo desde el 2022 con la empresa israelí Electra Consumer Products y su filial Yenot Bitan. Las dos han sido señaladas por participar de forma activa en el desarrollo de asentamientos ilegales en los territorios palestinos. Algo que no pareció importar a varios creadores de contenido como Ibai Llanos, que colaboró con la cadena en 2024 para crear su propio calendario de adviento, o a Mery Turiel, que colabora en la zona de moda del supermercado, con varias colecciones. 

Como dice Pérez de las Heras, las nuevas generaciones tienen como referentes a los creadores de contenido que ven todos los días en sus pantallas. Las marcas y empresas lo saben y ahora quien protagoniza la publicidad son personajes como Lola Lolita, con más de 4,3 millones de seguidores en Instagram y ganadora del premio al influencer del año, o Marina Rivers, con más de 2,2 millones. Lo que dicen importa porque los jóvenes les prestan atención. 

Según un estudio de Facttory, la generación Z elige una marca u otra en función de la recomendación de un influencer. En concreto, un 54,2% toma este tipo de decisiones por ello, siendo el motivo más habitual. Otra investigación, publicada en la revista Current Psychology, confirma esta tendencia y afirma que los jóvenes pueden cambiar su comportamiento, su actitud y sus decisiones debido al contenido que consumen en redes sociales. 

Excmos Sres. D. Andrés Martínez Arrieta; D. Manuel Marchena; D. Antonio del Moral; D. Juan Ramón Berdugo y Exmca. Sra. Dª Carmen Lamela:

Me dirijo a ustedes, con nombres y apellidos, para que quede claro que uno sigue considerando al Tribunal Supremo un mimbre fundamental del Estado de derecho, aunque algunos de sus magistrados más eminentes (ustedes) se empeñen en dilapidar los restos de prestigio que le puedan quedar a la institución y emitan sentencias que, por sí mismas, hacen más daño al crédito del “sistema” que cualquier movimiento revolucionario “antisistema” o simplemente autoritario (ver aquí).

No cometeré la osadía de discutir su sentencia en un plano técnico-jurídico. No soy jurista. Leo con atención (es mi obligación) los 184 folios de su texto y, con el mismo afán de entender, las 54 páginas en las que las Excmas. Sras. Dª Ana Ferrer y Dª Susana Polo van desmontando en su voto particular, uno por uno, los argumentos de la condena para concluir de un modo contundente: “La sugerencia de la sentencia mayoritaria no es más que una mera sospecha, que se decanta, entre las varias opciones igualmente posibles, por la más perjudicial para García Ortiz, y, además, la más artificiosa”. Lo cual, en cristiano, constituye una flagrante violación de la presunción de inocencia.

Este último reproche no se lo hacen exclusivamente las dos magistradas discrepantes con el fallo y partidarias de la absolución de Álvaro García Ortiz. Vienen haciéndolo juristas “de reconocido prestigio” (ver esto del catedrático Jordi Nieva en TintaLibre de septiembre) desde casi el minuto uno de este proceso que, probablemente, se estudiará algún día en las facultades de Derecho como un enrevesado artefacto técnico-jurídico-antidemocrático. Y si no se estudia por los futuros abogados o magistrados dará –seguro– para una o varias series de Netflix o Movistar+ (si es que no sucumben también a la dictadura de los oligopolios tecnológicos nada apolíticos).

Sin rodeos: resulta ya cansina la muletilla de “acatamos aunque discrepamos y respetamos…”. Se lo digo de frente y negro sobre blanco: no me inspira su condena el menor respeto, ni como periodista ni como ciudadano demócrata.

Me explico (o al menos lo intento).

Han tardado ustedes 19 días desde la comunicación del fallo, permitiendo un debate público absurdo sobre una sentencia desconocida pero cuya argumentación parecía oscilar entre dos posibilidades: o condenaban (sin prueba sólida alguna) al fiscal general por la filtración del maldito correo del abogado de la pareja de Ayuso, o bien por la nota informativa cuya responsabilidad asumió el propio García Ortiz y que, en principio, cuatro de ustedes cinco consideraron que no contenía “aparentemente” ninguna ilegalidad. Pues bien, lo que han parido dibuja “aparentemente” esa reacción prepotente de “… y dos huevos duros”. Intentan sostener que el fiscal general no solo es responsable (confeso) de una nota informativa ilícita sino también de la filtración de un correo que –ustedes admiten– pudo ejecutar “el acusado o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento”.  Eso sin citar contradicciones flagrantes sobre la propia doctrina de su mismo tribunal (ver aquí).

Nunca he percibido con tanta claridad el paralelismo entre la función en democracia de la judicatura (más responsable cuanto más alta sea la instancia) y la del periodismo (más exigente cuanto más honesto sea el desempeño de su función). Se lo digo de forma más cruda: ustedes basan toda su condena en rumores, en deducciones, en “inferir” o “interpretar”. Hasta el punto de sostener que condenan a García Ortiz porque es la “única opción” plausible. Sin contemplar ni por asomo las muy variadas opciones que en el proceso han surgido, como se refleja con detalle en el voto particular (ver aquí).

Miren, aunque no se les pase a ustedes por la cabeza, un medio o un periodista decente no publica historias basadas en simples rumores, deducciones o testimonios no contrastados. Y, en mi infinita ingenuidad, como demócrata doy por sentado (o ya no) que, con mucho más motivo y obligación, los jueces no pueden basar una condena en simples rumores, deducciones, “coincidencias llamativas”… como ustedes hacen sin pudor (en la lectura incluso de cualquier lego). Un rumor no debe ser noticia y una “inferencia” no puede ser prueba de cargo. 

Ustedes dan unos rodeos de beodos para justificar un registro en la sede de la Fiscalía General del Estado absolutamente prospectivo y más digno del desmantelamiento de la cúpula de un grupo narco. Ya dirán instancias superiores (el TC o el TJUE) si no es un verdadero atropello, pero en todo caso, para un periodista y para un magistrado (mínimamente honestos), lo trascendente será si de todo ese espectáculo sale una prueba. Y no. Ninguna.

Llegamos ya a la almendra de lo que pretendo plantearles: la lectura atenta de todo lo que afirman sobre los testimonios de los periodistas y su valoración en el proceso me ofende profundamente, como periodista y como demócrata. Ustedes no han entendido (o no han querido entender) en qué consiste el oficio del periodismo y mucho menos el secreto profesional de las fuentes consagrado en la mismísima Constitución (artículo 20 1.d). Lanzan ustedes besitos, admitiendo la “veracidad” de los testimonios de los periodistas y blablabla… Pero dejan caer que, como no hay un desarrollo legal de ese precepto constitucional, los periodistas no estamos obligados a respetar ese secreto. 

¿Ustedes, de verdad, pretenden hacerse pasar por garantes del Estado de derecho? Miren, si consideran falso el testimonio de Miguel Ángel Campos, compañero especialista en tribunales en la Cadena SER –que ha declarado expresamente y obligado a decir verdad que no fue García Ortiz quien le filtró el correo–, entonces deben abrir causa contra él por falso testimonio en el juzgado que corresponda, como él mismo ha solicitado.

Lo que ustedes, ‘los cinco del Supremo’, han ejecutado no es sólo el atropello a la presunción de inocencia del ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, sino también al periodismo decente y a la protección de las fuentes, que es un derecho de la ciudadanía, de los demócratas, no propiedad de los periodistas, ni de los políticos, ¡ni de ustedes, los jueces! Sin la confianza de una fuente en su confidencialidad no existe el derecho a una información veraz, que deben garantizar todos los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo.

Ustedes, Excmos. Sres. Martínez Arrieta, Marchena, Del Moral y compañía no sólo han hecho caer al único cargo de la esfera judicial nombrado por el Gobierno, sino que han dado un espaldarazo (¿definitivo?) a la política basada en el bulo, en la mentira, en la desinformación. El medio que hizo de altavoz de la campaña ideada por la mano derecha de Ayuso, el diario El Mundo, se permite presumir de hacer buen periodismo, cuando sirvió de mero transmisor de un invento (reconocido por su autor “de pelo blanco”) para instalar la especie de que nada menos que “todos los poderes del Estado” perseguían a Alberto González Amador por ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta el punto de que el fiscal general del Estado prohibía llegar a un acuerdo para evitar la cárcel a un DEFRAUDADOR FISCAL CONFESO, se pongan ustedes como se pongan. Han dado carta blanca a un bulo que acusaba de delitos a un poder del Estado, y ustedes se dedican a condenar la defensa legítima que ese poder del Estado realiza. Como dice el voto particular, no era una opción para el fiscal general, “era la única opción”. Era su obligación.

De la misma autoría –compartida– de quien retorció el concepto de la malversación para boicotear la aplicación de una ley de amnistía aprobada mayoritariamente por el Legislativo (ver aquí) surge ahora la muy peligrosa jurisprudencia que establece que se puede condenar a todo un fiscal general por simples conjeturas, violando sin complejos la presunción de inocencia del encausado, y además ignorando un derecho elemental de la ciudadanía como es el del acceso a una información veraz, imposible sin la protección del secreto profesional de las fuentes.

Uno procura ejercer la ingenuidad imprescindible para mantener la esperanza, pero sin gilipolleces. Todo lo que estamos hoy analizando lo sabíamos desde el minuto uno de este proceso. Tenían el nombre de García Ortiz en la diana, tenían el propósito y se demostró durante todo el proceso que no interesaba en absoluto atender a otras “hipótesis” que las que iba hilvanando el tal Hurtado, ese juez que no vio relación alguna del PP en la trama Gürtel. Curioso: M.Rajoy podía ser cualquiera, pero un correo recibido por medio Madrid tuvo que ser enviado, sí o sí, por García Ortiz… “o una persona de su entorno inmediato…”

Estarán ustedes orgullosos. El del pelo blanco anda henchido de razones, presumiendo de eficacia en la difusión de bulos, mientras los simples periodistas que cumplen lo mejor que pueden su función democrática se ven ignorados, despreciados e incluso pendientes de algún procesamiento consecuente con todo este disparate. 

Con (escaso o nulo) respeto, les lanzo una apuesta: si periodistas decentes (como Miguel Ángel Campos, como José Precedo, como José Manuel Romero, como Alfonso Pérez Medina, o como Manuel Altozano…) publicaran una historia que acusara de algún delito a cualquier personalidad pública basándose en conjeturas, deducciones o “coincidencias llamativas”… ¿respaldarían ustedes la información publicada por difamatoria que fuera? Relájense. Ninguno de ellos –ni los medios para los que trabajan– la publicaríamos. Esa es la diferencia. No nos confundan.

Atentamente,

Jesús Maraña

Director Editorial de infoLibre.