El beneficio agregado de los seis grandes bancos en España en el primer semestre ha sido de 7.311 millones de euros, un 39,1% más respecto al obtenido en el mismo periodo de 2023, según la consultora Neovantas, teniendo en cuenta los datos de Santander España, BBVA España, CaixaBank, Sabadell España, Bankinter y Unicaja.

Estos beneficios incluyen el impacto del impuesto extraordinario de 1.479 millones de euros, calculado en base al margen de intereses más comisiones del año pasado, y registrado en el primer trimestre del año, según informa Europa Press.

Asimismo, el informe de banca elaborado por la consultora con los resultados del primer semestre destaca que los ingresos recurrentes de estas entidades —es decir, los puramente bancarios— han aumentado a nivel agregado un 14,3% como consecuencia del margen de intereses que se ha visto incrementado hasta los 15.687 millones de euros, lo que supone un aumento del 19,3% respecto al primer semestre del año pasado.

"Este crecimiento subraya la solidez del negocio bancario en un entorno económico desafiante", explica el presidente de Neovantas, José Luis Cortina.

El informe, además, refleja que las comisiones han contribuido con 5.523 millones de euros a los ingresos de la gran banca en España, lo que representa un incremento del 2% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por el lado de los gastos, el informe resalta los "esfuerzos continuos de racionalización" que han realizado los bancos en los últimos años, unido a la digitalización que están acometiendo, lo que está conteniendo los gastos de explotación que solo han aumentado un 4% en comparación con el primer semestre de 2023.

Esta contención ha favorecido una mejora en el ratio de eficiencia, que ahora se sitúa en torno al 40%, un nivel considerablemente más bajo que el de muchos bancos europeos.

En cuanto a la morosidad, Neovantas señala que hace un año se auguraba un crecimiento "más rápido" de lo espero de los impagos, aunque finalmente durante el primer semestre de 2024 se ha mantenido contenida en niveles bajos; en un 3,6% según el dato de mayo que ha publicado el Banco de España.

"No obstante, las entidades continúan aumentando tímidamente sus provisiones, un 0,4%, ante los posibles escenarios adversos por la situación de incertidumbre en la que vivimos, que en los últimos meses está empezando a dar muestras con ligeros repuntes en la mora de los créditos al consumo y de las hipotecas", comenta Cortina. A pesar de estos aumentos, los ingresos adicionales han compensado "ampliamente" las provisiones.

En lo que respecta a la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE), todas las entidades han mostrado un crecimiento significativo, superando el coste del capital estimado en un 13%. Destaca el caso de Unicaja que, aunque aún se encuentra por debajo de este nivel, con un 6,5%, ha mejorado su RoTE en un 61,7% durante estos meses y se ha marcado el objetivo de alcanzar el 9% al cierre de este año.

"Toda esta situación la viene reflejando el mercado desde el 1 de enero, con incrementos de las cotizaciones de entre un 17% del Santander y hasta un 75% del Sabadell, a pesar de las caídas que en estos últimos días hemos visto y que se deben más a una recogida de beneficios, que a otras causas que nos hagan pensar en correcciones mayores en el corto y medio plazo. Esto ha hecho que varios de los grandes bancos españoles superen ya en cotización su valor contable, como es el caso de Bankinter, BBVA y CaixaBank", añade Cortina.

Los resultados que la gran banca española ha conseguido en la primera parte del año anticipan un "récord" para el conjunto de 2024, de tal forma que se superarían los ya históricos beneficios de 2023.

Además, Neovantas señala que, si no se produce un "caos geopolítico", es muy posible que el periodo de bonanza de la banca "se alargue más allá del año en curso". Este optimismo se debe, en parte, a una más lenta bajada de los tipos que, presumiblemente, el Banco Central Europeo (BCE) llevará a cabo en los próximos 12 meses, por el hecho de que la inflación aún no se termina de alinear a los niveles del 2% objetivo y porque, también, la actividad económica europea no termina de activarse con fuerza para volver a impulsar los niveles de empleo, en particular, en Alemania.

Sin embargo, la previsión de bajadas de tipos por parte del BCE a medio plazo obligará "desde ya" a la gran banca "cambiar de marcha" con fórmulas que impulsen sus ingresos, más que por el lado de los costes, donde las reducciones están "cada vez más limitadas".

Para finalizar, Cortina incide que "habrá que estar atentos al desenlace de la OPA de BBVA sobre Sabadell, a término en manos de los accionistas de la entidad a ser adquirida, que podría tener un impacto relevante en las actuaciones comerciales de los distintos grandes bancos españoles y demás entidades del sector".

CCOO y UGT estiman una pérdida de entre 7.684 y 10.567 empleos por la OPA y posterior fusión entre BBVA y Sabadell, así como el cierre de entre 589 y 883 oficinas en España, con un impacto "especial" en Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia, ha informado Europa Press.

Estas cifras han sido dadas a conocer este viernes por los sindicatos en una carta remitida a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, en la que le trasladan su "profunda preocupación" por la operación que BBVA ha planteado sobre Banco Sabadell. La misma va firmada por los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo.

"Esta fusión produciría la destrucción de un gran número de empleos en ambas compañías" y también en otros sectores, según advierten en la misiva, ante la posible reducción de la capacidad de empresas y autónomos para acceder al crédito.

De hecho, también han realizado un análisis sobre lo que implicaría una fusión entre BBVA y Sabadell para la actividad creditica. Las organizaciones sindicales señalan que supondría una reducción del 8% en la disponibilidad de crédito, lo cual se traduciría en una disminución de más de 54.000 millones de euros en préstamos, una reducción que afectaría particularmente a las pymes, autónomos y a las familias trabajadoras.

"Las pymes y autónomos, que dependen del crédito como 'oxígeno' para sus operaciones, enfrentarían un aumento en los costes empresariales debido a la menor oferta de financiamiento", añaden al respecto.

Asimismo, CCOO y UGT alertan de que la fusión aumentaría la concentración bancaria en España, situándose por encima de la media europea.

A este respecto, sostienen que los dos principales bancos, CaixaBank y la entidad resultante de la operación entre BBVA y Sabadell, controlarían el 73,7% de las oficinas bancarias, "reduciendo la competencia en el mercado y afectando negativamente a los consumidores con peores precios y servicios financieros, menor remuneración de depósitos y un aumento de las comisiones".

A esto agregan un posible aumento de la exclusión financiera, principalmente, de personas mayores y de los habitantes de las zonas rurales.

"CCOO y UGT quieren manifestar su intranquilidad por el impacto laboral de esta fusión que, además de una más que probable pérdida de puestos de trabajo directos en la banca, y otra derivada de la contracción del acceso a los productos financieros por nuestras empresas y autónomos, también incrementará la precariedad laboral en el sector bancario. Además, el cierre de oficinas afectaría a empleados de todas las edades, exacerbando la desigualdad en el acceso de servicios bancarios, especialmente en regiones menos desarrolladas", sostienen las organizaciones.

Ante la "gravedad de la situación", Álvarez y Sordo solicitan a la CNMC que se den los pasos "necesarios", incluyendo la "denegación de la fusión solicitada", para mantener los niveles de empleo y se proporcione información más detallada y transparente para mitigar estos efectos negativos asegurando una competencia efectiva en el mercado bancario.

Cabe destacar que esta misma semana, en la presentación de resultados de BBVA, esta entidad dio más detalles sobre la operación que ha planteado. En concreto, ha especificado que serían 300 millones de euros los ahorros en personal que se conseguirían tres años después de producirse la fusión.

Preguntado en rueda de prensa sobre el número concreto que supondría el ajuste de plantillas, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, rechazó dar una cifra al explicar que se tratará de un proceso que se debatirá, precisamente, con los sindicatos.

Además, defendió que como las dos entidades —tanto BBVA como Sabadell—ya han hecho recientemente dos reestructuraciones que han implicado despidos de personal y cierres de oficinas, el recorte esperado es menor que en otros procesos similares, como fue el de CaixBank tras integrar Bankia.

Por otro lado, BBVA ha identificado que, producto de la operación con Sabadell, habría unas 870 oficinas localizadas a menos de 500 metros entre ellas. De este número, la entidad planea actualmente cerrar unas 300.

Acciones tan cotidianas como pagar los recibos de luz y agua, realizar cualquier compra o recibir la nómina no son posibles sin una cuenta corriente. Desde 2017, la Unión Europea reconoce y legisla el derecho a que los ciudadanos que residan en ella tengan una cuenta bancaria para impulsar una inclusión financiera a la que, en muchas ocasiones, no tienen acceso los colectivos más vulnerables. Los refugiados, los migrantes y las personas en situación de exclusión son los principales afectados, ya que encuentran muchos obstáculos cuando solicitan una cuenta de pago básica. 

La Unión Europea obliga a todas las entidades financieras a ofrecer este producto a todos los posibles clientes que residan de manera legal en territorio comunitario. Un derecho que también disponen las personas que “no tengan domicilio fijo”, las solicitantes de asilo y las que “no tengan un permiso de residencia, pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho”. 

El acceso gratuito a este tipo de cuenta, que no puede tener una comisión mensual superior a tres euros, para personas en una situación económica vulnerable —no cobrar más de 14.200 euros brutos al año, no tener más de una casa en propiedad ni ser socio o propietario de una empresa— es una condición fundamental para que puedan mantener una serie de condiciones básicas en el día a día.

Fathi consiguió abrir una cuenta básica hace más de tres años tras su llegada a España como refugiado procedente de Marruecos. Inicialmente, no tuvo ningún obstáculo para conseguirla, pero asegura que sí tuvo que batallar durante varias semanas para que le anularan un seguro de vida que le adjudicaron sin avisarle. Acudió varias veces a la oficina bancaria para tratar de solucionarlo, pero no tuvo éxito. Él sostiene que al ser extranjero le intentaron engañaron. Llegó a España como solicitante de asilo, por lo que en vez de pasaporte tenía la conocida como tarjeta roja, un documento que dejó de tener validez cuando se le denegó su solicitud. Así que, sin ningún tipo de aviso, el banco bloqueó la posibilidad de ingresar dinero en su cuenta. Tras el largo laberinto burocrático, consiguió el pasaporte marroquí, cumpliendo así con las exigencias de la sucursal.

Antonio Luis Gallardo, economista y responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), explica a infoLibre que los bancos tienen dos maneras de actuar: “ocultan este producto como una segunda o tercera opción o son muy estrictos tanto para adquirir como para mantener estas cuentas”. Esto último es lo que le ocurrió a Fathi. Gallardo señala que las entidades “han llegado a pedir documentación complementaria dependiendo del país de origen del usuario” para abrir una cuenta de pago básica. Una medida restrictiva que contrasta con la laxitud que demuestran cuando el mismo cliente pide otro tipo de operación, según el economista. 

Ninguna entidad bancaria en España permite tramitar este producto en su totalidad vía Internet, lo que para Gallardo tiene un claro objetivo: "la negociación presencial es una estrategia para llevarte al producto que quiere el banco”. La cuenta básica se oculta tanto en las webs como por parte de los empleados hasta el punto de que "solo en el 2,10% de los casos se ofrece como primera opción", según el mystery shopping o cliente misterioso de ASUFIN. Una práctica que consiste en que los clientes evalúen la calidad del servicio ofrecido por una empresa sin que esta esté al tanto. En este caso, ASUFIN ha reunido a 52 usuarios que han supervisado su experiencia al contratar una cuenta de pago básica en diferentes entidades bancarias.

Los resultados de esta metodología concluyen que "en más de la mitad de las ocasiones, un 57,40%, la cuenta que ofrecen en primer lugar es más cara o tiene más condicionantes que la básica". Antonio Gallardo detalla que “a pesar de que muchos de estos usuarios suelen sufrir las consecuencias de la brecha digital, se les insiste que contraten una cuenta online”. 

La tarjeta de residencia, la tarjeta de identidad de extranjero, el NIE o la solicitud asilo son algunos de los certificados que permiten a los migrantes o refugiados poder optar a una cuenta de pago básica. A pesar de que presenten alguno de estos documentos, su procedencia puede volverse en contra. Natalia Slepoy, responsable del área de incidencia política Red Acoge, explica que “todos los bancos aplican la ley de prevención de blanqueo de capitales para que clientes con una nacionalidad calificada de 'riesgo' (Venezuela, Siria, Irán…) no puedan acceder a este tipo de cuentas”. 

Es lo que le ocurrió a Gisela cuando llegó a España y quiso abrir una cuenta de pago básica. En un principio no le pusieron ningún problema, pero tardó dos meses en recibir su tarjeta de débito, que llegó caducada. El motivo que expuso el banco fue que la nacionalidad venezolana se consideraba de “alto riesgo” respecto al origen del dinero. Gisela tuvo que acudir a un abogado especializado para rellenar varios documentos complementarios, pero el banco le denegó la apertura de la cuenta. 

La llegada de los refugiados ucranianos provocó la activación de muchos mecanismos de protección e impulsó la implicación por parte de los bancos. Slepoy detalla que "las entidades llegaron a destacar este producto en sus páginas web y metieron publicidad en los medios de comunicación”. Gallardo también señala que las personas procedentes de Ucrania han recibido un trato “diferente” debido a que los bancos los consideran un cliente de “carácter temporal” frente a otros como los venezolanos a los que ven como “definitivos”.

Las quejas presentadas ante el Banco de España han superado la centena después de cuatro años, pero Slepoy asegura que “no representan la magnitud del problema respecto a las cuentas de pago básicas”. “La tramitación burocrática supone un gran obstáculo para que los migrantes y refugiados puedan hacer llegar sus reclamaciones”, explica la portavoz de Red Acoge. 

El cliente misterioso de ASUFIN ha demostrado que las prácticas irregulares no se deben a una falta de formación al concluir que “el conocimiento del personal bancario de todos los puntos básicos de la cuenta de pago básica alcanza un 76,50%”. Gallardo denuncia que las prácticas habituales son advertir sobre las desventajas de este tipo de cuentas como la falta de bizum o de tarjeta de crédito.

Todas estas acciones “están amparadas bajo una normativa que no es del todo clara y una falta de mecanismos legales”, según explica Natalia Slepoy. La portavoz de Red Acoge lamenta que el adelanto electoral paralizó la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que se estaba tramitando en el Congreso a falta de su aprobación final. Un organismo que el Gobierno sigue considerando "prioritario" y el Consejo de Ministros acordó la tramitación urgente de su anteproyecto el pasado 23 de enero para poder acortar plazos. Desde Red Acoge consideran que “reforzará el derecho a la inclusión financiera de las personas migrantes y refugiadas”. 

"La banca se ha relajado. La situación no es buena y siguen eliminando atención presencial". El que habla es Carlos San Juan, el médico jubilado que en enero de 2022 puso en jaque al sector reclamando que se acabe con la exclusión financiera a los mayores. "Soy mayor, no idiota", fue su lema. Quedan pocas semanas para que se cumplan dos años desde entonces y todas las promesas que el Gobierno y la banca le hicieron a Carlos han quedado en papel mojado. En la práctica, las oficinas han empezado —como hicieron las cabinas telefónicas— a desaparecer de las calles. Los últimos datos del Banco de España publicados este lunes lo constatan: a cierre de junio había 17.597, 55 menos que en marzo y 516 menos que hace un año. Para ver el problema de forma más gráfica: la cifra es la más baja desde diciembre de 1975.

"Ahora casi todo es por Internet... y no todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión". Así comenzó Carlos su recogida de firmas, que llegó a superar los 640.000 apoyos en apenas unos días y provocó, con esa presión, que hasta el Ejecutivo se viera obligado a mover ficha. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, no tardó en prometer un plan de "medidas eficaces" para acabar con el problema que Carlos había puesto sobre la mesa. "Vamos a hacer todo lo posible por resolver esto", señaló la ministra en declaraciones a los medios. Para Carlos, la implicación era real. "Mostró empatía en todo momento", recuerda ahora.

A partir de entonces, la banca, en pleno festín de beneficios, dijo que se haría cargo. Tanto la Asociación Española de Banca (AEB), como la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) transmitieron en un encuentro con el médico jubilado "su más firme voluntad y su claro compromiso" de hacer accesibles sus servicios y de adoptar nuevas medidas orientadas a las personas mayores. El problema era —y, de hecho, es— que no había más que eso: voluntad. Nada de medidas obligatorias y nada de evaluación externa. Por eso el fin de la exclusión financiera de los mayores, lamenta Carlos, queda lejos.

El compromiso llegó en febrero de 2022. El día 21, las asociaciones de banca, la ministra Calviño y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, firmaron la actualización del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, que se había redactado apenas un año antes, el 23 de julio de 2021. En concreto, las patronales bancarias modificaron el punto 5 del documento, que hasta ese día incluía tres medidas genéricas. En primer lugar, la AEB, la CECA y UNACC se comprometían a crear un Observatorio para Inclusión Financiera, a revisar páginas web, apps y otros canales para convertirlas "en instrumentos más accesibles a los productos y servicios bancarios". No se especificaba para quién. Los bancos, además, se comprometían "a reforzar los canales de atención telefónica como alternativa para los clientes que no pueden ir a una oficina o carecen aún de las capacidades para hacer gestiones mediante banca electrónica".

Además, las tres medidas se ampliaron diez, entre las que se encontraba la ampliación de los horarios de atención presencial, la atención telefónica preferente para los mayores, la oferta de "acciones de educación financiera, digital y de prevención de fraudes" y la reparación de los cajeros fuera de servicio. El Observatorio para la Inclusión Financiera vigilaría la implementación de estas medidas —repetimos, voluntarias— y elaboraría, semestralmente, un informe. En paralelo, el Banco de España redactaría otro —este, anual— sobre el asunto.

La última evaluación elaborada por la banca, según informa la AEB a infoLibre, se publicó el pasado mes de junio. La nota: aprobado. "Se han dado pasos importantes en la hoja de ruta trazada para mejorar la inclusión financiera de la población española", concluyó el sector.

En concreto, constató una reducción de oficinas y cajeros, sí, pero aplaudió que "España sigue teniendo una de las redes más densas de la UE teniendo en cuenta el número de habitantes". "Frente a 3.232 habitantes por oficina en promedio para la UE [...], en España la ratio es de 2.463", celebraron. Además, aseguraron que la mayoría de los cierres se producen en aquellas zonas en las que, al menos, hay una oficina. Pero eso no sirve, denuncia Carlos. Aunque siga habiendo oficinas, es importante que los mayores tengan fácil acceso a las mismas. "En València hay municipios de más de 10.000 habitantes en los que los mayores tienen que desplazarse hasta cinco kilómetros para poder ir a un banco", lamenta. Sin embargo, si la evaluación de la banca tiene un resultado positivo, como es el caso, ¿qué otras medidas habría que tomar?

Por su parte, el Banco de España publicó el pasado mes de marzo su informe, que simplemente recopila las medidas puestas en marcha por la institución y por el sector privado, sin entrar a determinar si han funcionado o no. "Resulta imprescindible identificar, mediante un proceso riguroso de evaluación, cuáles de las diversas iniciativas que podrían implementarse —o que ya se han puesto en marcha— resultan más eficientes para mitigar los riesgos de exclusión financiera anteriormente descritos, tanto en el ámbito geográfico como en lo relativo a los colectivos con menores competencias digitales", concluye el documento.

Mientras tanto, las entidades defienden las medidas que, hasta ahora, han puesto en marcha. Así, fuentes del BBVA informan a este periódico que no han cerrado sucursales y que han ampliado el horario de caja e implementado la atención preferente para los mayores, y que también tienen disponible una app adaptada, "más fácil de entender y accesible", características que, defienden, han querido trasladar también a los cajeros automáticos.

Banco Santander, por su parte, informa de que, en un año, han pasado de tener 1.921 oficinas a 1.884 atendidas por 1.052 agentes, casi todos en zonas rurales. En cuanto a las medidas, además de ampliar el horario de caja hasta las 14 horas, han puesto en marcha distintos proyectos de educación digital para los más mayores, que indica que pueden ser atendidos a través de la web y la app, precisamente lo que ellos califican de obstáculo.

Por último, CaixaBank defiende haber implementado todas las medidas incluidas en el protocolo firmado por las asociaciones de banca y el Gobierno. En concreto, fuentes de la entidad indican que, además de también ampliar horarios de oficina, se ha creado en las mismas un "plan de acompañamiento" para asesorar a los mayores, que también disponen de un teléfono excusivo y un canal de Whatsapp con el que comunicarse con el banco. Además, indican que "todo el parque de cajeros ya está adaptado y dispone de módulo de libretas". En cuanto al cierre de oficinas, las mismas fuentes indican que en su caso se deben a la necesaria fusión de oficinas entre las que antiguamente eran de CaixaBank y las que pertenecían a Bankia. Aseguran, no obstante, que no se han dejado zonas rurales abandonadas.

No es suficiente, siguen señalando los mayores. Todo esto fue al principio, ahora "se han relajado", lamenta Carlos. Y tiene mucho que ver con el periodo electoral que, de hecho, paralizó la aprobación de la ley que iba a crear la Autoridad del Cliente Financiero, una norma "maravillosa", asegura el médico jubilado.

El pasado mes de mayo, el Congreso de los Diputados aprobó, con una mayoría de 186 votos a favor —sólo votó en contra Vox, mientras que PP y Junts se abstuvieron— la creación de esta nueva agencia de supervisión que tiene por objetivo unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. El texto entonces fue trasladado al Senado para continuar con su trámite parlamentario, pero el adelanto electoral hizo que cayera en saco roto y se guardara, por ahora, en el cajón. El próximo Gobierno será el encargado, o no, de recuperarla.

El cierre de sucursales bancarias en España va a pegar un acelerón en 2021: solo con las pactadas en los Expedientes de Regulación de Empleo de Caixabank, Unicaja, Sabadell, Santander (del ERE de 2020) y BBVA, ascienden a 2.734, pero no todos los cierres se acuerdan en las negociaciones entre entidades y sindicatos, por lo que el número final será considerablemente mayor. La cantidad de oficinas clausuradas supera a todas las que hicieron lo propio en 2019 (2.160) y en 2020 (2.011, hasta marzo de 2021 según datos del Banco de España). La última cifra de sucursales que quedan en el país es de junio pasado: 20.823. Es decir, el ritmo entre marzo y junio arroja una clausura de 10 sucursales al día. 

Los tiempos en los que España contaba con 45.662 sucursales, en 2008, terminaron con la anterior gran crisis financiera y con la digitalización. Se han cerrado un 54% en ese periplo de 13 años. Pero todas las organizaciones de consumidores consultadas están alarmadas por los millones de personas que están quedando excluidas de estos servicios, especialmente en la España rural o vaciada. "Y en determinados barrios de muchas ciudades", señala Gonzalo Postigo, portavoz de la Confederación Intersindical de Crédito. "El acceso a la banca electrónica no está ni muchísimo menos teniendo el éxito que aseguran las entidades. No se trata solo de la población mayor, menos familiarizada con las nuevas tecnologías. Hay otros sectores que no se manejan", puntualiza Postigo. "La brecha no es solo generacional, también es económica: la banca online exige tener wifi, y no todo el mundo puede". 

Cuando termine 2021, el Banco de España echará algo de luz sobre el número de oficinas que echaron el cerrojo este curso. En los ERE pactados –nunca ha descarrilado una negociación bancaria en lo que va de democracia, pero cada vez se dan más problemas en las conversaciones entre empresas y sindicatos–, la palma se la lleva Caixabank, que cerrará este ejercicio 1.500 oficinas tras su fusión con Bankia. Sabadell ya ha clausurado 320 en dos fases, el Banco Santander este año ha cerrado 34 de algo más de 1.000 que pactó en el ERE de 2020 y en BBVA se firmó en noviembre la sentencia a 480 oficinas, que cerrarán gradualmente hasta noviembre. "Estamos en un contexto de profunda transformación marcada por una enorme presión competitiva, bajos tipos de interés, adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y la entrada de nuevos actores digitales. Para garantizar nuestra competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro, resulta imprescindible reducir nuestra estructura de costes", responden en BBVA. Es una respuesta común de todas las entidades. 

Pero algo está cambiando. Para empezar, la institución presidida por Pablo Hernández de Cos razonaba en un documento de 2018 que el cierre masivo "no implica necesariamente que la población afectada se encuentre en una situación de exclusión financiera". Pero en agosto de 2021 el supervisor bancario debió de cambiar de parecer e indicó en otro informe que "1.300.000 ciudadanos se encuentran en una situación que puede considerarse vulnerable". 

Un 36% sigue usando el efectivo

"Son muchos más de 1,3 millones. A nosotros nos sale el triple", afirma el presidente de Adicae, Manuel Pardos. "No solo en la España rural, es que hay población fuera del sistema online hasta en las propias ciudades. Resulta", dice Pardos, "que la banca española fue rescatada por un memorándum que aún estamos pagando y cuya rescate va por más de 65.000 millones, y el Banco de España mientras se dedica a aplaudir todo lo que va en contra de los usuarios. Parece que solo busca la estabilidad del sistema financiero sin importarle los clientes". 

¿Cuánta gente usa no ya la banca online, sino tarjeta de débito? Casi el 36% (35,9%), según una encuesta muy reciente del Banco de España. La tendencia va claramente a la baja desde el 80% que declaraba recurrir a billetes o monedas como medio de pago principal en su día a día. Según la mayoría de los encuestados, "el hábito del pago con efectivo ha caído especialmente desde el período de confinamiento por la covid-19, en gran parte por el estímulo a favor de otros medios de pago ejercido por casi la mitad de los comercios, así como por las medidas higiénicas derivadas de la alerta sanitaria". Sin embargo, el efectivo resiste en amplias capas de la población. 

"Hay gente que no sabe usar una tarjeta de débito, ni qué decir tiene entrar en aplicaciones de la banca", advierte Rubén Sánchez, de Facua. "El sector busca que la ciudadanía conciba que un banco puede no tener oficinas, y eso agrava la brecha digital. Y no hay planes en España para digitalizar a quienes sufren la brecha". Según Sánchez, se está evitando "cualquier asunción de obligaciones" en las sucursales. "Cada vez son más un lugar donde un gestor te vende un producto financiero en lugar de atenderte para sacar dinero u otras operaciones comunes a la ciudadanía". 

"Hay cada vez más espacios vacíos"

"Efectivamente, noto que en las oficinas bancarias hay cada vez más espacios vacíos", comenta Julio Rodríguez López, ex presidente del Banco Hipotecario entre sus muchos cargos. "Los horarios de las sucursales son muy rígidos, a partir de las once de la mañana es difícil conseguir una cita en según qué centros, la calidad de la atención al cliente ha empeorado. Todo apunta a que el ajuste de oficinas no ha terminado aún, lo que va a agravar en la depresión económica y en la despoblación de la España Vacía". "En definitiva: la mejora de la cuenta de resultados de los bancos se va a hacer a costa de jorobar a los clientes". Solo en el segundo trimestre, BBVA ganó 2.327 millones de euros, el Banco Santander 2.067 millones, Caixabank perdió 605 millones pero en el primer semestre del año lleva ganados 4.181 millones (por el ajuste contable de la fusión y tras descontar gastos del ERE), Unicaja 28 millones...

"Efectivamente, teníamos muchas sucursales antes de la anterior crisis", reconoce Pardos, de Adicae. "Así que cuando todo el mundo esté familiarizado con las tecnologías, que cierren todas. Pero es que no está pasando eso al no haber formación digital, que deberían brindar las entidades. Y a esa exclusión se le añade el expolio que están practicando los bancos con los clientes". Pardos se refiere al aumento generalizado de las comisiones a partir de septiembre. "Lo más gracioso es ahora ver cómo las entidades presumen de ser verdes o venden la Responsabilidad Social Corporativa. Con todo lo que ocurre". Facua asegura que ha pedido a los ministerios de Economía y Consumo medidas como no cobrar comisiones a los clientes vulnerables, peticiones de las que no han tenido noticia. 

Portavoces de Caixabank, la entidad que más cerrará como resultado de la fusión con Bankia -anunciada hace un año-, apuntan a que el banco contará con "presencia en más de 2.200 municipios españoles", siendo "en 389 de ellos la única entidad con representación". "Para 2022, el 41% de oficinas de la entidad se situarán en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. "Existe el compromiso de no abandonar ninguna localidad. Cuando se producen integraciones de oficinas, como las que se están realizando a raíz de la fusión con Bankia, se producen en el ámbito urbano, donde tiene sentido unificar oficinas próximas en un centro más grande", alegan.

En el último año, el sector financiero español está más concentrado, tiene miles de trabajadores menos tras una oleada de ERE que todavía siguen negociándose (Banco Sabadell) y menos sucursales y, en cambio, los pluses millonarios a las cúpulas directivas han regresado con fuerza. Y además vuelve otro fenómeno, viejo conocido de la banca: las comisiones a los clientes. Según constatan todas las organizaciones de consumidores consultadas (OCU, Facua o Adicae), las grandes entidades encaran el final de la pandemia con aumentos de las comisiones, especialmente a las cuentas denominadas no vinculadas o no fidelizadas.

También lo dicen portales comparativos, como HelpMyCash, y así lo reconocen los bancos consultados, que responden que, por el contrario, dan muchas facilidades para fidelizar cuentas, que la mayor parte de sus clientes seguirá sin pagar y que mantener cuentas tiene un coste para el banco. Igualmente, aseguran que el camino de bajos tipos de interés emprendido desde 2014 por el Banco Central Europeo (BCE) para evitar un estallido de la Eurozona en la anterior crisis financiera impide a las entidades obtener más beneficios, por lo que es lógico, alegan, promover productos financieros más rentables. Enfrente, los usuarios quejándose cada vez más a través de redes sociales como Twitter o Facebook, la manera más popular de canalizar el enfado con las finanzas en los tiempos que corren. 

No solo son los clientes. El ex presidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada Julio Rodríguez López, actual vocal del Consejo Superior de Estadística del INE, apunta a la "situación oligopolística" del sector en España "que tiene difícil salida sin un banco público". "Se observa un paralelismo claro entre entidades diferentes. Ha debido de haber un acuerdo entre los principales bancos a partir de septiembre para castigar las cuentas si no hay vinculación, pero también, a veces, donde sí la hay. Esto ilustra un acuerdo tácito no publicitado", denuncia. "Los bancos siguen con una situación apretada por los bajos tipos de interés y otras cosas y buscan la forma de mejorar la rentabilidad. Vamos a estar sujetos a un castigo por parte de ese oligopolio".

El escenario lo anticipaba en junio José María Méndez, director general de CECA y Cecabank, en unas jornadas organizadas por el diario Sur. En ese acto, Méndez, en presencia de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, apelaba a "un cambio cultural, una nueva tarificación de los servicios que prestan las entidades". "Muchas de estas comisiones estaban ocultas y ahora tienen que explicitarse con un nuevo modelo de tarifas. Deberíamos de explotar todos la búsqueda de alianzas multi entidad". Eso es lo que habría ocurrido. 

"Ahora mismo con las comisiones las entidades o bien inventan nuevas o bien incrementan el importe que ya tenían", critica Rubén Sánchez, secretario general de Facua. "Algo que solo pueden hacer con nuevos clientes, pero no con quien ya tenía una cuenta o producto bancario. El requisito para cobrar una nueva comisión o incrementarla es que en el contrato se indiquen los motivos válidos para aplicar esa subida, cosa que no suele pasar nunca. Es una práctica abusiva y las autoridades de Consumo deberían sancionarla. Pero no trascienden multas", agrega Sánchez. "Además, en paralelo, el Banco de España traslada el mensaje falaz de que se pueden subir las comisiones si no hay notificación previa, obviando que la normativa de Protección al Consumidor prohíbe dicha subida".

Multiplicadas por cuatro en 10 años

Se han identificado incrementos o nuevas comisiones en Caixabank, Unicaja, Sabadell, Santander, ING, BBVA o Kutxabank. infoLibre ha conseguido recabar la versión de los cinco primeros. "La regulación de las comisiones es la desregulación total. Se lo comunican al Banco de España, que dice que no tiene competencias para supervisar los aumentos", critica Manuel Pardos, presidente de Adicae. "Según nuestros cálculos, en los últimos 10 años las comisiones se han cuadruplicado. Y desde junio hemos detectado nuevos aumentos porque Economía había dado hasta el 1 de junio de plazo para que las entidades concretaran sus planes con esta tarificación. Algunas entidades empezaron a cobrar de más en junio, y la gran mayoría en septiembre. ¿Qué hacemos los consumidores?", se pregunta Pardos. 

Estos días se produce una efeméride: un año desde el anuncio de fusión de Caixabank y Bankia, que no pocos economistas ven más bien como una absorción. Consumada la pasada primavera, la temporada otoñal viene con grandes cambios en términos de comisiones, especialmente para los clientes no fidelizados: la tarjeta de débito de Bankia pasará a costar 36 euros desde el 1 de enero de 2022 (de 24 euros que se cobraba en Bankia); con las tarjetas revolving, si el pago se aplaza o se fracciona se aplicará una comisión del 23% TAE (existen condenas a entidades financieras por porcentajes inferiores); también se cobrará por emitir la tarjeta de crédito excepto si el cliente pertenece al Programa Día a Día o procede de otro llamado Por Ser Tú en Bankia. La cuenta ON de Bankia oscilará entre 0 y 240 euros al año (60 euros al trimestre), dependiendo de si los clientes cumplen las condiciones marcadas; según Caixabank respecto a esto último, "la mayoría de clientes no pagará nada". 

En la entidad contestan que "tres de cada cuatro clientes de CaixaBank estarán exentos de pagar comisiones por la operativa y servicios financieros más habituales una vez que se produzca la integración tecnológica con Bankia en noviembre". "CaixaBank tiene el programa de vinculación más sencillo de cumplir de la banca española y, a partir de noviembre, empezarán a beneficiarse de él todos los clientes procedentes de Bankia que tengan domiciliados sus ingresos y tres recibos o hagan tres pagos con tarjeta de crédito al trimestre", aseguran en el banco.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con relación a la nueva Caixabank, "aunque las fusiones bancarias pueden tener beneficios para la entidad resultante", en alusión al aumento de la solvencia y de la reducción de costes, "tienen un lado negativo para el consumidor, ya que suponen una reducción de la competencia, limitan su posibilidad de elección, y suelen venir acompañada de un aumento de precios en los productos o servicios, mediante el encarecimiento de comisiones  y unos costes adicionales para el propio usuario".

En la entidad que preside Ana Patricia Botín, los clientes que no cumplan las condiciones del programa Santander One y que ya pagaron 20 euros de comisión en agosto volverán a pagar esa cantidad si siguen sin reunir los requisitos. Al final, 240 euros al año. En el Santander responden que los "240 euros anuales es el máximo de comisiones anuales que paga un cliente que no tenga ninguna vinculación con el banco". "Justo el pasado verano, Santander España modificó las condiciones de su cuenta One ampliando las posibilidades de exención de comisiones. Con sólo tener domiciliada la nómina o la pensión y algún recibo el cliente pagará cero comisiones", dicen, "y lo mismo ocurre con el cliente que tiene un producto vinculante, como la hipoteca o un fondo. Y los clientes que sólo tengan nómina y pensión pagan 10 euros al mes, es decir, 120 euros anuales".

En Unicaja se abonará una comisión de 30 euros y en el Sabadell de 50 euros por las cuentas no vinculadas. "Lo que buscamos es ser la entidad de referencia de los clientes y aumentar la vinculacion", defienden en la entidad catalana, inmersa en un ERE. "Con 700 euros de ingresos y un seguro los clientes lo tienen gratis todo". Por su parte, en Unicaja aseveran que "cada vez son más los clientes de la entidad que están exentos del pago de la comisión de mantenimiento de cuentas, acogiéndose a distintos tipos de programas de exenciones". "En general", razonan, " exenciones basadas en el cumplimiento de requisitos por contratación de productos o servicios, por edad o pertenencia a distintos segmentos de la entidad". Kutxabank, que no ha contestado a este medio, ha desplegado la misma política comisionista. 

ING también lleva un tiempo cobrando 10 euros al mes, o 120 euros al año, a  clientes que tienen un saldo igual o superior a 30.000 euros en la célebre Cuenta Naranja y no cumplen los requisitos de vinculación de la Cuenta Nómina. Pero en la entidad neerlandesa dicen que esta comisión se evita domiciliando ingresos o cerrando la cuenta de ahorro. "Solo el 4% de nuestros cuatro millones de clientes pagan 10 euros al mes, 120 euros al año", manifiestan portavoces. Son clientes no vinculados. Por otra parte, los clientes de ING que retiraban a partir de 50 euros en los antiguos cajeros de Bankia y no pagaban ningún recargo solo podrán seguir sacando en aquellos puntos que pertenecieran a la antigua caja madrileña; no obstante y como este medio ha constatado, a veces ING sí está cobrando comisiones. "Ha sido una reciente y muy puntual incidencia", rebajan la gravedad en ING. 

Finalmente, BBVA está empezando a cobrar una comisión por trimestre de 40 euros a los clientes no fidelizados, los que no cumplen los requisitos del programa Adiós Comisiones (160 euros al año). 

El Observatorio Fiscal de la Unión Europea, una iniciativa de la Paris School of Economics cofinanciado por la Unión Europea y dirigido por el economista Gabriel Zucman, ha analizado la actividad de 36 bancos sistémicos europeos en paraísos fiscales, cuántos beneficios contabilizan en esos territorios de baja o nula tributación y gran opacidad fiscal y cuántos millones se ahorran en el impuesto de sociedades cada año gracias a esos negocios. En la lista se incluyen cuatro bancos españoles: Santander, BBVA, Bankia BBVABankiay Sabadell. Entre los cuatro sumaron una media anual de 17.698 millones de euros en beneficios antes de impuestos entre 2014 y 2020, el periodo analizado, por los que pagaron 4.837 millones a Hacienda. Según el estudio, el BBVA contabilizó en paraísos fiscales el 0,9% de sus beneficios brutos entre 2014 y 2016, que crecieron hasta el 1,9% entre 2018 y 2020. Los duplicó. El Santander registró offshore el 0,5% de sus ganancias antes de impuestos en esos dos primeros años del análisis, para aumentarlos hasta el 1,3% en los dos siguientes. Casi los dobló. Ni Sabadell ni Bankia tienen negocios en paraísos fiscales.

Los autores del informe, Giulia Aliprandi, Mona Barake y Paul-Emmanuel Chouc, calculan también el déficit fiscal de los bancos, la diferencia entre los impuestos que pagan y los que deberían pagar si se les gravara con una tasa mínima efectiva del 15% –tal y como acaba de aprobar la OCDE para las multinacionales–, del 21% y del 25%. Las 36 entidades analizadas contabilizan un total de 20.000 millones de euros, el 14% de sus beneficios, en paraísos fiscales. El estudio ha incluido a 17 paraísos fiscales en sus cuentas: Bahamas, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Kuwait, Luxemburgo, Macao, Malta, Mauricio, Panamá y Catar. Según sus cifras, el 25% de los beneficios registrados por los 36 bancos –desde HSBC y Barclays hasta Deutsche Bank pasando por ING, BNP Paribas o Intesa Sanpaolo– se contabilizan en países con tipos efectivos por debajo el 15%. En paraísos fiscales, la media es del 20%, aunque hay bancos que no los usan y en otros, como el HSBC, el campeón en esta liga, el 58% de sus ganancias proceden de estos territorios offshoreoffshore. De Hong Kong, en concreto.

Gracias a esos tipos efectivos tan bajos, tanto en el extranjero como en paraísos fiscales, lo que pagan los bancos analizados es de un 20% de media. De hecho, siete de ellos consiguen tributar por debajo del 15%: RBS, Barclays, Bayern LB, Nord LB, HSBC, KBC e Intesa Sanpaolo. De forma que el estudio calcula que el déficit fiscal de las 36 entidades asciende a entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales con un tipo efectivo del 15%. Si la cuenta se hace con un tipo efectivo del 25%, la cifra alcanza la horquilla de 10.000 a 13.000 millones de euros que escapan de las arcas públicas europeas cada año. Esas cantidades equivalen a entre el 6% y el 10% del déficit fiscal que el propio Observatorio ha calculado para el conjunto de las multinacionales europeas. La recaudación procedente de los bancos debería igualar, una vez alcanzado ese 15% mínimo, a la que se esperaría también de las compañías petrolíferas.

El tipo nominal que grava a las entidades financieras en el impuesto de sociedades es en España del 30%. Pero el tipo real es inferior. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria sobre la recaudación de ese impuesto en 2019, las últimas publicadas, los grupos bancarios pagan un tipo efectivo sobre su base imponible del 20,61%, 10 puntos menos del nominal, y sólo un 2,11% sobre sus beneficios.

infoLibre tuvo acceso a las declaraciones del impuesto sobre sociedades de los principales bancos españoles y esto fue lo que encontró.

Santander, número uno en 'déficit fiscal' en 2014

Aunque el HSBC es el banco que lidera el ranking del estudio –registra el 60% de sus beneficios en Hong Kong a un tipo efectivo del 11% y acumula un déficit fiscal de 2.394 millones de euros–, el Santander fue la entidad que tuvo mayor déficit fiscal en el extranjero en 2014, 984 millones de euros. El doble que el británico. En 2015 fue el segundo –345 millones– sólo por detrás del HSBC. En 2018 fue el cuarto –190 millones– y el tercero en 2019. Pero, si el déficit fiscal se mide como porcentaje de los impuestos realmente pagados, el Sabadell resultó ser el tercer banco con mayor deuda tributaria en 2015, un 46%.

De hecho, de acuerdo con los cálculos del Observatorio Fiscal de la UE, el déficit fiscal de Santander y BBVA por los beneficios contabilizados en paraísos fiscales asciende a 133,9 millones de eurosdéficit fiscal, la cantidad que habrían tenido que pagar si hubieran sido gravados con un 15% en el impuesto de sociedades. La cifra es aún superior si se hace la misma estimación con los beneficios obtenidos fuera de España, en territorios no considerados paraísos fiscales por estos dos bancos, junto a Sabadell y Bankia: 2.112,2 millones de euros. Además, si hubieran tributado efectivamente al 15% en España, deberían haber pagado 621 millones más de los que realmente ingresaron en las arcas de Hacienda. En total, su déficit fiscal, nacional e internacional, entre 2014 y 2020 asciende a 2.867,2 millones de euros.

Beneficios por empleado y márgenes disparados

El método que utiliza el Observatorio Fiscal de la UE para sus cálculos se basa en el desajuste existente entre la rentabilidad por empleado de los bancos en sus filiales situadas en paraísos fiscales, en las filiales en otros países y en sus propios territorios. Para empezar, pese a que obtienen de media el 14% de sus beneficios en paraísos fiscales, allí sólo tiene el 4% de sus empleados. De forma que la rentabilidad por empleado en territorios offshore es de 283.000 euros, mientras que en el resto de sus filiales en el extranjero cae a 68.000 euros y en el país donde tienen su sede se queda en sólo 63.000 euros.

Además, sus márgenes se disparan en los paraísos fiscales: mientras que en casa el margen oscila entre el 20% y el 25% de media, y en el extranjero se eleva hasta el 34% o el 35%, en los territorios offshore se dispara a entre el 52% y el 58%. Esa discrepancia, explican los autores, puede deberse al gran volumen de depósitos atraídos por los paraísos fiscales o bien al desvío de beneficios, que no puede calcularse con los datos sobre activos de los informes país por país que están obligados a publicar los bancos.

El año de la pandemia los usuarios de banca aumentaron sus reclamaciones ante el Banco de España en un 45,6% respecto a 2019, y sus consultas telefónicas aún más, un 54%. El pico de las llamadas se produjo precisamente en abril, con el estado de alarma recién activado y el confinamiento en su momento más duro. La tendencia al alza, además, parece que va a continuar, puesto que en los primeros cuatro meses de este año el Banco de España ya ha recibido 13.000 reclamaciones. El organismo supervisor no descarta que en 2021 la cifra de quejas de clientes roce los máximos históricos de 2013, 2014 –cláusulas suelo– y 2017 –gastos de las hipotecas–. Es lo que prevé el Banco de España en su Memoria de Reclamaciones, que cifra en 21.320 el número de reclamaciones recibidas el año pasado, de las que el 27% se refieren a hipotecas. Pero donde se ha experimentado una auténtica explosión de quejas ha sido en las tarjetas, que se han disparado un 114,7% respecto a 2019 y ya suponen casi tantas –un 26,4%– como las hipotecas, hasta ahora las reinas de las denuncias.

Es más, si las reclamaciones sobre tarjetas han crecido en ese volumen ha sido porque las quejas sobre supuestas operaciones fraudulentas se han multiplicado en un 138,6% en un año, de tal forma que se han convertido en el segundo motivo de queja, pero también porque las denuncias sobre tarjetas revolving han crecido aún más, un 212%. En total, el Banco de España recibió en 2020 5.725 reclamaciones por hipotecas –un 28% más que en 2019–, pero nada menos que 5.622 por tarjetas. Y de ellas 1.942 eran por presuntos fraudes.

Las cuentas corrientes suman 4.912 reclamaciones, la mayoría por las comisiones cobradas. Las transferencias también han supuesto un 70% más de quejas y, de nuevo, aparece el fantasma del fraude: se han disparado un 236% al pasar de 97 a 326.

Como es lógico por su volumen de negocio y cuota de mercado, Santander, Caixabank, BBVA y Bankia –recién fusionada con Caixabank– acumulan también el mayor número de reclamaciones, el 51,6% de las recibidas por el Banco de España. Contra el banco de Ana Patricia Botín se presentaron en 2020 un total de 3.849 quejas, contra Caixabank 2.696, BBVA fue objeto de 2.405 reclamaciones y Bankia, de 2.301. Les siguen Banco Sabadell, con 1.091, y Wizink, con 1.035. Las reclamaciones dirigidas al supervisor por las operaciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha tenido un papel protagonista durante la pandemia por los préstamos y avales concedidos a empresas, sólo han supuesto el 0,47%.

Un 58,7% de rectificaciones para el Santander, un 89% para el Sabadell

Para que un cliente reclame ante el Banco de España si considera que su entidad financiera ha incumplido las normas de transparencia o, en general, las buenas prácticas bancarias, debe haberse quejado primero al servicio de atención al cliente de la propia entidad. Después, el supervisor elabora un informe. En 2029 fueron 7.094 los redactados, de los cuales el 33% fueron favorables a la entidad reclamada y casi el 37% favorables al cliente. Además, en 2.143 ocasiones –el 30,2%– el banco rectificó antes de que el supervisor emitiera su informe. Es decir, el Banco de España destaca que siete de cada 10 reclamantes vieron “satisfechas sus pretensiones” tras acudir a sus servicios, “una tendencia constante de 2017”. No obstante, el porcentaje de informes a favor del cliente se situó el año pasado como el segundo más bajo desde 2012, lo que el supervisor interpreta de forma positiva, como un indicio de que los bancos cada vez asumen en mayor medida las buenas prácticas bancarias.

En cualquier caso, el Banco de España ajusta las cifras absolutas de informes favorables a los reclamantes según la cuota de mercado de la entidad financiera denunciada, al tiempo que mide la respuesta de ésta a su dictamen: si rectifica o no su comportamiento. Así, Bankinter, Kutxabank y Cajasur resultan ser los bancos con peor comportamiento frente al cliente y frente al supervisor. Son los que más quejas recibieron en 2020 y los que menos rectificaron respecto de la media. Las tres fueron objeto de más de un 60% de informes a favor del reclamante y rectificaron –antes de que el Banco de España emitiera su dictamen– sólo entre un 14,5% –Cajasur– y un 22,2% –Kutxabank–. Tampoco lo hicieron mucho mejor los más grandes del sector:el Banco Santander sólo rectificó en un 22% de las ocasiones y recibió un 40,3% de informes en su contra, por lo que es la entidad entre los mayores que menos modificó sus decisiones, en un 58,7% de las quejas admitidas. Por el contrario, el Sabadell llegó al 89% de rectificaciones –sumadas las previas y las posteriores al informe–.

Por su parte, Liberbank, Ibercaja y Cajamar tienen un porcentaje de quejas superior a la media, pero también rectifican más. Al revés, ING, Evo Banco, Cetelem y Servicios Prescriptor y Medios de Pago –antigua Evo Finance–, rectifican menos y suman menos reclamaciones que la media. Sobre ING, el Banco de España admitió 166 quejas, de las cuales el banco holandés rectificó el 62% –un 23% antes del informe–, mientras que sobre Cofidis fueron sólo 18. Rectificadas antes del informe quedaron cuatro y otras siete terminaron con dictamen a favor del cliente.

Casi se duplican las quejas por productos vinculados y comisiones

Si la comparación se hace teniendo en cuenta el tipo de producto, Cajamar, Santander y Liberbank son los que han recibido más informes del Banco de España favorables a los clientes que se quejaron por sus hipotecas. En general, los usuarios reclaman sobre todo por los gastos para formalizar estos préstamos y por la contratación de productos vinculados, cuyo número ha crecido un 89% el último año. También se han desbordado las quejas por la aplicación del IRPH –una materia aún en sede judicial–, un 247,3%. Por los depósitos, las entidades más denunciadas son Deutsche Bank e Ibercaja. Sólo las quejas por las comisiones se han disparado un 91%. Y por las tarjetas, Bankinter Consumer Finance, Wizink y de nuevo Ibercaja. En el caso de la primera, recibió 17 informes en contra, lo que equivale a 14 veces más de lo que le correspondería por su cuota de negocio. El Santander tiene el mayor número absoluto de informes desfavorables por sus tarjetas, 225 –2,4 veces más de lo que debería por su cuota de mercado–. De ellos, 172 tienen su origen en operaciones donde el cliente denuncia que ha sido víctima de un fraude.

El resultado de estas rectificaciones se tradujo el año pasado en que los bancos devolvieron a sus clientes casi 3,1 millones de euros, el mayor importe en la última década y un 20,5% más que en 2019. Eso sí, el importe medio reembolsado no es muy elevado: sólo 431,74 euros.

El empleado de banca tal y como se conoce está al borde de la extinción. Los enormes ERE que han presentado las principales entidades financieras españolas en los últimos meses no sólo se ceban en la red de sucursales, sino sobre todo en un determinado perfil de trabajador que está quedando en desuso ante el auge de la gestión digital. El BBVA ha planteado el despido de 3.798 personas, de las que 3.025, el 80%, trabaja en su red de oficinas en España. Y de ellas, el 82% serán gestores comerciales –1.412– y gestores de atención al cliente –1.070–. Eso significa que la mitad de los integrantes de ambas categorías –el 47% de los primeros y el 56% de los segundos– van a desaparecer de la plantilla del segundo banco del país.

Las cifras son significativas por cuanto, aun siendo el ERE del BBVA menor en número de despidos respecto al presentado por Caixabank –7.791–, el impacto sobre la red de sucursales será mucho mayor en el caso del banco presidido por Carlos Torres: ese 80% de despidos en las oficinas está 10 puntos porcentuales por encima de los que pretende ejecutar la entidad catalana. El cierre de sucursales planeado por el BBVA, 530, llevará aparejado además el despido de 543 directores, el 23% de los actuales. En el resto del banco, el recorte será mucho menos intenso: 155 empleados en las estructuras intermedias, un 13,5%; 258 en los servicios centrales, el 9,7%, y 360 en el centro corporativo, un 8,1%.

A diferencia del ERE de Caixabank, el BBVA sí aduce causas económicas, además de las organizativas y productivas, para recortar la plantilla. Aunque en el primer trimestre de este año ha vuelto a los beneficios, 1.210 millones de euros, una cifra que el propio banco reconoce como próxima a los niveles prepandemia, el informe técnico del ERE, al que ha tenido acceso infoLibre, sólo cita las pérdidas de 2020, 2.182 millones. Y destaca que su resultado antes de impuestos ha caído un 89,8% desde 2017, de 2.439 a 248 millones de euros. También subraya que tanto sus ingresos por intereses como por comisiones, el negocio puramente bancario, siguen recortándose en el primer trimestre de este año, un 6,5%, y que su márgenes bruto –el conjunto de sus ingresos financieros y de cualquier otro tipo– y de explotación –descontados los gastos operativos del margen bruto– continúan en 2021 por debajo de los que registraba en el primer trimestre de 2020, antes de irrumpir el coronavirus.

Además, su ratio de eficiencia –la relación entre los gastos y el margen bruto– se ha deteriorado en 13,8 puntos entre 2017 y 2020, con una diferencia de 8,6 puntos respecto al resto del sector bancario. Es peor que las de Santander, Caixabank y Bankia, resalta el documento para justificar la necesidad de recortar personal.

Esa reducción de los ingresos, referida a las sucursales y a los empleados, se traduce en una pérdida de productividad que el informe cifra en un 11,2% del margen bruto por oficina desde 2017 y en un 21,7% por trabajador. Es más, las transacciones realizadas en las sucursales se han desplomado en un 70,6% entre 2017 y 2020. Si la comparación se hace hasta 2019, eliminando el año del confinamiento, el descenso es del 45,4%: hace cuatro años se realizaban 42,9 millones de operaciones en las oficinas del BBVA en España. En 2019, sólo 23,4 millones. Y el año pasado, apenas 12,6 millones. Las que más han caído son las transferencias –un 82,4%– y las transacciones en efectivo –un 73,6%–.

Al mismo tiempo, las operaciones digitales se han disparado un 49,2%: 264 millones en 2020. Las transferencias y traspasos online, por ejemplo, se han quintuplicado. Y el 40% de la operativa digital se hace a través de la aplicación del móvil. El BBVA tiene 5,8 millones de clientes digitales, lejos aún de los siete millones de Caixabank, líder español en este ámbito. Santander cuenta con 5,4 millones y Sabadell con 5,1.

Asistentes virtuales y nuevos perfiles laborales

Con la digitalización en plena fase desarrollo y la creciente competencia de nuevas fórmulas de financiación –desde el crowfunding hasta las operaciones de deuda para las empresas– y de nuevos financiadores –Amazon, Google, Facebook, Apple…–, el BBVA quiere convertir las sucursales en “centros de negocio especializado”, un “espacio totalmente diferente” a las oficinas actuales, donde “la tecnología y la innovación sean protagonistas”, explica el informe. Unos locales futuristas –o ya no tanto– con “asistentes virtuales” y “espacios interactivos de asesoría” para “anticiparse a las necesidades de los clientes”. Éstos, al gestionarse digitalmente sus operaciones, permitirán al gestor bancario ahorrar un 10% de tiempo y aumentar su cartera de una media de 1.190 clientes por empleado a 1.311.

Así, las sucursales podrán “abandonar las tareas transaccionales en beneficio de las tareas de asesoramiento y de mayor valor añadido”, además de ser más “flexibles” para adaptarse a los distintos tipos de usuarios y ofrecerles servicios a medida. Las nuevas oficinas exigen, por tanto, nuevos “perfiles de gestión de personas más orientados a la venta y a la relación con el cliente”.

Cataluña se lleva la peor parte

Las sucursales que se van a cerrar serán las ubicadas a menos de 500 metros de otra en ciudades a menos de 1.500 metros en poblaciones rurales, un total de 281. También otras 242, con menos de 3.000 clientes y consideradas no estratégicas, así como siete oficinas más que prestan servicio a organismos y entidades mediante convenio. Del total de 530, el grueso del recorte se lo va a llevar Cataluña, con 204 sucursales –122 en Barcelona–. Equivalen al 58,3% de la red. En Madrid cerrarán 84 y 20 en Sevilla. No se van a tocar, en cambio, las oficinas de la red de Banca de Empresas y Corporaciones, como tampoco la red de Consumer Finance.

El informe destaca el “sobredimensionamiento” de su red de sucursales en Cataluña tras la integración de CatalunyaCaixa y Unnim. Asegura que la ratio de clientes por gestor en Cataluña es un 32% inferior a la del resto del país. También esa comunidad autónoma sufrirá la mayor sangría laboral: 1.197 despidos, casi un tercio del total. De ellos, 836 en Barcelona. En Madrid serán 357. De los 543 directores de sucursal que perderán sus empleos, 170 serán de Cataluña. De los 1.412 gestores comerciales que figuran en la lista de despidos, la mitad trabaja en esa comunidad autónoma, así como el 30% de los gestores de atención al cliente.

En el BBVA va a ocurrir como en Caixabank: la peor parte de los despidos se la van a llevar los territorios donde estaban asentadas las entidades que fueron absorbidas por ambos bancos, CatalunyaCaixa y Unimm, por un lado; y Bankia –en Madrid y la Comunidad Valenciana–, por el otro.

El ERE del BBVA también va a consolidar otra tendencia reveladora de cómo están cambiando los bancos en el empleo y en la atención al cliente. El BBVA ha ofrecido a los sindicatos en la mesa de negociación reducir a 3.331 los despidos mediante la recolocación de 467 trabajadores en los centros de atención remota. Algo parecido terminó pactando el Santander en el ERE que firmó el pasado mes de diciembre y está ejecutando a lo largo de este año. Trasladó a 400 empleados a Santander Personal y 450 a Santander Customer Voice, desde donde antiguos empleados de las sucursales gestionan ahora por teléfono las operaciones de los clientes. Caixabank ha ofrecido el trasvase de 500 afectados por el ERE a su filial tecnológica CaixaBank Tech.

Caixabank tiene previsto plantear a los representantes sindicales con los que negocia estos días el despido de 7.791 trabajadores una propuesta para homologar las dispares condiciones laborales de quienes conserven sus puestos de trabajo, una vez integrada la plantilla de Bankia. La próxima reunión se celebrará el día 19. Pero el informe técnico del ERE, al que ha tenido acceso infoLibre, cifra en 231 millones de euros el coste anual de esa futura homologación, lo que supondría recortar un 35% los 662 millones que la entidad bancaria pretende ahorrar con los despidos. “La homologación supondría consolidar, para una plantilla de mayor dimensión, una situación que minora significativamente la competitividad de Caixabank”, advierten los autores del documento, porque el banco ya tiene unos costes salariales medios “muy superiores” a los de sus competidores.

El coste salarial medio en Caixabank alcanza los 86.300 euros, mientras que en Bankia es mucho menor, 68.200 euros, según consta en el informe mencionado. Además, está un 21,9% por encima de la media de las principales entidades españolas, que es de 70.800 euros. Por eso, sus autores consideran “imprescindible” que Caixabank adopte “medidas” para “reducir sensiblemente el diferencial de coste de personal” respecto de sus competidores, con el fin de no perder “una parte relevante de las sinergias y ahorros” de la fusión y “no incurrir con carácter estructural en unos sobrecostes salariales” que, a su juicio, comprometen “la eficiencia y la competitividad del banco”.

“La homologación es una pieza clave de la negociación del ERE”, subraya Óscar Bayona, secretario general de la sección de UGT en Caixabank en la Comunidad Valenciana. Pero la prioridad sindical, asegura, es preservar el empleo. La homologación, que se opte por las prejubilaciones en lugar de los despidos forzosos y el carácter voluntario de la adhesión al ERE son “vasos comunicantes”, explica Bayona. “El problema es que, por el momento, no tenemos nada en ninguno de ellos”, describe gráficamente. Los 15.950 empleados de Bankia llevan años conviviendo con los problemas de homologación de las diferentes entidades que la constituyeron: Cajamadrid tenía mejores condiciones salariales que Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja y Banco Mare Nostrum. En Caixabank, hasta ahora, la integración de Banca Cívica, Banco de Valencia, Barclays y el portugués BPI se ha hecho “de forma progresiva, hasta igualar al 100% las condiciones [de la entidad catalana] en cinco años”, detalla Joan Sierra, secretario general del sector financiero de CCOO. “Ahora puede ser que extiendan aún más ese plazo”, aventura.

Pero lo que el dirigente de CCOO descarta es que se rebajen los salarios de los 35.434 trabajadores procedentes de Caixabank, pese al llamamiento que hace el informe a rebajar los costes de personal frente a los otros grandes bancos. Cuando hay una sucesión de empresas, como es el caso de la fusión con Bankia, deben mantenerse las condiciones de la plantilla. “Otra cosa es que se decida, por ejemplo, suspender las aportaciones de la empresa a los planes de pensiones de los trabajadores”, advierte Joan Sierra. Manuel Marino Peche, responsable de la sección sindical de CGT en la antigua Bankia, cree que el peligro de desaparecer lo corren los complementos como las ayudas por hijos, pero que no se podrán tocar los sueldos base. “No es de recibo que una entidad que ha ganado 1.381 millones el año pasado y 514 millones este primer trimestre recorte plantilla y lo haga, además, a coste del Estado, después de triplicarse el sueldo sus directivos”, resume Manuel Marino la indignación sindical. Caixabank justifica el ERE en causas organizativas y de producción, no en causas económicas. La fusión con Bankia le ha reportado un impacto extraordinario de 4.272 millones que, sumado a los 514 millones antes citados, se traduce en un beneficio de 4.786 millones de euros sólo hasta marzo.

El triple de cargos por mantenimiento de las cuentas

Unos 400 trabajadores de Caixabank protestaron este viernes contra los despidos ante al Palacio de Congresos de Valencia donde se celebraba la junta general de accionistas de la entidad, que aprobó las cuentas de 2020, el reparto de 216 millones de euros en dividendos y los sueldos de sus principales ejecutivos. No obstante, este último punto del orden del día contó con el voto en contra del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que posee una participación del 16,11% en Caixabank a través de su participación en Bankia, entidad rescatada y nacionalizada durante la crisis financiera. El expresidente de Bankia y ahora presidente ejecutivo de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, cobrará en su nuevo puesto 1,65 millones de euros al año más una retribución variable de 200.000 euro. Triplica así los 500.000 euros que ingresaba en su anterior puesto, donde tenía el sueldo limitado por la participación pública en el banco, entonces del 61,78%.

El FROB expresa de esta manera las críticas que antes formularon tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, a las elevadas retribuciones de los banqueros mientras planean miles de despidos. También el BBVA ha anunciado un ERE para 3.798 trabajadores tras haber ganado 1.210 millones de euros en el primer trimestre de este año. En su intervención ante los accionistas, Goirigolzarri ha defendido sus emolumentos, que se sitúan “en la línea con los esquemas tradicionales de CaixaBank”, ha dicho, y son “inferiores a las referencias comparables del mercado”.

En el informe del ERE, Caixabank reconoce que, para compensar la caída de los ingresos por intereses, ha aumentado “el asesoramiento y comercialización de productos y servicios financieros” para elevar los ingresos por comisiones. Éstos han crecido un 4,5% desde 2018, hasta situarse en 3.390 millones de euros en 2020. En Bankia, los cargos por el mantenimiento de las cuentas de los clientes casi se han triplicado entre 2019 y 2020, al pasar de 64,2 a 175,9 millones de euros, mientras que los ingresos por cuotas de las tarjetas de crédito se han elevado un 47,4% y por las transferencias un 70%.

Los sindicatos también critican que Caixabank haya planteado “por primera vez” que la mitad de los despedidos deban tener menos de 50 años. Su primera propuesta de indemnización, además, es del mínimo legal por despido objetivo, 20 días por año trabajado. De esta forma, la entidad se ahorra las penalizaciones de la llamada Enmienda Telefónica, que deben pagar las empresas con más de 100 trabajadores que despidan a mayores de 50 años con beneficios.

Menos negocio por oficina y por empleado que la media 

“No hay argumentos objetivos para despedir”, replica Óscar Bayona, “lo peor ya ha pasado, suben en la Bolsa y el sector ya está ajustado”. No son ésas las conclusiones del informe técnico que ha presentado Caixabank para justificar el enorme volumen de despidos: propuso 8.291 inicialmente para luego rebajar 500 –cambiados por recolocaciones–, el mayor ERE de la banca hasta el momento.

El documento dibuja un escenario catastrófico por culpa de los bajos tipos de interés, la escasa demanda de crédito solvente, el repunte de la morosidad, la baja rentabilidad del capital, las crecientes exigencias regulatorias, las elevadas inversiones necesarias para la digitalización, y la “proliferación” de nuevos competidores –Google, Apple, Facebook, Amazon, PayPal y Samsung–. Comparando los números de 2018 con los de 2020, el año de la pandemia, el resultado de la actividad de explotación cae un 63,5%, aunque en esa caída el banco incluye 1.502 millones de euros en provisiones extraordinarias por el covid-19. Igualmente empeora su ratio de eficiencia en más de tres puntos. Es más, el margen bruto por oficina –todos sus ingresos, incluidos las comisiones– de Caixabank y Bankia en 2020, 1,6 millones de euros, fue muy inferior al del sector, 2,1 millones, y al de sus más cercanos competidores, 3,2 millones. Lo mismo ocurre con el margen bruto por empleado, que fue de 0,23 millones, en comparación con los 0,33 millones de los grandes bancos y con los 0,28 millones de media del sector bancario español.

También destaca el informe que las operaciones realizadas en las sucursales de Caixabank se redujeron un 9,2% y los procesos administrativos un 25,4%, mientras que las transacciones cayeron un 62,1% en las de Bankia. Una vez más, la comparación se realiza entre 2018 y el año de la pandemia, 2020. Por el contrario, las operaciones a través del móvil se dispararon un 78,9% en el banco catalán y los clientes digitales han pasado de representar en Bankia el 37,3% al 60,5%.

Cerrarán 664 sucursales rurales

Si a este cambio en el consumo de productos y servicios bancarios se le suman los “solapamientos geográficos, duplicidades e ineficiencias funcionales en las direcciones territoriales y servicios corporativos” que el informe dice haber detectado en las estructuras del banco como resultado de la fusión con Bankia, la consecuencia es la supresión de 5.742 empleos en la red de oficinas, 250 en las direcciones territoriales, 1.611 en los servicios corporativos y 630 en las filiales. Además, no podrán reincorporarse a sus puestos 58 empleados que disfrutaban de excedencias incentivadas. En total, se cerrarán 1.534 oficinas, el 27,2%.

El informe no precisa cuántos de esos trabajadores y sucursales corresponderán a Caixabank y cuántos a Bankia. “Sería discriminatorio si eliminaran por origen, los tribunales lo rechazarían”, advierte Óscar Bayona. Pero sí detalla cuántas oficinas van a desaparecer en cada provincia y comunidad autónoma. Y las que más van a sufrir van a ser Madrid, con 401 sucursales menos, y la Comunidad Valenciana, con 259. Precisamente donde más peso tenía hasta ahora Bankia. En Cataluña serán menos, 224.

También se concreta el número de supresiones por tipo de oficina. El ERE cerrará 664 sucursales rurales. Como tales se consideran aquellas oficinas con menos de cinco empleados situadas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Como tienen “menores niveles de eficiencia y rentabilidad”, dejará de ser obligatorio que cuenten con un subdirector, y los salarios y pluses de sus trabajadores tendrán una regulación específica, adecuándose “a la responsabilidad y márgenes” de estas sucursales. Que podrán ser unipersonales y tener un horario de atención al público reducido o incluso cerrar en algunos periodos de tiempo.

Del total, 134 oficinas se reconvertirán en “ventanillas”, puntos de atención al cliente que abren sólo dos o tres veces a la semana en horario limitado y dependen de una sucursal matriz. A su vez, 12 de las ventanillas actuales desaparecerán. Sin embargo, se mantendrán los 14 ofibus, vehículos para atender pequeñas poblaciones rurales, puesto que los 12 de Bankia y los dos de Caixabank cubren zonas geográficas distintas.

Hace dos semanas el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, trataba de convencer a los ciudadanos de que hay que penalizar la jubilación anticipada y retrasar la tardía. Escrivá planteó crudamente lo que su equipo viene meses sugiriendo: que faltan incentivos para jubilarse, que no es normal que quien se retira antes cobre más pensión (normalmente esto se debe a que las prejubilaciones se las permiten solo ciertos sectores) y que hay que acercar la edad legal de jubilación (66 años en estos momentos, camino de los 67) a la real (64,6 años) para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. 

Cuando el ministro hizo su planteamiento, que además se lo remitió a la Unión Europea dentro del plan de transformación y resiliencia para obtener los deseados fondos de recuperación anti-covid, ya se conocían planes de despidos y prejubilaciones masivas en banca: el ERE pactado entre dirección y sindicatos en Santander que afecta a 3.572 empleados y que recoge prejubilaciones desde los 55 años (con el 74% del salario pensionable o el 67% del sueldo, a lo que hay que sumar el 54% del complemento voluntario con un convenio especial hasta los 63 años), 750 prejubilaciones en Ibercaja a partir de 60 años, y otras 1.500 prejubilaciones y desvinculaciones en el Banco Sabadell. 

La tormenta vino justamente después de que Escrivá proclamara su deseo de que los españoles trabajen más tiempo, e incluso a ser posible más allá de la edad legal. Primero vino el mayor ERE de la historia del sector bancario en Caixabank, con 8.291 trabajadores. Este martes 27 de abril el ERE fue rebajado a 7.791 empleados, unos 500 menos, con la garantía de que la entidad se compromete a recolocar al 100% de los que dejen la entidad y no opten por jubilarse. El ERE de Caixabank contempla prejubilaciones a partir de 58 años (50% del salario pensionable y convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años), según el banco y los sindicatos. 

Con Caixabank, además, no acaban ahí los problemas: es una entidad derivada de la fusión (o absorción) entre Caixabank y Bankia anunciada en septiembre. La fusión pasó sin crítica alguna en medios y demás estamentos y se sostuvo públicamente por las "sinergias" que generaría la operación, a pesar de los riesgos de la concentración bancaria o de la pérdida del control de una entidad rescatada con decenas de miles de millones de euros como lo fue Bankia. Una vez consumada la absorción, los directivos plantean un ERE espectacular que rompe los esquemas del Ministerio de Seguridad Social con el Estado -representado por el FROB- ocupando uno de los asientos del consejo de dirección.

Y tras los despidos en la entidad de origen catalán, llegó el turno de BBVA. La entidad que preside Carlos Torres anunció primero un ERE el 13 de abril que se situó en 3.000 personas, para después ampliarlo en 800 empleados más. Y todo ello en un contexto por el que la cúpula repartía aumentaba su salario fijo para 2021 y se autoconsignaba bonus millonarios que provocaron airadas denuncias de los sindicatos de BBVA. La empresa aún no ha desvelado sus planes sobre prejubilaciones, indican fuentes sindicales.

Centésima abajo, centésima arriba

En total, la suma de despidos, prejubilaciones o desvinculaciones totaliza casi 18.000 empleados sumando todos los bancos que han facilitado las salidas en los últimos meses. No está claro cuántos se darán de baja laboral para siempre o cuántos continuarán en el mundo laboral, pero entre enero y febrero de 2021 se han jubilado en total en España unas 60.000 personas. Es casi una tercera parte. 

¿Tendrán impacto los Expedientes de Regulación de Empleo en la Seguridad Social? Portavoces del ministerio rechazan que pueda amenazar la sostenibilidad de las pensiones. "En estos casos se suele firmar un convenio por el que, bien la empresa bien el trabajador, pagan las cotizaciones sociales hasta la jubilación". ¿Y sobre la edad real de jubilación? En el ministerio dicen que podría. "Igual una centésima arriba o abajo, pero nada reseñable", admiten.

El problema es mayor del que parece: en noviembre de 2019 España alcanzó una edad real de retiro de 64 años y cinco meses. Un año y medio después, estamos en 64 años y seis meses, una décima más. En Seguridad Social responden que el asunto "dependería del tiempo a lo largo del que se extendieran los procesos" de regulación de empleo, "que habitualmente suelen prolongarse durante varios años". Ciertamente, los despidos masivos de los grandes bancos chocan con los planes de Escrivá.

"La banca es especial"

El ministro valoró negativamente los anuncios de ERE la semana pasada en un acto de presentación del nuevo portal de la Tesorería de la Seguridad Social. Escrivá tildó de "antiguo" el "modelo de ajustes laborales". "Nosotros en el plan de resiliencia así se lo decimos a Bruselas", confirmó. "Abogamos por modelos más flexibles y eficaces internamente a la hora de ajustar internamente los cambios laborales en las empresas. Esperamos que este sea uno de los últimos procesos y que en la negociación empresa-sindicatos se aborden  mecanismos de flexibilidad. Se trata de un sector que ha recibido ayudas importantes. Los dirigentes de las entidades financieras tienen que interiorizar hasta qué punto se protegió el sector, y en decisiones como la de hoy es algo relevante".

El ex ministro de Industria y profesor de la Universidad Complutense de Madrid Miguel Sebastián coincide con Escrivá sobre las prejubilaciones. "Veo un doble problema", dice Sebastián. "Sectorial y temporal. El relativo al sector, porque si la banca ha sido especial para recibir ayudas públicas o líneas de liquidez con ningún coste por parte del BCE, tiene que reconocer también que es especial en lo laboral y que no puede despedir a miles de personas. Y sobre todo temporal: el momento actual es inoportuno, en plena pandemia". Sebastián también critica que la mayoría de afectados por el ERE de Caixabank está en oficinas y no en servicios centrales. "La banca pidió en pandemia ser servicio esencial, cosa que no entendí. Lo logró, y ahora echa a los miles que se expusieron en las sucursales". 

En 2008 el sector bancario en España tenía alrededor de 275.000 empleados. Actualmente quedan menos de 170.000, y bajando. Varios consultados recuerdan que a lo largo de la última década han abundado las prejubilaciones hasta con 50 años. La suerte ha cambiado para los empleados. 

Con permiso de la tensión que rodea a las elecciones madrileñas, el gran debate estos días está en la gran banca: más de 18.000 despidos en el sector tras el último anuncio del BBVA de hacer un ERE para 3.798 empleados justo después de que la junta de accionistas aprobara un bonus de 157,8 millones para unos tres centenares de directivos. Y dos días antes, el mayor ERE de la historia de la banca en Caixabank, con 8.291 salidas una vez consumada la fusión por la cual el Estado deja de tener la titularidad de una entidad rescatada (Bankia). Y con José Ignacio Goirigolzarri triplicando el sueldo que percibía, que podría ser hasta cuatro veces mayor en 2021 si recibe las retribuciones variables por objetivos. 

Todo lo anterior, a lo que hay que sumar que la pandemia todavía está presente y que las limitaciones salariales del año anterior vinieron impuestas por el Banco Central Europeo, choca con los onerosos sueldos que está recuperando la alta dirección. Las subidas –teóricas, porque incluyen la retribución variable, sujeta a objetivos– van del 50% de Ana Patricia Botín (Banco Santander, de 6,5 a 9,8 millones) al 270% que aumenta Goirigolzarri (Caixabank), de 500.000 a 1,85 millones, bonus incluidos. Carlos Torres (BBVA) pasa de percibir 4,10 millones a 6,9 este año y César González-Bueno (Sabadell) dobla los 1,3 millones que recibió Jaume Guardiola –jubilado– para cobrar 2,6 millones en 2021.

Esto ha indignado incluso a la vicepresidenta económica Nadia Calviño, poco sospechosa de atentar contra los intereses de las entidades. Calviño, que pidió el pasado jueves a Caixabank en concreto "actuar con responsabilizar" y al sector en general "minimizar los despidos", abundó más después e instó al Banco de España a buscar fórmulas para limitar los salarios de presidentes, consejeros delegados y consejeros ejecutivos, lo que viene a ser alta dirección. 

La empresa resulta extremadamente compleja. Ni el FROB (Autoridad de Resolución Ejecutiva, antes Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) ni el Banco de España han querido responder a los requerimientos de infoLibre sobre cómo el supervisor español podría doblar el brazo a la gran banca privada para frenar las subidas de sueldos. Y también los miles de despidos, que chocan frontalmente con las intenciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de sancionar las jubilaciones anticipadas y bonificar las tardías. 

Otras fuentes financieras apuntan al supervisor comunitario: el Banco Central Europeo (BCE) tendría la última palabra. Portavoces de Economía aportan una escueta versión: "La ministra habló de que la decisión recaía sobre un supervisor, sin matizar cuál. Y de que se había trasladado al Banco de España, cuyo gobernador [Pablo Hernández de Cos] se sienta en el Consejo de Gobierno del BCE y cuyos inspectores forman parte de la inspección del BCE".

Las fuentes desarrollan esta versión: "Cada banco tiene sus comités de retribuciones desde los que informan al BCE. Y cada supervisor nacional conforma junto al BCE algo que se llama Joint Supervisory Team, Equipo Conjunto de Supervisión, que podría plantear elevar recomendaciones a Fráncfort y, a partir de ahí, confiar en que el BCE emita algún tipo de recomendación. Es algo altamente improbable, por no decir imposible, y que depende de muchos componentes políticos y no técnicos. No lo veo". Una recomendación del BCE es obligatoria aunque no lo parezca, dicen todos los consultados. El BCE recomendó no repartir dividendos a las entidades durante la pandemia, y éstas acataron hasta que el organismo con sede en Fráncfort abrió la espita.

La ley 1:12

En realidad hay una posibilidad, que sin duda suscitaría polémica y es tabú en España: limitar por ley los sueldos escandalosos de las empresas privadas, como intentó Suiza en un referéndum que fue tumbado en 2013 pero que cosechó un inesperado 35% de apoyos. Hasta el momento solo lo ha propuesto CCOO y también Izquierda Unida (IU) llevó en 2015 la iniciativa suiza en su programa electoral para las elecciones generales de diciembre de ese año. Otro de los que defiende el tope salarial máximo es el economista Vicenç Navarro.

Esto dice una fuente supervisora: "Los salarios de los bancos, sobre todo los de la alta dirección tienen en teoría que estar relacionados con el desempeño del negocio. Las retribuciones variables [bonus], se cobran diferidos en el tiempo, por la normativa europea. Pero si la junta de accionistas de un banco decide pagarle algo desproporcionado a su presidente o consejero delegado, es su problema". La única manera sería una ley estatal como la que afecta a las cajas de ahorros y a las entidades rescatadas: por esa razón Goirigolzarri solo percibía medio millón al añosolo . Igualmente, las indemnizaciones escandalosas por despidos a directivos de banca están topados por las normas de la Autoridad Bancaria Europea (ABE). Pero tratándose de una entidad financiera privada no intervenida, la norma causaría un revuelo notorio en España.   

La propuesta de referéndum en Suiza nació con la crisis anterior. El pago de bonus millonarios a directivos de la entidad helvética UBS no impidió que la firma tuviera que ser rescatada por el Estado en 2009, algo que recuerda al rescate bancario español cuya factura supera ya los 70.000 millones de euros, a los que podrían añadirse otros 35.000 millones que han engordado la deuda pública española procedentes de Sareb, la sociedad que aglutinó los activos tóxicos inmobiliarios para que el coste de no traspasarlos los termine pagando el contribuyente. 

Las Juventudes Socialistas de Suiza organizaron el referéndum, con un informe del sindicato Travail Suisse de la mano: ahí se dieron cuenta que los CEO de muchas multinacionales percibían hasta 200 veces más que el salario de los trabajadores peor pagados dentro de una misma firma. El referendum apuntaba a que esa diferencia entre empleados y directivos de una empresa nunca fuera más de 12 veces superior. Fracasó en su intento, pero dejó huella. 

Los sindicatos ya han anunciado que darán batalla en BBVA y Caixabank. En BBVA, el consejero delegado Onur Genç, cuya remuneración pasa de 3,4 millones en 2020 a 6,32 millones ahora, había incluso llegado a prometer que no haría un ERE solo meses antes. El cometido que ha recibido el Banco de España para limitar sueldos puede tener muy poco recorrido. 

Los grandes bancos españoles recortaron parcial o totalmente en 2020 las retribuciones variables que correspondían a sus altos directivos. Ana Patricia Botín (Santander), Gonzalo Gortázar (Caixabank) o Carlos Torres vieron menguar su sueldo en varios millones de euros menos con relación a los ejercicios 2019 y precedentes, cuando a la pandemia ni se le esperaba. A partir de otoño pasado comenzó la hiperactividad en el sector: primero vino el baile de fusiones, que ha alejado a España de Italia, Francia o Alemania, acercándola a la concentración bancaria que se da en Grecia, Chipre o los Países Bálticos, según el BCE. Luego llegó la cascada de Expedientes de Regulación de Empleo, que ha tenido su colofón este 20 de abril en Caixabank con el anuncio del mayor ERE de la historia de las entidades financieras españolas: 8.291 personas saldrán del nuevo banco tras la fusión de la entidad de origen catalán y Bankia.

Mientras, algo está ocurriendo estos días en las juntas de accionistas: las retribuciones variables anuales o diferenciadas, es decir, lo que comúnmente se conoce como bonus, han regresado al orden del día de estos cónclaves para devolver los emolumentos millonarios a la alta dirección. Y también a muchos otros altos cargos que no están en la primera línea pero sí en la segunda o tercera de sus respectivas entidades, y que entran dentro del selecto club de beneficiarios de bonus (pero mucho menos remunerados que el variable que perciben los consejeros ejecutivos u otros).

El caso de BBVA este martes 20 de abril ha sido sintomático: los sindicatos representados han denunciado ante la junta de accionistas el reparto de esos pluses millonarios (157 millones para 339 personas, que en el caso de Torres o el consejero delegado Onur Genç superan el millón de euros) una semana después de anunciarse un ERE que había sido desmentido por Genç meses atrás.  

En total, los bancos españoles han anunciado en los últimos meses 17.400 despidos, la mayoría –aunque aún no todos– pactados y voluntarios. Teniendo en cuenta que en el sector ejercían en 2019 unos 174.028 empleados (según datos de UGT), cinco entidades van a enviar a la prejubilación o al paro al 10% de los trabajadores de banca: Caixabank, Santander, BBVA, Ibercaja y Sabadell, de momento. Los rumores apuntan a que próximamente habrá más anuncios de bajas, pactadas o no. La anterior crisis ya había adelgazado las plantillas sobremanera: en 2008 el número de empleados era de 270.351. En 11 años el sector se ha dejado al 35% de sus componentes, y la tendencia continúa. A la baja.

Caixabank. 8.291 salidas

La fusión que ha dado paso al primer banco español por volumen de activos ha llevado al ERE más voluminoso de la historia. Los contactos se revelaron a comienzos de septiembre y se consumaron el pasado 26 de marzo. Menos de un mes después, se ha avanzado la salida de 8.291 personas. El banco "pretende pagar la factura de la fusión y de la pandemia a costa de la plantilla, aprovechando un ERE por causas organizativas para recortar nuestras condiciones laborales y con unas condiciones de salida indignas y miserables", ha cargado UGT en un comunicado. "La propuesta de la empresa hace inviable la voluntariedad, lo que nos aboca a despidos forzosos", ha añadido.

Aunque varios directivos han salido de la estructura tras la fusión, como en el caso de José Sevilla (Bankia), el nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, no estará sujeto a las restricciones salariales derivadas de dirigir una caja rescatada con la madrileña. Goiri percibirá a partir de ahora más del triple solo en remuneración fija, pasando de 500.000 euros en 2020 a más de 1,6 millones de euros. El CEO, Gonzalo Gortázar, obtuvo 2,8 millones el año pasado frente a los 3,7 que percibió en 2019. La diferencia es el rechazo a cobrar la parte variable. 

El nuevo banco prevé una retribución variable para este ejercicio sujeta al cumplimiento de objetivos. "Para este 2021, se hará una propuesta de remuneración variable para el presidente y el consejero delegado para la Junta de Accionistas convocada para el 14 de mayo", aseguran portavoces de la entidad. No está todavía definida la cantidad a percibir.

SANTANDER. 3.572 SALIDAS

El ERE, consistente en un plan de desvinculaciones voluntarias, sigue en marcha. Las últimas noticias datan del 30 de marzo, cuando se confirmó que ya había más de 1.800 inscritos, de los que 1.300 tendrían entre 55 y 61 años (la franja de mayor edad, salvando los puestos directivos). Este plan de bajas se ha hecho con relativa paz social y acuerdos entre empresa y sindicatos, informan los segundos. 

"Nosotros no vamos a recuperar la retribución variable porque nunca la suprimimos. Solo la recortamos", confían fuentes del banco. En el caso de los ejecutivos más altos, también hubo un recorte del salario fijo. Así viene reflejado en el informe anual: "El compromiso de Ana Botín y José Antonio Álvarez anunciado el 23 de marzo de 2020 de reducir el total de su salario y retribución variable en un 50%". Igualmente, se le recortó al resto de los risk takers (los beneficiarios de estos bonus, que asumen más riesgos que la media según los cánones bancarios). El salario de Botín pasó de 9,6 a 6,5 millones. 

Ahora se recupera la retribución variable, tal y como viene marcado en los acuerdos adoptados en el orden del día de la junta de accionistas, el pasado 26 de marzo: 147 millones para el "grupo A", el más importante, compuesto de unos 300 altos cargos incluidos Botín y Álvarez –dentro de esta cantidad hay un tramo de 11,5 millones de euros reservado a los consejeros ejecutivos–, y otro bonus de 187 millones para 1.200 empleados. Todo ello sujeto al cumplimiento de objetivos y a repartir a lo largo de este y los próximos años. 

bbva: 3.000 salidas 

Los sindicatos han denunciado y votado en contra del acuerdo de este martes 20 de abril en junta de accionistas, que eleva el bonus del BBVA en 2021 a 157 millones a repartir entre 339 empleados. Destaca el variable que percibe el presidente, Carlos Torres (1,6 millones de euros), y el consejero delegado, Onur Genç (1,2 millones). 

Este acuerdo en junta permitirá a Torres aumentar su salario de 4,10 a 6,9 millones y a Genç de 3,4 a 6,32 millones de euros. La oposición sindical viene reforzada por el anuncio surgido hace una semana: tras negar sistemáticamente la ejecución de un ERE, el CEO lo confirmó la semana pasada, una vez se publicara en Expansión. 

"Nos resulta escandaloso que en esta junta se plantee la aprobación para directivos y consejeros de incrementos de retribución y pagos de bonus mientras se están planteando la destrucción de miles de puestos de trabajo", espetó la representante de CCOO a la dirección este martes en la junta. En 2020, la cúpula del BBVA renunció al bonus.

Por lo pronto, los 3.000 despidos se tienen aún que concretar. Y podrían ser más: hasta el anuncio de Caixabank, las cifras que se manejaban en la entidad rival fusionada eran de 7.000 salidas como máximo. 

Ibercaja y Sabadell: 750 y 1.800 salidas

Informaciones publicadas en los últimos días apuntan a que podría haber otras 2.000 salidas en Sabadell en 2021, una entidad que exploró en noviembre la fusión con BBVA antes de que ésta abortara la operación. Sabadell fue de los primeros en anunciar salidas, en noviembre también, con un plan de bajas incentivadas y prejubilaciones. El último consejo, celebrado en febrero, bendijo la vuelta de las retribuciones variables, tras renunciar la cúpula a ellas el año pandémico. En diciembre el consejero delegado, Jaume Guardiola, se jubiló, siendo sustituido por César González Bueno. 

Finalmente, Ibercaja lanzó a principios de año un plan de salidas para 750 trabajadores... que se vio desbordado al apuntarse más gente de la que podía. El plan pretendía jubilar al grueso de los nacidos entre 1961 y 1963 aún vinculados laboralmente al banco.

Este martes 19 de abril arranca la Junta de Accionistas del BBVA de manera telemática. Será una junta movida: no hace ni una semana se filtró que la cúpula prepara la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 3.000 empleados, razón por la cual los sindicatos reclaman un ajuste salarial a la dirección. No sucederá tal cosa: de acuerdo con el orden del día de la junta, el presidente, Carlos Torres, el consejero delegado, Onur Genç, y otros 337 empleados –desde la alta dirección a cargos directivos más bajos– podrán recibir una retribución variable a lo largo de 2021 de hasta 157,8 millones de euros.

Una decisión que choca con el anuncio realizado el pasado 21 de febrero: la dirección renunció a la remuneración variable o bonus en 2020, un hecho que apareció recogido en prácticamente todos los medios "como gesto de responsabilidad en un año marcado por la pandemia de covid-19 y como muestra de su compromiso con los clientes, los accionistas, los empleados y toda la sociedad". Pero ese compromiso se ha esfumado todavía sin terminar la pandemia, con el BCE recomendando austeridad a las entidades financieras en el reparto de dividendos y con un plan masivo de despidos que el banco confirmó la semana pasada. 

Los sindicatos se manifiestan totalmente contrarios al punto del orden del día que contempla dichas retribuciones variables. CCOO y UGT confirman que votarán en contra. Portavoces del banco remiten a los documentos del orden del día y aseguran que estas remuneraciones variables son "teóricas" porque van de la mano del cumplimiento de objetivos. 

Así, el sueldo del presidente Carlos Torres puede alcanzar los 6,9 millones de euros este año entre fijos, variables y aportaciones a la pensión, que son 2,9 millones más que los 4,08 millones que percibió en 2020. El consejero delegado, Onur Genç, también verá cómo se dispara su sueldo si cumple objetivos: más de 6,2 millones de euros puede cobrar Genç en 2021, frente a los 3,4 millones que ganó el año pasado. 

Los portavoces de la entidad recuerdan, como subrayaron en una nota de prensa, que "la remuneración total teórica del presidente se reduce un 2% en 2021". Pero esta supuesta reducción no tiene en cuenta que ni Torres, ni Genç percibieron retribución variable alguna el año pasado, y en la nota el banco eleva el sueldo del presidente en 2020 por encima de los 7 millones de euros cuando en realidad ganó 4,08 millones. Es decir, que ganará mucho más este año salvo hecatombe. 

En 2020 los empleados sujetos a retribución variable –a la que todos renunciaron– eran 330. En esta ocasión, nueve más. "El número de funciones identificadas para las cuales se solicita la aprobación del nivel superior de remuneración variable representaría un máximo de 339", reza uno de los puntos del orden del día de la junta. "Se hace constar", continúa el documento, "que el importe máximo conjunto estimado que podría alcanzar el nivel superior de remuneración variable de los 339 miembros del Colectivo Identificado afectados por esta medida, sobre la retribución total fija del ejercicio de estos profesionales, sería de 157,8 millones de euros para 2021". La entidad confirma esta cantidad. 

¿Qué cargos ocupan los 339? Según la entidad, el "colectivo identificado" incluye "a los consejeros de BBVA y a los miembros de la Alta Dirección de BBVA", "miembros del Colectivo Identificado que desempeñan sus funciones en las áreas de negocio de España, Estados Unidos, Méjico, Turquía, países de América del Sur y Corporate and Investment Banking" y "Miembros del Colectivo Identificado que desempeñan sus funciones en áreas corporativas de apoyo, trabajando de forma global para el conjunto del Grupo, sin estar adscritas a un área de negocio, incluyendo las actividades enfocadas en la transformación digital".

339 "identificados"

"En el caso de los consejeros", prosiguen los documentos colgados con ocasión de la junta, "estos se encuentran sujetos a una política de remuneraciones específica, cuya aprobación corresponde a la Junta General del Banco". Sin embargo en BBVA afirman que los consejeros del Consejo de Administración no perciben bonus variables. "Los consejeros, a excepción de presidente y CEO, tienen solo remuneración fija anual, remuneración en especie y remuneración fija devengada con entrega diferida en acciones".

Las fuentes sindicales consultadas ven "escandalosa" la retribución variable, que disparará los sueldos de menos del 1%. "Deberían de reducirse el sueldo, no aumentarlo". Estas mismas fuentes consultadas indican que no han tenido tiempo ni para analizar estos bonus, ya que actualmente todos están inmersos en la negociación del ERE. 

"Larga y tensa espera"

El plan de despidos masivos fue adelantado por Expansión el 13 de abril, y confirmado poco después por la entidad financiera. El propio Onur Genç había negado la ejecución del ERE en enero. "Criticamos la larga y tensa espera que la plantilla ha tenido que soportar, desde las declaraciones del consejero delegado a finales de enero en la presentación de resultados del año pasado", dice un comunicado interno de CCOO difundido a la plantilla. "Es indignante que BBVA haya mantenido esta situación durante casi tres meses".

El actual momento de BBVA es extraño. Tras la exitosa venta de su filial en EEUU en noviembre pasado por 9.700 millones de euros, prácticamente al poco después de confirmarse esta operación la entidad desbarataba sus planes de fusión con el Banco Sabadell. El mayor problema del banco es reputacional, al aparecer continuamente en el caso Villarejo, al haber en teoría contratado los servicios del polémico ex comisario los antiguos mandamases del banco, con Francisco González a la cabeza. 

Los préstamos garantizados por el Estado han sido el mecanismo estrella de los gobiernos europeos para combatir los problemas de liquidez de las empresas en el año de la pandemia. En la zona euro se han desplegado avales públicos por casi dos billones de euros, un importe que equivale al 16% de su PIB. El volumen es sólo dos puntos inferior al alcanzado durante la crisis financiera que siguió a 2008, cuando los gobiernos concedieron garantías por valor del 18% del PIB, según las cifras del BCE. Entonces los receptores de esos avales fueron las entidades bancarias, a las que urgía dotarlas de financiación y devolverles la confianza perdida. Ahora los beneficiarios son el resto de las empresas, sobre todo las pertenecientes a los sectores más perjudicados por las restricciones impuestas por el covid.

En España estos préstamos garantizados cuentan con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de dos líneas aprobadas por el Gobierno: una de 100.000 millones de euros y otra de 40.000 millonesotra de 40.000 millones. Hasta el momento, se han concedido 1,003 millones de avales, por un importe de 91.770 millones de euros, que se traducen en 120.799 millones de euros en préstamos otorgados. La garantía del Estado cubre el 80% de los préstamos que pidan autónomos y pymes, y el 70% de los que soliciten las empresas de mayor tamaño si es un nuevo crédito, el 60% si se trata de la renovación de uno anterior. En otros países europeos, como Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Suiza, el aval público cubre en algunos casos hasta el 100% del préstamo, dependiendo del tamaño de la empresa o la cuantía de la operación.

Tanto en 2008 como ahora, el aval del Estado está sosteniendo una buena parte del negocio bancario. Al menos el de los préstamos a empresas y, sobre todo, en España y Francia. Así lo asegura el BCE, tras constatar el aumento de la concesión de préstamos en la zona euro con la pandemia. Sólo entre abril y julio del año pasado los flujos de préstamos garantizados superaban a los flujos netos globales en todos los mayores países del euro. En otras palabras, el BCE advierte un desplazamiento en la concesión de préstamos ordinarios a préstamos con aval estatal. Es más, en España y Francia, donde más éxito han tenido estos programas, el 65% y el 70% de los nuevos préstamos otorgados, respectivamente, entre abril y julio consistían en préstamos garantizados por el Estado. En Alemania e Italia, en cambio, sólo un 20%. Excepto en Alemania, en las otras tres grandes economías del euro el volumen bruto de préstamos en esos meses superó al registrado en el mismo periodo de 2019.

Para hacerse una idea del brío que ha adquirido este segmento del negocio bancario, basta con señalar que, según la encuesta sobre préstamos bancarios del BCE, en el segundo trimestre del año pasado se produjo la mayor concesión de créditos a empresas desde 2003. Tras preguntar a 143 bancos europeos, un 62% informó de un aumento de la demanda de préstamos por parte de las empresas, una cifra que se elevaba al 80% de los bancos españoles, al 90% de los italianos y al 97% de los franceses. El Banco de España también lo confirma: entre marzo y mayo, en pleno confinamiento, el nuevo crédito bancario a empresas y autónomos se expandió “a ritmos históricamente altos”. Al término de 2020, el crecimiento ha sido del 8,2%, una tasa que no se veía desde 2008, cuando aumentó un 6,8%. Desde entonces la tasa había sido siempre negativa. En mayo llegó a su máximo, con un alza del 8,7% respecto al año anterior.

Además, los avales del ICO han servido a las entidades financieras para aumentar su cuota de mercado en este segmento del negocio. El instituto público repartió cada tramo de avales entre los bancos de acuerdo con la cuota que tiene cada uno de ellos en el sector de crédito a empresas. No obstante, algunos han conseguido finalmente operaciones por encima de su cuota –establecida según los cálculos del Banco de España para 2019–, gracias a la reasignación de los avales sobrantes de un tramo anterior. Es lo que ocurrió con el Santander, que otorgó 25.510 millones de euros en garantías –tiene una cuota del 20%– y al BBVA 19.000 millones –un 15,8%, superior al 11,1% de su cuota–. Bankia prestó 11.000 millones, Caixabank 12.640 millones, Sabadell 8.039 millones y Bankinter 8.600 millones.

Con la ayuda del BCE

Las empresas, sobre todo las más pequeñas y los autónomos, acudieron enseguida a los bancos en busca de un colchón que les permitiera sobrevivir a lo que por entonces se preveía un duro pero corto paréntesis de actividad. Y las entidades financieras aprovecharon al máximo el blindaje del Estado. Como el riesgo soberano español es cero, según las normas que rigen el cálculo de los requisitos de capital, los préstamos acogidos al programa del ICO consumen menos recursos propios. Además, en caso de impago, la pérdida que debe anotarse el banco se reduce si la operación ha contado con una garantía pública. En consecuencia, explica el Banco de España, el programa de avales del Estado facilitó la expansión de los balances de los bancos estimulando la oferta de crédito. E incluso ha contribuido a contener la ratio de créditos dudosos,ratio al aumentar la liquidez de las empresas y el volumen de préstamos.

Además, esos préstamos se han beneficiado de unas mejores condiciones: el tipo medio de interés de la línea ICO es del 2,1% para pymes y del 2,3% para empresas mayores, inferiores al 2,6% y al 3% que obtenían antes de la pandemia o se les ofrecía en caso de operaciones sin el aval público. El plazo medio de los préstamos ICO también es tres años mayor al ofrecido al resto, lo mismo que su importe medio: por encima de los 200.000 euros para pymes para los créditos con aval del Estado, frente a los 70.000 euros de los que no entraban en el programa.

Aun con esos tipos más bajos, los bancos españoles han ganado hasta el momento casi 2.600 millones de euros gracias a los cerca de 120.800 millones prestados a las empresas. A esa cifra hay que sumar las cantidades que obtienen de los tipos negativos con que les financia el BCE. Pueden ganar hasta un 1% pidiendo dinero prestado al supervisor europeo. Esos beneficios constituyen ahora “una parte significativa de los ingresos de las entidades”, admite el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo. En la subasta de liquidez del mes de junio, la cuarta de las 10 programadas en principio, los bancos pidieron al BCE una cifra histórica: 1,3 billones de euros. Y aún quedan otros 554.055 millones para repartir en las cuatro subastas que quedan.

Aunque los tipos negativos hunden la rentabilidad del negocio bancario, las entidades financieras reconocen en la encuesta del BCE que la facilidad de depósito negativa –fijada en el 0,5%– está contribuyendo a aumentar los volúmenes de crédito en todos sus tipos. Lo mismo dicen de los programas de compra de activos y del plan de compra de emergencia pandémica –1,35 billones de euros– del BCE, que han tenido un “impacto positivo” en la liquidez –dan más créditos– y en las condiciones de financiación –más favorables para las empresas–. Lídia Brun, investigadora de la Universidad Libre de Bruselas cree también que a los bancos “les ha ido bastante bien” con la política monetaria del supervisor europeo, gracias a la recompra masiva de bonos públicos y a los tipos de depósito negativos. Y que las entidades financieras se han beneficiado de la expansión del crédito corporativo “subvencionado por el Estado” que han supuesto los préstamos del ICO, pero pide “prudencia” hasta que se revele cuántas empresas terminan en la insolvencia.

 Traslado del riesgo al Estado

Pero no son éstas las únicas ventajas que los bancos han obtenido de los avales públicos. Otro beneficio, y fundamental, es que trasladan buena parte del riesgo al Estado. El BCE calcula que casi un tercio de los préstamos que las empresas no van a poder devolver serán asumidos por los Estados una vez activadas las garantías que han concedido. Hay que recordar que el aval del ICO cubre entre el 60% y el 80% de cada préstamo. El resto de la pérdida la tendrán que asumir los bancos. En Reino Unido, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria calculó en julio que un 40% de las empresas que han pedido préstamos de hasta 50.000 libras con un 100% de garantía estatal pueden terminar en morosos, así como el 10% de las medianas –100% de garantía– y grandes –80%– que han solicitado créditos avalados. La pérdida para el Tesoro británico ascendería a 16.900 millones de libras –19.678 millones de euros–. En octubre, la Oficina Nacional de Auditoría, que depende del Parlamento británico, aumentaba las cifras de posibles morosos hasta una horquilla del 35% al 60% y hasta 26.000 millones de libras las pérdidas que debería asumir el Estado. Y el contribuyente.

En España, el índice de morosidad de los préstamos a empresas es del 4,9%. El de las operaciones del ICO es el 4,1%, según explicó el pasado noviembre en el Congreso la directora general de Negocios del organismo, Rosario Casero. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, ha hecho un cálculo del impacto que tendría en la deuda pública la ejecución de entre el 15% y el 30% de los avales hasta 2025: entre uno y dos puntos del PIB, de 12.000 a 24.000 millones de euros.

Calculando en unos 30.200 millones de euros el coste del porcentaje de garantía que deben asumir los bancos en España por la parte que no garantiza el Estado –a partir de la financiación aprobada hasta febrero–, si finalmente el 20% de las empresas beneficiarias no pueden devolver los préstamos, las entidades se comerían unos 6.000 millones de euros. Hasta el momento, los seis mayores bancos del país han hecho provisiones por un importe superior a los 8.000 millones de euros, por lo que el agujero que podría dejar el impago de los créditos del ICO estaría cubierto. El Estado, por su parte, tendría que digerir unos 18.100 millones. En todo caso, un informe de Barclays considera que los bancos españoles, gracias a los saneamientos realizados tras la crisis financiera, están mejor preparados que en 2008 y podrán soportar una tasa de morosidad de hasta el 30% en los sectores más afectados por el coronavirus. Aun alcanzando ese porcentaje, las entidades financieras mantendrían un colchón que sería mayor para el Sabadell y el Santander pero menor para el BBVA, precisa el banco.

La línea covid del ICO habrá supuesto un revulsivo para los bancos “si todo acaba bien”, matiza García Montalvo, en referencia al alargamiento de la crisis. Los créditos también tienen un coste y es seguro que una parte significativa va a convertirse en fallidos, añade. El 2% de interés que las entidades están cobrando por prestar a las pymes es, en realidad, un interés “muy subvencionado”, prácticamente el que se pide por una hipoteca, que tiene mucho menos riesgo que una pyme. “En un préstamo ordinario, a las pequeñas empresas se les cobra por encima del 4%”, subraya.

Las pérdidas no suprimen el dividendo

Como parte de su último paquete de medidas contra la crisis del covid, el Gobierno ha aprobado un plan para reestructurar los préstamos con aval público que las empresas no puedan devolver. Tiene una partida de 3.000 millones de euros, que incluye las quitas de deuda sólo como último recurso. En la dura negociación que el Ejecutivo mantuvo con la banca para ponerlo en marcha, las entidades financieras se negaron en redondo a que las quitas fueran generalizadas y obligatorias. Para saber cómo se van a realizar, habrá que esperar a que se publique el Código de Buenas Prácticas que ha de elaborar el Gobierno y que será, en cualquier caso, voluntario para las entidades financieras.

Pese al aumento de las provisiones y la subsiguiente repercusión en los resultados –los seis grandes perdieron 5.536 millones de euros en 2020–, los bancos van a pagar dividendos. Aunque en marzo el BCE prohibió el reparto de beneficios entre los accionistas, relajó la medida antes de acabar el año: podrán distribuir un máximo del 15% de la ganancia acumulada de 2019 y 2020. Aun así, sigue recomendando máxima prudencia y pidiendo que no se paguen dividendos hasta septiembre de este año. Cinco de los seis grandes –el Sabadell no lo hará– ya han anunciado que repartirán beneficios. Todos por encima del 1%.

La conclusión es unánime: el valor de mercado de los bancos españoles está hundido porque, según la explicación de las propias entidades, el reparto de dividendos había sido desautorizado por el Banco Central Europeo (BCE) desde marzo de 2020, con el inicio de la pandemia. Esto les ha restado –insisten– atractivo bursátil aunque el supervisor con sede en Fráncfort alegara entonces que ese dinero era para ayudar a familias y hogares. 

Hasta ahí el relato del sector, que finalmente ha conseguido que el BCE levante el veto a la gran banca en España y distribuya hasta el 15% de sus beneficios en dividendos. Una decisión celebrada en los medios y que había sido abanderada por la líder del Banco Santander, Ana Patricia Botín, pero que en realidad está activando la voz de alarma entre muchos expertos del mundo financiero.

El informe de diciembre pasado de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés), presidida por el español José Manuel Campa, arrojaba que las entidades españolas tenían el peor ratio de capital CET1 de la Unión Europea. El ratio fue de 11,8% frente al 14,7% de media comunitaria. Un indicador que revela que la banca nacional es la menos solvente de todas.  

A todo lo anterior hay que sumar los problemas que se puedan dar por el relajamiento de las normas contables por parte del BCE también desde el principio de la pandemia (marzo del año pasado).

Habla un alto cargo público del sector en los años noventa desde el anonimato: "Soy contrario a lo acordado por el BCE, porque el reparto del 15% se basa en el balance consolidado; por esto mismo, los beneficios pueden estar inflados por la ausencia de provisiones. Y esta ausencia se debe, precisamente, a la flexibilidad autorizada por los supervisores", señala esta persona. Y añade: "Los beneficios quizá también influidos por los avales del ICO", concedidos en condiciones más ventajosas por el covid-19.

Ahora opina un directivo jubilado destinado al área de análisis de riesgos de una caja rescatada durante la anterior crisis financiera: "Somos los bancos europeos con peores ratios y cifras de capital,y por supuesto estos deberían aumentarse: por consiguiente nada de repartir dividendos. El informe de la EBA reciente así lo refleja. Además esta decisión iría en la línea de mitigar problemas de solvencia en el futuro". 

Los créditos pre pandemia

Una tercera fuente financiera igualmente apunta a la flexibilidad del BCE, que "tiene efectos en los créditos morosos y en los deterioros estimados". "Por tanto", razona, "los resultados están inflados. No es necesario ningún doctorado para concluir esto. Y sobre unos resultados inflados unas entidades que son las menos solventes de toda la UE –según las mismas autoridades– reparten dividendos. Todo eso en un país lleno de ERTE y con la ciudadanía temerosa sobre el futuro", deplora este tercer consultado. 

Y un cuarto se refiere al "problema de las carteras crediticias prepandemia". "Todas sufren un incremento significativo del riesgo al ser otorgadas con políticas crediticias que no se contemplaban con el virus. Y esas carteras deberían ser provisionadas con pérdidas similares a las que corresponderían a toda la vida de esos préstamos".

Esto último, insiste esta fuente, debería de reflejarse en los informes de los auditores si no se hubiera producido dicha provisión. "Las autoridades bancarias han sido flexibles, de acuerdo. Pero los bancos en sus informes trimestrales o los auditores deberían de haber plasmado el impacto de esas carteras crediticias de antes del covid. Y no lo han hecho, por lo que es imposible saber la situación real de los balances, alimentando el riesgo". 

Entre los consultados, en los que abunda el anonimato es un sector poco dado a las críticas, creen que "los bancos más sensatos son los que no se plantean repartir dividendos". De momento Santander, Bankinter, Bankia –a través de su matriz Caixabank cuando se consume la absorción– o BBVA reman en dirección opuesta y ya han anunciado que sí pagarán a los accionistas. 

Bélgica prohíbe el reparto

"El balance de los bancos ahora mismo no refleja su situación patrimonial", dice el economista Juan Laborda. "Han hecho más laxos tanto la fijación de capital como el aprovisionamiento a pérdidas. ¿Repartir dividendos? Parece una locura, sobre todo cuando se trata de bancos que no hicieron lo que tenían que hacer en la anterior crisis". Laborda denuncia que las entidades occidentales "solo sobreviven con tipos de interés bajos". "Pero los tipos bajos no tienen ya ningún efecto sobre la economía real. Hace falta expansión fiscal, subida de salarios y subir los tipos" para aplacar el problema de la deuda que se avecina. 

Uno de los anteriormente consultados responsabiliza al Banco de España: "La autorización última del reparto es competencia nacional, pues se hace sobre los estados financieros individuales". Como ejemplo, el Banco Nacional de Bélgica ha vetado el reparto de dividendos a sus bancos hasta septiembre. “Estas reservas de dinero deben ser utilizadas principalmente para absorber pérdidas y para garantizar la continuidad de la intermediación financiera, en particular el otorgamiento de créditos y actividades de seguros a favor de la economía real”, manifestó el BNB hace un mes.

Los indicadores económicos no respaldan el efecto psicológico que auguran los bancos españoles con el retorno del dividendo. Todas las entidades aumentaron las pérdidas a lo largo de 2020, y además las diferencias entre el valor de mercado y el patrimonio neto (valor real) son cada vez más grandes. "Se habla de los dividendos como si repartidos fueran a relanzar a una entidad en Bolsa. ¡Al repartirlos las acciones caen!", exclama una fuente. "Básicamente, porque es una manera de quitar valor...". 

Deutsche Bank y Santander han recurrido ante el Tribunal Supremo varias sentencias pioneras formuladas a finales de diciembre por la Audiencia Provincial de Oviedo que obligaban a los bancos a devolver a sus clientes el 100% de los gastos hipotecarios. Así ha tenido constancia infoLibre, que ha podido confirmar cómo el Santander el pasado viernes 15 de enero y el Deutsche este lunes 18 reclamaban una "certificación" de la sentencia dictada "con el objeto de interponer un recurso de casación". 

El recurso no es un procedimiento habitual de la banca en la polémica sobre los gastos de gestoría y notaría de las hipotecas, hasta ahora asumidos al 50% entre las entidades y sus clientes: ninguno de los dos bancos recurrió las sentencias –favorables a los consumidores– en primera instancia, pero ahora sí lo hacen ante el alto tribunal, que en los últimos años se ha caracterizado por dar más la razón a las entidades financieras. Tal ha sido así que la semana pasada la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, elevó una denuncia denuncia contra el Reino de Españay, en concreto, contra el Supremo por la sistemática vulneración de la Directiva comunitaria sobre las cláusulas abusivasen los contratos firmados con consumidores. Entre ellos los gastos hipotecarios. 

Los fallos de la Audiencia de Oviedo responden a recursos de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), que lleva mucho tiempo litigando: el caso de los gastos hipotecarios llegó al Supremo en 2018, y casi tres años después continúa sin solución en espera de que el alto tribunal –que ha tenido que modificar su criterio tras las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)– resuelva la situación. 

¿Cuál es el alcance de la sentencia? Asufin, a partir de los datos del Banco de España, estima que un mínimo de ocho millones de hipotecas actualmente vivas, es decir, que no han terminado de pagarse. "Pero el alcance podría ser mucho mayor si se aplica la retroactividad. Y la retroactividad ya se aplicó con las cláusulas suelo, por ejemplo", afirma Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores.

Posible retroactividad

La media a devolver se sitúa por cliente en alrededor de 1.200 euros, lo que puede suponer un problema mayúsculo para la banca después de que el informe de transparencia de la Agencia Bancaria Europea (EBA, en inglés) publicado en diciembre de 2020 situara a las entidades españoles como las menos solventes de Europa por su ratio de capital. Y la cantidad podría ser mayor en el caso de los recurrentes, 4.000 socios de la Unión de Consumidores. "Vamos a ver incrementada la devolución en un 30%, además de los intereses", augura Alonso. 

La historia de los gastos hipotecarios es larga, y la banca ha salido airosa en no pocas ocasiones. La más famosa de todas ellas, el controvertido fallo de noviembre de 2018, en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo adoptó por 15 votos a 13 la salomónica decisión de repartir los gastos hipotecarios: el 100% de los Actos Jurídicos Documentados (AJD) los asumiría el cliente, mientras que cada parte haría lo propio con el 50% de los gastos de notaría, gestoría y tasación. La Sala del Supremo se corregía así de su propio cambio de parecer tres semanas antes, cuando había obligado a las entidades a abonar todos los gastos. 

Pero la justicia europea cambió finalmente la posición del alto tribunal. En julio de 2020, el TJUE resolvió que los bancos pagarían todos los gastos hipotecarios si la cláusula era abusiva. A esto hubo que sumarle que, durante el revuelo del Supremo de noviembre de 2018, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aprobó días después por Real Decreto una modificación en artículo 29 de la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TP/AJD) imponiendo a los bancos este último gasto. 

Comisión de Apertura, próxima batalla

Según el abogado colaborador de UCE, Unai Alonso, el recurso del Banco Santander y de Deutsche Bank "solo busca enseñar las cartas. Dilatar el proceso y encomendar a una suerte de valedor de derechos de la banca el fallo final", dice el letrado en referencia al Supremo. 

Así, los gastos AJD recaen sobre las entidades financieras, los de gestoría y notaría dependen de la decisión del Supremo y los de tasación también esperan la resolución del alto tribunal. Las reclamaciones no terminan ahí: la próxima batalla es la Comisión de Apertura de las hipotecas, "que también los bancos impusieron a todos sus clientes cuando se formalizó el contrato y que viene a significar entre 1.500 y 2.500 euros", resume Dacio Alonso. Esto puede equivaler al 0,5% de las cláusulas hipotecarias y sería otro mazazo para el sector financiero.  

Por último, varias asociaciones de consumidores querellantes (UCE, Asufin, Facua, OCU) destacan su malestar con el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón. Consumo publicó en diciembre pasado una nota informativa precisando que los denunciantes de los gastos hipotecarios abusivos tenían hasta el próximo 21 de enero para reclamar. Las organizaciones aseguran que es un error que el ministerio debe corregir, porque los litigios continúan en activo y, en caso de optar por la vía judicial, los clientes podrían o no percibir todo lo que en teoría les corresponde o incluso perderlo todo si no hay una jurisprudencia bien marcada por el Supremo. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que sólo se puede negar la devolución a los clientes de los bancos de todos los gastos hipotecarios incluidos en una cláusula abusiva si así lo estipula previamente la legislación nacional, tal y como informa Europa Press.

De lo contrario, si no existiese una disposición en el derecho nacional que imponga a los consumidores el pago de la totalidad o de una parte de estos gastos, la legislación comunitaria se opone a que un juez nacional niegue a los clientes que firmaron con un banco la devolución de las cantidades pagadas por la constitución y la cancelación de la hipoteca.

El tribunal de Luxemburgo ha resuelto así las cuestiones prejudiciales remitidas por dos juzgados de primera instancia de Mallorca y Ceuta para resolver sendos litigios que enfrentaban a los firmantes de dos contratos de préstamo con garantía hipotecaria con Caixabank y BBVA, respectivamente.

En concreto, el TUE ha dictaminado que la legislación europea "se opone a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula".

A continuación, la sentencia subraya que sólo se podría cargar "la totalidad o una parte" de los gastos hipotecarios al cliente si así lo estipulan "disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de esa cláusula". "Si estas disposiciones hacen recaer sobre el prestatario la totalidad o una parte de estos gastos, la directiva no se opone a que se deniegue al consumidor la restitución de la parte de dichos gastos que él mismo deba soportar", explica el TUE.

Comisiones de apertura

Con respecto a las cuestiones prejudiciales de ambos juzgados españoles sobre las comisiones de apertura, el tribunal de Luxemburgo señala que no están incluidas en el concepto de "objeto principal del contrato" y los jueces están obligados "a controlar el carácter claro y comprensible" de las mismas.

En este punto, el TUE recuerda que el carácter "claro y comprensible" de una cláusula que impone una comisión de apertura "debe ser examinado por el juez nacional a la vista de todos los aspectos de hecho pertinentes". Por tanto, la normativa europea "se opone a una jurisprudencia según la cual una cláusula contractual se considera en sí misma transparente, sin que sea necesario llevar a cabo un examen como el descrito".

En tercer lugar, la sentencia declara que una cláusula que contempla el pago de una comisión de apertura por parte del cliente "puede causar en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes" en caso de que"la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados".

Por otro lado, el TUE señala que la directiva no se opone a que la reclamación del dinero cobrado de más en virtud de una cláusula abusiva esté sometido a un plazo de prescripción. No obstante, añade que el hecho de que la legislación española contemple un plazo de cinco años a partir de la celebración del contrato "puede dificultar excesivamente el ejercicio de los derechos" al consumidor y, por lo tanto, "violar el principio de efectividad".

Finalmente, el fallo declara que las normas europeas "se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales" a raíz de la declaración de abusividad de una cláusula porque "crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho a un control judicial efectivo".

No es nada habitual que las dos partes de un proceso celebren casi con la misma intensidad un pronunciamiento. Y menos si se trata de un asunto que toca al mismo tiempo a consumidores y sector bancario. Pero eso fue justamente lo que sucedió a comienzos de marzo con el esperado veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las hipotecas ligadas al índice IRPH. Los afectados aplaudieron la resolución como si se tratara de una victoria. Las entidades, por su parte, respiraron aliviadas al entender que Luxemburgo les estaba dando la razón. Y de aquellos polvos, estos lodos. Ahora, tres meses después del pronunciamiento, la justicia española no logra ponerse de acuerdo en su interpretación. Hasta la fecha se han publicado 28 sentencias sobre la cuestión. Los consumidores se están imponiendo en los fallos en primera instancia. Los bancos, por su parte, en las resoluciones que se emiten en segunda, algunas de ellas con votos discrepantes. Un caos absoluto que dibuja un mapa judicial dividido en una cuestión que afecta a entre medio millón y un millón y medio de hipotecados.

La clave de este debate parte de la respuesta ambigua que Luxemburgo dio a una cuestión prejudicial elevada desde un juzgado de Barcelona. En la resolución, el TJUE daba el visto bueno a que este índice pudiera ser objeto de tutela por parte del juzgador. Sin embargo, no entraba a valorar si el índice era o no abusivo. Eso era algo que dejaba en manos de los tribunales nacionales. En este sentido, consideraba necesario evaluar si la comercialización en cada caso había cumplido con la “exigencia de transparencia”. Y una parte importante de este proceso, decía, pasa por comprobar si los elementos relativos al cálculo resultan “fácilmente asequibles” para cualquier persona, aunque en este punto deslizaban que lo eran porque aparecían publicados en el BOE. En definitiva, abría la puerta a que los consumidores pudiesen judicializar el asunto al tiempo que ponía difícil a los afectados demostrar que no eran conscientes de lo que firmaban. “La sentencia dejó algunos flecos que han permitido a la banca agarrarse a ellos”, explica Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

Esta resolución está provocando ahora una importante división dentro de la justicia española. De las 28 sentencias que se han publicado tras el fallo de Luxemburgo, según las cifras que maneja la organización de consumidores de banca, 19 de ellas dan la razón a los afectados. Sin embargo, la mayoría de estas victorias se han logrado en juzgados de primera instancia. Es el caso, por ejemplo, de la emitida el pasado 20 de mayo en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), que declara la nulidad del IRPH y obliga a la entidad a referenciar el préstamo al Euríbor. Lo hace tras señalar que el banco está obligado a facilitar información sobre el índice que permita a un consumidor medio comprender las consecuencias jurídicas y económicas de lo que va a firmar. “[El IPRH] debe superar un control de transparencia material, el cual en el caso presente no se ha probado por la entidad”, sostiene la jueza, que sentencia que el Santander debe devolver el dinero cobrado de más.

Los bancos, por su parte, han logrado que la balanza se incline a su favor en nueve ocasiones. Una de ellas, en primera instancia en Tarragona. El resto, en Audiencias Provinciales. Es el caso, por ejemplo, de la Sección Tercera de la de Granada. En un fallo fechado el pasado 11 de mayo, los magistrados respaldan a Bankia señalando que no había elementos de juicio para deducir que los afectados hubieran tomado “otra decisión diferente sobre el referente empleado” en caso de “haber dispuesto de una información completa sobre su evolución anterior”. “El control de transparencia no obligaba a la prestamista a explicar en todos los préstamos a interés variable cómo se configuraba el tipo de referencia, cómo había evolucionado y cómo podría evolucionar en el futuro, ni obligaba a la entidad a poner en relación el tipo de referencia elegido con otros tipos legalmente previstos”, sostienen en la resolución.

Justamente en dirección contraria se posicionó tres días después la Audiencia Provincial de Araba, una de las cinco que ha emitido pronunciamientos a favor de los consumidores. En este caso, el hecho de que la entidad –Banco Santander– no pudiese probar que hubiera aportado a los afectados simulaciones o información sobre el comportamiento del IRPH en el pasado es clave para declararlo nulo y sustituirlo por Euríbor+1%, obligando a la entidad a devolver lo cobrado de más. Porque de haberse facilitado esos datos, los magistrados creen que el consumidor no hubiera aceptado “un índice más elevado que el normal y con limitada afectación a la baja de los tipos de interés”. Una referencia hipotecaria, recalca el fallo, “excepcional”, cuya formulación “no es simple”, a pesar de explicarse en la normativa, y con implicaciones que “no se encuentran al alcance del consumidor normalmente informado, atento y perspicaz”.

“No estamos preocupados a nivel judicial”

“Se ha producido incluso división entre los magistrados de una misma Audiencia Provincial, que no es algo que suela ser muy habitual”, explica Suárez en conversación con este diario. Se refiere a la sentencia de Madrid, en la que el tribunal se inclinó del lado del Sabadell pero el magistrado José Manuel de Vicente emitió un voto particular en el que, de nuevo, ponía sobre la mesa la falta de información para defender el carácter abusivo del índice. Con este mapa judicial dividido, desde la asociación de consumidores ponen ahora la vista en el Supremo, que según sus cálculos ya acumula más de un centenar de recursos sobre esta cuestión, de los cuales algo menos de una decena se han admitido a trámite. “Hay casos en los que ya se ha pedido a las partes que se pronuncien en relación con la sentencia del TJUE. Puede que el propio Supremo termine elevando él mismo una cuestión prejudicial a Luxemburgo. En ese caso, todos los procedimientos pendientes se volverían a parar a la espera de la respuesta”, completa Suárez.

Desde el sector bancario, que el pasado mes de marzo reconocía una exposición a este asunto superior a los 15.000 millones de euros, se muestran tranquilos. “No estamos preocupados a nivel judicial”, sostienen en conversación con este diario fuentes de una de las principales entidades españolas, protagonista de alguna de las sentencias que se han ido conociendo en los tres últimos meses. En este sentido, ponen sobre la mesa el respaldo de las Audiencias Provinciales. Eso no quita, dicen, que se hayan podido cometer algunos abusos en la comercialización. No obstante, explican que desde el banco se está intentando llegar a acuerdos con los afectados para sustituir el índice. “Preferimos mantener los clientes que ir a juicio, con toda la maquinaria logística y burocrática que eso supone poner en marcha”, aseveran. A pesar de ello, dicen que hay veces en las que tienen acuerdos prácticamente cerrados que al final se van al traste por la intromisión de despachos de abogados que basan su negocio en este tipo de pleitos.

Entre los nombres más conocidos mediáticamente destaca el de Arriaga Asociados. Este bufete ha saltado a la palestra en las últimas semanas por querellarse contra los magistrados de las Audiencias Provinciales de Cáceres, Granada, Sevilla y Barcelona por sus sentencias sobre el IRPH. En concreto, les acusa de un delito de prevaricación al haber dictado sentencias “que van en contra de la jurisprudencia” de Luxemburgo. Unos movimientos que llevaron a finales de mayo al Consejo General del Poder Judicial a dirigirse al Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y al Consejo General de la Abogacía para que investigaran si el comportamiento del despacho violaba el artículo 10 del Código Deontológico –actuar de buena fe, lealtad y respeto a los jueces–: “Presionar a los jueces para que resuelvan en un determinado sentido litigios futuros, haciendo públicas tales intenciones, no puede tener otra finalidad que menoscabar la necesaria imparcialidad del juez”. El ICAB abrió de oficio una investigación. Y desde Arriaga Asociados calificaron las consideraciones del CGPJ de “intento de amedrantamiento”.

“Siempre iba a ser más caro que otras alternativas”

El denominado oficialmente Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios se comercializó en 2008 como alternativa a otros indicadores como el Euríbor, que por aquel entonces se encontraba en plena escalada. Calculado por el Banco de España, era mucho menos volátil que el indicador fijado por el Banco Central Europeo, lo que permitía su venta como una suerte de seguro frente a las continuas oscilaciones del otro. Pero del mismo modo que a estos préstamos no les afectaron las subidas, tampoco se beneficiaron de bajadas. Para Suárez, el caso del IRPH “tiene peores consecuencias para los consumidores que las cláusulas suelo”. “Estas personas han podido estar pagando de más entre 25.000 y 30.000 euros si tomamos como referencia hipotecas de entre 150.000 y 200.000”, señala. En este sentido, indica que la casuística de afectados es variada. Desde personas que con la desaparición del IRPH Cajas –sólo uno de estos índices– se quedaron por contrato con el último valor calculado, “un 4% fijo”, hasta otras con más suerte a las que se le sustituyó por el Euríbor.

Este último es el caso de Jon Etxaniz, portavoz de Stop IRPH Gipuzkoa. Su historia se remonta a 2006, cuando suscribió una hipoteca con la antigua Kutxa –ahora Kutxabank– referenciada al IRPH Cajas. “En aquel momento confiamos en nuestra caja de ahorros de toda la vida. Sin embargo, ellos se aprovecharon de esa confianza para colarnos el índice. Se nos dijo que era más estable, que era la baza que jugaban. Pero para nada nos explicaron cómo se calculaba. Si lo hubieran hecho, nunca hubiéramos firmado. Ellos sabían que lo que nos estaban ofreciendo siempre iba a ser más caro que otras alternativas”, apunta Etxaniz, que señala que este índice era “altamente influenciable por las entidades”. En su caso, la eliminación del IRPH Cajas hizo que, por contrato, su hipoteca se ligase automáticamente al Euríbor. Y eso, dice, supuso un alivio importante. “Ahí vimos el cambio. Empezamos a pagar cada mes unos 300 euros menos”, señala.

Hace un lustro, intentaron reclamar con otras cuarenta familias el dinero que pagaron de más. Les dieron la razón en primera instancia. Se la quitaron a nivel provincial. Y sus recursos ante el Supremo no fueron admitidos a trámite. Ahora, no quitan ojo a los pronunciamientos de los tribunales sobre esta cuestión. Saben que, en principio, su caso ya está juzgado y cerrado. Pero no pierden la esperanza en poder recuperar algún día ese dinero. “Si te han juzgado mal y ahora se aclara que teníamos razón, no sería justo que no se nos pudiera dar la razón también a nosotros”, sentencia al otro lado del teléfono.

Los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo consideran que los contratos de las tarjetas revolving que apliquen tipos de interés superiores al precio normal del dinero y manifiestamente desproporcionados son usurarios y deben ser anulados, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

El Alto Tribunal sienta así jurisprudencia al pronunciarse sobre una sentencia referida a una tarjeta comercializada por WiZink Bank con una TAE inicial del 26,82% y que llega desde la Audiencia Provincial de Santander, órgano judicial que estimó en parte un recurso de apelación interpuesto por la entidad contra un fallo del Juzgado de Primera Instancia que declaró la nulidad del contrato entre las partes por existir un interés remuneratorio usurario.

El artículo 1 de la Ley de Usura, que data de 1908, determina como nulo cualquier contrato de préstamo, extensible a un crédito, en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de una situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Las tarjetas revolving son tarjetas de crédito en las que se dispone de un límite de crédito determinado que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas, pero su peculiaridad reside en que la deuda derivada del crédito se renueva mensualmente.

Los intereses tan altos que finalmente se tienen que pagar han provocado una sucesión de demandas en los juzgados. Por eso, con el fallo de hoy, el Tribunal Supremo marca el devenir de las futuras sentencias por este producto.