Todas las encuestas realizadas hasta el momento conducen a la victoria de los socialistas el próximo 22 de marzo, pero ninguna les otorga mayoría absoluta. ¿Cómo lograría gobernar Susana Díaz a partir del día 23? En el PSOE no hay margen de duda: “Vamos a ganar y vamos a gobernar en solitario”. Así lo ha manifestado siempre la presidenta andaluza, Susana Díaz, y así lo volvió a repetir este lunes tras la convocatoria del adelanto electoral: “Aspiro a la mayoría. Estoy satisfecha con que en un momento de dificultad como este quien tenga la voz sean los ciudadanos. Y yo confío en que los ciudadanos sabrán decidir quién quieren que les gobierne y cómo. Es el momento de la gente, no de los partidos y la gente sabe lo que quiere para Andalucía. Confío en un apoyo mayoritario para que se pueda conformar un Gobierno estable, fuerte y sólido el día después. Porque lo peor ha pasado, pero ha dejado un campo de batalla lleno de parados y desigualdad”.

Más allá de esta confianza –y de posibles encuestas internas que apunten a la mayoría– el escenario político nada tiene que ver con el de hace tres años, el tiempo que ha durado una legislatura presidida en una primera parte por José Antonio Griñán, que empezó a tomar vuelo en la segunda mitad con Susana Díaz, investida como presidenta en septiembre de 2013. Entonces, en marzo de 2012, cuando Javier Arenas logró ganar por primera vez en Andalucía –se quedó a cinco diputados de los 55 que conforman la mayoría absoluta–, ni el liderazgo en el PP era cuestionado, ni existía el fenómeno Podemos, ni las relaciones de los socialistas con Izquierda Unida estaban deterioradas como ahora.

El último sondeo conocido, realizado para La Sexta, da al PSOE una ventaja de más de diez puntos sobre el PP, que perdería a su vez más de diez puntos con Juanma Moreno, quien este mismo fin de semana garantizó a Rajoy –sin sonrojarse– que sería el próximo presidente de la Junta. Podemos quedaría según esa encuesta como tercera fuerza política y desplazaría así a Izquierda Unida, que es la que más puede perder, pero también la que más podría ganar a la hora de negociar una reedición del pacto con su viejo socio.

Porque absolutamente descartado un acuerdo PSOE-PP, ¿qué posibilidades de acuerdo podría haber entre PSOE y Podemos? En este momento, ninguna, aseguran tanto desde un partido como de otro. La formación liderada por Pablo Iglesias, que tendrá que acelerar sus procesos de elección para nombrar una candidatura, ha repetido insistentemente que el PSOE tendría que dar un giro de 180 grados para poder alcanzar posibles pactos. Y en Andalucía, siguiendo el rosario de declaraciones de la posible candidata a presidir la Junta, la eurodiputada Teresa Rodríguez, ese giro pasaría poco menos que por apartar a Susana Díaz, a quien considera parte del “régimen” andaluz y, por supuesto, una dirigente más de la casta.

Traicionados, pero no humillados

“Hizo fontanería en el PSOE sin llave ni soplete desde que fue una chavala”, dijo Rodríguez en referencia a los orígenes de Díaz en un mitin donde quedó claro que el enemigo político de Podemos, más que Pedro Sánchez, es Susana Díaz. Fue en aquel acto celebrado el pasado 17 de enero en Sevilla, en el que Pablo Iglesias acusó también a Díaz de vetarle una entrevista en Canal Sur –desmentido posteriormente por la cadena pública–. “Han venido a Andalucía a insultar como hace la derecha”, respondió la presidenta andaluza. “Su candidato en Málaga ha dicho que antes de que gobierne el PSOE, dejaría gobernar al PP”, destacó Díaz en una entrevista.

En el campo de pactos con IU tampoco quedaría mucho abono, sobre todo después de que la presidenta haya atribuido a la propia ruptura las posibles alianzas de IU con el partido de Iglesias. Es decir, mientras más se acerque IU a Podemos más lejos estará del PSOE. Y ahí sólo tendrá la última palabra IU, que todavía no ha definido qué camino seguirá durante la campaña. No obstante, ni desde PSOE ni desde IU se atreven abiertamente a decir que aquel Gobierno de izquierdas no volverá a repetirse. Los puentes entre ambos partidos están muy deteriorados pero no completamente rotos, como sí lo estuvieron durante la conocida como época de la pinza, entre 1994 y 1996, cuando IU permitió gobernar al PP en numerosos ayuntamientos.

Hoy la situación no parece tan envenenada. Muchos dirigentes de IU se sienten traicionados, pero no humillados. “Las políticas de izquierdas volverán con más fuerza en la décima legislatura”, afirmó sin más detalle la dirigente comunista Elena Cortés, ya exconsejera de Fomento y Vivienda.

La presidenta, por su parte, ha valorado y agradecido la gestión de los consejeros de IU, con Diego Valderas al frente de la Vicepresidencia. Toda la artillería ha ido dirigida contra el nuevo líder y candidato de IU a la Moncloa, Alberto Garzón. Aunque en esa línea se ha movido también, según alega el PSOE, el nuevo candidato de IU a la Junta, Antonio Maíllo, con quien Susana Díaz no ha terminado de conectar. En nada se parece a la relación que la presidenta ha mantenido con Valderas, al que muchos de los militantes de IU han llegado a acusar de estar agarrado al sillón. El coordinador regional llegó a proclamar este lunes, sin rodeos: "El PSOE no es de fiar, firma y no cumple lo pactado". 

Dependerá también de la suerte que corra Maíllo en estas elecciones para conocer quién –si PSOE o IU– pondría el precio más caro a un nuevo pacto que permitiese, en caso de confirmarse las encuestas, la gobernabilidad en Andalucía.

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, aseguró este lunes que la "ruptura unilateral" del acuerdo de gobierno decidida por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para adelantar las elecciones autonómicas al próximo 22 de marzo demuestra que la líder del PSOE-A "no es de fiar" y hace "difícil cualquier tipo de pacto" futuro entre ambas formaciones. Maíllo se pronunció de este modo en una rueda de prensa en la sede de IULV-CA en Sevilla junto a los tres consejeros de la federación en el Gobierno andaluz, Diego Valderas, Elena Cortés y Rafael Rodríguez, y otros cargos públicos y orgánicos apenas dos horas después de que Susana Díaz hiciera oficial el adelanto de las elecciones autonómicas al 22 de marzo.

En su opinión, en Andalucía no se ha producido "un adelanto de elecciones, sino una ruptura unilateral" del pacto de gobierno entre PSOE-A e IULV-CA que constituye el "fracaso" de Susana Díaz "en su primer reto político", ya que señaló que "se ha inventado las explicaciones" para justificar una "ruptura unilateral con argumentos tremendamente débiles".

"Cuando puede, el PSOE te la juega"

Maíllo, que desveló que Díaz le llegó a ofrecer en la conversación telefónica que mantuvieron este domingo una "ruptura pactada" que fue rechazada desde IULV-CA, advirtió a los dirigentes de IU de que "el PSOE, cuando puede, te la juega, y se la ha jugado al pueblo andaluz en este caso".

"Esta ruptura nos da un mensaje: cuidado con el PSOE que no es de fiar, firma y no cumple, acuerda y se niega a ejecutar lo acordado", destacó el dirigente de izquierdas, que dijo esperar que "a los rompedores que no cumplen lo acuerdan" obtengan en las urnas "un gran Artur Mas el próximo 22 de marzo". El president de la Generalitat perdió 12 escaños en noviembre de 2012 tras adelantar los comicios, cuando esperaba obtener mayoría absoluta. 

En este contexto, se mostró convencido de que Susana Díaz no quería "estabilidad" en el Gobierno andaluz, "sino parálisis", algo que IULV-CA no ha permitido porque no ha sido una formación "sumisa". "Frente a la ambición personal, al autoritarismo y a las tácticas electorales, IULV-CA solicitaba el cumplimiento del acuerdo", añadió.

Para el máximo dirigente de la federación de izquierdas, los verdaderos motivos que han llevado a la presidenta de la Junta a romper el pacto de gobierno han sido la falta de voluntad para llevar a cabo políticas de izquierdas y la petición de creación de una nueva comisión de investigación en el Parlamento en materia de corrupción.

El PSOE-A "vuelve a las andadas"

Sobre este último asunto, Maíllo lamentó que el PSOE-A lleve "cinco minutos solo y vuelva a las andadas", haciendo así alusión al hecho de que los tres exconsejeros y diputados preimputados en el caso de los ERE hayan sido nombrados nuevos miembros de la Diputación Permanente para que sigan siendo aforados tras el adelanto electoral.

También puede tener consecuencias en materia de corrupción, a juicio de Maíllo, "el blindaje" que PSOE-A y PP-A han realizado de sus cargos en la Cámara de Cuentas de Andalucía, al ser éste el órgano fiscalizador de todas las ayudas concedidas por el Gobierno andaluz, muchas de ellas investigadas en el marco de los casos de corrupción investigados en la Comunidad.

Tras mostrarse convencido de que hoy es un "día feliz" para el expresidente del Gobierno Felipe González porque "su sueño de gran coalición está más cerca", el dirigente de izquierdas ha destacado la coincidencia de que el día que gana Syriza en Grecia, "el PSOE-A rompe con IULV-CA y pacta con el PP-A", en relación a la renovación de la Cámara de Cuentas.

IULV-CA irá "a por todas" el 22-M

Maíllo, que garantizó que su formación está "preparada" para afrontar las próximas autonómicas, unas elecciones en las que van "a por todas y aspiran a lo máximo", explicó que las leyes que han quedado pendientes del acuerdo programático serán una "prioridad" en el programa de la federación de izquierdas de cara a las elecciones autonómicas.

Seguidamente, llamó a la participación en la manifestación que IULV-CA ha convocado el próximo 28-F para reivindicar un verdadero cambio en Andalucía y que las leyes comprometidas se conviertan en una realidad con el nuevo Gobierno, un Gobierno del que Maíllo espera ser "presidente" el próximo 22 de marzo.

"Vamos a congelar la sonrisa de los poderosos en las autonómicas", resaltó el líder de IULV-CA, quien a la pregunta de si su formación afronta una campaña electoral "a cara de perro" contra el PSOE-A respondió que no van a perder el tiempo ni a gastar energías en cuestiones "que no valen la pena".

Al poco, le contestó el secretario de Organización de los socialistas, Juan Cornejo, quien compareció en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos de la ejecutiva regional, que presidió la propia Díaz. Repitió que la federación no ha logrado garantizar la estabilidad pero, en todo caso, le deseó "lo mejor, para que se recomponga y sea una propuesta viable en el mapa electoral en Andalucía".

Lara: IU es una fuerza "seria, exigente y leal"

Por la mañana, desde la sede federal de IU, intervino Cayo Lara. Para el coordinador, el adelanto electoral en Andalucía es una decisión "irresponsable" que sólo obedece al "interés personal" de Díaz y sus "cálculos electoralistas".

"Era innecesaria esta convocatoria porque en Andalucía había estabilidad", defendió Cayo Lara en rueda de prensa dejando claro que IU es una fuerza política "seria, exigente y leal" que sólo exigía a los socialistas el cumplimiento del pacto de gobierno. "Quien viola el acuerdo y genera inestabilidad no es IU, es la propia presidenta de la Junta de Andalucía", insistió.

El líder de IU hizo hincapié en que el adelanto electoral está "alejado de los intereses de los andaluces" y demuestra el "fracaso" de Susana Díaz y su "falta de voluntad política" para desarrollar políticas de izquierdas. "La izquierda se le viene grande", advirtió, acusando a la presidenta de la Junta de romper "de forma unilateral" el acuerdo de gobierno.

Y mientras, avisó de que "no tiene ningún tipo de reparos" en pactar con el PP un "reparto" de puestos en la Cámara de Cuentas y está cambiando los miembros de la Diputación Permanente del Parlamento autonómico "para garantizar su aforamiento ante la jueza [Mercedes] Alaya", que está investigando el caso de los ERE y los cursos de formación. "Es un día feliz para el PP en Andalucía y los que querían sacar a IU del Gobierno", reconoció Lara, que ve como "una paradoja" que Díaz "rompa con IU y pacte con el PP" el mismo día en el que Syriza gana las elecciones en Grecia. "Ese es el camino que ha llevado al Pasok en Grecia a desaparecer del mapa político. Debería tomar buena nota Susana Díaz", recomendó.

Los poderes, "de los nervios"

Frente a esto, presumió de que IU ha aportado "lo mejor" al Gobierno de Andalucía y "ha evitado que se repitiera" lo de anteriores Ejecutivos, y puso como ejemplo la ley antidesahucios recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional o la banca pública. A su juicio, estas políticas han "puesto de los nervios" a "muchos poderes del país" y cree "no será extraño" que hubieran presionado para adelantar las elecciones. "No sería extraño que hubiera una mano trabajando en esa dirección", insistió.

Pese a todo, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de reeditar el acuerdo con el PSOE tras las elecciones y explicó que su objetivo se centrará en explicar a los ciudadanos que IU ha sido una organización "rigurosa, seria" y que defiende que los programas "se hacen para cumplirlos".

"Había que aplicar las 30 leyes y 256 medidas, eso va a misa", dejó claro, apuntando que los futuros acuerdos "los dirán los ciudadanos" con su voto en las urnas. Mientras, IU "será trabajando para poder llevar a los gobiernos políticas de izquierdas".

Pactos basados en programas

Tampoco profundizó en la posibilidad de un pacto preelectoral con Podemos, una formación que ya anunció su voluntad de presentarse con sus siglas a las elecciones autonómicas. Pese a todo, Lara recordó que la política de alianzas está en mano de cada una de las federaciones de IU.

Según concluyó, en Andalucía la federación ha trabajando mucho con el tejido social, asociativo y sindical de la comunidad para elaborar programas para las elecciones autonómicas y municipales. Precisamente, garantizó que cualquier acuerdo estará basado en políticas concretas: "programa, programa y programa".

Lo que ha ocurrido en Andalucía, entre PSOE e Izquierda Unida, es algo "similar" a lo que puede suceder en una pareja de novios o recién casada: que uno de los dos socios (uno de los novios) plantea analizar el posible divorcio a seis meses vista. Y entonces falta la confianza "para afrontar la convivencia en común" y la pareja se quiebra. 

Ese fue el ejemplo que Susana Díaz empleó durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno que deliberó sobre la convocatoria de elecciones anticipadas para el 22 de marzo. Así explicó, de nuevo, por qué había decidido romper el pacto de Gobierno con IU un año antes del fin natural de la legislatura. Por qué, según se relato, se puso en riesgo la "estabilidad" del Ejecutivo de coalición. Fue la asamblea de balance que IU celebró en diciembre, la víspera de la aprobación de los Presupuestos de 2015, en la que aprobó autorizar a la dirección a convocar un referéndum vinculante entre la militancia para dirimir su permanencia o no en la Junta. Una maniobra, denunció, "incomprensible", porque se habían pactado unas cuentas "buenas" para la comunidad. "Lo reconozcan o no, lo hicieran o no por motivos internos, esa decisión ponía fecha de caducidad al Gobierno", reiteró, como venía haciendo en las últimas semanas, y lo dejaba en una situación "interina y precaria". Y ella no estaba dispuesta a gobernar "a cualquier precio". 

Díaz no ha perdonado aquel episodio. Que no es un "equívoco" ni un "malentendido", sino un "giro radical de la dirección nacional de IU" desde finales del otoño". Desconozco si hay razones de convergencia con otras fuerzas políticas que lo motive", dijo, en clara alusión a Podemos.. Fue entonces cuando se sucedieron los "ataques" y "descalificaciones" hacia el Gobierno, que los socialistas cargan sobre la espalda del candidato de la federación a la Moncloa, Alberto Garzón. La presidenta consideró entonces que Andalucía no podía ser "moneda de cambio" de ninguna "operación", porque "con los andaluces no se juega". 

A lo que no aludió en ningún momento fue al viaje anunciado por su hasta ahora vicepresidente, Diego Valderas, a los campos de refugiados saharuis en Tinduf, que se había sumado a la tensión de las últimas semanas. 

El PP no sabe "lo que quiere"

Dado que Andalucía, según su argumentación, no puede quedar al albur "de otros pactos", y tampoco estaba dispuesta a cogobernar con el PP, el grupo mayoritario en la Cámara tras los comicios de marzo de 2012 –"no ha dado muestras de solidez ni de saber lo que quiere", es un partido "sin liderazgo, ni ideas claras"–, tomó una "decisión impecablemente democrática", firmar el decreto de convocatoria de las elecciones para el 22 de marzo y disolver el Parlamento andaluz. El texto saldrá publicado mañana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Díaz agradeció a los consejeros de IU –Diego Valderas (vicepresidente y consejero de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales), Elena Cortés (Fomento y Vivienda) y Rafael Rodríguez (Turismo y Comercio)– su "entrega y trabajo" en momentos "muy complicados". Pero a quien elogió expresamente fue a Valderas, por el "trabajo que ha realizado". Con él, la socialista ha mantenido unas relaciones cordiales, cosa que no ha ocurrido con el coordinador de IU, Antonio Maíllo. 

La jefa de la Junta aseguró más tarde se comunicarían las "sustituciones" en el Consejo de Gobierno. O sea, la destitución de los tres consejeros y los altos cargos de IU, porque quiere que, ante todo, el nuevo Gobierno, en minoría, que conduzca la comunidad hasta las elecciones del 22 de marzo tenga "estabilidad". 

Se mantiene la estructura de 11 consejerías

Por la tarde, la web institucional informó de los cambios. El nuevo vicepresidente será el hasta ahora consejero de la Presidencia, el gaditano Manuel Jiménez Barrios. También ejercerá la "suplencia en el cargo de consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales". Es decir, que a sus funciones suma las de Valderas. A su vez, el titular de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, asume las competencias de Turismo y Comercio (las de Rodríguez). La responsable de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, se encargará de Fomento y Vivienda (hasta ahora, en manos de Cortés). El Gobierno andaluz "mantiene así su organigrama de 11 consejerías, si bien la titularidad de tres de ellas pasa a ser de los consejeros nombrados hoy para asumir sus competencias".

La Junta señaló que los nombramientos, firmados este lunes por Díaz, se realizan de acuerdo con la ley andaluza 6/2006, cuyo artículo 23 dice que "en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de las vicepresidencias y de las consejerías, el presidente o presidenta de la Junta de Andalucía encargará el despacho ordinario de los asuntos que les competan a otras personas miembros del Consejo de Gobierno".

Sánchez ha tenido "información puntual"

Díaz fue preguntada en reiteradas ocasiones si se comprometía a seguir como presidenta de la Junta, en caso de ganar el 22-M, durante toda la próxima legislatura, o si aspirará a volar a Madrid. A todas las cuestiones despachó con un mismo subrayado, que no se presentará a las primarias: "Andalucía es el tren que quiero coger, Andalucía tiene presente y futuro, y no tengan duda de que si tengo la confianza de los andaluces, voy a estar donde quiero estar, que es en Andalucía. Quiero estar aquí, en Andalucía". También quiso lanzar un mensaje de apoyo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, negando que hubiera "falta de liderazgo" en el partido e insistiendo en que cuenta con el respaldo de los militantes y de los dirigentes. Sánchez, añadió, ha tenido "información puntual" de su decisión de adelantar las elecciones autonómicas.

La jefa del Ejecutivo señaló que la suya ha sida una decisión "muy meditada" y "comprometida" con los "intereses" de Andalucía, que "lo mejor" que puede hacer ahora es "dar la palabra" a los ciudadanos". Durante su exposición inicial, no obstante, se mostró "orgullosa" del trabajo hecho en la Junta en estos tres últimos años años, de haber demostrado que es posible "gobernar pensando en las personas", defendiendo el Estado del bienestar y movilizando "todos los recursos" posibles para contribuir a crear empleo, gobernando "con las puertas y ventanas abiertas", "derribando los muros de la opacidad" y luchadno contra la corrupción. Si hubiera tenido la "garantía" de poder continuar con esa labor, habría agotado la legislatura. El pacto, observó, se había "convertido en un obstáculo para algunos", rubricó, atizando a IU.

No habrá imputados en las listas del PSOE-A

El caso es que "esa garantía no existe" y "ningún gobernante" podría seguir "en las actuales circunstancias", dijo, teniendo en cuenta los "años decisivos" que se presentan para la comunidad. "En Andalucía no vamos a perder un año entre dimes y diretes, entre especulaciones y encuestas, porque estamos hablando del futuro de nuestra comunidad", así que "en lugar de perder un año vamos a ganarlo", de tal forma que "cuando otros gobiernos todavía estén pensando en su futuro como gobiernos, nosotros ya estaremos labrando y trabajando por el futuro de nuestra tierra", justificó durante su comparecencia. 

Díaz se mostró confiada con que podrá ganar las elecciones, y recordó, frente a quienes la criticaban por no haber estado legitimada por el voto ciudadano, que ella no ha rehuido nunca las urnas. Persigue que el PSOE-A sea la fuerza mayoritaria y poder gobernar en solitario, al frente de un Gabinete "sólido" que conduzca la nave a mayor "velocidad" que hasta ahora, porque ella sabe a qué "puerto" quiere conducir a su comunidad. "Llevo cinco meses escuchando que me voy a Madrid, pues estoy aquí, porque es donde quiero estar y espero tener la confianza de los ciudadanos en las urnas", zanjó.

Se le preguntó si al romper el Ejecutivo no estaba lanzando el mensaje de que el modelo de una coalición de izquierdas había fracasado y no es exportable. La presidenta respondió que su Gobierno, del que se siente "satisfecha", ha transitado por dos etapas. Una primera, cuando PSOE e IU sentían que eran la "esperanza" para miles de ciudadanos que creían que "otra política es posible". Y una segunda, desde octubre, cuando percibió "una variación de la estrategia nacional de IU". "Cuando en septiembre de 2013 fui investida presidenta lo hacía animada a abrir un nuevo tiempo, ahora, cuando se han cumplido tres cuartas partes de esta legislatura, creo que lo mejor que puedo hacer para impulsar este proceso de cambio es dar la palabra a los andaluces", insistió.

Durante su comparecencia en el Palacio de San Telmo, se le inquirió si actuaba movida por la intención de frenar el avance de Podemos en Andalucía, donde apenas cuenta con una estructura. Díaz sostuvo que ella no "teme" las urnas, porque nunca hay que "temer la voz de la gente". 

La presidenta garantizó este lunes que en las listas de su partido a las próximas autonómicas no habrá "ningún imputado" y pidió "respeto" a los exconsejeros preimputados por el caso de los ERE Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo, a los que se ha incorporado a la Diputación Permanente del Parlamento, en una polémica votación esta mañana que no apoyaron ni PP ni IULV-CA. "El hecho de que yo plantease, en un momento determinado, y lo mantengo, que no iba a mantener en el Parlamento a ninguna persona que fuera imputada por un delito, me acarreó algunos problemas y algún malestar en el seno de mi partido", rubricó, remachando que no hay ningún diputado en Andalucía que esté imputado por delito alguno y con escaño en la Cámara. Las candidaturas del PSOE-A "se conocerán muy pronto, en cuestión de días", y contarán "con talento, esfuerzo" y "representarán lo mejor del PSOE". 

El PSOE-A desea a IU que se "recomponga"

Por la tarde, tras la reunión de Díaz con su ejecutiva regional, compareció el secretario de Organización, Juan Cornejo, quien afinó más: para el 12 de febrero los socialistas tendrán cerradas y aprobadas sus candidaturas al Parlamento autonómico. 

Cornejo contestó además al coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, quien subrayó que la presidenta y secretaria general del PSOE-A "no es de fiar" y eso hará muy difícil futuros pactos. Repitió que la federación no ha logrado garantizar la estabilidad pero, en todo caso, le deseó "lo mejor, para que se recomponga y sea una propuesta viable en el mapa electoral en Andalucía".

Susana Díaz prometió al coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que le llamaría en el transcurso del fin de semana para trasladarle su decisión sobre la posibilidad de un adelanto electoral. Y así fue. Sobre las 21.20 horas, Maíllo recibió la llamada de la presidenta de la Junta. Le confirmó lo que parecía obvio: su determinación de romper el pacto de gobierno y convocar las autonómicas para el domingo 22 de marzo. 

La noticia fue adelantada por el diario El País, y la pudo confirmar infoLibre Librepor fuentes oficiales del Ejecutivo andaluz. Así, mañana lunes, tras un pleno extraordinario en la Cámara andaluza, Díaz citará de forma extraordinaria a su Consejo de Gobierno para deliberar sobre este asunto, y justo después firmará el decreto de convocatoria de los comicios y de disolución del Parlamento, que saldrá publicado el martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). 

En cuanto a los tres consejeros –Diego Valderas (vicepresidente y consejero de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales), Elena Cortés (Fomento y Vivienda) y Rafael Rodríguez (Turismo y Comercio)– y todos los altos cargos que IU tiene en el Ejecutivo, Díaz ha decidido cesarlos, según confirmaron a este diario sus colaboradores, de forma que sus competencias serán asumidas por consejeros socialistas. Por tanto, hasta las elecciones, habrá un Gobierno en minoría del PSOE-A.

El líder de IULV-CA trasladó a Díaz, durante su breve conversación, que su decisión es un "error" y que no está "justificada en ningún caso", informa Europa Press. La jefa de la Junta también se lo comunicó a su número dos, Valderas. A las 21.27, para ser exactos, según confirmaron fuentes de su entorno. La conversación con él fue "normal", no tensa, y le argumentó que romper la baraja era "la mejor opción". La presidenta telefoneó asimismo a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, para confirmarle el anticipo electoral. 

Desde IU calificaron como "falta de lealtad" la actitud de la jefa del Ejecutivo andaluz, ya que la noticia saltó al rotativo de Prisa al tiempo que Maíllo colgó al teléfono. El coordinador había reunido a su grupo parlamentario para decidir su posición sobre uno de los asuntos que va mañana a pleno: la renovación de la Cámara de Cuentas andaluza, pactada por socialistas y PP, que blinda su composición hasta 2017, y la sustitución de miembros de la Diputación Permanente, con la que los de Díaz pretenderían ubicar a los aforados preimputados por el caso de los ERE, ya que dejarlos desprotegidos les situaría de nuevo en manos de la jueza Mercedes Alaya en plena precampaña. 

Se cierra así una legislatura que no ha llegado ni a los tres años de vida. El bipartito echó a andar, presidido por José Antonio Griñán, tras las elecciones autonómicas de marzo de 2012, que ganó el PP por primera vez (50 escaños, por los 47 del PSOE-A y los 12 de IULV-CA). Al cabo de poco más de un año, el jefe del Ejecutivo anunció que no se volvería a presentar, abocó a su partido a unas primarias en las que Díaz arrolló y tras las que logró primero el mando del Gobierno y después las riendas del poderoso PSOE andaluz. 

Las razones de la desconfianza

Casi desde el principio acecharon las sombras de un adelanto electoral. Pero nunca como hasta la última semana esa posibilidad se vio clara. El lunes pasado, la presidenta aseguró que su Ejecutivo no gozaba de "estabilidad". Una primera señal clara de que la alianza de socialistas e IU tocaba a su fin. Y en los siguientes días fue dando más y más pasos. Amarrando el apoyo de su partido, promoviendo la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlamento autonómico (mañana), advirtiendo de que era este "el momento de los andaluces", rubricando que el único tren que cogería sería el de Andalucía. 

Díaz ha venido reiterando las razones por las que sentía que su Gobierno no era "fuerte", estable. Y se las contó a Maíllo, con quien nunca tuvo unas relaciones fluidas, el pasado viernes en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. Entre ellas, le molestó sobremanera que la asamblea de balance de IU, que se reunió en diciembre, facultara a la dirección a convocar en verano un referéndum entre sus militantes para decidir la permanencia en el Gobierno de coalición en caso de que no se hubieran aprobado leyes prioritarias para la federación: banca pública, renta básica, ley integral de agricultura, mínimos vitales y ley de igualdad contra la violencia de género. Díaz entendía que aquello suponía poner "fecha de caducidad" a su Ejecutivo, y que no lo iba a tolerar. Los socialistas también se habían quejado de los gestos de distanciamiento de IU, las declaraciones críticas del candidato de la federación a la Moncloa, Alberto Garzón, o el controvertido viaje de Valderas a los campamentos saharuis de Tinduf, en Argelia. 

IU, sin embargo, ha subrayado por activa y por pasiva que no hay "razones objetivas" para romper el pacto de gobierno, porque lo que marcaba la estabilidad del Ejecutivo era el cumplimiento de lo acordado en 2012, esa hoja de ruta que contenía una treintena de leyes y 256 medidas. En el ánimo de IU está intentar hacer ver, por todos los medios, que es el PSOE quien rompe "unilateralmente" el acuerdo, por razones que escapan al interés de los andaluces. Tras conocerse el anuncio, IULV-CA calificó el anticipo electoral de "deslealtad". 

El "único tren" de Díaz es el de Andalucía

Algo de cálculo electoral hay. Los socialistas consideran que, al fijar los comicios para el 22 de marzo, Díaz puede recuperar la primera posición del podio. El último sondeo la sitúa con un 39,6% de los votos. Además, apuntilla a un PP hundido en las encuestas. Pilla también al partido de Pablo Iglesias, la gran amenaza por la izquierda, sin estructura, por lo que tiene al alcance demostrar que el fenómeno Podemos es un soufflé.fenómeno Podemossoufflé Que se le puede vencer. También coloca la confrontación en el eje PP-PSOE, y una victoria en las urnas la ayudaría a revalidarse, a animar a su partido, a tirar de los candidatos a las municipales... y a tener la puerta abierta en caso de un eventual salto a Madrid. Ese será el flanco que tanto IU como el PP intentarán explotar al máximo. Ella misma buscó zanjar ese debate en un acto de partido el pasado sábado. Es el momento de dar "la voz" a los andaluces, es el "momento de la gente", incidió. "Mi pasión es Andalucía y el único tren que voy a coger es el que quiero coger y es el tren de Andalucía, y espero que acompañada de los andaluces". 

Esa imagen, la del tren, es la misma que la que empleó a finales de diciembre, cuando se visualizó su enfrentamiento con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "Pude ser secretaria general el pasado verano... O no, porque quizás no me hubieran votado. El tren pasó, ahora no me preocupa. Si vuelve a pasar el tren, ya se verá, y si no pasa, tampoco pasa nada", dijo entonces. 

Los conservadores afrontan la campaña desde una posición mucho peor que en 2012, cuando quedaron más cerca que nunca del poder. Su presidente, Juanma Moreno, no acaba de consolidarse. La última encuesta, la publicada ayer sábado por La Sexta, le otorga un 29,4%, diez puntos menos que los socialistas. En tercer lugar, Podemos, con un 15,2%, e IU, con un 8,7%.

Moreno Bonilla emplazaba a Díaz, hasta hoy mismo, a hacer coincidir las municipales con las autonómicas, y le ofrecía "estabilidad política". Ya no hará falta. Los andaluces decidirán el color de su nuevo Gobierno el 22 de marzo. En menos de dos meses. 

Luego llegarán las autonómicas en otras 13 comunidades y las municipales en toda España. El 27 de septiembre, las catalanas. Y en otoño, las generales. Un 2015 plagado de urnas. 

“Andalucía, una semana más, marca la diferencia”. Con esta frase y otras similares solía comenzar el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno. Unas semanas lo acompañaba un consejero o consejera del PSOE. Otras, un consejero o consejera de IU. Era un Gobierno de izquierdas, diferente, que intentaba cada martes combatir las políticas de derechas adoptadas en los Consejos de Ministros de los viernes. “Andalucía –se enorgullecían tanto PSOE como IU– está demostrando que existe otra forma de gobernar”. La ley antidesahucios fue la primera prueba de esa nueva política de defensa de lo público que ponía por encima de cualquier cifra macroeconómica a las personas.

Dependencia, educación, sanidad… con más o menos recortes, que también los ha habido, la Junta ha mantenido el tipo en estos casi tres años de Gobierno a pesar del estrangulamiento presupuestario impuesto desde Madrid, a quien exige un nuevo modelo de financiación y una reforma fiscal "más justa y equitativa". Nada más formar el nuevo Ejecutivo –con José Antonio Griñán como presidente– la Junta aprobó un decreto de recortes de salarios a los funcionarios que ahora compensa con el abono íntegro de las pagas extraordinarias. La gestión PSOE-IU ha llegado incluso a sorprender al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien, según fuentes del PP, admitió en una visita a Andalucía la enorme capacidad del Gobierno autonómico para resistir las embestidas de Moncloa.

La mayor parte de su actuación no se ha traducido, sin embargo, en la aprobación de leyes acordadas en el pacto de coalición, que de casi una treintena sólo ha sacado adelante dos: la Ley de Transparencia –aprobada más de dos años después– y la Ley integral de Transexualidad, aprobada justo después, el pasado verano. Estas han sido las principales acciones de un Gobierno rojo al sur de una Europa de derechas sobre el que han pesado dos losas que aún lleva a cuestas: la corrupción y el paro.

Vivienda: una ley antidesahucios pionera

Dirigidas por la cordobesa Elena Cortés, las políticas de vivienda han sido la seña de identidad de IU en el Gobierno. La conocida como ley antidesahucios –impulsada por IU y negociada con el PSOE fuera del pacto de coalición– establecía expropiaciones de hasta tres años a los bancos que pretendieran echar de sus casas a personas en riesgo de exclusión social. Omar Abattouy, de 43 años, y Umkiltoun Sarroukh, de 33, marido y mujer, y sus cuatro hijos menores de edad, fueron una de las familias beneficiarias de esta medida. “El Gobierno andaluz destierra las imágenes de los desahucios que eran el pan nuestro de cada día”, afirmó la consejera de Fomento y Vivienda. La celebración, sin embargo, duró poco. El Gobierno de Mariano Rajoy llevó la ley al Tribunal Constitucional por considerar que invadía competencias y creaba discriminación al expropiar el derecho de uso de la vivienda sólo a determinados propietarios, es decir, a los bancos. Al Gobierno tampoco le gustaron las sanciones –de hasta 120.000 euros– que recogía la norma para las entidades financieras e inmobiliarias que tuvieran viviendas vacías o que no dieran un uso social a sus viviendas protegidas.

“El Gobierno recurre esta ley como la defensa de la élite financiera y de los especuladores de la vivienda a costa de castigar a las víctimas de la crisis, a trabajadores desempleados, avalistas, autónomos, precarios y pensionistas. Es el recurso de la vergüenza”, llegó a calificarlo Cortés. Rajoy había formalizado el recurso casi a escondidas. Ni informó a la Consejería, que esperaba solventar los problemas en una comisión bilateral, ni a los periodistas que acudieron a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la decisión.

La crisis vino con la Corrala Utopía

En los tres meses que estuvo en vigor, la Junta benefició a 39 familias con expropiaciones encima. El Gobierno andaluz al completo, PSOE e IU, reclamaron en reiteradas ocasiones a Rajoy que retirara el recurso de manera inmediata. Ni caso. La Junta, sin embargo, no se dio por vencida y continuó aplicando las partes de la ley no suspendidas, lo que ha permitido multar a varios bancos por no haber ofrecido sus VPO vacías al registro de demandantes. La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores por un total de 22,84 milones de euros y, este mismo jueves, confirmó una denuncia ante la Fiscalía a cinco entidades –BBK-Cajasur, Unicaja, Banco Popular, Bankia y Caixabank– por incumplimiento del Código de Buenas Prácticas relativo a deudores hipotecarios. Para cubrir a las familias que antes se podían beneficiar de la expropiación, la Junta ha abierto una línea de ayuda de 2,2 millones.

Nadie esperaba, por tanto, que fuera un asunto relacionado con la vivienda –el realojo de las personas de la conocida Corrala Utopía– lo que generara la primera crisis que llevó al borde de la ruptura a los dos socios de Gobierno, finalmente recompuesto. Fue en abril del año pasado. 

Empleo: la comunidad con mayor tasa de paro

Fue muy criticada incluso por sus socios de Gobierno, pero siempre ha sido clara en ese sentido: “Me reuniré con quien tenga que reunirme para conseguir que las empresas confíen e inviertan en Andalucía”, ha repetido una y otra vez Susana Díaz. El mismísimo Emilio Botín terminó besándole la mano en la primera visita –pública– que un banquero hacía al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, por donde después han desfilado una retahíla de nombres del Ibex 35: Telefónica, Endesa, La Caixa, BBVA, Iberdrola y Vodafone. También se ha reunido con Fujitsu. De todas ellas, Díaz ha arrancado compromisos de inversión en la comunidad y la creación de becas en esas compañías para jóvenes andaluces. En todos sus discursos, en sus mítines, en sus intervenciones, la presidenta andaluza ha calificado el empleo como su obsesión. Fue determinante también su actuación en la comarca minera de Aznalcóllar (Sevilla). En apenas 48 horas, tras una conversación con Rajoy, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas retiró el recurso de inconstitucionalidad que había presentado contra el decreto andaluz para la reapertura de la mina.

Según los últimos datos de la EPA, el paro bajó en Andalucía en 66.800 personas el pasado año, lo que supone un descenso del 4,57% en relación con el año anterior. Pero la losa, a pesar de los rezos de la ministra andaluza Fátima Báñez a la Virgen del Rocío, sigue pesando y mucho: fue la comunidad con mayor tasa de desempleo, con un 34,23%. Los planes y actuaciones a los que la presidenta se ha encomendado, enfocados tanto a las empresas como a las personas con un nuevo modelo productivo basado en la competitividad, sostenibilidad medioambiental y cohesión social y territorial, han sido la pieza angular de su Gobierno y, según el PSOE, prometen.

La Agenda por el Empleo, aprobada el pasado 22 de julio, y acordado con los principales agentes sociales, establece las estrategias para recuperar en los próximos siete años los puestos de trabajo perdidos. El principal objetivo: superar en 2020 los 3,2 millones de ocupados. Prevé una inversión de 45.305 millones de euros, de los cuales, el Gobierno andaluz aportará 21.113 millones de euros, y el resto será exigido al Estado en concepto de inversiones. Pero la realidad es que los resultados de las políticas de empleo, de momento, aunque puedan ser loables, no son ni mucho menos para tirar cohetes. La rebaja significativa de las tasas de paro ha sido la asignatura pendiente de los sucesivos Gobiernos socialistas. Plan "insuficiente"

Entre los planes puestos en marcha por la Junta, destacan el decreto de inclusión social y el programa de impulso a la construcción sostenible. El primero, dotado con 40 millones de euros y destinado a combatir la exclusión social a través del empleo, tiene previsto generar 25.000 puestos de trabajo. Según la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, dirigida por María José Sánchez Rubio (PSOE), también secretaria de Sanidad en la ejecutiva federal de Pedro Sánchez, ya se ha pagado el 100% a los ayuntamientos para el inicio de las contrataciones, que se efectuarán en los próximos días. Algunos colectivos, como la Asociación Pro Derechos Humanos, consideran el plan como “insuficiente, asistencialista y electoralista” y exigen una ley.

El programa de construcción sostenible, que subvenciona las remodelaciones que persiguen la eficiencia energética –como el cambio de ventanas–, la mejora de instalaciones y el uso de fuentes renovables, tuvo que ser ampliado ante la rápida acogida de las empresas al 100% del presupuesto inicial, 150 millones. Para este año, la Junta tiene presupuestados 75 millones más. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, capitaneada también por el PSOE y en manos del catedrático de Economía José Sánchez Maldonado, prevé generar 18.500 puestos de trabajo directos. Aunque hay previsto un plan de autónomos, el colectivo sigue sin tener una respuesta clara a su situación en Andalucía.

Críticas por pedir "favores" a Botín

La Junta también tiene activado un plan para parados de larga duración, dotado con 106 millones de euros, que prevé en torno a 25.000 contratos. El plan para jóvenes, con una dotación de 200 millones, ha supuesto ya la contratación de más de 22.000 chicos y chicas de los 41.000 empleos previstos. Incluye además un convenio de becas con el Banco Santander, del que se beneficiarán mil jóvenes. Actualmente, ya se han asignado las tres terceras partes de las becas.

Del Santander también consiguió la presidenta de la Junta una línea de crédito a corto plazo de hasta 500 millones de euros, muy duramente criticado por los ahora candidatos de IU a las generales y a las autonómicas, Alberto Garzón y Antonio Maíllo, quienes calificaron el préstamo de usura. "Susana Díaz no tendría que pedir ningún favor a Botín con una banca pública en Andalucía”, reprochó Garzón aprovechando para recordar otro asunto que también ha generado tensiones entre los socios de gobierno. A la nueva línea mantenida por Garzón y Maíllo atribuyen fuentes socialistas las “razones objetivas” del clima de “inestabilidad”. La banca pública era una de las normas que, según IU, condicionaban la convocatoria del referéndum entre sus militantes sobre su continuidad o no en el Gobierno andaluz. Las otras leyes que exigieron sacar adelante para descartar la consulta afectaban a igualdad y violencia de género, la renta básica y la agricultura integral.

Sanidad y Asuntos Sociales: defensa de lo público siempre... o casi siempre

“Andalucía parece Etiopía”. Fue una de las polémicas frases del ahora portavoz del PP en el Congreso y diputado por Almería, Rafael Hernando. “En Andalucía se ha pasado de regalar ordenadores a regalar bocadillos”, afirmó también su compañero de filas Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla. El decreto que garantizaba tres comidas al día a los niños en riesgo de exclusión social tampoco gustó a la derecha. Y ahí, de nuevo, PSOE-IU han estado resistiendo a las políticas de Rajoy con la defensa de lo público y el Estado del bienestar. De ese decreto se beneficiaron 22.000 menores. Los últimos datos distribuidos por Cáritas advierten de que la exclusión social ya se ha convertido en crónica en Andalucía: actualmente, un millón de personas (334.000 hogares) vive en exclusión severa (el 13,1% frente al 10,9% nacional). En este contexto, se queda sin aprobar un decreto que garantice los suministros vitales, condición también de IU para no convocar el referéndum.

La gran batalla emprendida, no obstante, por ambos socios residió en combatir la ley de reforma local, que acabó con un recurso en el Constitucional. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), denunció duramente el efecto centralizador de la ley: “Trata a los ayuntamientos como menores de edad”, afirmó. Alcaldes, incluso del PP, manifestaron su rechazo.

La ley de dependencia ha sido otra de las batallas entre la Moncloa y San Telmo. Los últimos presupuestos andaluces destinan 1.131 millones, unos tres millones al día, prácticamente lo mismo que la inversión del Gobierno en el conjunto de España (1.200 millones). A pesar de ello, muchas familias siguen mostrando su descontento por la lentitud en la consecución de las ayudas, refrendado por duros informes del Defensor del Pueblo Andaluz.

Blindaje del Estado del bienestar

En preparación está la Ley de Servicios Sociales, que pretende garantizarlos como un derecho, según la consejera Sánchez Rubio. Es la línea que la nombrada consejera de Hacienda por Susana Díaz, la socialista María Jesús Montero, ha mantenido durante años cuando estaba al frente de la Consejería de Salud. “La mejor garantía de igualdad en sanidad es que el banquero esté acostado al lado de la cama del gitano”, dijo en una entrevista. La solución para el PSOE, más que hacer leyes, pasa por reformar la Constitución para blindar el sistema sanitario como público, universal y gratuito, ahora amenazado por un modelo en el que el ciudadano es sustituido por el concepto de asegurado.

En el día a día, en cualquier caso, la falta de presupuesto también se ha dejado notar en los centros de salud y hospitales, donde se mira con lupa cualquier recurso. Menor tiempo de hospitalización, menos derivaciones al especialista o mayor tiempo de espera que ha desbordado los servicios con la avalancha de gripe. Aunque no ha habido mareas como en Madrid contra la privatización de la sanidad, los sindicatos también han denunciado el abuso de contrataciones temporales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Educación: oposición frontal a la ley wert

El Gobierno PSOE-IU, que ha encabezado a las comunidades opuestas a la ley Wert, también ha resistido como ha podido los recortes presupuestarios impuestos desde Madrid. Según la Consejería de Educación, dirigida por Luciano Alonso (PSOE), el mantenimiento de la gratuidad de libros de texto, el transporte escolar y el servicio de comedor ha ahorrado a las familias andaluzas una media de más de 2.000 euros en el pasado curso escolar. Este curso, casi un millón de alumnos se están beneficiando de la gratuidad de los libros. El transporte escolar gratuito, una prestación que sólo Andalucía ofrece incluso en la educación postobligatoria, atiende a más de 99.000 estudiantes. Y el servicio de comedor beneficia, diariamente, a 180.000 alumnos. De ellos, el 54% dispone de gratuidad total. En becas, la Junta ha rescatado a más de 10.000 alumnos excluidos de los nuevos requisitos adoptados por el Ministerio de Educación. Además, ha destinado más de 24 millones de euros a ayudas para evitar el abandono escolar. Para este año, en aplicación al aumento de la tasa de reposición anunciada por el Gobierno central, la Junta ha convocado 1.229 plazas de empleo público.

A pesar de estos datos, los sindicatos han mostrado su enfado con este departamento en reiteradas ocasiones. Consideran, entre otros aspectos, que a pesar del recurso contra la Lomce el consejero no ha hecho lo suficiente por resistirse a su implantación. Desde el punto de vista religioso, aunque sí se puso fin a la financiación pública de los colegios que segregan por sexo –de nuevo beneficiados por la Lomce–, también han destacado las protestas desde colectivos como Andalucía Laica por no ser contundentes a la hora de sacar la religión de la escuela. Ni siquiera con IU en el Gobierno.

Igualdad: no a la reforma del aborto

De momento, tras la salida de Alberto Ruiz-Gallardón del Gobierno, no ha sido necesario. Pero la Junta anunció desde el minuto cero un recurso de inconstitucionalidad si salía adelante la reforma de la ley del aborto que devolvía a España a los años 80. En este caso, la implicación del PSOE, con el Instituto Andaluz de la Mujer a la cabeza, fue mucho más activa –o visible– que la de IU.

Al contrario ocurrió con la Ley de Transexualidad, una norma que sí estaba incluida en el pacto de gobierno. Impulsada por Izquierda Unida, fue aprobada el pasado verano después de múltiples retrasos y discrepancias a la hora del tratamiento que podrán recibir los menores. El texto, apoyado por el PP, es el primero en toda Europa que despatologiza la transexualidad. En el cajón de la legislatura se quedarán, sin embargo, las reformas de las leyes de igualdad y de violencia de género.

Medio ambiente: luces y sombras

Vino a verla hasta Salma Hayek. El capítulo de La Almoraima, la finca pública ubicada en el Parque Natural de los Arcornocales (Cádiz) que puso a la venta el Gobierno del PP, ha sido la principal batalla ganada de este Gobierno de izquierdas en materia de medio ambiente frente a la especulación urbanística. La fórmula ideada por la Junta fue ampliar el espacio protegido para que el 100% de la finca quedara dentro. El Gobierno de coalición dio, así, un paso importante en la defensa del medio ambiente y marca una clara diferencia con el ejecutivo socialista anterior en solitario, que llegó a respaldar proyectos insostenibles como el mastodóntico gasoducto Balboa, cuyo trazado pasaba por las inmediaciones de Doñana.

La mano de Diego Valderas también estuvo detrás de la salvación de la playa de Valdevaqueros, en Tarifa, de la especulación urbanística. Tampoco hizo nada el anterior Ejecutivo en solitario por parar el almacén previsto por Gas Natural en el subsuelo del mismo parque, otro proyecto ahora en cuestión. Ha sido también en este periodo cuando Felipe González dejó el Consejo de Participación de Doñana, que compatibilizaba con su cargo como consejero en Gas Natural. El que resiste a izquierda y derecha es el Algarrobico, que descansa en primera línea de playa protegido por una enorme sombrilla de líos judiciales.

Cuestionada apuesta por la minería

Otra marca de identidad de IU en el Gobierno andaluz ha sido el Plan de la Bicicleta, que incluye la creación de 330 kilómetros de carril bici en un año. A él se han adherido siete ayuntamientos: Algeciras y Jerez en Cádiz y todas las capitales de provincia salvo Sevilla y Jaén. Es decir, gobiernos del PP han terminado apoyando esta política de movilidad sostenible tan criticada por la derecha y por la que la propia Elena Cortés, que ha hecho también encaje de bolillos para seguir financiando obra pública, tuvo que aguantar mofas. Queda pendiente una Ley de Movilidad Sostenible.

La principal crítica de los grupos ecologistas al Gobierno andaluz se centra ahora en el impulso que Susana Díaz está dando a la minería, que insiste en que la reapertura se hará con todas las garantías medioambientales. El fantasma del desastre de Aznalcóllar sigue estando, sin embargo, muy presente para los ecologistas, que denuncian que a sólo diez kilómetros, la Junta está permitiendo la actividad a otra mina, Cobre Las Cruces, reiteradamente multada por la propia Administración y acusada de contaminación por la Fiscalía en los tribunales.

Transparencia y corrupción: la losa de los ere

Abrir las puertas y ventanas de la Administración, anunció Susana Díaz en su toma de posesión tras el relevo a Griñán. La de Transparencia fue la primera ley aprobada en el Parlamento andaluz, el pasado junio. Dentro de los compromisos del pacto y apoyada incluso por el PP, la norma pretende potenciar la rendición de cuentas en la administración a partir de dos premisas: los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen las instituciones –y otros organismos que reciban fondos públicos– y éstas tienen la obligación de informar sobre sus actividades. La duda está en si la ley, que nace de la necesidad de limpiar la política de corrupción, será de verdad o de mentira, una vez entre en vigor el próximo verano. Lo que sí se ha cumplido de momento son las dos comparecencias al año de la presidenta para debatir sobre la situación política de Andalucía, quien ha dejado claro que si los expresidentes Griñán y Manuel Chaves terminan imputados en el Supremo les pedirá que se marchen.

Sobre la posibilidad de que el PSOE entre en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz a los diputados aforados para salvarlos de la jueza Mercedes Alaya ante un adelanto electoral, IU ya ha dicho que se opondrá. A eso y a la renovación de la Cámara de Cuentas, cuya reforma, anunciada también para combatir la corrupción, sigue en el aire.

Durante estos tres años de Gobierno, las sesiones en el Parlamento han estado marcadas por la corrupción. El escándalo de los ERE primero, Invercaria después y el presunto fraude en los cursos de formación –que ha hecho saltar por los aires a UGT y las relaciones entre la Junta y el sindicato hermano– ha pesado como otra losa de cemento sobre el PSOE, pero también sobre IU, acusado incluso desde sus propias filas de mantener a un Gobierno corrupto. La legislatura, no obstante, arrancó con la comisión de investigación de los ERE impulsada por IU, que ha obligado también en múltiples ocasiones al consejero Luciano Alonso a explicar el fraude de la formación. No ha sido suficiente, sobre todo, para hacer frente a la ola Podemos.

En la asamblea celebrada el pasado diciembre, supuesto origen de la ruptura del pacto, IU pidió un pleno exclusivo sobre corrupción y la posibilidad de abrir una comisión de investigación sobre toda la corrupción, incluidos los asuntos que afectan a su propio partido y al PP. La reforma de la Cámara de Cuentas, otra de las medidas anunciadas para combatir la corrupción sigue en el aire. El PP ha llegado incluso a presentar una propuesta.

Memoria histórica

El Consejo de Gobierno del pasado martes, puede que el último en el que Miguel Ángel Vázquez salga acompañado de un camarada, como llaman amistosamente los socialistas a los comunistas, aprobó dos proyectos de ley impulsados por Izquierda Unida. Uno, que pretende proteger a los consumidores y usuarios de los abusos en las contrataciones hipotecarias con sanciones de hasta un millón de euros –insuficiente para colectivos como Facua–. Y un segundo, el proyecto de ley de memoria histórica, otro de los acuerdos incluidos en el pacto.

Desde la Dirección General de Memoria Democrática, conducida por IU, la Junta ha emprendido una política de memoria pública con la que por primera vez una Administración asume como una obligación las exhumaciones, hasta ahora en manos de los familiares y asociaciones de víctimas del franquismo. La norma, ahora en el aire, garantiza la apertura de todas las fosas que pidan los familiares y, a diferencia también de la ley de José Luis Rodríguez Zapatero, establece multas de hasta 10.000 euros por la no retirada de símbolos franquistas, incluidos aquellos edificios o inmuebles que aleguen razones artísticas, indultados por la ley estatal.

El principal talón de Aquiles de la norma, ahora en el aire, es la insuficiente memoria económica –10 millones de euros– para un territorio donde existen al menos 600 fosas sin exhumar y para un asunto en el que el tiempo corre en contra. Muchos familiares son ya ancianos. No obstante, esta apuesta por la recuperación de la memoria en Andalucía, basada en las recomendaciones de la ONU y el derecho internacional, choca frontalmente con el desmantelamiento absoluto que ha hecho el PP de esta materia, a cuyo presupuesto destina 0 euros. Los exabruptos de la derecha en un asunto que debería ser de Estado pueden resumirse de nuevo en una frase de Hernando, que acusó a los familiares de acordarse de sus muertos cuando llegaron las subvenciones. Ahora, con un pacto al que ya no se le puede llamar pacto, en este y en otros temas que quedan sin aprobar, habrá que esperar para saber si Andalucía volverá a marcar la diferencia.

El anuncio es inminente. Cuestión de pocas horas ya. Susana Díaz ultima su decisión definitiva sobre el más que previsible adelanto electoral en Andalucía. Sus colaboradores en el Gobierno y en el PSOE manejan sin disimulo esa alternativa y la dan por hecho. Y en Izquierda Unida, también. La crisis ya parece absolutamente irreversible.

La presidenta de la Junta va lanzando cada vez más señales de que así será, hilvanando el relato de la ruptura. Lo necesita porque el tiempo se le agota para poder convocar los comicios para el 22 de marzo. El lunes, como máximo, debe reunir a su Consejo de Gobierno y firmar el decreto de convocatoria, que se publicaría el martes, 27 de enero. Este viernes avanzó un paso más al remarcar al coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, cara a cara, que "es el momento de los andaluces". O sea, de ir a votar. De quebrar el pacto y dar por terminada una alianza de tres años que tendrá, como probable última manifestación, el cese o dimisión de los tres consejeros de IU y de todos sus altos cargos. 

Ambos, Díaz y Maíllo, mantuvieron, hacia la una de la tarde, una entrevista en el sevillano Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, y que había sido solicitada por el líder regional de IU. El encuentro fue cordial, según fuentes de la federación. Pero las posiciones siguieron donde estaban. Díaz le dijo las razones por las que cree que "no hay estabilidad en el Gobierno" y que han conducido a que persista "la desconfianza entre los dos socios". Motivos que ella ha trasladado a los medios en toda la semana, a sus colaboradores y a los miembros de su partido. Lo que más ha dolido a los socialistas fue que la asamblea de balance que IULV-CA celebró a finales de diciembre acordó autorizar a la dirección regional la convocatoria de un referéndum a la militancia en junio para deliberar sobre la permanencia (o la salida) en el Ejecutivo de coalición. Pero en la libreta de la presidenta también está apuntada la amenaza de apertura de una comisión de investigación sobre corrupción, las declaraciones críticas de Alberto Garzón o el controvertido viaje del número dos del Gobierno, Diego Valderas, a los campamentos saharauis de Tinduf. 

No a la "fecha de caducidad"

Así que si no hay "estabilidad" ni "confianza", es "el momento de los andaluces", subrayó Díaz en Aznalcázar (Sevilla). "Antes de que ellos decidan por el conjunto de los andaluces, yo les daré la voz", recalcó. Díaz insistió, como ha venido haciendo en las últimas semanas, en que no ha sido ella quien "ha puesto en cuestión" el Gobierno al ponerle "fecha de caducidad". "Hay que ser responsable y saber lo que hay que hacer cuando se está dentro de un Gobierno, que es dar respuesta a los nueve millones de ciudadanos", afeó la jefa de la Junta, señalando a la misma espina. 

Igual que Díaz y el PSOE ponen el acento en la falta de "estabilidad" del Ejecutivo, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía pone el foco en lo contrario: en que hay "estabilidad" porque el Gabinete funciona y sigue cumpliéndose el pacto suscrito entre las dos fuerzas en 2012, de modo que "no hay razones objetivas para la ruptura". La presidenta, para Maíllo, busca "excusas en función de intereses que no tienen nada que ver con los intereses de Andalucía". Reivindicó asimismo el comportamiento "leal" de su formación. El coordinador reconoció que "en absoluto" había quedado satisfecho con la reunión. En realidad, IU sacó la impresión de que habrá elecciones. "Es que no parece que quepa ya mucha marcha atrás, tan lejos como ha llevado el balón", comenta un miembro del Ejecutivo de la confianza de Maíllo.

Ante los medios, IU reitera y reiterará hasta la saciedad que la ruptura, de producirse, es "unilateral", de los socialistas, y que serán ellos quienes tengan que "explicar" por qué se produce. Lo cierto es que la convicción de que habrá comicios el 22 de marzo es prácticamente total. Saldrá de dudas muy pronto. Díaz se comprometió con Maíllo a trasladarle su decisión en el transcurso del fin de semana. La presidenta ha mantenido una ronda de contactos con representantes de sectores económicos y sociales de Andalucía, según fuentes de su equipo. 

"Operación de altura"

Un consejero del Gobierno de IU cree que, más allá de las razones esgrimidas por los socialistas para justificar la conveniencia de un adelanto electoral –golpear a Podemos al estar aún desarticulado en Andalucía, aprovechar la enorme debilidad del PP para recuperar el puesto de primera fuerza, revalidarse en las urnas, tirar de los candidatos municipales y tener la puerta abierta para un posible salto a Madrid–, hay otra de más peso. "Una operación de altura", manifiesta. Consistiría, según este análisis, en intentar gobernar en solitario, como la propia Díaz manifestó sin rodeos en la entrevista en La Sexta Noche, el pasado 10 de enero. El PSOE, a su vez, correspondería al PP en las autonómicas, allá donde quede como primera fuerza, y para después de generales el escenario se aclararía: o gran coalición o pacto con Podemos. Pero el elemento distorsionador, añade esta fuente, serían los comicios municipales, dado que la realidad de cada localidad es muy distinta y las lógicas de las alianzas no funcionan. 

Antonio Maíllo, Diego Valderas y José Antonio Castro, llegando a la reunión con el PSOE, este 19 de enero en el Parlamento andaluz | EFE

IU considera, además, que la presidenta sufre de una gran debilidad: la "inconsistencia de su relato de la crisis de Gobierno", porque "no hay nadie que se crea que hay inestabilidad". Los consejeros y altos cargos de la Junta de la federación intentan visualizar esa imagen de normalidad siguiendo con su actividad en los despachos y en actos públicos. Y así harán hasta el final. "En cualquier caso, ella está midiendo riesgos, y vamos a ver qué tal le sale la operación. Tiene que tener en cuenta que a los andaluces no les gusta la ambición y la soberbia", señala un alto cargo del Ejecutivo.

La federación había hecho sus cálculos: le beneficiaba agotar la legislatura, porque en el último año estaba prevista la aprobación de las normas de impacto y más simbólicas, como la ley de memoria democrática y la de protección de los usuarios de los productos hipotecarios –proyectos aprobados por el último Consejo de Gobierno, el pasado martes–, o la creación de un banco de tierras, o la banca pública, la renta básica, los mínimos vitales y la ley de igualdad contra la violencia de género. Pero el probable terreno de juego marcado por la presidenta no viene tan mal a IU. La última encuesta, la del Grupo Joly, le adjudicaba un 12,8%, un porcentaje mejor que el que los sondeos otorgan a IU en las generales. Y es igual de consciente de que Podemos aún no ha arraigado tanto en Andalucía como en el resto del Estado.

Dificultad de pactos posteriores

En el equipo de la presidenta se percibe el optimismo, ya que las encuestas "dan bien", aunque no auguran una mayoría absoluta por ahora. La gobernabilidad, en ese caso, con la entrada de Podemos y tal vez de Ciudadanos, y el mantenimiento de IU, se complicaría. Ese escenario, a juicio de los socialistas, tendría la virtud de que obligaría a la formación de Pablo Iglesias a retratarse con cada votación. 

En el fin de semana puede desentrañarse la madeja. El lunes hay pleno extraordinario en el Parlamento, donde se debatirá sobre el colapso de las urgencias hospitalarias y la renovación de la Cámara de Cuentas y la sustitución de miembros de la Diputación Permanente. 

Después Díaz podría firmar el decreto de disolución de la Cámara y oficializaría la ruptura del Gobierno. La pregunta siguiente es qué pasa con los consejeros y altos cargos de IU. La federación controla tres departamentos: la Vicepresidencia y Consejería de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales (Diego Valderas), Fomento y Vivienda (Elena Cortés) y Turismo y Comercio (Rafael Rodríguez). Desde el PSOE aseguran que aún no se ha decidido si, en caso de anticipo, la presidenta los cesará. E IU, por su parte, según varios dirigentes, aún no ha cerrado posición. Un alto cargo entiende, no obstante, que continuar en el Gobierno "se haría muy complicado". Podría haber dimisión en bloque, pero se esperará al criterio que marque Maíllo. Él mismo dijo que lo que no habrá es una "ruptura pactada". La federación presume de que en estas semanas de turbulencias ha actuado unida, sin fugas ni disensiones. 

La relación entre los dos socios, inevitablemente quedará herida. Lo que también se reflejará en el escenario posterior a las urnas. El pasado miércoles, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, advirtió de que los pactos postelectorales en autonómicas y municipales podrían hacerse imposible con un ejemplo gráfico: "Si alguien me echa de la casa que teníamos alquilada de mala manera y sin una justificación objetiva, ¿al día siguiente me va a llamar para que alquilemos otro piso?". Pues en eso están las cosas, en la más que probable ruptura del contrato de alquiler. 

No es sencillo conocer el número global de investigaciones abiertas en los últimos años en las universidades españolas. Los datos no están centralizados porque estas gozan de autonomía de organización. Por ejemplo, la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, que dirige el socialista José Sánchez Maldonado, dice no disponer de las cifras totales, porque las maneja cada una de las diez universidades públicas de la comunidad.

La UMA, la tercera universidad andaluza más grande (después de las de Sevilla y Granada), aprobó su Reglamento de la Inspección de Servicios en la sesión de su Consejo de Gobierno celebrada el 1 de diciembre de 2010, y tiene como objetivo "garantizar la supervisión de los servicios universitarios", para que sean gestionados de forma "eficaz y eficiente". El órgano asesor depende directamente de la rectora del campus, Adelaida de la Calle, quien situó al frente, en enero de 2012, a Enrique Caro Guerra, profesor titular de Estadística e Investigación Operativa en la Facultad de Ciencias. Fue él quien firmó el expediente contra Errejón. 

Para analizar la actividad de este órgano hay que acudir a las memorias anuales publicadas y los informes elevados al claustro por Caro. En la de 2011-2012 se dice que se instruyó un expediente de información reservada y tres disciplinarios, que en aquel momento estaban "en trámite". En el documento del año 2012-2013, se concluyeron cuatro expedientes disciplinarios. De esos cuatro, dos acabaron con propuesta de sanción y dos fueron suspendidos a la espera de sentencia judicial, fallo que aún no ha llegado. Esto es así porque el empleado afectado puede recurrir la decisión a los tribunales, o bien porque el comportamiento del trabajador resulta presuntamente delictivo y pasa a ser instruido por la Justicia, en cuyo caso se congela el expediente. Es lo que ocurre, por ejemplo, con un profesor de Derecho Tributario de la UMA acusado en el caso Cátedra, y que se enfrenta a cuatro años de cárcel por los supuestos delitos de tráfico de influencias y falsedad documental. 

Sólo dos despidos disciplinarios

En el caso del curso 2013-2014, se concluyeron tres expedientes disciplinarios. Hay otro más que se extinguió porque el profesor al que se abrió el informe dejó su plaza mientras estaba siendo investigado. 

Estos siete expedientes –los dos de 2012-13, los tres de 2013-14 y los dos que siguen en manos de los tribunales– afectan tanto a personal docente e investigador (PDI) como a PAS, puesto que la inspección alcanza a toda la plantilla. Consecuencia de estos informes, según el delegado de la rectora, se produjo el despido de dos trabajadores, un PAS y un profesor, al que no se renovó el contrato. Otros dos docentes fueron multados con suspensión de empleo y sueldo.

El equipo comandado por Caro también desarrolla una labor de visita a los centros de la UMA que, en el caso de los profesores, consiste en comprobar si están o no en el aula o en sus despachos. En el curso 2013-2014 se hicieron 1.735 actuaciones, y el grado de cumplimiento de los docentes fue del 92,5%. En el resto de los casos, acabaron justificándose las ausencias, según precisó Caro Guerra a infoLibre, en conversación telefónica. Tras estas 1.735 visitas, subraya, no se abrió "ningún tipo de expediente a ningún docente". Es decir, que los disciplinarios que afectaban a profesores en el último curso escolar concluido comenzaron a instancias de parte (quejas de alumnos o compañeros...). En el año anterior, 2012-2013, se realizaron 1.030 visitas, y el grado de cumplimiento observado por la inspección fue del 95,7%. Tampoco se siguió de esta campaña la apertura de ningún procedimiento.

Siete expedientes disciplinarios (más otro extinguido), en consecuencia, en tres cursos consecutivos, para una plantilla que, en 2013-2014, alcanzaba los 3.614 empleados. Ahora se suma la causa contra el número dos de Podemos, que todavía no está concluida. "La norma es que los trabajadores, de la UMA y de cualquier empresa o institución, cumplan con su trabajo. El caso de Errejón es ciertamente anómalo, bastante anormal, inusual", interpretaban fuentes oficiales de la universidad. Como dice Caro, las incidencias observadas van disminuyendo. Ese es el objetivo, superar la "calidad" de la enseñanza y del campus. Y para eso se creó este órgano. Anteriormente, cuando surgía algún problema, el rector nombraba a un instructor para que hiciera las indagaciones oportunas. 

Un expediente del tipo de Errejón lo inicia a instancias de una queja y por orden de la autoridad competente (en este caso, por la rectora de la UMA). Primero comienza un periodo de información reservada, en el que el instructor reclama documentación y escucha a los afectados. Y a partir de ahí, puede abrir expediente disciplinario (en 2012-2013 ocurrió en tres de los cuatro casos iniciados) o no hacerlo, por considerar que no hay materia suficiente. Los inspectores estiman si cabe una sanción más o menos grave en función del tipo de falta. Una vez tramitados los recursos, el procedimiento concluye. 

284.604 euros del proyecto

Para examinar el caso Errejón hay que rebobinar unos meses atrás. El secretario de Política de Podemos firmó el 17 de marzo de 2014 un contrato con la UMA, renovable cada tres meses, para el desarrollo de un proyecto de investigación de I+D+i titulado La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda, y dirigido por el profesor Alberto Montero, correligionario de Errejón en Podemos y miembro de su Consejo Ciudadano. El contrato suscrito era de 40 horas semanales, con un sueldo bruto mensual de 1.825 euros, y establecía como lugar habitual de trabajo la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Errejón logró la plaza a través de un concurso público al que sólo concurrió él. El proyecto, dotado con un total de 284.604 euros, está financiado por la UE y la Consejería de Fomento y Vivienda (dirigida por Elena Cortés, de IU), a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta, y debería estar terminado para junio de 2015. 

Una vez saltó la noticia del contrato de Errejón, la UMA y el Gobierno regional comenzaron la investigación. El político de Podemos ya había avisado a finales de septiembre a Montero que quería dejar el proyecto para cuando venciera la segunda renovación, el 16 de diciembre, por lo que la plaza se sacó de nuevo a concurso, aunque quedó desierto. 

La UMA abrió expediente informativo a Errejón y Montero el 21 de noviembre, para saber si se había producido un incumplimiento de obligaciones laborales. El informe [consúltalo aquí en PDF] fue instruido por Caro Guerra y, con fecha de 2 de diciembre, se elevó a la rectora, Adelaida de la Calle. Caro detectó dos "faltas disciplinarias" en el caso del número dos de Pablo Iglesias: por no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos de su contrato, y por no haber solicitado la compatibilidad para poder ejercer de jefe de campaña de Podemos en las elecciones europeas de mayo. De la Calle decidió suspender de empleo y sueldo a Errejón –que dispone de diez días para presentar alegaciones– y abrir expediente disciplinario tanto a él como a Montero –tienen un mes para registrar un recurso de reposición–. 

El instructor detecta, además, que el material que Montero entregó como prueba de los trabajos realizados por el secretario de Política en un pendrive contiene "ficheros que tienen fecha de última modificación anterior al 17 de marzo de 2014, momento en que fue contratado". Por ello considera "necesario y conveniente" que especialistas informáticos del campus malagueño "emitan su parecer". También cree que hay que analizar si es cierto que en Madrid hay "bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga", argumento que utilizaron ambos para justificar por qué Errejón trabajó desde la capital. 

La cuestión de la incompatibilidad

Caro Guerra describe que la cláusula 5ª del contrato permitía ejecutar trabajos en un lugar distinto al centro de trabajo habitual, pero siempre con carácter "ocasional y extraordinario". Si la presencia de Errejón en Madrid era "necesaria e imprescindible" para el proyecto, dice, debió haberse previsto en la convocatoria del concurso. Y si fue una circunstancia sobrevenida, "no puede resolverse con una autorización del investigador principal del proyecto". 

Eso fue lo que ocurrió. Que Montero concedió una "autorización verbal" a Errejón para poder trabajar en la investigación desde Madrid. El reglamento de contratación de la UMA, al que ha tenido acceso este diario, estipula que cualquier modificación del acuerdo debe hacerse por escrito. El director del proyecto asumió que pudo ser un "error" suyo, que interpretó que tenía esa prerrogativa. Pero subrayó que en ciencias sociales la investigación no se desarrolla pegado a una silla en el centro de trabajo, sino en "diferentes espacios". 

"La modalidad de contrato que suscribió Errejón –explicaba a este periódico un portavoz de la UMA– es una de los posibles. La casuística es muy variada, y depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar. En unos casos se exige presencialidad y en otros no. Es decir, que podría haberse suscrito un contrato con condiciones distintas, pero eso lo decide el director del proyecto". 

El otro aspecto que suscitaba dudas era la posible incompatibilidad. En su comparecencia ante el instructor, el 28 de noviembre, Errejón reconoció haber recibido otra remuneración económica mientras disfrutaba de su beca: fueron los honorarios que Podemos le pagó por la "emisión de dos informes" para las europeas, "por importe total aproximado de 6.000 euros". El dirigente manifestó que no había solicitado a la UMA la autorización para poder compatibilizar ambas actividades, circunstancia que ratificó la vicerrectora de Investigación y Transferencia. 

Fuentes académicas consultadas por infoLibre señalaban que el hecho de que un investigador compagine dos trabajos "no sorprende en absoluto" a los que trabajan en la universidad, porque es una práctica "extendida. Y no siempre se pide la compatibilidad". 

El instructor no se detiene en el proceso de concurso público de la plaza, a la que sólo se presentó Errejón. No es raro. Lo "habitual" en el mundo universitario, como contaban fuentes académicas a este diario, es que los entornos más próximos a los departamentos acaben conociendo las convocatorias y se hagan con las plazas.

Faltó sólo "un papel"

Errejón contestó al expediente disciplinario abierto por la UMA denunciando una "cacería" contra Podemos y declarándose satisfecho con la resolución, después de que la institución no haya encontrado irregularidades ni en su contrato ni en su trabajo, y sólo constatara la falta de "un papel" al no demandar la autorización de compatibilidad. Explicaciones que validó su jefe, Pablo Iglesias, el pasado viernes en su entrevista en La noche en 24 horas. 

Las reacciones políticas no han dejado de sucederse. Por todos los flancos. Ante las acusaciones de "presiones" a la UMA, tanto la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, como Elena Cortés, titular de la Consejería de Fomento –que financia el proyecto–, de IU, defendieron la autonomía del campus malagueño. Cortés, incluso, retó a Podemos a "demostrar" las injerencias en el expediente a Errejón. César Luena, secretario de Organización del PSOE, exigió al "cazabecas" que dé explicaciones y asuma responsabilidades. Que "ante tantas lecciones de moralidad, haga lo que tiene que hacer, irse hoy mismo a su casa".   

Como ejemplo de esta acusación, el instructor, Enrique Caro Guerra, explica lo siguiente en su informe, firmado el pasado 2 de diciembre: "Véase la carpeta de 'datos provincia Andalucía no digitalizado' incluida en la carpeta 'situación vivienda vacía' que está a su vez incluida en la carpeta 'Datos Estadísticos'. Igualmente y en el mismo sentido, la circunstancia anterior se produce en archivos incluidos en las catorce subcarpetas incluidas a su vez en la carpeta denominada 'bibliografía'.

Por ello, el instructor considera "necesario y conveniente que especialistas del Servicio Central de Informática de la UMA pudieran emitir su parecer" sobre estos hechos. Como considera "necesario y conveniente" comprobar la inexistencia de bases de datos y bibliografía en Málaga, razón que Errejón alegó para trabajar desde Madrid. 

El instructor del expediente argumenta en su informe, remitido a la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, su decisión de suspender provisionalmente de sus funciones a Errejón por dos "faltas disciplinarias". Por dos razones, por "no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas" establecidas en su contrato como investigador, suscrito el 17 de marzo de 2014, y por "no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia". 

Errejón firmó su contrato como miembro de un equipo investigador dirigido por Alberto Montero, para el desarrollo del proyecto de I+D+i denominado La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda, que financia la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento (dirigida por Elena Cortés, de IU). El contrato era de 40 horas semanales, con un sueldo bruto mensual de 1.825 euros.

En relación al lugar físico desde donde Errejón realizó los trabajos del proyecto de investigación, se destaca en el expediente que la cláusula 5º del contrato firmado contempla la posibilidad de ejecutar trabajos en un "lugar distinto" al centro de trabajo habitual –la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA– "sin que ello desvirtúe la naturaleza del presente contrato, ya que dichos trabajos serán necesarios e imprescindibles para el proyecto de investigación".

El propio Errejón comunicó al instructor, en su comparecencia del pasado 28 de noviembre, según recoge el informe, que habitualmente desarrolla su trabajo en Madrid, "en virtud de un permiso verbal del director del proyecto de investigación", Montero, miembro también de Podemos y de su Consejo Ciudadano (máximo órgano entre asambleas). Un dato que corroboró este mismo. El número dos de Pablo Iglesias relató que suele trabajar "en su domicilio, en bibliotecas públicas y en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid".

¿Qué tareas tenía que hacer?

Montero, que también compareció ante Caro Guerra el mismo día, el 28 de noviembre, justificó la permanencia de Errejón en Madrid por "el acceso a bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga, especialmente en lo que a datos no digitalizados sobre censos de vivienda se refiere, y por la posibilidad de contactar directamente con actores implicados en la defensa del derecho a la vivienda, y recabar de ellos información y propuestas que pudieran enriquecer el contenido final del proyecto de investigación".

En el informe facilitado por Montero al instructor, las tareas asignadas a Errejón en el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 16 de junio (el contrato se iba renovando cada tres meses) eran: escaneado, digitalización y elaboración de tablas de Excel; levantamiento de una base bibliográfica sobre la vivienda en España; concertar y celebrar con representantes de la sociedad civil y de los movimientos sociales antidesahucios y comenzar el análisis comparativo de las políticas públicas europeas en materia de tratamiento de las viviendas vacías.

En el siguiente trimestre, debía elaborar un informe sobre análisis comparativo de las políticas de tratamiento de las viviendas vacías en Europa y redactar junto al profesor de la Universidad de Sevilla Vicente Barragán un informe sobre los cambios en las dinámicas sociales en materia de hogar y familia. Por último, entre el 17 de septiembre y el 16 de diciembre, Errejón tenía que colaborar en la parte politológica del informe con el docente Jesús Abellán (de la Pablo de Olavide), elaborar dos informes (sobre políticas públicas comparadas y sobre imparto territorial por partidos judiciales de los desahucios en Andalucía) y un dossier final. 

Montero entregó a Caro Guerra un pendrive con los trabajos hechos por Errejónpendrive . Y ahí el instructor aprecia esos ficheros con fecha de última modificación anterior al 17 de marzo de 2014. También que es "conveniente y necesario" verificar la inexistencia de bases de datos y bibliografía en Málaga. Asimismo, detecta que entre los archivos incluidos en el lápiz de memoria "no existen hojas de cálculo, en formato Excel", tarea que tenía que haber realizado. 

Caro cree que la mayor parte de los trabajos asignados a Errejón "pueden desarrollarse en cualquier lugar y no necesariamente en Madrid, pudiendo en algunos de ellos estar justificado su desplazamiento a Sevilla", por encontrarse allí los profesores Barragán y Abellán. Recuerda la citada cláusula 5ª del contrato, que permite ejecutivar trabajos en un lugar diferente al de la Facultad de Estudios Sociales de la UMA, pero con "carácter ocasional y extraordinario y reversible". Y añade: si la presencia del número dos de Podemos en Madrid durante toda la vigencia del contrato hubiera sido "necesaria e imprescindible" para el proyecto como consecuencia de la ubicación de las bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga y de la necesidad de contactar con colectivos, "esta circunstancia debería haber sido prevista en la convocatoria del preceptivo concurso, haciendo constar el correspondiente lugar de trabajo en Madrid".

No basta la autorización verbal

Caro considera que si esta circunstancia hubiera sido "sobrevenida", el cambio de adscripción del lugar de trabajo de Errejón, "el cual se ha producido de hecho, no puede resolverse con una mera autorización del investigador principal y responsable del proyecto, toda vez que el lugar de trabajo es un elemento básico de la convocatoria y del contrato de trabajo suscrito".

"Quien suscribe entiende que no puede modificarse mediante una simple autorización del investigador principal uno o algunos de los elementos esenciales de un acto administrativo y contractual dictado por el órgano competente para ello, que en este caso concreto es la vicerrectora de Investigación y Transferencia por delegación de la rectora de esta universidad", subraya el instructor. Este pone objeciones a la afirmación de Errejón de que el permiso de Montero "no tenía establecidos límites", una decisión que entrañaría "riesgos adicionales", como por ejemplo un accidente de trabajo.

En el caso de que se produzcan unas circunstancias sobrevenidas que determinen la necesidad de cambiar un elemento básico del contrato como es la ubicación del lugar del trabajo, el instructor considera que hay que actuar de acuerdo con el artículo 24. 2 Reglamento de Contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación de la Universidad de Málaga.

Respecto a la incompatibilidad, el instructor indica que la ley de incompatibilidades establece que el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requerirá el "previo reconocimiento de compatibilidad" y que quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad pública deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos.

Caro Guerra relata que Errejón, en su comparecencia del 28 de noviembre, declaró que había recibido otra remuneración económica de pagador distinto a la UMA, "en concepto de honorarios por la emisión de dos informes relacionados con las pasadas elecciones europeas, por importe total aproximado de 6.000 euros" –era el jefe de campaña de Podemos– y que no había solicitado a la universidad "autorización para poder compatibilizar el desarrollo del contrato con otro tipo de actividades remuneradas", circunstancia que fue ratificada por la vicerrectora de Investigación y Transferencia.

Propuesta de expediente disciplinario a Montero

Por todo ello, el instructor propone suspender provisionalmente de sus funciones a Errejón. Y plantea además la incoación de un expediente disciplinario al director del proyecto de investigación por considerar que pudieran ser susceptibles de calificarse como "faltas disciplinarias" dos hechos. Uno, haber permitido que Errejón no haya desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas establecidas en el contrato, y su "inobservancia" de lo dispuesto en los artículos 24. 2 y 25 del Reglamento de Contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación de la Universidad de Málaga.

Adelaida de la Calle asumió el informe del instructor y, ayer jueves, anunció la suspensión de empleo y sueldo a Errejón y la apertura de expediente disciplinario, tanto a él como a Montero. El número dos de Podemos, contratado hasta el 16 de diciembre –él ya había pedido su desvinculación a la UMA al asumir la cartera dentro de la ejecutiva de Podemos– cuenta con diez días para presentar alegaciones contra la suspensión de trabajo y salario, y él y su director de proyecto disponen de un mes para presentar recurso de reposición ante la rectora o por la vía contencioso-administrativa. Si se demuestran los hechos denunciados, será el momento de aplicar las sanciones. 

53% de ejecución

La controversia sobre el posible incumplimiento de contrato de Errejón le ha perseguido en las últimas semanas. La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, ya dijo que al número dos de Podemos había que aplicarle "la misma vara de medir" que al resto de políticos y le advirtió de que si se demostraban los hechos, tendría que "devolver el dinero", propuesta que no figura en el informe del instructor. 

Podemos, a su vez, atribuyó la polémica a una campaña "inquisitorial" contra su formación, e insinuó que las "presiones" de Díaz habrían sido claves en la instrucción del expediente. Ella negó la acusación. Preguntada este viernes en Sevilla, señaló que es "respetuosa con la autonomía de la universidad" y pidió que "todo el mundo sea ejemplar a la hora de gastar los recursos públicos que son de todos". La consejera de Fomento fue aún más dura: las "en democracia", las acusaciones "hay que demostrarlas". Errejón, por su parte, se felicitó ayer de que la UMA le reprochase un "error administrativo". Montero defendió que el revuelo responde a "una ofensiva de grupos políticos temerosos del ascenso" de Podemos. 

Tras una reunión de seguimiento del proyecto, que debe concluir en junio de 2015, la Consejería de Fomento y Vivienda estimó el pasado 25 de noviembre en un 53% su grado de ejecución.

Llamamiento hacia un proceso constituyente fue el nombre bajo el que IU celebró un acto público en Madrid que ha supuesto el "pistoletazo de salida" a la nueva Secretaría Ejecutiva de la formación ocupada por el diputado Alberto Garzón, quien este mismo jueves reconoció estar "dispuesto y disponible" para convertirse en el próximo candidato del partido a las próximas elecciones generales.

Garzón recordó el trabajo de IU durante los últimos años para transformar la sociedad y reivindicó su papel en el nuevo modelo que a su juicio "ya está más cerca", pero reconoció que la federación "no puede hacerlo sola" e hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales que quieran trabajar por un cambio, luchar contra la regresión social, la corrupción y plantar cara al bipartidismo. "Llamamos a cambiar las reglas de juego, hacemos un llamamiento para construir un nuevo país –proclamó ante el aplauso de los asistentes–. Pero sabemos que solos no podemos, somos una fuerza insuficiente y por eso tenemos que hacer un llamamiento a otras fuerzas para parar los pies a la élite política y económica".

Garzón explicó que el objetivo es encontrar un "espacio común" político y de programa que vaya más allá de las eventuales alianzas electorales. "El bloque social y político se hace en la calle, no a un mes de las elecciones", reconoció, apelando a la "inteligencia" necesaria para construir esta "hegemonía desde abajo" y que asumió que es, sobre todo, una cuestión de "voluntad política".

Unidad sin pérdida de identidad

En esta línea, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, habló de la "unidad de la izquierda" para frenar las políticas de la derecha, aunque remarcó que se puede hacer "sin pérdida de identidades" y manteniendo los principios de cada formación. "Tenemos que buscar las alianzas suficientes para que de verdad podamos llegar a ese bloque que permita un nuevo proceso constituyente", dijo.

A su juicio, una nueva Carta Marga debe incluir derechos fundamentales como la igualdad real entre hombres y mujeres, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, la salud y principios como la laicidad y el modelo de Estado federal y republicano. Para ello, sostuvo que "hay que seguir despertando conciencias" y preparándose para gobernar. "Si queremos derrotar al PP estamos llamados a gobernar, pasar de la pancarta al Gobierno", subrayó, apuntando que entonces no se podrá "frustrar" a la gente y para ello se necesita un proyecto "serio" y construido "con mucha inteligencia". "Pan, techo y trabajo", fueron las tres palabras utilizadas por Cayo Lara para resumir el espíritu de sus aspiraciones.

En este contexto, aprovechó para reivindicar el trabajo y los pactos de 1978, de la gente que "se dejó la piel" por abandonar la cárcel y volver del exilio y que en el proceso de redacción de la Constitución "llegó hasta donde pudo llegar". "Con una correlación de fuerzas diferentes hubiera habido otra Constitución, pero si no fue así no fue por culpa de aquellos que tuvieron que hacer lo que pudieron", defendió.

El líder de IU culpó al bipartidismo de no haber permitido el desarrollo de varios artículos de la Carta Magna y ahora haber "roto" ese pacto constitucional con la aprobación del artículo 135 para garantizar la estabilidad, los problemas territoriales o los recortes sociales.

"Tenemos cantera", presume Lara

Antes, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, apeló a la "necesaria acumulación de fuerzas" para lograr este proceso y defendió la presencia de las mujeres en el proceso. "O es feminista o no es", alegó, ante el aplauso del numeroso público asistente. Este discurso y el de Garzón sirvieron a Lara para presumir de que IU "tiene cantera".

También el coordinador de IU en la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, reconoció que "no hay fuerza que pueda por sí sola" afrontar este proceso, ya que considera que la clave del cambio está en la política de alianzas y "recuperar elementos abandonados", como "la concepción de España como solución".

El diputado Alberto Garzón será uno de los nuevos hombres fuertes de la dirección federal de Izquierda Unida. Estaba claro casi desde que se abrieron las urnas de las elecciones europeas. Y el tiempo lo ha confirmado. Él será, a partir de ahora, el encargado de la Secretaría Ejecutiva del Proceso Constituyente y Convergencia. O sea, el responsable de la interlocución con los movimientos sociales y los partidos políticos. Una macroárea que tendrá un enorme peso dentro de la cúpula, la que pilotará el rediseño de IUrediseño de IU. La que ensanchará su base y comandará el diálogo hacia el exterior. 

Garzón, como ya había avanzadoinfoLibre, pasa a asumir el área que dejó vacante Enrique Santiago, pero con mucho más poder y margen de maniobra. La otra cartera que se había quedado libre, la de Comunicación Externa, que dejó el diputado Ricardo Sixto, recaerá en manos de la periodista Clara Alonso, otra joven dirigente (30 años) de la confianza del coordinador, Cayo Lara, y del propio Alberto Garzón, de 28 años.  

Estos dos cambios significativos, junto con el resto, serán sometidos mañana sábado a debate en la reunión del Consejo Político Federal, el máximo órgano de poder de IU, del que forman parte 200 dirigentes. Y serán propuestos por el propio Lara. Se aprobarán, previsiblemente, sin problemas, ya que ya han sido pactados con las distintas familias, según fuentes de la federación. La cita es decisiva, porque con ella IU quiere lanzar tanto las primarias abiertas para la elección de sus candidatos –inéditas en la historia de la organización federal– y una renovación de sus cuadros dirigentes, para aportar una imagen de mayor frescura, de relevo generacional. Para hacer frente, entre otras cosas, al efecto Podemos, que mermó y deslució su crecimiento en las europeas del 25-M.

De hecho, Garzón será el responsable, desde su nueva cartera, del diálogo con la formación de Pablo Iglesias, de la convergencia con el partido emergente, que considera posible y en la que ha hecho especial ahínco en las últimas semanas. Pero el diputado por Málaga gozará a partir de ahora de más visibilidad, un trampolín perfecto para el que todos en IU presumen que será su siguiente reto: competir en las primarias abiertas para lograr la candidatura a la Presidencia del Gobierno. 

Dar forma a la "revolución democrática y social"

Los relevos más notables figuran en el informe político que mañana defenderá Lara, y al que ha tenido acceso infoLibre [consúltalo aquí en PDF]. El coordinador describe en él por qué cree que el parlamentario andaluz ha de gozar de un papel preeminente. "Hace tres años llenamos las plazas reivindicando una nueva forma de hacer política, y hoy necesitamos construir un nuevo país. Hoy comenzamos una etapa crucial. El Consejo Político Federal encarga a Alberto Garzón esta responsabilidad", la Secretaría Ejecutiva del Proceso Constituyente y Convergencia. "El proceso constituyente y el diseño de un nuevo proyecto de país desborda a IU y tiene como propósito pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones". Para ello, se da vida a esta macroárea, que tendrá a su servicio un gabinete técnico formado por expertos –sociólogos, economistas...–, que marcará las "líneas estratégicas" de la federación para los próximos años. Es decir, no se mira sólo a las generales de 2015, sino a la ampliación de IU. 

La nueva secretaría "dirige, impulsa y desarrolla cuantas iniciativas políticas hacia el exterior puedan ser susceptibles de concretarse en acciones y campañas en torno a las mismas en el conjunto del Estado", describe el documento. Garzón será, por tanto, el portavoz de las propuestas sobre "la elaboración de un proceso constituyente de país como salida social de la crisis en clave republicana". Lo que IU ha venido llamando "revolución democrática y social", "con una IU a la ofensiva". Se encargará de preparar propuestas tanto a medio como a largo plazo, de carácter estratégico. 

Garzón asume la parte más específica que conducía hasta ahora Santiago: la ayuda a la construcción de un bloque político y social alternativo para "disputar el poder político al neoliberalismo". En tres sentidos: hacia los partidos que podrían confluir con la federación, hacia los movimientos sociales y hacia la propia IU, para "impulsar la integración y acción social" en las localidades con sectores "más desfavorecidos y necesitados". 

IU fichó a Garzón antes de las últimas generales. Aunque era militante del PCE y de IU, participó en el 15-M, y la dirección lo colocó de cabeza de lista en Málaga precisamente por eso, como guiño a los indignados. Su apuesta prosperó y con él recuperó un escaño por una provincia que había perdido en las elecciones de 2000. El diputado gozó desde el primer momento de protagonismo en el Congreso como portavoz de Economía. Tras la Asamblea Federal de diciembre de 2012, entró en la dirección de Lara, como responsable de Política Económica Global, un cargo de segunda línea, bajo el mando del secretario ejecutivo de Economía y Empleo, José Antonio García Rubio, un hombre de la máxima confianza del coordinador. 

Cuando, tras las europeas del 25-M, se comenzó a hablar de la remodelación de la ejecutiva, el estado mayor de IU, encabezado por Lara y sus números dos, José Luis Centella (líder del PCE) y Miguel Reneses (secretario de Organización), propuso a Garzón darle más proyección pública y más poder orgánico. Él lo aceptó, siempre que le dejaran manos libres, que tuviera capacidad de maniobra, que no le ocurriera lo que, a su juicio, le pasó a Santiago. Y esa posición es la que finalmente ha triunfado, según reconoció el mismo diputado a este periódico. El encargo a Garzón, para algunos dirigentes, se asemeja al que tuvo Julio Anguita en los años ochenta, cuando construyó Convocatoria por Andalucía, el germen de la actual IU. 

"Liderazgo colectivo"

Lara explica en su informe que son necesarios nuevos equipos acorde con los nuevos tiempos, con una "dirección más ágil y flexible", capaz de responder "de manera audaz y valiente al momento histórico", una "dirección atrevida", que visualice que hay banquillo, que hay una "ruptura generacional", y que sea "transparente" y "rinda cuentas". La estrategia es articular un "liderazgo colectivo". 

El Consejo Político no dará vida, previsiblemente, a toda la nueva cúpula, dado que no ha habido tiempo para negociar todos los flecos, así que lo que quede pendiente se aprobará en la Presidencia Federal –el órgano intermedio de poder, que componen unos 70 miembros– del 19 de julio. Entonces también se definirá el equipo de trabajo del día a día, el cogollo directivo, más pequeño que la ejecutiva, el núcleo de colaboradores más cercano a Lara. En él se sentarán Garzón y Alonso. Esta coordinará "en todos los niveles el trabajo de comunicación con las federaciones, activistas y profesionales de la comunicación". Es decir, que sumará a la tarea de Comunicación Interna (que tenía desde febrero de 2013) la competencia de Comunicación Externa y enlace con los medios. Carteras que en los últimos años estaban divididas. 

En su informe, Lara da algunas pinceladas más del nuevo equipo. Así, Lara Hernández, que compitió en las europeas como número diez de la lista, como representantes de los españoles emigrados (la marea granate), se encargará de las labores de convergencia, dentro de la macroárea de Garzón. El activista Javier Couso, que concurrió como número siete y que ahora tendrá escaño en Bruselas gracias a la dimisión de Willy Meyer, asumirá "tareas relacionadas con el Área Internacional cuando se organice". Esta área es la que también pilotaba desde 2008 Meyer. Tasio Oliver, el ocho de la candidatura del 25-M y uno de los valores emergentes de Izquierda Abierta (el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz), mantendrá su cartera actual –adjunto al Área de Política Institucional– y se incorporará al equipo que trabaje sobre los argumentarios. 

Los nuevos nombres

El balear Eberhard Grosske (de la corriente EnComún) y el andaluz Raúl García (de IzAb) conducirán la "propuesta sobre participación democrática y el desarrollo de propuestas vinculadas a la coherencia y a la ética en las instituciones", según la descripción de Lara. Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y su mano derecha, Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda, se encargarán de "divulgar las nuevas formas de gestión de lo público", dadas sus responsabilidades de gobierno en el bipartito. Por último, la diputada madrileña Tania Sánchez (EnComún) se incorpora a la Presidencia Federal. 

De la ejecutiva no salen siquiera ni aquellos que dimitieron de sus responsabilidades (Sixto y Santiago). Lo que se hace, según el relato de varios dirigentes, es "cambiar el modelo de trabajo", organizarlo por áreas de trabajo potentes, comandadas por un responsable y a la que se adscriben varios miembros. La pretensión es que sean "plurales" y que se trabaje "de forma horizontal". El acento está puesto, pues, no en las salidas, sino en el "reforzamiento de determinados perfiles", como Garzón, Alonso y Oliver, y en la incorporación de nuevas caras, como Couso, Cortés, Grosske, Hernández o García. 

No obstante, todo está sujeto a lo que mañana delibere el Consejo Político. Nada es definitivo. Y, desde luego, quedaría mucha tela que cortar de cara a la Presidencia del 19 de julio. Despejar todo el organigrama, saber si se mantienen o cambian los responsables de las grandes áreas (Organización, Institucional, Elaboración Colectiva, Política...) y cómo se combinan los perfiles para que no se evidencia una quiebra entre jóvenes-mayores.

El lanzamiento de las primarias abiertas

A la reestructuración de la ejecutiva se suma el lanzamiento de las primarias abiertas a simpatizantes. El pasado miércoles, en una reunión de la Comisión de Organización y de Finanzas, se inició el debate sobre el reglamento y se apuntaron algunas ideas, pero aún no hay nada cerrado y puede que no se apruebe hasta la Presidencia del 19 de julio. Tampoco hay una propuesta final de calendarios. En principio, se calcula que los candidatos tendrán que recabar entre un 5% y 10% de avales –IU cuenta con unos 30.000 militantes–, y se pretende que se estiren los plazos con el fin de no cerrar el proceso de elección antes de que se produzca la confluencia con otras fuerzas y plataformas. 

La federación también pretende promover nuevas metodologías de participación, compartir la toma de decisión, obligar a la rendición de cuentas de los cargos públicos y orgánicos a todos los niveles y posibilitar su revocación. 

La decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de realojar de forma urgente a las familias de la llamada Corrala Utopía en contra del criterio de la presidenta, la socialista Susana Díaz, que consideró el realojo irregular e incluso llegó a retirar parte de sus competencias al departamento, es sólo la punta del iceberg de una serie de medidas que suscitan fuertes recelos en el el Ejecutivo de Mariano Rajoy y, en especial, en la banca. De hecho, buena parte de la Ley Antidesahucios andaluza está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno central.

La actuación de la Consejería, comandada por Elena Cortés y que es el departamento estrella en manos de IU en el Ejecutivo autonómico, ha incluido iniciativas únicas en España, que otras comunidades –como Cataluña– han comenzado a imitar. Andalucía es también la única región donde se ha abierto expediente sancionador a varios bancos por no informar a la Administración de las viviendas de protección oficial que poseen, así como el único sitio donde se  permite, en determinadas circunstancias, que los inquilinos de pisos públicos que no puedan hacer frente al pago de su cuota la cubran haciendo trabajos para la comunidad.

La odisea legal comenzó hace un año, en abril de 2013, cuando la Junta aprobó el decreto ley antidesahucios. Esta norma fijaba, por ejemplo, el marco legal para poder expropiar por un plazo de tres años el uso de las viviendas que tuviesen en propiedad bancos, filiales inmobiliarias o sociedades de gestión de activos con el fin de evitar que las familias en riesgo de exclusión fuesen desalojadas; igualmente, se establecían sanciones de hasta 9.000 euros para los bancos poseedores de viviendas vacías que no las pusiesen en alquiler.

Este decreto ley fue impugnado en junio por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional. Pero no antes de que diese algunos frutos, ya que se iniciaron 12 expedientes para evitar el desahucio de otras tantas familias que, si bien no pudieron continuar adelante hasta la aprobación posterior de la norma antidesahucios como ley –en septiembre de 2013–, consiguieron que los desalojos no tuviesen lugar. Esto fue así, según alegó la Junta en un informe sobre el recurso del Gobierno a la ley, porque el propio Ejecutivo regional inició para estos casos "un proceso de tutela" que "dificulta el desahucio".

La suspensión del decreto duró poco. En septiembre, el Parlamento andaluz volvió a aprobar la norma antidesahucios, pero en esta ocasión como ley aprobada por el Parlamento, por lo que las medidas volvieron a estar en vigor... hasta el pasado diciembre, cuando se repitió la jugada y el Gobierno central recurrió ante el TC, que paralizó la aplicación de la legislación.

No obstante, en los escasos tres meses en que las medidas antidesahucios volvieron a tener vigencia, consiguieron proteger a algunas familias en riesgo de desalojo. En este sentido, y según datos de la propia Junta de Andalucía, la norma "había permitido expropiar 39 viviendas, evitando durante tres años el desahucio de otras tantas familias en riesgo acreditado de exclusión social: 15 en Málaga, seis en Granada, cinco en Sevilla, cinco en Córdoba, tres en Almería tres en Cádiz y dos en Huelva". Sin embargo, la Junta reconoce que de estas 39 expropiaciones del uso, tan sólo dos han sido culminadas, mientras que las otras 37 familias han quedado "en riesgo de desahucio" aunque asesoradas por la Junta.

"De hecho", insiste el Ejecutivo autonómico, "ninguna de las familias acogidas a la expropiación cuyo caso ha llegado al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha sido desahuciada durante la tramitaciónBoletín Oficial de la Junta de Andalucía , incluso durante los tres meses en que la norma (entonces decreto) estuvo suspendida tras el primer recurso del Gobierno. La Consejería de Fomento y Vivienda ha solicitado por escrito a cada uno de los juzgados que llevan estos casos que no desahucien a estas familias hasta tanto no haya una sentencia firme del TC".

Programa de asesoramiento a las familias

Pero más allá del decreto y la ley, en Andalucía se han tomado otras iniciativas para tratar de evitar desahucios. Es el caso, por ejemplo, del programa piloto que se ha puesto en marcha con el objetivo de que las familias residentes en viviendas de alquiler social de la Junta que no puedan hacer frente al pago de las cuotas puedan permanecer en sus casas y no ser desalojados a cambio de ocuparse de trabajos en la comunidad, como arreglos en los patios de los edificios, tareas de pintado de las escaleras y renovación de instalaciones eléctricas.

De igual forma, la consejería inició en octubre de 2012 un programa de asistencia para las familias en riesgo de desahucio o que ya hubiesen sido desalojadas de sus viviendas, con el fin de proporcionarles información y asesorarles a la hora de negociar con los bancos. En este sentido, la consejera Cortés aseguró el pasado diciembre que en los primeros 15 meses de vida del programa –al que se han sumado una tercera parte de los municipios andaluces– se habían conseguido evitar un total de 4.313 desalojos.

Pero las iniciativas no sólo se han enfocado en parar los desalojos. La Junta también ha abierto expedientes a varios bancos, incluida la Sareb –el conocido como banco malo–, por no haber puesto a disposición de los registros municipales de demandantes de residencia las viviendas de protección oficial de su propiedad, un requisito que introdujo la Ley Antidesahucios y que no fue recurrido ante el TC. No proporcionar la información al registro supone una falta muy grave, que puede acarrear sanciones que van de 30.000 a 120.000 euros por cada vivienda, lo que en el caso de la Sareb podría suponer que se le impusiese una multa de un máximo de 109,4 millones de euros.

¿Y la vivienda pública? Un portavoz de la consejería argumenta que en Andalucía "no hace falta" construir más casas. Y ofrece un dato: en la región hay 700.000 viviendas vacías. Por ello, según cuenta, las políticas del departamento dirigido por Cortés se están dirigiendo al "mantenimiento" del parque público, una partida en la que se ha pasado de invertir dos millones de euros en 2012 a 46 en 2014. Igualmente, en junio se pondrá en marcha un programa para rehabilitar más de 94.000 viviendas públicas y privadas, lo que servirá, según aseguró en febrero Cortés, para generar empleo en el sector de la construcción, que cuenta con más de medio millón de parados en la comunidad.

Izquierda Unida ya tiene completada y presentada su querella en la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y los otros 31 exconsejeros de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), por siete delitos, por estafa en la fusión y salida a Bolsa de la entidad y por la comercialización de participaciones preferentes, puesto que se intentó “ocultar la situación de insolvencia” original, un “inmenso engaño” que derivó en un multimillonario rescate con dinero público.

La querella había sido varias veces anunciada por IU, pero sólo en la Presidencia Federal del pasado 29 de marzo se dio por inminente la presentación del escrito. El texto ha sido entregado formalmente este lunes en la Audiencia. IU se quiere incorporar así a una investigación que arrancó hace casi dos años, cuando Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia, admitió a trámite una querella de UPyD. A él se dirige ahora IU, para que analice si la integra en su macrocausa sobre el lanzamiento a Bolsa de Bankia, de la que dependen varias piezas separadas sobre la venta de preferentes.

Como avanzó primero en rueda de prensa el coordinador federal, Cayo Lara, y posteriormente detalló el letrado Enrique Santiago, secretario de Convergencia Político-Social de IU federal, la querella [consúltala aquí en PDF], de 74 páginas, se dirige contra los 20 exconsejeros de BFA y los 15 de Bankia –32 en total, porque tres coinciden–y contra las dos entidades, como personas jurídicas. Entre ellos, se incluye al que fuera su presidente de 2010 a 2012, Rodrigo Rato; su vicepresidente, José Luis Olivas; su entonces consejero delegado, Francisco Verdú; o los consejeros Ángel Acebes y José Antonio Moral Santín. Este fue representante de IU en BFA-Bankia –y en Caja Madrid desde 1995, y una de las razones por las que en la federación se sentía que se había demorado demasiado este escritose sentía que se había demorado demasiado este escrito. Lara, no obstante, siempre defendió que su formación actuaría contra quien fuera, sin importar su carné, "caiga quien caiga". 

En concreto, IU les atribuye siete delitos: asociación ilícita (castigada con hasta ocho años de cárcel), delito contable (hasta tres años), estafa (seis), apropiación indebida (seis), administración desleal (cuatro), falsedad en documento mercantil (seis) y falseamiento de información económico-financiera con el propósito de captar inversores o depositantes (cuatro).

Los hechos de los que se compone la querella son nueve: la insolvencia de facto de las siete cajas de ahorro que formaron BFA, el proceso de constitución del propio BFA por medio de una fusión fría, el plan de “engaño y estafa en la salida a bolsa de Bankia, acompañada de la ocultación de la situación evidente de insolvencia”, las emisiones de preferentes, el señalamiento de los cinco colaboradores necesarios –la auditora Deloitte, el Banco de España, la presidencia y vicepresidencia de la CNMV y el banco de inversiones Lazard, que asesoró a la entidad en su salida al parqué–, la cesión del negocio bancario de BFA a Bankia, la oferta de venta de acciones con “información falseada”, las remuneraciones cobradas por los consejeros y la intervención por el Estado y el despido de Rato y del resto de los consejeros en mayo de 2012, que llevó aparejada la reformulación de las cuentas del año anterior (de los 300 millones de beneficio se pasó a hallar un agujero de casi 2.979 millones).

La federación no cree llegar tarde

IU reclama la adopción de varias medidas cautelares, aparte de la citación de los 32 implicados y los responsables legales del banco y su matriz. En primer lugar, como explicó Santiago, el embargo a los consejeros de BFA y Bankia de 24.945 millones de euros –el quebranto al erario público por el rescate de la entidad– y el embargo a los miembros del consejo de BFA y Bankia que a su vez lo hubieran sido de Caja Madrid en 2009 por 3.000 millones de euros –el valor de la emisión de preferentes– . También solicita extender el embargo a BFA y Bankia, pero entiende que el abogado del Estado debe informar antes sobre esta medida por si peligrara la viabilidad de las entidades. IU cree que es procedente, por cuanto “evitaría la privatización de Bankia y su matriz”. La federación asimismo reclama que comparezca el abogado del Estado, que los consejeros devuelvan sus indemnizaciones y que los querellados declaren las pólizas de responsabilidad civil y profesional a su favor que pudieran haber sido suscritas para que estos contratos puedan ser resueltos y si hubieran cobrado cantidades, las depositen en el juzgado.

¿Llega tarde IU a esta querella? tardeSantiago subrayó que Izquierda Plural ya ha presentado en varias ocasiones la petición de comisión de investigación en el Congreso, y todas han sido tumbadas por la mayoría absoluta del PP. “Teniendo en cuanto que no hay señalamiento de vista oral ni se espera en breve y la instrucción está empezando, no da la impresión de que hayamos llegado tarde. En todo caso, la justicia no es una carrera de velocidad, es la exigencia del cumplimiento de la legalidad”, dijo el dirigente. IU, añadió, ha estado “denunciando las muy irregulares actuaciones de sus consejeros y la tardía intervención por parte del Estado”, y “desde el primer momento”. La querella, además, es complementaria a la de UPyD porque pretende “clarificar el plan de engaño y estafa”, “el plan sistemático para llevar adelante acciones criminales”, y por ello el plan de emisiones de preferentes “para poder mantener la apariencia de solvencia” es clave.

UPyD, sin embargo, saludó con sorna la acción de IU: "Bienvenidos, dos años después, a la querella de Bankia". El abogado de la formación magenta en la causa, Andrés Herzog, también se burló en Twitter. 

Para Lara, esta acción judicial era una "obligación ética y estética" porque los querellados son "autores y ejecutores" de un plan de engaño y estafa a los ciudadanos al ocultarles la "situación desastrosa" de Bankia, y porque además no se comportaron guiándose por altruismo, sino por "lucros personales". El origen de la caída de la entidad está, completó, en la mala situación de las siete cajas que se fusionaron, "siete manzanas podridas" que fueron "obligadas" por el Banco de España a unirse.  Según el coordinador, la primera inyección de dinero público que recibió la entidad del FROB, de 4.465 millones, era el momento de nacionalizar Bankia y de echar a sus consejeros, no más tarde, cuando el agujero era mucho más grande. Pero "decidieron coger el camino que conocemos y llevarnos al desastre".

Crisis en Andalucía, "agua pasada"

La rueda de prensa de hoy en la sede federal estuvo colonizada por la explicación de la querella pero también, como cabía esperar, por la resaca de la mayor crisis política sufrida por el Gobierno de coalición en Andalucía a cuenta de los realojos de los expulsados de la corrala La Utopía de Sevilla. Lara, como sus compañeros de IU hicieron este fin de semana, se afanó en minimizar el enfrentamiento y sus heridas y en subrayar que el acuerdo de gobierno se mantiene. Lo dijo este lunes con meridiana claridad: "Es agua pasada" y no hay "resquemores" con el PSOE ni con la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Lo importante, terció el coordinador federal, es que se ha encontrado una "solución positiva para la gente", que hay ocho familias realojadas y otras nueve pendientes de que se examine y resuelva su expediente, y que se ha comprobado la "actuación justa y legal" de la Consejería de Fomento, en poder de IU a través de Elena Cortés. "Lo que sí afecta son los recursos del PP" contra el decreto y la Ley Antidesahucios, como afecta la cerrazón del Ayuntamiento de Sevilla a ceder las 500 viviendas públicas que tiene vacías.

¿Puede haber calado la idea de que IU se salta la legalidad?, se le preguntó. "Las sensaciones son sensaciones, y los hechos son hechos". Lara insistió en que la consejería realojó a las ocho familias ateniéndose a la ley y al mandato judicial y teniendo siempre en cuenta que era un realojo transitorio, no definitivo.

El coordinador confesó haberse sentido "sorprendido" por el "ruido" generado, cuando el volumen de casos era "poco significativo". Era un hecho "sencillo" que se tenía que haber solventado de forma "sencilla", sin montar una "montaña" de un tema cotidiano". "Pero creo que alguien ha tenido más interés en darle alas a este asunto", abundó, señalando al PP, cuyo "cinismo" le llevó a echarse "en tromba" a ofrecer sus diputados a Díaz, cuando antes criticaba a IU por respaldar a un PSOE acosado por el escándalo de los ERE fraudulentos.

Sin "resquemor" contra la presidenta

"Tema saldado, ya pasamos página". "Yo insisto. El acuerdo está vivo y vigente. Ha habido fuerzas económicas a las que no le apetecen acuerdos con IU", apuntó, señalando a quienes aspiran a un Gobierno de gran coalición. Total, "es agua pasada, no queda ningún resquemor" contra Díaz, a quien sin embargo cargos de la federación acusaron de "prepotencia" y "soberbia". Lara no dejaba lugar a dudas. IU seguirá en el Gobierno de la Junta como hasta ahora, "trabajando para hacer leyes" y cumplir el pacto. "Y de ahí no nos vamos a mover un milímetro". 

Lara recordó que la crisis no se habría producido si el PP no hubiera presentado sus dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra el decreto antidesahucios y la ley posterior. Y que sin esas impugnaciones, "no se estaría desahuciando" a nadie en Andalucía y tampoco en el resto de España si se adoptaran medidas similares. Añadió que con los 108.000 millones de euros destinados al rescate bancario se hubieran podido construir 720.000 viviendas "que sí hubieran sido útiles para la gente". 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado este lunes que no descartó romper el pacto de gobierno entre PSOE e IU y convocar elecciones en Andalucía si no se restableciese la "legalidad" en relación con el caso de los realojos de vecinos procedentes de la Corrala Utopía de Sevilla.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Díaz, que ha sido preguntada por si barajó romper el pacto, ha respondido que "eso hubieran querido algunos" y ha señalado que si no se llega a restablecer la "legalidad y las decisiones justas", no lo hubiera descartado.

No obstante, Díaz ha asegurado que "evidentemente" la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, va a seguir en su Gobierno. La presidenta ha explicado que tomó la decisión de retirar las competencias provisionalmente a su Consejería porque entendía que las cosas no se estaban haciendo bien y, finalmente, el tiempo le ha dado la razón porque "de 22 familias inicialmente, estamos en ocho en este momento y los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla dirán quiénes están en una situación real de exclusión y qué hay que hacer".

Crisis cerrada. Gobierno, salvado. In extremis, eso sí. En la madrugada de este sábado, PSOE e Izquierda Unida sellaron un acuerdo con el que esquivaban definitivamente una ruptura en Andalucía, que habría supuesto la convocatoria de elecciones anticipadas. El pacto daba oxígeno a ambas fuerzas y servía para superar la mayor crisis política del Gobierno de coalición en sus dos años de vida. 

El Gobierno de la Junta oficializó el fin de la guerra interna pasada la una y media de la madrugada a través de un comunicado con el que informó del reajuste de los realojos de las familias procedentes de la corrala La Utopía de Sevilla y un mensaje con el que adelantó que la presidenta, Susana Díaz, acababa de firmar el decreto de devolución de competencias sobre adjudicación de viviendas del parque público andaluz a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de Elena Cortés, de IU, una vez "restablecida la normalidad". El decreto salió publicado hoy a primera hora en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). 

El anuncio llegaba tras una jornada frenética, donde las dos partes tensaron y tensaron la cuerda. Díaz había publicado por la mañana en el BOJA el decreto por el que despojaba a la titular de Fomento, Elena Cortés, de su poder sobre la adjudicación de vivienda, hecho que provocó un enorme malestar en IU. La dirección colegiada se reunió de urgencia, encabezada por su coordinador, Antonio Maíllo; el líder federal, Cayo Lara, y el secretario general del PCE, José Luis Centella. Al término, Maíllo anunció la "suspensión momentánea" del pacto de gobierno. Pero poco significaba, porque el Ejecutivo no se daba por roto. Por la tarde, una delegación de segundo nivel se reunió de nuevo con el PSOE. Fueron cinco horas de conversaciones, donde las partes estuvieron examinando uno por uno cada realojo, escrutando el procedimiento global. Pasadas las 23.30 horas, los socialistas se dijeron satisfechos con los "avances" que se habían producido. 

El encuentro bilateral había acabado, pero no los contactos. IU siguió trabajando en las dependencias del Parlamento andaluz, conectada con sus socios vía telefónica. Y, al final, a la 01.30 horas, se anunció la fumata blanca. Pacto rehecho. La Oficina del Portavoz del Gobierno liberó entonces el comunicado, informando detalladamente de los realojos, y el mensaje avanzando la firma del decreto de devolución de competencias. 

La nota explica que ante las "discrepancias surgidas en el proceso de realojamiento" de los afectados por la expulsión de la corrala La Utopía –un inmueble ubicado en la Avenida Juventudes Musicales, en el barrio de la Macarena de Sevilla–, se tomó la determinación de atribuir provisionalmente las competencias de adjudicación de viviendas protegidas a la Consejería de Hacienda, pilotada por la socialista María Jesús Montero. En la reunión PSOE-IU, como ya contaba infoLibre, se efectuó un "análisis pormenorizado de las circunstancias acaecidas y del conjunto de actuaciones llevadas a cabo desde febrero de 2014 hasta la fecha, con el objeto de garantizar el pleno y estricto cumplimiento de la legalidad vigente, así como la igualdad de oportunidades de todos los demandantes de viviendas protegidas", las dos condiciones impuestas por Díaz para firmar la paz y devolver las competencias a Cortés. 

Ocho familias permanecerán provisionalmente en sus pisos

El comunicado añade que una vez examinados "los casos de las 22 familias del primer compromiso entre el Ayuntamiento de Sevilla [del PP] y la Junta de Andalucía de 5 de marzo de 2014", se comprueba que la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla, teniendo en su poder informes sociales en los que se acreditaba la circunstancia de existencia de menores y riesgo de exclusión social, emitió resoluciones para el realojo transitorio de 17 de ellas. 

"Revisadas pormenorizadamente las circunstancias particulares de todas y cada una de ellas, se ha concluido que ocho de estas familias pueden permanecer provisionalmente en los inmuebles en los que han sido realojados" por Fomento, pero "de forma transitoria, hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social". En ese caso, podrán "continuar disponiendo de esos alojamientos mientras que la Consejería de Fomento pueda ofrecer otras soluciones de carácter estable". Es importante fijarse en la cifra: ocho familias. El mismo número de unidades realojadas del que había informado el departamento de Cortés en la tarde del viernes a través de una nota de prensa. Así, el PSOE daba por buenos los ocho expedientes tramitados por IU, que siempre dijo que había actuado conforme a la "legalidad". 

En el caso de las otras nueve familias, se suspende su realojamiento (que no se había hecho aún), "hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias" para su reubicación. "Se les pedirá a los servicios sociales comunitarios, también de forma urgente, que actualicen los informes correspondientes relativos al riesgo de exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas". 

Ni ganadores ni perdedores

Ambos partidos se dieron por ganadores, como cabía esperar. Y minimizaron lo sucedido. Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A, aseguró en rueda de prensa que ha quedado claro "que se ha cumplido la legalidad y la igualdad de oportunidades con la anulación de nueve realojos no justificados", pero que en realidad nunca se produjeron. "Se ha pasado de 17 familias a ocho porque ha habido distorsión y diferencias que se tenían que esclarecer y que han sido resueltas". A esas nueve unidades de afectados no le correspondían "llaves" ni realojos. Para Cornejo, lo "más importante" es que la estabilidad del Gobierno ha quedado "fortalecida". "Un pacto que ha dado tan grandes y buenos resultados continúa con ánimos reforzados. Nos ponemos las pilas", informa Europa Press.

Maíllo, el coordinador de IULV-CA, se felicitó de que la "normalidad" haya vuelto a Junta. Y pelillos a la mar: "Aceitunilla comida, hueso tirado". El líder regional volvió a defender la actuación "impecable desde el punto de vista legal" de Cortés y, como mayor crítica a Díaz, le lanzó que "nunca tenían que haberse quitado" sus competencias a la consejera. Pero al final, todo se ha resuelto "conforme" a lo que planteaba IU, "porque no había otra salida". "La Consejería de Fomento y Vivienda va a seguir dedicándose a lo que siempre ha hecho, y que está haciendo muy bien, que es estar al lado de los que necesitan una vivienda; estar concentrados en los problemas de la gente". Maíllo negó que hubiera vencedores y vencidos en esta crisis. Ahora toca "afrontar el trabajo político sin más dilación y no volver atrás". 

Maíllo estaba en un acto de precampaña de las elecciones europeas en Málaga, acompañado de Cayo Lara, quien también se dio por satisfecho. Con la restitución del poder a Cortés, se prueba que "la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero", enjuició.

Todos, Cornejo, Maíllo y Lara, coincidieron en criticar al PP por intentar sacar rédito de la crisis, por haber generado la situación al haberse negado a ceder viviendas de su parque público, por haber recurrido la Ley Antidesahucios ante el Constitucional. Por causar un problema para intentar "derribar" al Ejecutivo de coalición. 

La ruptura del Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida en Andalucía está un paso más cerca. Por ahora, la federación suspende su pacto con Susana Díaz "momentáneamente" y exige a la presidenta que retire el decreto por el que retira las competencias de adjudicación de vivienda a la consejera de Fomento, Elena Cortés. 

La decisión de IU se conoció pasadas las dos de la tarde, y fue comunicada por el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. La comparecencia se produjo durante tras la reunión que la dirección colegiada de la federación celebraba desde las diez de la mañana en el Parlamento andaluz, y en el que participaron, entre otros, el líder federal, Cayo Lara, y su número dos, José Luis Centella, el vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas, y la titular de Fomento y Vivienda. 

La reunión fue convocada de urgencia tras la publicación, este viernes, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), del decreto anunciado por Díaz el miércoles por la noche, por el que se retiran a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IULV-CA, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica, que pasan a manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige la socialista María Jesús Montero.

El decreto, que ha entrado en vigor hoy, se publica a raíz de las diferencias surgidas entre los socios de gobierno tras la solución adoptada por Fomento para el realojo de familias de la corrala La Utopía en Sevilla y que este jueves provocó una reunión del comité de enlace PSOE-IU que culminó sin acuerdo tras doce horas de negociación y que estaba previsto que se retomara este viernes.

El decreto reestructura la distribución de competencias entre consejerías para retirar a Fomento y Vivienda y asignar a Hacienda y Administración Pública "las competencias y funciones relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica".  El paso siguiente es el "diálogo"

La publicación de la norma provocó un intenso malestar en IU, que sintió el gesto de autoridad de Díaz como una "agresión", según fuentes de la federación. Un malestar que, a la postre, supuso que el estado mayor de IU acordase la "suspensión momentánea" del pacto por la "crisis de gobierno" abierta por la presidenta, en palabras del líder regional. La vuelta a la normalidad queda supeditada a que la jefa del Ejecutivo anule su propio decreto. 

Maíllo, que compareció con Lara y otros miembros de la federación como el portavoz parlamentario, José Antonio Castro o el secretario general de los comunistas andaluces, José Manuel Mariscal, insistió en que Fomento actuó "con absoluto rigor legal" en el realojo de los afectados, "en defensa de las personas que lo están pasando mal". "Ha habido un respeto escrupuloso a la legalidad como nunca antes en todos los gobiernos de la autonomía de Andalucía", adujo. IU siempre se ha aferrado al reciente mandato judicial, que obligaba a las administraciones a proveer lo necesario para atender a las familias en riesgo de exclusión social y los menores. 

La Consejería, abundó Maíllo, ha resuelto el problema: "Hay ocho familias que están bajo un techo por mandato judicial y otras nueve que están pendientes de contratos privados a falta de viviendas del parque público". Fomento tuvo que actuar ante la negativa del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), de ceder, vender o asignar pisos a los afectados de La Utopía de las 528 vacías que dependen del Consistorio. "Desde esta actuación absolutamente legal, estamos convencidos de que si la presidenta de la Junta ha dicho que se restituirá la normalidad derogando ese decreto, así debe hacerse porque ha imperado la legalidad en cada una de las actuaciones en el realojo transitorio, que ha sido impecable", informa Europa Press.

¿Se romperá por tanto el pacto? Maíllo reiteró que IU ha obrado conforme a la ley, la condición pedida por Díaz. "Estamos convencidos de que se va a producir sin ningún problema esa sustitución". El coordinador regional no dio un plazo a la jefa del Ejecutivo para anular su decreto, pero sí debe ser "cuanto antes". Pero IU, añadió, no va a dar "marcha atrás", porque no ha cometido ningún error. "Si hubiera sido así, habríamos rectificado". 

IU no cierra la puerta al entendimiento, no obstante. Maíllo dijo expresamente que el siguiente paso está "muy claro" y debe ser "seguir dialogando", peleando por buscar una "salida satisfactoria para las dos formaciones desde el reconocimiento de que se ha actuado legalmente" y para que todo vuelva "a la normalidad".

Los consejeros siguen de momento en sus puestos

Lara, a su vez, explicó que con su presencia daba apoyo a la actuación "legítima, legal y justa" de Fomento, de Cortés y de IU Andalucía, "porque la política está para resolver los problemas de la gente". Criticó también la "hipocresía" de determinados partidos, porque se han hecho "cientos de miles de desahucios" bajo los gobiernos de PSOE y PP. El coordinador federal, como en tantas otras ocasiones, denunció el recurso presentado por el Gobierno central contra la Ley Antidesahucios andaluza ante el Tribunal Constitucional. 

Quien no compareció con Maíllo y Lara fue la consejera, pese a que participó en la reunión de la dirección colegiada tras llegar de su viaje en Colombia y Panamá, adonde viajó invitada por el foro de ciudades de la ONU. El coordinador regional precisó que este es un problema "político" que debe resolverse desde PSOE e IU. 

¿Qué significa el anuncio hecho por Maíllo? Que se reconoce una "crisis de gobierno" y una suspensión de las relaciones entre los dos socios. Ello significa que el comité de enlace PSOE-IU queda roto. Pero los tres consejeros (y los altos cargos) que IU tienen en el Ejecutivo seguirán de momento en sus puestos. Si el martes no está resuelta la crisis, "podría ser que no acudieran al Consejo de Gobierno", deslizaban fuentes de la federación. La ruptura entonces ya estaría consumada. 

A las seis de la tarde comenzó un nuevo encuentro de PSOE e IU. Pero, como esta ha declarado roto el comité de enlace, acudieron no los interlocutores habituales, del máximo nivel –Valderas, Maíllo y Castro–, sino otros negociadores: José Manuel Mariscal, coordinador de la ejecutiva (número dos de IULV-CA); Javier Moreno, secretario de Comunicación, y Carmen Cantero, responsable de Institucional. IU se presentó con los expedientes de los realojados. 

También durante la tarde la Consejería de Fomento y Vivienda reveló a cuántas familias se les ha entregado llaves: ocho del total de 22 que vivían en la corrala. Ocho, sostuvo el departamento, que cuentan con "informes sociales favorables". También se conoció que Irma Blanco, una de las líderes de La Utopía reanunció a una casa de la Junta. Blanco es militante de IU y cuenta con un contrato de trabajo de seis meses de un Ayuntamiento gobernado por la federación. Al trascender su caso, decidió renunciar para no poner "en peligro" el realojamiento del resto de familias de la Corrala, que considera un "logro".

Presidenta de "todos los andaluces"

La condición de que la presidenta retire su decreto, en principio, parece difícil de cumplir. A primera hora de la mañana, Díaz apeló, en un acto conjunto con Elena Valenciano, a la responsabilidad que tienen "las fuerzas de izquierda" para que PSOE-A e IULV-CA retomen "el diálogo y el entendimiento". Preguntada sobre si corre peligro el pacto de gobierno, quiso dejar claro que en Andalucía existe la oportunidad de demostrar que otro camino es posible y el reto de hacerlo "desde la izquierda, con la bandera de la igualdad y respetando la ley". En esta línea, señaló que el Ejecutivo de izquierdas de Andalucía sigue un "camino más complicado", pero siempre bajo "la obligación de hacerlo en el marco de la ley".

Díaz agregó que en estos días no puede olvidar nunca que es "la presidenta de todos los andaluces, un responsabilidad inmensa, y que hay 12.000 familias en Sevilla y miles en Andalucía que están en listas de espera para una vivienda y que "no pueden ver que quien ocupa ilegalmente una vivienda tiene más derechos que quien pacientemente cumple con la ley, aunque a veces lo pasen realmente mal". "Y eso es lo que estoy haciendo". 

Por su parte, Valenciano mostró el apoyo de Ferraz a la presidenta de la Junta, de la que reclacó su "firmeza". "Nos sentimos profundamente orgullosos de lo que estás haciendo y de cómo lo estás haciendo", explicó. Lo mismo hizo el número tres, Óscar López, desde Madrid. El secretario de Organización añadió que no cree que peligre el pacto.

"Hasta que se clarifique la situación"

A su vez, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, uno de los miembros del comité de enlace, manifestó igualmente la "voluntad de diálogo y de buscar soluciones" con IU en el seno del Gobierno andaluz, pero siempre "desde la claridad de definir la situación que se ha planteado" a raíz del realojo de varias familias de la corrala La Utopía de Sevilla, apuntando que "la igualdad y la equidad son las armas para demostrar la legalidad". Jiménez Barrios completó que se le han despojado a Cortés parte de sus competencias "hasta que se clarifique la situación", y una vez que esto ocurra "no habría ningún inconveniente en la devolución" de esos poderes, informa Europa Press. 

El ministro de Agricultura y candidato del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, también intervino para poner de manifiesto que el de PSOE e IU es un pacto "muy inestable" y afirmó que él habría cesado a la consejera de Fomento.

Doce horas de reunión en el Parlamento de Andalucía y nada. No hubo acuerdo entre los dos socios de Gobierno: PSOE e Izquierda Unida. La herida aún sangra. 

Pero la fumata negra no debería preludiar la ruptura de un Ejecutivo de coalición que nació hace casi dos años, tras unas elecciones ganadas por el PP, aunque sin mayoría absoluta. No porque a ninguno de los dos aliados les conviene por ahora, como insistían ambos ayer. Sobre todo, por una cuestión de "responsabilidad", porque el Gobierno, remarcaban, ha funcionado "razonablemente bien" en estos 24 meses, sin estridencias. Y porque las dos fuerzas se han beneficiado de su gestión en la Junta, frente a unos conservadores que dibujan desnortados. A los socialistas, además, les interesa demostrar que se puede gobernar "de otra manera", pero "dentro de la ley", como afirmaba ante el Parlamento autonómico la presidenta, Susana Díaz. IU, mientras, está obsesionada con explotar su imagen de fuerza fiable, de gobierno, de mayoría social, y así lo reflejan sus documentos internos y lo verbalizan sus jefes. 

La crisis más grave del bipartito desde su génesis lleva el nombre de la corrala La Utopía, un edificio propiedad de Ibercaja situado en la avenida sevillana de San Lázaro. En mayo de 2012, una veintena de familias ocupó el inmueble, sin acceso a luz ni agua. Su historia concluyó (parcialmente) el pasado domingo, cuando la falta de acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento de la capital andaluza –gobernado por Juan Ignacio Zoido, del PP– derivó en que las familias que aún vivían en el bloque fueran desalojadas por la Policía por orden judicial, un fallo que había sido recurrido por los afectados y cuya suspensión había requerido el Gobierno regional. Las familias acamparon entonces la céntrica Plaza Nueva, frente al Consistorio, reclamando su derecho a la vivienda. Derecho al realojo al que se negó tajantemente Zoido.

La Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés, de IU, se puso manos a la obra. La lucha contra los desahucios es una de las banderas señeras que más ha enarbolado la federación. Por indicación expresa del Defensor del Pueblo y "en cumplimiento del auto judicial del 25 de febrero", que pedía a las administraciones "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social", asumió el compromiso de realojar temporalmente a estos afectados. El departamento prometió actuar rápido y entregar las llaves de las nuevas viviendas. Ahí comenzó la reacción de los socialistas. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, aseguró que se ponía "el contador a cero" y que no se reubicaría a las familias de forma inmediata, porque los informes de los servicios jurídicos del Ejecutivo no avalaban ese procedimiento. El PSOE argumentaba que la medida de Fomento era un agravio para los 12.000 sevillanos que están en lista de espera, y que por tanto la Junta no podía asumir el riesgo de incurrir en una eventual prevaricación. La consejería, pese a la advertencia de Vázquez, no se dio por rendida y en la tarde noche del miércoles entregó las llaves de su nueva casa a algunos afectados. "Con esas imágenes en la televisión", Díaz, como contaban en su entorno, decidió cortar por lo sano y anunció que retiraría a Cortés, vía decreto, sus competencias en adjudicación pública de vivienda. La titular de Fomento no está estos días siquiera en España, sino en un foro de la ONU en Colombia. 

Subsisten las "discrepancias"

Ayer, desde primera hora, permaneció reunido de urgencia el comité de enlace entre el Gobierno –el vicepresidente, Diego Valderas (IU) y el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios (PSOE)–, socialistas (el secretario de Organización, Juan Cornejo, y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez) e IU (su coordinador, Antonio Maíllo, y su portavoz en la Cámara, José Antonio Castro). Y así siguió 12 horas, con recesos para la comida, para asistir a la sesión de control y para acudir a las votaciones en el pleno. Por la noche, tanto Jiménez Barrios como Maíllo reconocieron que no habían podido cerrar un pacto porque seguía habiendo "discrepancias". Los acercamientos, por tanto, se reanudarán hoy viernes. El decreto, aunque ya está firmado por la presidenta, no se ha enviado aún al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y, por tanto, no ha entrado en vigor. Es una amenaza, no una realidad. "Si se recupera la normalidad legal, se podrá revisar el decreto", aseguró ella misma a los periodistas. 

Las señales públicas de que nadie quiere la ruptura del pacto fueron abundantes durante toda la jornada. La presidenta lo dijo en el hemiciclo: "Me siento parte y vinculada al acuerdo de Gobierno con Izquierda Unida". No sin advertir a su socio de que se pueden hacer las cosas "dentro de otra manera", pero "dentro de la ley". Castro, por su parte, afirmó que "no peligra" el acuerdo. Cayo Lara, el coordinador federal, negaba incluso que hubiera crisis de gobierno. En las redes sociales, sin embargo, proliferaban los llamamientos de algunos notables al divorcio y las críticas directas a Díaz.

A las cúpulas de PSOE e IU no se les pasa por la cabeza una ruptura que, ante la minoría parlamentaria de Díaz, obligaría a la convocatoria de elecciones anticipadas. No podrían coincidir con las europeas, por cierto, porque no habría tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? "Lo único seguro es que las dos partes están buscando qué hacer para no romper y no salir ninguna derrotada. Es decir, que habrá buena fe y un objetivo común: la conservación del Gobierno", afirmaba anoche a infoLibre uno de los máximos exponentes del PSOE andaluz. "Llevamos gobernando dos años en coalición, y el pacto está funcionando razonablemente bien, en un momento muy complicado, con unos Presupuestos restrictivos pero demostrando que es posible hacer leyes que benefician a la gente. ¿Por un problema puntual que afecta a una veintena de familias y que encima es una papeleta local vamos a romper? No", abundaban fuentes próximas a la presidenta. 

En el PSOE sí dolía, no obstante, el modo de proceder de Fomento y criticaban la relación de algunos miembros de la corrala con IU. "Han ido muy lejos, y había que pararlo. Compartimos que había que hacer algo con la corrala, pero no la revolución", observaba una veterana. Los socialistas también recelan de Maíllo, a quien acusan (como a otros dirigentes) de tensar la cuerda para marcar perfil, puesto que no está en el Gobierno y la sombra de su antecesor, el vicepresidente, Diego Valderas, es aún potente. 

Ofendida por el "exabrupto"

En IU no ocultaban su malestar por el "exabrupto" y la "torpeza" de la presidenta, y defendían la actuación de la consejería, "conforme a la ley y al mandato judicial". Desmentían que se tratara de una adjudicación de viviendas, sino un "realojo transitorio" de los desalojados en La Utopía, "con riesgo de exclusión social". "Pero no vamos a actuar en caliente ni a precipitarnos. Estamos desarrollando una labor muy importante en el Gobierno, estamos marcando posición, estamos haciendo bandera de una cuestión tan sensible como la vivienda y los desahucios, y nuestra valoración es positiva. No nos interesa montar un escándalo a las puertas de ls europeas", indicaba un alto cargo de la federación. Este, como otras fuentes consultadas, subrayaban una razón de peso: la "responsabilidad". "No es serio entrar y salir de los gobiernos. Los problemas se hablan, se discuten. Cualquier acuerdo tiene sus tirones. Pero no puedes jugarte las cosas de repente. No es responsable hacerlo. No somos de pegar espantásespantás. No queremos ni frivolidades ni tragar con todo, claro. Somos conscientes de lo que tenemos entre manos ahora y en el futuro", pues todas las encuestas apuntan a la subida de IU en todo el Estado. Y en Andalucía también. El poder no ha desgastado a ninguno de los socios, como vienen reflejando los sondeos del Egopa. "Y se han respetado los espacios: hay medidas muy de IU, otras muy del PSOE, otras muy de los dos", presumían fuentes parlamentarias de la federación. 

Los dos socios reconocen que, aunque este ha sido el tropiezo más visible –y no menor, porque no será fácil de reconducir sin que nadie se sienta perdedor–, no ha sido el único. Ha habido diferencias con otros asuntos, como los Presupuestos, pero al final se limaban las asperezas con reuniones del comité de enlace, al máximo nivel, de forma más privada. Pero el Ejecutivo, remarcaban, se ha mantenido "sólido", y se ha probado como "imprescindible", al ofrecer una alternativa al Gabinete de Mariano Rajoy sin por ello dejar de cumplir con las obligaciones presupuestarias y la reducción del déficit marcada por Hacienda.

En el PSOE analizan que aunque Díaz tendría la sartén por el mango, al poder convocar comicios anticipados, tampoco saldría ganando, porque los sondeos sí le otorgan la victoria, pero no mayoría absoluta, por lo que tendría que seguir dependiendo de Maíllo. "Y la gente no nos entendería, más ahora que estamos insistiendo en que en Andalucía está al frente un Gobierno fiable y fuerte", alegaban en el entorno de Díaz. IU, por su parte, perdería la oportunidad de exhibir más logros de su gestión, y hoy por hoy no tiene un candidato claro. Total, que una quiebra del pacto, "sólo beneficiaría al PP", según el análisis común. Precisamente ahora que los conservadores siguen sin coger vuelo. A ninguno se le escapa, tampoco, que a un año vista están las municipales, en las que la izquierda pretende recuperar el control de ciudades feudo del PP. 

La cuerda está tensa todavía. Pero no se ha roto. Claro que los rasguños de este episodio pueden acabar notándose.

"Me siento parte y vinculada al acuerdo de Gobierno con Izquierda Unida", un Ejecutivo que es la "garantía para blindar" el Estado del bienestar y que "levanta la bandera de la igualdad y la libertad". Lo decía la socialista Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, en la sesión de control a su Gobierno en el Parlamento autonómico. Podría parecer una obviedad para un bipartito con casi dos años de vida. Pero hoy jueves esas palabras adquirían un peso mucho mayor. 

El Ejecutivo de PSOE e IU sufre ahora su mayor crisis desde 2012. Y se debe al realojo de la veintena de familias desahuciadas de la corrala La Utopía, un edificio sevillano propiedad de Ibercaja ocupado hace dos años y que una orden judicial ordenó vaciar el pasado domingo. La Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés, de IU, entregó en la tarde noche de ayer las llaves de pisos de la Junta a diez familias afectadas. Sin embargo, Presidencia consideraba que ese camino no era el "correcto" porque suponía saltarse el orden de adjudicación de los pisos sociales, rozar la prevaricación. El conflicto, que ayer fue creciendo a medida que pasaban las horas, acabó con el anuncio, anoche, de que Díaz firmaría este jueves un decreto por el que retirará provisionalmente las competencias de adjudicación de vivienda a Cortés y abriría una investigación interna en el departamento. Un puñetazo encima de la mesa. Un frenazo a los planes de IU. La federación, mientras, defendía que esos realojos se ajustaban a la ley, y se aferra al auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que ordena a las administraciones "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social".

Esta mañana se convocó de urgencia el comité de seguimiento del pacto de gobierno, para intentar buscar una solución a la crisis y evitar la ruptura de la coalición. Al encuentro convocado en el Parlamento andaluz asisten, en la delegación del PSOE, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; el secretario de Organización del partido, Juan Cornejo, y el portavoz en la Cámara, Mario Jiménez. Y por parte de IU, su coordinador, Antonio Maíllo; el vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas, y el portavoz parlamentario, José Antonio Castro. La consejera Cortés se encuentra de viaje en Colombia, invitada al Foro Mundial de Ciudades. 

"De la estabilidad de mi Gobierno me preocupo yo"

La reunión, que comenzó poco antes de las diez, tuvo que ser interrumpida a las doce de la mañana para que los miembros del Ejecutivo y los dos portavoces se sentaran en el hemiciclo para asistir a la sesión de control. Fue entonces cuando Díaz evidenció que no piensa ni desea una ruptura de su Ejecutivo, siempre que se respete la "legalidad", precisamente la razón por la que ayer amenazó con cortar el paso a Cortés: "Tenemos la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, dentro de la ley". Sé que tenemos un acuerdo del que me siento parte y vinculada [...]. No es poco lo que nos queda por hacer a este Gobierno de izquierdas, que levanta la bandera de la igualdad y la justicia, en el marco de la legalidad vigente", respondió la presidenta a Castro. Uno y otro, guardando sus espadas y exhibiendo cordialidad. 

Más tarde le preguntó Carlos Rojas, el portavoz del PP, quien la acusó de liderar un "Gobierno roto", de ser presidenta "en precario" y de dar un "espectáculo bochornoso". "De la estabilidad de mi Gobierno me preocupo yo. Quien preside este Gobierno es esta presidenta, y haré lo que tenga que hacer para que impere la igualdad, la justicia y la legalidad", replicó, con palpable acritud. El Ejecutivo, "cumple con su programa, con el acuerdo de Gobierno" y responde "a lo que los ciudadanos votaron mayoritariamente" en los comicios de 2012. 

Si IU cede, el decreto no entrará en vigor

A la salida de la sesión de control, la presidenta respondió a los periodistas que ya está firmado el decreto por el que retira a Cortés las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la Junta, aunque añadió que confía en que se "recupere la normalidad legal". ¿Se podrá revertir? "Siempre se va a actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y de la justicia social. Yo he hecho un decreto y si se recupera la normalidad legal de la situación, evidentemente se podrá revisar el decreto", agregó, informa Europa Press. Ahora sólo queda que el decreto entre en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). 

La sensación que cunde es que la situación es crítica, pero el pacto se mantendrá, y de hecho la negociación sigue todavía a estas horas a pesar de la firma del decreto. El acuerdo de PSOE e IU "no peligra", dijo con rotundidad Castro. Tampoco hay voluntad de romper la alianza por parte de los socialistas andaluces, según las fuentes consultadas por infoLibre. La portavoz adjunta de IU en la Cámara autonómica, Alba Doblas, criticó la voluntad de la presidenta de abrir una investigación en Fomento y Vivienda. 

Y Cayo Lara, el coordinador federal, negó en los pasillos del Congreso que haya "crisis" en el bipartito y dijo que tiene "confianza plena" en que las dos formaciones logren entenderse. Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso, expresó su apoyo a Díaz y se mostró convencida de que la crisis se resolverá y no habrá anticipo electoral. 

¿Qué estrategia se va a seguir? "Si IU se baja de la burra, el decreto, aunque ya esté firmado, no se llegará a publicar en el BOJA ni entrará en vigor. Si no lo hace, se le quitan las competencias a la consejera y luego ya se verá. Pero probablemente haya acuerdo. Se está hablando en buenos términos. Castro no lo ha sacado en la sesión de control... Se va a arreglar", apuntaban fuentes del PSOE andaluz. 

El PP pide la salida de Cortés y ofrece sus diputados

Desde IU, también se percibía que la batalla se estaba destensando. Y precisaban que la consejería comenzó ayer a hacer "alojamientos transitorios", y no realojos ni adjudicaciones de vivienda, con "determinadas familias" de la corrala. Y siempre actuando "con urgencia y por mandato judicial", con respeto a la legalidad, para buscar una solución a familias que están en la calle y que han pasado dos años en un edificio sin luz ni agua. 

Lo que está claro es que esta es la primera gran crisis del Gobierno bipartito en sus dos años de recorrido. Hasta ahora, todas las diferencias se resolvían de forma silenciosa, sin estridencias, y así se superaron escollos como la elaboración de dos Presupuestos regionales en tiempos de restricción e incluso una comisión de investigación del fraude de los ERE. En los últimos meses, sobre todo a partir del relevo de José Antonio Griñán en la Junta, ha planeado la duda de si Díaz adelantaría las elecciones para pasar la reválida de las urnas y consolidarse en el poder. La presidenta nunca ha ocultado que su objetivo es que el PSOE recupere la mayoría social que perdió en 2012 –entonces, ganó el PP, por primera vez– y pueda capitanear el Gobierno autonómico, si puede, en solitario, "libre de hipotecas". 

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, pidió directamente a Díaz que destituya a Cortés "si se ha cometido una regularidad", y le ofreció sus diputados para sustentar un Gobierno en Andalucía, "si acepta la agenda reformista" de su partido. 

La portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento andaluz, Alba Doblas, ha sugerido este jueves a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que abra una investigación en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo sobre la gestión autonómica en materia de empleo en lugar de hacerlo en la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IULV-CA, sobre los criterios de adjudicación de viviendas públicas para el realojo de las familias de la corrala Utopía en Sevilla.

Doblas se ha pronunciado de este modo en Twitter despúes de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, haya anunciado que retirará provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la Junta y que se abrirá una investigación interna para esclarecer "si los procedimientos y criterios de adjudicación de viviendas a las familias se ajustan a los principios de igualdad y legalidad".

"A ver si lo he entendido bien. ¿Con la que hay liada en los juzgados Susana Díaz quiere abrir una investigación en vivienda? ¡Será en Empleo!", ha publicado en su cuenta personal de la citada red social.

La decisión de Díaz se produce después de que el departamento de Elena Cortés entregase anoche a familias desalojadas de la Corrala Utopía, que acampaban en la Plaza Nueva de Sevilla, las llaves de pisos para ser realojadas. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, había manifestado horas antes que el camino del realojo planteado por la Consejería de Fomento y Vivienda para estas familias no es el "correcto", según los propios Servicios Jurídicos de la Junta.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a la Sareb, conocida popularmente como banco malo, que podría acarrear a la entidad una sanción de hasta 109,4 millones de euros. La multa se impodrá si la sociedad no acredita haber puesto las viviendas de protección oficial que forman parte de su cartera –la Junta estima que tiene 911 en toda Andalucía– a disposición de los registros de demandantes de vivienda de cada Ayuntamiento para que sean ofrecidas a personas con necesidades de vivienda.

Según informa la Consejería, hasta ahora "la Sareb ha incumplido supuestamente su obligación de comunicar un inventario de dichas viviendas y de ponerlas a disposición de los registros municipales". Ello podría desembocar en una doble sanción que, sumada, alcanzaría casi 110 millones. Así, fuentes de la Consejería explican que el 17 de enero se notificó el comienzo del expediente sancionador a la Sareb por no comunicar su inventario de vivienda protegida en el plazo de un mes. Esa obligación está vigente, de acuerdo con estas mismas fuentes, desde que en abril de 2013 se aprobó el decreto antidesahucios andaluz.

"La Sareb no ha comunicado a la Consejería inventario alguno. En cambio, la Consejería sí ha tenido conocimiento fehaciente de que la Sareb posee viviendas protegidas en su balance", explican. Estas mismas vocen apuntan que ha sido la propia entidad la que, en un informe titulado Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía, desveló ser titular de 6.379 viviendas en la Comunidad, 911 de ellas protegidas. La Consejería añade que en ninguno de los dos recursos del Gobierno central ante el TC, que dejaron sin efecto primero el decreto antidesahucios y más tarde la ley del mismo contenido, se impugnó el apartado que permitiría ahora sancionar al banco malo con 120.000 euros por este motivo.

El grueso de la multa, hasta 109,32 millones, se impondría si se acreditase que además de no comunicar que es titular de esas 911 viviendas protegidas, la Sareb hubiera evitado ponerlas a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda. En ese caso, la administración andaluza estima que habría cometido hasta 911 sanciones muy graves, cada una de las cuales acarrearía una sanción de entre 30.001 y 120.000 euros. En este sentido, apuntan que el pasado 20 de enero se envío un requerimiento oficial de información y documentación para que el banco malo demuestre, si puede, que ha cumplido con esta obligación legal.

Finalmente, la administración andaluza rechaza que los sucesivos recursos del Gobierno central hayan dejado sin efecto los apartados de la Ley Antidesahucios impulsada por la Consejería de Elena Cortés (IU) que le permitirían imponer las sanciones. "Sólo están suspendidos los preceptos impugnados", argumentan, entre los que figuran los artículos que establecen multas para las entidades jurídicas que mantienen viviendas desocupadas y aquellos que regulan la expropiación forzosa del derecho de uso de los inmuebles cuando entidades bancarias quieran desalojar a familias en situación de especial necesidad.

El pasado 16 de enero, el Gobierno central paralizó por segunda vez en el Tribunal Constitucional las medidas antidesahucios de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo presentó un recurso de inconstitucionalidad plagado de valoraciones de tipo económico e ideológico para tumbar la norma que limita los embargos de la primera vivienda cuando las familias que vayan a ser desalojadas acrediten estar en situación de riesgo de exclusión social.

En su recurso, el informe establece que las medidas autonómicas aquí impugnadas ponen "en verdadero peligro" una de las líneas más esenciales de actuación en materia de política económica abordadas por el Estado. A saber: "La reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y de comenzar una senda de crecimiento económico”.

Según un informe elaborado por la Junta, el recurso del Gobierno pretende "negar al Parlamento de Andalucía autonomía legislativa sobre cualquier materia con impacto económico", pues señala que el Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) "obliga a las autoridades españolas a consultar ex ante a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y a solicitar asesoramiento técnico del FMI sobre cualquier política no incluida en el MoU que pueda tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa”. A continuación, el recurso añade: “No cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español”.

Asimismo, como causa de inconstitucionalidad, en el recurso se detalla que ley andaluza "podría" perjudicar de tal forma al llamado banco malo –la sociedad que compra los activos tóxicos vinculados al ladrillo– que podría darse la situación de que tuviera que ser recapitalizado con dinero público para blindar a las entidades privadas que forman parte de su accionariado. A continuación, el recurso cita el informe que la propia Sareb ha hecho sobre cómo la Ley andaluza podría afectarle. Y que señala que la ley recurrida provocaría “una notable pérdida del valor” de su cartera, pues “cualquier eventual comprador de carteras de activos de Sareb va a ver desincentivada su inversión siempre y cuando se trate de carteras localizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

A juicio del Gobierno, la promoción de la efectiva ocupación de las viviendas que prevé la ley andaluza también es inconstitucional. La norma antidesahucios de la Junta preveía que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico”. De hacer efectivo este precepto, el Gobierno estima que "desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública". En este sentido, señala que se contraviene el derecho de propiedad que establece la Constitución y que el Gobierno andaluz aprobó la norma “excediéndose en el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de vivienda que establece el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

"Golpe institucional" a la autonomía andaluza

Por otro lado, en el recurso detalla que la expropiación temporal del uso de una vivienda para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social “introduce incertidumbre y aplazamientos y otras dificultades en un elemento esencial del negocio jurídico que constituye la hipoteca, como es la ejecutividad de la garantía real y la puesta en valor o en todo caso la libre disposición de la misma libremente por el acreedor hipotecario”.

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IU), cargó contra el recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy en una nota remitida a los medios: "Es una catarata de ideología neoliberal, basada en el discurso del miedo. Es un recurso destinado a negar a las instituciones andaluzas el derecho a aprobar leyes con impacto económico en defensa de los trabajadores". Y añadió: “Donde deberían estar los fundamentos de derecho del recurso sólo hay un discurso político neoliberal de defensa de la banca a toda costa, según el cual el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en Andalucía es incompatible con la recuperación económica y la bajada de la prima de riesgo”. Conocer “la letra concreta” de la impugnación confirma, para la titular de Vivienda, que la misma supone “un golpe institucional contra la autonomía andaluza para imponer a Andalucía un camino político contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos”.