La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, Pablo Jara, ha sido condenado a dos años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

Mir fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla tras la denuncia presentada por una mujer a la que conoció en una discoteca y que acudió posteriormente a su casa, en el municipio de Bétera, junto a una amiga y dos amigos.

Ambos futbolistas fueron juzgados el pasado 28 de mayo por agredir sexualmente a las jóvenes la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024.

El tribunal considera a Mir autor de un delito de agresión sexual, por el que le impone siete años de cárcel, y de un delito de lesiones, para el que fija un año y seis meses de cárcel.

Además, la sentencia, notificada este lunes a las partes y que puede ser recurrida, establece otras penas accesorias, como la prohibición de aproximación y de comunicación respecto a la víctima por un plazo de 13 años y siete años de libertad vigilada, a cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Los magistrados también han acordado que indemnice a la perjudicada con 64.000 euros en concepto de responsabilidad civil: 14.000 por las lesiones y 50.000 por los daños morales.

El segundo acusado, Pablo Jara, ha sido condenado a dos años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual respecto a una segunda víctima, y a seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral.

La Audiencia también le impone cinco años de libertad vigilada y siete años y seis meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a la perjudicada, a la que deberá indemnizar con un total de 6.280 euros (280 por las lesiones y 6.000 por el daño moral).

Igualmente, este segundo penado deberá pagar una multa de tres meses a razón de una cuota diaria de 15 euros como responsable de un delito leve de lesiones.

Los hechos ocurrieron la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando los ahora condenados conocieron a dos jóvenes en una discoteca de Valencia y se dirigieron luego al domicilio del primero de ellos, entonces jugador del Valencia CF, para continuar la fiesta.

En esa vivienda, ubicada en una urbanización de la localidad valenciana de Bétera, tal y como ha declarado probado la resolución judicial, Rafael Mir agredió sexualmente en la piscina y en un cuarto de baño a una de las chicas.

También ha quedado acreditado que Jara agredió sexualmente, aunque sin acceso carnal, a la segunda joven en la piscina, para después echarla del chalé a empujones y dejarla en la calle semidesnuda.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia entiende que la prueba practicada durante el juicio ha servido “para acreditar sin fisuras la comisión de los hechos propuestos por las acusaciones”.

Entre las pruebas consideradas por el tribunal se destaca la declaración testifical de las dos víctimas, que los magistrados califican de “convincente, consistente y coherente”, pues ha sido “mantenida de forma invariable a lo largo de toda la tramitación de la causa”, y se ha visto también “corroborada por datos periféricos, como son la declaración de testigos y el informe forense psicológico, ratificado y explicado en el plenario por las dos peritos”.

Frente a ello, “ninguna de las alegaciones defensivas ha tenido un sustrato fáctico en el que apoyarse ni un razonamiento lógico al que tener en cuenta”, precisa la sentencia.

El tribunal también ha acordado deducir testimonio de las declaraciones vertidas en el juicio oral por tres policías locales de Bétera por si fueran constitutivas de un delito de falso testimonio, “dada la flagrante contradicción de su versión con la de las denunciantes”, a las que atribuyen “prevalencia probatoria”.

Hace cincuenta años Margaret Thatcher se dirigió a los líderes del partido conservador británico en un discurso con un mensaje clave: “No es la existencia de clases lo que amenaza la unidad de la nación, sino la existencia del sentimiento de clase”. Para la Dama de Hierro el problema no estaba en que hubiera ricos y trabajadores, sino en el hecho de que estos últimos asumieran con orgullo su condición, no por autocomplacencia identitaria sino para arrancar a los primeros concesiones que corrigieran una injusta realidad social. Por eso, aunque el fantasma de la revolución hacía tiempo que había sido exorcizado, la prioridad de Thatcher al llegar al poder fue doblegar a la única fuerza real que podía resistir sus planes de desmantelar el Estado de bienestar: los sindicatos de clase y, en particular, las combativas organizaciones mineras.

Ha pasado más de medio siglo desde aquel discurso, pero la derecha, con el refuerzo ahora de la ultraderecha, continúa empeñada en la misma batalla. Solo que los tiempos cambian y, como llevamos semanas comprobando en el País Valenciano, los mineros de ayer han sido sustituidos hoy por los profesores de la Educación pública. Pero la táctica sigue al pie de la letra el manual thatcheriano: aguantar el pulso de una huelga para tratar de infringirles una derrota tan humillante que desactive durante años la más mínima capacidad de resistencia al derribo de la educación pública, a mayor gloria de la cuenta de resultados, económicos e ideológicos, de la enseñanza privada. 

La consellera valenciana de Educació, Carmen Ortí, junto a su predecesor en el cargo y actual conseller de Hacienda, Antonio Rovira, aspiran con su intransigencia a decapitar el movimiento echando mano de la motosierra de Milei. En su particular interpretación de esa estrofa del himno valenciano que anima a ofrenar novas glories a Espanya, Ortí y Rovira, bajo la mirada atenta de Vox, sueñan con poder presentar la cabeza del docente valenciano como su mejor trofeo, su aportación heroica al futuro gobierno de prioridad nacional. Y para conseguirlo están dispuestos a todo: boicotear las negociaciones con propuestas inasumibles, dilatar las reuniones hasta la extenuación, presumir de pactos con sindicatos minoritarios y esquiroles, fijar servicios mínimos abusivos, amenazar con acciones penales, criminalizar las movilizaciones. Todo ello, mientras estos mismos días, en plena protesta de los docentes, se vanaglorian de incrementar en 68 millones de euros las ya de por sí millonarias transferencias a la Educación concertada.

La virulencia de su reacción, con continuos llamamientos a la intervención policial contra la acampada de docentes en el centro de València, parece inspirada en los discursos de Queipo del Llano y busca, sin duda, proyectar una firmeza testosterónica que desmoralice a un movimiento huelguista exhausto tras más de cuatro semanas de paros. Pero, paradójicamente, los niveles de intransigencia –maquillada en los últimos días con su apuesta por boicotear las negociaciones transformándolas en un programa de teletienda– también dejan al desnudo el auténtico pavor que el PP siente por la aparición de un actor colectivo que despierta todos sus miedos: la movilización ciudadana, la calle. Para ellos, desde siempre, la calle era suya y solo estaba legitimado su uso para dar acceso a los pisos turísticos, recordar al Perro Sanxe lo mucho que les gusta la fruta o participar en ofrendas florales a la virgen. Cualquier otra ocupación siempre es sospechosa, especialmente desde aquel 11 de marzo que llenó las plazas de indignación frente a las mentiras de Estado.

Aquella pesadilla parecía superada. Pero un día, de repente, el espectro reapareció en una de las comunidades donde el PP sentía mayor autocomplacencia. Millares de personas, de todas las condiciones, se echaron a la calle para mostrar su rabia ante la criminal incompetencia del gobierno de Carlos Mazón que dejó a 230 valencianos ahogados en el fango. Y siguen haciéndolo una vez al mes pese a que ha pasado ya más de año y medio de aquella tragedia que puso al descubierto la nefasta gestión y el desprecio absoluto de sus responsables hacia la ciudadanía. Por eso, cuando el PP valenciano pensaba que el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como President de la Generalitat les iba a permitir superar la resaca tóxica de Mazón y El Ventorro, una marea de decenas de miles de profesores tiñendo de verde las calles en defensa de la Educacion pública les hizo entrar en pánico.

El problema es que, aunque la larga lucha hace mella en sus protagonistas, el hartazgo colectivo frente al deterioro consciente de la Educacion pública valenciana sigue siendo insoportable, convirtiendo en indignación y energía renovada cada desplante e insulto que reciben de las autoridades educativas de Pérez Llorca. Esta misma semana, frente a la ola de calor en los centros, la Consellería recomendaba en una circular bajar las persianas. Solo que algunas escuelas e institutos no tienen ni siquiera persianas. El deterioro de los centros educativos valencianos alcanza niveles alarmantes, y ello sin contar los muchos edificios que se vieron afectados por los estragos de la dana. Las elevadas ratios, que la Generalitat insiste en mantener por encima de los niveles fijados por el ministerio, convierten en un sacrificio los esfuerzos de los docentes por impartir una educación de calidad en unas aulas cada vez más masificadas y diversas, donde los profesores de refuerzo brillan por su ausencia y las bajas por enfermedad apenas se cubren. A ello se le suman salarios congelados desde hace 19 años. Y una batalla lingüística, azuzada por los sectores más ultras, que está haciendo saltar por los aires el consenso político sobre el valenciano, alcanzado a finales de los 90 por gobiernos tan poco sospechosos de catalanismo como los de Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

Esta terca realidad es la savia que circula por las protestas. Y el cansancio compartido ante la destrucción de todo lo público es lo que explica las simpatías con que amplios sectores de la sociedad valenciana siguen la movilización de sus maestros. Hoy, en Valencia, la defensa de la Educacion pública es la vanguardia de la defensa del Estado del Bienestar. Por eso le resulta tan insoportable a la derecha y la ultraderecha, tan cómoda con los relatos de Zapatero y Leire Díez con que nos martillean esos mismos medios que invisibilizan las protestas valencianas. Con la izquierda política sumida en la melancolía paralizante, PP y Vox aspiraban a convertir la que consideran su próxima conquista del Estado en un desfile triunfar de la Victoria. Pero les sorprendieron las calles de Valencia. 

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José Manuel Rambla es periodista.

El malestar docente ya no cabe en las aulas y se extiende como una mancha de aceite en forma de protestas. Tras semanas de huelgas, no se vislumbra el final. El incremento de burocracia, las ratios alumnado/docentes o la precariedad son algunos de los problemas que enfrentan actualmente los profesores en España y, que ante el hartazgo, les han llevado a la convocatoria de huelgas por diferentes puntos del territorio nacional. Valencia, Cataluña, Aragón o Madrid, se han ido convirtiendo en focos de parones que buscan conseguir mejoras en las condiciones de estos trabajadores.

Aunque algunas de estas huelgas duran ya semanas (nueve en el caso de las profesoras de 0 a 3 años de Madrid o cuatro en Valencia y Cataluña), no parece que la lucha tenga visos de remitir. El principal anuncio de esta misma semana ha venido de la mano del sindicato CSIF, al anunciar movilizaciones –plantean incluso una huelga general– para el curso que viene.

Desde el sindicato explican que han llegado a esta decisión tras “constatar que el abandono que sufre la educación pública por parte del Gobierno y comunidades autónomas” es general. “Aunque es verdad que tenemos focos en nivel rojo, como pueden ser Madrid o Valencia, nos están llegando quejas desde todos lados, por lo que consideramos que puede ser la mejor solución”, relata Isabel Madruga, coordinadora de negociaciones en CSIF, a infoLibre.

Uno de los principales problemas en los que se centra este sindicato para esta petición es en el número de alumnos con Necesidades Educativas Especiales y con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, que en el curso 24/25 se encuentra en 1.255.443 en toda España, lo que supone un incremento del 214,5% frente al curso 2011/2012.

Sin embargo, esta iniciativa es por el momento un simple anuncio, ya que sindicatos mayoritarios como UGT o Comisiones Obreras (CCOO) todavía no han querido pronunciarse sobre si van a brindar su apoyo. Lo que no van a parar son las huelgas en las diferentes comunidades, como confirman diferentes sindicatos y asociaciones. 

La primera huelga que comenzó fue la de las educadoras infantiles de 0-3 años en la Comunidad de Madrid, que lleva ya casi dos meses desde su inicio, el 7 de abril. La principal queja de estas trabajadoras es que son las más precarizadas, “ganando muchas veces el salario mínimo”, según denuncia Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) a este periódico.

“Tras años reunidas con juntas vecinales y políticos no hemos visto avances, por lo que hemos utilizado nuestro último cartucho: la huelga”, explica y, aunque lleven ya nueve semanas, defiende que se encuentran “con fuerza y con ganas” y todo apunta a que seguirán en el curso 26/27. “Huele ya a septiembre”, ironiza.

“Mientras podamos seguir pagando a las compañeras más vulnerables, por esa parte no hay problema”, asegura. También son importantes los avances que poco a poco están consiguiendo, como la implantación de la “pareja educativa”, para que no caiga la responsabilidad de toda un aula en una sola trabajadora. Esta es una de sus principales reivindicaciones, ya que denuncian cómo muchas veces tienen que enfrentarse a llevar hasta 20 niños solas. 

Aparte de este rango concreto de edades, en la Comunidad de Madrid se están abriendo nuevas grietas en la Educación. Desde la plataforma Manos Lectivas han anunciado que quieren escalar la lucha de las docentes de cara al curso 2026/27 convocando una huelga indefinida con el principal objetivo de defender la educación pública en la Comunidad. Esta asociación trabaja con docentes desde los tres años hasta la secundaria, FP y educación especial.

Una de sus portavoces, Ana Vicenti, explica a infoLibre que “hay una voluntad de entendimiento en todos los sindicatos con este tema, lo que es una ventaja”, concretamente el de CCOO, al ser el sindicato mayoritario. Lo que tienen claro es que esta acción va a ser complicada que comience en septiembre, “porque todavía hay muchas cosas que cuadrar”.

“Si en Valencia ya están teniendo problemas, la Comunidad de Madrid es muy puñetera. Es una cosa trumpista con un PP con mayoría absoluta y una presidenta sin miedo a lanzarse a cualquier cosa”, denuncia Vicenti, lo que no va impedir acciones a lo largo del curso.

La Comunidad Valenciana es el otro foco de esta lucha, con una huelga indefinida que lleva activa desde el 11 de mayo. Una de las principales razones para convocarla fue el rechazo a “la concertación del Bachillerato”, según explica Isabel Madruga, en representación de CSIF. A esto se le suman otras problemáticas como la burocracia, los problemas de autoridad y la falta de recursos para la atención de la diversidad.

Aunque CSIF fue uno de los sindicatos convocantes, el 27 de mayo anunció que abandonaba la lucha tras firmar el acuerdo que presentó la Consellería de Educación. “Decidimos salirnos, porque se aceptó una subida de 200 euros, que es una mejora que no hemos visto en otras comunidades”, relata Madruga, que añade que tampoco están de acuerdo con la reivindicación del valenciano en las aulas, como otras asociaciones.

Los sindicatos que actualmente siguen al pie del cañón son STEPV, UGT y CCOO. La portavoz de este último, Xelo Valls, asegura que no tienen pensado abandonar hasta conseguir sus objetivos. “Estamos en un momento en el que los sindicalistas hemos invertido mucho y tenemos fuerza suficiente para seguir”, explica.

Ese final podría estar cerca, pero está en manos de la Consellería. El último documento con sus propuestas se tendría que presentar estos días y “dependiendo de su contenido se planteará seguir, siempre en función de lo que valore el profesorado”. De esta manera Valls no cierra la puerta a que la huelga siga activa en el curso 26/27.

Lo que más van a valorar los profesores es la mejora en las ratios alumnado/profesores, que en el curso 2024/2025 se encontraba en 10,19 alumnos por cada profesor. A esto se suma el tema retributivo, “que aunque ahora mismo no está abierto, se podría reabrir teniendo en cuenta que los presupuestos siguen en el Parlamento y se podrían presentar enmiendas o incluso auto-enmiendas”, relata la portavoz.

“El último punto importante es la enseñanza en valenciano, que ha sido un motivo de desencuentro”, según lo describe Valls. Así, la pelota se encuentra actualmente en el tejado de la Consellería para decidir si comienzan el curso que viene con normalidad o con sus profesores en huelga.

La huelga de los profesores valencianos se encamina a su tercera semana y ya es una de las mayores protestas indefinidas en educación de los últimos años. Aunque la Comunitat Valenciana encabeza las protestas, otros territorios se han unido y tanto docentes como educadoras infantiles se han sumado a esta marea amarilla que pide cambios estructurales en el sistema educativo. 

Primero encabezaron las protestas las educadoras infantiles —etapa educativa 0-3 años—, con movilizaciones en todas las provincias españolas en las que reclamaban mejoras salariales, menor ratio de alumnos por clase y una educadora de apoyo en cada aula. 

Ahora, Valencia se ha convertido en el territorio al que apuntan todas las miradas, aunque las reivindicaciones de los docentes coinciden con las de otros territorios. Según los sindicatos convocantes como STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE, existe un malestar acumulado desde hace años al ver cómo la educación pública arrastra problemas estructurales que no se están resolviendo con ningún gobierno de ningún signo político.

La precarización de los docentes es una de las principales denuncias. La pérdida de poder adquisitivo acumulado durante años, en un contexto en el que “el precio de la vida sube, pero los salarios de los profesores no lo hacen al mismo ritmo”, cuenta a infoLibre María, educadora infantil en Madrid. 

Tanto el profesorado valenciano como el madrileño reclaman una recuperación retributiva que compense los recortes y congelaciones sufridas desde la pasada década. Además, hay que sumar la situación de buena parte de los docentes: interinidad y temporalidad.

En el caso de las educadoras infantiles, los sindicatos hablan de un modelo que genera precariedad y salarios insuficientes lo que está dificultando la atracción y retención de profesionales. 

En el caso valenciano, los sindicatos reclaman la recuperación del poder adquisitivo y una estabilización de las plantillas. Denuncian salarios por debajo de la media estatal y una pérdida de reconocimiento profesional.

La propuesta de la Conselleria valenciana pasa, como principal medida económica, por una subida salarial progresiva de hasta cerca de 200 euros mensuales de aquí a 2028. Algo que los sindicatos han rechazado de plano al no contemplar “incrementos inmediatos” lo que no consolida “plenamente las cuantías desde 2026”. 

En Cataluña, el Govern planteó acelerar los aumentos salariales y crear nuevos complementos vinculados a tutorías y centros de alta complejidad, pero las organizaciones USTEC·STEs, CGT, Professors de Secundària e Intersindical lo han rechazado también al considerar que "las medidas no compensan los recortes acumulados”.

Más allá de los salarios, el número de alumnos por profesor también es motivo de queja. Los sindicatos y docentes reclaman bajar el número de alumnos por aula y aumentar las plantillas de personal ya que las ratios actuales dificultan la atención individualizada.

Tanto en Valencia como en Cataluña y Madrid, las quejas coinciden: reducción de ratio, desdobles y refuerzos de plantilla para mejorar la educación obligatoria de los menores. En el caso catalán, el Govern anunció la pasada semana la incorporación de 2.400 profesionales y refuerzos específicos en el ámbito de la educación inclusiva.

Los sindicatos de enseñanza denuncian que el sistema educativo funciona "en precario", con aulas masificadas y una dotación "insuficiente" de recursos humanos, sobre todo en equipos de Atención Temprana. 

La excesiva burocracia también ha sido motivo de quejas entre los docentes y el punto de encuentro, por lo menos en Valencia, entre sindicatos y Consellería, donde admiten que existe un problema.

De hecho, algunas de las propuestas planteadas por la Generalitat incluyen medidas específicas orientadas a simplificar dichos trámites. Por su parte, el profesorado valenciano recalca el exceso de informes, programaciones y registros digitales que restan tiempo a la educación de los alumnos.

Los docentes catalanes también coinciden con sus colegas valencianos al ver cómo el aumento de planes individualizados, informes y documentación digital se ha traducido en una pérdida progresiva de tiempo en el aula.  

Y en última estancia, las educadoras infantiles también demandan una reducción del “papeleo” porque para plantillas tan “reducidas”, en la que hay que elaborar “informes dirigidos a las familias y documentación sobre el desarrollo infantil y pedagógico”, explica María, “dejamos de atender a las criaturas o tenemos que usar nuestro tiempo libre para hacer toda la burocracia”. 

La huelga indefinida valenciana está teniendo un buen seguimiento, aseguran desde los sindicatos, que cuentan con el respaldo de familias, alumnado y equipos directivos.

En el caso valenciano, ya son 60 los centros educativos de la Comunitat Valenciana cuyos equipos directivos han presentado o empezado a tramitar su dimisión en apoyo a la huelga, lo que supone unas 240 renuncias en total. 

Estas dimisiones, que se están produciendo en cascada de manera telemática este lunes, son "un grito de auxilio" y no se hacen contra nadie, ha explicado el director del CRA Benavites-Quart de Les Valls, Jaume Olmos, a las puertas de la Conselleria.

En cualquier caso, cabe mencionar que la renuncia de estos directivos no se traslada en que los centros afectados queden descabezados, pues estos cargos siguen en funciones hasta que se designe un relevo.

Este lunes, sindicatos y Conselleria se reunirán para debatir las propuestas que los primeros han presentado a la Generalitat, haciendo especial énfasis en la recuperación salarial, la reducción de ratios, la mejora de las plantillas y la reversión de algunas medidas, entre ellas la readmisión de los equipos directivos dimitidos sin ningún tipo de represalia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y ha confirmado su decisión de no investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su actuación durante la dana de 2024.

Así lo ha decidido el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV en un auto hecho público este lunes que ratifica íntegramente, y de conformidad con el informe de la fiscalía, el auto que ya dictó el tribunal valenciano el pasado 16 de marzo tras la exposición razonada que había planteado la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la tragedia que dejó 230 víctimas mortales.

"La defensa de la exposición razonada que todos los recurrentes —principales y adhesivos— hacen en sus escritos no llega al extremo de proporcionar razones bastantes de la equivocación de la Sala a la hora de valorar y concluir sobre la posición de garante del aforado y la existencia de indicios serios y fundados que conduzcan a la competencia de la Sala”, según el auto notificado ya a las partes y contra el que no cabe recurso.

Asimismo, los magistrados desestiman la solicitud de no aplicar la prerrogativa del aforamiento a Mazón pues no aprecian en su adquisición de la condición de diputado en Les Corts Valencianes “abuso de derecho alguno”.

En concreto, señalan que ya era diputado con anterioridad al 29 de octubre de 2024 y lo sigue siendo actualmente, por lo que no existe un paralelismo, como sostenían los recurrentes, con el denominado caso Gallardo, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en alusión al entonces líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo.

“Allí se trataba de un supuesto de adquisición sobrevenida de la condición de parlamentario de las Cortes de aquella Comunidad Autónoma por quien hasta ese momento carecía de fuero procesal”, precisa el TSJCV, y se había obtenido justo antes de la apertura del juicio oral, lo que no ocurre en el caso de Mazón, quien figura como diputado de la XI legislatura desde su inicio, el 26 de junio de 2023.

En esta nueva resolución, el TSJCV repite que no aprecia los indicios de delito sólidos y cualificados que requiere la jurisprudencia en cuanto a la supuesta participación activa de Mazón en el envío del mensaje de alerta Es-Alert a la población aquel 29 de octubre.

La Sala rechaza que el auto recurrido haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes, pues este derecho “no garantiza un resultado concreto, sino solamente el derecho a obtener una resolución motivada, razonable y fundada en derecho”.

En este caso, añade el auto, "el rechazo está debidamente explicado" y en él se responde "tanto a la ausencia de ese cuadro indiciario de cierto nivel que se precisa para entender que la conducta activa del aforado pudiera ser constitutiva de un delito de homicidio imprudente como a la imposibilidad de apreciar el carácter delictivo en el actuar por omisión que se atribuye al, en aquel tiempo, presidente de la Generalitat".

El auto hecho público este lunes desestima también el resto de las alegaciones de los recurrentes y reitera los argumentos ya expuestos en el auto del 16 de marzo y que confluyeron en su decisión de declarar la incompetencia del TSJCV para investigar a Mazón.

Se alude, en ese caso, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se insiste en que el análisis de las normas autonómicas “pone de manifiesto inequívocamente” que al entonces jefe del Consell “no se le atribuía un deber jurídico de actuación” en la gestión de la emergencia, y por tanto no tenía la posición de garante. 

La ministra Sira Rego, la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, la eurodiputada Irene Montero y la primera dama de Brasil, Rosângela 'Janja' da Silva, han defendido en València la unión de las mujeres ante la violencia política que se ejerce contra ellas y han reivindicado la participación femenina en los espacios de decisión.

Así lo han señalado en un acto celebrado este jueves en el Jardín Botánico de la Universitat de València, en el que bajo el título 'No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista' las cuatro mujeres progresistas y representantes de distintos partidos han hablado durante noventa minutos de estas cuestiones y han mostrado complicidad entre ellas.

"Ha sido balsámico", ha asegurado Oltra al final del que ha sido su primer acto público tras anunciar hace unos días que acepta el reto de ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València tras cuatro años retirada de la política, a quien el público le ha gritado "alcaldesa" y ella ha dicho: "A por ellos, que me dijo mi madre".

La esposa de Lula da Silva ha destacado que la violencia política contra las mujeres no puede ser naturalizada o invisibilizada, porque perpetúa desigualdades que no caben en el mundo que quieren construir, y ha apelado a estar juntas con coraje, firmeza y esperanza.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido la legalidad de la actuación del Ayuntamiento, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción la investiga por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en procesos de colocación de personal, y ha dicho que la actuación de Anticorrupción es "un trámite" que se hace "con absoluta normalidad".

Según ha dicho Catalá ante los medios de comunicación tras desvelar Compromís la decisión de Anticorrupción después de su denuncia, la Fiscalía siempre abre diligencias tras una denuncia y ha explicado que el proceso de recolocación de personal tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 ha sido "totalmente trasparente" en el caso del Ayuntamiento, al que solamente afecta el caso de un trabajador que pasó a la Fundación Visit València.

En esta fundación sin ánimo de lucro participan el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio, Feria Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación provincial y empresas del sector turístico.

"Estamos hablando de una persona, un empleado público que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007 como auxiliar administrativo y que accedió a través de un procedimiento de concurso oposición, totalmente transparente, a una plaza en la Fundación Visit València", ha manifestado la alcaldesa.

Catalá ha explicado que, tras la disolución y liquidación del Consorcio Valencia 2007 —entidad creada para las dos ediciones de la Copa del América de vela que albergó la ciudad—, fueron los concejales de Compromís los que pidieron que se evitaran los despidos en una moción en el pleno del Ayuntamiento.

 "Por tanto, el mismo denunciante, que es Compromís, pedía a través de una moción aquello que ahora denuncian, pedían que reasignáramos a dedo a los 11 trabajadores en la administración pública", ha remarcado.

La alcaldesa ha destacado que, en esa moción, el Ayuntamiento votó en contra porque había un informe de la Secretaría Municipal "que negaba esta posibilidad".

"La Secretaría Municipal siempre se mostró en contra de cualquier subrogación, que era lo que quería Compromís, en la medida de que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo, sino de la Administración General del Estado", ha añadido.

En esta línea, Catalá ha asegurado que en la Fundación Deportiva Municipal "actualmente no hay ninguna persona que haya sido trabajadora anterior del Consorcio Valencia 2007" y ha insistido en que, en el caso del empleado público que optó a la plaza de la Fundación Visit València, se hizo con un proceso "transparente y riguroso" en un concurso de oposición "que había creado el anterior gobierno municipal", al frente del cual estaban Compromís y el PSPV.

La alcaldesa ha señalado que pondrán a disposición de la Fiscalía "el expediente completo, la liquidación del Consorcio, el proceso interno de la Fundación Visit València y el de este administrativo", además de las mociones de los grupos municipales socialista y Compromís, donde "votaban a favor, teniendo en contra un informe de la Secretaría Municipal, para que reasignáramos a los once trabajadores a puestos en el Ayuntamiento a dedo".

"Creo que el fiscal va a tener que estudiarlo todo, porque evidentemente es indicativo los antecedentes del denunciante", ha dicho Catalá, quien lo ha calificado de "actuación esperpéntica".

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha señalado que "no informa de los trámites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha" que, consideran estas fuentes, "forman parte de una instrucción".

"Obviamente, la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador", han concluido desde la entidad que preside Mar Chao, también investigada por la Fiscalía Anticorrupción, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos el pasado mes de febrero, y han confirmado fuentes fiscales.

La representación legal del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial porque entiende que el rechazo por parte de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana a su personación en la misma le genera una situación de "seria indefensión", según informa EFE.

Fuentes de su defensa han explicado que el recurso presentado ante la Audiencia se sostiene en que hay una "anomalía procesal relevante" derivada del momento en que la jueza elevó una exposición razonada para su investigación en la causa.

Además, el recurso, que incide en que "no hay responsabilidad penal alguna de Mazón", pide "dejar sin efecto todas aquellas diligencias de investigación que le afecten o le hayan afectado, de modo que su posición en la causa quedara reducida de forma efectiva a la de un mero testigo ajeno a cualquier posible afección procesal" y si se mantienen, le permita su personación "para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa". 

El Gobierno valenciano del Botànic tiene un simbolismo muy importante para la izquierda española. Fue un laboratorio para los posteriores Ejecutivos de coalición, un modelo de gestión antagónico a las derechas y un espejo de convivencia de las diferentes sensibilidades progresistas. Y ese espíritu vuelve a cobrar fuerza.

Dos miembros de aquel Gobierno valenciano copan las portadas durante esta Semana Santa. La exvicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) ha dado un paso al frente, como le llevan pidiendo en su partido meses, para aceptar el reto de competir en las próximas elecciones municipales y autonómicas en València capital. Y Arcadi España, que fue conseller dentro del ala socialista, ha sido la gran sorpresa del cambio de Gobierno al situarlo Pedro Sánchez como sustituto de María Jesús Montero en la todopoderosa cartera de Hacienda.

Con el aterrizaje de Oltra, la batalla por el Ayuntamiento de València se convierte en una de las más interesantes y competidas para las elecciones locales de 2027. El PP tiene en esta ciudad ahora uno de sus bastiones más fuertes con María José Catalá al frente, aunque depende de Vox. El partido de Santiago Abascal podría concurrir con Vicente Barrera, el extorero y hombre fuerte en la provincia.

La izquierda ha decidido echar el resto para recuperar el Ayuntamiento valenciano. Por parte del PSPV-PSOE la candidata será Pilar Bernabé, una de las principales figuras ahora mismo del partido por su papel durante la gestión de la dana desde su posición como delegada del Gobierno en la comunidad. Es uno de los perfiles más aplaudidos dentro del partido.

Y ahora Oltra vuelve a primera división. La exvicepresidenta sigue inmersa en el proceso judicial por supuestamente encubrir los abusos de su exmarido, una causa que sigue viva por las acusaciones de la ultraderecha. Ella defiende su inocencia y es uno de los principales rostros del espacio progresista que está reconstruyéndose durante estos meses. Su regreso ha sido recibido con mucho calor por parte de todo el espectro, con apoyos de toda España.

Las candidaturas de Bernabé y Oltra evidencian que la izquierda va a por todas en el Ayuntamiento de València, que también es esencial para poder recuperar la Generalitat en las elecciones en las que se medirá el desgaste del Partido Popular por la actuación de Carlos Mazón durante la dana y el clima de crispación agitado por los espacios relacionados con la ultraderecha.

La Comunitat Valenciana será una de las autonomías clave en esos comicios. El PSOE llevará como número uno en la papeleta a Diana Morant, la actual ministra de Ciencia y Universidades. Por parte de Compromís concurrirá Joan Baldoví. La lucha entre bloques está muy igualada en estos momentos. El PP espera que Juanfran Pérez Llorca se asiente durante este tiempo, mientras que Vox espera recoger en votos a muchos votantes de los populares y a los antisistema desencantados por el papel de los políticos durante la dana.

Los socialistas valencianos cercanos a Puig pisan fuerte además en estos momentos en el Gobierno y en Ferraz. Arcadi España es ya el nuevo ministro de Hacienda. Él fue precisamente conseller de Hacienda en el Gobierno del Botànic y fue el encargado de realizar la reforma fiscal en la Comunitat Valenciana. Por eso, llega entrenado para formar parte de un Gobierno de coalición donde las almas del PSOE y de sus socios a la izquierda suelen chocar en materia de impuestos. 

Pero, además, España es un convencido federalista, como lo es Ximo Puig, su padre político. Esto le aporta un plus en un Ejecutivo que debe armar mayorías con partidos como el PNV, ERC, Junts, EH Bildu, BNG y el propio Compromís durante todas las semanas en el Congreso. Además, su experiencia en el Govern le sirve para poder hablar en el mismo lenguaje con las comunidades autónomas, un tema en el que además ha profundizado en los últimos años desde su anterior puesto como secretario de Estado de Política Territorial.

El socialismo valenciano ha alcanzado cotas de poder en el PSOE nunca vistas hasta ahora. Después de la irrupción del caso Cerdán, Sánchez eligió a Rebeca Torró como secretaria de Organización. Ella también proviene del Botànic, donde ejerció como consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat en la última etapa.

Pero no se queda ahí solo el poder valenciano. Bernabé también tiene un pie a nivel federal, ya que, además de delegada del Gobierno en la comunidad y candidata a la Alcaldía de València, es la número cuatro en el partido como responsable de Igualdad, un puesto al que ascendió en el último congreso del PSOE celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.

El socialismo valenciano acudió en masa a la toma de posesión de España en el Ministerio de Hacienda el viernes pasado. Allí también estaban, por ejemplo, Lydia del Canto, actual secretaria de Estado de Comunicación y una de las más estrechas colaboradoras de Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Es una persona muy cercana a Puig, del que fue directora de comunicación y también pasó una breve temporada por el Govern.

En esa instantánea en el Palacio de la Aduana estaba también Zulima Pérez, que actualmente es la comisionada del Gobierno central para la reconstrucción tras la dana. ¿Su procedencia? Fue alto cargo en los gobiernos de Puig, ejerciendo puestos como subsecretaria de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico y directora general de Coordinación del Diálogo Social.

En las pasadas elecciones valencianas, el PSPV creció cuatro escaños, pero la suma fue insuficiente frente al PP y Vox. En la cita electoral del 28M, la izquierda alternativa, que acudió dividida, fue menos competitiva: Compromís bajó dos escaños y EUPV-Podemos desapareció del Parlamento autonómico, al no lograr ni el 4% de votos, perdiendo sus ocho diputados.

Siete comunidades autónomas están este lunes bajo aviso por temporal marítimo, viento y/o polvo en suspensión, con Baleares, Catalunya y Aragón en nivel naranja -peligro importante- por rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Pirineo oscense y olas de hasta 12 metros en Mallorca y Menorca, según informa EFE.

En el prelitoral sur de Tarragona (Catalunya), bajo aviso naranja, soplarán rachas de hasta 90 kilómetros por hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de Baleares bajo aviso naranja por fenómenos costeros, lo está el Ampurdán (Girona), en donde las olas podrán situarse en torno a los 10 metros. 

También están en aviso por temporal marítimo, aunque amarillo -con peligro bajo-, Ibiza y Formentera; asimismo se encuentran en nivel amarillo aunque por viento, Mallorca y Menorca. También en nivel amarillo se encuentra la sierra de Madrid por rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Además, la región de Murcia, por olas de hasta 3 metros en Campo de Cartagena y Mazarrón; asimismo por temporal marítimo, con aviso amarillo, se encuentra el litoral de Alicante y litoral sur de Valencia (Comunitat Valenciana), hasta las nueve de la mañana.

La Comunitat Valenciana está en alerta amarilla además por viento fuerte en Castellón, ante rachas de 70-90 kilómetros por hora. Se suma con aviso amarillo el archipiélago canario por fenómenos costeros y fuertes vientos; asimismo por polvo en suspensión en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En los últimos tiempos se nos acumulan noticias que han conmovido a la opinión pública: el accidente ferroviario en Adamuz, el derrumbe de una pasarela marítima en Santander o los estragos de la dana valenciana. La mirada de espanto de la sociedad bien podría dirigirse a la miseria política de quienes usan reservados de restaurantes para pasar el casting a candidatas a puestos públicos (¡adviertan el mérito de su sucesor, que no ha tenido que salir de casa para hacerlo!), a la depauperación de los servicios públicos, a la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones y reforzar el músculo del Estado... pero no. En los tres casos que he mencionado, los ojos de la opinión pública se vuelcan inquisitivos sobre tres juezas de instrucción, pidiéndoles que resuelvan la papeleta. La jurisdicción penal, lamentablemente, no sirve para esto.

Es comprensible el desenfoque. El delito es una herida en el tejido social y su curación requiere la reparación del perjuicio sufrido y el restablecimiento de la legalidad; ambas exigencias pasan por demandar al autor que responda de sus actos, indemnice las consecuencias y cumpla un castigo justo. El culpable de un daño intencionado se convierte así en un rehén de la sociedad, que lo necesita para aplacar en su persona el dolor de la comunidad y restañar la quiebra del pacto social. ¿Y qué hacemos cuando el delito no es intencionado? ¿Qué hacemos ante un accidente? En estos oscuros tiempos de punitivismo, donde el cuerpo nos pide cada vez más hogueras, creo que sería necesaria una reflexión detenida. Aquí van algunas ideas, adelanto que sin conclusiones claras.

La negligencia es una realidad poliédrica; tanto, que es difícil definirla por su naturaleza. Es negligente el comportamiento de quien actúa sin el debido cuidado o simplemente no actúa cuando debiera hacerlo. También es negligente la conducta de quien, por más cuidado que emplee, se embarca en hacer algo que no sabe, e incluso también la de quien, obrando con un cuidado primoroso y sabiendo como actuar, asume unos riesgos inaceptables. Es un concepto demasiado amplio y difuso, que abarca desde la desidia hasta la temeridad, la imprudencia o la impericia. De ahí que resulte más sencillo definirlo por sus resultados: la negligencia es el comportamiento que causa daños injustos sin intención de su autor. Siempre es insatisfactorio definir algo por sus efectos, y mucho más en estos casos donde, precisamente, el resultado no forma parte integrante de la voluntad que lo causa.

Ahí estriba el problema original de la negligencia: entre la conducta y el resultado hay un páramo minado de azar; y sobre la suerte no se puede fundar una ciencia de lo justo. En una noche de huracán, un anciano deja una gran maceta sin atar en el alféizar de su ventana; el viento tira la maceta y mata a un transeúnte. El anciano merece ser castigado. ¿Pero qué sucede si la maceta cae y no mata a nadie? ¿O qué sucede si la maceta no cae? La conducta del hombre habrá sido la misma, aunque no será castigado. Un cirujano somete a un paciente a una operación arriesgada sin motivo alguno, únicamente porque tiene el pálpito de que la cirugía salvará al enfermo. Una arteria se rompe, el enfermo muere y el doctor es castigado. ¿Y qué pasa si la arteria no se rompe y el enfermo se cura? Los ejemplos se pueden multiplicar. 

Esa desconexión entre la conducta y el resultado admite grados, por supuesto; en ocasiones, se encuentran tan cercanas una y otro que la imprudencia cruza la frontera de la intencionalidad: el kamikaze que, por sentir la adrenalina en el cuerpo, conduce en sentido contrario podrá ser acusado por homicidio intencionado si mata a otro conductor. 

Sin embargo, en otras ocasiones el resultado se encuentra tan alejado de la conducta que cuesta trazar la línea causal entre uno y otra. Y aquí viene lo fundamental: la consecuencia de esta desconexión es la ruptura del parangón de gravedad entre uno y otro elemento, que es precisamente lo que permite, en los crímenes dolosos, castigar la conducta en proporción al resultado causado por ella. En los delitos imprudentes, una negligencia grave puede causar resultados graves, como hemos visto en la gestión de las inundaciones valencianas, donde el riesgo y la forma de atajarlo eran conocidos; pero no siempre sucede así. Es muy habitual, sobre todo en las sociedades complejas y tecnificadas en que vivimos, que una negligencia leve pueda causar resultados gravísimos que el autor difícilmente pudo prever y, por tanto, prevenir. ¿Qué hacemos en estos casos? 

Creo que el responsable de ADIF condenado y luego absuelto del accidente ferroviario de Santiago de Compostela no pudo prever jamás la posibilidad de que el Alvia enfilara la curva de Angrois con un maquinista absorto hablando por teléfono y leyendo un mapa; nunca había pasado tal cosa. De la misma forma, a la policía municipal de Santander que no tramitó la llamada de un vecino alertando sobre el estado de la pasarela del Bocal ni se le pasó por la cabeza que pudiera desmoronarse justo al día siguiente, llevándose la vida de media docena de jóvenes. No podrá decirse que el desastre fuera causado por ellos: si el maquinista hubiera ido atento y el anclaje de la pasarela hubiera estado en buenas condiciones, no se habrían producido estos accidentes. 

Con todo, aunque lo fueran, aunque considerásemos que su desidia contribuyó al resultado y fue un acto criminal, lo cierto es que nadie hubiera reparado en su conducta de no haberse producido el accidente. Muchas veces la causa a la que imputar el desastre es un descuido tan liviano o tan frecuente que, antes del siniestro, no llamaría la atención de nadie. Y si no llama la atención, será difícil considerarlo una negligencia grave. ¿Cómo castigarlas?

Por añadidura, el juicio sobre las conductas arriesgadas también está contaminado por su resultado. ¿Será cierto que el progreso técnico exige ampliar los límites del riesgo permitido? Ahí hay otro debate: no es una exageración decir que detrás de todo avance que hemos tenido como especie hay un acto imprudente que salió bien. 

Si la imprudencia fue leve, el castigo debería ser leve, con independencia del resultado causado. A muchos se le quedará corto. De hecho, aunque sea temeraria la imprudencia, no faltarán columnistas para los que la condena será siempre escasa. Lo cual nos devuelve a la reflexión inicial: en estos tiempos atormentados, hemos confiado en el derecho penal la sanación de los traumas de la colectividad, excediendo con mucho los contornos que le son propios. 

Por más que pienso, no estoy convencido de que la persona que nos deba aclarar la causa del accidente de Adamuz (si fue una soldadura rota, una piedra sobre el raíl, una péndola suelta o el atropello de un animal) tenga que ser un juez de lo criminal, cuando no hay indicios de delito; o para ser más exactos, cuando no hay más indicio que el accidente mismo. Recordemos que un juez de instrucción no indaga las causas; indaga las culpas. Esto es significativo: ante una desgracia calamitosa, hemos asumido que nuestras obligaciones como sociedad pasan no sólo por reparar el daño, investigar lo sucedido y evitar que vuelva a pasar, sino sobre todo por encontrar al responsable y castigarlo. Sin embargo, a veces no hay nadie a quien culpar; no todo desastre es causado por un delincuente. Y esto nos frustra, sobre todo cuando el accidente es especialmente trágico. Nos frustra porque, aplicando los parámetros de los delitos intencionales, concebimos la condena como una especie de respuesta terapéutica que, se supone, debería estar a la altura del trauma vivido. 

Aquí está el error de perspectiva: si ante episodios semejantes relegamos toda nuestra reacción colectiva a lo que diga la justicia penal, entonces obtendremos una respuesta pobre e insatisfactoria, porque el castigo de la negligencia nunca va a estar a la altura de la catástrofe causada. La solución no pasa, desde luego, por aumentar las penas, sino por constatar que la cicatrización de la herida que causa el siniestro es un vaso que no se colma de castigo. Ante calamidades públicas y accidentes mortales la sociedad debería, por este orden, reparar siempre, aprender siempre y, en su caso, castigar. Por desgracia, la realidad nos ofrece unas prioridades invertidas: centramos nuestros esfuerzos en castigar, en su caso reparar y en algún caso aprender.  

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha anunciado este sábado su intención de regresar a la primera línea política para optar a la alcaldía de la ciudad de València en las próximas elecciones municipales.

Oltra ha hecho este anuncio en un acto de su partido, Iniciativa, miembro de la coalición Compromís y del que fue coportavoz, que celebra hoy en el complejo cultural La Petxina de València su séptimo congreso ordinario, bajo el lema 'Activas y combativas: el impulso de las izquierdas'.

Ha sido además su primer acto público tres semanas después de que un juzgado de València haya acordado -por orden de la Audiencia Provincial de Valencia y contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación- abrir juicio oral contra ella y miembros de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido.

"Es momento de romper con la oscuridad. Vengo con tres heridas, la de la muerte, la vida y la del amor, pero hoy no gana la muerte, hoy gana la vida y el amor y sí acepto el reto, podéis contar conmigo", ha manifestado Oltra para finalizar su intervención ante sus compañeros de partido, que han recibido el anuncio con una gran ovación.

Desde que el 21 de junio de 2022 Oltra dimitiera como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas tras ser imputada por el supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido, su participación en actos políticos ha sido muy reducida, igual que su intervención en actos públicos.

"Han sido cuatro años de silencio", ha manifestado hoy, y de "sufrimiento" junto a los miembros de su entonces equipo en la Conselleria, y sobre su situación judicial ha lamentado que "aunque dos juzgados han dicho que las evidencias niegan el relato de la extrema derecha la jerarquía judicial ha decidido que nuestra pena tiene que ser sentarnos en el banquillo".

Oltra ha agradecido a las personas, muchas de ellas de la calle, que le han "sostenido" estos años y le han ayudado a levantarse cada día, y ha manifestado que la actual situación política es la que le ha llevado a romper su silencio.

"Cada día de silencio ganan los malos y cada día que no salimos de la cueva, que el miedo nos liga las manos, es un triunfo del fascismo", ha agregado.

A su juicio, la extrema derecha "está ganando la batalla cultural que ha "impuesto" su discurso hegemónico y "el mundo está poniendo a prueba nuestra resistencia ante barbaries como la de Gaza".

Ha defendido que las izquierdas "no pueden formar parte de esa trituradora" y que es el momento de "encarnar la utopía para poder combatir la distopía en la que estamos viviendo".

Oltra ha afirmado asimismo que da el paso a volver a primera línea de la política en defensa de unas ciudades que "nos tienen que hacer libres" desde el desarrollo comunitario y el retorno de los espacios de "reencuentro"

"Hace un siglo Dolores dijo que más vale morir de pie que vivir arrodillado, pero ahora tengo la convicción de que la única manera que tenemos de vivir es estar de pie" y "asumir la voz del pueblo porque cada día de silencio ganan los malos", ha afirmado.

La coordinadora nacional de Comuns Candela López ha tildado de "muy buena noticia" el regreso de Oltra a la primera línea política para optar a la alcaldía de València.

En declaraciones a los periodistas en Castelldefels (Barcelona), López ha definido a Oltra como "una gran lideresa del espacio político" vinculado al grupo parlamentario de Sumar, del que forma parte Comuns, y ha señalado que la valenciana siempre ha defendido la causa de la vivienda y los intereses de la mayoría de la población.

Además, ha indicado que tanto la candidata como Comuns han sido objeto de 'lawfare' en los últimos años, por lo que le ha mandado toda su "solidaridad" y "fuerza".

El concejal de Compromís en el ayuntamiento de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó, detenido el pasado domingo por agredir y causar lesiones leves a su pareja sentimental, ha renunciado este martes a su acta en la corporación municipal, según informa EFE.

En un comunicado, el ayuntamiento ha informado de que la renuncia del hasta ahora edil delegado de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio ha sido aceptada por el alcalde, Diego Zaragozí, también de Compromís y que gobierna el consistorio junto al PSPV-PSOE.

En la nota, el equipo de gobierno municipal ha expresado "la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas".

Mazón no será investigado. El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana. La decisión llega porque no aprecian “un fundamento sólido y objetivo” de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa “revistan carácter de delito”.

Los cinco magistrados que integran el órgano judicial descartan de esta forma abrir una causa penal contra Mazón y basan su decisión principalmente en que éste no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión.

Así lo recoge un auto que consta de 70 páginas y que responde a la exposición razonada que elevó el pasado 24 de febrero la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana de 2024, en la que solicitaba al Tribunal Superior que investigase al expresident, que es actualmente diputado en Les Corts y por tanto aforado.

El tribunal tampoco ve elementos que acrediten la participación de Mazón en el Es-Alert que se envió a la población a las 20:11 horas el día de la dana en que murieron 230 personas y señala, además, que no es "insensible a la tragedia ocurrida", pero precisa que solo puede analizar la responsabilidad del exjefe del Consell "desde una perspectiva jurídico-penal" y no moral o política.

La resolución, que puede ser recurrida ante el TSJCV en el plazo de tres días, se pronuncia exclusivamente sobre la posible responsabilidad penal del expresident, para archivar las actuaciones respecto de él, y no sobre los dos investigados en la causa: la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

Esta decisión del TSJCV "no significa que el procedimiento no pueda continuar" en el juzgado de Catarroja: "Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio", expone el auto, que elogia el "esfuerzo y la laboriosidad" de la instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

Los magistrados señalan que es indispensable que haya indicios "reforzados" de criminalidad y una "individualización concreta de la conducta" susceptible de reproche penal, pues "no basta cualquier sospecha o conjetura" ni son "suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas".

La Sala admite que las víctimas "están necesitadas de lograr el esclarecimiento de la verdad y de obtener justicia y reparación", pero insiste en que el único "instrumento de análisis" es el Código Penal y debe basarse en los "principios de legalidad y culpabilidad".

En este caso, indica, ha de determinar si los hechos que se atribuyen en la exposición razonada de la instructora respecto del aforado encajan con el delito de homicidio imprudente, en su modalidad de comisión por omisión, pues "no toda conducta política o socialmente discutible e incluso en su caso, reprobable, tiene encaje en un precepto penal".

Y tras analizar la legislación aplicable, el Tribunal concluye que no se da en el aforado la posición de garante exigible para apreciar una actuación comisiva por omisión por su parte: "No cabe concluir que el president de la Generalitat infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal", indica en coincidencia con los argumentos de la Fiscalía Superior.

Según la Sala, la legislación autonómica no asigna al jefe del Consell unos deberes específicos dentro de la normativa relativa a la protección civil y a la gestión de emergencias, sino que hace recaer el mando único de la emergencia en el titular de la Conselleria competente en esa materia.

"Sin prejuzgar otras posibles responsabilidades, es claro que el president de la Generalitat no incurrió en infracción de una norma legal en materia de emergencias al no atribuírsele deber específico alguno en este ámbito", señala la Sala, que aclara que la ley de Emergencias solo contempla la "facultad" del jefe del Consell de declarar la situación de emergencia catastrófica, pero esta "nunca fue declarada" por Mazón.

Sobre la posible participación del expresident en el envío del mensaje de alerta la población, "que supondría la desaparición de la conducta omisiva para su transformación en activa", los magistrados consideran que las consideraciones de la instructora en su exposición razonada "se mueven en el terreno de la mera conjetura".

Para el Tribunal, esos argumentos están "huérfanos de la acreditación indiciaria que la asunción de la competencia por la Sala requiere", pues no cabe entender que ni el tono de los mensajes remitidos ese día a la consellera por el que era jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, ni la proximidad personal y profesional entre ellos dos sirvan para "verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de la participación" del entonces president en el envío del Es-Alert.

"Consecuentemente, ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud sobre la participación del aforado en el envío del Es-Alert, tampoco desde esta perspectiva podrá la Sala declararse competente para conocer de la causa", señala la resolución.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV también analiza otros aspectos de la exposición razonada de la instructora por los que ésta aprecia una posible responsabilidad penal del expresident, como la "prolongación de la comida" que mantuvo en un restaurante el 29 de octubre de 2024 y su "situación de ajenidad a los acontecimientos criticada en la exposición".

"Poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas. Pero no nos corresponde, como bien anota el órgano remisor, analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", indica.

En esa línea, la responsabilidad penal de Mazón "no puede derivar del cargo que ocupaba, en ningún momento se encontró en posición de garante, ni siquiera (…) en lo que respecta a la coordinación de las consellerias en caso de emergencias", indica.

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, agredir y causar lesiones a su pareja, han confirmado a EFE fuentes del caso. Este lunes, el concejal ha pasado a disposición judicial en el juzgado de la Plaza número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha acordado este mediodía la libertad aunque investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves.

Ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección y el juzgado no la ha acordado por no considerar que se dieran los requisitos para ello, ha indicado el TSJCV, que ha añadido que la víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia. En todo caso, se ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia Benidorm para su enjuiciamiento.

El ayuntamiento de Altea ha emitido esta mañana un comunicado donde el alcalde, Diego Zaragozí, de Compromís, ha anunciado que retira cautelarmente las competencias delegadas a Ramón Mompó "mientras se esclarecen los hechos" y desde "la presunción de inocencia".

"En estos momentos, el equipo de gobierno únicamente dispone de la información que ha trascendido a través de los medios de comunicación sin que exista todavía una comunicación oficial completa sobre los hechos ni sobre las posibles actuaciones judiciales o policiales en curso", ha indicado la nota del equipo de gobierno de Altea, donde Compromís tiene un pacto con el PSPV-PSOE.

Ha expresado "con total claridad la condena firme y rotunda ante cualquier clase de violencia, especialmente la que se ejerce en el ámbito de la pareja o contra las mujeres" y ha reiterado su "compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad, la dignidad de las personas y la erradicación de cualquier forma de violencia".

El cantante inglés Morrissey ha anunciado que no podrá ofrecer el concierto programado para esta noche en Valencia, el primero de los tres que iba a dar en España dentro de su gira europea, por falta de sueño y "debido al ruido" en la capital valenciana, que se prepara ya para celebrar sus Fallas.

En un comunicado colgado en su página web, el exlíder de The Smiths señala que llegó a Valencia, que a partir de este fin de semana celebra sus días grandes de Fallas, desde Milán (Italia) en coche, "pero no ha podido descansar allí debido al ruido".

"El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible", concluye el comunicado; fuentes de la promotora del concierto han confirmado a EFE que el recital sí está cancelado.

En otros comunicados posteriores, el equipo de Morrissey ofrece más detalles. Uno de ellos está titulado 'Mental in Valencia', parafraseando así la letra y la breve mención valenciana de su polémica canción contra la tauromaquia 'The bullfighter dies'.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", explica.

En otro comunicado posterior, titulado 'Oh Val-en-cia so much to answer for' -'Oh, Val-en-cia, hay mucho que responder', parafraseando otro verso de una canción de los Smiths, 'Suffer little children' pero cambiando la alusión a Manchester por la capital valenciana-, señala que Morrissey "ha descrito su hotel en la Plaza Manises", pegado al Palau de la Generalitat y en pleno centro histórico de la ciudad, como "un infierno indescriptible".

"Tardaré un año en recuperarme. Y eso es quedarse corto", recoge el comunicado con un entrecomillado del artista.

Este concierto iba a ser el primero que el cantante de Manchester iba a ofrecer en España dentro de su gira de presentación de su nuevo disco, 'Make-up is a lie', que en principio está previsto que continúe este sábado en Zaragoza y el próximo lunes en Sevilla.

Las cerca de 1.500 entradas del Auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia se agotaron hace meses a los pocos minutos de ponerse a la venta y este concierto iba a ser el primero que el exvocalista de The Smiths ofreciera en la capital valenciana durante sus 40 años de trayectoria.

Por el momento se desconoce si la promotora del concierto ofrecerá alguna solución para quienes habían comprado entrada para este espectáculo.

Esta suspensión supondría la primera de la actual gira europea de Morrissey, quien en el último mes ha actuado ya en Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suiza e Italia; su último concierto, precisamente, fue el pasado lunes en Milán.

La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 en la causa penal por la gestión de la dana ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obvie el aforamiento de Carlos Mazón y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja (Valencia), recoge EFE.

Según consta en el escrito que esta acusación ha remitido al alto tribunal valenciano para adherirse a la exposición razonada que elevó la jueza instructora de Catarroja, esta parte pide que no se aplique el aforamiento del que sigue gozando el expresident por mantener el acta de diputado autonómico. Esta parte recuerda la resolución del TSJ extremeño, que rechazó recientemente el aforamiento del líder socialista regional, Miguel Ángel Gallardo, "por adquisición sobrevenida".

"El aforamiento actual -de Mazón- como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso. La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell, y el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la Ley", sostienen las víctimas.

En el caso extremeño, sostiene esta parte, "la secuencia fáctica de los hechos fue valorada judicialmente como un fraude de ley por la adquisición sobrevenida del aforamiento", de modo que se pregunta si "el 'íter' -camino- seguido por Mazón no se puede apreciar también como un fraude de ley por el mantenimiento espurio de la condición de aforado".

El PSOE ha expulsado al alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por las declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas contra las mujeres que le denunciaron por acoso sexual y que suponen una "revictimación de las mismas", según han informado EFE fuentes del partido.

González fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, aunque mantenía el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista.

Según las fuentes del partido, la expulsión decidida por el área de Organización federal del partido se produce a raíz de las manifestaciones y comentarios que ha realizado González contra las mujeres que le denunciaron. El pasado 25 de febrero, el Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE le abrió un expediente por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Las mismas fuentes señalaron que el expediente también se abrió por "deslealtad al proyecto socialista", al asegurar que el alcalde reconoció que "está en conversaciones con otros partidos" para presentar una alternativa política en el municipio.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según informa EFE.

Tal y como ordenó la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado mes de febrero, el juez instructor ha acordado así la apertura de juicio oral aunque contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación.

Fueron las acusaciones, tanto la particular como las populares, que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te, las que recurrieron el archivo de la causa y las que han obtenido un pronunciamiento favorable por parte de la Audiencia Provincial, que ha propiciado que este sumario llegue finalmente a juicio.

Según el auto al que ha tenido acceso EFE, a Mónica Oltra y varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad se les considera supuestos responsables de los delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.

El auto de apertura de juicio oral no modifica la situación personal de los procesados, aunque les reclama una fianza conjunta y solidaria de 120.000 euros y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana. 

La jueza da ahora diez días para que se presenten los escritos de acusación y defensa, sobresee la causa para Francesc Gamero, que fue subsecretario de la Conselleria de Igualdad que dirigía Oltra en el momento de los hechos investigados, al no haberse formulado acusación contra él, y señala que el órgano competente para enjuiciar esta causa será la Audiencia Provincial de Valencia.

El pasado 24 de febrero, la Audiencia Provincial ordenó a este juzgado abrir juicio oral contra Oltra y otros 12 acusados de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos entre 2016 y 2017 por un educador, exmarido de la exdirigente de Compromís.

La institución judicial provincial señalaba que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva.

Los hechos declarados indiciariamente acreditados por el instructor son incompatibles con el sobreseimiento provisional e incongruentes con la denegación de apertura del juicio oral, según el auto firme que constataba que el auto de procedimiento abreviado ya recogía hechos como que la tutela la ejercía la Dirección General de Infancia y Adolescencia (de la Conselleria de Igualdad cuya titular era Oltra) y que el abuso sexual era cierto.

También señalaba que la tutelada consideraba al exmarido de Oltra como un padre y que cuando se cometieron los abusos la situación de la menor empeoró y comenzó a fugarse de forma reiterada del centro de acogida. Eso relata, añadía, su situación de altísima vulnerabilidad, así como el hecho de que la conselleria no comunicara los presuntos abusos a la Fiscalía de Menores, que califica como "silencio" y "omisión" muy importantes.

“La conselleria, como tutora de la menor, tenía, como tal, las obligaciones de garante de la menor que tal tutela le confería, y la obligación de haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, sin perjuicio de alegar ante ella su valoración de la inocuidad de los mismos. Solo la fiscal de Menores estaba llamada a valorarlo. No se hizo”, afirmaban los magistrados.

Relataban también en la resolución que fue “por orden de la Fiscalía de Menores” que la niña “fuese sacada” del centro de acogida dependiente de la conselleria donde se encontraba, “donde aún trabajaba en horario nocturno el educador denunciado”. Otro de los indicios para entender que la causa debe verse abocada a juicio era la decisión de la conselleria de realizar un “expediente paralelo” a la investigación judicial, “un informe reservado”.

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió, el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la citada causa judicial.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consellera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral y desde Compromís siguen teniendo las "puertas abiertas" a una posible vuelta independientemente de este proceso judicial, que tachan de "persecución" contra ella.

La jefa de prensa de Carlos Mazón el día de la dana el 29 de octubre de 2024, Maite Gómez, ha dicho este viernes a la jueza que desconoce dónde estuvo el entonces presidente de la Generalitat Valenciana esa tarde y ha explicado que informaron a la prensa de lo que hizo por lo que suponían o les parecía lógico, pero no hablaron con él, según informa EFE.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana, Gómez ha explicado que estuvo hasta las 17.30 horas trabajando en el Palau de la Generalitat, y desconoce dónde estuvo Mazón esa tarde, pues solo coincidió con él cuando subió al coche oficial para ir al Centro de Coordinación de Emergencias.

Preguntada por una acusación sobre las versiones ofrecidas desde la Generalitat sobre la llegada de Mazón al Palau, Gómez ha señalado que informaron basándose en suposiciones, en lo que consideraban lógico, pero no sobre lo que sabían porque no le preguntaron al presidente valenciano, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

La jueza ha considerado poco creíble lo dicho por la testigo, y le ha señalado que no se puede creer que en un día como el de la dana, en el que acabaron falleciendo 230 personas, informaran sobre dónde estaba el entonces president sin confirmarlo con él.

Gómez ha asegurado que a las 19.45 le llamó María Jesús García, directora general de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, para decirle que fuera al Palau con la intención de ir a l'Eliana, donde desde las 17.00 horas estaba reunido el Cecopi por la emergencia de la dana, aunque no le dijo el motivo.

Ha explicado que el coche oficial, en el que iban Mazón y un asesor, Josep Lanuza, la recogió finalmente en las Torres de Serranos, y al poco de subir sonó el Es-Alert, pero no pudo ver la reacción del resto de ocupantes ya que ella iba sentada delante.

En ese momento, llamó a sus hijas porque estaban solas y a su marido, que estaba trabajando en un polígono y que le dijo que no podían salir y que pasaría la noche allí; también habla con el entonces director general de Promoción Institucional, Francisco González, para contarle que van de camino a l'Eliana.

Gómez también decidió en ese momento que no se enviara la agenda del expresidente valenciano a los medios de comunicación y que se anularan los billetes que tenía el equipo de prensa para acompañar a Mazón a un acto previsto en Madrid al día siguiente, ya que entendió que no iban a coger el tren de las 6.00 horas de la mañana.